Entre las industrias de bienes de consumo, el sector del calzado tiene algunas características particulares, como aquella de proveer un bien básico, cuyo consumo resulta indicativo del grado de bienestar alcanzado por la sociedad^[2]. Por ese motivo, es una industria a menudo catalogada bajo el nombre de industria o cadena “bien-salario”^[3]. A su vez, como se adelantó en el capítulo 3, la confección de calzados es uno de los sectores más demandantes de mano de obra, dado que sus posibilidades de automatización son limitadas^[4].

La industria del calzado forma parte de una cadena productiva que comienza en la fase primaria con la producción de ganado y cueros ovinos y bovinos^[5], materiales con los que se elaboran sus partes. En el caso del calzado que no es enteramente de cuero, la industria se relaciona también con la cadena productiva del caucho, el plástico, o textil, tal como se aprecia en el gráfico 0. La producción estándar del calzado involucra tres etapas básicas: corte de material (que puede hacerse de forma manual o mecánica / computarizada), aparado o pespunte (cuando se preparan las piezas antes del armado, como la costura de las piezas que conforman la parte superior del calzado, una de las etapas más intensivas en mano de obra) y armado final^[6]. En materia de tecnología, al interior de cada categoría de productos, conviven diversos grados de actualización tecnológica, en la medida que las producciones de alta gama utilizan una técnica más artesanal y las empresas productoras de calzado deportivo, principalmente, utilizan un esquema productivo más robotizado^[7].

La incidencia de la mano de obra en esta industria hizo que, a nivel mundial, se localizara preferentemente en países o regiones que ofrecían mano de obra abundante y salarios bajos. Después de la segunda guerra mundial, los zapatos (conjuntamente con la vestimenta y los textiles) permitieron a Japón reinsertarse en el mundo industrializado^[8]; en los años ‘70 dicha producción comenzó a transferirse a los “tigres asiáticos” (Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong) y a Brasil, países que alcanzaron una gran participación en el comercio exterior mundial de calzados hacia los ’80^[9]. Claro que, a medida que esos países avanzaron en su proceso de industrialización, hubo también un aumento del salario promedio, que ocasionó una nueva relocalización de la producción, a partir de los ’80, en China, Indonesia y Tailandia^[10]. Como puede observarse en la tabla 10, China pasó de exportar el 3,5% del total mundial en 1988 al 32,9% en 2008^[11], con lo que se convertía en la “zapatería del mundo”^[12]. Brasil, mientras tanto, reducía su participación en ese lapso del 5,2% al 2,2%.

Para comprender esta evolución es importante tener en cuenta que el comercio y la producción mundial de calzado se fue concentrando bajo la conducción de firmas multinacionales, propietarias de las principales marcas, en particular, dedicadas al calzado deportivo. Se trata de un número relativamente menor de compradores globales que distribuyen gran parte de la producción^[13]. Para estas empresas, el desarrollo de producto, la comercialización y la promoción constituyen áreas prioritarias, por lo que permanecieron bajo su control mientras que, en cambio, la fabricación física se trasladaba con relativa facilidad entre países, priorizando el ya mencionado bajo costo de mano de obra, entre otros factores^[14]. Esto vale para las producciones de tipo intensivo (baja gama) más que para las producciones de alta gama, donde las ventajas salariales no hacen la diferencia, sino más bien el mayor nivel de calidad y los recursos humanos calificados. De allí que, históricamente, los principales centros de diseño sigan encontrándose en Italia y España^[15]. Aquel reducido número de compradores están concentrados en su mayoría en Estados Unidos y Europa, e imponen sus condiciones en las cadenas de valor. Por eso, algunos autores recuerdan que no se trata de un mercado anónimo y con infinitos compradores y proveedores, sino más bien de uno en el que el acceso a los mercados globales dependen de aquellos pocos compradores y sus intermediarios locales. De allí que sea clave, para ese acceso, convencerlos de la habilidad y confiabilidad de los productores locales, que muchas veces son pequeños^[16].

La competencia en este mercado no pasa sólo por los precios, sino también por la denominada “diferenciación de producto” en su diseño, calidad y materiales. Allí las economías de escala no son tan importantes, sino más bien la calificación de la mano de obra y la sofisticación de la tecnología (que si es alta permite, por ejemplo, permanentes cambios de diseño, mientras que aquella baja es suficiente para productos estandarizados a precios bajos)^[17].

Otro elemento relevante en la producción de calzado lo representa la disponibilidad de los materiales, como pieles y cueros crudos y curtidos, insumos fundamentales para esta actividad. Como se verá en este capítulo, la disponibilidad de cuero en Argentina fue tanto un incentivo como un problema para el desarrollo de la industria del calzado en los momentos en que se privilegiaba su exportación en lugar del abastecimiento del mercado interno. De todas maneras, algunos autores consideran que no fue la existencia de cuero la que desarrolló la industria del calzado en el país, sino que, por el contrario, la demanda de esta industria fue la que incentivó el desarrollo de las curtiembres^[18]. Luego, la aparición de nuevos materiales derivados del caucho y del plástico permitió reemplazar al cuero para suelas y capelladas (en algunos tipos de calzado), por lo que otro tipo de materiales (como membranas Goretex, goma eva, poliuretano PU, etc.) adquirieron mayor importancia, aunque el cuero siguiera siendo el insumo principal de los calzados de alta calidad, por su flexibilidad y capacidad de amoldamiento^[19].

Pero fue su característica trabajo-intensiva la razón por la que el sector recibió un apoyo explícito por parte de los gobiernos de países desarrollados y en desarrollo para mantener competitiva a esta industria, bien fuese por medio del esfuerzo tecnológico o de reglas en materia de comercio e inversión^[20]. El mismo motivo hace que se lo relacione con la creación de “capital social” y su promoción forme parte de las recomendaciones de políticas públicas de organismos internacionales del tipo de UNIDO, como se mencionó en el capítulo 3^[21]. En este capítulo se verá que, en Argentina, esa característica favoreció que el sector adquiriera “fuerte impacto social y electoral”, sobre todo en la capital del país y alrededores.

Se trata de un sector industrial que ha sido objeto de pocos estudios históricos^[22], aunque, hasta mediados del siglo XX, llamara la atención de los contemporáneos como una de las industrias más modernas del país^[23]. El capítulo destaca los orígenes de esta industria en un contexto agroexportador, sus principales características, sus formas de producción y su evolución, así como también su organización política temprana. Se identifican sus principales actores, sus ideas y discursos vinculados a la política comercial, así como la visibilidad que adquirió el sector ante los gobiernos hasta 1990.

5.1 Orígenes de una manufactura durante el modelo agroexportador (1880-1929). La creación de la Cámara de la Industria del Calzado como actor político

La literatura ubica los orígenes del calzado argentino en la época colonial^[24], aunque en 1607 se registrara solo un maestro zapatero secundado por algunos aprendices^[25]. Gracias al censo realizado por el Virrey Vértiz más de cien años después, se supo que en 1778 los zapateros ya constituían el gremio más numeroso^[26]. En 1780, el entonces virrey aprobaba la creación del gremio de zapateros y se dictaba su “Reglamento económico del gremio de zapateros de la Capital de Buenos Aires”. El virrey respondía así a la solicitud de 64 zapateros (39 no sabían firmar, todos ellos eran españoles o nativos) de organizarse en gremio. La solicitud señalaba

el manifiesto atraso en los artesanos de esta capital, porque siendo tan limitadas las ganancias [enfrentan una] multitud de sujetos que ocupan (…) estos ejercicios y ponen tienda pública de Maestro sin más conocimientos de su oficio o arte que [el que] es preciso para el desempeño de un aprendiz, u oficial hábil en perjuicio de los verdaderos Maestros^[27].

La industria mostraba, desde sus inicios, constituir una actividad apta aún para personas sin calificación especializada, así como la rivalidad entre los que podían considerarse profesionales (maestros) y aquellos que, sin tal calificación, se dedicaban igualmente a producir el calzado.

Existen distintas percepciones sobre la evolución de la industria desde entonces. Según González Espul, hasta la Revolución de Mayo, la manufactura del calzado era una de las más desarrolladas, aunque la posterior liberalización del comercio la perjudicó, importándose, hasta 1890, el 90% del calzado que se consumía desde Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Suiza y Bélgica. La producción local de calzado era escasa y deficiente; sólo el calzado de mejor calidad era realizado por los antiguos maestros, a los que había que llevarles el cuero y encargarlos con tiempo^[28]. Claudio Salvador, en cambio, considera que ya para la época de la revolución las tiendas vendían “calzado europeo y americano” aunque reconoce que para el poco calzado local se usaban “suelas de Salta y cordobanes (cuero curtido de cabra) de Tucumán y Córdoba”^[29]. Para él, la industria se desarrolló recién a fines del siglo XIX y principios XX, y recuerda que lo hizo en momentos en los que el país “aún no tenía una producción adecuada y suficiente de cueros curtidos para la capellada”, por lo que los fabricantes debían proveerse de cueros curtidos importados^[30]. Una línea similar aporta Kabat, en su estudio dedicado al cambio en la organización del trabajo que se produce en esta industria. La autora analizó el tránsito de la industria del calzado entre 1880 y 1940 desde la “manufactura” (trabajo manual aunque fragmentado) hasta la “gran industria” (donde el obrero queda supeditado a las máquinas). Considera que, antes de 1890, la confección del calzado “presentaba más similitudes que diferencias con los métodos empleados durante los siglos anteriores”, y aún no había siquiera una división del trabajo: todo el proceso se realizaba en el domicilio del zapatero y sólo el aparado se había separado de aquél para que fuera realizado por personas especializadas. Entre 1870 y 1890 ya había algunos establecimientos que avanzaban en la mecanización y en la división del trabajo, pero de manera aislada y dedicada solamente a la producción de calzado de calidad inferior, para los sectores populares^[31].

A partir de 1890, y con ayuda de la crisis de esos años^[32], Kabat marca el inicio de la etapa de manufactura, caracterizada por el trabajo en “rueda”, que permitió la división de más de cien actividades parciales, realizadas por obreros diferentes, aunque las técnicas y herramientas de trabajo eran las mismas de antaño^[33]. Con la llegada de inmigrantes al país a fines del siglo XIX en forma masiva, se incorporaron artesanos de diferentes oficios, muchos de los cuales eran maestros zapateros, acrecentándose la manufactura local. Algunos de ellos se destacaron como dirigentes obreros del sinnúmero de gremios de oficios que se crearon, de acuerdo a las ideas anarquistas y socialistas que trajeron de Europa (como la anarquista Federación Obrera del Calzado creada en 1903) y otros se transformaron en patrones, con fábricas y talleres, aún rudimentarios. A fines de siglo XIX existían ya nombres de empresas que se destacarían hasta el siglo XX, como Grimoldi y Alpargatas.

Las actividades de la última habían comenzado en 1883 y a los pocos años se expandirían, junto a tareas textiles, a Uruguay (1890) y Brasil (1907)^[34]. Alpargatas había nacido como una empresa argentina con mayoritaria presencia de accionistas británicos, cuyo producto más popular fue el calzado de yute, dedicado a las clases bajas. Sin embargo, desde temprano se expandió a distintos tipos de calzado, como el de cuero a principios de 1900 y el de suela de goma en 1929^[35]. Algunos datos hablan de la dimensión que rápidamente adquirió la fábrica: en 1887, Alpargatas empleaba a 530 personas, mientras que las restantes 61 fábricas de calzado de yute registradas en Buenos Aires empleaban, entre todas, 459. En 1914, su activo representaba más del 70% del total de las empresas del ramo de la capital y más del 50% del total nacional^[36]. Durante todo el modelo agroexportador, que se caracterizó por la dependencia de tecnologías importadas, vía licencias e importaciones de bienes de capital, a esta empresa se le reconoció la capacidad de renegociar los contratos de provisión de tecnología con los proveedores ingleses con los cuales se había asociado inicialmente, y de buscar nuevas fuentes cuando estos últimos no ofrecían las tecnologías más avanzadas. Además, avanzó en dirección a una cada vez mayor autonomía en las decisiones de ventas y distribución, desvinculándose de la firma inglesa que originalmente estaba a cargo de esas actividades^[37]. Por eso, Alpargatas es considerada como una de las empresas líderes que, aún orientadas al mercado interno en el período agroexportador, producía manufacturas en instalaciones modernas y era competitiva según los estándares internacionales^[38].

Algo similar ocurría con Grimoldi que, aunque de menor tamaño, desde la primera mitad del siglo XX creció mediante la adquisición de tecnología en maquinaria novedosa para su época, tal como la fabricación por medio punto –que llevó a que su nombre tuviese como extensión “la marca del medio punto”– o la vulcanización directa de fondos de goma al cuero, que hacían de “Gomycuer” un calzado “cómodo y durable aún en las peores condiciones de uso”^[39].

La instalación en Argentina de la United States Machinery Co (Umsco) en 1903 facilitó el acceso a maquinaria y repuestos^[40], iniciando la transición hacia la gran industria, mecanizando gran parte de la fabricación. Lo mismo sucedió con la implantación de la Singer Machinery Co. en el país, en 1906^[41]. Este avance en la mecanización se refleja ya en los censos, donde se ve que el número de zapaterías de producción a medida cae de 697 en 1887 a 489 en 1908 y 375 en 1914^[42]. Aun con este proceso, actividades importantes de la producción seguían siendo manuales, como el corte de cuero (las suelas, en cambio se cortaban y acondicionaban mecánicamente), el armado (los pasos siguientes, el centrado y montado se hacían a máquina), partes del aparado y otras tareas que se realizaban en las varias etapas, como humedecer el calzado, o poner y quitar hormas^[43]. La industria del calzado experimentó un crecimiento extraordinario durante y después de la primera guerra mundial ^[44], así como crecieron las industrias vinculadas, como la textil, las curtiembres, las fábricas de cajas y otros artículos para la industria del calzado^[45]. Y en 1915 se establecía la casa Enrique Schuster, que se registró como la primera fábrica local de máquinas para la industria. Aunque parte de su maquinaria más avanzada era importada, en su posterior aniversario recordaba que “su establecimiento” en 1915 –cuando “Argentina soportaba las escaseces de intercambio con Europa por la primera guerra mundial”– había sido “uno de los más decisivos factores de independencia de la poderosa industria del calzado”^[46].

Ese mismo año los fabricantes comenzaban sus gestiones para aumentar los aranceles aduaneros, reclamando que no se actualizaban desde 1903 y perjudicaban tanto a los productores como a los consumidores, ya que, pese a los reducidos aforos, el calzado importado se vendía a un alto precio^[47]. Esa fue una de las razones que llevó a los fabricantes a reunirse y formar, dos años después, el “Centro Fabricantes de Calzado”. Fortunato Delrío, fabricante y luego autor de dos libros sobre los orígenes de la Cámara de la Industria del Calzado, señalaba que la “arcaica tarifa de avalúos” que conspiraban “contra la independencia del país” había reunido a fabricantes, empleados y obreros en un mitin de protesta en Plaza de Mayo frente a la casa de gobierno. También la escasez de artículos para la producción que solían importarse (cueros finos, hilos, tintas) llevó a los fabricantes a reunirse para “estimular a los productores locales” y “crear nuevos manufactureros”. Finalmente, ante la guerra, la banca había restringido o anulado créditos, por lo que “apremió el comercio” y fue el tercer motivo de aquella reunión. Como consecuencia, el 6 de mayo de 1916 se fundaba el Centro^[48]. La fecha de origen del Centro es muy adelantada si se tiene en cuenta que otras asociaciones de ese tipo, de industrias que se habían desarrollado más ampliamente y más tempranamente, fueron muy posteriores. En la industria del cuero, por ejemplo, recién en 1939 se fundó la entonces Cámara Gremial y Mutual de Curtidores (luego “Cámara de la Industria Curtidora Argentina”- CICA), cuyo acto fundador se produjo justamente en una sala cedida por la Cámara del Calzado^[49].

El constituido centro se dedicó enseguida a su campaña para modificar los aranceles, que tuvo su resultado luego de un arduo debate en el parlamento en 1918^[50]. En el debate, las impugnaciones provinieron del partido socialista, que consideraba dicho aumento una forma de proteger al capital, mientras que los salarios de los obreros eran mínimos. El Centro, ante tales acusaciones, consideraba que dicho partido ponía “de manifiesto abiertamente el poco interés que sentía por el progreso industrial de la nación”, así como de utilizar los “mismos argumentos de los importadores”. En cambio, el entonces ministro de Hacienda, Domingo E. Salaberry, entendía que “si en algún caso es de aplicación la protección industrial, es en éste” porque se trataba de “una industria que ocupa millones de obreros”^[51], entre los que contaba hombres, mujeres y niños, “y además en las instalaciones de estas fábricas hay comprometidos capitales importantes, siendo el mantenimiento de esta industria un alto beneficio para el país”^[52]. Así, se identificaban los dos argumentos claves para la protección: el capital invertido y la ocupación que generaba. Es interesante observar que, mientras fabricantes y obreros se habían reunido para pedir protección al sector, el partido socialista, siempre cercano a los obreros, veía esta protección como una forma de privilegiar sólo a los primeros brindándoles la oportunidad de aumentar su renta a costa de los consumidores, sin ver en ello la posibilidad de una mejora en la situación de los segundos. Según algunos autores, al defender inclusive el partido socialista el libre comercio, dejó vacío un espacio ideológico que recién ocuparía el peronismo en los años 40^[53]. Finalmente, los aranceles se elevaron un 100%, decayendo la importación hasta quedar prácticamente anulada^[54]. Según Jáuregui, la característica trabajo-intensiva de la industria y su concentración en la capital hicieron que el sector lograra la benevolencia del presidente Yrigoyen por cuestiones “pragmáticas” vinculadas a su impacto social y electoral, aun cuando este era catalogado como un representante “más indiferente a la industria”^[55]. Así, de país importador antes de la primera guerra mundial, Argentina pasó a ser país exportador de calzados después^[56].

Los aranceles no fueron el único objetivo del Centro, que desde su constitución se caracterizó por ser muy activo: se registran en sus memorias publicaciones e iniciativas para la industria, gestiones ante el gobierno, apoyo a escuelas industriales, respaldo a fabricantes que enfrentaban juicios de obreros y discusiones de precios y de jornadas laborales, muchas veces en colaboración con la Unión Industrial Argentina (UIA), que se había creado en 1887. Entre 1928 y 1929 denunciaban también irregularidades en la entrada de ciertos calzados en partidas que no correspondían^[57].

Para 1920, Kabat identifica cinco empresas que ya habían completado su transición hacia lo que identifica como “gran industria”^[58]. Y, sin embargo, ese año la industria argentina del calzado entraba en crisis^[59], producto de la expansión anterior y el regreso a cierta estabilidad en los intercambios con Europa^[60]. Los aranceles bajaron en 1919 y, luego, en 1923, provocando la ira de los fabricantes, cuyo Centro elevó estudios al Congreso para argumentar su oposición a tal medida, pero con nulo resultado^[61]. A cambio, aplaudieron el requisito de etiquetado (se hacía obligatorio colocar la leyenda “industria argentina”) impuesto por el gobierno^[62]. La competencia se exacerbó y alentó importantes transformaciones productivas, que llevaron a la forma de trabajo de “gran industria” a consolidarse entre fines de 1920 y fines de 1930, con la utilización masiva del proceso de vulcanizado, que fijaba la parte superior del calzado a la suela, en un solo paso mecánico, reemplazando a 30 operaciones del antiguo sistema^[63]. Este sistema apareció en 1923 y luego se sumaron otras transformaciones, como el uso de la cinta transportadora desde 1931. En el ínterin, un video sobre la Exposición de la Industria Argentina que se llevó a cabo en 1924, organizada por la UIA durante “100 días”, mostraba la producción de calzado como una actividad industrial representativa de la provincia de Buenos Aires. En el centro del pabellón se instaló una fábrica “completa y moderna” que producía calzado a la vista del público. Según Delrío, “recién en esa fecha el público aquilató la potencialidad de esta industria”^[64]. Ese año, el Centro pasaba a transformar su identidad a Cámara de la Industria del Calzado (CIC) porque, según el propio grupo, ese nombre representaba mejor su actividad, ya que no sólo cuidaba los intereses de sus socios, sino que trabajaba “para el desarrollo y el afianzamiento de la industria, ya cuando busca para ella ante los poderes públicos la consideración a que es acreedora, ya cuando plantea y soluciona problemas de sería importancia gremial”^[65], una definición perfectamente acorde a la de un grupo de interés.

Como se puede ver, aunque este período se caracteriza por una inserción internacional del país bajo el modelo “agroexportador”, el calzado adquiere un importante desarrollo dentro de las industrias livianas. Como se adelantó en la introducción al capítulo 3, se identifica en este período el origen de la asimetría sectorial en el país, que enfrentaría a lo largo de la historia a los partidarios de la apertura comercial con los del proteccionismo. En línea con las teorías del comercio internacional expuestas en la sección 1.2.1, la alta disponibilidad de recursos naturales situaba a la industria agrícola a favor del libre comercio y a la mayor parte de la industria liviana y pesada a favor de la protección. Este clásico enfrentamiento por actividades es matizado por la “teoría del bien primario exportable” (staple theory) que considera que, dadas las condiciones naturales del país, el sector manufacturero puede ser tributario del primario, que le proporciona beneficiosos eslabonamientos^[66]; por ejemplo, el vínculo que se genera entre ambos sectores a partir de industrias basadas en productos primarios, como el calzado está basado en el cuero. Este vínculo, sin embargo, no se produjo nunca sin conflicto político, como se verá más adelante, en los momentos de enfrentamiento entre exportadores de cuero y productores de calzado que lo precisaban localmente.

La segunda asimetría que se identifica desde este período se refiere a la diferencia de productividad entre las tierras de la zona pampeana y el resto del país, que motivó diferencias importantes en la atracción inversiones e inmigración para la actividad tanto agrícola como industrial. Como se señalaba en la mencionada exposición industrial, el sector del calzado representaba principalmente la industria de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, aunque también hubiera fábricas en Córdoba, Rosario y La Plata^[67]. Es ilustrativo de la geografía económica que adquiriría desde entonces el país el hecho de que una gran empresa del sector como Alpargatas hubiera iniciado en 1905 la instalación de una nueva planta en Rosario, pero el proyecto fuese abandonado en 1907 “al comprobarse las ventajas de centralizar la producción en Buenos Aires”^[68].

5.2 Su evolución, sus principales actores y sus relaciones con los gobiernos (1930-1989)

La sustitución de importaciones y la consolidación de grandes empresas (1930-1975)

El derrumbe de la Bolsa de Nueva York en 1929 dio origen a una crisis generalizada de la economía, transmitiendo sus consecuencias al comercio mundial, que se redujo en un 30% entre 1929 y 1932. En el caso de Argentina, esa caída del comercio redujo los precios de los productos exportados y las posibilidades de importación del país, restricción que tuvo un efecto benéfico para la industria local^[69]. Entre las consecuencias sociales de la crisis, aunque fueron menores en el país en comparación con Estados Unidos o el vecino Chile, se calculó una desocupación de hasta el 28% y un traslado masivo del campo a la ciudad de arrendatarios y pequeños propietarios fundidos por los bajos precios agrícolas. La agitación social provocada por los efectos devastadores de la crisis contribuyó a la acción militar conspiradora contra el presidente Hipólito Yrigoyen, que fue apoyada por las principales entidades industriales (UIA, Sociedad Rural, Bolsa de Cereales y otros grupos).

En esta época se identifica la primera etapa del proceso de sustitución de importaciones, que implicó una mayor regulación del comercio por parte del estado después de la crisis del ’29, impulsando el desarrollo de las industrias locales, entre ellas, la del calzado. Cabe diferenciar los primeros años después de la crisis, donde se atendieron los problemas coyunturales pero tratando de mantener la ortodoxia económica, de los posteriores a 1933, cuando hubo más activas intervenciones en el mercado cambiario, de bienes –a través de juntas sectoriales reguladoras y aranceles a la importación– y en la política fiscal^[70]. En Alpargatas, por ejemplo, aunque entre 1929 y 1933 se registraba una importante caída de la rentabilidad, las inversiones en maquinarias y la ampliación de los edificios adquirían, a partir de 1934, un ritmo más intenso, incluyendo maquinaria para la utilización de suela de goma vulcanizada^[71]. En esa década la empresa compraba nuevos terrenos en el barrio porteño de Barracas^[72]. Para 1937, el 40% de la producción nacional se realizaba ya bajo el régimen de gran industria^[73]. En este contexto, Alpargatas se expandía en 1940 comprando una hilandería de cáñamo en Avellaneda (gran Buenos Aires), hito que marca la nueva etapa de modernización de la empresa^[74]. Sin embargo, paralelamente, los propios fabricantes planteaban sus dudas sobre los beneficios de tan acelerado progreso técnico que llevaba a una producción mayor que la que el consumo podía absorber^[75].

El estudio de Kabat aporta una reflexión sobre la convivencia de los distintos tipos de empresas que existía en el sector por entonces, y que, pese a los vaivenes del mismo, podrá verse reflejada aún durante el período de esta investigación. La gran industria, aunque se transformó en la forma de trabajo predominante, no logró desplazar completamente a los productores menos competitivos. El vulcanizado, proceso que definió a la gran industria en el calzado, descalificó el trabajo^[76], generó un aumento de la productividad por obrero y un mayor desempleo. Así, pese a que la cantidad de establecimientos y la producción del ramo crecía, caía el número de obreros empleados a partir de 1920^[77] y aunque las fábricas organizadas del modo gran industria no contrataran ya trabajadores a domicilio, el desempleo facilitó que esta forma de trabajo se reprodujera, ligada a pequeños talleres que constituían “otro tipo de unidades productivas con salarios extremadamente bajos”, ya que intentaban compensar la pérdida de competitividad frente a las fábricas aumentando la explotación de sus obreros. Si bien cada uno de estos talleres tenía una producción minúscula respecto a aquellas fábricas, la propia Cámara señalaba que éstos formaban “en conjunto una seria competencia” que restaba “a las grandes industrias una buena parte de lo que podría ser su clientela”. Esto dio lugar al apoyo de la Cámara a un aumento de la regulación estatal para el cumplimiento de la ley 10.505 de trabajo a domicilio –que, aunque se había promulgado en 1918 no había sido respetada^[78]– y hasta para crear una junta reguladora. Entre 1935 y 1941 se registra una intensa campaña por parte de la Cámara contra la “producción clandestina”^[79], caracterizada por la evasión fiscal y la violación de las leyes sociales, ya que, exigiendo el cumplimiento de aquella ley, los talleres no podrían afrontar sus costos laborales y serían expulsados del mercado. Además, una serie de decretos fortalecían el control de la proveniencia de los productos^[80]. Esta diferencia entre productores se traducirá, en algunas etapas del período de este estudio, en el reconocimiento de la propia Cámara de un alto porcentaje de producción clandestina y en la reticencia de los productores informales de acceder a entrevistas o ser identificados. El eje de este conflicto pasaría entonces por fabricantes del mismo sector, donde unos se aliaban con el estado, en palabras de Kabat, en una transacción en la que aceptaban cumplir leyes laborales a cambio de la misma exigencia para los pequeños talleres, que quedaban enfrentados tanto a aquellos como al estado. Las campañas no se dedicaban exclusivamente a los competidores internos, sino también a los externos: ante rumores sobre un posible arribo de Bata (conocida empresa de calzado de origen checo), la Cámara pidió medidas precautorias para evitar que se radicase en el país. Esto sucedió en 1939 y, por segunda, vez en 1949^[81].

Pese al desarrollo de la gran industria, el sector tuvo dificultades para instalarse en los mercados externos, aunque éste fuera desde temprano un objetivo buscado^[82]. Para Fortunato Delrío, hablando sobre 1942, la exportación se hacía “imposible” por los altos fletes terrestres y marítimos y derechos aduaneros excesivos. A cambio, sí se exportaban grandes cantidades de cueros en pelo, y de extracto de quebracho, con el que se curtía el 70% de la suela del mundo. Estados Unidos era el principal comprador. Según el autor, fue sólo el accionar de la Cámara de la Industria del Calzado con su propaganda en el extranjero que logró revertir la situación, sin que hubiera intervención estatal en dichas acciones, que hicieron que de 1943 a 1946 pasara a exportar la cifra record de 1.500.000 pares a Chile, Bélgica, Francia, Suecia, Puerto Rico, Panamá, y Estados Unidos, el principal adquirente^[83]. Sin embargo, un estudio de Kabat pone de relieve la combinación de estas acciones con algunos incentivos estatales y una situación externa favorable entre los factores que fomentaron las exportaciones de calzado de cuero de alta calidad (y predominantemente para mujer) en ese período, aunque recordando que se trató, como en posteriores momentos, de una experiencia muy acotada que no se sostuvo en el tiempo^[84]. Aunque la exportación era realizada por empresas de distinto tamaño, entre las grandes se destacaron la Compañía General de Calzado, Grimoldi y Alpargatas^[85]. Pero ya en 1947 caía nuevamente la exportación. Delrío lo atribuía ahora

al alto precio de nuestro calzado, en el que ha influido el incremento extraordinario de la mano de obra, sobre la cual gravita el costo de las leyes de previsión social (costo invisible). […] La exportación de 1947 fue de 273.105 toneladas, más o menos 300.000 pares, la mayoría calzado de cuero, siendo el principal comprador EE.UU. Y en 1948 sólo se exportaron 30.000 pares, en 1949 la exportación es casi nula^[86].

Entre 1946 y1947, cuando las exportaciones empezaban a caer, la Cámara combinaba pedidos para facilitar la exportación de sus productos con solicitudes para limitar la exportación de otros: era clara en defender la liberalización del comercio para el calzado de cuero^[87], pero en cambio pedía limitaciones a las exportaciones de cuero, su principal insumo^[88]. Esto mostraba que sus reclamos no tenían que ver con una postura ideológica en la oposición libre comercio versus proteccionismo, sino con aquellas condiciones que facilitaban o promovían la actividad de su propio sector. Tampoco era una crítica unívoca a los métodos del control de comercio: pocos años más tarde, la cámara misma recurriría a un sistema de control, regido por ella misma, para evitar que se exportaran productos de mala calidad y generaran reticencias a nuevos pedidos^[89].

Lo mismo sucedía del lado de las importaciones: en pleno período de sustitución de importaciones, la industria acudió al gobierno pidiendo las excepciones al proteccionismo comercial que fueran necesarias para su rentabilidad. En 1941, por ejemplo, en un contexto de desdoblamiento cambiario^[90], la CIC defendía la importación de repuestos y materias primas a cambio oficial dada la imposibilidad “de fabricar repuestos en el país, porque deben ser matemáticamente correctos, necesitándose máquinas y herramientas especiales para templar el acero y además por estar protegidos por patentes nacionales e internacionales que impiden su elaboración”^[91]. Desde 1948, la CIC cuestionaba la decisión del Banco Central de denegar los permisos para importar maquinarias y repuestos de Estados Unidos, argumentando que no tenían ya stock de los mismos y que, de no permitirse la importación, se producirían paralizaciones forzosas. Un año después, los empresarios se quejaban de que “…desde 1939 no podemos introducir maquinarias para aumentar la producción y reequipar nuestras plantas que están exhaustas” y en 1950 advertían que, de no obtenerse los permisos solicitados, muchas fábricas deberían cerrar sus puertas. La defensa de los puestos de trabajo fue el principal argumento para presionar al gobierno peronista. Pero, además, se ocupaban de mostrar que la importación no afectaría a la fabricación local de repuestos y permitiría “que se prosiguiera con la fabricación de algunas piezas nacionales, de aquellas que por su calidad y materiales primos son susceptibles de lograrse dentro de nuestras fronteras, aunque no supliría el 10% de las necesidades. Es lamentable que sea tan reducida la proporción que puede aportar la industria local a la solución del problema, y se concentra en repuestos que se utilizan en máquinas dedicadas a tareas secundarias, ya que, por mala fortuna, la perfección no es total en las piezas y obligan a constantes interrupciones, que entrañan pérdidas de tiempo y mermas en la producción. Por otra parte, el costo de las piezas nacionales, imperfectas, es de cuatro a ocho veces superior al de la pieza similar importada y no existen aquellas indispensables para trabajar a altas velocidades, de gran rendimiento productivo y tamaño pequeño”^[92].

El doble efecto de la política peronista hizo que se rotaran posturas empresariales tanto favorables como contrarias al gobierno, dependiendo de la oportunidad y las medidas específicas^[93]. Como recuerda Kabat, la ampliación del mercado fue uno de los aspectos (junto a otros, como la disponibilidad de créditos) que mantuvo la relación entre los empresarios del sector y el gobierno sin grandes conflictos, más allá de los reclamos comerciales enunciados en el párrafo anterior. La caída en las exportaciones de fines de los años ‘40 fue compensada por aquella ampliación promovida por los dos primeros gobiernos peronistas (1946-1955), fuese a través de compras gubernamentales^[94], del impulso a la demanda que implicó el incremento del poder adquisitivo de los trabajadores, o de la protección a la industria. Si por un lado la promoción de los derechos de los trabajadores que caracterizó al peronismo se veía como un problema desde el empresariado, el cierre del mercado nacional para la importación competitiva garantizaba a la industria nacional un mercado cautivo. No por casualidad, en 1951 Alpargatas instalaba la planta industrial de Florencio Varela, que en su momento fue uno de los más importantes establecimientos para la producción de calzado de goma en América Latina^[95]; y en 1953 se creaba la empresa Gatic en San Martín (también en gran Buenos Aires), sinónimo de éxito en la industria del calzado hasta los años ’80. Por su lado, en 1955, Avis Schuster (de la mencionada empresa que lleva el mismo nombre, principal productora de maquinaria y repuestos) brindaba un discurso con motivo del 40º aniversario de la empresa, donde expresaba que la fabricación propia se convertiría en su principal actividad, desplazando a la importación, paso que buscaban dar en consonancia con el Segundo Plan Quinquenal impulsado por el gobierno^[96].

El gobierno peronista desconfió de las organizaciones de la cúpula empresaria (intervino la UIA en 1946, más tarde creó la afín Confederación General Económica –CGE– en 1953), dando preferencia a las organizaciones de primer grado y al contacto directo con los empresarios individuales^[97], una característica que se mantuvo en posteriores gobiernos y que debilitó los incentivos a la acción colectiva del empresariado^[98]. El empresariado respondió a los incentivos gubernamentales peronistas desde una posición individualista: cada empresa o cámara buscó su propio canal de relación con el gobierno^[99]. Un autógrafo de Perón en el libro de oro de la CIC muestra el apoyo del mandatario a esta Cámara^[100]: allí se refiere a “ese gremio generoso y comprensivo” que “ha creado una progresiva industria nacional porque junto a la modernización técnica, ha sabido tratar y dignificar a los contingentes obreros, contribuyendo a crear el clima de paz social que hoy respiramos”.

En este sentido, la CIC se jactaba de su acción social, que incluía desde la creación de una escuela de oficio (en 1943, aunque clausurada en 1946) hasta el otorgamiento del sábado de descanso desde 1917, y figurando entre los mejores promedios de aquello que los fabricantes pagaban a título de beneficios sociales para trabajadores (servicios médicos, asignaciones mensuales por hijos, por cónyuge, por antigüedad, fallecimiento, matrimonio, servicio militar, etc.)^[101]. Desde el punto de vista del sindicalismo, durante el peronismo se generalizaron en toda la industria las comisiones internas y los delegados de fábricas (representantes gremiales en cada fábrica, que verificaban que se cumplieran los convenios y las leyes laborales)^[102]. En octubre de 1946, enfrentándose incluso a la intervención peronista de su gremio y a la oposición que el propio Perón esgrimía participando en las negociaciones, los trabajadores del calzado lograron la firma de un convenio que estipulaba la abolición del trabajo a destajo. En la práctica, éste sufrió un fuerte retroceso en la rama, aunque no llegó a desaparecer por completo en todas las empresas^[103]. La fortaleza del movimiento sindical bajo el peronismo generó también reclamos empresariales, como aquellos observados más tarde en el Congreso de la Productividad y Bienestar Social de 1955^[104]. Aun así, Kabat identifica un descenso del impulso sindical luego de 1949, que prepara el terreno para una mayor flexibilidad a partir de los ’60. Aquel año, el gremio es derrotado en una huelga general que duró casi dos meses, revés significativo puesto que, desde inicios de los ’40, “el sindicato había salido triunfante de todos los conflictos en los que se había embarcado”^[105].

La situación de la balanza de pagos negativa que aquejó al país desde 1950 no pudo ser revertida ni por los cambios de rumbo del peronismo ni por el gobierno militar de 1955 y el sector, en línea con la inestabilidad económica general, alternó años de crecimiento con años de importantes caídas en la producción durante toda la década^[106]. Una descripción resumida del sector del calzado entre los años ’40 y ‘60 consideraba que el sector presentaba patrones de comportamiento propios de la industria sustitutiva caracterizados por una oferta heterogénea y muy atomizada (buena parte de la producción se elaboraba en talleres clandestinos), bajos niveles de productividad y calidad con referencia a las prácticas internacionales, pequeñas escalas de producción y excesiva apertura del surtido de producción, obsolescencia de los bienes de capital, y casi nulo interés por las exportaciones, que sólo representaban “esfuerzos coyunturales”^[107].

En ese escenario, el programa desarrollista fue impulsado por Arturo Frondizi, quien llegó a la presidencia en 1958 con el voto peronista en elecciones convocadas por el gobierno militar que prohibían a Perón como candidato. El objetivo del desarrollismo era pasar de la existente evolución de la industria liviana a la producción de insumos y bienes de capital. Aunque permanecía un alto grado de protección industrial acompañado de tipos de cambio múltiples o retenciones sobre las exportaciones al sector rural^[108], se buscó, y logró en gran parte, profundizar el proceso de sustitución de importaciones con la participación de tecnología y firmas extranjeras, un proceso que generó diversificación de actividades industriales, incorporación de empresas capital-intensivas e incremento de exportaciones no tradicionales, algunos de los elementos que permitieron que el sector industrial fuese el motor del desarrollo de la economía hasta principios de los años ’70^[109].

Parte de este programa fueron también los intentos de avanzar hacia una integración regional latinoamericana. En 1960 se creaba la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, con el objetivo de alcanzar una zona de intercambio libre entre once países latinoamericanos. El organismo no cumplió su cometido en los doce años previstos en un principio, ni tampoco luego, cuando el plazo se extendió a veinte años^[110]. Sin embargo, generaba escenarios frente a los que los productores ya tomaban posición: aquellos nucleados por la CIC se referían a la futura zona de libre comercio como una amenaza para la que había que prepararse. En sus memorias del período 1959-1960, la CIC llamaba a no subestimar “la capacidad productora” de los demás países latinoamericanos, pedía atención y renovación a sus miembros para que “no nos tome de sorpresa la posibilidad de radicación de fábricas extranjeras de enorme potencial y avanzada técnica, que podrían barrer nuestras industrias si no se hallan en condiciones de competencia”^[111]. Como muestra de la importancia de la coyuntura en las posiciones cambiantes, dos años después, las mismas memorias tenían una visión optimista pero cautelosa sobre el proceso: mencionaban positivas reuniones con la UIA y las cámaras sectoriales de otros países de la ALALC en las que se avanzaba “en materia de intercambios comerciales, que a no dudarlo ha de resultar beneficioso para nuestra industria”^[112] y, un año más tarde, instaban a las empresas a una racionalización de la producción, de los métodos y de las estructuras de las empresas, así como a especializarse en cada una de las etapas de la producción, para lograr alta calidad y menores costos de sus productos, como elementos fundamentales para las posibilidades de exportación que abría la ALALC^[113].

El paso de una industrialización liviana, intensiva en trabajo, a una más concentrada en las intensivas en capital hizo que la creación de empleo en el sector fuese nula. En 1961 se eliminaron las trabas a la importación de maquinaria, para permitir el reequipamiento y uso de métodos más modernos de fabricación, entre los cuales se destacó el inyectado para la elaboración de calzado de plástico^[114] y el transporte mecánico de las piezas durante el proceso de producción, como las motorvías. Estas innovaciones incrementaron la productividad y disminuyeron los requisitos de mano de obra, por lo que el desempleo se sintió fuerte en la rama. En este contexto adverso, en 1963 los empresarios lograron imponer una cláusula de productividad para el conjunto del gremio. Por su parte, el gobierno de Illia buscó controlar o limitar el poder de los sindicatos peronistas, que actuaban no sólo en defensa de sus intereses gremiales sino que tenían también un objetivo político, el retorno de Perón a la patria. Entre ellos, el sindicato del calzado participó en las huelgas, ocupaciones de fábricas y talleres, y sufrió la suspensión de la personería jurídica junto a otros, como los de la construcción, sanidad y el caucho. Un nuevo retroceso se verificó en 1966, cuando se negocia un aumento salarial exclusivo para los obreros internos. Desde entonces, las remuneraciones de los obreros externos se negociarían por separado^[115].

Pese a esta modernización, la producción de calzado se retrotrae en 1963 para repuntar ligeramente en 1965. En las memorias de CIC, se registran las preocupaciones por un “mercado saturado de oferta”, cuya solución era exportar, aunque esa opción se mostraba difícil por los aumentos de salarios y “la fabricación clandestina”^[116]. Un par de años después, la Cámara señalaba que el aumento de productividad del sector era necesario no ya para aumentar la renta, “sino para sobrevivir”^[117]. Sin embargo, el sector pudo aprovechar algunas medidas de promoción industrial, como la financiación del Banco Central para exportaciones no tradicionales, el sistema de draw back, la exención de impuestos a las exportaciones industriales y el régimen de importación temporaria^[118]. También había empresas del sector que eran directamente empresas estatales^[119]. A fines de la década, la CIC ya volvía a tener una visión optimista, reconociendo el “apoyo innegable del gobierno” a su sector en un proceso de “reestructuración económica del país, con innegables resultados positivos”, a lo cual agregaba que, dada la desgravación para la importación de máquinas no producidas en el país (de 80% al 20%) y la posibilidad de mantener los mismos costos (salarios incluidos) y los mismos precios, el sector apostaba a “la modernización”^[120]. Cabe decir que en 1964 se fundaba la Cámara Argentina de Industriales Proveedores del Calzado (CAIPIC), que nuclearía a proveedores de partes de calzado (tacos, suelas y plantillas), maquinaria, materiales sintéticos y textiles, productos químicos (como pegamentos) y accesorios, “con el objetivo de defender sus derechos” y “unificar principios básicos de orden técnico, económico y comerciales, entre las distintas ramas proveedoras de la industria del calzado”^[121]. Esta asociación acompañaría en general las demandas de la CIC en defensa del sector en su conjunto.

De hecho, las exportaciones de calzado aumentaron a inicios de los años ’70, en coincidencia con una nueva ley (2987/71) que incentivaba las exportaciones no tradicionales mediante un sistema de reintegros, beneficios fiscales y financieros, que volvían a fomentar la exportación principalmente de calzado de cuero, pese al gran desarrollo que otros calzados habían adquirido en los años 60. Entre las firmas que se destacan se reiteran algunas que ya habían exportado en los años ’40, como Grimoldi o Minicci, en lo que Kabat identifica como empresas exportadoras con trayectoria en el comercio internacional “que realizaban sistemáticos esfuerzos por penetrar los mercados extranjeros”. Pero, el mismo año, el aumento de precios y la escasez de los cueros sin curtir llegaron a producir la suspensión de exportaciones, generando el enfrentamiento entre los frigoríficos que exportaban los cueros crudos y las industrias que lo usaban como materia prima. El conflicto fue terciado por el estado –cabe recordar, bajo gobierno militar de Alejandro Lanusse– en favor de las últimas: en 1972 se prohíbe la exportación de cueros con poco valor agregado y se elevan los reintegros a la exportación del calzado^[122]. En su estudio sobre la industria curtidora, Claudio Salvador identifica recién a partir de 1970 la ampliación de dicha industria para procesar todos los cueros obtenidos de la faena y la transformación del país en un importante exportador de cuero curtido y, en cierta proporción, manufacturas del cuero^[123]. A eso se sumó una coyuntura favorable: Estados Unidos eliminó un impuesto a la importación proveniente de América Latina, lo que situaba a los exportadores de esta región en mejor posición respecto de su competencia internacional; pero este beneficio dejó de tener efecto en 1974^[124] y, sumado eso al aumento de costos internos, las exportaciones cayeron drásticamente hasta 1975^[125].

Los conflictos registrados en este período no se redujeron al enfrentamiento entre el calzado y el cuero. Por el contrario, se registraron los primeros problemas con gran repercusión por la competencia entre dos grandes y prósperas empresas del mismo sector: Gatic, surgida en los ’50, y la tradicional Alpargatas. Ambas se mostraban activas y creciendo, como la primera con la fabricación de la marca alemana Arena desde 1974^[126] y la segunda con el lanzamiento de nuevas marcas (como Flecha en 1964, Pampero Infantil en 1972 y Topper en 1975) y productos (como el denim en 1968). Según el relato del dueño de la primera, Alpargatas, con contactos en la Dirección General Impositiva (DGI), habría instigado un allanamiento en 1968 y una clausura, así como un posterior juicio por balance falso en 1969, que termina ganando Gatic, en 1971, con la defensa de Julio Oyahanarte, ex miembro de la Corte Suprema de Frondizi. Sería el propio presidente Frondizi quien habría alertado al dueño de Gatic sobre la amenaza que su empresa significaba para la segunda^[127]. Según el mismo relato, en el ínterin, tanto Alpargatas como Gatic solicitaban la licencia de Adidas en Alemania. Alpargatas habría enviado cartas –con recortes de diario dedicados a aquel juicio– a la empresa alemana, señalando que Gatic no era confiable^[128]. Esta riña tendría su contrapartida en los años ’90, en los cuales, a decir de Bakchellian, ambas empresas volverían a acercarse a raíz de los cambios de dueños de Alpargatas y de la “avalancha de importaciones” (ver capítulo 6)^[129].

Esta segunda etapa de industrialización por sustitución de importaciones dependió cada vez más de la asistencia del sector público a través de la protección aduanera, los sistemas de devolución de impuestos a las exportaciones industriales, el crédito oficial a tasas subsidiadas, los esquemas de compre nacional, todas medidas que ponían en aprietos a las finanzas del estado. Pese a que la producción se seguía expandiendo, la balanza comercial no logró estabilizar su déficit. A eso se sumaron exigencias de los sindicatos por mejoras salariales, trasladadas a los precios de los productos^[130]. El año 1973 trajo un boom de precios de los productos de exportación que permitió al nuevo gobierno peronista^[131] expandir la economía e incrementar el salario real sin que el aumento consecuente de importaciones fuera abortado automáticamente por una crisis de balanza de pagos.

Aunque la expansión económica fue inercial en un contexto favorable, los indicadores de crecimiento, inflación y déficit del sector público se deprimían. Con éstos y otros síntomas del agotamiento del modelo sustitutivo de importaciones, la crisis llegaría en 1975^[132], cuando se experimentó una fuerte contracción del mercado interno y se conformó un cuadro poco propicio para el desarrollo del sector del calzado^[133]. Según el titular de Gatic, Eduardo Bakchellian, los principales factores que jugaron en contra de la industria del calzado a partir de ese momento fueron la inflación y la falta de apoyo crediticio, que hicieron que, desde entonces “se destruyera totalmente la industria del calzado en Argentina”, algo aprovechado por Brasil, que la incentivó, durante años, “utilizando cueros argentinos”. El empresario, sin embargo, en el año ’74 y ’76 compraba dos de las fábricas cordobesas jaqueadas por aquellos problemas de cobro de exportaciones^[134]. A su vez, se creaba en 1975 la empresa Unisol, que adquiriría relevancia en el futuro con su marca Puma; uno de sus representantes sería presidente de la CIC en los años ’90.

Ese año, los empresarios del sector figuraron entre las varias entidades representativas de la industria que acompañaron la creación de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, que algunos autores identifican como el “salto organizativo” del empresariado de oposición, que asumió un importante papel en la gestación del clima civil del golpe de estado de 1976^[135].

Las empresas del calzado ante las primeras reformas hacia una política comercial aperturista (1976-1989)

Durante la dictadura de Jorge Rafael Videla (1976-1981), la política económica aplicada por el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz tuvo el propósito declarado de eliminar el déficit fiscal y liberalizar la economía. En ese sentido, buscó la reivindicación de la iniciativa privada y la revalorización del comercio internacional derogando las medidas que perjudicaran las exportaciones agropecuarias y abriendo la importación de productos extranjeros, aunque aún no se tratara de una apertura generalizada como la que llegaría en los años ‘90^[136].

Un estudio sobre las ideologías y tensiones entre los funcionarios de la dictadura militar caracteriza a tal equipo conformado por hombres de la “derecha liberal tradicional” y de una nueva corriente del liberalismo económico, la “derecha liberal tecnocrática”, que eran “la puerta de entrada en la Argentina de los postulados de la Escuela de Chicago^[137]” y con el tiempo fueron ganando terreno a los tradicionales. Entre los representantes de los últimos ubica a Alberto Luis Grimoldi (hijo de Alberto Grimoldi, de la empresa de calzados homónima), quien fue subsecretario de Comercio Exterior y, desde 1979, de Desarrollo Industrial. En 1977, ante una fuerte diferencia entre funcionarios por la reducción de aranceles, Martínez de Hoz unificó las secretarías de Comercio y Comercio Exterior en una sola (Secretaría de Comercio y Negociaciones Internacionales), bajo la dirección de Alejandro Estrada, “fervoroso defensor de la liberalización total de la economía”. La autora identifica, dentro de su ala ideológica, tanto a Grimoldi como a Juan Dumas, quien sería presidente, desde 1996, de la Cámara de la Producción y Comercio Internacional de Calzado y Afines, que defendería el libre comercio en el sector y tendría entre sus miembros fundadores a la empresa Grimoldi (ver sección 6.1.2)^[138]. Otro indicio de la vinculación de grandes empresas del calzado con el nuevo gobierno provino del apoyo general que le otorgaba el Consejo Empresario Argentino. Este grupo, fundado en 1967, tendría como presidente, entre 1978 y 1983, a Luis María Gotelli, quien desde 1974 ocupaba distintos cargos en Alpargatas (y llegaría en los años ’90 a ser Gerente General de Operaciones y director titular de la firma)^[139].

Un representante de la misma empresa, Eduardo Oxenford, sería ministro de Industria del próximo presidente militar, Roberto Viola (marzo a diciembre de 1981). Una de las primeras medidas del gobierno surgido del golpe militar de 1976 había sido la intervención de la CGE y de los organismos que la integraban, mientras que se le había devuelto a la UIA su personería jurídica, aunque la entidad permanecería intervenida por varios años^[140]. Con el cambio de presidente militar la intervención quedó en manos de Oxenford, entonces presidente de Alpargatas^[141], y ese año el gobierno militar reduciría los controles de la UIA y le permitiría elegir a sus propios líderes; los miembros de la CGE, que continuaba proscripta, decidieron incorporarse a aquella como una nueva facción: el Movimiento Industrial Nacional (MIN). Desde entonces, la principal diferencia que quedaría visible al interior de la organización hasta principios del siglo XXI sería la separación entre ese movimiento (cercano a las políticas intervencionistas, con un peso importante del peronismo y una perspectiva desarrollista) y el Movimiento Industrial Argentino (MIA), formado por los antiguos dirigentes de la entidad, que representaba posiciones más “liberales”^[142].

El principal problema que enfrentó el gobierno militar fue el mercado financiero^[143]. La quiebra del Banco de Intercambio Regional desató una corrida que provocó la caída de otros bancos, hasta que el Banco Central tuvo que asumir el control de unas sesenta instituciones en 1980. De esta manera, las actividades especulativas habían generado una enorme transferencia de riquezas desde los ahorristas de las clases medias a las empresas y grupos financieros^[144]. Como parte del mismo escenario, el abultado endeudamiento externo de los principales grupos económicos fue también transferido al estado (proceso que se conoció como “estatización de la deuda externa privada”) a través de una serie de instrumentos como seguros de cambio y subsidios directo a los deudores para cubrir devaluaciones. Entre los grupos económicos más endeudados y beneficiados por estas medidas se identificó Alpargatas^[145]. Así, la política financiera tuvo distintos resultados en las empresas del sector calzado: mientras buena parte de las empresas más grandes se favorecía con financiamiento interno y externo, las medianas y pequeñas –con menor capacidad de crédito– fueron las que sufrieron más quiebras.

A esto se sumaba la contracción del mercado interno y la competencia de productos extranjeros un escenario poco propicio para el desarrollo del sector del calzado^[146]. Las propias empresas tendían a optar por la importación más que por la producción local. Pero esta etapa mostraría a las claras que, si bien el empresariado innegablemente buscaba mejorar o defender su renta, existían variadas formas de hacerlo y los empresarios no siempre elegían los mismos caminos. Mientras algunas empresas aprovechaban la apertura para importar productos terminados y reemplazar la producción local, otras aprovechaban la misma coyuntura para importar maquinaria y tecnología para modernizarse con el “dólar barato”, como fue el caso de Gatic, que además llegó a exportar a Europa del Este en 1981^[147].

Schvarzer realizó un estudio pormenorizado de las consecuencias que tuvieron en la estructura de poder las decisiones adoptadas en el período 1976-1980. Allí señala que los grupos privados que controlaban el mercado financiero adquirieron cada vez mayor poder y respaldo externo, mientras que otros se retiraron de la producción de manufacturas. De hecho, en el sector del calzado y de industrias vinculadas, como la de prendas de vestir, se registraría una casi constante reducción del índice de la producción física durante toda la década del ’80, como se puede ver en la tabla 11. Como conclusión general, el autor considera que se generó un panorama de concentración en ciertas actividades y de conformación de conglomerados de gran tamaño en varias de ellas^[148]. La mayoría de estos grupos económicos eran de capital nacional, se organizaron en torno a una empresa “madre” (en general, una actividad protegida por la política oficial) y se dispersaron no sólo en diferentes ramas industriales, sino también en actividades financieras, agropecuarias, comerciales e inversiones externas^[149]. En el caso de Alpargatas, por ejemplo, sus activos se expandieron a partir de 1978 a otros sectores: pesca, bancos, seguros y petróleo^[150]. Además, Alpargatas fue beneficiaria de regímenes de promoción industrial desde los años ’70, figurando entre 1983 y 1987 en tres proyectos: Tejidos Argentinos S. A., Tejidos Argentinos del Noreste y Calzar^[151]. Paralelamente, Alpargatas perdía su status de principal accionista de Sao Paulo Alpargatas en Brasil, cuando el grupo Camargo Correa compró sus acciones^[152].

También Gatic se expandió notablemente en las décadas del setenta y ochenta, aunque siempre en rubros vinculados al sector. Pasó de tener doscientos empleados en 1970 a 1.600 en 1983, y a 3.600 en 1986. Aumentó su capacidad de producción adquiriendo fábricas en el interior del país a empresas que dejaban de operar o levantando otras nuevas^[153] y se transformó en un grupo económico con diversas empresas que funcionaban en torno a su core business del calzado. El crecimiento de la firma también fue notable en lo referido a la facturación: pasó del puesto número 89 en el ranking de las empresas de mayores ventas del país al 45 cuatro años más tarde (revistas Mercado y Prensa Económica).

Mientras tanto, la caída de los salarios^[154] y las divisiones sindicales^[155] hicieron que la representación sindical en Alpargatas, que se había caracterizado por una reducida propensión al conflicto en los años previos al golpe, realizara paros durante la dictadura (en noviembre de 1977 en su planta de Florencio Varela y en abril de 1979 en Barracas), que se caracterizaron por una gran participación de los trabajadores, y fueron respondidos por lock-out patronales y represión por parte de las fuerzas armadas^[156].

Desde el punto de vista económico, la combinación de una débil situación financiera, las discrepancias políticas dentro de las Fuerzas Armadas y la derrota en el conflicto bélico contra Gran Bretaña por las Islas Malvinas terminaron de debilitar al gobierno militar y dieron lugar al regreso de la democracia a fines de 1983. Con el regreso a la democracia, el funcionamiento de la economía desde 1983 tuvo al endeudamiento como uno de sus principales condicionantes. A él se sumaban otros tres factores –estancamiento, desequilibrio fiscal e inflación–, que se habían agudizado durante los últimos años del gobierno militar^[157]. La UIA seguía caracterizada por la conflictividad interna entre los movimientos del MIN y el MIA mencionados anteriormente. Esta conflictividad –sumada a la actitud opositora que adquirió tempranamente la UIA respecto a las medidas del gobierno– hizo que el gobierno dudara sobre su capacidad de mediación de los intereses e interlocución. Tampoco los grandes empresarios apostaban a la institución^[158]. Así, en 1984 el canciller Dante Caputo convocó a una docena de empresarios de conglomerados del país y mantuvo reuniones regulares con vistas a involucrarlos en los esfuerzos para superar la crisis económica. A este nuevo grupo de interés la prensa aludió como “los capitanes de la industria”^[159] y las relaciones económicas exteriores fueron un componente esencial del interés de este grupo, en el que se encontraba Alpargatas^[160]. El gobierno los participó también de las iniciativas del país en las relaciones exteriores, entre ellas la integración comercial con Brasil.

La apertura comercial fue reiniciada en 1983 (en 1982 se había abandonado la liberalización comercial por el grave déficit y la crisis de la deuda) con la introducción de un sistema de listas, clasificando productos que podían y que no podían ser importados libremente (con aranceles que variaron de 0 al 105% con promedio 37%, decreto 319).^[161] Un rasgo fundamental que el sistema vigente mantenía era que la aplicación o reducción de las protecciones estaban permanentemente sujetas a situaciones específicas, con mecanismos de discrecionalidad tanto política como administrativa que en última instancia preservaban la posibilidad de negociar cada posición en particular. Esto provocaba que la Secretaría de Industria y Comercio Exterior fuese objeto de lobby permanente de cámaras o empresas individuales, algo que sucedía desde hacía décadas y que ni la apertura irrestricta de la dictadura militar había eliminado^[162].

La anterior política de apertura, sin embargo, había dejado “malos recuerdos” entre los empresarios, reticentes también a la idea de una apertura comercial con Brasil^[163], país con el que en 1985 se firmaba la Declaración de Iguazú y la Declaración Conjunta de Cooperación Nuclear y en 1986 el Acta de Buenos Aires, que establecía el Protocolo de Integración y Cooperación Económica entre Argentina y Brasil (PICE o PICAB), un programa que comprendió 24 protocolos de integración comercial y sectorial^[164]. Desde el punto de vista comercial, la recuperación de la demanda brasileña era un estímulo para la reactivación de la producción nacional con capacidad de exportación; además, el gran mercado brasileño podría despertar un atractivo que lograría apoyos a la estrategia general de reindustrialización ligada al comercio internacional de la que formaba parte el Plan Austral. Este Plan había sido anunciado también en 1985 para combatir la inflación (estableció una nueva unidad monetaria y congeló casi todos los precios de la economía) y se había anunciado junto a un amplio conjunto de medidas relativas a la apertura de la economía, el aumento de las exportaciones, la disminución del papel del estado como agente económico, la reducción del déficit y fiscal y el gasto público^[165]. El plan trajo un corto período de estabilidad que permitió un aumento del salario real y la reaparición de líneas de crédito para consumo, lo que incentivó la demanda y la producción.

Si bien todos los autores coinciden en atribuir a las cancillerías la mayor parte del trabajo hacia aquél proceso de integración^[166], las negociaciones no estuvieron exentas de la participación del sector privado^[167]; el sector del calzado no participó en las mismas, de hecho no era un sector incluido en los protocolos mencionados^[168]. Aun así, un estudio preveía que Brasil podía estar en condiciones muy ventajosas en caso de liberarse el comercio de este producto hacia el mercado argentino^[169].

Como se mencionó, durante todo el gobierno radical, el sector del calzado sufrió un retroceso en el índice de volumen físico de su producción^[170], del 41% en 1984 al 21,8% en 1989 (tabla 11), año en el que la recesión económica general provocó también una importante pérdida de empleo en el sector^[171], al punto que los niveles de ocupación en 1990 en la industria eran similares a los de 1973 y más bajos que los de 1974/75. La incorporación de maquinarias y equipos, en particular entre 1978/80, hizo que las grandes empresas expulsaran fuertemente personal, con una importante incidencia en el aumento de la productividad. Ni siquiera con la recuperación de la producción a partir de 1991-1992 la generación de empleo sería relevante^[172]. Paralelamente, las empresas de propiedad o administración estatal, que habían crecido en el período anterior, perderían gradualmente importancia (como resultado del proceso de desfinanciamiento y endeudamiento externo de las últimas dos décadas) hasta los años ’90, desaparecerían (como el caso de la conocida fábrica de calzados cordobesa Lucas Trejo),o serían reemplazadas por grupos económicos que pasarían a ser los agentes centrales del sector manufacturero y cada vez más empresas entrarían al sector de servicios^[173].

A pesar de esos números de reducción general, desde 1985 aumentarían significativamente las exportaciones del sector^[174] y algunos datos muestran que las grandes empresas, dedicadas especialmente al calzado deportivo, siguieron creciendo en esa década. Alpargatas aprovechó los regímenes de producción industrial que le permitieron desarrollar algunos proyectos de consolidación en el mercado, a lo que se sumaron sus mencionadas ramificaciones a otros rubros. Gatic expandió su producción y pasó de nuclear 1600 empleados en 1983 a 4500 en 1987 y seguía expandiéndose con licencias de marcas extranjeras: Le Coq Sportif y New Balance (a través de las sociedades Aracuá y Corbamil, respectivamente), con las que hacía frente a la competencia de Nike y Reebok, marcas norteamericanas que comenzaban a entrar en el país^[175]. Por su lado, Grimoldi identifica en la década del ’80 la redefinición de su estrategia comercial y la modernización de “la hasta entonces empresa familiar”. Sin embargo, los vaivenes económicos de la década que terminaron en la hiperinflación de 1989 harían que las mismas empresas acumularan dificultades financieras y deudas importantes, que se extenderían hasta principios de siglo XXI (ver capítulo 6 y 7)^[176].

En octubre de 1988 se reformó la política arancelaria que llevó el promedio de los aranceles de 39,4% a 23, 5% y se efectuó una disminución de las mercaderías sujetas al otorgamiento de Declaraciones Juradas de Necesidades de Importación (el número de posiciones sujetas a las mismas se redujo de 4500 a 1057 e incluía, entre otros, al calzado)^[177]. En este marco, de la acción de la industria del calzado no abundan los testimonios. Uno de los pocos se recoge del relato del dueño de Gatic, que describe las negativas consecuencias que tuvo para su empresa el Plan Austral y los intentos que realizó frente a funcionarios del gobierno para evitarlas, aunque se concentra más en el control de precios que en el comercio exterior^[178]. En el relato, admite que la empresa tenía amplia llegada a altas esferas del poder y hasta la insinuación de un pedido de sobornos de la secretaría de Industria y Comercio que no satisfizo^[179]. El relato va en línea con la idea de que en los ochenta las empresas privilegiaban “la construcción de capacidades en el área financiera y en el desarrollo de acciones de lobbying sobre el estado, ya que era en esos ámbitos en donde se decidía finalmente su tasa de ganancia”^[180].

El fracaso del Plan Austral y de sus sucesivos intentos de estabilización, así como la escasez de reservas, hicieron que a principios de 1989 las asociaciones empresarias rompieran su alianza con el gobierno; los exportadores se negaran a liquidar divisas a la tasa de cambio oficial; el Banco Mundial suspendiera desembolsos^[181]; y fuga de divisas provocara la hiperinflación. La explosión hiperinflacionaria y el cambio de gobierno democrático en 1989 darían lugar a una serie de reformas que mantenían la búsqueda de apertura y ordenamiento fiscal^[182], marco en el que se implementaría un drástico cambio de enfoque sobre la integración regional, con serias consecuencias para el sector del calzado, como se expondrá en el próximo capítulo.

El resumen general de la historia de la industria del calzado permitió identificar aquellas características tradicionales que se consideraron antecedentes importantes para comprender las dinámicas políticas de investigación que se aborda en los próximos capítulos.

En primer lugar, es destacable el hecho de que, desde sus orígenes en la época colonial, la elaboración del calzado se mostrase como una actividad pasible de ser realizada con niveles relativamente bajos de especialización^[183]. Este escaso requerimiento de especialización haría que este sector fuera un importante generador de empleo no calificado, una capacidad que acompañó su característica de sector “trabajo-intensivo”, aunque el proceso de modernización la relativizara, como se vio, ya a partir de 1920.

Su importancia en la generación empleo le daría, a la vez, una amplia visibilidad política a este sector. Desde principios del siglo XX sus demandas hacia el estado provendrían no sólo de los productores, sino también de su acción conjunta con los trabajadores, algo que se repetiría en el próximo período de estudio. Ambos actores, en su apelación al estado, recurrieron a acciones y discursos que ponían en juego la legitimidad y la responsabilidad del gobierno ante ellos. Así, del lado de los trabajadores, los episodios de paros y movilizaciones repercutían directamente en las preocupaciones electorales. Del lado de los empresarios, se observó que tanto los reclamos contra las importaciones desde principios del siglo XX como las solicitudes de autorización para importar maquinaria a mediados de siglo tenían un lenguaje común que ponía sobre la mesa las responsabilidades del estado en relación a la producción y la generación de empleo. No por casualidad, distintos autores, en distintas épocas, señalaban el móvil político-electoral de la atención estatal a sus demandas.

Otro móvil, que fue también fuente de otro tipo de visibilidad política, fueron los estrechos vínculos de algunas empresas con las autoridades de gobierno. Estos vínculos se expresaron, algunas veces, como canales privilegiados de contacto con el gobierno, otras veces, como participación directa de sus empresarios en el gobierno, haciéndose más confusa la diferenciación entre uno y otro actor^[184]. Lo interesante del caso es que ambas expresiones de estos vínculos se dieron a lo largo de la historia bajo gobiernos que se situaron en distintos espacios del espectro ideológico. Tal vez, estos vínculos hayan estados facilitados por una segunda característica de esta industria, que fue la continua convivencia de un número reducido de empresas avanzadas en volumen de producción y tecnología con pequeños talleres, muchos de ellos informales. Esta fue una veta del enfrentamiento entre distintos tipos de fabricantes: en este caso, entre las empresas formales, agrupadas mayoritariamente en la CIC, y aquellas informales (fabricantes en “negro”), acusadas de competir deslealmente (por la reducción de costos que implicaba no pagar impuestos ni salarios formales). Paralelamente, el hecho de que pocas empresas concentraran gran parte de la producción pudo haber facilitado sus vínculos políticos, algo que parecería confirmar la importancia del poder estructural como elemento explicativo del funcionamiento del sistema político, como se vio en 1.2.2; pero que será discutido a partir del análisis del período posterior, a realizarse en los próximos capítulos.

Estas dos fuentes de visibilidad política hicieron que, en distintos momentos, fuera la más alta autoridad política la que se involucrara en la atención de los problemas del sector, como lo hizo el presidente Yirigoyen aun cuando el Congreso tenía buena parte del poder de decisión en temas comerciales, como lo demostró el debate legislativo de principios de siglo XX. Ese locus decisional o de poder fue alejándose del Congreso (locus al que, como se vio en aquel debate, se dirigieron las demandas por aforos de la CIC) para concentrarse claramente en el poder ejecutivo desde mediados de siglo, adquiriendo centralidad en esas decisiones las agencias pertenecientes a ese poder, a las que se dirigían las demandas del sector. Y no sería el único tema concentrado en este poder, ya que fue destacada también la participación del propio presidente de la nación en diferentes momentos de conflictos sindicales de amplio alcance. Por la disponibilidad de estudios sobre estos conflictos, se mostraría allí –de manera más evidente que en los temas de comercio exterior– que la dirección hacia la cual se dirigirían estos conflictos dependería ampliamente no sólo del contexto económico y político en el que se encontrara, sino también de las prioridades gubernamentales en tales contextos (por ejemplo, bajo el primer gobierno de Perón la acción sindical sería más apoyada que durante el segundo; posteriormente las huelgas serían reprimidas bajo presidencia de Illia; y serían forzados a aceptar la flexibilización de sus convenios durante la hiperinflación en 1989), negando así la idea pluralista de la neutralidad del estado.

En cuanto a los actores empresariales que presentaban sus demandas a las autoridades, claramente la CIC fue la principal organización política patronal del sector, que se erige como un grupo de interés sectorial particular. Aunque asociada a la UIA, sus acciones parecieron en general ser autónomas respecto de la principal asociación cúpula industrial y hasta se observó que un empresario del sector estuvo a cargo de su intervención en 1981. Una característica interesante en la historia de este grupo fue que, aunque patronal, se organizara también alrededor de funciones sociales para con sus empleados.

Acorde a su organización temprana, las acciones políticas de esta entidad aparecieron cuando la industria aún estaba en ciernes. Y las mismas se orientaron a variados temas, entre los cuales se destacó el comercio exterior (cabe recordar que los aforos fueron uno de los motivos que dieron origen a la CIC). El papel de las importaciones como amenaza a la producción y al empleo local aparecería prácticamente a la vez que el propio sector en tanto industria, y surgiría reiteradamente en distintos momentos, con referencias a los mismos problemas que se discutirán a fines de siglo XX y principios de XXI, como la diferencia entre los costos internos y externos para la producción. En el discurso utilizado por los empresarios locales para explicar esta diferencia, es notable que ya en 1947 se hablara del costo de la mano de obra y del “dumping social” existente en los países cuyo calzado era importado en Argentina^[185], temas que se reiterarán en el período de estudio. El comercio exterior apareció mayoritariamente como un conflicto que enfrentaba a productores contra importadores del mismo producto. Pero también hubo momentos en los que la amenaza pasaba por la exportación de cueros, que limitaba la disponibilidad de esta importante materia prima para la industria. Aquí, el enfrentamiento se daba entre productores de dos productos diferentes vinculados. En ambos casos se expresaba empíricamente la crítica a los supuestos marxistas sobre el funcionamiento del sistema político esbozados en la sección 1.2.2, que diferencia las situaciones en las que se puede identificar un interés de clase como movilizador de las acciones de los fabricantes (como durante el peronismo, cuando la CIC expresa sus quejas sobre la disciplina de los trabajadores), de aquellas en las que el conflicto se encuentra dentro de la misma clase. Este último caso se vio en el enfrentamiento entre productores internos y externos; entre los fabricantes de productos distintos; e inclusive, productos iguales, en forma de competencia por un mismo mercado entre fabricantes formales e informales o entre dos grandes empresas, como Alpargatas y Gatic). En estos casos, se muestra a las claras la conveniencia de observar la pluralidad de actores en torno a cada conflicto para comprender las dinámicas económicas y políticas que rodean a un sector, aunque esto no signifique aceptar indiscutidamente los supuestos pluralistas, como la racionalidad de los actores exógena y basada en el interés económico. De hecho, esta breve historia del sector en Argentina permite ya inferir su limitación explicativa. Partamos del hecho de que el sector en cuestión demandara generalmente contra las importaciones de su producto y contra las exportaciones de cuero. Esto no significa que se tratara de un sector netamente “proteccionista”. Si bien estuvo mayoritariamente volcado al mercado interno y con pocos y aislados períodos de exportación, sus productores locales no dudaron en expresarse enérgicamente contra medidas de control de comercio que perjudicaran a su producto. Por ejemplo, los controles a la exportación del calzado en los ‘70 y a la importación de maquinarias e insumos extranjeros que precisaban para su producción, como pudo verse desde mediados de siglo. Estas posiciones parecerían a primera vista una demostración de que el comportamiento de los actores se explica por el móvil económico, ya que se opondrían a todo aquello que obstaculizara su renta, sin importar si se trataba de medidas proteccionistas o librecambistas. Sin embargo, esto no logra explicar cabalmente aquellas posiciones. Si sus posiciones hubiesen respondido solamente a aquel móvil, no se comprenderían los cambios en la percepción sobre la integración regional en los años ’60, que pasaba de verse como amenaza a oportunidad de exportación en pocos años. Allí, las experiencias y acciones que se iban concretando (como reuniones con cámaras pares de otros países), parecían generar mejores perspectivas y, por lo tanto, se constituían en elementos con los que los actores construían sus posiciones. Y serían también las experiencias aperturistas de fines de la década del ’70 las que construirían parte de la generalizada reticencia empresaria a la integración con Brasil a mediados de los ’80, posición que volvería a relativizarse en la década siguiente.

En definitiva, pueden identificarse a lo largo de la historia distintos ejes de conflicto, que mostraron que ni éstos ni las alianzas entre los actores relativos al sector fueron estables, sino totalmente dinámicos. En cada ocasión, el gobierno que debió administrarlos no lo hizo desde una posición neutral, como cuando encareció la exportación de cuero para favorecer a la industria local de calzado, o como cuando el gobierno peronista, aunque hiciera de los derechos laborales una de sus banderas, participó en las negociaciones conteniendo las demandas de los sindicatos en pleno proceso de modernización. Pero como se dijo, este enfrentamiento de clase trabajadora y propietaria no fue ni el único ni el más reiterado en la historia: la campaña contra la ilegalidad enfrentó a dos tipos distintos de fabricantes de calzado; los grandes productores se enfrentarían por su competencia en el mismo mercado; y cuando se trató de frenar las importaciones, en general los productores actuaron de manera conjunta con los trabajadores en su reclamo al estado y los enfrentó con los importadores. Hasta fines de siglo, este enfrentamiento entre productores locales e importadores sería más claro que en el período siguiente, diferencia que se apreciará en los próximos capítulos.