Laura C. Yufra

A la luz de lo recabado en otros trabajos (Yufra, 2023a) sobre cómo las personas participantes de mis pesquisas aceptaban o rechazaban de modo abierto o parcial la categorización como migrantes bolivianas/os, emerge la problematización en torno a la asignación de esa nacionalidad en el estudio de la población originaria de Bolivia en el contexto jujeño. Así pues, una operación aparentemente sencilla y transparente revela aristas y escalas que requieren precisiones. De esta constatación resulta el interés en registrar este aspecto, así como, además, pensar en las ideas y los supuestos que moviliza ese tipo de categorización para producir los efectos señalados en las personas participantes de un proceso de investigación^[1]. Por otra parte, ya existen otras formas de teorización para dar cuenta de fenómenos vinculados a la movilidad poblacional en la región, y es por ello que el ejercicio que me propongo es abordar las implicaciones epistemológicas de algunas de estas categorizaciones, e inferir sus consecuencias políticas y ciertas advertencias de tipo ético en relación con las personas que participan o participaron en las actividades de investigación que conduzco. Desde el campo de los estudios migratorios, algunas contribuciones han señalado las limitaciones de ciertas formas de conceptualizar estos fenómenos ya que muchas veces los contextos específicos en los que se desarrollan y las formas y características de movilidad desplegadas desbordan o exceden tales conceptualizaciones. Por ello, al recorte que establece la noción de migraciones internacionales en Jujuy, lo relaciono, desde el recorrido tentativo y parcial que proponemos, con otros conceptos que dan cuenta de fenómenos colindantes. Como acabamos de señalar, esta necesidad de ensanchar las categorías conceptuales responde a cierto privilegio en el estudio de las migraciones internacionales^[2] en detrimento de otras formas de movilidad (Grimson, 2011; Caggiano y Torres, 2011), como las migraciones internas, las circulares o la combinación de estas manifestaciones (Caggiano y Torres, 2011; Tapia, 2015; Karasik, 2021).

Región fronteriza: área, territorio y movilidad

Atendiendo a lo que acabamos de señalar, en el marco de sus trabajos en el norte de Chile, Marcela Tapia (2015) se pregunta por la pertinencia en cuanto al uso de los conceptos migratorios tradicionales, para el estudio de las migraciones en la mencionada región donde confluyen “nuevas migraciones” sudamericanas en los años 90 del siglo xx con migraciones fronterizas bolivianas y peruanas de muy larga data. Con miras a poder asir una mayor diversidad de la movilidad de la población, la autora afirma que las regiones fronterizas “son lugares de circulación de personas, tanto de aquellas que buscan cruzar para instalarse al otro lado o para seguir hacia otro destino, como para ir y venir aprovechando las oportunidades que encuentran por el hecho de cruzarla” (2015, p. 195).

A propósito de lo recién dicho, esto es, de la historicidad específica y de la diversidad de escalas de las movilidades poblacionales, en el contexto del norte chileno^[3] es posible encontrar estructuras fronterizas que se materializan de forma diferenciada. Se trata del paso “ancestral” y el paso fronterizo internacional Colchane-Pisiga. Esta dualidad gestiona los ingresos y egresos y las movilidades de las personas de modo diferenciado, siendo la característica principal para el caso del paso ancestral la circularidad y “familiaridad” de la población que lo atraviesa.

En el caso de la provincia de Jujuy, también posee una historicidad específica en cuanto a la conformación poblacional y una diversidad de escalas de movilidad. Asimismo, en la región fronteriza provincial, resulta relevante reconocer que la frontera internacional es un espacio de importancia y un elemento estructurador de los intercambios económicos, sociales y culturales (Karasik, 2021; González, 2021).

La movilidad de la población se expresa en una diversidad de manifestaciones en cuanto a la escala y los propósitos (Benedetti y Salizzi, 2011). Si pensamos en la conurbación La Quiaca-Villazón, es posible encontrar movimientos poblacionales que atienden a cruces para realizar actividades cotidianas, migraciones estacionales o circulares y aquellas con la intención de instalarse en diferentes distritos de Argentina. De modo más reciente, y atendiendo a las diversas etapas del fenómeno migratorio venezolano, se ha identificado el ingreso por vía terrestre de personas venezolanas a través de esta frontera internacional (Rangel y Yufra, 2024). Esta situación adquirió particular relevancia cuando se produjo el cierre de las fronteras internacionales debido a la pandemia del COVID-19 (Yufra, 2023b).

Desde el punto de vista del control del territorio, la frontera se materializa en el paso internacional con sus sistemas aduaneros, así como también por pasos “no habilitados” por el que cruzan personas y mercancías. Asimismo, tal como ha sido señalado (Benedetti y Salizzi, 2011; Tapia, 2015), la existencia de la frontera produce ventajas comparativas en función de las dinámicas económicas en la comercialización de algunos productos de consumo en la provincia de Jujuy producidos en Bolivia (como la coca, estevia, mentisan, velas, algún tipo de cerveza, etc.) o bien de productos industriales pero comercializados en la zona fronteriza.

Desde el punto de vista conceptual, por otra parte, la noción de “región fronteriza” permite vincular en el caso de la provincia de Jujuy una relación particular con el centro: el desarrollo capitalista estatal-nacional priorizó el desarrollo de la región pampeana y del puerto de Buenos Aires como su motor económico, convirtiendo en periferia el territorio distante. Así pues, paulatinamente el territorio del actual norte argentino y el sur boliviano perdieron la centralidad asociada al Virreinato del Perú, y se convirtieron en periferia (Karasik, 2005).

En añadidura, la noción de “región fronteriza” aporta un marco contextual de las dinámicas sociales que acontecen en la región, así como un marco de comprensión para otras movilidades asociadas con las migraciones internacionales como paseras/os, transportistas, migraciones temporales, migraciones internas, etc.

En este sentido, como señala Tapia (2015), resulta sugerente la consideración de conceptos más inclusivos, como los de “movilidad” y “circulación”, para dar cuenta de un espacio de circulación donde el retorno y el establecimiento multilocal –binacional– son sus rasgos característicos. En esa línea, es posible reconocer asociaciones con los conceptos de “trasnacional”^[4] y “transfronterizo”, señalando para este último el aspecto espacial y territorial como su característica central, permitiendo reconocer redes, entramados y prácticas de la movilidad.

Entre las capacidades explicativas de la noción, se encuentra además la aproximación a la configuración de los Estados nacionales y a la condición de la frontera como un recurso más, objeto de disputas que expresan relaciones desiguales de poder entre diversos actores sociales implicados (Grimson, 2012). Por ello es posible identificar procesos de fronterización que han sucedido en contextos específicos de agudización de determinados conflictos vinculados con el acceso a algún derecho. Así pues, son bolivianas/os en Jujuy (Karasik y Yufra, 2019) como chilenas/os en Neuquén (Caggiano y Mombello, 2020) en el marco de restricciones transversales para el acceso a la salud y la vivienda, quienes son alterizadas/os en su condición de extranjeras/os del país cercano en cada caso. La frontera define la nacionalidad extranjerizada en función de la colindancia.

Por último, se destaca que la noción de “región fronteriza” aporta una dimensión más amplia en relación con la noción de “límite”, ya que no se trata meramente de una línea, sino de un área de influencia de la frontera que necesariamente es más abarcadora. Esta característica es la que explica que no sea posible indicar con precisión dónde comienza y dónde termina la frontera si atendemos a sus efectos sociales.

Desde el punto de vista de la geografía crítica, Benedetti (2014) elabora su propuesta de conceptualización de espacios fronterizos del sur sudamericano. Su análisis abarca las fronteras de Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil y aporta la posibilidad de comprensión sistemática y comparativa para el análisis de los espacios fronterizos, que incluye a La Quiaca-Villazón, siendo las movilidades una de sus dimensiones, pero que atiende además aspectos tales como la diferenciación territorial, los procesos de fronterización, los territorios interiores, los territorios exteriores y los lugares de frontera, siendo considerados transversalmente los aspectos sociohistóricos, políticos y económicos.

Presencia boliviana: reivindicando cultura, despersonalizando identidades estigmatizadas

Interesa aquí retomar la formulación conceptual de Gabriela Karasik (2005), quien postula la idea de “presencia” boliviana en Jujuy como un concepto que logra captar otras manifestaciones culturales del fenómeno migratorio y de las desigualdades persistentes en la región.

En el caso de la provincia de Jujuy, el territorio condensa procesos históricos, sociales, económicos y políticos. La presencia boliviana ha sido constante desde los primeros censos nacionales (Calvelo, 2012). Asimismo, el desarrollo de la industria azucarera y del sector frutihortícola hasta la década de los 70 del pasado siglo había sido el motivo de la intensificación de la llegada de la población boliviana a la provincia y su posterior diversificación a otros distritos dentro del país (Zalles Cueto, 2002).

La noción de “presencia” permite dar cuenta de entramados culturales de enorme vitalidad y productividad social que van desde las manifestaciones dancísticas, culinarias, religiosas, festividades hasta negocios, productos, etc. Se trata pues de una afirmación positiva de expresiones culturales de una identidad que, considerada desde su vertiente nacional, resulta estigmatizante.

La afirmación de esa categoría tiene una implicación epistemológica que consiste en cuestionar otras dos ideas vinculadas con las migraciones internacionales: la idea de la transitoriedad e ilegitimidad de la presencia boliviana en la provincia. Como bien analizó Sayad (2010), la atribución de presencia provisoria es una forma de deslegitimación, de negar la existencia social de la extranjería.

Como ya se ha señalado, en la provincia han estado presentes de modo continuo e ininterrumpido las migraciones bolivianas desde los primeros censos nacionales, así como también es evidente su arraigo territorial. Por ello, a pesar de la idea de transitoriedad adjudicada a la presencia migrante no nacional que demanda el orden nacional, que exige su restauración ya que interpreta la presencia extranjera como una anomalía, lo boliviano en la provincia persiste. Aquello que deniega el concepto de presencia boliviana en Jujuy es esa condición de la transitoriedad, ya que solo bajo esa condición se volvería aceptable su presencia.

La idea conceptual recién mencionada ofrece herramientas para cuestionar ambos aspectos, se trata de una presencia permanente y legítima que pone de manifiesto las profundas raíces y trayectorias de inserción de determinados actores. Advierte además sobre las falacias de las diferenciaciones en el marco de un destino común marcado por las trayectorias sociales convergentes entre sectores (Karasik, 2011).

Resulta de interés indicar que la idea de presencia boliviana, pensándola en tensión con el campo de estudios migratorios, no remite a la movilidad poblacional, sino precisamente a la pertenencia arraigada e inmóvil en el territorio una vez producida la migración; en este sentido, también encontramos asociada esta cuestión de las edades de la migración (Sayad, 2010).

Por otra parte, lo dicho sobre la similitud entre bolivianas/os y jujeñas/os está vinculado con lo referido anteriormente sobre región fronteriza. Pero, al dejar de lado “lo fronterizo”, postula la presencia (prolongada y legítima) de las/os bolivianas/os en el territorio y la nación argentinos. Asimismo, al despersonalizar la nacionalidad, propone una oscilación que una atribución de la nacionalidad boliviana (estigmatizada y estigmatizante) no permite: es posible reconocer la riqueza y los aportes de la pertenencia boliviana sin asumir una identidad menospreciada. No obstante, no cabe demasiado optimismo sobre dicha oscilación. A pesar de lo que acabamos de señalar, la afirmación de la presencia boliviana en Jujuy también remite a una exclusión –aunque sea despersonalizada– del territorio provincial de la nacionalidad argentina. Así lo decía una conductora radial de medios nacionales en el 2020: “Jujuy es Bolivia”. La reacción social ante tales declaraciones fue de rechazo, y el ENACOM (Ente Nacional de Comunicación) consideró los dichos de la locutora como discriminatorios. Pero, más recientemente, y de modo indudablemente discriminador, el diputado nacional Pichetto afirmaba en una entrevista con María O’Donnell y Ernesto Tenenbaum en el programa 540° por Cenital+: “El charanguito y la música del norte no tienen nada que ver con Argentina”.

Por último, pasaré a indagar sobre las posibilidades que ofrecen formulaciones tales como “migración andina” o “migraciones indígenas”.

Migraciones indígenas, migraciones andinas

Ha sido señalada la escasa producción teórica en relación con la articulación entre migraciones indígenas e internacionales (Mardones, 2015). Así como también la afinidad que es activamente producida en determinados contextos por el abordaje gubernamental entre los fenómenos migratorios y el tratamiento de los pueblos originarios. Caggiano y Mombello (2019) analizan las normativas gubernamentales y el tratamiento contextualmente equivalente llevado a cabo de las migraciones y de la población indígena. Se detienen en los años 2015 y 2019, en los que reconocen la atribución de potencialidad de violencia tanto a los pueblos originarios como a las personas extranjeras. Particularmente sobre el pueblo mapuche, los citados autores recuerdan los dichos de la por entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y redesignada en el 2023, quien ponía en discusión la nacionalidad del pueblo mapuche. El trabajo señala cómo, luego de las muertes violentas de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel por la acción de las fuerzas de seguridad, se apuntó a la condición de extranjería de un grupo mapuche. Consecuentemente, tanto la extranjería como la pertenencia étnica fueron los argumentos esgrimidos para la construcción de una alteridad peligrosa.

Lo recién señalado apunta a que, en ambos casos, se trata de poblaciones cuya presencia ha sido cuestionada, invisibilizada o silenciada en la historia nacional. Ello redunda en la configuración de la ilegitimidad de esos colectivos. Como apuntamos más arriba en relación con la “presencia boliviana”, en la construcción alterizada de la nacionalidad, también se pretende la construcción de la ilegitimidad como justificación de la exclusión: se trata tanto del territorio estatal nacional, como de los recursos de diferente tipo que dicha pertenencia estatal-nacional debería dar acceso. Y ambos aspectos se encuentran estrechamente entrelazados si partimos de la idea del ejercicio de la ciudadanía. El proceso de oscilación o deslegitimación hacia esos colectivos (indígenas o migrantes) en realidad remite a que dicha condición cuestionada se transfiera a las demandas que puedan exigir o al ejercicio pleno de derechos ciudadanos, particularmente el acceso a la salud, a la educación, a la seguridad social, al territorio, a la movilidad en él, a la membresía plena.

Desde el punto de vista heurístico, esta forma de categorización como migración indígena, según Caggiano y Torres (2011), contribuiría a “desnacionalizar” el campo de los estudios migratorios, donde la categorización predominante es la identificación del país de proveniencia, sin atender a otras diferencias regionales, étnicas, de clase, etc., en su interior. Pero, además, a reconocer las exclusiones y amnesias que los procesos de configuración estatal nacional conllevan. En el caso de estudio, la unidad regional precedente a la conformación de los Estados nación de Argentina y Bolivia se aplica la constatación de la circulación poblacional regional. Pero, además, al identificar las migraciones de este tipo bajo la categoría de indígenas, se da cuenta de un vínculo ancestral con el territorio. En consecuencia, existe un argumento que incluso es esgrimido políticamente para contestar la alterización y la deslegitimación de la pertenencia nacional-estatal. Mardones señala ese vínculo en el que se produce “el auto-nombramiento como originarios, nominación que, rechazando el discurso hegemónico sostenido sobre la colonización” (2015, p. 152), denuncia la violencia hacia quienes ya habitaban el territorio. De modo reciente la charanguista y técnica en antropología Rut Alonso (2025) contestaba en sus redes sociales a las declaraciones del diputado Pichetto con el argumento de la ancestralidad y la precedencia en el territorio.

A diferencia de los conceptos precedentes (“región fronteriza”, “presencia boliviana”), los de “migraciones indígenas” o “migraciones andinas” se han articulado con reivindicaciones políticas que se manifestaron de modo más claro en el denominado Jujeñazo (Fernández Almeida y Manestar, 2024). Podemos inferir que las nociones de “migraciones indígenas” o “andinas” podrían contener este componente que complejice y cuestione la pretensión de deslegitimación que se ha asociado con el concepto de “migración”.

Y, sin embargo, las migraciones internacionales

A pesar de lo dicho, y teniendo en cuenta los efectos epistemológicos y políticos de las teorizaciones trabajadas previamente, parece necesario seguir sosteniendo también las categorías vinculadas a las migraciones internacionales, para poder reconocer la persistencia del Estado nación en la configuración de la extranjería y los derechos asociados a la pertenencia al Estado nación. Asimismo, permite vislumbrar de modo claro los contextos y las escalas en los que se producen procesos de fronterización, como estrategia de deslegitimación de diversos grupos sociales.

Contiene la virtud de poner de manifiesto de modo preciso la vinculación de las migraciones con la dimensión política, en el sentido que Sayad (2010) le otorga, es decir, que es la constitución del Estado nación la que hace nacer a “su” inmigración.

En nuestro caso de estudio, la emergencia de la identificación a partir de la nacionalidad boliviana cobra un peso específico en determinados sucesos políticos. Nos referiremos al golpe de Estado acontecido en el 2019 contra el expresidente Evo Morales. En esa situación, en la provincia se manifestaron colectivos que se reconocieron como compatriotas y en dicha condición asumieron la denuncia del golpe y la defensa de la vida del presidente y de las personas militantes que temían por su libertad e integridad. Así pues, se llevaron a cabo acciones públicas tales como la organización de manifestaciones, entrevistas a medios locales y en Bolivia para la denuncia de la situación, participación en diferentes espacios promovidos desde las organizaciones sociales.

Por otro lado, la categorización nacional remite también a la política, en momentos recientes de prácticas y discursos hostiles hacia la inmigración en general, y hacia colectivos como el boliviano en particular, emanados desde las representaciones políticas. Nos referimos a situaciones producidas con la llegada del exgobernador Gerardo Morales al gobierno provincial y sus declaraciones contra el supuesto abuso de la población boliviana de los recursos sanitarios (Karasik y Yufra, 2019) y durante la pandemia del COVID-19 (Yufra, 2021), que fueron analizadas oportunamente.

Más recientemente, a partir de las declaraciones hostiles del presidente Milei, tuvimos conocimiento del efecto paradójico de un intento de nacionalización por parte de una participante de estudio. Se trata de una mujer que reside hace treinta y cinco años en la provincia, que cuenta con su residencia permanente, y que, por temor a perder su jubilación por ser madre de siete hijos, intentó iniciar el mencionado trámite. El efecto paradójico refiere a que, en el movimiento burocrático, se identificó un no registro de reingreso al país de la mujer, que pone en peligro no solo su radicación, sino también la jubilación percibida.

Por lo dicho, además de la necesidad de pensar categorizaciones alternativas a la nacional, la persistencia de la categorización como personas bolivianas permite identificar cuándo y cómo los procesos de fronterización se activan y cómo se actualizan las alteridades con fines excluyentes y estratificadores de la ciudadanía social.

Lo dicho resulta esclarecedor de lo referido al comienzo del trabajo en relación con las personas participantes en mis investigaciones. La atribución de la nacionalidad boliviana, aunque se trate de un trabajo de investigación académico, puede ser una identificación de difícil asunción, de allí ciertos reparos o recelos para asumirla y la necesidad de prestar atención a lo acontecido.

Reflexiones finales

La constelación conceptual que se presentó ofrece ciertamente un despliegue de matices que ninguno de los aportes teóricos tomado individualmente puede abarcar. Los párrafos precedentes apuntan a la tensión contenida en la idea de nacionalidad y ciudadanía, cuyas consecuencias negativas han sido señaladas (Balibar, 2013; Gil Araujo, Courtis y Yufra, 2025). Ese lazo entre nacionalidad, nacimiento, territorio y ciudadanía que concede el acceso a derechos es el nudo que no logra desentrañarse principalmente desde el punto de vista político. Se constata pues la persistencia de las ideas y los imaginarios sociales fuertemente asociados entre nacionalidad y ciudadanía que no se logran desprender del todo de estos sentidos nocivos que menoscaban la posibilidad de movilizar demandas.

Es decir, los procesos de fronterización, el desconocimiento de la raigambre y la presencia boliviana en la provincia de Jujuy o la alterización de las comunidades indígenas son formas de justificar ya sea una inclusión subordinada o un tratamiento desigual de las poblaciones.

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