Reflexiones en torno a la cuantificación de la inserción residencial migrante

Gabriela Mera

La cuestión residencial constituye uno de los pilares de la vida de las poblaciones, y una de las primeras (y más apremiantes) necesidades que deben resolver los grupos migratorios en sus procesos de asentamiento urbano. Se trata de un fenómeno complejo de abordar, pues remite a un objeto –la vivienda– que puede ser concebido al mismo tiempo como derecho y como mercancía, como bien de uso y como bien de cambio, como producto y como proceso, como materialidad y como acto de habitar, entre otras (aparentes) dicotomías que lo constituyen. Pero, además, hablar de residencia implica abordar no solo a la vivienda, sino también al territorio: la localización de esa vivienda en entornos específicos de la estructura urbana, entendiendo que los (micro)territorios que conforman las ciudades son espacios plenos de potencialidades y restricciones, que trazan horizontes diversos (y frecuentemente desiguales).

Recuperar la dimensión territorial de la cuestión residencial no es una perspectiva novedosa: numerosos autores, hoy considerados clásicos de la sociología de la vivienda (Yujnovsky, 1984; Kemeny, 1992), han trabajado esta cuestión y brindado herramientas para trascender los (aún persistentes) enfoques viviendistas en los que “la vivienda es concebida como una unidad individual edificación-lote aislada de su inserción en la ciudad” (Del Río, 2012, p. 30). Estudios cualitativos recientes han (de)mostrado, una y otra vez, que la pregunta por la vivienda no puede desligarse de los territorios y lugares que hacen al habitar urbano, como el peridomicilio, el barrio, la vecindad, la localidad. Y no solo en términos materiales, sino también en relación con los múltiples entramados sociales que se tejen en torno a la vida cotidiana, particularmente en el marco de procesos de producción social del hábitat (Massolo, 1999; Perissinotti, 2021). En el caso de las migraciones internacionales, la localización de la vivienda constituye un eje vertebrador de los procesos de inserción urbana en cuanto indicador tanto de las desiguales condiciones de acceso al suelo, como de las especificidades de los proyectos migratorios y la acción de redes y mecanismos de cohesión étnico-comunitarios que pueden derivar en conformación de barrios vinculados a colectivos específicos (Sassone y Cortés, 2014; Margarit Segura y Bijit Abde, 2014).

El presente trabajo se propone reflexionar sobre algunos dilemas éticos y metodológicos que atraviesan el estudio de la dimensión territorial de la cuestión residencial migrante cuando se trabaja desde un abordaje metodológico específico: el enfoque cuantitativo.

Cuantificar, sin duda, tiene desafíos metodológicos específicos. Abordar los fenómenos sociales –y, en ese proceso, construirlos– en términos de magnitudes, tendencias y relaciones entre categorías y atributos cuantificables conlleva una carga epistemológica que exige ser problematizada como tal. Con frecuencia denostado por su asociación con perspectivas positivistas, o fetichizado al punto de olvidar su carácter construido, el número tiene enormes potencialidades analíticas como herramienta de construcción de conocimiento y como campo político de disputa. Y así como las magnitudes suelen estar en la primera línea de los discursos xenófobos –en los que el “cuántos” deviene el principal argumento para convertir a las personas migrantes (como a otros grupos vulnerados) en chivos expiatorios de cualquier problema(tica) social– estas pueden (y deben) ser también un instrumento clave para su deconstrucción. Pero, para ello, es esencial que esos números vayan acompañados por una mirada crítica hacia su propia producción, una conciencia clara de sus limitaciones y una búsqueda constante por tender canales de diálogo con otros enfoques.

La pretensión de cuantificar la dimensión territorial de la cuestión residencial migrante, es decir, abordar en términos estadísticos la pregunta por el dónde resuelven estos actores la residencia –lo que no remite solo a una coordenada geográfica, sino a territorios concretos con atributos tanto disímiles como ciertamente desiguales (Bourdieu, 1999)–, conlleva desafíos metodológicos específicos que este trabajo propone analizar. Se abordarán concretamente dos: por un lado, el reto de trabajar esta cuestión a partir de fuentes de datos secundarias y, por otro lado, algunos desafíos que atraviesan el abordaje cuantitativo de la presencia migrante en territorios informales urbanos.

Fuentes de datos y territorio

Un desafío transversal a todo estudio cuantitativo que, ya sea por su escala o factibilidad, no pueda producir datos primarios se vincula con las posibilidades que brindan las fuentes de datos disponibles para abordarlo. El trabajo con fuentes secundarias exige, de por sí, una mirada cuidadosa y atenta a una cocina de datos ajena y a decisiones (teóricas, metodológicas y técnicas) muchas veces disonantes con los propios intereses investigativos.

El abordaje de la cuestión residencial a partir de fuentes sociodemográficas clásicas, como censos y encuestas a hogares, suele verse facilitado por la habitual inclusión de una amplia batería de preguntas referidas a las características materiales de la vivienda, el acceso a servicios y la conformación del hogar. Sin embargo, incorporar la dimensión territorial de estas viviendas y sus hogares supone un mayor desafío. La respuesta a ese desafío puede encauzarse en dos grandes sendas.

Por un lado, aquella vinculada con las posibilidades de desagregación espacial de la fuente, es decir, la posibilidad de trascender los grandes agregados territoriales –los totales nacionales, provinciales, departamentales e incluso urbanos– para poder dar cuenta de localizaciones y especificidades microespaciales de los datos que releva. Esta pretensión suele derivar en enormes restricciones respecto a las fuentes de datos disponibles: la mayor parte de las encuestas a hogares tiene diseños muestrales que no permiten trabajar a nivel microespacial, más aún cuando se trabaja con subpoblaciones pequeñas como algunos colectivos migratorios, lo que deriva en una dependencia casi absoluta de los censos de población. Pero, aun en el caso de los censos, este tipo de abordajes se encuentra una y otra vez con las limitaciones que imponen las unidades geoestadísticas más pequeñas para las que se puede acceder a información censal –fracciones y radios–, construidas bajo criterios operativos antes que sociodemográficos (Mera y Marcos, 2012). Se trata de un viejo dilema geográfico, denominado “problema de la unidad espacial modificable” (PUEM), que se vincula con el hecho de que “mientras que los datos censales se recolectan para entidades esencialmente no modificables (personas, hogares), son informados para unidades areales arbitrarias y modificables”, cuyo principal criterio “son requerimientos operativos del censo, consideraciones políticas locales y administración de gobierno. Como consecuencia, ninguna de estas áreas censales tiene significado geográfico intrínseco” (Openshaw, 1984, p. 4). Las áreas construidas (artificialmente) bajo criterios censales pueden fácilmente aglutinar (también artificialmente) a los extremos de la estructura social, unificar territorios separados por fronteras materiales, sociales y simbólicas, o dividir otros con historias e identidades comunes, pudiendo no solamente no reflejar, sino incluso encubrir realidades socioterritoriales.

En este marco, todo intento de territorializar los datos censales a nivel microespacial o (re)construir recortes territoriales concretos a partir de estas unidades geoestadísticas coloca a los usuarios frente al clásico dilema ético-metodológico de encontrar un balance entre lo ideal y lo real, entre objetivos teóricos y posibilidades concretas que brindan las fuentes. Se trata de encontrar un sano intermedio entre, en un extremo, un purismo metodológico que demande sincronías absolutas entre los propios objetivos y las posibilidades (territoriales) de las fuentes, descartando de plano cualquier otra situación –que, en los hechos, llevaría a renunciar a trabajar con este tipo de fuentes y perderse de sus claras potencialidades–, y, en el otro extremo, una utilización acrítica y naturalizada de estas entidades espaciales sin poner en cuestión sus sentidos y limitaciones, en detrimento de la calidad del dato producido.

Consideramos que la clave de este balance se encuentra en dos momentos del proceso investigativo. Por un lado, en la etapa de cocina del dato, desarrollando una mirada atenta que cuestione y desnaturalice los criterios censales –en este caso, los vinculados a la división del territorio– para someterlos a una revisión y evaluación. Con base en ello, tomar decisiones y, por supuesto, hacer concesiones en pos de la factibilidad, pero siempre tratándose de decisiones fundamentadas y ancladas en dichas revisiones metodológicas. El segundo momento es el momento de comunicación de los datos obtenidos. Recordando un viejo consejo de los manuales de metodología, se debe destacar la importancia de explicitar, con claridad y detalle, las decisiones metodológicas que sustentan (y construyen) los datos, sus limitaciones e “impurezas”, así como los cuidados que deben acompañar la interpretación de los resultados^[1].

Ahora bien, un segundo camino para incorporar la dimensión territorial de la cuestión residencial se relaciona con la inclusión de preguntas específicas respecto al territorio donde se emplazan las viviendas relevadas por las fuentes. En el caso de los censos, suelen incluirse preguntas referidas al entorno residencial en lo que se denomina la carátula del segmento censal, la porción del territorio que releva cada censista, que se vinculan fundamentalmente con la presencia de infraestructuras y servicios urbanos en el territorio inmediato (alumbrado, pavimento, cloacas, agua, electricidad, gas, servicio de recolección de residuos y transporte), condiciones medioambientales riesgosas (inundabilidad, basurales). En lo que se refiere a la forma de producción del espacio habitacional, el interés suele focalizarse en la informalidad urbana, indagando si la vivienda se ubica en una villa de emergencia. En el censo 2010, se incluyeron también otras tipologías habitacionales, además de las villas o los asentamientos informales, como los barrios plan o monoblock y los countries o barrios cerrados. En el caso de las encuestas a hogares, la inclusión (o no) de preguntas relativas al entorno residencial es sumamente heterogénea. En una encuesta clásica como la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), por ejemplo, las pocas preguntas existentes se vinculan con vulneraciones medioambientales (inundabilidad, basurales) y, también aquí, el emplazamiento en villas de emergencia^[2].

El trabajo a partir de estas preguntas presenta dos grandes desafíos. El primero es de índole operativo y se vincula con las especificidades que atraviesa el relevamiento y la publicación de esta información por parte de los organismos productores de datos. En el caso de los censos, estas variables no se relevan para cada vivienda, sino para agregados de viviendas que se corresponden con la carga de trabajo del censista, por lo que solo dan cuenta de situaciones preponderantes. También, en la mayoría de los casos, la cuestión del emplazamiento de la vivienda en villas o asentamientos se releva por observación del censista, lo que puede resultar problemático dada la gran diversidad de situaciones que abarca la informalidad, tal como se desarrolla en el próximo apartado.

La segunda cuestión se vincula con un desafío metodológico transversal a todo estudio cuantitativo que es el problema de las categorías. Así como cuantificar exige categorizar –clasificar a las poblaciones en una serie de categorías artificiales (en el sentido de construidas por quien nomina)–, cuantificar a partir de fuentes secundarias exige trabajar con categorías construidas bajo la lógica del organismo productor de datos, en este caso, el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). Como nos recuerda Otero (2006), la habitual imagen del censo como fotografía, como “reproducción” de la realidad no debe ocultar su carácter de discurso, de construcción intelectual sobre el funcionamiento de lo social atravesado por la lógica estatal de clasificación de las poblaciones. No es solo cuestión de qué se releva (y qué no), sino de cómo se construyen las categorías y definiciones subyacentes. Esto en modo alguno le quita valor al dato censal, pero sí exige una revisión atenta de los documentos metodológicos que acompañan el censo, tener siempre presentes las definiciones (explícitas e implícitas) de las variables y categorías censales, y una conciencia crítica de sus limitaciones: qué engloban, qué invisibilizan, qué construyen.

En definitiva, todo trabajo con fuentes secundarias exige hacer concesiones –respecto a las fuentes disponibles, a las definiciones del territorio, a la mayor o menor precisión para reconstruirlos, a la representatividad estadística de los datos, a las categorías con las que se trabaja– y tomar decisiones que frecuentemente obligan a renunciar al purismo metodológico a favor de la factibilidad. Pero la clave está en procurar no perder nunca la reflexividad hacia las propias decisiones y no abandonar la búsqueda de nuevos enfoques que permitan seguir poniendo(nos) en cuestión.

Migraciones e informalidad urbana

Una segunda cuestión, más específica, vinculada con la dimensión territorial de la cuestión residencial que acarrea dilemas éticos y metodológicos también específicos, se relaciona con la producción de datos (cuantitativos) sobre la presencia migrante en territorios vinculados con la informalidad urbana.

Abordar la relación entre migración y barrios informales es sumamente compleja. Estas urbanizaciones populares, surgidas bajo la lógica de la necesidad (Abramo, 2013), con iniciativa, gestión y (auto)producción del suelo y la vivienda en manos de los propios habitantes (Varela y Cravino, 2008) y por fuera de los parámetros del “orden legal estatal” (Canestraro, 2013), se encuentran siempre en una encrucijada de sentidos. Por un lado, son una clara expresión (y un constante recordatorio) del carácter excluyente de los mecanismos que operan en el mercado formal del suelo, cuyas consecuencias son formas de acceso al hábitat atravesado por carencias materiales, déficit de servicios básicos, inseguridad en la tenencia, entre otras situaciones que es necesario visibilizar y denunciar como primer paso para toda intervención que busque subsanarlas. Pero, por otro lado, con suma frecuencia devienen territorios estigmatizados sobre los que circulan imaginarios y sentidos perniciosos –asociados al peligro, la delincuencia, la lejanía–, cuyos habitantes son construidos como una alteridad no deseada en la ciudad, objeto de sospecha y cuestionamientos sobre la legitimidad de su presencia allí, por lo que construir datos sobre su magnitud puede ser utilizado como una herramienta más de estigmatización y rechazo.

Y esto es aún más problemático cuando se trata de migrantes internacionales y en particular de aquellas migraciones que ocupan posiciones social y simbólicamente desventajosas en las jerarquías étnicas erigidas por los relatos nacionales (Halpern, 2010). En torno a ellas, en especial en momentos de crisis, es habitual que afloren discursos reduccionistas que asocian de forma automática (in)migración e informalidad urbana, magnificando la primera –bajo la figura de la invasión y el descontrol– y haciéndola responsable del crecimiento de la segunda, negando el carácter estructural del déficit habitacional en Argentina (Mera y Vaccotti, 2013).

Ahora bien, abordar esta cuestión plantea no pocos desafíos metodológicos y éticos. Para comenzar, un primer gran desafío emerge de la misma formulación del problema de investigación. Plantear una pregunta en torno a (cuál es) la relación entre migración e informalidad urbana reproduce una construcción de sentido en torno a esta problemática que es importante comenzar por deconstruir. Recordando palabras de Bourdieu (1993), estaríamos cayendo en la vieja trampa de legitimar un problema, social y políticamente construido, tomándolo como un problema sociológico y objeto de investigación. Y ello con la carga simbólica que acarrea, por un lado, circunscribir una problemática urbana compleja como es el acceso a la vivienda –que se vincula con lógicas de producción, circulación y consumo del suelo mercantilizadas y excluyentes– a la categoría de “informalidad”, y, por el otro, reducir dinámicas de precarización sistémicas que afectan a amplios sectores de la población a un colectivo fácilmente convertible en chivo expiatorio como es el “migrante”.

En segundo lugar, tal como se trabajó en una publicación previa (Mera y Rosas, 2021), el concepto mismo de “informalidad” es sumamente problemático. Por un lado, se trata de una categoría que conlleva una imagen de dualidad que oculta que formalidad e informalidad son realidades coconstitutivas (Arqueros y Canestraro, 2017); por el otro, es una noción que se construye por la negativa y en oposición a cierto orden “formal”, reproduciendo la idea de que habría una forma unívoca de desarrollo urbano, invisibilizando el hecho de que se trata de un producto histórico y deslegitimando otras alternativas (Massidda, 2018). También en la idea de informalidad –entendida como excepción o como estadio a superar en el tránsito a la formalidad–, persiste el sentido de que es un fenómeno marginal o residual, cuando se trata de una problemática estructural y persistente en las ciudades latinoamericanas. Asimismo, conlleva cierto pensamiento evolucionista según el cual lo deseable sería el tránsito a la formalidad, lo que pondera una formalización “desde arriba” e invisibiliza la capacidad de autoproducción de los sectores populares (Coraggio, 2018). En definitiva, como señala Azuela (1993), lo que se está haciendo es adoptar una definición estatal de las relaciones sociales como categoría para el análisis social reproduciendo sentidos que es importante cuestionar.

En tercer lugar, la informalidad es compleja de definir en términos operacionales (lo que constituye un requisito ineludible para poder cuantificar). Ello se vincula fundamentalmente con la multiplicidad de situaciones que abarca –en las que se entrecruzan lo jurídico y lo mercantil, estrategias individuales y lógicas estructurales del mercado del suelo– y la diversidad de significaciones que adquieren las normas legales en condiciones políticas y culturales concretas (Canestraro, 2013). Así, tanto las definiciones clásicas de informalidad, que ponen el acento en la condición jurídica de la tenencia de las tierras, como las que buscan trazar umbrales vinculados con aspectos edilicios y morfológicos deficitarios, trazas irregulares o falta de infraestructura y servicios, se ven desbordadas por un universo de situaciones urbanas que se escapan de los límites de las categorías (y los tensionan).

Finalmente, se encuentra la gran pregunta de cómo construir datos sobre la presencia migratoria en estos territorios informales sin alimentar discursos estigmatizantes. Se trata de un dilema ético que atraviesa cualquier abordaje sobre esta cuestión, pero que cobra particular complejidad cuando se trata de enfoques cuantitativos dada la indudable potencia que tiene el número en la construcción de sentido(s). Una misma magnitud (como puede ser un alto porcentaje de migrantes en barrios populares informales) puede funcionar como indicador de derechos habitacionales vulnerados en el marco de un discurso inclusivo o como herramienta de estigmatización y rechazo en el marco de un discurso xenófobo y excluyente.

El desafío es complejo, pues efectivamente son muchas las personas migrantes que recurren a mecanismos de autoproducción del hábitat informalizados como modo de hacer efectivo su derecho a la ciudad. Y si bien no es un problema migratorio, sino básicamente una cuestión urbana, es un tema ciertamente problemático en términos de vulneración de derechos que da cuenta de procesos de inserción residencial precarizados como producto de lógicas restrictivas de acceso al suelo urbano. No porque los migrantes sean sus causantes, sino como efecto y resultado del entramado de vulnerabilidades que suele atravesar los procesos migratorios. Como señala Appadurai (1996), los migrantes con frecuencia son quienes hacen emerger (y visibilizar) las mayores contradicciones y debilidades del sistema.

Vuelve entonces la pregunta de cómo producir datos en torno a esta cuestión, sin reproducir el problema como una relación entre migración e informalidad en cuanto entidades monolíticas vinculadas de manera lineal y procurando no generar información que se preste a lecturas malintencionadas que puedan contribuir a la “guerra simbólica” contra estos sectores (Auyero y Berti, 2013).

No es esta una pregunta de respuesta sencilla. Desde mi propia trayectoria, quisiera recuperar algunas aproximaciones que, siendo siempre parciales y mejorables, ilustran posibles caminos que fui explorando para abordar esta cuestión.

Una primera senda se orientó a “desarmar” la dicotomía formal-informal, entrando al problema desde una pregunta por las características de las áreas residenciales, que, si bien contempla a la informalidad, incorpora el cruce con otros atributos habitacionales, buscando recuperar las diversidades que engloba esta aparente antinomia (Mera, 2020). Este abordaje permitió evidenciar que los conceptos de “informalidad” y “condiciones deficitarias” no son sinónimos ni se dan siempre en simultáneo, y que, si bien para muchos migrantes las áreas informales devienen una opción más frecuente que para el conjunto de la población, cuando se desagregan las dicotomías emergen heterogeneidades que evidencian que este no es un fenómeno lineal ni agota la totalidad de las formas de inserción residencial de los colectivos.

Otro enfoque que demostró tener potencialidades para problematizar esta cuestión se vincula con poner el acento en los diferenciales territoriales. Desde esta perspectiva, por ejemplo, se pudo constatar que las principales desigualdades habitacionales se producen entre áreas residenciales (como cuestión urbana) más que entre los migrantes y el conjunto de la población dentro de las áreas (como cuestión migratoria) (Mera, 2020). Al mismo tiempo, al incorporar las diferenciaciones territoriales, pudo constatarse que la supuesta relación entre migración e informalidad se produce en las áreas más disputadas y restringidas de la ciudad, pero no así en porciones de la metrópolis donde el suelo es más accesible, evidenciando una vez más que no se trata de un problema migratorio, sino de condiciones (más o menos expulsivas) de acceso al suelo urbano (Mera, 2018).

Un tercer camino que, de manera más indirecta, brindó elementos para problematizar la supuesta relación entre migraciones e informalidad urbana provino de dirigir la mirada hacia una de las contracaras de la informalidad como es el acceso a la propiedad e incorporar una dimensión clave como es el tiempo, tanto biográfico como histórico. Al estudiar los cambios producidos en el calendario de acceso a la propiedad de distintas generaciones de migrantes (y no migrantes) (Mera y Marcos, 2023), pudo constatarse un gradual deterioro en las posibilidades de acceso a la propiedad en las últimas décadas –cuando se comprueba una creciente restrictividad en las condiciones sociourbanas de acceso al suelo– que afectó a las generaciones más recientes, incluida la población argentina, pero muy especialmente a los migrantes de los sectores sociales más bajos y en los territorios más disputados de la ciudad. Es decir que, nuevamente, a través de los datos, se pudo evidenciar que no se trata de un problema migratorio, sino sociourbano, donde la condición migratoria deviene un factor especialmente excluyente en contextos donde el acceso al suelo se vuelve más restrictivo.

Reflexiones finales

“Todo es teoría”, nos recuerda Ruth Sautu (2005), recalcando que la perspectiva teórica adoptada –las conceptualizaciones desde las cuales se pretende describir o explicar el mundo social– permea todo el proceso de producción de conocimiento científico. Y “todo es metodología” podríamos agregar también para subrayar el peso indiscutible que tienen las decisiones metodológicas, técnicas y operativas en la construcción misma de los fenómenos que pretendemos estudiar.

Esta conciencia crítica acerca del cómo se produce conocimiento –y la invitación a desplegar una vigilancia epistemológica constante sobre la propia labor investigativa– es fundamental para cualquier enfoque con el que se trabaje, pero es especialmente necesaria cuando se adopta una mirada cuantitativa. Y no por la (mayor o menor) complejidad de este enfoque, sino por los imaginarios que usualmente lo atraviesan, como el (falso) manto de objetividad y neutralidad que suele cubrir a los números y su increíble capacidad de circular despegándose de sus condiciones (y decisiones) de producción.

El presente trabajo se propuso aportar a esta reflexión desde una problemática concreta como es la relación entre migración, territorio y hábitat recuperando, por un lado, los desafíos específicos que acarrean (e imponen) las fuentes de datos y categorías estadísticas, y problematizando, por otro, los peligros que conlleva cuantificar fenómenos estigmatizados como la informalidad y que puede contribuir justamente a alimentar. Pues se trata de un problema que no se circunscribe al campo académico, sino que, como todo discurso, construye sentidos que tienen efectos y repercusiones en el campo político-social.

La propuesta que se condensa en estas páginas es sencilla pero imprescindible: la necesidad de que los números vayan acompañados por una mirada crítica constante hacia su propia producción –reflexiva, atenta y explícita, desde su cocina hasta su comunicación– y atenta a que la producción de datos (científicos) no puede abstraerse de la responsabilidad (social) y el compromiso (político) que involucra esta construcción y que nos interpela a pensar(nos) en clave ético-metodológica. Se trata de un desafío siempre inacabado, pero no por eso (o quizás precisamente por eso) menos necesario.

Referencias bibliográficas

Abramo, P. (2013). Mercado informal y producción del hábitat: la nueva puerta de acceso a los asentamientos populares en América Latina. En T. Bolívar y J. Erazo Espinosa (Coords.), Los lugares del hábitat y la inclusión (pp. 29-58). FLACSO-CLACSO-MIDUVI.

Appadurai, A. (1996). Modernity at large: Cultural dimensions of globalization. University of Minnesota.

Arqueros, M. S. y Canestraro, M. L. (2017). Procesos sociales y dinámicas urbanas: debates sobre el abordaje de la informalidad. Cardinalis, 9, 67-85. En core.ac.uk/download/pdf/212814737.pdf.

Auyero, J. y Berti, M. F. (2013). La violencia en los márgenes. Una maestra y un sociólogo en el conurbano bonaerense. Katz.

Azuela, A. (1993). Los asentamientos populares y el orden jurídico en la urbanización periférica de América Latina. Revista Mexicana de Sociología, 55(3), 133-168. En doi.org/10.2307/3540926.

Bourdieu, P. (1993). Espíritus de Estado. Génesis y estructura del campo burocrático. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 96-97, 49-62.

Bourdieu, P. (1999). Efectos de lugar. En La miseria del mundo (pp. 119-124). FCE.

Canestraro, M. L. (2013). ¿Ilegales, irregulares, informales…?: Aportes para un debate sobre el acceso al suelo. Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences, vol. especial, 249-370. En dx.doi.org/10.5209/rev_NOMA.2013.42351.

Coraggio, J. L. (2018). Potenciar la Economía Popular Solidaria: una respuesta al neoliberalismo. Otra Economía, 11(20), 4-18. En repositorio.ungs.edu.ar/handle/UNGS/408.

Del Río, J. P. (2012). El lugar de la vivienda social en la ciudad: Un análisis de la política habitacional desde el mercado de localizaciones intra-urbanas y las trayectorias residenciales de los habitantes [tesis doctoral]. En www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/library?a=d&c=tesis&d=Jte464.

Halpern, G. (2010). Desigualdades y diferencias. Inmigrantes regionales. En la Argentina en L. Mota Díaz, N. Cohen y A. Cattani (Coords.), América Latina interrogada: mecanismos de la desigualdad y exclusión social (pp. 137-156). UAEM-Miguel Ángel Porrúa.

Kemeny, J. (1992). Housing and social theory. Routledge.

Marcos, M., Mera, G. y Di Virgilio, M. (2015). Contextos urbanos de la Ciudad de Buenos Aires: una propuesta de clasificación de la ciudad según tipos de hábitat. Papeles de Población, 21(84), 161-196. En ri.conicet.gov.ar/handle/11336/51972.

Margarit Segura, D. y Bijit Abde, K. (2014). Barrios y población inmigrantes: el caso de la comuna de Santiago. Revista INVI, (29)81, 19-77. En revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/62586.

Massidda, A. L. (2018). Cómo nombrar a la informalidad urbana: Una revisión de las definiciones en uso, sus implicaciones analíticas y su alcance. Quid, 16 (10), 301-315. En publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/quid16/article/view/2803.

Massolo, A. (1999). Mujeres y hábitat popular, ¿cooperación para la sobrevivencia o para el desarrollo? Hojas de Warmi, 10, 79-89.

Mera, G. (2018). Tras los patrones de asentamiento: interrogando los mapas de distribución espacial de los migrantes regionales en la Aglomeración Gran Buenos Aires. Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana (REMHU), 26(52), 189-208. En doi.org/10.1590/1980-85852503880005211.

Mera, G. (2020). Migración y vivienda en la Aglomeración Gran Buenos Aires: un estudio sobre condiciones habitacionales a partir de una tipología de áreas residenciales. Territorios. Revista de Estudios Urbanos y Regionales, 43, 1-32. En revistas.urosario.edu.co/xml/357/35763993012/html/index.html.

Mera, G. (2021). Las urbanizaciones informales en la aglomeración Gran Buenos Aires. Una aproximación sociodemográfica a partir de datos censales (2010). Astrolabio. Nueva Época, 26, 130-159. En doi.org/10.55441/1668.7515.n26.25871.

Mera, G. y Marcos, M. (2012). Los censos de población como fuente de datos para trabajar a nivel microespacial (1980-2010). Pampa, 8, 137-161. En doi.org/10.14409/pampa.v1i8.3219.

Mera, G. y Marcos, M. (2023). Migración y vivienda en Buenos Aires: intensidad, calendario y generación como claves para entender el acceso a la propiedad. Territorios. Revista de Estudios Urbanos y Regionales, 48, 1-28. En doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.12308.

Mera, G. y Rosas, C. (2021). Informalidad. En C. Jiménez Zunino y V. Trpin (Coords.), Pensar las migraciones contemporáneas: categorías críticas para su abordaje (pp. 181-190). TeseoPress.

Mera, G. y Vaccotti, L. (2013). Migración y déficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires: resignificando el “problema”. Argumentos. Revista de Crítica Social, 15, 176-202. En publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/argumentos/article/view/906.

Openshaw, S. (1984). Ecological fallacies and the analysis of areal census data. Environment and Planning, 16(1), 17-31.

Otero, H. (2006). Estadística y nación: una historia conceptual del pensamiento censal de la Argentina moderna, 1869-1914. Prometeo Libros.

Perissinotti, M. V. (2021). Migraciones y producción social del hábitat (integral) en la argentina contemporánea. ODISEA, Revista de Estudios Migratorios, 8, 210-237. En publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/odisea/article/view/6921.

Sassone, S. y Cortés, G. (2014). Escalas del espacio migratorio de los bolivianos en la Argentina. En S. Carlota, S. Parella, y A. Petroff (coord), Las migraciones bolivianas en la encrucijada interdisciplinar: evolución, cambios y tendencias (pp. 75-110). Servei de Publicacions.

Sautu, R. (2005). Todo es teoría: objetivos y métodos de investigación. Lumiere.

Varela, O. y Cravino, C. (2008). Mil nombres para mil barrios. Los asentamientos y villas como categorías de análisis y de intervención. En C. Cravino (Org.), Los mil barrios informales del Área Metropolitana de Buenos Aires. Aportes para la construcción de un observatorio del hábitat popular (pp. 45-64). UNGS.

Yujnovsky, O. (1984). Claves políticas del problema habitacional argentino, 1955/1981. Grupo Editor Latinoamericano.

---