Eduardo Aquevedo Soto
In memoriam[2]
La lucha contra la Ley General de Educación (LGE) en el año 2008 tuvo una significación relevante. La movilización no sólo fue estudiantil, sino que logró sumar a otros sectores sociales. Ello cambió el curso del movimiento y lo reforzó considerablemente para desarrollos posteriores.
En efecto, la movilización estudiantil del primer semestre del 2008, al cual se sumaron los profesores, la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT) y sectores crecientes de la ciudadanía, dividiendo a la Concertación, a sus parlamentarios y concitando el apoyo unánime de las juventudes políticas de la concertación y de la izquierda extraparlamentaria, no sólo hicieron retroceder al gobierno y a la conservadora ministra de educación. También dejaron en evidencia que el “consenso” logrado a fines del 2007 entre la concertación y la alianza tuvo un carácter meramente cupular y que era socialmente y políticamente insustentable. Si los principales protagonistas del sistema escolar chileno y sectores cada vez más amplios de la sociedad lo rechazan resueltamente, como ya es evidente, ese acuerdo no tiene sustento y no se puede imponer por la fuerza, o como una operación tecnocrática al modo en que se operó con el transantiago, como pretendía la ministra.
Que la ministra de Educación y sectores del gobierno sigan defendiendo obsesivamente un esquema resueltamente mercantil en este ámbito tiene ya un costo político cada vez más elevado, como lo deja de manifiesto la reciente encuesta Adimarx, donde no sólo se desaprueba la gestión y rol de la ministra Jiménez, sino que afecta al gobierno de Bachelet en su conjunto.
Sectores cada vez más importantes de la sociedad comienzan a cuestionar con una fuerza inusitada este modelo educacional, marcado por el sello mercantil, en virtud del cual el segmento privado compite ventajosamente, con privilegios resguardados por la ley, con el sector público, garantizándose así el predominio de una visión del quehacer educacional como un negocio, como una actividad empresarial, determinada como tal por el lucro, y no como una función o actividad de vocación primordialmente pública, aunque no sea estatal.
En este sentido el paradigma adoptado por los especialistas chilenos en la materia, tales como el profesor J. Joaquín Brunner, es obviamente el modelo anglosajón y estadounidense en particular. Pero se dice poco sobre las falencias estructurales de este modelo, como por ejemplo que el propio sistema escolar norteamericano desde hace ya una docena de años ha quedado notoriamente rezagado en las mediciones internacionales, como TIMSS y PISA, dando origen a serios debates y cuestionamientos en EEUU sobre su eficacia y pertinencia. En la prueba PISA del año 2006, por ejemplo, EEUU se situó en el lugar 29, por debajo de muchos países europeos y asiáticos. En cambio, Finlandia, así como Corea, Hong Kong, Canadá y Nueva Zelanda, entre otros, ocupan posiciones de liderazgo internacional indiscutido, desde que estas mediciones internacionales se iniciaron en la década del noventa. En muchos de esos países coexisten un sector estatal y uno privado, pero el Estado ejerce funciones regulatorias decisivas que otorgan cohesión y eficacia a los sistemas educacionales y resguardan la “función pública” de la educación, no obstante la participación del sector privado.
Finlandia, el primero de la clase, representa en efecto casi lo totalmente opuesto del segmentado y desregulado modelo norteamericano. En Finlandia, se garantiza una enseñanza universal gratuita y pública, una enseñanza homogénea y de excelencia en todos los escalones, desde la primaria hasta la universidad, con un protagonismo decisivo del Estado en la gestación y reproducción de este esquema exitoso desde hace ya muchas décadas, otorgando igualmente una importancia decisiva a la investigación científica y a la innovación, con los resultados excepcionales que todo especialista o lector medianamente informado reconocen.
De hecho, Finlandia gasta desde hace varias décadas más del 6,5% del PIB en educación (considerando sólo el gasto público), y más de un 3,5% en Investigación y Desarrollo, lo que la sitúa en este ámbito entre los más altos del mundo. Chile sólo incrementó el gasto público en educación al 3,5% del PIB en los últimos años, después de no pasar del 2% durante décadas; en Investigación, Chile no supera aún el 0,65% del PIB también durante décadas. En Investigación, entonces, Chile está por debajo de Brasil y Cuba, que se mantienen o aproximan al 1% del PIB en este rubro. Estos datos primarios indican el lugar absolutamente secundario que en Chile se atribuye a la Educación y al desarrollo tecnológico, más allá de toda palabrería oficial. En América Latina, varios países destinan más recursos a Educación, como México y Argentina (ambos con 3,8% del PIB), Brasil (4,4%), Colombia (4,8), pero sobre todo Cuba, que destina un altísimo 9,8% del PIB, con resultados excepcionales en rendimiento escolar, como lo confirma el último informe del CERSE, dependiente de la UNESCO, que sitúa nuevamente al sistema escolar cubano como el de mejor rendimiento en América Latina.
El modelo finlandés representa entonces algo así como el antimodelo chileno, en tanto que el lucro como motivación del emprendimiento educacional está allí excluido de hecho, es decir, no tiene legitimidad social ni sustento legal. Reiteremos que en 2006 por tercera vez Finlandia ocupa el primer lugar en la prueba PISA a escala internacional.
Ya parece evidente que esta aparente ceguera en la elección de paradigma educacional por parte de las autoridades y grupos dominantes chilenos expresa antes que nada una opción resuelta a favor de la educación como negocio o actividad empresarial, donde lo prioritario es el lucro y la ganancia, en desmedro de su esencial función pública y de los intereses primordiales de la sociedad.
Pero esta última parece tomar crecientemente conciencia del fracaso del modelo mercantil en Chile, y las movilizaciones y cuestionamientos recurrentes durante los últimos años limitan considerablemente su sustentabilidad. Si este rechazo social no logra en esta ocasión imponer modificaciones de fondo, en el mediano plazo ello parece inevitable si la movilización se mantiene, aunque sea por otros medios, no obstante la enorme influencia de los poderes que resisten a dicho cambio. Por eso, la lucha debe continuar.
