Sandra Gil Araujo y Janneth Clavijo

En este trabajo reflexionamos acerca de los aportes teórico-metodológicos que la perspectiva socioantropológica brinda para el estudio de las políticas migratorias y de refugio^[1]. Estas políticas se expresan a través de normas, prácticas y discursos, y son parte del instrumental mediante el cual el Estado ordena, clasifica y diferencia a las poblaciones, no solo entre nacionales y no nacionales, sino entre categorías de migrantes. El ejercicio de deconstrucción de las políticas en clave socioantropológica pone en evidencia la (re)producción de modelos de pensamiento, lenguajes y gramáticas institucionales por medio de los cuales se despliegan formas determinadas de problematizar, categorizar e intervenir la cuestión migratoria. Explorar las políticas desde esta lente conlleva preguntar(se) qué cuestiones son definidas como problemáticas, bajo qué tipo de justificaciones se elaboran, qué objetivos pretenden alcanzar, y a través de qué técnicas, y para qué fines.

En este artículo ahondaremos en las formas en que este enfoque teórico y metodológico nos permite (re)pensar el corpus documental como un terreno dinámico de indagación^[2]. Como un campo desde el cual historizar el presente a través del examen de las prácticas gubernamentales y sus transformaciones a lo largo del tiempo, en el marco de una red de relaciones –contingentes– entre diferentes actores y escalas. Consideramos que este marco analítico, junto con la caja de herramientas que propone, colabora en la labor de desnaturalizar y politizar las formas que adquiere el gobierno de la migración y el refugio en cada contexto histórico y geográfico.

Las políticas públicas en perspectiva socioantropológica

Una de las premisas básicas del análisis socioantropológico de las políticas públicas asume que el proceso de su elaboración e implementación es una actividad social y cultural “profundamente inmersa en los procesos sociales cotidianos, en los ‘mundos de sentido’ humanistas, en los protocolos lingüísticos y en las prácticas culturales que crean y sostienen esos mundos” (Shore, 2010, p. 24). Las políticas públicas reflejan ciertas racionalidades de gobierno (Gil Araujo y Clavijo, 2022) y funcionan a modo del “mito” de las sociedades no letradas, en cuanto ofrecen narrativas de justificación o condena y legitiman las posiciones de autoridad vigentes. Las políticas son instrumentos de intervención y acción para administrar, regular y reconfigurar el mundo social. Si bien son fenómenos políticos, “su naturaleza política está a menudo oculta detrás del lenguaje objetivo y legal-racional con el cual son presentadas” (Shore, 2010, p. 34).

El análisis de las políticas en clave socioantropológica propone explorar el modo en que las políticas operan en cuanto que instrumentos de gobierno. A través de ellas, se puede indagar qué clase de sujetos y relaciones de poder se buscan activar y qué tipo de argumentos se utilizan para presentar una forma particular de problematización como si fuera la única posible, mientras se silencian otras formas de pensar y hablar^[3]. Si las políticas públicas son conceptualizadas como tecnologías de gobierno, pueden ser asimismo utilizadas como herramientas para estudiar sistemas de gobierno (Shore y Wright, 1997). Considerar las políticas migratorias como tecnologías de gobierno y como herramientas para el análisis del gobierno supone prestar atención a las formas de concebir y definir (construir) a la población migrante como objeto de intervenciones específicas, a los fines que esas intervenciones pretenden alcanzar y a las relaciones establecidas entre el Estado, la sociedad, el mercado y el saber experto en el diseño y la puesta en marcha de esas políticas. Se trata de pensar las políticas públicas como tecnologías de gobierno, en cuanto están constituidas por mecanismos prácticos, locales y aparentemente intrascendentes, a través de los cuales distinta clase de autoridades busca conformar, normalizar, guiar e instrumentalizar las aspiraciones, los pensamientos y las acciones de los otros, con el objetivo de alcanzar los fines que consideran deseables. Dicho de otro modo, el análisis de las políticas ayuda a dilucidar no solo el sistema de pensamiento mediante el cual las autoridades han planteado y especificado el problema de gobierno, sino también el sistema de acción mediante el cual buscan activar el gobierno (Rose y Miller, 1992). Las políticas, como apunta Agudo Sanchiz (2015) retomando a Majone, están hechas de palabras, y esas palabras proveen a las ciencias sociales de una lente para explorar las formas en que el sistema político trabaja al nivel de los discursos y del poder, recodificando viejas problemáticas y definiendo nuevas subjetividades.

Políticas públicas, lenguaje y poder

Las políticas se despliegan dentro del lenguaje y constituyen una forma particular de argumentar, que involucra la actividad de nombrar y clasificar, que vincula contextos sociales y culturales y que excluye formas de pensar alternativas.

Podemos pensar los documentos de las políticas públicas como un género de escritura cuya principal orientación no es la información, sino la presentación de argumentos persuasivos. Para ello, producen su propia teoría causal del problema que pretenden abordar. Formulados en un lenguaje pretendidamente técnico y neutral, subyacen a ellos procesos de negociación y disputa (Gil, 2022, p. 92).

A través de las políticas, se determinan agendas, se construyen y definen problemáticas, se elaboran e imponen explicaciones y se ofrecen soluciones, ya implícitas en la formulación de los problemas. Los discursos de las políticas dominantes conforman modos de clasificar personas y definir problemas y tienen consecuencias materiales importantes. En otras palabras: al cooperar en imponer una manera más o menos autorizada de ver el mundo social, las políticas contribuyen a hacer la realidad de ese mundo (Bourdieu, 1999). En opinión de Rose (1993), el discurso político debe ser visto como una especie de maquinaria intelectual que hace la realidad pensable de un modo que la convierte en materia de debate público. El lenguaje empleado permite identificar las convenciones compartidas y establece quién puede hablar, de acuerdo a qué criterios de verdad, desde qué lugares, autorizados de qué manera, a través de qué mecanismos, utilizando qué simbolismos, persuasiones y retóricas. No se trata de lo que una palabra significa, sino de analizar el modo en que las palabras operan en conexión con otras cosas, las redes y los circuitos en torno a los cuales fluyen y actúan, los efectos y las pasiones que movilizan.

En los estudios sobre la gubernamentalidad, el lenguaje es el principal material de análisis, en cuanto configura los campos discursivos dentro de los cuales se elaboran las problematizaciones^[4]. Así, el lenguaje interesa no por lo que pueda decir o comunicar, sino por lo que hace, por las cosas que pone en relación y por el tipo de relaciones que establece entre ellas (Rose, 1993). El lenguaje es performativo y colabora en la construcción de aquello que en apariencia solo nombra: no es lo mismo ser ciudadano que usuario o cliente, hablar de exclusión en vez de pobreza, ni ser miembro de una comunidad étnica en lugar de pertenecer a una clase social. Desde esta óptica, el discurso, más que un código de signos, es una técnica que opera configurando la realidad en cierto modo, tornándola así pensable y manejable en un sentido determinado. Los lenguajes en cuanto que tecnologías de gobierno son parte del objeto de investigación y van ligados a la producción de ciertos tipos de subjetividades. Entidades como la sociedad, la nación, el consumidor, la migración extramercosur o la personalidad delincuente no deben tomarse como realidades empíricas, sino como artefactos técnicos construidos en el interior de dispositivos histórica y geográficamente delimitados.

Los documentos como campo de indagación y el enfoque multiescalar

Adoptar la perspectiva socioantropológica en el análisis de las políticas supone considerar el terreno documental como un campo vivo, es decir, un terreno dinámico y (re)productor de sentidos, conceptos y relaciones. En esa línea, la indagación acerca del modo en que se configura el tratamiento político de las migraciones y el refugio, por medio de un corpus documental, supone al menos tres cuestiones^[5]. Una, la necesidad de ejercitar un acercamiento reflexivo que permita “leer entre líneas para intentar evidenciar el reverso de tales disposiciones” (Muzzopappa y Villalta, 2010, p. 32). Antes que valorar su eficacia o cumplimiento, se trata de dar un paso fuera del universo propio de los marcos normativos, y reconocer los andamios y las estructuras sobre los cuales se erigen. Este ejercicio requiere prestar atención a la permanente producción de definiciones e interpretaciones políticas que contienen los documentos, y la dimensión programática que se pretende desarrollar y promover. Por tanto, la búsqueda se orienta a develar el porqué de los objetivos que plantean los diferentes documentos, y a reconocer “cuáles habían sido las cuestiones, temas o comportamientos que previamente se habían definido como problemáticos y que condujeron a su enunciación” (Muzzopappa y Villalta, 2010, p. 32).

Dos, comprender los documentos como un campo dinámico de indagación conlleva un ejercicio permanente de rastreo e identificación de las formas en que van mutando las gramáticas institucionales, examinando las interpretaciones políticas que se pretenden legitimar^[6] por medio de la adopción de nuevas nociones y prácticas gubernamentales, entre ellas, la producción misma de nuevos documentos, en cuanto acto performativo por medio del cual el Estado y otras instituciones se (re)crean. En ese sentido, se busca observar aquello a lo que se le da existencia institucional, las disputas y los intereses que envuelve la producción de definiciones, clasificaciones y jerarquizaciones, en este caso sobre poblaciones migrantes y sus movilidades. Esta propuesta invita a desmantelar las dicotomías, y poner de relieve la coexistencia entre aquello que se (co)construye por medio del antagonismo o la oposición, por ejemplo, las divisiones entre nacional/no nacional (Sayad, 2008), legal/ilegal, migrante económico/forzado, verdaderos/falsos refugiados, entre otras.

Indagar, develar y contrastar la heterogeneidad de los sentidos atribuidos a una misma categoría, así como los múltiples usos políticos que diversos actores hacen de estos significados, constituye una de las dimensiones clave del análisis etnográfico en el estudio antropológico de las políticas. Según lo propuesto por Balbi y Boivin (2008), parte del potencial del análisis etnográfico radica en desentrañar las dinámicas políticas, ya que permite explorar de manera profunda las distintas interpretaciones y valoraciones que los actores otorgan a fenómenos o conceptos compartidos. En este sentido, el análisis etnográfico se adentra en las perspectivas particulares de los diversos actores involucrados, reconociéndolas como elementos constitutivos de los hechos por examinar (Balbi y Boivin, 2008, p. 8). Este enfoque, al poner énfasis en la diversidad de interpretaciones y en los contextos específicos, ofrece una visión más compleja de los procesos políticos, permitiendo comprender las interacciones y tensiones que se generan entre las distintas fuerzas en juego.

Esta perspectiva se adentra en un proceso crítico de desnaturalización de las categorías, con el objetivo de rastrear sus transformaciones y captar el dinamismo inherente a los conceptos que las conforman. Al hacerlo, pone en evidencia el carácter histórico, situado y contingente de las categorías políticas, lo que permite comprender que no son entidades fijas ni universales, sino construcciones que dependen del contexto y de las circunstancias particulares en las que se desarrollan. De este modo, se aleja de las definiciones prefijadas o rígidas, desafiando las nociones preconcebidas y abriendo espacio a una reflexión más profunda sobre la manera en que las categorías políticas son producidas, utilizadas y transformadas a lo largo del tiempo. En ese sentido, “la antropología de la política se centra en el análisis de las múltiples maneras en que las problemáticas categorías que habitualmente asociamos al universo de la política […] son conceptualizadas por actores socialmente situados” (Balbi y Boivin, 2008, p. 10).

Tres, acudir al enfoque multiescalar en el análisis de las definiciones y clasificaciones políticas (re)producidas desde los documentos pone en evidencia una trama de relaciones asimétricas entre organismos de diversa índole, que disputan los modos de concebir e intervenir diferentes dimensiones de las migraciones y el refugio. Así, el análisis documental permite cuestionar la idea de una “burocracia delimitada” y reconocer que “muchas veces los distintos campos institucionales se vinculan unos con otros de múltiples maneras y que en esas relaciones […] van construyendo su objeto y sus modalidades de intervención” (Muzzopappa y Villalta, 2010, p. 33).

Para el análisis del tratamiento político de las migraciones y el refugio, y sus transformaciones, el enfoque multiescalar es central, puesto que permite comprender los modos en que se configura –no necesariamente de manera premeditada– esa red de relaciones entre actores e instancias que intervienen en la dimensión política de los procesos migratorios.

La perspectiva multiescalar permite relevar las múltiples conexiones que emergen y toman forma en el cruce de diferentes escalas –globales, regionales, nacionales, locales, entre otras–, a la vez que hace énfasis en el carácter dinámico, jerarquizado y productivo que suponen estas intersecciones. Como plantea Glick Schiller, precursora de esta óptica, en un análisis multiescalar, lo local, lo regional, lo nacional, lo panregional y lo global no son niveles de análisis separados, sino que forman parte de redes institucionales y personales de poder desigual que se constituyen mutuamente y dentro de las cuales viven sus vidas las personas con y sin trayectorias migratorias (Glick Schiller, 2015)^[7].

Desde el enfoque multiescalar, además de identificar las conexiones entre diferentes escalas, la indagación requiere ahondar en las formas que adquieren estas conexiones entre entidades políticas concebidas como independientes, en especial los Estados nacionales. A la vez, esta mirada también repara en el modo en que los cambios de las dinámicas migratorias, y las políticas orientadas a su gestión, están enmarcados en las transformaciones del capitalismo global. Siguiendo a Glick Schiller (2015), el hecho de que las personas con historias de migración abandonen o reconstituyan los vínculos y las identidades transfronterizas está inextricablemente ligado a sus relaciones con las condiciones cambiantes del capitalismo. En el campo de las políticas, esta relación también está presente, por ejemplo, en el modo en que nociones y relaciones propias de las racionalidades neoliberales estructuran las transformaciones recientes de los sistemas de gobierno del refugio (Gil Araujo y Clavijo, 2022).

La historización del presente o de cómo desnaturalizar la vida social

¿Cómo hacer emerger el carácter contingente e inventado del presente, que generalmente se toma como dado y natural? La antropología de las políticas propone una opción metodológica que busca poner al descubierto el carácter histórico y contingente de toda práctica social: la historización del presente (Shore y Wright, 1997). Una apuesta que también alienta Robert Castel:

Volverse hacia el pasado con un interrogante que es hoy en día nuestro, y escribir el relato del advenimiento y las principales peripecias de lo actual […] porque el presente no es solo lo contemporáneo. Es también un efecto de herencia y la memoria de esta herencia nos es necesaria para comprender y obrar hoy en día (1997, p. 14)^[8].

Esta apuesta por la perspectiva histórica también está presente en la analítica del gobierno defendida por los estudios sobre la gubernamentalidad como herramienta para hacer inteligible la contingencia de las redes de gobierno en las cuales se habita (Vázquez, 2005). La analítica de gobierno explora las específicas condiciones bajo las cuales determinados regímenes de prácticas emergen, operan y se transforman y apunta a mostrar que las formas de obrar y de pensar no son naturales ni dadas, para lo cual busca hacer explícito el pensamiento que suele ser tácito, subvirtiendo el proceso de normalización y (de)mostrando que las cosas pueden ser diferentes a como son. Así, la analítica del gobierno no busca conocer cómo las cosas son, sino cómo se piensa que son o deberían ser y cómo han llegado a ser pensadas de esa manera.

¿Cómo analizar el carácter problemático de este presente? Se puede avanzar la hipótesis, […] de que estas configuraciones problemáticas no han caído del cielo, que tienen un pasado en relación al presente, es decir, que han comenzado a existir en el pasado y que se han transformado en el curso de la historia (Castel, 2013, p. 95).

El concepto de “problematización” es crucial para entender de qué manera determinados fenómenos se van configurando como problemas^[9]. Para Foucault, la problematización no quiere decir representación de un objeto preexistente, ni tampoco creación por medio de un discurso de un objeto que no existe.

Es el conjunto de prácticas discursivas y no discursivas lo que hace entrar a algo en el juego de lo verdadero y de lo falso y lo constituye como objeto de pensamiento (ya sea bajo la forma de reflexión moral, del conocimiento científico, de análisis político) (Foucault, 1985, p. 232).

La problematización es concebida en un sentido histórico, ya que para Foucault la inteligibilidad del presente es histórica (Castel, 2013). Se trata de analizar las diferentes soluciones que se han dado a un problema a lo largo del tiempo y vincular esas soluciones a los modos de problematización. Reconstruir la genealogía de una problemática supone comenzar desde el momento en que emerge y analizar cómo y por qué se transformó a lo largo del tiempo “dando lugar a configuraciones diferentes de la misma y, en fin, preguntarse cómo se plantea hoy, cuál es el estado contemporáneo de la cuestión” (Castel, 2013, p. 96). Como reconoce Castel, este tipo de acercamiento es exigente y plantea serias dificultades. ¿En qué momento comienza a evidenciarse cierta configuración problemática? “O, también, si la historia no es repetitiva ni lineal, ¿cuáles son las principales formas que adoptó sucesivamente?” (2013, p. 96).

La propuesta es indagar el modo en que las prácticas^[10] actuales son estructuradas por el legado del pasado, dado que una práctica vigente solo puede ser comprendida si se la sitúa en la secuencia de sus previas transformaciones (Vázquez, 2005). Como apuntan Shore y Wright (1997), las políticas encapsulan toda la historia y la cultura de la sociedad que las generó. Aunque no siempre explicitado, este posicionamiento subyace asimismo en las investigaciones que tratan de entender las particularidades de las políticas migratorias elaboradas por los distintos Estados a la luz de sus peculiares historias de construcción nacional y en relación con los diferentes conceptos históricamente arraigados sobre lo que constituye la comunidad nacional (Brubaker, 1999; Koopmans et al., 2005). También fue asumido por Adrian Favell (2000) al proponer pensar las políticas de inmigración –y especialmente lo que denomina “teorías públicas” o “filosofías de integración”– como el resultado contingente de procesos políticos e históricos concretos. Es importante remarcar la centralidad que sus investigaciones le otorgan a la historia de las políticas migratorias como marco dentro del cual los policy makers ensayan soluciones a cuestiones actuales, intentando reconciliar nuevas circunstancias con prácticas heredadas. Para Castel, “estas estructuras heredadas del pasado expresan y perpetúan hoy relaciones de dominación que constituyen un problema en el doble sentido […]: presentan un desafío para nuestra comprensión y nos ponen en un aprieto” (2013, p. 98).

Reflexiones finales

En el marco de los Estados modernos, las políticas públicas se han convertido en un instrumento clave de organización de las sociedades contemporáneas: no solo codifican normas y valores sociales, articulan principios normativos e influyen en la conducta de las personas, también contienen modelos de sociedad (Shore y Wright, 1997). Cada vez más, las personas son categorizadas y moldeadas a través de políticas de distinto tipo (sociales, carcelarias, de drogas, migratorias, de seguridad), que les otorgan diferentes papeles en cuanto que sujetos (ciudadanos, inmigrantes, mujeres víctimas de violencia de género, reclusos) y crean una serie de nuevas relaciones entre individuos y grupos y entre lo público y lo privado, redefiniendo qué se entiende por cada uno de estos términos.

Un lugar privilegiado ocupa las políticas migratorias y de refugio, en cuanto colaboran en la (re)producción de fronteras espaciales, culturales, sociales, económicas y políticas como si fueran naturales, dadas, ahistóricas, y sin necesidad de explicación. Además, condensan los modos de concebir e intervenir la cuestión migratoria, que va cambiando a lo largo del tiempo, en relación con la racionalidad política imperante^[11]. Así, algunos de los elementos que distinguen la forma de problematizar las migraciones en el marco de la racionalidad neoliberal son el reemplazo de la perspectiva económica por la visión culturalista y securitaria, los discursos sobre el umbral de tolerancia, el humanitarismo, la responsabilidad compartida, la resiliencia o la creación de categorías como el inmigrante ilegal o el falso refugiado (Gil Araujo y Clavijo, 2022).

Asumiendo el desafío de vincular formas de problematizar con racionalidades políticas, la apuesta por historizar el presente permite examinar lo que caracteriza las mentalidades de gobierno en momentos históricos específicos^[12]. ¿Qué distingue, esto es, qué supone a la vez de diferente y de común (Castel, 1997) las formas de pensar la (in)migración, la nación y el refugio en distintas épocas? ¿Qué implicaciones y efectos han tenido y tienen estas diversas mentalidades? En su libro sobre la invención del pasaporte, Torpey (2020) propone el análisis de la historia de los controles de documentos como una forma de iluminar el proceso de institucionalización de la idea del Estado nación en cuanto que unidad etnocultural homogénea, un proyecto que necesariamente conlleva esfuerzos para controlar los movimientos de personas. Desde la Revolución francesa, los controles estatales sobre la identidad y los movimientos de población han sido esenciales para la monopolización por parte del Estado de los medios de movilidad legítimos, que gradualmente les fueron expropiados a individuos y entidades privadas como las organizaciones religiosas. La transición del control privado al control estatal de los desplazamientos de personas fue un elemento esencial de la transición del feudalismo al capitalismo. Un aspecto crucial de estas transformaciones es que las personas también se han vuelto dependientes del Estado en lo que se refiere a la posesión de una identidad. Para poder monopolizar los medios legítimos de movilidad, los Estados nacionales se han visto obligados a definir quién pertenece y quién no, ya que el orden nacional (Sayad, 2008) necesita sostener fronteras entre los nacionales y los que no lo son, tanto en su delimitación con el exterior, como entre las personas que habitan su territorio. Las políticas públicas de migración y refugio son una herramienta primordial para la construcción de la nación y sus fronteras, particularmente en términos de selección, diferenciación y exclusión de poblaciones. Componen las operaciones de nation building cuyos efectos son la creación de un auténtico sujeto interior y un inauténtico y sospechoso outsider, cuya figura debe ser siempre diferenciada del verdadero ciudadano.

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