Minería litífera y campos de interlocución en la puna jujeña

Gonzalo Federico Zubia

La Puna es un desierto duro, con algunos cursos de agua en los veranos; en el resto del año esos regueros son rastros secos como estelas geológicas. Aquí, en este desierto, está el hombre solo ante la áspera naturaleza. Apenas un puñado de gente –menos de uno por kilómetro cuadrado– que disminuye año a año puede vivir aquí, en estas altas tierras, indigentes e ingratas. Aquí, en este desierto, está el hombre solo entre sus semejantes en su destino más elemental. Ellos nada le piden y esta dura intemperie es indiferente a sus obstinados pobladores: no viven en ciudades sino en el medio rural, en módicos poblados, muchos de los cuales datan de cuatro siglos de instalación, pero admiran las ciudades y viajan continuamente a ellas.

                        

Héctor Tizón (2012), Memorial de la puna

La puna jujeña y sus hilos: la hipótesis del aterrizaje

¿Qué relación podría establecerse entre las protestas por el acceso al agua y a los territorios comunitarios que en la puna jujeña llevan adelante las comunidades aborígenes de las Salinas Grandes y los monitoreos ambientales alrededor de los salares de Olaroz y Cauchari? ¿Y entre la inauguración de la Escuela de Educación Técnica Química n.º 2 de Olaroz Chico y los emprendimientos de extracción de iones de litio en Susques? ¿Hay alguna relación entre el movimiento turístico en las Salinas Grandes y la movilidad laboral en los salares puneños? A simple vista, estos eventos parecen aislados entre sí y solo tendrían en común el escenario de fondo: la puna jujeña. No obstante, si bien correlación no implica causalidad, estos eventos en apariencia discretos tienen en común más que un mero escenario “de fondo”. Interactúan y sostienen microconexiones entre sí, y configuran una urdiembre acerca de cómo se construye el paisaje en la puna jujeña a través de diversas operaciones: desde fotos turísticas hasta procedimientos químicos de lixibización de minerales, desde protestas por los territorios comunitarios hasta proyectos educativos y emprendimientos extractivos. Alrededor de estos procedimientos y experiencias, el presente trabajo indaga los modos en los que el paisaje puneño transiciona, muta a través de diferentes modulaciones y gradientes, reconfigurando el escenario y quienes lo habitan. Con este cometido, el trabajo se inscribe en una serie de controversias y conflictos.

Una de estas controversias gira en torno a los impactos y las transformaciones que la minería de litio podría generar en la región. La puna jujeña forma parte de la puna de Atacama, una altiplanicie desértica ubicada a 4.500 m s. n. m. y con una superficie aproximada de 80.000 km² que comparten Argentina y Chile. Esta región árida integra el denominado “triángulo del litio” en Sudamérica, en cuya geografía sobresalen el salar del Hombre Muerto en Catamarca, el salar de Atacama en Chile y el salar de Uyuni en Bolivia; y en Jujuy, como parte de esta macroestructura geográfica, las Salinas Grandes y los Salares de Olaroz y el de Cauchari. Por su composición geológica y climática, toda esta región es un territorio rico en litio: los tres países concentran el 55 % de las reservas mundiales y cerca del 85 % de los depósitos de salmueras (Zícari, 2015). El litio es el mineral estratégico que sustenta la promesa del “carbono cero”, es decir, el pasaje de las matrices energéticas basadas en combustibles fósiles a otras de menor impacto ambiental. El litio se vuelve así una piedra angular de las “tecnologías verdes” y convierte a los salares que componen la región en el nuevo El Dorado del litio: enclaves estratégicos de exploración y explotación de este mineral.

El interés geopolítico global sobre el litio motorizó en la provincia de Jujuy el inicio de emprendimientos litíferos en la puna: tras varios años de exploración en los salares de Olaroz y Cauchari en Susques, en 2014 se inauguraron las plantas de procesamiento de este mineral, iniciativas que suscitaron la actualización del imaginario desarrollista por parte del gobierno jujeño, por un lado, y por otro, la actualización de problemáticas históricas en la región tales como la tenencia de los títulos de los territorios comunitarios por parte de las comunidades originarias o el acceso al agua. La actualización de estas problemáticas fundamenta la denuncia por la violación de derechos comunitarios por parte de los emprendimientos litíferos: este es el caso de la “Mesa de las 33 Comunidades de la Cuenca de las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc”, que inició en 2011 un proceso de movilización colectiva y solicitud de amparo que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a las Naciones Unidas por la prospección de litio en sus territorios. Este proceso de acción colectiva y movilización generó una alerta temprana acerca del impacto de la minería de litio en la región por sus consecuencias ambientales y por cómo impactaría al ecosistema alrededor de los salares y a las comunidades de la zona, su comprensión del territorio y sus formas de relacionarse con este (Zubia, 2014). Esta alerta también promovió la investigación científica sobre la temática.

Al analizar el conjunto de cambios en la región, Barbara Göbel –investigadora de referencia sobre la puna de Atacama– subraya los efectos que el aterrizaje de las empresas mineras produce en el paisaje ecosistémico local:

El ejemplo del Salar de Olaroz-Cauchari […] evidencia la multiplicidad de los efectos que produce el aterrizaje de proyectos mineros de litio. A pesar de que la fase de exploración del litio no requiere de grandes medidas de infraestructura, ya se nota el carácter invasivo de la minería del litio en un ecosistema tan frágil, como son los salares, con la instalación de encerramientos, torres de perforación, casas y otras edificaciones, y el movimiento de camionetas, entre otros. Las injerencias y los impactos serán mayores cuando comience la explotación del litio y el primer procesamiento del mineral en el lugar, como ya lo indican las instalaciones de extracción y procesamiento que se están construyendo en el salar (Göbel, 2014: 177).

La utilización de la noción de “aterrizaje” para describir los emprendimientos mineros es una referencia indirecta al planteo de Vladimir Gil (2020), y connota un impacto abrupto de cambios regionales producto de la instalación de los complejos mineros: plantas, vehículos, entre otros. Son estos ensamblajes sociotecnológicos los que aterrizan en los territorios y alteran las tramas locales. Göbel extiende esta premisa analítica al escenario de la puna de Atacama, extensión que es recuperada por Puente y Argento en su análisis sobre la acción colectiva en las Salinas Grandes:

Las tensiones que han ido emergiendo expresan una disputa por la organización del espacio entre la forma ancestral de ocupar y transformar el territorio por parte de las comunidades y el modo en como las empresas multinacionales “aterrizan” en los salares, donde capitales privados mineros, automotrices y empresariales se asocian para su explotación (Puente y Argento, 2015: 123).

La hipótesis del aterrizaje connota el concurso de dos proyectos territoriales en tensión: uno local ancestral y otro foráneo, cuyo índice es el complejo sociotecnológico del equipamiento fabril.

Por otra parte, prevalece en la discusión sobre la región una concepción de unidad territorial de la puna jujeña. Sobre este presupuesto de unidad territorial, sin embargo, cabe señalar que las comunidades que iniciaron la movilización contra la minería de litio se encuentran alrededor de las Salinas Grandes, mientras que donde ya se inició la explotación minera es en los salares de Olaroz y Cauchari. Alrededor de estos salares, también hay poblados con comunidades aborígenes^[1]. Entre ambas zonas hay una distancia relativamente corta, aproximadamente de 100 km, pero las experiencias habitacionales no son idénticas. En el escenario puneño en Jujuy, las movilizaciones acerca de las resistencias a la minería litífera alrededor de las Salinas Grandes han convocado la atención sociológica y periodística, y esto ha solapado la exploración de otras zonas y otras orientaciones. Al inscribirse en estos debates, y anclado en la diversidad y heterogeneidad de la puna jujeña, el presente trabajo indaga la diversidad de posiciones y de los campos de negociación y discusión sobre el tema en la región.

A partir de estas primeras distinciones empírico-conceptuales, el trabajo se propone matizar la hipótesis del aterrizaje. Para expandir y complejizar esta hipótesis, el trabajo describe y analiza un conjunto de procesos sociotécnicos coetáneos y concomitantes al de la instalación de los complejos productivos en la puna, procesos que cuestionan no solo la polarización entre los dos proyectos, sino también la homogeneidad territorial. Al reponer los procesos complementarios, el artículo indaga estos otros procesos comprendiéndolos como zonas de contacto, de acuerdo con el planteo de Pratt (2010): esto es, espacios fronterizos que desplazan los centros de gravedad y los puntos de vista estables hacia las zonas de encuentros capilares y en ellos la formulación de los lenguajes y las representaciones que mutan. En estas zonas de contacto, el trabajo se esfuerza en distinguir los microcambios de los módulos tecnológicos: más que concentrarse en un único despliegue de la instalación fabril, repone entramados sociotécnicos previos, los cuales van produciendo cambios a baja escala e intensidad (Thomas y Buch, 2008). Estos otros campos de interlocución son también espacios de encuentros culturales, transitorios e interactivos, en los que se modulan microcambios (Tsing, 2005) que ampliarán y enriquecerán la perspectiva acerca de los cambios alrededor de los emprendimientos litíferos.

A partir de estas coordenadas heurísticas, el trabajo concentra su atención en los procesos sociocomunitarios de la región de Susques, donde se ubican los salares de Olaroz y Cauchari, y combina esta indagación con el análisis comparativo de los procesos alrededor de las Salinas Grandes y la laguna de Guayatayoc, escenarios atravesados por los intereses geopolíticos de exploración y explotación del litio, pero también por el turismo y otras tecnologías que inciden en la reconfiguración del escenario local, espacio donde se localiza la movilización que resiste a la explotación litífera. Si bien el trabajo se focaliza en la indagación del impacto de la minería de litio en la región, la conecta con otros procesos como la migración, las dinámicas de transporte, la conectividad telefónica en la región y los procesos productivos, entre otros. En suma, se trata de construir una madeja a través de la cual estudiar cómo se transforma el paisaje local y, particularmente, el generado por la minería de litio.

Este texto recoge materiales obtenidos en entrevistas y observaciones de campo realizadas durante los veranos de 2018, 2019 y 2020, tanto en la región puneña como en la capital provincial, San Salvador de Jujuy. Combina estos registros de campo con el relevamiento de noticias y bibliografía sobre el tema. Recupera también la experiencia laboral precedente en la zona como técnico territorial para el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación entre el 2006 y el 2011.

¿Cuál salar?: el presupuesto de la unidad territorial

La puna es una meseta de alta montaña que integra el sistema de la cordillera de los Andes y se caracteriza por una baja presión atmosférica, un clima árido y bajo nivel de precipitaciones anuales. En Jujuy la puna comprende los departamentos de Cochinoca, Yavi, Rinconada, Santa Catalina y Susques. En su conjunto, la región presenta las siguientes características: comunidades aglomeradas en pequeños pueblos, también población dispersa y núcleos urbanos de mediano tamaño (La Quiaca, Abra Pampa, Susques pueblo); una economía de subsistencia, que combina la producción agrícola-ganadera con el empleo en servicios comerciales y administración pública; y un deficiente acceso a la infraestructura del servicio cloacal y del eléctrico –gran parte del área forma parte del servicio de energía dispersa: al no contar con tendido eléctrico, la población se abastece con gasoil y solo cuenta con luz eléctrica en horarios determinados–, a red de agua potable, a caminos, entre otros. Por la dispersión de su población, la región también presenta deficiencias de acceso a los servicios de comunicación fija y de telefonía celular: solo las localidades de Abra Pampa, La Quiaca, Susques pueblo y Mina Pirquitas cuentan con antenas de telefonía móvil. Otra característica relevante es la alta dinámica de emigración educativa y laboral, con bajo retorno, la cual Karasik (2005) analiza en términos de “drenaje” de la población de las zonas altas (puna y quebrada) y del campo en general hacia áreas de desarrollo capitalista más dinámico, en las regiones de valles al sur de la provincia, zonas vinculadas a la producción azucarera, tabacalera y los servicios estatales y comerciales, particularmente en Gran Jujuy.

Imagen 1. Vista panorámica de Susques pueblo

Fuente: registro fotográfico propio.

A nivel comunitario, la población de cada localidad se encuentra organizada en Comunidades Aborígenes. Estas son espacios de asociación jurídica de carácter asambleario en la que las y los vecinos de cada localidad participan. Cada Comunidad Aborigen cuenta con una comisión directiva, encargada de convocar a las asambleas periódicas, seguir el mandato de la asamblea y realizar las gestiones administrativas referentes a la cuestión comunitaria^[2].

En función de la disposición de las rutas provinciales y nacionales, de los caminos internos y de los flujos de circulación y comunicación en la zona, se distinguen cuatro subregiones: La Quiaca, Yavi y Santa Catalina en la puna norte; Rinconada, Cusi Cusi y Mina Pirquitas, la puna oeste; Abra Pampa y Cochinoca, la puna central; y finalmente Susques, la puna sur de Jujuy.

Sobre este panorama general, consideremos algunas características particulares.

La zona de Salinas Grandes se encuentra ubicada en la puna central, entre las provincias de Jujuy y Salta. Tiene una extensión aproximada de 212 km² y se ubica a una altura de 3.450 m s. n. m. Por su cercanía a la quebrada de Humahuaca –Patrimonio de la Humanidad desde el 2003–, las Salinas son un lugar muy visitado turísticamente, dinámica esta que ha tenido un impacto territorial en la región: los pueblos alrededor del salar iniciaron sus propios emprendimientos turísticos e incluso recorridos con caravanas de llama sobre el salar, los cuales evocan la dinámica de movilidad que caracterizó históricamente a la región. Esta actividad económica convive con la “cosecha de sal”, esto es, la recolección y comercialización de sal para consumo animal y humano (minería a escala comunitaria), por un lado, y, por el otro, con intensos procesos de organización sociocomunitaria que desplegaron organismos como la Asociación de Mujeres Warmi Sayajsunqo, la red de productores PUNHA (Por un Nuevo Hombre Americano), y la Fundación O.CLA.DE. (Obra Claretiana para el Desarrollo), dependiente del Obispado de Humahuaca.

Imagen 2. Ubicación geográfica de las Salinas Grandes y los salares de Olaroz y Cauchari, departamentos y localidades de referencia

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, el salar de Olaroz y el de Cauchari se ubican en el departamento Susques. En esta zona se localizan las primeras plantas de procesamiento de litio de la puna jujeña: tras siete años de planificación, construcción y puesta en marcha del proyecto, la empresa Sales de Jujuy inauguró su planta en el salar de Olaroz en diciembre de 2014, y, alrededor de la misma fecha, la empresa Exar hizo lo mismo con el Proyecto Cauchari-Olaroz al sur de la Ruta 52. La primera de las empresas es una joint venture fundada en 2010 e integrada por JEMSE (Jujuy Energía y Minería, una empresa estatal del gobierno de Jujuy) y Sales de Jujuy Pte. Ltd. –con sede en Singapur–. Por su parte, Exar S.A. es también una joint venture conformada por Lithium Americas Corp (Vancouver) y Ganfeng Lithium Co. Ltd. (China), y desde el 2021 también cuenta con la participación de JEMSE.

Imagen 3. Ubicación geográfica de las áreas de explotación de Sales de Jujuy y Exar en los salares de Olaroz y Cauchari

Fuente: elaboración propia.

Si bien ambas plantas de procesamiento de litio son de inauguración reciente, las empresas transnacionales tienen una presencia de varios años en la zona: Exar opera allí desde el 2007, y Sales de Jujuy, desde el 2006, aproximadamente. Esta presencia territorial de prospección y exploración resta el carácter “novedoso” al emprendimiento litífero: a nivel comunitario, en el departamento Susques ya se conoce a las empresas y sus actividades, las y los habitantes de la zona están familiarizados con sus actividades exploratorias y con la circulación de sus vehículos por la región.

En las Salinas Grandes, en cambio, todavía no hay emprendimientos de explotación litífera, aunque sí cateo, y esto ha sido objeto de denuncia local: en 2011 las Comunidades Aborígenes alrededor de las Salinas Grandes, organizadas en la Mesa de las 33 Comunidades de la Cuenca de las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, presentaron un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra las provincias de Jujuy y Salta y el Estado nacional, “a fin de que se condene a arbitrar las medidas necesarias para hacer efectivos sus derechos de participación y consulta” (CSJN, 2011: 1). De acuerdo con el planteo de las comunidades, en la zona ya se estaban realizando actividades prospectivas^[3]. En la audiencia pública de la causa, celebrada en 2012, el fiscal de Estado Alberto Matuk, en representación del gobierno de Jujuy, informó que no existían pedimentos de exploración ni explotación de litio en la zona de las Salinas Grandes, y sí en la zona de Olaroz y Cauchari, donde se contaba con el consentimiento informado de parte de las comunidades. La denuncia por la falta de consulta se elevó ante el Relator de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Anaya, 2012) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En paralelo a la estrategia jurídica, también se realizaron movilizaciones colectivas, como los cortes de la Ruta Nacional n.º 52. Estas dieron mayor visibilidad al escenario de las Salinas Grandes. De hecho, la bibliografía que se ocupa del impacto del litio en la región se concentra mayormente en este caso (Schiaffini, 2013; Argento, 2020; Pragier, 2019; Puente y Argento, 2015).

Con el foco en la emergencia de las protestas en la acción colectiva y la disputa territorial alrededor de las Salinas Grandes, estas indagaciones parten del efecto novedad y de la concepción de la unidad territorial sin distinguir dos subregiones distintas. ¿Cómo enriquecer estas investigaciones desde una perspectiva más diacrónica, una que vaya más allá del efecto novedad y que considere, por ejemplo, las experiencias de convivencia con las empresas litíferas desde hace más de una década en el pueblo de Susques, y que considere, además de la minería de litio, otros procesos territoriales?

La metamorfosis del paisaje. Susques, Olaroz, Cauchari

No hay duda de que la puesta en funcionamiento de las plantas de procesamiento de litio en Olaroz y Cauchari resultan un acontecimiento sociotécnico en el paisaje puneño, de clima árido y seco: las nuevas infraestructuras fabriles, con sus módulos verticales y coloridos piletones verde esmeralda, contrastan con los ocres del paisaje y el predominio de la línea horizontal, de acuerdo con la imaginería turística predominante desde hace décadas.

Imagen 4. Vista panorámica del complejo fabril de la empresa Sales de Jujuy en Olaroz

Fuente: El Tribuno de Jujuy.

Los Informes de Impacto Ambiental (requeridos por el Decreto Reglamentario Provincial n.º 5.772 de 2010) de cada una de las empresas dan cuenta de ese acontecimiento sociotécnico en la puna a través de la descripción de sus complejos fabriles:

Todas las obras del Proyecto afectarán el paisaje en la medida en que representarán una modificación del entorno natural. […]. Estas constituyen el mayor impacto del Proyecto sobre los factores naturales, ya que afectan la continuidad visual del salar que es su atributo más valioso desde el punto de vista paisajístico (Expte. n.º 655-2017, Secretaría de Minería de la Provincia).

Para dar a conocer la magnitud de los equipamientos globales emplazados en la puna, las empresas organizaron tours guiados por la zona para funcionarias, funcionarios, periodistas, investigadores e investigadoras. En conjunto, como efecto de estas excursiones, se instaló en la opinión pública el efecto novedad del emplazamiento fabril en Susques, efecto que se trasladó también a la investigación sobre sus efectos. En conjunto, los análisis sociológico y periodístico olvidan, sin embargo, la continuidad entre el equipamiento fabril y otros módulos que componen el entramado sociotécnico preexistente, por ejemplo, las camionetas.

Las camionetas son un medio de transporte clave en la región, ya que no se cuenta con transporte público que conecte las localidades alrededor de esta zona de producción. Y las camionetas de las empresas, mientras realizan sus tareas, sirven también de vehículo de conexión para distintas actividades cotidianas: traslado de agentes de salud, de familias entre las zonas, de maestros y maestras, etc. Seguir la dinámica de los vehículos sirve de referencia para pensar la familiaridad de las y los lugareños con los equipamientos móviles de las empresas y las facilidades que estas proveen desde hace más de una década.

Trazar una continuidad entre la instalación de las plantas de procesamiento de litio a gran escala y las camionetas que le preceden, como parte de un conglomerado tecnológico más complejo, permite matizar la hipótesis del aterrizaje del emprendimiento fabril: no hay un único módulo fabril que “desciende” en la puna, sino más bien una trayectoria de instalación productiva de la cual camionetas y plantas son unidades con diferentes escalas de un proyecto territorial y productivo mayor. En este sentido, los entramados socioproductivos impactan más bien capilarmente en la reconfiguración del paisaje local y no a grandes saltos. Es este el planteo de Milton Santos (2000), quien, en su analítica de la ontología del espacio, focaliza la atención en objetos y acciones, en cuanto conforman sistemas técnicos que determinan el carácter singular de una configuración espacial. Siguiendo su planteo, preguntar cómo cambia el paisaje implica interrogarnos por las diferentes instancias en las que se producen microcambios técnicos que transforman la relación con el medio: son estos acontecimientos los vectores de la metamorfosis. En esta línea, no solo las camionetas, sino también los tendidos eléctricos, las líneas telefónicas, los otros medios de transporte, los materiales de las viviendas, los electrodomésticos cotidianos, entre muchos otros artefactos que podríamos considerar aquí, van produciendo cadenas de acontecimientos en las que también ocurre la instalación de la planta de litio.

Los sistemas productivos regionales también forman parte de esos entramados de objetos y acciones. Así, por ejemplo, al analizar el impacto de la economía capitalista en la región durante los siglos xix y xx, Göbel estudia cómo se fue combinando la economía de hacienda pastoril de base con los primeros emprendimientos mineros de la puna, la migración laboral zafrera a las yungas y el empleo salarial estatal, entre cuyos efectos distingue los cambios en las unidades domésticas:

La existencia de objetos que solamente se pueden adquirir con dinero como mesas, sillas, armarios, camas, radios, bicicletas, etc. refleja el grado de involucramiento de esta unidad doméstica con la economía capitalista; y esto tanto en el pasado como en el presente. Se podría contar a través de estos objetos la historia del entrelazamiento entre la economía de mercado y el pastoreo. Además, son marcadores de diferenciación social entre las unidades domésticas. Otras expresiones del impacto de la economía capitalista son determinados alimentos (por ejemplo, fideos, arroz, fruta enlatada, gaseosas, pan de la panadería) y ropa que fue confeccionada industrialmente (por ejemplo, pantalones vaqueros, zapatillas, camperas) (Göbel, 2003: 197).

Entre las dinámicas de pastoreo y hacienda en la región, pero también entre las gaseosas, los jeans, las escuelas, las camionetas y las plantas de procesamiento, hay una contigüidad material. Hay gradientes. En la misma línea, las instalaciones de las plantas de procesamiento en la zona dejan de ser una novedad local porque a nivel comunitario ya se tenía conocimiento de su futura construcción mucho antes de que se efectivizaran las obras: las camionetas y los uniformes con sus logotipos de las empresas ya lo anunciaban, en una penetración y cambios capilares.

Durante los últimos años, los pequeños cambios cotidianos que se iban produciendo alrededor de las iniciativas mineras causaron el retorno a Olaroz Chico de gente que había emigrado, ya fuera por razones laborales o educativas. Esta migración de retorno viene acompañada de teléfonos celulares, internet y pantallas led: quienes vuelven a la puna vuelven con sus costumbres, gustos y consumos aprendidos en otras partes. Y estos producen también cambios locales.

Entre polígonos y superficies: la puna hojaldrada

¿A quiénes les pertenecen los salares? Esta es una pregunta bastante espinosa, pero de algún modo también permite comprender la complejidad del escenario regional, y no solo por las jurisdicciones políticas que convoca, sino también por la configuración espacial a partir de las cuales se definen estas. Veamos.

De acuerdo con la legislación argentina (Constitución Nacional y Código Minero), los “recursos naturales” como el litio –y otros minerales metalíferos– son recursos estratégicos, y su dominio es potestad de los gobiernos provinciales. La jurisprudencia distingue suelo y subsuelo, este último es objeto de gestión estatal o de concesión privada, pero cuyos derechos administra el Estado. De aquí que la condición de propiedad terrenal en la Argentina, en cualquiera de sus formas, lo sea solo en términos de superficie. De este modo, la jurisprudencia construye una primera operación de abstracción geométrica del espacio que tiene una expresión material en la región de nuestro interés: un corte topográfico vertical que asigna derechos por capas. Esta primera operación se complementa con otra, horizontal y más compleja, la que define polígonos en la superficie. Estos determinan jurisdicciones superficiales: un terreno particular, un ejido municipal, una división político-geográfica gubernamental, un territorio comunitario aborigen, etc., cada una con sus respectivos derechos. Estas capas de polígonos se superponen o se complementan, de acuerdo a las jurisdicciones. Ahora bien, por sus cualidades en las minas, el eje vertical y el eje horizontal se unifican, estas son tanto polígonos de superficie como subsuelo de exploración geológica. Consideremos las siguientes imágenes para comprender en detalle el escenario que nos convoca:

Imagen 5. Localización geográfica de los Territorios Comunitarios de Ocupación Actual Tradicional y Pública (OATyP) con resolución, ubicados sobre y alrededor de las cuencas de Salinas Grande y laguna de Guayatayoc y los salares de Olaroz y Cauchari en la puna Salto-Jujeña. Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas. Ejecución Ley n.º 26.160

Fuente: elaboración propia a partir de datos georreferenciados provistos por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

Imagen 6. Superposición de polígonos mineros y territorios comunitarios en las Salinas Grandes y los salares de Olaroz y Cauchari. En rojo las minas concedidas, en verde los pedimentos mineros

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos del GeoVisor Minero, elaborado por la Secretaría de Minería de la provincia de Jujuy (edición de febrero de 2021).

Las dos imágenes anteriores nos muestran cómo se gestiona el territorio en la puna jujeña, conformado por polígonos que diseccionan el paisaje territorial. La imagen 5 señala los territorios de las Comunidades Aborígenes reconocidos alrededor de las Salinas Grandes y laguna de Guayatayoc y los salares de Olaroz y Cauchari, conquistados a través de lucha y demanda por reconocimiento identitario. Por otra parte, la imagen 6 grafica los polígonos mineros en la misma zona de referencia: en rojo las minas concedidas, en verde las minas solicitadas. Cada conjunto minero concedido a las empresas constituye el área de explotación en Olaroz y Cauchari. En la zona de las Salinas Grandes, por otra parte, también se observan polígonos de minas concedidas y pedimentos, de litio, boro y borato, pero todas recién en fase de cateo.

En este complejo hojaldre de polígonos territoriales, también se dirime la transformación de la puna jujeña, en cuanto cada uno no solo condensa una operación de abstracción geométrica del territorio, un segmento en la superficie, sino que también connota la incisión de jurisdicciones con sus correspondientes derechos: en Susques, el relevamiento territorial de la Ley n.º 26.160 reconoció casi todo el ejido departamental como territorio comunitario; en cambio, en la zona de las Salinas, todavía no se institucionalizó el reconocimiento de los territorios comunitarios, y esto también se actualiza en el proceso de movilización y acción colectiva en este salar. En este sentido, de algún modo, las Comunidades Aborígenes de Susques se encuentran en “mejores” posiciones político-territoriales frente a las empresas mineras, en cuanto poseen ya el reconocimiento estatal de sus territorios comunitarios. Esto convierte a las comunidades de Susques en interlocutoras necesarias del emprendimiento litífero, dado que los recursos estratégicos se encuentran en el subsuelo de sus territorios.

Entonces, ¿a quiénes les pertenecen los salares? Esta pregunta conduce a una encerrona, es claro, pero el no formularla incurre en el desconocimiento de los linajes geomorfológicos que inciden en los campos de interlocución, de cómo se configuran y de cómo se rearman las agencias territoriales. De tal forma, los emprendimientos mineros no aterrizan sobre los territorios, sino que más bien se engarzan sobre este hojaldre de incisiones geomorfológicas, se integran a un escenario que tiene también una configuración previa.

Campo de interlocución 1: las áreas de relaciones comunitarias

En Susques las empresas mineras vienen operando territorialmente hace más de quince años, por lo cual se fue conformando un mercado de trabajo regional con contratación de mano de obra local –requerimiento establecido por las comunidades–, el cual comprende una serie de segmentos: el primero es de empleo directo de contratación a cargo de las mismas empresas; un segundo son las empresas subcontratistas; y finalmente un tercero, el sector de servicios asociados. Entre estos se ubican hospedajes, lavanderías, comedores que prestan servicios para las y los trabajadores de las plantas casi de forma exclusiva, por lo cual son trabajos satélites.

A lo largo de estos años, la conformación de este mercado de trabajo ha sido incorporado como forma de vida habitual en las comunidades locales: directoras de escuela y personal de salud mencionan la existencia de trabajadoras y trabajadores mineros que generan ingresos familiares. Están también la inversión de la tendencia migratoria y la circulación de bienes y mercancías, así como algunas mejoras en la construcción: en un recorrido por Susques pueblo, Puesto Sey, Olaroz y otras localidades, se observan obras de viviendas particulares en construcción que generan empleo local. Otro cambio mencionado es el control del consumo de alcohol, preocupación comunitaria extendida en la región. Al respecto, y a pedido de las autoridades locales, las empresas efectúan controles de alcoholemia a las y los trabajadores. Esto ha tenido efectos señalados por agentes sanitarios y autoridades escolares, y también por las y los comerciantes despenseros de la zona, que observaron una merma en sus ventas.

En estos temas, existen espacios de interacción entre referentes de Comunidades Aborígenes y las áreas de relaciones comunitarias de las empresas. Este “componente social” de los emprendimientos mineros es una orientación técnico-política surgida de la conflictividad socioambiental en torno a la actividad minera en el mundo, y también de la emergencia de la noción de “responsabilidad social corporativa” como tecnología de gestión de actuaciones y conflictos por parte de las empresas en general (el desarrollo de la stakeholder theory en el ámbito de las finanzas y de las corporaciones empresariales). Visto desde el lado empresario, la antropóloga e investigadora Mónica Echenique, responsable del relaciones comunitarias de Exar, indica:

En lo social se señalan dos acciones: hacia adentro de los proyectos vinculados a las poblaciones indígenas, se ha iniciado un camino adaptando a medidas explícitas de reconocimiento de sus derechos sobre la propiedad de la tierra, el acceso a recursos y la protección de su patrimonio […]; y hacia afuera, en las áreas urbanas, la acción ha consistido en responder a los ataques [antimineros] antes que dando a conocer sus acciones (Echenique, 2012: 363-364).

En Susques cada empresa tiene su propia área de relaciones comunitarias, y cada una cuenta con sus respectivos programas y áreas de intervención. Sales de Jujuy consigna como área de influencia comunitaria a 10 localidades, a saber: Coranzulí, El Toro, Jama, Puesto Sey, Pastos Chicos, Catua, Susques pueblo, Olaroz Chico, Huancar y San Juan de Quillaques. Por su parte, Exar conforma su área de influencia con 6 localidades: Puesto Sey, Pastos Chicos, Huancar, Catua, Olaroz Chico y Susques pueblo. En cada una de estas áreas de influencia, las empresas trabajan con programas de transporte comunitario, acompañamiento a campañas de salud, programas de comunicación y consulta, generación de bolsas de trabajo y empleo local, entre otras acciones territoriales.

Estos programas de trabajo social parten de un diagnóstico de las problemáticas territoriales. Por ejemplo, la del transporte terrestre. En toda la región, la infraestructura de movilidad es deficiente: solo el pueblo de Susques cuenta con transporte público de pasajeros, que conecta esta localidad con Purmamarca y San Salvador de Jujuy, con una sola frecuencia por día, pero el resto de las comunidades no tienen transporte regular. En este contexto, la implementación de programas de transporte social fue bien visto por parte de las comunidades, en cuanto resuelven una necesidad inmediata frente a la cual el Estado no plantea solución. Lo mismo acontece con los programas de microdonaciones que realizan las empresas: las entrevistas de campo realizadas a directoras de establecimientos educativos y agentes de salud coinciden en destacar los beneficios directos –microdonaciones– que reciben por parte de las empresas, a las cuales acuden solicitando colaboración para la realización de eventos y actividades especiales (fiestas de egresados, celebraciones religiosas, actividades sociales), o incluso el mejoramiento de la infraestructura institucional o comunitaria (salones comunitarios, infraestructura de plazoletas, etc.) (ver imagen 7). Se trata de la ejecución a corto plazo de acciones comunitarias por parte de las empresas, frente a la pobreza de la población y a la ausencia de servicios estatales.

Imagen 7. Laboratorio y sala de música en Olaroz Chico, edificio construido por Sales de Jujuy

Fuente: El Tribuno de Jujuy.

Como se desprende de estos beneficios inmediatos, la cotidianidad de la vida regional se ve empapada por la actuación de las empresas a través del accionar de sus áreas de relaciones comunitarias. Estas parten de diagnósticos situados, como la cuestión del empleo, la deficiencia del sistema de transporte, la necesidad de conectividad digital y de recursos específicos de microfinanciamientos, y generan planes y estrategias de intervención al respecto.

Campo de interlocución 2: entre escuelas, fábricas y asambleas

La continuidad educativa es otro de los motivantes de la migración regional de Susques. En cada uno de los poblados, solo hay una escuela primaria con régimen de verano –el ciclo lectivo se inicia en septiembre y culmina en junio–. Para continuar los estudios secundarios, las opciones son emigrar al pueblo de Susques o directamente a Gran Jujuy. En Susques pueblo, hay una escuela secundaria (n.º 13, Comandante Piedrabuena) y un profesorado de nivel terciario (Instituto de Educación Superior n.º 3).

En este contexto, fue novedosa la inauguración en 2018 de la Escuela de Educación Técnica n.º 2 en Olaroz con orientación en química, perfil directamente relacionado con los emprendimientos mineros regionales. La inauguración de la escuela era un proyecto anhelado a nivel comunitario, ya que permitiría no solo la continuidad de la formación, sino fundamentalmente contener a la población juvenil en la zona. Antes de su concreción, se institucionalizó un secundario virtual a distancia, como primera iniciativa de contención. Esto fue posible con la instalación de internet en la zona, a través de la intervención de la empresa Sales de Jujuy. Luego la Comunidad Aborigen de Olaroz alcanzó un acuerdo educativo estratégico para su proyecto territorial: la comunidad se encargó de la construcción del edificio escolar con los aportes de las empresas, y el gobierno de Jujuy proporcionó los cargos docentes.

Este acuerdo pone sobre relieve dos situaciones: por un lado, el sistema de donación por parte de las empresas a las Comunidades Aborígenes. Respecto de la escuela, Sales de Jujuy señaló que fue construida con un “acompañamiento muy importante”^[4] por parte de la empresa, mientras que, en el acto de inauguración, el gobernador Gerardo Morales señaló que la escuela “fue construida por la comunidad con esfuerzo propio”^[5]. Entre una y otra declaración, el sistema de donación de las empresas es un tópico sensible a nivel local y por tanto esquivado durante las entrevistas de campo: cuánto y con qué regularidad las Comunidades Aborígenes reciben tales fondos no se explicita bien, ni tampoco es claro el carácter formal y su correlación con los derechos territoriales descritos en la sección “Entre polígonos…”. Lo que sí se señala en las entrevistas es que la gestión de esos fondos ha activado la reorganización de las comisiones de las Comunidades Aborígenes. Con estos fondos, y a nivel asambleario-comunitario, se ha definido la realización de obras de mejoramiento de la infraestructura de los salones de las Comunidades Aborígenes en Olaroz Chico, Puesto Sey, Huacar y otras localidades. En Olaroz Chico los fondos se utilizaron también para la construcción de la escuela técnica. Por otra parte, la creación de cargos docentes se realizó en situaciones institucionales particulares, a pesar de que no se cumplieron requisitos para la institucionalización de este nivel de acuerdo con la política educativa, tales como cantidad de población general, número de escuelas primarias en la zona, etc. No obstante esto, el gobierno provincial creó los cargos necesarios para responder a la priorización realizada a nivel local.

Imagen 8. Foto panorámica de Olarzos Chico, con destacado del edificio de la Escuela de Educación Técnica n.º 2

Fuente: El Tribuno de Jujuy.

El director de la escuela relató los pasos iniciales de la escuela: el diseño de los contenidos programáticos estuvo guiado por los procesos químicos realizados en la lixiviación del litio en los salares de Susques, las empresas mineras se encargaron de la donación del equipamiento de los laboratorios y se esperaba que, a medida que avanzara la formación, las y los estudiantes pudieran realizar pasantías educativas en las empresas, proveyendo la mano de obra que estas requerían. En suma, el proyecto educativo institucional está asociado directamente a los emprendimientos litíferos en su despliegue territorial, que convergieron con la oportunidad de llevar adelante proyectos educativos locales que generan mecanismos de retención de la emigración de las y los jóvenes.

La misma orientación definió la inauguración de la Tecnicatura Superior Química Minera Sustentable, que funciona desde el 2017 en el Instituto de Educación Superior (IES) n.° 3. La formación profesional se engarza con el proyecto territorial productivo-minero en curso, y retoma la historia de la minería en la región y cómo esta se inscribe en las dinámicas familiares, ya que las y los pobladores de Susques conformaron históricamente la mano de obra que se empleaba en las minas puneñas (Delgado y Göbel, 2003).

En su aspecto más formal, las acciones de las áreas de relaciones comunitarias de las empresas se enmarcan en los procedimientos de consulta requeridos para cada emprendimiento minero. El Decreto Provincial n.º 5.772 establece como requerimiento de pedimento minero la consulta previa e informada, por notificación formal, al titular del dominio. Esta tarea de consulta es llevada a cabo por las áreas de relaciones comunitarias de Sales de Jujuy y Exar y consiste, básicamente, en la realización de reuniones comunitarias por localidad, en las que agentes de las empresas informan sobre el proyecto minero en su conjunto, y atienden las inquietudes surgidas del proceso de consulta. Si tenemos en cuenta que el requerimiento se aplica para cada uno de los IIA de las tres etapas del emprendimiento minero, la cantidad de reuniones informativas y de consulta por localidades es considerable.

Imágenes 9, 10, 11 y 12. Acta de reunión informativa en la localidad de Pastos Chicos. Esta y las demás actas componen el expediente de la Resolución n.º 008/2017

Fuente: registro fotográfico propio tomado en la biblioteca de la Secretaría de Minería de la provincia.

El conjunto de actas que componen los expedientes consultados dan cuenta de las reuniones mantenidas a lo largo del tiempo. Las consultas fueron ejecutadas por las empresas en el marco del Decreto Provincial n.º 5.772 y fueron avaladas por referentes de las Comunidades Aborígenes que integran la Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial (UGAMP), órgano intersectorial que asesora a la autoridad de aplicación minera respecto de cada emprendimiento. La trama de este procedimiento de entablar diálogos y acuerdos tiene antecedentes que preceden a la consulta de la tecnocracia corporativa de las áreas de relaciones comunitarias, y estas son la forma asamblearia misma a través de la cual las Comunidades Aborígenes se organizan y son reconocidas estatalmente.

La organización de los polígonos y las jurisdicciones desglosada en el apartado “Entre polígonos…” es posible en función de esta organización de base: la asamblea de la comunidad. Esta discute y define a nivel comunitario cada acción que se realice en la zona, desde la consideración sobre los IIA hasta el proyecto del INAI. Entonces, al trazar una conexión entre las experiencias asamblearias aborígenes locales y los procedimientos de consulta informada ejecutados por las empresas, lo que se subraya es la genealogía de esas zonas de contacto entre locales, organismos nacionales, el Estado y las empresas, en una intrincada arquitectura de espacios de participación y consenso o disenso. La consulta informada y tecnocrática de las empresas no es un evento novedoso a nivel comunitario. Evoca la asamblea aborigen misma, esta vez con interlocutores poderosos además del Estado.

Este conjunto de acciones –la inauguración de la escuela, los trayectos de formación con perfil en química minera, la construcción de espacios de infraestructura escolar y comunitaria, las reuniones informativas– señala la existencia de vías de comunicación entre las comunidades, las empresas mineras desde sus áreas de relaciones comunitarias, y las instancias estatales. Un campo de interlocución que se viene construyendo de forma situada desde hace varios años.

En conjunto, se puede debatir respecto a las y los actores de estas interlocuciones –con las desigualdades de recursos y de poder entre ellos–, de las grandes empresas trasnacionales y de las comunidades locales, como también sobre el rol del Estado en todo el intercambio. En estos espacios, con actoras y actores con diferente poder, se negocian y definen los consensos (y también los disensos) acerca de los emprendimientos mineros.

Puna N1 ≠ Puna N2: proyectos territoriales y zonas de contacto

El paisaje puneño de Jujuy está cambiando con la minería de litio en la región, y, para estudiar los impactos que esta tiene y las alteraciones que produce, nos interrogamos por la forma en la que se piensan los cambios territoriales. Señalamos al respecto cómo el campo de discusión retoma la hipótesis del aterrizaje, la cual plantea el despliegue abrupto de los complejos y las infraestructuras de los emprendimientos litíferos con sus propias lógicas productivas. Esta hipótesis supone, como matriz epistemológica, la implantación de un proyecto territorial minero sobre una experiencia habitacional de carácter ancestral. Esquemáticamente, esto puede sintetizarse del siguiente modo: un espacio N2 que se superpone sobre un espacio N1 y, consecuentemente, una temporalidad N1 que se ve reorganizada por una temporalidad N2. Esta matriz tiempo-espacio N1 ≠ tiempo-espacio N2 se focaliza en el equipamiento fabril y en cómo se territorializa como una implantación sobre el paisaje cultural previo. Su foco es la novedad del emplazamiento y su impacto en la reestructuración de las lógicas y dinámicas locales. De este esquema se deduce que N1 es el espacio ancestral, originario, que N2 interrumpe.

Para matizar esta polarización, operó como vigilancia epistemológica de nuestro análisis el señalamiento de Rivera Cusicanqui, quien indica:

Al hablar de pueblos situados en el “origen” se niega la coetaneidad de estas poblaciones y se las excluye de las lides de la modernidad. Se les otorga un status residual, y de hecho, se las convierte en minorías, encasilladas en estereotipos indigenistas del buen salvaje guardián de la naturaleza (Rivera Cusicanqui, 2010: 59).

A partir de este planteo, seguimos con atención un conjunto de procesos coetáneos y concomitantes que también constituyen el paisaje regional puneño en transición: las dinámicas de migración, la continuidad educativa y los proyectos escolares, el acceso a servicios como internet, la constitución de un mercado de trabajo local, el impacto del turismo, la incidencia del transporte comunitario entre localidades, la configuración de rutas y caminos, la tenencia de los territorios comunitarios, entre otros. Estas dimensiones forman una urdiembre que configura el paisaje territorial y trazan vasos comunicantes entre los polos del esquema Puna N1 ≠ Puna N2.

Por otra parte, en pos de estudiar los cambios en la región, nos resultó necesario también distinguir y precisar la particularidad de los escenarios en cuestión, las Salinas Grandes y los salares de Olaroz y Cauchari, como dos subregiones diferenciadas en sus dinámicas de movilidad, servicios y accesos, rutas y caminos, entre otras. Las primeras son más conocidas tanto por sus paisajes fotográficos turísticos (declarada una de las siete maravillas de la Argentina), como por su posición explícita en contra de la minería de litio (la acción colectiva de la Mesa de 33 Comunidades); el segundo escenario, en cambio, es más conocido por las plantas de los complejos sociotécnicos mineros. La zona alrededor de las Salinas evidencia mayor dinamismo y circulación, sobre todo por integrar el circuito turístico patrimonial y por su accesibilidad. Por el contrario, en el interior del departamento Susques, la dinámica está dada, por un lado, por la migración y, por el otro, por los movimientos de circulación, exploración y extracción minera que se ejecutan desde hace más de una década.

Despejar la hipótesis del aterrizaje y el presupuesto de unidad territorial de la puna nos permitió indagar con más detalle la zona de Susques, que es la de más difícil acceso y también la parte en la que se emplazan los complejos fabriles de las plantas de procesamiento de litio. Esta zona se vio históricamente afectada por la migración a los nodos urbanos de la región y del sur de la provincia (el conglomerado Gran Jujuy), sea por estudio o por trabajo, proceso que Karasik (2005) denomina como el “drenaje de las tierras altas a las tierras bajas”. La generación de puestos de trabajo y de trayectos de formación educativa –nivel secundario y terciario–, como así también la disponibilidad de transporte comunitario, todo esto con patrocinio de las empresas, tienen una incidencia directa en la contención e inversión de la tendencia migratoria: el trabajo de campo realizado evidencia el retorno por trabajo y la retención por escolarización, además del mejoramiento general del equipamiento territorial (salones comunitarios, puestos de salud, escuelas, entre otros).

El conjunto de la situación denota, por un lado, que el patrocinio territorial de las empresas, a través de sus áreas de relaciones comunitarias, se asienta sobre un corrimiento de la función estatal: las empresas proveen conexión a internet, transporte comunitario, empleo y apoyo a la salud y la educación, financiamiento para el equipamiento edilicio comunitario y para eventos locales, etc. En suma, lo que antes las instituciones y organizaciones territoriales demandaban al Estado, ahora lo acuerdan con las empresas. Visto desde el ángulo de la vida cotidiana de las y los pobladores, estas iniciativas permiten responder a las numerosas necesidades insatisfechas, y las comunidades realizan sus proyectos territoriales: la escuela, la formación técnico-química, el transporte comunitario, etc.

La realización de proyectos comunitarios no supone la interlocución entre módulos monolíticos en diálogo: las comunidades + Comisión Municipal + las empresas. Los programas de relaciones comunitarias de las dos empresas que trabajan en la zona se superponen sin coordinación territorial alguna, como también sus zonas de intervención en casi los mismos poblados (Exar consigna como campo de intervención la zona sur del departamento, mientras que Sales de Jujuy consigna la zona sur y parte de la zona norte). Del otro lado, las comunidades no son tampoco módulos homogéneos: no solo hay intereses divergentes entre las Comunidades Aborígenes de la zona, sino también al interior de estas. Durante los últimos años, se han activado los intereses por ocupar los puestos dirigenciales de las Comunidades Aborígenes –el rol de presidencia del Consejo Comunal– y, con ellos, la gestión de los fondos mineros. Estos últimos son un tema opaco a nivel local: si bien varias de las entrevistas indican que las comunidades reciben fondos mineros, la forma legal de éstos no es clara: si son regalías, donaciones o servidumbre de paso. Por último, cabe señalar el rol de la Comisión Municipal de Susques en toda la interlocución. Históricamente, la comisión trabajó en conjunto con las empresas mineras, en cuanto estas no solo generaban trabajo local, sino que también resolvían demandas específicas a nivel local (al respecto, un dato relevante es que el actual comisionado municipal, Santiago Mamaní, integró el equipo técnico del área de relaciones comunitarias de Exar).

Al concentrarnos en la interacción entre diversos participantes en diálogo, se constata la complejidad de la situación. No es una polarización entre dos proyectos territoriales, sino más bien la cohabitación de varios, algunos en coincidencia y otros no. En esta línea, la conjunción de actuaciones en estos campos de interlocución implica reconocer también la diversidad de fuerzas: por su capacidad de administración de recursos, es claro que las empresas tienen mayores posibilidades de ejecución y resolución de necesidades territoriales, pero esto no supone la cooptación inmediata de la población a través de atender a las necesidades y los proyectos comunitarios, que encuentran su viabilización a través de aquellos.

Finalmente, despejar la hipótesis Puna N1 ≠ Puna N2 también nos permite repensar los procesos de transculturación y considerarlos en sus gradientes: las lides de la modernidad –tal cual la cita de Rivera Cusicanqui– no arriban o se inauguran con el emplazamiento de las empresas, sino mucho antes: zonas de contacto producto de las migraciones y los movimientos por la región.

Por último, concentrarnos en los microcambios de la subregión de Susques permite complejizar la composición del escenario regional en su conjunto. Así, la acción colectiva de las comunidades alrededor de las Salinas Grandes y su preocupación por las fuentes de acceso al agua también están presentes en la zona de Olaroz y Cauchari. El relevamiento de los expedientes de las concesiones mineras muestra que las empresas mismas indican como riesgo ambiental el descenso de las capas freáticas de agua en la zona (lo explicitan en sus Informes de Impacto Ambiental), y las actas de las reuniones informativas contienen pasajes que denotan la preocupación comunitaria por el tema agua. Esta es una cuestión también presente en las entrevistas de campo, junto a otros temas como el trabajo, la educación, la conectividad o incluso el alcoholismo. Sin embargo, mientras que estos otros temas encuentran resonancias en las instancias de relaciones comunitarias de las empresas, la cuestión del agua se sostiene como una inquietud permanente y no resuelta a nivel comunitario: una preocupación expectante por los efectos a largo plazo de aquello mismo que se conquista a corto plazo. Esto es así porque es una cuestión medular de la explotación minera litífera, que pondría en peligro las maneras en que las empresas se han instalado y la tecnología que utilizan.

Bibliografía

Anaya, James (2012). “Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas”. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Naciones Unidas.

Argento, Melisa (2020). “Sentidos políticos y construcción de lo común en los territorios de resistencias a la minería del litio de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc”. Cartografías del Sur. Revista de Ciencias Artes y Tecnología, vol. 12, pp. 105-134.

CSJN (2011). C.1196.XLVI “Comunidad Aborigen de Santuario Tres Pozos y otros c/ Jujuy, Provincia de y otros s/ amparo”. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Disponible en bit.ly/3gUK8g8.

Echenique, Mónica (2012). “Interrelaciones de los distintos actores sociales que participan en los conflictos del sector minero en Jujuy”. En Bergesio, Liliana y Golovanevsky, Laura (eds.). Industria y sociedad. El sector manufacturero en Jujuy y Argentina. San Salvador de Jujuy: EdiUNJu.

Decreto Reglamentario Provincial n.º 5.772/2010. Reglamentación de la Ley 5.063 de Protección Ambiental para la Actividad Minera, 6 de mayo de 2010, Jujuy. Disponible en bit.ly/372FICA.

Delgado, Fanny y Göbel, Bárbara (2003). “Departamento de Susques: la historia olvidada de la Puna de Ataca”. En Benedetti, Alejandro (comp.). Puna de Atacama: sociedad, economía y frontera. Córdoba: Alción, pp. 81-104.

García Moritán, Matilde y Cruz, María Beatriz (2011). Comunidades originarias y grupos étnicos de la Provincia de Jujuy. Yerba Buena, Tucumán.

Gil, Vladimir (2020). Fighting for Andean Resources: Extractive Industries, Cultural Politics, and Environmental Struggles in Peru. Arizona: University of Arizona Press.

Göbel, Bárbara (2003). “‘La plata no aumenta, la hacienda sí’: continuidades y cambios en la economía pastoril de Susques (Puna de Atacama)”. En Benedetti, Alejandro (comp.). Puna de Atacama: sociedad, economía y frontera. Córdoba: Alción, pp. 199-242.

Göbel, Bárbara (2014). “La minería de litio en Atacama: disputas sociales alrededor de un nuevo mineral estratégico”. En Göbel, Bárbara y Ulloa, Alejandra (eds.). Extractivismo minero en Colombia y América Latina. Universidad Nacional de Colombia y Ibero-Amerikanisches Institut, pp. 167-196.

Karasik, Gabriela (2005). Etnicidad, cultura y clases sociales. Procesos de formación histórica de la conciencia colectiva en Jujuy, 1970-2003. Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Tucumán.

Pragier, Deborah (2019). “Comunidades indígenas frente a la explotación de litio en sus territorios: contextos similares, respuestas distintas”. Polis, vol. 18, n.º 52, pp. 76-91.

Pratt, Mary Louis (2010). Ojos imperiales. Literatura de viaje y transculturación. México: Fondo de Cultura Económica.

Puente, Florencia y Argento, Melisa (2015). “Conflictos territoriales y construcción identitaria en los salares del noroeste argentino”. En Fornillo, Bruno (coord.). Geopolítica del litio. Industria, ciencia y energía en Argentina. Buenos Aires: El Colectivo y CLACSO, pp. 123-155.

Rivera Cusicanqui, Silvia (2010). Ch’ixinakax utxiwa: una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores. Buenos Aires: Tinta Limón.

Santos, Milton (2000). La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción. Barcelona: Ariel.

Schiaffini, Hernán (2013). “Litio, llamas y sal en la Puna argentina: Pueblos originarios y expropiación en torno al control territorial de Salinas Grandes”. Entramados y Perspectivas, vol. 3, n.º 3, pp. 121-136.

Thomas, Hernán y Buch, Alfonso (2008). Actos, actores y artefactos. Sociología de la tecnología. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.

Tsing, Anna Lowenhaupt (2005). Friction. An Ethnography of Global Connection. Princeton: Princeton University Press.

Zícari, Julián (2015). “El mercado del litio desde una perspectiva global: de la Argentina al mundo. Actores, lógicas y dinámicas”. En Fornillo, Bruno (coord.). Geopolítica del litio: industria, ciencia y energía en Argentina. Buenos Aires: El Colectivo y CLACSO, pp. 19-56.

Zubia, Gonzalo Federico (2014). “Las trampas de la identidad bajo el designio del logos”. Polis, vol. 13, n.º 38, pp. 325-344.

---