Luis Suárez Salazar^[1]

Introducción

Este escrito actualiza y amplía los contenidos de mi ensayo “Los proyectos integracionistas del Gran Caribe: una mirada al escenario más probable”, presentado como ponencia en el Congreso de la Asociación Centroamericana de Sociología (ACAS), realizado en Tegucigalpa, Honduras, a fines de agosto del 2012 y publicado casi un año después como epílogo del libro El Gran Caribe en el Siglo XXI: Crisis y respuestas, recientemente publicado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)^[2].

Las posibilidades de retomar las ideas planteadas en ese y otros trabajos previamente publicados^[3], están dadas porque, sin desmerecer las positivas tendencias centrípetas que se observan en la actualidad –como las que se han puesto en evidencia en la institucionalización y profundización de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio entre los Pueblos (ALBA-TCP), de PETROCARIBE, de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y, más recientemente, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)—, en las páginas que siguen se acentuarán algunas de las tendencias centrífugas que han gravitado y, en el futuro previsible, seguirán gravitando negativamente sobre los diversos, superpuestos y, a veces, contrapuestos proyectos de concertación política, cooperación funcional y/o integración económica que, bajo la definición genérica de “procesos integracionistas”, actualmente se desenvuelven en el espacio geográfico, humano y cultural, que en la última década del siglo XIX José Martí denominó Nuestra América^[4].

Las tendencias centrifugas exógenas: un enfoque lógico-histórico

Ya es un lugar bastante común en el pensamiento crítico y descolonizado, el reconocimiento que, dentro de las múltiples fuerzas centrífugas endógenas y exógenas que condujeron a la frustración de los ideales de El Libertador Simón Bolívar y de otros próceres de las luchas contra el colonialismo español de “ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria”, a la progresiva balcanización de “la América antes española”, a sus muchas veces conflictivas interacciones con Brasil y a la prolongación hasta la segunda mitad del siglo XX del “orden colonial” instaurado sobre la mayor parte de los territorios del llamado “Caribe insular” hay que incluir, en un lugar destacado, las diversas estrategias desplegadas por los gobiernos permanentes y temporales de diversas potencias colonialistas, neocolonialistas e imperialistas y, dentro de ellas, en primer lugar, las de los Estados Unidos de América^[5].

Luego de culminar su expansión territorial hacia el oeste y el sur de sus fronteras originales, al menos desde fines de la década de 1890, los gobiernos de esa última potencia imperialista avanzaron sin prisa, pero sin pausa en la consolidación de su dominación sobre Cuba, Haití, Puerto Rico y República Dominicana, en el desplazamiento o la distribución de sus “esferas de influencia” en el hemisferio occidental con Francia, Gran Bretaña y Holanda, así como en la elaboración de diversas “alianzas asimétricas” con los representantes políticos, económicos, militares e ideológico-culturales de las clases dominantes en la mayor parte de los Estados independientes o semi-independientes de América Latina y el Caribe^[6]. Expresión y a la vez complemento de esas alianzas fue la progresiva institucionalización, ampliación y profundización de la Unión Panamericana (oficialmente fundada en 1910) y, después de culminada la Segunda Guerra Mundial, del Sistema Interamericano.

En razón del virtual poder de veto que casi siempre han tenido los representantes del gobierno estadounidense en el funcionamiento de los principales órganos político-militares de ese “sistema” –la Junta Interamericana de Defensa (JID) y la Organización de Estados Americanos (OEA)–, desde su institucionalización en 1942 y 1948, respectivamente, hasta la actualidad, éstos sólo han respaldado aquellos proyectos de concertación política, cooperación funcional e integración económica entre los gobiernos de sus Estados Miembros que hayan sido percibidos como funcionales a los intereses geoeconómicos, geopolíticos y estratégicos de la llamada “potencia hegemónica en el hemisferio occidental”.

Aunque, desde los primeros años de las décadas del cincuenta hasta el comienzo de la década del noventa, existían diversos elementos que así lo demostraban^[7], esa proyección se hizo totalmente evidente a partir de la última década del siglo XX. En esos años, los representantes políticos, económicos, militares e ideológico-culturales, estatales y no estatales, de la oligarquía financiera estadounidense, en consuno con sus principales aliados o subordinados hemisféricos se empeñaron en la institucionalización de “un nuevo orden panamericano” funcional a la recomposición de su multifacético sistema de dominación –hegemonía, acorazada por la fuerza— sobre el continente americano.

Por consiguiente, ese “orden” también estuvo orientado a dirimir a su favor las contradicciones que entonces se le estaban presentando a los grupos dominantes en Estados Unidos con los de las demás potencias integrantes de “la tríada del poder mundial” (Japón y la entonces recién fundada Unión Europea), así como a someter a “las disciplinas” del denominado Consenso de Washington a los gobiernos de todos los Estados participes en los diversos procesos de concertación política, cooperación funcional e “integración económico-comercial”, previamente existentes: la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), el Sistema Económico Latinoamericano y Caribeño (SELA), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el Grupo de Concertación y Cooperación de Río de Janeiro, el Pacto Andino y la CARICOM.

Igualmente, se orientó a los gobiernos de los Estados latinoamericanos y caribeños que, de manera simultánea, se incorporaron a “los procesos integracionistas” que se fundaron en los primeros años de la década del noventa bajo los auspicios del ecléctico “regionalismo abierto”, impulsado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL); cuales fueron los casos de las Cumbres Iberoamericanas, del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y de la Asociación de Estados del Caribe (AEC). Esta última conformada por todos los gobiernos de los Estados independientes o semi-independientes del denominado Gran Caribe, al igual que con la participación con el estatus de observadores de los representantes de todas las potencias europeas (Francia, Gran Bretaña y Holanda) que todavía conservan diversos territorios coloniales en esa región.

En consecuencia, desde 1998, la OEA se transformó, por primera vez en su historia, en la Secretaria Ejecutiva de todos los acuerdos multilaterales, tanto en los campos políticos y económicos como de seguridad, que fueron adoptándose en las Cumbres de las Américas (cuya primera cita se realizó en Miami a fines de 1994 y la más reciente en Cartagena de Indias, Colombia, en abril del 2012) y, en particular, de las intensas negociaciones que comenzaron a desarrollarse con vistas a lograr, a más tardar en el 2005, la suscripción por parte de los gobiernos de treinta y cuatro de los treinta y cinco Estados del hemisferio occidental del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA), impulsado por las administraciones de William Clinton (1993-2001) y George W. Bush (2001-2009)^[8].

Paralelamente, se fue produciendo la progresiva “subordinación” de la JID a la OEA. Ésta se formalizó en el 2006 con el propósito de relegitimar el que he llamado “ALCA militar”, para connotar la continuidad de las reuniones de jefes de Ejército, Marina y Aviación, así como de las Cumbres de ministros de Defensa, de las Reuniones de ministros de Justicia u otros ministros, procuradores o fiscales generales de las Américas (REMJA, por su acrónimo en el leguaje oficial de la OEA) y de ministros de Seguridad Publica de las Américas (MISPA), al igual que las diversas maniobras militares multilaterales que –bajo la égida de los órganos militares estadounidenses (en particular del Comando Sur de sus Fuerzas Armadas)— se han desplegado y continúan desplegándose en diversos países de América Latina y el Caribe.

Cualesquiera que sean los juicios que merezcan esas afirmaciones, lo cierto fue que la frustración del ALCA –protocolizada en la IV Cumbre de las Américas, realizada en Argentina, en el 2005— no impidió que la “segunda presidencia” de George W. Bush (2005-2009) continuara impulsando diversos tratados bilaterales o plurilaterales de libre comercio con diversos gobiernos latinoamericanos, orientados a lograr la “integración neoliberal y subordinada” de esos Estados a las necesidades estratégicas de los Estados Unidos. Así, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (firmado entre los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México a comienzos de la década del noventa), en el segundo lustro de la primera década del siglo XXI, se agregaron los Tratados de Libre Comercio (TLC) signados, de manera separada, con Chile, Colombia, Panamá y Perú, al igual que, de forma colectiva, con los gobiernos de República Dominicana y de todos los Estados integrantes del SICA.

Estos TLC, al igual que los diversos acuerdos de defensa y seguridad suscritos por los gobiernos de esos países con Estados Unidos objetivamente han fortalecido su dependencia estructural y funcional hacia esa potencia imperialista y, por tanto, potenciado las tendencias centrífugas endógenas y exógenas que han actuado y siguen actuando sobre los Estados Miembros de la CARICOM, del SICA, de la Comunidad Andina (CAN) y del MERCOSUR. También han entorpecido la profundización de los acuerdos de otras organizaciones de concertación política y cooperación del sur político del continente americano, cuales han sido los casos de la OLADE, de la ALADI, del SELA y del ahora extinto Grupo de Cooperación y Concertación de Río de Janeiro: antecedente inmediato de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), fundada a fines del 2011.

En la fundación de esa última organización de concertación política y de cooperación en ciertas esferas de la actividad social desempeñaron un importante papel los ocho gobiernos latinoamericanos y caribeños que en ese momento integraban el ALBA-TCP y de los cuatro Estados que entonces formaban parte del MERCOSUR. Éstos lograron concitar el apoyo de los gobiernos de los demás Estados Miembros de la UNASUR, al igual que de todos los Estados centroamericanos y caribeños integrantes de PETROCARIBE, fundada en el 2005 con el auspicio del entonces presidente de la República Bolivariana de Venezuela (RBV), Hugo Chávez.

Las estratagemas de la primera presidencia de Barack Obama

Con vistas a “renovar y prolongar a lo largo del siglo XXI” el mal llamado “liderazgo estadounidense en el hemisferio occidental”, así como a tratar de “contener”, ralentizar o descarrilar los proyectos de integración latinoamericanos y caribeños mencionados en los dos párrafos anteriores la primera presidencia de Barack Obama (2009-2013) cohonestó los golpes de Estado “institucionales” que se produjeron en Honduras y Paraguay en junio del 2009 y del 2012 respectivamente. También estrechó todos sus compromisos estratégicos bilaterales o multilaterales (políticos, económicos, militares y el terreno de la seguridad) con los gobiernos permanentes y temporales de México, de la mayoría de los Estados centroamericanos (incluidos los de Belice y Panamá), al igual que con los de República Dominicana, Colombia, Perú y Chile. Estos tres últimos integrantes –junto al gobierno de México– de la Alianza del Pacífico, finalmente institucionalizada en junio de 2012.

Como se ha denunciado, esa alianza (articulada con el Tratado Trans-Pacífico que está impulsando el actual gobierno estadounidense con vistas a “contener” los desafíos que le plantea a su “hegemonía” en la región Asia-Pacífico el fortalecimiento de la República Popular China y del llamado Grupo de Cooperación de Shanghái) también persigue debilitar la influencia que han venido adquiriendo en los asuntos internacionales, hemisféricos y suramericanos los actuales gobiernos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela y, sobre todo, de Brasil. Este último integrante del llamado Grupo BRICS (también conformado por los gobiernos de Rusia, la India, la República Popular China y Sudáfrica) e impulsor, desde el 2003, de diversas estrategias orientadas a transformarse en “una potencia global”, así como a fortalecer con tal fin su influencia económica y política en Bolivia y Paraguay, al igual que en diversos países del continente americano bañados por el Océano Pacífico, y así como por el Mar Caribe.

Por consiguiente, a las tendencias centrífugas ya señaladas en los párrafos anteriores hay que agregar las diversas dificultades que está confrontando el MERCOSUR (en particular, con los gobiernos de Paraguay y, en menor medida, de Uruguay), las debilidades internas que aún tiene la UNASUR y los asimétricos Acuerdos de Asociación con la Unión Europea (UE), firmados por México, Chile, Colombia y Perú, así como por todos los gobiernos integrantes del SICA. Igualmente, los llamados Acuerdos de Asociación Económica (EPA, por sus siglas en inglés) con la UE, firmados hace cuatro años por todos los Jefes de Estado y de Gobierno de los 14 Estados independientes o semi-independientes que conforman la CARICOM. También, las diversas obligaciones asumidas por sus cancilleres durante “la reunión informal” que el 10 de junio del 2010 sostuvieron en Barbados con la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton.

En esta última reunión se adoptaron diversos acuerdos en el terreno económico-comercial, dirigidos a implementar el llamado “Compromiso de Bridgetown: Asociación para la Prosperidad y la Seguridad”. Como parte de éste, los participantes en ese conclave respaldaron todos los acuerdos adoptados durante el Dialogo sobre la Cooperación en Asuntos de Seguridad entre EEUU y el Caribe (en el cual también participaron representantes de la República Dominicana), que se había efectuado en Washington desde el 27 de mayo del 2010. Esos diálogos y las acciones que de ellos se derivan estuvieron y están económicamente sustentados en la llamada Iniciativa para la Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBIS, por sus siglas en inglés), impulsada por la administración de Barack Obama.

Por consiguiente, siguiendo algunos de los anuncios y prácticas de la “nueva alianza de las Américas”, impulsada por esa administración en esos compromisos, también se incluyeron diversos acuerdos vinculados a la Cooperación y a la Asistencia para “la reconstrucción de Haití”, a la cooperación mutua en el terreno de la seguridad energética, así como en diversas áreas vinculadas al cambio climático y a la salud pública. Igualmente, a la extensión, hasta el año 2020, de los accesos preferenciales al mercado estadounidense de los productos caribeños incluidos en la llamada Ley de Asociación Comercial del Caribe, aprobada por la actual administración estadounidense en abril del 2010.

Tal ley incorpora el virtual Tratado de Libre Comercio (TLC) con Haití (conocido como “la Ley HOPE”: Haitian Opportunity for Economic Enhancement), que previamente había sido prorrogado hasta el 2018, mediante los acuerdos establecidos entre el entonces presidente de Haití, René Préval (2006-2011), y la administración de Barack Obama. Como se sabe, ésta ha seguido respaldando el virtual “protectorado”, instaurado en ese país por el antidemocrático Consejo de Seguridad de la ONU y, amparado en sus resoluciones, por la MINUSTAH (capitaneada por las fuerzas armadas brasileñas) tanto antes como después de la tragedia humanitaria causada por el sismo del 12 enero del 2010.

Todo lo antes dicho fortalece la multifacética dependencia estructural y funcional del Caribe insular y continental a las necesidades geopolíticas y geoeconómicas de la potencia hegemónica en el hemisferio occidental: elementos que, en mi consideración, están en la base de la llamada “crisis de gobernabilidad”, que viene afectando a la CARICOM y de las grandes dificultades que continúa encontrando la implementación del Mercado y la Economía Única Caribeña (CSME, por sus siglas en inglés), acordado desde el año 2000. Estas dificultades se han potenciado a causa de la creciente subordinación de sus políticas de seguridad a las exigencias de la burocracia político-militar y policial estadounidense. También han aumentado a causa de la constante participación de las fuerzas militares y policiales de esos países en las múltiples maniobras militares que, con diferentes nombres y objetivos “tácticos”, han venido desplegando las fuerzas militares y de seguridad norteamericanas en su “tercera frontera”. En algunas de esas maniobras también han participado las fuerzas militares de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) y, en particular, las de Canadá, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Holanda. Estas últimas cuatro potencias aún mantienen en el continente americano dieciocho territorios sometidos a diversas formas de dominación colonial.

En la percepción de la Casa Blanca, del Pentágono y del poderoso Departamento de Seguridad de la Patria (HSD, por sus siglas en inglés), a la articulación de “su” espacio de seguridad en el Gran Caribe también tributan –además de los referidos acuerdos firmados con la CARICOM– la Iniciativa Mérida (orientada a financiar “la criminal guerra contra las drogas” que, desde el 2006, se ha venido desplegando en México) y la Iniciativa para la Seguridad Centroamericana (CARSI, por sus siglas en inglés), aceptada por todos los gobiernos de los Estados integrantes del SICA, al igual que por los de Belice y Panamá. También tributan los FOL del SOUTHCOM instalados desde el año 2000 –con la anuencia de la monarquía constitucional holandesa– en Aruba y Curazao. Igualmente, las denominadas “Instalaciones de Seguridad Cooperativa” (CSL por sus siglas en inglés), que ya dispone ese comando en Bahamas y en la República Cooperativa de Guyana. Asimismo, la base naval que, con ayuda del Pentágono, están instalando las fuerzas armadas de República Dominicana en la estratégica Isla Saona.

Aunque, según la información difundida, en esa base no permanecerá personal militar estadounidense, su funcionamiento le permitirá a la Marina de Guerra dominicana (y, por tanto, a la estadounidense) tener una presencia permanente en esa área, así como “monitorear las actividades ilícitas” que se desarrollan en el Canal de la Mona, ubicado entre la parte oriental de la República Dominicana y la parte occidental del archipiélago de Puerto Rico. Por consiguiente, esa base interactuará con todas las capacidades que conservan la Marina de Guerra y la Guardia Nacional de Estados Unidos en ese colonizado archipiélago, al igual que en la mal llamada Base Naval de Guantánamo, Cuba.

Éstas –al igual que las FOL y las SCL que tienen dislocadas en otros territorios del Gran Caribe– se “triangulan” con los mandos y efectivos del SOUTHCOM y de la Cuarta Flota de la Marina de Guerra estadounidense, encargada de la vigilancia y “protección” de las “aguas azules” (océanos), “aguas verdes” (litorales) y “aguas marrones” (fluviales), que bañan las costas norte, nororientales u oriental de casi todos los Estados del Caribe insular, al igual que de la República Bolivariana de Venezuela, de la República Cooperativa de Guyana, de Surinam, de la todavía llamada Guyana francesa (Cayena), así como de Argentina, Brasil y Uruguay.

Esto último –al igual que las nuevas FOL o en SCL que se han venido fortaleciendo o instalando en El Salvador, Guatemala y Honduras, así como los controvertidos acuerdos de defensa y seguridad firmados de manera bilateral entre los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Costa Rica– contribuye a explicar la reacción adversa que el despliegue de esa flota ha encontrado entre buena parte de los gobiernos de los Estados integrantes del ALBA-TCP y de la UNASUR. Sobre todo, porque según diversos analistas (incluido el autor de estas páginas), la ralentización de los acuerdos de esa última organización (incluidas las labores de su Consejo de Defensa y de su Consejo Económico), la mediatización de los fundamentos jurídico-político-institucionales de la recién fundada CELAC y el debilitamiento de los acuerdos PETROCARIBE y ALBA-Caribe forman parte de los objetivos estratégicos que han perseguido y persiguen las diversas “estrategia inteligentes” que desplegó la “primera administración” de Barack Obama contra los pueblos y las naciones de Nuestra América y en particular contra los gobiernos integrantes del llamado “núcleo duro” del ALBA-TCP.

Así lo demuestran, entre otras evidencias, la perduración del bloqueo económico, comercial y financiero, así como de otras acciones agresivas del gobierno estadounidense contra el pueblo y el gobierno cubano encabezado, desde el 2008, por Raúl Castro. Igualmente, la hostilidad oficial estadounidense contra los gobiernos de Bolivia y Ecuador, presididos por Evo Morales y Rafael Correa, respectivamente; los frustrados intentos de Estados Unidos y sus aliados europeos de deslegitimar el resultado de las elecciones generales realizadas a fines del 2011 en Nicaragua, en las que resultó reelecto por un amplio margen de votos el presidente Daniel Ortega; y las constantes conspiraciones del gobierno permanente y del actual gobierno temporal estadounidense, así como de sus “aliados” internos (organizados en la mal llamada Mesa de Unidad Democrática), dirigidas, primero, a evitar la reelección del presidente Hugo Chávez en los comicios presidenciales que se realizaron en la República Bolivariana de Venezuela el 7 de octubre del 2012 y, luego de su desaparición física, a deslegitimar la elección del candidato presidencial del Gran Polo Patriótico, Nicolás Maduro, en las elecciones de igual carácter, efectuadas el 14 de abril del 2013.

En la percepción de los gobiernos –permanente y temporal– de Estados Unidos, la derrota de ese mandatario significará un golpe contundente a los diversos acuerdos de concertación política, cooperación funcional e integración económica que, utilizando sus inmensos recursos energéticos y su “renta petrolera”, ha venido impulsando la República Bolivariana de Venezuela con el propósito de edificar un “mundo multipolar”, de debilitar el sistema de dominación estadounidense en el hemisferio occidental, de impedir nuevos avances en la institucionalización del ya mencionado “orden panamericano”, así como de impulsar un “modelo” de desarrollo económico, social, político e ideológico-cultural (identificado con las aún imprecisas nociones del “socialismo del siglo XXI”), alternativo a los dictados de la “globalización neoliberal” y al capitalismo periférico, semiperiférico y dependiente, instalado en la mayor parte de los Estados de América Latina y el Caribe.

La política hemisférica de la segunda presidencia de Barack Obama

A partir de todos los elementos antes mencionados y de otros excluidos en beneficio de la síntesis, al igual que del análisis de la correlación de fuerzas existentes entre los principales sujetos y “actores” gubernamentales y no gubernamentales, internos y externos, que continuarán actuando en el sur político del continente americano, considero que en el futuro previsible se mantendrán las tendencias centrífugas exógenas y endógenas referidas en los párrafos anteriores. Por tanto, éstas continuarán interactuando de manera compleja y en muchos casos negativamente sobre la mayoría de los “procesos integracionistas” que se están desarrollando en Nuestra América.

Mucho más porque cualquiera sea la evolución en el mediano plazo de las superpuestas crisis que están afectando a la socioeconomía europea y estadounidense, así como de “la hegemonía” global y hemisférica de esa potencia imperialista, las diversas fuerzas económicas, sociales, políticas, militares e ideológico-culturales que controlan sus gobiernos permanente y temporalmente, al igual que el funcionamiento de su sistema político continuarán contando con el poder necesario para defender sus principales intereses estratégicos, geoeconómicos y geopolíticos en el hemisferio occidental. Y, como ya está dicho, esos intereses son contrapuestos a los de todos aquellos actores sociales y políticos, estatales y no estatales, latinoamericanos y caribeños, que han venido impulsando diversos proyectos de concertación política, cooperación funcional e integración económica diferentes a los proyectos “panamericanos” y de “libre comercio” impulsados por sucesivos gobiernos de Estados Unidos.

Por ende, ese propósito seguirá guiando las diversas estrategias, más o menos “inteligentes”, que desplegará la administración de Barack Obama durante su “segunda presidencia”. Así lo indican, entre otros elementos que no tengo espacio para detallar, la política de defensa hacia el hemisferio occidental hasta el año 2023, difundida por el exsecretario de Defensa Leon Panetta en octubre del 2012, y los resultados de la visita oficial realizada por Obama a México, al igual que de la reunión que sostuvo en San José de Costa Rica con los mandatarios del SICA a comienzos de mayo año 2013. Aunque, colocando la “cooperación económica” por encima de la que ha venido ofreciendo en el terreno de “la seguridad”, en esta reunión, al igual que en mencionada visita a México, se comprometió a mantener los fondos que en los años previos le había venido entregando a la “guerra contra las drogas” que se desarrolla en ese país, así como para la continua implementación de la CARSI. Según la información difundida, aunque esos fondos son menores a los de los años precedentes, éstos ya están incluidos en los presupuestos de “ayuda externa” (militar y civil) para el 2014.

A lo antes dicho, hay que agregar los propósitos hegemonistas de la política estadounidense hacia América Latina y el Caribe, definidos públicamente por el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, ante la reunión del Consejo de las Américas, efectuada en Washington a comienzos de mayo del presente año. También, los resultados de las visitas que realizó unos días después a Trinidad y Tobago, Colombia y Brasil. A pesar de las contradicciones que se expresaron en la reunión que efectuó en el primero de esos países con todos los Jefes de Estados y Gobiernos de la CARICOM (en la cual participó el actual presidente de la República Dominicana, Danilo Medina), en ésta se profundizaron los acuerdos en el terreno económico y comercial, así como en el campo de la seguridad de la Cuenca del Caribe, incluidos en el ya mencionado “Compromiso de Bridgetown” y en los diálogos sobre Asuntos de Seguridad que sistemáticamente se han venido realizando desde el 2010.

Del mismo modo en que, en su visita a Colombia, Biden estrechó los vínculos estratégicos existentes entre el actual gobierno temporal de su país y el encabezado por el actual presidente colombiano Juan Manuel Santos. Así lo demuestran el compromiso de Biden de mantener la voluminosa ayuda económica y militar (estimada en 8.500 millones de dólares), que –desde la aprobación del Plan Colombia en 1999 hasta el 2012— su país le ha venido ofreciendo al gobierno permanente y a sucesivos gobiernos temporales colombianos. También, su anuncio de que la administración de Barack Obama respaldará la incorporación de Colombia a la “primermundista” Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al igual que en las intensas negociaciones que se están desplegando con vistas a protocolizar antes del fin de este año el ya referido Tratado Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés).

A cambio, el mandatario colombiano se comprometió, entre otras cosas, a sostener los diversos acuerdos político-militares y económico-comerciales previamente firmados con Estados Unidos, así como a favorecer las interacciones del gobierno de esa potencia con la referida Alianza para el Pacífico, institucionalizada en junio del 2012. Merece resaltar que esos y otros propósitos también estuvieron presentes en los intercambios que sostuvo el presidente Barack Obama, durante su ya mencionada visita oficial a México, así como durante las visitas oficiales que en junio del presente año realizaron a Estados Unidos los presidentes de Chile y Perú, Sebastián Piñera y Ollanta Humala, respectivamente. Con ambos la actual administración estadounidense firmó diversos acuerdos orientados a consolidar su influencia en América del Sur, al igual que en la región Asia-Pacífico.

Por otra parte, durante su primera visita oficial a Brasil, Biden continuó avanzando en la consolidación y ampliación de los diálogos y acuerdos de alto nivel que, desde el 2010, se han venido realizando y firmando con el gobierno de ese país suramericano, presidido por Dilma Roussef. A pesar de las dificultades que le causó la denuncia del extendido espionaje electrónico que ha venido realizando la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) sobre diversos países del mundo, esos propósitos también estuvieron presentes en las primeras visitas oficiales realizadas a Colombia y Brasil por el actual Secretario de Estado, John Kerry. Según la información difundida, en la primera de esas visitas logró disipar “las molestias” del gobierno colombiano; mientras que en la segunda, a pesar de la decepción que causó su acérrima defensa de esas actividades de espionaje realizadas por la NSA, Kerry continuó dando pasos orientados a preparar la visita oficial que, en octubre de este año, realizará la antes mencionada mandataria brasileña a los Estados Unidos.

En ésta se ha previsto la suscripción de cinco nuevos acuerdos bilaterales y, por tanto, que se profundicen los Diálogos de Alto Nivel entre los gobiernos de ambos países que se han venido efectuando desde el 2010. Según indicó públicamente en ese año el exdirector de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Dennis Blair, en su perspectiva esos diálogos estaban orientados, entre otras cosas, a utilizar al gobierno brasileño para “contener” a los gobiernos “antiestadounidenses”, instalados en diversos países de América Latina y el Caribe; en particular, a los de Hugo Chávez y sus aliados.

Cualquiera que sea la validez de esa afirmación, en mi consideración las futuras interacciones de los gobiernos de Estados Unidos con los de Brasil estarán orientadas a evitar que los representantes políticos, económicos, militares e ideológico-culturales de la llamada “nueva elite brasileña” (formada durante los sucesivos gobiernos del Partido de los Trabajadores) continúen avanzando en los diversos planes políticos, económicos y militares que han venido elaborando con vistas a transformar ese país en una “potencia global”, autónoma de los intereses estratégicos, geopolíticos y geoeconómicos de Estados Unidos y de sus principales aliados asiáticos y europeos en diferentes regiones del mundo y, en particular, en el hemisferio occidental.

A modo de conclusión

Sin dudas, en caso de que la administración de Barack Obama logre los propósitos señalados en el apartado precedente, se fortalecerán las fuerzas centrífugas que en los años más recientes han limitado (aunque no impedido) la paulatina profundización del MERCOSUR y de la UNASUR con todas las implicaciones negativas que esto tendría para los demás procesos de concertación política, cooperación e integración económica, que de manera independiente a los Estados Unidos se están desplegando en el sur político del continente americano. Mucho más porque todo parece indicar que –a pesar de las acciones emprendidas por John Kerry durante la Asamblea General de la OEA, realizada en Guatemala con vistas a “normalizar” sus relaciones con el gobierno venezolano presidido por Nicolás Maduro– en los próximos años se mantendrá la hostilidad de la actual administración estadounidense hacia los gobiernos de los diez Estados ahora integrantes del ALBA-TCP y en especial hacia los de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela.

Paralelamente, el último gobierno temporal de Barack Obama, junto a sus principales aliados o subordinados hemisféricos y extra hemisféricos, continuará impulsando o apoyando diversas iniciativas dirigidas a entorpecer aquellos acuerdos de la AEC, del SICA, de la CARICOM, de PETROCARIBE, del MERCOSUR, de la UNASUR y de la CELAC que sean percibidos como desfavorables a los intereses geopolíticos y geoeconómicos de las clases dominantes, de la poderosa burocracia político-militar estadounidense, así como de aquellos sectores de su sociedad y su sistema político que continúan pensando que América Latina y el Caribe siguen siendo “su traspatio” o –como descarnadamente indicaron a comienzos de la década del ochenta los redactores del primer documento de Santa Fe– “el escudo y la espada de la proyección del global estadounidense”.

De ahí la validez de lo planteado por el actual presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba y actual presidente pro tempore de la CELAC, Raúl Castro:

“Tendremos que cuidar nuestra unidad dentro de la diversidad e impedir que se nos divida. Sabemos que la consolidación de esta organización enfrentará recios obstáculos, derivados del injusto e insostenible orden internacional, [de] la crisis económica global, [de] la agresiva política de la OTAN, [de] las amenazas y consecuencias de sus guerras no convencionales y el intento de un nuevo reparto del mundo; [de] la existencia de enormes arsenales nucleares y novedosas armas, así como [del] cambio climático”.

La Habana, 27 de agosto de 2013.

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