La vigencia del “modelo tradicional” (1955-1983)

A partir de la restauración democrática en 1983, tomó impulso final un proceso que derivaría en la desactivación de las Fuerzas Armadas como un actor predominante del sistema político argentino, y en su posterior reconversión en organismos estatales subordinados políticamente a las autoridades civiles constitucionales. Se clausuró de este modo un extenso período en la historia política argentina caracterizado por la injerencia castrense que, en distintos grados y bajo diferentes modalidades, se ejerció en los asuntos políticos de la Nación.

Ese rasgo presenta hitos relevantes. Uno fue el golpe de Estado del 30 de septiembre de 1930, acción concretada por un minúsculo grupo militar –aunque con un comportamiento expectante de una parte importante de las Fuerzas Armadas– que terminó con la segunda presidencia constitucional de Hipólito Yrigoyen (1928-1930) e inauguró un breve y fallido gobierno dictatorial encabezado por el general (r) José Félix Uriburu. Otro, la denominada Revolución del 43, una acción militar acontecida el 4 de junio de 1943, mediante la cual las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente Rafael Castillo –representativo del régimen fraudulento establecido durante la década de los años 30–. Lo cierto es que, bajo diferentes modalidades, integrantes de las Fuerzas Armadas (o fracciones de estas), agrupados en logias y grupos con referencias partidarias y/o ideológicas, participaron históricamente y de forma activa en la política nacional.^[1]

En este sentido, a partir del golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955, cuando tuvo lugar la autodenominada Revolución Libertadora (1955-1958) que concluyó con el derrocamiento del presidente constitucional Juan Domingo Perón (1946-1955) durante su segundo mandato, y a lo largo del período que se extiende entre ese año y 1983, la participación política castrense cambió cualitativamente. De manera relativamente acelerada, las Fuerzas Armadas se constituyeron en el actor dominante y ordenador del sistema político argentino. Desde esa posición intervinieron de diferentes maneras e intensidades en el proceso político en función de sus propios intereses político-institucionales, estos principalmente articulados en torno a la exclusión del Partido Justicialista del poder político y el mantenimiento de una alianza con los Estados Unidos en el marco del conflicto Este-Oeste.

En algunas ocasiones habilitaron, condicionaron y tutelaron regímenes democráticos limitados, como los casos de las presidencias del desarrollista Arturo Frondizi (1958-1962), en la inmediata postrimería de la ya referida Revolución Libertadora, y del radical Arturo Humberto Illia (1963-1966). Asimismo, sostuvieron y tutelaron presidencias provisionales, como la ejercida por José María Guido entre 1962 y 1963. Impusieron y sostuvieron gobiernos autoritarios encabezados por jefes militares retirados y en actividad, como en los casos de las presidencias del teniente general (r) Juan Carlos Onganía (1966-1970), el general de Brigada Roberto Marcelo Levingston (1970-1971) y el teniente general Alejandro Agustín Lanusse (1971-1973). También garantizaron la exclusión y prohibición política del Partido Justicialista y de su líder Juan Domingo Perón (1955-1973). Finalmente, protagonizaron de manera directa y plena el régimen de la dictadura militar establecido entre 1976 y 1983.^[2]

Esta última experiencia fue particular, la expresión máxima de la autonomía y el comportamiento corporativo militar. En tanto y a diferencia de otras experiencias de intervención y tutela castrense, significó el establecimiento de un régimen dictatorial protagonizado institucionalmente por el conjunto de las Fuerzas Armadas. No se trató solo de una iniciativa de orden netamente político en su alcance. Implicó un esfuerzo de gran magnitud orientado a producir un cambio drástico en el reordenamiento político, social y económico de la sociedad sobre la base de criterios liberales y de mercado, apalancado en una alianza estratégica y férrea con sectores de la economía nacional concentrada, los capitales transnacionales afincados en el país y facciones socialmente conservadoras, así como en una alianza estratégica con Occidente y particularmente los Estados Unidos de América en el plano internacional. La pretensión fue fundar al final de un largo camino una suerte de “nueva democracia tutelada”. Obviamente, este intento implicaba de manera concomitante la exclusión, supresión o reformulación total, efectiva y definitiva de aquellos sectores políticos contestatarios a ese proyecto.^[3]

Entonces, para principios de los años 80, Argentina heredó un esquema castrense que se había configurado históricamente a partir de la vigencia de un conjunto de condiciones, a saber: el posicionamiento de las Fuerzas Armadas como actor predominante en el marco del sistema político, por una parte, y por otra, la posibilidad de acceso a recursos presupuestarios significativos para las jurisdicciones militares, asociados a esa posición de predominancia política.

En cuanto a su empleo en términos armados, las Fuerzas Armadas estaban abocadas a atender tres modalidades de actividad diferenciadas; por cierto, muy presentes a lo largo de esos años. Por un lado, la posibilidad de una guerra convencional de alcance vecinal fundamentalmente en torno a las disputas con Chile y Brasil, se trataba de una hipótesis histórica –proveniente de fines del siglo XIX y principios del XX– en cuanto a la organización, funcionamiento y despliegue castrense. Por el otro, el complemento con el esfuerzo militar y político a nivel hemisférico encabezado por los Estados Unidos en el marco del conflicto Este-Oeste, que se había desatado definitivamente con el fin de la Segunda Guerra Mundial.^[4] Y finalmente, el conflicto interno. Este supuesto implicaba confrontar expresiones principalmente representativas del peronismo, de sectores sindicales combativos, progresistas y de la izquierda, y neutralizaba organizaciones políticas armadas opositoras al modelo impulsado por las Fuerzas Armadas. Hay que señalar que este último supuesto fue articulado e interconectado en la concepción castrense con el desarrollo del conflicto Este-Oeste a nivel global, aunque ambos respondieran a lógicas diferentes.

Al respecto hay que señalar que, durante la segunda mitad de los años 50, especialmente de la mano de una misión militar francesa instalada en Argentina (cuya estadía se extendió hasta principios de la década de 1960), aterrizó en el país la concepción de la denominada “guerra revolucionaria”. A través de este mecanismo, empezó a introducirse de manera sistemática en el ámbito de la concepción militar argentina –primero en términos conceptuales y luego en términos organizativos y operacionales– la noción de “enemigo interno”.^[5] Por otra parte y de manera simultánea durante 1958, se desarrolló e instrumentó el denominado Plan CONINTES (Plan de Conmoción Interna del Estado). Si bien existen situaciones y antecedentes previos relacionados con situaciones de “conmoción interior”, fue durante el gobierno del presidente Arturo Frondizi, mediante el Decreto Secreto 9880/58, que esta iniciativa fue formalizada en el marco de una situación creciente de convulsión laboral, social y política, vinculada a la aplicación de políticas regresivas y de la exclusión del justicialismo. Mediante el Plan CONINTES el conjunto de las fuerzas de seguridad y policías se subordinaron al control operativo de las fuerzas armadas. El cumplimiento de este rol otorgó a los institutos castrenses una experiencia funcional y organizativa que les permitiría desarrollar y sofisticar el esquema de control y represión política y social en el futuro cercano.^[6]

En 1964, en ocasión de séptima Conferencia de Jefes de los Ejércitos Americanos, ocurrida en West Point y cuyo tema central fue “Administración de adiestramiento e intensificación de la preparación de los Ejércitos en guerra revolucionaria”, el entonces comandante en jefe del Ejército Argentino, teniente general Juan Carlos Onganía, pronunció un discurso en el cual planteó institucionalmente la ampliación de hecho del rol de las Fuerzas Armadas argentinas, más allá de las responsabilidades militares y defensivas normadas legalmente. En 1965, el mismo oficial superior expresaría en una conferencia dictada en la Escuela de Guerra del Ejército Brasilero otro discurso en el cual colocó en el centro de la consideración a la cuestión de las “fronteras interiores”, en cuyo contexto delimitaría con mayor énfasis y precisión el rol de las Fuerzas Armadas en el marco de la Guerra Fría y de las circunstancias políticas y sociales internas. De tal modo, se puso de manifiesto la concepción del “enemigo interno” y se fijó el rol de las Fuerzas Armadas como actor tutelar del sistema político (Mazzei, 2012).

El desenvolvimiento de esta concepción en términos locales, se complementó hacia principios de los años 60 con la instalación y expansión de la denominada “doctrina de la contrainsurgencia” o “defensa interna” por parte de los Estados Unidos en el marco del conflicto Este-Oeste. Esta noción asumía la posibilidad del desarrollo de núcleos insurgentes alineados con los intereses de la Unión Soviética y sus aliados en el ámbito comunista. En América Latina, el antecedente del derrocamiento del presidente democrático y reformista de militar Jacobo Arbenz Guzmán en Guatemala (1951-1954) y el viraje de la Revolución Cubana hacia la Unión Soviética a principios de la década de 1960 llevaron a Estados Unidos a instalar una línea de preparación y orientación para las fuerzas militares de la región para el desarrollo de capacidades contrainsurgentes.^[7]

De tal modo, se desarrolló progresivamente un sistema de seguridad asentado en la concepción de la doctrina del “enemigo interno” y la configuración de un sistema de seguridad nacional en el cual las Fuerzas Armadas adoptaron un rol protagónico, subordinando al conjunto de las instituciones policiales, de seguridad e inteligencia a nivel federal y provincial. Este esquema fue finalmente encuadrado legalmente en 1966, cuando se sancionó un nuevo marco normativo referido a la defensa nacional, la Ley 16970. Esta norma suprimió la anterior Ley 13234 de Organización de la Nación para Tiempos de Guerra, vigente desde el período peronista, y subsumió a la defensa nacional dentro de la órbita integral de la seguridad nacional. A la vez, organizó y aglutinó el esfuerzo represivo del Estado bajo la conducción de las Fuerzas Armadas.

En este marco, el Ministerio de Defensa –suprimido en 1955 y nuevamente creado en 1958– se constituyó en una dependencia periférica en términos de conducción política y poder. En este sentido, se convirtió en una suerte de “campo neutral” en donde había representaciones de cada una de las tres Fuerzas Armadas y en cuyo marco estas discutían entre sí temas concernientes a la gestión de la defensa y los asuntos militares, que requerían indefectiblemente acuerdos con cierto nivel de institucionalización; por ejemplo, la distribución presupuestaria, definiciones sobre políticas de personal referidas a regímenes en común (como el del personal civil de las Fuerzas Armadas) o cuestiones relacionadas con la doctrina en materia de especialidades o servicios que no fueran específicos de una fuerza.

De manera concomitante con estas circunstancias políticas y desde una perspectiva organizativa y de desarrollo netamente castrense, a lo largo de estos años se fue configurando también un sistema militar conformado por tres Fuerzas Armadas mutuamente autónomas. Estas se dotaron de estructuras organizativas, despliegues y equipamiento direccionados a atender los supuestos de intervención mencionados. Hubo un ordenamiento diagramado para atender disputas convencionales militares con estados vecinos y eventuales compromisos convencionales hemisféricos, y otro dispuesto para llevar adelante actividades de inteligencia política y social y actividades represivas relacionadas. En los hechos concretos, ambos esquemas se articulaban funcionalmente para el desempeño de sus funciones según las circunstancias.

Con el paso del tiempo, cada institución se fue convirtiendo en una fuerza prácticamente independiente en materia de doctrina, organización, estructura operacional, material, formación y personal. Los parámetros de organización y funcionamiento conjunto eran endebles y poco relevantes más allá de la existencia formal de organismos de planificación de naturaleza conjunta, que no revestían relevancia real. El poder institucional real estaba concentrado específicamente en las tres Fuerzas Armadas.^[8]

Esta situación de autonomía en el plano militar se desenvolvió en un marco de preponderancia política militar creciente, motivada por intereses institucionales particulares en el marco del desarrollo propio de cada fuerza. Por ejemplo, para apropiarse de alguna misión o rol en particular, procurar una porción mayor de recursos presupuestarios, instalar unidades propias de una fuerza en regiones en donde prevaleciera excesivamente otra fuerza, generar instancias de conducción superior para equilibrar en algún territorio la presencia de oficiales de la jerarquía de general o equivalentes, o adquirir algún tipo de armas o equipamiento codiciado. En otros casos, existía la intención de fortalecer la estructura y el poder específico político y militar de una fuerza frente a las otras, en una suerte de “competencia” política interna, en el marco del poder político que venían aquilatando los órganos castrenses.

Cabe consignar un aspecto relevante desde la perspectiva del desarrollo organizativo y material de las Fuerzas Armadas durante esos momentos. La política estadounidense, que intentaba subordinar a las Fuerzas Armadas latinoamericanas mediante la entrega de material militar de rezago y orientarlas para que adoptaran predominantemente una organización como fuerzas de contrainsurgencia interna, no fue necesariamente bien recibida por sectores castrenses de orientación nacionalista o aquellos partidarios del desarrollo convencional militar insertados en las sucesivas cúpulas militares de Argentina. De tal modo, hacia mediados de los años 60 –sin impugnar la preponderancia estadounidense en el marco del esfuerzo estratégico de la Guerra Fría–, estas comenzaron a abrir una brecha de relativa autonomía al desarrollar planes y vinculaciones con empresas y estados extranjeros, particularmente de Europa Occidental e Israel, para dotarse de sistemas de armas e incluso de la tecnología necesaria para desarrollar una industria militar nacional más avanzada.

En el caso del Ejército Argentino, bajo la conducción del subjefe de Logística del Estado Mayor General del Ejército, general de Brigada Eduardo Uriburu, se planificó y puso en ejecución el denominado Plan Europa. No se trató de un simple programa de compras militares. La iniciativa preveía procesos de adquisición en el exterior, transferencia de tecnología, producción nacional y desarrollo de proveedores locales. Todo ello permitió dotar al Ejército de blindados, artillería de campaña y antiaérea, vehículos todoterreno y equipo de comunicaciones actualizados, entre otros elementos. El material de la institución se modernizó de manera casi integral. El equipamiento ya obsoleto que había sido adquirido a los Estados Unidos desde fines de la Segunda Guerra Mundial fue reemplazado, y las fuentes de adquisición fueron diversificadas para otorgar a la fuerza un mayor margen de maniobra en esta materia.^[9]

Por otra parte, la decisión de la Armada de renovar por completo la flota mediante la adquisición de buques de combate modernos principalmente de origen alemán, francés y británico, así como la fabricación de parte de ellos en astilleros nacionales son otros ejemplos en ese sentido. En lo que refiere a la Fuerza Aérea argentina, se vinculó con empresas alemanas para el desarrollo de aeronaves en la Fábrica Militar de Aviones, y complementó la dotación de aeronaves estadounidenses con aeronaves francesas e israelíes. Al respecto, cabe señalar que las grandes compras y desarrollos que se sucedieron durante los años 60, 70 y principios de los 80 supusieron los últimos planes de incorporación de equipamiento ampliamente abarcadores para las Fuerzas Armadas. Por medio de ellos se modernizó prácticamente la totalidad de los sistemas, equipos y materiales de las instituciones armadas. Con posterioridad, las adquisiciones serían más acotadas y específicas, destinadas a cubrir necesidades puntuales.

Para principios de la década del 80, en términos de su estructura “convencional”, el Ejército argentino había alcanzado una organización operacional capilarmente desplegada en el territorio y aglutinada dentro de cinco cuerpos de Ejército, que agrupaban once brigadas de diferente tipo, y una dotación que alcanzó eventualmente los 90.000 soldados conscriptos y más de 100.000 efectivos totales en circunstancias de máximo esfuerzo. También había modernizado notablemente el equipamiento de blindados y mecanizados –en gran parte desarrollados en Argentina a partir de vínculos con potencias especialmente europeas–, la artillería de campaña y de defensa antiaérea, y contaba con un nutrido componente aéreo constituido por una dotación significativa de aviones y helicópteros de transporte, asalto aéreo, ataque y enlace.

La Armada poseía cuatro bases navales operacionales principales sobre el litoral atlántico, localizadas en Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca (Puerto Belgrano) y Ushuaia, además de varias bases aeronavales, cuarteles de la Infantería de Marina e instalaciones fluviales. Disponía de una dotación de 36.000 efectivos totales, de los cuales 18.000 eran conscriptos, y entre 50 y 60 buques de diferentes tipos en buen estado operacional. La Flota de Mar estaba conformada por un portaviones y más de una docena de buques de escolta de diferentes tipos. Esta se encontraba inmersa en un proceso de renovación y modernización tecnológica de buques de combate de gran magnitud, con la incorporación de destructores y corbetas misilísticas, propulsadas por turbinas de gas con equipamiento tecnológico de avanzada. Del mismo modo, se estaba llevando adelante una renovación completa de la flota de submarinos en reemplazo del equipamiento provisto por los Estados Unidos con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, y la modernización de una numerosa y versátil aviación naval integrada por aeronaves de ala fija y rotativa de vigilancia aeromarítima y antisubmarina, de ataque y de transporte que contaba con alrededor de 50 aeronaves.

Del mismo modo, la Fuerza Aérea había desarrollado un vasto despliegue territorial y orgánico desde su creación como arma independiente el 4 de enero de 1945. Atendiendo exclusivamente a su faceta operacional militar, contaba con nueve brigadas y cuatro bases aéreas, poseía una dotación de aproximadamente 250 aeronaves de todo tipo y llegó a operar hacia principios de los años 80 más de 100.000 horas de vuelo anuales. La institución aeronáutica militar había ingresado en un amplio proceso de modernización material y profesionalización durante los años 60 y principios de los 70. Se incorporaron aviones de caza-intercepción y caza-bombardeo supersónicos, caza-bombarderos subsónicos y de ataque ligero y contrainsurgencia, y se modernizó y equipó una numerosa y muy flexible flota de transporte aéreo con aeronaves propulsadas a turbohélice, reactores y helicópteros de diferentes tipos. Esta Fuerza disponía de sistemas de vigilancia aérea móvil de avanzada, una bien equipada y actualizada artillería de defensa antiaérea –tanto convencional como dirigida por radar– y había alcanzado un nivel elevado de adiestramiento en la totalidad de estas dimensiones.^[10]

Se puede afirmar entonces que, entre mediados de la década del 70 y principios de los 80 aproximadamente, se coronó un “modelo” de organización político y militar típico, que a los efectos de este texto denominamos “tradicional”, a los efectos de este trabajo.

Este esquema, que en algunas dimensiones tenía origen en los inicios de la modernización castrense de principios del siglo XX, estaba signado en una parte por un posicionamiento predominante de las Fuerzas Armadas como actores políticos autónomos y centrales en el marco del sistema político; el denominado “partido militar”. De hecho, entre 1976 y 1983, este esquema alcanzó su máxima expresión, con la desarticulación total de cualquier resquicio democrático, la vigencia plena y acabada de un régimen dictatorial militar y la ejecución generalizada del terrorismo de Estado.^[11]

Por otro lado, esto permitió el acceso y la disponibilidad de recursos presupuestarios significativos concomitantes con esa posición para financiar el desarrollo y sostenimiento de las fuerzas. Como parámetro se puede señalar que entre 1970 y 1982 el promedio del gasto en defensa como porcentaje del gasto total del Estado alcanzó el significativo porcentaje del 10,90 %. Finalmente, todo esto estaba complementado con el desarrollo y mantenimiento de una estructura militar constituida por tres Fuerzas Armadas que, en la práctica, eran órganos castrenses “mutuamente autónomos”, poseían una gran envergadura orgánica y funcional relativa –tomando como referencia su propia evolución histórica y comparativamente con los Estados nacionales vecinos– y un amplio despliegue en el territorio nacional.

En el marco signado por este modelo y por las condiciones de posibilidad que este implicaba, las Fuerzas Armadas se habían ido organizando, desarrollando y equipando durante las décadas previas a 1983. Vale reseñar que estas Fuerzas Armadas, voluminosas, bien equipadas y altamente politizadas, fueron las que durante 1982 entraron en guerra con las fuerzas armadas del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el marco del conflicto por nuestras Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur. La guerra se extendió efectivamente entre el 1 de mayo y el 14 de julio de ese año y terminó con la derrota militar argentina.^[12]

Por cierto, el fracaso de la gestión económica de la dictadura, los efectos sociales de las políticas de desregulación, apertura, desindustrialización y privilegio financiero implementados y la toma de conocimiento generalizado del terrorismo de Estado aplicado durante estos años, contribuyeron para que el desenlace negativo de la guerra impulsara significativamente el proceso de desarticulación efectiva del régimen dictatorial vigente desde 1976. Además, impugnó severamente a las Fuerzas Armadas como actores políticos para incidir significativamente en la evolución hacia el restablecimiento democrático (Novaro, 2006).

De tal manera, el colapso del régimen militar significó también la desarticulación relativamente repentina de las condiciones políticas, económicas y estratégicas que habían fungido entre 1955 y 1983 como base de sustentación del esquema organizativo-funcional militar, tal cual se conformaba en esos momentos. En el siguiente apartado describiremos esas circunstancias.

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