Nudos conceptuales en los niveles meso y micro

Este primer capítulo condensa el andamiaje teórico que sostiene el libro. Se encuentra organizado en tres apartados. En el primero de ellos, se desarrolla un esquema básico de la microeconomía neoclásica junto con su crítica y se argumenta sobre la necesidad de considerar el abordaje sustantivo como una escuela de pensamiento específica ante las insuficiencias e invisibilizaciones de las heterodoxias generalmente reconocidas en la disciplina económica. El segundo apartado presenta el campo de la ESS en América Latina y las tres corrientes principales con foco en el papel del Estado en relación con su promoción, en particular, a nivel territorial. Finalmente, se plantean tensiones e incoherencias frecuentes de las operacionalizaciones que se realizan tanto sobre la ESS como sobre la EP a nivel microeconómico, lo que nutre la pregunta sobre las premisas microeconómicas en relación con las PESS.

1. De la crítica a la microeconomía neoclásica al abordaje sustantivo como una escuela de pensamiento específica

El objeto de este trabajo se definió por una de las principales falencias de la formación de los economistas cuando intentamos comprender o explicar el funcionamiento de algún tipo particular de empresa o mercado del mundo real. Al hacerlo, las herramientas que la formación de grado nos provee nos llevan al terreno de la microeconomía. A mal puerto vamos con nuestras aspiraciones puesto que, en general, la formación provee elementos fundamentalmente de la corriente principal en microeconomía, es decir, la microeconomía neoclásica, ortodoxa o por su término en inglés mainstream (que es de uso frecuente por tratarse de una disciplina colonizada) la cual poco se preocupa por las economías empíricas, como trabajaremos en este capítulo.

El tema es que, en general, incluso en la universidad pública, no se asume que se trata de una corriente dentro de un conjunto posible de corrientes. Menos aún se tematizan los alcances y limitaciones de la misma y, como correlato, tampoco son de fácil acceso los contenidos sobre las demás escuelas.

La frustración se acrecienta cuando nuestro interés no es cualquier tipo de empresa o mercado del mundo real, sino aquellos que pretenden su transformación o, al menos, la satisfacción de las necesidades individuales y/o sociales que, en cierto modo, llevan también al cambio social, dadas las circunstancias actuales. Esto suele implicar en la práctica que tales empresas o mercados se autoadjetiven, y lo propio sucede a nivel analítico, para señalar su carácter de sociales (redundante, pero necesario de ser exacerbado en virtud de la institucionalización de la práctica capitalista), solidarios, justos, autogestionados, recuperados, asociativos, cooperativos, mutuales, comunitarios, ecológicos, feministas, campesinos, indígenas, alternativos, emancipatorios, transformadores, entre otros posibles adjetivos y las distintas combinaciones entre sí.

Se trata de un tema que reviste complejidad ya que tanto gran parte de las prácticas que se autoperciben utilizando estos adjetivos –incluyendo al campo académico cuando se ubica en su carácter de instituciones de apoyo– son reticentes a asumirse como canales acríticos de preceptos de la microeconomía neoclásica.

En un plano discursivo macro y sistémico, el amplio espectro de las ciencias sociales y las heterodoxias en economía desarrolla críticas a la microeconomía neoclásica. Sin embargo, cuando analizamos muchos de los discursos y las prácticas microeconómicas con cierta profundidad, las continuidades neoclásicas abundan. La microeconomía neoclásica sigue allí aparentemente sacralizada mientras que las alternativas microeconómicas más coherentes con la ESS no logran aún reconocimiento.

Pretendemos resistirnos al TINA (There Is No Alternative), expresión lo suficientemente utilizada en relación con la globalización neoliberal a escala macroeconómica o sistémica y que también podemos aplicar a nivel micro y mesosocioeconómico. Creemos que, en particular el nivel micro, es una vacancia que motivó emprender este trabajo porque las continuidades neoclásicas siguen haciendo su trabajo con rotunda eficacia y eficiencia, jugando en contra tanto del corpus teórico crítico y alternativo como de las prácticas que se proponen la sostenibilidad de la vida.

Iniciamos el capítulo con la definición de microeconomía, para identificar con premura que en gran parte de la literatura toda microeconomía pareciera ser neoclásica; luego tomamos como contrapunto temas centrales del abordaje sustantivo, el cual se constituye en el marco desde el que sostenemos este libro, desde el “Sur Global”^[1], con las especificidades de la ESS y la EP latinoamericanas.

1.1 Definición de microeconomía y la escuela neoclásica

No pretendemos aquí aggiornar las críticas a la microeconomía neoclásica ni aportar nuevas. En virtud de los objetivos de nuestra tesis, fue necesario inmiscuirnos en sus preceptos básicos e ilustrar el modo en que las heterodoxias no aportan mayores elementos para la comprensión de nuestro objeto de estudio al invisibilizarlo y/o asimilarlo a las empresas convencionales ejerciendo probablemente de modo involuntario un prolijo trabajo de la sociología de las ausencias para utilizar el término que nos aporta Santos, B. (2002) y que será base de nuestra metodología en el capítulo 5.

Ahora bien, ¿cómo se define a sí misma la microeconomía? La primera hoja de un manual de uso difundido se saltea la definición y, bajo el título “el mercado”, prioridad absoluta en los contenidos de esa materia, comienza por el análisis de un ejemplo –“el mercado de los apartamentos”–, sosteniendo que

la economía se basa en la construcción de modelos de los fenómenos sociales. Entendemos por modelo una representación simplificada de la realidad […] Piénsese en lo inútil que sería un mapa hecho a escala 1:1. Lo mismo ocurre con un modelo económico que intente describir todos los aspectos de la realidad. El poder de un modelo se deriva de la supresión de los detalles irrelevantes, que permite al economista fijarse en los rasgos esenciales de la realidad económica que intenta comprender. En este caso, queremos saber qué determina el precio de los apartamentos, para lo cual necesitamos tener una descripción simplificada de su mercado. (Varian, 1994: 1)

Esto denota, en primer lugar, la jerarquización del método hipotético deductivo y el modelo, en este caso, matemático. En segundo lugar, es notable que para el autor las preguntas esenciales no fuesen, por ejemplo, ¿cómo definir las necesidades de vivienda y distinguirlas de las demandas solventes de vivienda? ¿Cómo la sociedad legitima las demandas no solventes de vivienda? ¿Cuáles serían los satisfactores que aportarían mejor en ese sentido? ¿Cómo y quiénes podrían producirlos? ¿Cuáles serían los mejores mecanismos para intercambiarlos? Y, en definitiva, ¿cómo lograr la satisfacción de las necesidades de vivienda? No hay lugar para el Estado, para la comunidad. El manual asume relaciones mercantilizadas y se focaliza en la determinación de los precios.

Una definición más convencional es la de un texto también masivo e incluso utilizado en la formación a no economistas, que define a la microeconomía del siguiente modo:

La microeconomía estudia los comportamientos básicos de los agentes económicos individuales y los mecanismos de formación de los precios. La macroeconomía, por el contrario, analiza los comportamientos agregados o globales y se ocupa de temas como, por ejemplo, la inflación o el producto bruto total de una economía. (Mochón y Becker, 1994: 5)

En la página anterior del mencionado libro, dichos autores definen economía como “la ciencia que estudia la asignación más conveniente de los recursos escasos de una sociedad para la obtención de un conjunto ordenado de objetivos”. Veremos más adelante que el primero que definió de este modo “la ciencia económica” fue Robbins (1932) sobre la base de autores neoclásicos como Marshall y Pareto, y que se convertiría en la definición hegemónica. En este caso, hacen la distinción de “ciencia que estudia”; otras veces es directamente“la economía”, no pudiendo diferenciarse si se trata de la práctica o del estudio de la misma.

En este libro, vamos a tomar como válida la parte de la definición que hace que se dedique a los agentes económicos individuales y a sus comportamientos. Ahora bien, la cuestión de “lo micro” asociado a lo pequeño no formará parte de nuestra perspectiva. En ese sentido, lo disciplinar nos resulta fundante. Y consideramos oportuna la aclaración en virtud de que suele ser objeto de discusión sobre todo en relación con las expresiones vinculadasa la EP y sobre lo que ya hemos trabajado específicamente en el terreno de las microfinanzas (Muñoz, 2007a)^[2].

Volviendo a los manuales de uso corriente en los cursos de microeconomía, es interesante el artículo de Lee (2010) que, luego de haberse dedicado a la docencia de la microeconomía, recurre también a Varian y plantea que

los textos de grado inician asumiendo que la teoría es aceptada sin dudas, los estudiantes no son provistos de herramientas históricas ni metodológicas para evaluar críticamente lo que se les está enseñando. Esto hace cuestionable a la economía como una ciencia social abierta al pensamiento crítico y reflexivo. Más bien, el contexto en el cual a los estudiantes se les enseña microeconomía es más parecido al de novatos siendo introducidos a textos basados en fe, incuestionables. (Lee, 2010: 212)

Compartiendo esta apreciación, agregamos tres cuestiones centrales que se siguen presentando como incuestionables y que, a nuestro juicio, no sólo condicionan, sino que llegan a determinar el análisis y las recomendaciones de política que emergen de la microeconomía neoclásica.

En primer lugar, “el mercado total”, según la expresión que utiliza Hinkelammert (1984), para denotar la utopía de ser el mercado no sólo la mejor, sino la única forma de asignar recursos en todas las sociedades y todo momento, organizando a individuos libres e iguales que se relacionan impersonalmente sólo a través de dinero para el intercambio de mercancías en mercados perfectos y completos. Subyace allí la pretensión última de que todas las actividades humanas se organicen como los mercados y todas las personas se terminen comportando, al desarrollarse históricamente cada vez más mercados, como la teoría neoclásica presupone. De allí que en la definición de microeconomía precedente apareciera inmediatamente la cuestión de los precios. Son economías monetarias, transando mercancías, en mercados que se rigen a partir de los mecanismos de la oferta (donde se representan los productores) y la demanda (los consumidores), que van a operar hasta que supuestamente logren precios y cantidades de equilibrio. Si algo externo altera esta armónica situación, existen mecanismos internos de regreso al equilibrio. La formulación original de Walras (1872) fue de “equilibrio general”, en donde –por medio de la célebre metáfora del rematador walrasiano– se fijan los precios en todos los mercados al unísono, apareciendo luego Marshall (1890), quien se abocará a los equilibrios parciales. Sólo ocasionalmente existirán fallas en estos mercados y, en esos casos, estará legitimada la intervención estatal, siempre en el sentido de crear más mercado, de completarlos, de mejorar su funcionamiento. De aquí se traslada que todos los bienes y servicios son mercancías y que, por tanto, todas las necesidades se satisfagan a través de ellas.

El segundo aspecto fundamental es lo que los manuales de textos denominan “el flujo circular de la renta”. En su versión más simple, el mismo plantea la existencia de una economía cerrada en todo sentido: sin encastramiento social, sin Estado, sin intercambio a nivel internacional, sin relación con lo ecológico en términos de insumos, uso de recursos ni desechos, donde aparecen dos tipos distintos de mercados: el de bienes y el de factores. En el primero, se intercambian cualquier tipo de bienes y servicios y, en el segundo, como cualquier otra mercancía, se intercambian la tierra, el trabajo y el capital. A su vez, se asigna a las familias el rol de proveedoras de los factores productivos y consumidoras de los bienes y servicios que producen las empresas. Para la teoría neoclásica, las únicas con legitimidad para producir son las empresas y existe una sola racionalidad posible a la hora de producir: la capitalista. En versiones más elaboradas, el flujo circular de la renta incluye al Estado, los intercambios con el resto del mundo, el mercado financiero e incluso hay modelos desde la economía ecológica. Pero, hasta en estos diagramas más completos, siguen siendo sólo las empresas las productoras de bienes y servicios y las familias consumidoras o proveedoras de factores productivos para las empresas.

En tercer lugar, cuando se construyen las curvas de oferta y demanda, se hace agregando a los agentes representativos que están atomizados a partir de la existencia de infinitos oferentes y demandantes sin posibilidades de incidir en los precios ni en las cantidades de los bienes y servicios que se negocian^[3]; son portadores de una racionalidad perfecta de tipo instrumental (medios­–fines) que consiste en que cada tipo de agente maximice su variable correspondiente: beneficio (si es empresa oferente), utilidad/satisfacción (en caso de ser consumidor), con sus consecuentes teorías de la producción y del consumo y sus particulares formas de calcular costos y fijar precios.

De todos modos, cabe aclarar, que no se trata de hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, niños o colectivos trans de carne y hueso. Los modelos se erigen sobre el homo economicus, un apriorismo ultrautilitarista, aislado, egoísta, que sólo actúa en función de su interés propio, con anteojeras de caballo para construir y orientar sus decisiones por curvas implícitas siempre independientes de los demás (después surgirán las externalidades y darán lugar a cierta interdependencia). Ese homo economicus, en las formulaciones más básicas, tendrá racionalidad ilimitada o perfecta (luego se desarrollarán los modelos de racionalidad limitada, pero siempre instrumental).

La idea del ser egoísta, calculador y racional aparece ya en escritos de los filósofos griegos, pero fue Smith quien lo consagra como supuesto de la naturaleza humana para dar cuenta del comportamiento económico, con afirmaciones ya célebres del tipo:

No es la benevolencia del carnicero, el cervecero, o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. No nos dirigimos a su humanidad sino a su propio interés, y jamás les hablamos de nuestras necesidades sino de sus ventajas. (Smith, 1776: 29)

Años después será en la obra de Stuar Mills (1836), en referencia a su propuesta para la economía política, donde se presuponga

una definición arbitraria de hombre como un ser que inevitablemente hace aquello con lo cual puede obtener la mayor cantidad de cosas necesarias, comodidades y lujos, con la menor cantidad de trabajo y abnegación física con las que estas se pueden obtener ante el actual estado del conocimiento. (Mill, 1836: 45)

Luego Marshall (1890) considerará que tanto las familias como las empresas van a compartir una lógica económica y será Pareto (1906) quien explícitamente utilice la categoría de homo economicus, aunque recién a partir de 1950 la economía ortodoxa empieza a atribuirle a los agentes económicos el carácter de racionales, encontrando su máxima expresión probablemente en la obra de Arrow y Debreu (1954). A su vez, Phelps (1969) fue uno de los primeros que utilizó explícitamente la categoría de microfundamentos para referirse al debate sobre la necesidad de poner atención a los fundamentos micro (siempre con las características recién mencionadas) en los que se basaban modelos macroeconómicos que se construían agregando los comportamientos individuales con un individualismo metodológico a ultranza, lo cual se constituye, para nosotros, en una de las principales críticas a realizar a esta teoría.

Dicho individualismo metodológico se complementa con el método hipotético deductivo en virtud del cual se construyen modelos que son válidos para toda sociedad, toda cultura, en todo momento histórico, a partir de este tipo de presupuestos abstractos a los que se le suman otros como la concepción abstracta y estacionaria del tiempo y, en definitiva, de todo territorio concebido como espacio abstracto euclidiano en los modelos originarios de la economía espacial (Von Thunen, 1842; Weber,1929; Christaller,1933; Isard, 1956). En estos modelos, encontramos una apología de la simplificación a la que Astarita (2008), luego de analizar varios autores y ejemplos contrastados empíricamente, cataloga como de “hermosas matemáticas para contar mentiras”.

Una de las defensas típicas de esta teoría es que abordajes como el nuestro hacen referencia al modelo más básico. Sin embargo, incluso pequeños avances sobre éste, al contrario de ver como nosotros un panorama crítico y pesimista, considera a la microeconomía contemporánea como un “festín suculento, variado y cambiante”. Se trata de uno de los manuales de historia del pensamiento económico más utilizados a nivel global (Ekelund y Hébert, 1992), donde sostienen que esta microeconomía está

llena de muchos temas provocativos y de aplicaciones interesantes […] Incluso una mínima degustación del festín transmite la impresión, clara y correcta, de que la teoría económica ha dado y está dando pasos de gigante en la dirección del “realismo”. Los economistas están aprendiendo a reconocer y dar razón de todas las clases de circunstancias del mercado real que no se tuvieron en cuenta cuando los mercados fueron analizados por Alfred Marshall. Por supuesto, esto no supone una crítica a los auténticos pioneros de la teoría microeconómica como Marshall, Jevons o Robinson. Antes, por el contrario, constituye la evidencia de que el primitivo aparato conceptual podía tratar aquellas circunstancias. En realidad, las direcciones modernas de la teoría microeconómica son testimonio de la fecundidad de las primeras contribuciones y de la vitalidad de la economía. (Ekelund y Hébert, 1992: 667)

Los autores ilustran este posicionamiento a raíz de trabajos como los de Coase (1937), donde por primera vez se reconoce la existencia de costos de transacción (hasta ese momento el supuesto generalizado era que los costos de transacción eran nulos); el trabajo de Akerlof (1970), donde se plantea que la información puede ser asimétrica (y no simétrica o perfecta, como el tan mentado modelo de competencia perfecta); o las supuestas contribuciones de Becker (1973, 1976, 1993), que consideran a la casa como una “fábrica en miniatura”, la familia “como un contrato”, los niños como “bienes de consumo”, entre otras cuestiones reivindicadas por el manual del mainstream al que le cabe lo que Bourdieu, aplicado a su noción de “capital humano”, calificara de una teoría “difusa y vaga, y pesadamente recargada de presupuestos inaceptables desde un punto de vista sociológico” (Bourdieu, 2001: 16).

A su vez, sobre un aspecto central para nuestros objetivos, como es la separación entre productores y consumidores, los autores del manual sostienen un particular punto de vista:

La microeconomía neoclásica tradicional impone una estricta separación entre productores y consumidores, mientras que la microeconomía contemporánea trata la separación como una hipersimplificación del proceso por el que los bienes se compran y se consumen. La economía doméstica como una fábrica […] que combina bienes decapital, materias primas y trabajo para limpiar, alimentar, procrear y producir deotra manera mercancías útiles. El consumidor individual neoclásico se convierte, en este planteamiento másamplio, en parte de la producción y del consumo doméstico. Y lo que es más importante, el análisis contemporáneo admite que la producción y el consumo de bienes (los niños se consideran a veces como bienes de consumo en el modelo de Becker) requieren tiempo. El tiempo es un coste de oportunidad que debe calcularse junto con los precios de mercado de cualquier bien o actividad al tomar decisiones económicas. (Ekelund y Hébert, 1992: 650)

Como vemos, siguen las reglas generales planteadas anteriormente. Agregamos que es posible que esta teoría haya servido de inspiración para que organismos como la Agencia para los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su denominación en inglés) plantearan la noción más sofisticada de “portfolio económico de los hogares” (Cohen y Dunn, 1997), asimilando los hogares a las empresas, considerando la producción, la inversión y el consumo, a partir de recursos humanos, físicos, financieros y redes sociales, al servicio de la deuda. Hablan de hogares a secas, aunque se refieren a hogares empobrecidos sobre los que intentan imponer las formas microempresariales capitalistas y las microfinanzas. Sin embargo, no cabe en el imaginario de estos autores la posibilidad de la conformación de empresas autogestionadas, cooperativas, comunitarias, sociales, entre otros adjetivos, que se salgan de la esfera doméstica a partir de la asociación de las mismas o que provengan de una comunidad que las contenga exante.

Quisiéramos cerrar este punto retomando la incuestionabilidad de la teoría neoclásica que planteaba Lee, rescatando que se las arregla para pasar toda prueba, a pesar de todo y, en especial, por rechazar toda contrastación empírica. Hay un sello en la génesis de la escuela neoclásica que perdurará hasta nuestros días que la habilita para ello. Recordemos que dicha escuela tiene origen a finales del siglo XIX, continuando la línea de David Ricardo y en disputa a la crítica a la economía política que estaba haciendo Marx, en un contexto donde el naciente capitalismo necesitaba un claro instrumento de legitimidad. Pasaron siglos y sigue cumpliendo la misma función. Su vigencia es, en definitiva, una cuestión de poder. Se le hacen críticas desde la lógica, y nada sucede. Se le hacen críticas desde lo empírico, y el mismo resultado. En definitiva, es la herramienta pseudocientífica que tiene el capitalismo para legitimar su economía y sociedad de mercado.

Basta ilustrar con un solo proceso. Si nos remitimos a la última gran crisis mundial del 2008 que tuvo su origen en la avidez de ganancias de corto plazo de los capitales especulativos, materializada inicialmente en las hipotecas subprime, es ilustrativo que el Banco Mundial, apenas pasada la crisis, cuando se estaban sintiendo los mayores impactos socioeconómicos, haya postulado “una nueva geografía económica” (Banco Mundial, 2009) que, tal y como planteamos en Muñoz y Coraggio (2018), no hacía ninguna autocrítica e insistía con más mercados secundarios y las microfinanzas. Es interesante la inquietud de Mirowski sobre cómo puede ser que la economía ortodoxa saliera indemne o, incluso, fortalecida de esa crisis, ante lo que observa un “fracaso endémico de la imaginación económica de la izquierda” (Mirowski, 2013:26). El autor llega a la conclusión que

los neoliberales reaccionaron a su propia derrota política en las décadas de 1930 y 1940 reconsiderando su lista de compromisos epistémicos y económicos desde cero, fuera de la academia convencional, cuando su situación parecía terrible. Todavía no veo una respuesta similar en la crisis actual desde la izquierda. La nostalgia por el New Deal puede ser tan debilitante como la creencia en la política espontánea del proletariado o las inclinaciones democráticas de internet. Los neoliberales tienen sus propios planes de amplio espectro para responder a las crisis que amenazan sus mundos; es hora de que sus oponentes encaren un proyecto. (Mirowski, 2013: 392)

A nuestro juicio, la escuela sustantivista es una potente respuesta teórica y la ESS encara un proyecto como el que alude el autor. Pero examinemos antes de adentrarnos en éstos, los abordajes heterodoxos en tanto contraposiciones ya institucionalizadas a la escuela neoclásica y por qué decimos que realizan un prolijo trabajo de sociología de las ausencias en lo que a nuestro objeto de estudio respecta.

1.2 Las insuficientes críticas e invisibilizaciones de las heterodoxias

La definición de qué son las heterodoxias es materia no resuelta en nuestra disciplina e incluso no hay acuerdo sobre dónde ubicar a algunos autores centrales. En general, se entiende por ellas a las escuelas críticas a la ortodoxia y la literatura suele centrarse en tres corrientes: el marxismo, el institucionalismo^[4] y el postkeynesianismo^[5]. Por ejemplo, Lee sostiene que un texto ideal de un curso sobre microeconomía heterodoxa debería formar en esas escuelas y, en particular:

cubrir la economía política clásica, la emergencia de las teorías de oferta y demanda, una presentación detallada de las primeras formulaciones de la microeconomía en contraste con la microeconomía contemporánea, un panorama histórico de la evolución de la teoría desde 1900 y una crítica sistemática de todas las críticas a la microeconomía neoclásica. (Lee, 2010: 209)

Si dejamos de lado al marxismo por razones obvias –ya que nos cuesta verlo como “una escuela heterodoxa” más^[6]–, en los análisis empíricos, las heterodoxias seguirán sosteniendo su corazón neoclásico, como analizamos en detalle en el tercer apartado de este capítulo y, por tanto, a nuestro juicio, seguimos considerándolas como derivaciones de la misma.

Al abogar por una “economía más justa”, Agenjo Calderón et al. (2017) a las tres escuelas recién mencionadas, van a agregar la economía ecológica, la economía feminista y la economía del desarrollo, siendo los diálogos con estas últimas esenciales con la economía sustantiva. Nos llaman la atención dos puntos de este texto, más cercano a nuestro campo. Primero, la omisión de Stiglitz dentro de la escuela institucionalista, autor sobre el que trabajaremos más adelante. Segundo, que tampoco se reconozca al sustantivismo como una escuela de pensamiento específica. Lo que hace el manual es proponerlo, al final, como “un programa de desarrollo a considerar”, planteando las ventajas del enfoque de Polanyi, única referencia que se menciona.

Por otro lado, interesa reforzar los términos de una crítica intestina a la microeconomía neoclásica desde un punto de vista heterodoxo, y dar cuenta un poco más cabalmente de sus alcances y limitaciones. Quizá sea Guerrien el autor más representativo al respecto, habiendo desarrollado manuales alternativos de microeconomía (Guerrien y Jallais, 2008). El autor realiza una provocación a la corriente principal:

La teoría neoclásica se parece mucho a las especulaciones de los escolásticos, las matemáticas reemplazando al latín. En su caso, la especulación es sobre el comportamiento de individuos (o “agentes”) puramente imaginarios (ya que los parámetros que los caracterizan no se deducen de la observación ni de los datos disponibles) y toman decisiones en mercados todavía más imaginarios. Es muy significativo que los que se ocupan de la administración de empresas no le hagan caso a la teoría neoclásica: basta consultar cualquier libro de management para darse cuenta de ello. En las escuelas de comercio, la microeconomía es una materia puramente decorativa, muchas veces presentada como una fantasía de los economistas, que hay que tragarse… ¡y olvidar! (Guerrien, 2006: 9)

Estaríamos de acuerdo con esta afirmación si sostuviéramos una visión heterodoxa. Ahora bien, desde un punto sustantivo, creemos que el management es profundamente neoclásico en virtud de haber asumido sus preceptos estructurantes: a través del marketing, se exacerban los valores del homo economicus, se aborda la sociedad hiperindividualizada con una pretensión de mercado total, se pugna porque las necesidades (reducidas al concepto de preferencias) se satisfagan sólo a través de mercancías en lugar de distinguir entre necesidades, satisfactores y bienes económicos, tal y como nos proponen Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn (2010[1986]), las familias consumen y proveen los factores de la producción y son las empresas las que producen con estrategias aparentemente sólo mercantiles y asépticas. Todo lo demás es negado, invisibilizado. Por ejemplo, comunidades indígenas con derechos vulnerados por empresas contaminadoras, que producen daños a la salud con industrias que socializan sus costos ambientales en lugar de internalizarlos, y no encaran las acciones correspondientes para no afectar las condiciones de vida de la población ni de la naturaleza por una mera cuestión de costos privados que les implican menores ganancias. También ignoran la cosmovisión indígena y su relación con la Pachamama. No se trata de recursos naturales a ser extraídos para la explotación capitalista y que la economía ambiental pueda internalizar en sus curvas o, incluso, la ecológica con abordajes multicriteriales o hasta el propio planteo de la inconmensurabilidad. Se trata de otros diálogos y vínculos, que reconozcan y respeten dicha cosmovisión.

Por supuesto que no imaginamos que se tomen decisiones empresariales ni de consumo construyendo las curvas neoclásicas ni que los precios de los mercados vengan de la mano del rematador walrasiano. Al mismo tiempo, las respuestas heterodoxas nos quedan cortas. Necesitamos salir de la disciplina para tener una visión más amplia si es que nuestra pretensión es comprender los fenómenos que estamos analizando, aunque no nos restrinjamos a los aportes sustantivistas. En ese sentido, se volverán centrales trabajos como el de Bourdieu (2001), que pondrá en jaque a la microeconomía neoclásica analizando las prácticas económicas desde la integridad de las dimensiones de la vida social, intentando contraponerse a la lectura segmentada que descansa en una abstracción analítica consistente en disociar una categoría particular de prácticas (la económica), del orden social en que está inmersa toda práctica humana. El abordaje ortodoxo desvirtúa los procesos de comprensión de la realidad y sus consecuentes intervenciones, lo que requiere de perspectivas que, a la vez de integrales, sean capaces de captar la complejidad social con énfasis en las estructuras y relaciones de poder predominantes y sus posibles efectos dentro del sistema capitalista. Esto lleva a pensar cualquier práctica “como un hecho social total” expresión que Bourdieu (2001: 15) toma de Mauss, para así no confundir los niveles analíticos de esferas abstractas como si fuera real la separabilidad en el mundo entre lo económico, lo social y lo político. Y, teniendo en cuenta que

por legítimas que sean las abstracciones operadas en función de las necesidades del análisis, hay que tener nítidamente presente que el verdadero objeto de una verdadera economía de las prácticas no es, en última instancia, otra cosa que la economía de las condiciones de producción y reproducción de los agentes y las instituciones de producción y reproducción económica, cultural y social. (Bourdieu, 2001: 26)

Su teoría del habitus y del campo, aplicado al campo económico, con actores y sujetos dotados de comportamientos razonables, en lugar de racionales, y el Estado conformando y constituyendo ese campo económico (al contrario de lo que los defensores del neoliberalismo intentan sostener negando sistemáticamente la realidad), nos rescata cuando necesitamos propuestas más complejas para explicar empíricamente cómo se construyen los precios y la incidencia de las relaciones de fuerza.

Con herramientas como éstas, encontramos respuestas distintas a la pregunta de Varian sobre los determinantes de los precios de los departamentos de la que partimos al inicio de este capítulo, ejemplo que también utiliza nuestro autor francés. De todas maneras, en su caso, se consideran todas las formas de capitales y agentes existentes en el campo, donde el Estado es uno central y no externo como para Varian.

Con este tipo de disquisiciones en mente, cuando analizamos la producción académica nacional de la heterodoxia económica, vemos que por un lado el repertorio y el arsenal instrumental son distintos a los del mainstream y se preocupan por las economías empíricas, pero, por el otro, encontramos que emplean dispositivos hegemónicos que invisibilizan de modo sistemático nuestro objeto de estudio^[7]. Aunque a veces citen puntualmente a Polanyi, prefieren a Keynes, muy eventualmente a Marx, siendo más neoinstitucionalistas, evolucionistas^[8] o la síntesis cepalina.

A grandes rasgos, hallamos el siguiente patrón de problemas en esta producción. En primer lugar, se ocupan de las discusiones más tradicionales sobre el desarrollismo o neodesarrollismo; a su vez, priorizan la macroeconomía a la microeconomía y la mayor relación entre ambas se pregona, pero, en general, sigue sin ser practicada. Salvo excepciones, las únicas empresas que se reconocen son las capitalistas, con un marcado foco en las pymes y los emprendedores “a secas”, sin hacer referencia a la diversidad de empresas e instituciones existentes en el territorio nacional en los análisis macroeconómicos sectoriales que realizan. Entre las instituciones de apoyo, siguen sin distinguirse, por ejemplo, las nuevas redes universitarias que se gestaron para promover a la ESS o la EP, como la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria (RUESS)^[9], o la Red de Intercambio Técnico con la Economía Popular (RITEP)^[10], la institucionalidad dentro del propio Estado, los movimientos sociales específicos, etc. Por otro lado, diferencian trabajo de empleo, pero no se salen de las categorías más tradicionales; es decir, suelen no incorporar el trabajo autogestionado, asociativo u otras categorías más propias de nuestro campo (Kantis et al., 2020; Abeles, Cimoli y Lavarello, 2017; Bárcena, Prado y Abeles, 2015; Barletta et al., 2013; Agis, Cañete, Panigo, 2013; Beccaria y Maurizio, 2012; Azpiazu y Schorr, 2010; Cibils y Allami, 2010; Milesi et al., 2007; Neffa et al., 2006; Azpiazu, Basualdo y Kulfas, 2005^[11]; entre otros).

Es relevante, en particular, recordar en el marco de este patrón el camino que siguió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) del estructuralismo latinoamericano con la tesis de la heterogeneidad estructural hasta llegar al neoestructuralismo, y todo lo que se perdió en el medio como la originalidad y las dinámicas propias de nuestra región, tal y como explica Sztulwark (2003); a lo que se suma Narodowski (2007) calificándola como una síntesis neoinstitucionalista-evolucionista. Quizá la nueva síntesis estructuralista-postkeynesiana que propone Valdecantos (2015) sea más auspiciosa, pero no encontramos que sea una línea que haya tenido continuidad ni tampoco que reconozca las especificidades de la EP ni la ESS.

En el marco de estas heterodoxias, vemos en Narodowski (2007) una grata excepción. Entre otros aspectos, se esmera por identificar las diversas corrientes entre la amplia diversidad de escuelas en el Norte y en el Sur. Como le interesa explicar el territorio y, creemos, logra una interdisciplina o termina siendo más geógrafo que economista, considera a todos los actores y no sólo a los que ven los economistas, ya sean hegemónicos o heterodoxos. De este modo, incorpora dentro de su radar a la EP explícitamente (Narodowski y Mutuberría, 2008; Narodowski, 2013).También encontramos un trabajo de Kulfas (2003) que se sale de esta norma al ocuparse de la relación entre la micro de las empresas recuperadas y la macro nacional, reconociendo especificidades, y en donde plantea dilemas de identidad. Asimismo, hay trabajos recientes de Chena (2018, 2017), quien se ocupa de la EP.

De todos modos, no pretendemos dar cuenta de todo el campo ni en términos generales ni con estas excepcionalidades, pero sí creemos haber identificado algunos aspectos comunes entre las heterodoxias y nuestro objeto empírico que ameritó una tematización específica en virtud de las invisibilizaciones y el lugar marginal que sigue teniendo nuestro objeto de estudio.

Para cerrar este punto, vale decir que esta negación de la escuela sustantiva o de nuestro objeto empírico no se da sólo en la disciplina económica, salvo por la antropología económica, que es la subdisciplina más justa con Polanyi y desde donde, de hecho, se institucionalizó lo que se denominó como “el debate entre los sustantivistas y los formalistas” en la década de 1960 (Balazote, 2007). Distintas ramas de la sociología hacen lo mismo que la economía. Por ejemplo, desde la sociología del trabajo, Villavicencio (2000) le regala “la economía” a la teoría neoclásica, como si la escuela sustantivista no hubiera existido concomitantemente; le atribuye la noción de embeddedness a Granovetter (1985), de corte mucho más microsociológico^[12] que la noción previa de Polanyi, cuyo encastramiento de la economía es en toda la sociedad, y propone reconstruir un diálogo entre la economía y la sociología –que considera “intermitente y desfasado”–. Además, observa que en el curso del siglo XX, las relaciones entre la economía y la sociología, en un principio convergentes, se fueron distanciando^[13]. Y utiliza luego autores neoclásicos puros (Marshall, Pareto) o cercanos (Schumpeter).

Por su parte, Heredia y Roig (2008), si bien atribuyen a Polanyi la autoría del concepto de embeddedness, deciden dejar fuera de materia de análisis del campo de la sociología económica tanto a lo que denominan economía solidaria como al Mouvement Anti-utilitariste dans les Sciences Sociales^[14]– cuyas siglas MAUSS hacen referencia al autor–. Dichos autores consideran sobredimensionado el principio de reciprocidad y sostienen una cuestión normativa explícita. Las críticas están dirigidas especialmente a Laville y Caille. Disentimos con Heredia y Roig en base a lo que desarrollaremos en el subpunto siguiente: la perspectiva sustantiva propone reconocer la existencia de todos los principios de integración social de lo económico. Ninguno por sobre otro, cada uno en la medida en que exista en cada sociedad, en cada momento histórico. Negar, sobredimensionar o subestimar a priori, sin investigar la existencia de la reciprocidad y las experiencias de economía solidaria en los territorios, no nos parece que contribuya a la comprensión de las economías y sociedades realmente existentes. Lo entendemos como parte de un ejercicio de recorte en un artículo, aunque no lo justificaríamos como una práctica sistemática.

En definitiva, se deduce de este punto la importancia de redoblar esfuerzos para que la escuela sustantiva alcance reconocimiento y logre diálogo sistemático con las heterodoxias en economía y otras disciplinas, al menos, en las ciencias sociales.

1.3 Aspectos centrales de la escuela sustantiva para nuestro objeto de estudio

Entre las principales herencias que nos deja Polanyi, identificamos que haya puesto en el centro las relaciones existentes entre sociedad, economía y Estado a través de un modo estilizado y a través de un método empírico (Polanyi, 1944; Polanyi, 1957; Polanyi, Arensberg y Pearson, 1957).

Rescatamos aquí dos aspectos centrales que serán disparadores para los posteriores desarrollos teóricos del campo de la ESS. En primer lugar, el haber reconocido la existencia de un doble movimiento: el desencastramiento de la economía a raíz del mercado autorregulado, del que surge como respuesta un segundo movimiento para volver a reencastrar socialmente a la economía y donde el autor puso al Estado socialdemócrata como protagonista. En la coyuntura que analiza este libro, estaríamos enfrentando el primer movimiento nuevamente. El autor nos advertía:

Los mercados de trabajo, de tierra y de dinero son sin ninguna duda esenciales para la economía de mercado. No obstante, ninguna sociedad podría soportar, incluso por un breve lapso, los efectos de semejante sistema fundado sobre ficciones groseras, a no ser que su sustancia humana y natural, así como su organización comercial, estuviesen protegidas contra las devastaciones de esta fábrica del diablo. (Polanyi, 1944: 129^[15])

Luego de décadas de seguir viviendo socialmente en esa fábrica, la literatura que plantea la vigencia de Polanyi hoy coincide en señalar, cada uno a su forma, que al haber dejado planteado cabalmente los peligros de la gran transformación que implicaba socialmente el mercado autorregulado y terminar creyéndonos que el trabajo, la tierra y el dinero fueran mercancías, lo convirtieron en el primer economista feminista, el primer economista ecológico y el primer poskeynesiano. En virtud de su perspectiva sistémica y sus aportes que trascienden la articulación de esas escuelas, preferimos decirle el primer sustantivista.

El autor problematiza el propio concepto de economía. Es importante recordar que Polanyi no se va a referir a la economía como ciencia sino como a las “actividades humanas”, y de ahí la importancia de abordar “las economías empíricas” y de reconocer la diferencia entre la economía formal y la economía sustantiva.

Cuando se refiere a las actividades humanas, el término “económico” es una composición de dos significados cuyas raíces son independientes. Los denominaremos significado sustantivo y significado formal. El significado sustantivo se desprende de la dependencia del hombre, para su subsistencia, de la naturaleza y de sus semejantes. Alude al intercambio con el entorno natural y social en tanto el resultado de ese intercambio le proporciona los medios para satisfacer sus necesidades materiales. El significado formal se deriva de la relación entre medios y fines tal como aparece, por ejemplo, en las palabras “economizar” y “económico”. Se refiere a la situación determinada de elegir, eso es, a la elección entre los distintos usos de los medios inducida por la insuficiencia de dichos medios. Si llamamos lógica de la acción racional a las reglas que determinan la elección de los medios, podemos entonces denominar esta variante de la lógica con un término improvisado, como el de la economía formal. Los dos significados de “lo económico”, el sustantivo y el formal, no tienen nada en común, el último proviene de la lógica, el primero de la realidad. El significado formal implica un conjunto de reglas concernientes a la elección entre los usos alternativos de medios insuficientes. El significado sustantivo no implica elección alguna ni insuficiencia de medios; el sustento del hombre puede comportar o no la necesidad de elegir, y en caso de haber elección, no precisa estar inducida por el efecto limitante de la “escasez” de los medios.^[16] (Polanyi, 1957: 87)

De este modo, deja expuesta la clara oposición con la definición formal que sostienen los textos neoclásicos, habiendo sido Robbins quien institucionalizó la definición de economía como la “ciencia de la elección”:

En general, la actividad humana con su multiplicidad de objetivos está sujeta a tiempos o recursos específicos. El tiempo a nuestra disposición es limitado. Sólo hay veinticuatro horas en el día. Tenemos que elegir entre los diferentes usos a lo que las destinamos. Los servicios que otros ponen a nuestra disposición son limitados. Los medios materiales para lograr los fines son limitados. Hemos sido sacados del Paraíso. No tenemos ni vida eterna ni medios ilimitados de gratificación. Si elegimos una cosa debemos renunciar a otras que, en diferentes circunstancias, no desearíamos haber renunciado. La escasez de medios para satisfacer fines de diversa importancia es casi una condición ubicua del comportamiento humano. Aquí, entonces, está la unidad del sujeto de la Ciencia Económica, las formas asumidas por el comportamiento humano al disponer de los escasos medios. (Robbins, 1932: 15)

En su obra hay más acento en la cuestión de la escasez que en lo ilimitado de los objetivos, fines, deseos, preferencias, necesidades y demás expresiones que se irán utilizando luego en la literatura que pondrá más énfasis sobre su carácter ilimitado.

Los aspectos políticos y tecnológicos sobre que la escasez no es tal, como propone Polanyi, se profundizarán en las décadas subsiguientes. A su vez, se discutirá que los fines muchas veces asociados a necesidades no son ilimitados, siendo los bienes y sobre todo los satisfactores los que pueden ser más variados, como nos explican Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn ([1986] 2010).

Además, este campo sustantivista problematiza la racionalidad instrumental y que el interés individual esté por encima de todo. En ese sentido, es importante tomar en consideración todas las motivaciones de la acción humana a partir de la propuesta de Caille quien, así como Polanyi y Bourdieu, se inspira en Mauss y desarrolla una teoría antiutilitarista de la acción (Caille, 2010). Este autor comparte la necesidad de recuperar la actualidad de Polanyi con Coraggio y Laville (por ejemplo, en Caille y Laville, 2008). Sin embargo, se distanciará de éstos al no sostener que pueda ser posible desde la economía transformar la sociedad. Para él, la economía solidaria es un oxímoron: esa tarea sólo puede realizarse desde la política (Caille, 2009).

En la síntesis que desarrolla Coraggio (2011b), plantea la necesidad de subsumir la racionalidad instrumental (aunque no rechazarla, por supuesto), al principio ético de la vida (o, según los trabajos, su formulación de la “reproducción ampliada de la vida de todos”), y se suele apoyar en la propuesta de someter la economía a una racionalidad reproductiva de Hinkelammert y Mora.

En el marco de la razón instrumental medio-fin, y de la realidad reducida a la empírea homogenizada por el trabajo abstracto, ciertamente se pueden hacer grandes negocios y conducir empresas exitosamente. Pero no se puede actuar racionalmente frente a las mayores amenazas contra la vida humana. Desde el punto de vista analítico, la crítica al mercado totalizado y a las relaciones mercantiles en general conduce a la urgente necesidad de desarrollar una teoría crítica de la racionalidad reproductiva. Esto es, una teoría que permita una valoración científica, y no tautológica, del sistema de mercados, y que oriente una práctica económica en comunión con las condiciones que posibiliten la reproducción de la vida humana y, por tanto, de la naturaleza. Pero esto conduce a la búsqueda de equilibrios que muchas veces la razón analítica, ya sea instrumental, ya sea dialéctica, no puede determinar. Por esta razón se vuelve necesario desarrollar también una ética del bien común, que opere desde el interior de la misma realidad, y que erija como valor supremo la defensa y el desarrollo de la vida humana misma. (Hinkelammert y Mora, 2009: 42)

Antes de pasar a la segunda área de contribuciones, recordamos que algunos de los problemas antes señalados sobre las heterodoxias que ilustrábamos a partir de la literatura (como seguir priorizando en sus análisis sólo las economías mercantiles y el descuido de la micro sobre la macro o el tratamiento conjunto) se encuentran en la génesis de la distinción entre la economía formal y la economía sustantiva que realiza Polanyi. En efecto, Mendell y Polanyi Levitt expresan que

la polaridad de Polanyi economía de mercado/economía de poder adquisitivo de 1922, señala una percepción inicial de la distinción entre la micro y la macroeconomía. Por cierto, él estaba familiarizado con todas las obras publicadas de Keynes y admiraba en particular Las consecuencias económicas de la paz. Esta polaridad lo llevó, más tarde, a distinguir lo formal del significado sustantivo de la economía y a investigar las diferencias entre las economías de mercado y las economías sin mercado. (Mendell y Polanyi Levitt, 2012: 34)

En ese sentido, el segundo aporte de Polanyi, estructurante para nuestra investigación, es el haber identificado, a través del estudio de economías empíricas, en base a distintas fuentes (aunque le resulta central la obra etnográfica sobre el don de Mauss), la coexistencia de una diversidad de principios de integración social de lo económico donde el intercambio, que puede ser de mercado (y, por tanto, con mecanismos de oferta y demanda) o de comercio (con sistemas administrados socialmente) es uno más, junto con los principios de la producción para el uso propio: el de reciprocidad (entre pares) y el de redistribución (mediada por una autoridad central). El autor sostiene que, según la sociedad y el momento histórico, será el peso que tenga cada principio, pero la combinación de todos ellos es la norma general. Nos explica que

la reciprocidad denota movimientos entre puntos correlativos de agrupaciones simétricas; la redistribución designa los movimientos de apropiación hacia un centro y luego nuevamente hacia fuera; el intercambio se refiere aquí a los movimientos recíprocos que se llevan a cabo “entre manos” en un sistema de mercado. La reciprocidad supone, entonces, un trasfondo de agrupaciones dispuestas simétricamente; la redistribución depende de la presencia de algún grado de centralidad en el grupo; el intercambio, a fin de producir integración, requiere un sistema de mercados formadores de precio. (Polanyi, 1957: 94)

Incluso pondrá atención a los apoyos institucionales concretos de cada forma de integración, los que va a considerar patrones estructurales de soporte, explicando que

sólo en un entorno simétricamente organizado, el comportamiento de reciprocidad generará instituciones económicas de cierta importancia; sólo donde se han establecido centros de asignación, pueden los actores individuales de compartir bienes producir una economía redistributiva. Sólo si hay un sistema de mercados formadores de precio, los actores individuales de intercambio tendrán como consecuencia precios fluctuantes que integren la economía. (Polanyi, 1957: 95-96)

Poniendo luz, a su vez, sobre una disquisición clave para el tratamiento de los intercambios que analizaremos en profundidad en el último punto y que será sostén para el abordaje de nuestros casos del último capítulo, Polanyi nos va a mostrar que para que el intercambio sea integrador, el comportamiento de las partes debe estar orientado a generar un precio tan favorable como sea posible para cada una de ellas y va a ilustrar la importancia de esto en la cuestión de los alimentos:

El intercambio a precios fluctuantes tiene por objeto la ganancia, que únicamente se obtiene mediante una actitud que denota una relación distintiva de antagonismo entre las partes. Por diluido que esté, el antagonismo que acompaña esta variante de intercambio es imposible de erradicar. Ninguna comunidad que desee proteger la fuente de solidaridad entre sus miembros puede permitir que se desarrolle la hostilidad latente entorno a la comida, un asunto tan vital para la existencia animal y, por tanto, capaz de suscitar una ansiedad extrema. De ahí la prohibición universal de hacer transacciones de índole lucrativa con respecto a la comida y los productos alimenticios en la sociedad primitiva y arcaica. (Polanyi, 1957: 98)

Sin embargo, nos estarían faltando elementos para abarcar la totalidad del proceso económico que reconstituirá Coraggio en una síntesis original que realiza entre Polanyi y Marx. Comprendiendo que todos los principios propuestos por nuestro autor se acotan a la circulación, Coraggio interpreta que esto debe ser leído contextualizándolo históricamente en virtud del énfasis crítico hacia el mercado autorregulado de sus obras. Coraggio propone subsanar esta cuestión, agregando los demás principios:

No hay en las obras señaladas referencias a principios de organización de la producción ni del consumo, dos fases fundamentales del metabolismo económico. Se hace referencia a la tierra y al trabajo como cuasi–mercancías y a las tendencias y velocidad de cambio de las tecnologías industriales, pero no a los principios sociales de organización de la producción. Aunque se hace referencia a la redistribución no hay consideración equivalente a la distribución (primaria). La ausencia de consideraciones sobre los principios de la producción, la distribución y el consumo y el énfasis en la circulación (intercambio por comercio o mercado, don/reciprocidad, redistribución) puede explicarse porque los escritos de Polanyi sobre estos temas van dirigidos a realizar la crítica de la economía de mercado (el principio de circulación que el liberalismo y la teoría económica formal tendían y tienden a absolutizar), proponiéndose demostrar que, aunque en diverso grado, todas las economías reales son economías con mercado, y que pretender la utopía de una economía de mercado (por añadidura perfecto, uno de cuyos significados es su carácter autorregulado) es destructivo para la sociedad. (Coraggio, 2011b: 6)

A estos principios y la distinción de sociedad de/con mercado, proviniendo originalmente de una escuela de planificación regional en América Latina, Coraggio va a agregar el quinto principio de coordinación de una economía compleja definido como “forma de integración que implica acuerdos sociales relativos a la producción, distribución, circulación y consumo de las diversas formas de riqueza en un sistema de división social compleja del trabajo” (Coraggio, 2011b: 9). Este admite dos modalidades: el principio de mercado autorregulado (tal y como hacen los neoclásicos) y el principio de planificación y regulación colectiva. Si bien da los ejemplos de las acciones centralizadoras de la economía de los estados socialistas o la planificación de algunos sectores de la economía por parte de los estados social-democráticos o desarrollistas, también agrega que podría asumir la forma de gestión central legitimada democráticamente o de gestión directamente participativa entre grupos de actores económicos, lo cual lo torna más cercano a nuestro objeto de indagación en la escala local.

Para complementar la relación entre Polanyi y Marx, Polanyi Levitt nos explica que

Polanyi compartió con Marx su tesis principal acerca de la naturaleza históricamente limitada de la organización de la vida económica a través de la universalización del principio del mercado. Compartió también la explicación de las consecuencias para la sociedad de la mercantilización del dinero, la tierra y el trabajo, así como la esencial alusión a la alienación de la vida presente en los escritos de Marx. Sin embargo, rechazó la teoría ricardiana del valor del trabajo, y el economicismo del materialismo histórico. Mientras que Marx anticipó la eventual ruptura del orden capitalista debido a sus contradicciones económicas inherentes, Polanyi enfatizó la contradicción entre los requerimientos de la economía de mercado para una expansión ilimitada y los requerimientos de la gente para vivir en relaciones sociales mutuamente amistosas. En el punto de vista de Polanyi sobre la contradicción existente, el resultado no es determinante. No existe un diseño de progreso. No existen fuerzas históricas impersonales que inevitablemente muevan a la humanidad hacia adelante. (Polanyi Levitt, 2014: 207)

Finalizamos este punto del marco teórico con la importancia de los aportes de Fraser al revisar el concepto de mercantilización ficticia a la luz de la crisis capitalista actual en la que convergen aspectos ecológicos, monetarios-financieros y sociales, que deben ser tratados en conjunto, y al plantearnos que es necesario que se “evite idealizar y reificar la sociedad y, de ese modo, poner en evidencia la dominación” (Fraser, 2014: 544) a la que, según la autora, Polanyi no fue lo bastante sensible, debiendo agregar consideraciones sobre la emancipación, al resultarle insuficiente el planteo mercantilización-protección social a nivel nacional (tomando la escala global como referencia). Para ello, la autora parte de la validez de los planteos polanyianos, pero necesita complejizarlos, de aquí que considere que se trata de reflexiones pospolanyianas.

Entre sus argumentos sobre la mercantilización del dinero y las finanzas, en los que identifica una solución implícita de Polanyi de un nuevo régimen internacional, que reinstaure controles sobre la moneda nacional, la autora va poner la lupa sobre los sistemas de dominación de algunos Estados sobre otros, que se exacerbó en el neoliberalismo debido a las políticas de ajuste estructural cuando organismos internacionales como el FMI utilizan

el arma de la deuda para reducir la capacidad protectora de los Estados poscoloniales, obligándolos a despojarse de sus activos, abrir sus mercados y reducir en forma drástica el gasto social. Históricamente, los acuerdos internacionales han consolidado aún más las disparidades en cuanto a la capacidad de los Estados de proteger a sus poblaciones de los caprichos de los mercados internacionales. Al no encuadrar con justicia la protección social, han protegido a los ciudadanos de los países centrales, pero no a los de la periferia. En realidad, la protección social nacional concebida por Polanyi no era universalizable, es decir, aplicable al mundo entero. Su viabilidad en el Norte Global dependió siempre del drenaje de fondos del Sur Global. Por esa razón, aún las variantes internas más igualitarias de la democracia social de posguerra descansaban en la depredación neoimperial externa. (Fraser, 2014: 553)^[17]

La autora conjuga el verbo en pasado (utilizaron) pero, para nuestro período de análisis 2016-2018, tendremos la reedición de esta situación con un gobierno nacional que volvió a contraer deuda, la cual fue destinada a presuntos fines espurios (como la fuga de capitales o el financiamiento de campañas electorales por parte del oficialismo, en lugar de los destinos anunciados). Esta realidad sofisticaría aún más, para el caso nacional, los argumentos de nuestra autora y de ahí el cambio en el tiempo verbal, en virtud de lo cual se refuerza la relevancia de nuestras indagaciones sobre las resistencias a esta impronta por parte de los gobiernos subnacionales.

2. El campo de la economía social y solidaria y las políticas públicas que la promueven

2.1 Conceptualizaciones en torno a la economía social y solidaria

De todas las categorías y combinaciones posibles de economías orientadas preponderantemente por la reproducción de la vida y no la del capital que suelen utilizarse (economía social, economía solidaria, economía de solidaridad, economía de reciprocidad, economía de los trabajadores, economía comunitaria, economía transformadora, otra economía, entre otras), adoptamos la de “economía social y solidaria”, por considerar que es la expresión más amplia y que tiende puentes entre diversos tipos de experiencias con carácter híbrido (sobre el que profundizamos en el tercer punto de este capítulo). Esa categoría, además, es la utilizada por reconocidas redes (entre las que se destacan la Red Intercontinental de Promoción de la ESS –RIPESS^[18]–, la Red de Investigadores Latinoamericanos de ESS –RILESS^[19]– y, a nivel nacional, la mencionada RUESS), así como organismos internacionales dedicados a su promoción a nivel global (como la OIT con las Academias de ESS desde 2010 o el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social –UNRISD^[20]–).

El tema de las denominaciones sigue dando lugar a intensos debates tanto en el Norte como en el Sur, los cuales aún no están cerrados, y coincidimos con Hintze^[21] que esa discusión “tiene componentes conceptuales, ideológicos y valorativos, e incluso de procedencia geográfica, referidos a un campo en construcción que en América Latina comienza a tomar entidad a fines de la década pasada” (Hintze, 2010:17). Siguiendo a la autora, adoptamos

la conjunción de ambas expresiones como denominación comprensiva de lo que usualmente y de manera restrictiva se ha denominado “economía social” tradicional –la larga tradición de experiencias cooperativas y mutualistas– aunadas a las nuevas formas asociativas y de trabajo autogestionado –surgidas en años recientes– que se asumen como de economía solidaria. Entre las más destacadas se encuentran los emprendimientos comunitarios, los emprendimientos asociativos mercantiles y no mercantiles con apoyo público y/o de organizaciones de la sociedad civil, las redes de trueque y las empresas en quiebra recuperadas por los trabajadores. En general, están organizadas en base a formas de propiedad colectiva, valores de solidaridad y cooperación. Asimismo, se orientan primordialmente a la reproducción de la vida, y en ellas la reproducción del capital es un medio para conseguirlo, y no un fin en sí mismo. (Hintze, 2010: 17-18)

Tenemos en cuenta, a su vez, el sentido exigente que le imprime Coraggio en términos generalmente de proyecto, aunque a veces también de programa más vinculado a la gestación política de otra economía social y solidaria (Coraggio, 2014b)^[22], cuya definición más actual la plantea como

un modo de hacer economía en función de construir conscientemente, desde la sociedad y el Estado, una sociedad centrada en lazos solidarios, organizando de manera asociada y cooperativa la producción, distribución, circulación y consumo de bienes y servicios, no en base al motivo de lucro privado sino a la resolución de las necesidades, buscando condiciones de vida de alta calidad para todes les que en ella participan, sus familiares y comunidades, en colaboración con otras comunidades, para resolver las necesidades materiales a la vez que estableciendo lazos sociales fraternales y solidarios, asumiendo con responsabilidad el manejo de los recursos naturales y el respeto a las generaciones futuras, consolidando vínculos sociales armónicos y duraderos entre comunidades, sin explotación del trabajo ajeno. Incluye las organizaciones, relaciones y prácticas solidarias de los sectores de Economía Popular, de Economía Pública y (cuando existen) de Economía Empresarial Capitalista, y se encuentra en tensión con la parte no solidaria de los mismos. El conflicto no le es ajeno. La Economía Social Solidaria tiene una dimensión cultural y política por lo que lograr la inclusión estrechamente económica (principalmente por la participación en la producción y el consumo) no implica necesariamente lograr la ciudadanía plena o superar la segregación cultural, lo que requiere una amplia tarea política democrática. (Coraggio, 2020: 12-13)

Está implícita en esa definición la concepción de economía mixta con tres sectores y no sólo dos, como generalmente se presentan a las economías empíricas (economía privada capitalista-economía pública estatal), donde el autor jerarquiza el criterio de la racionalidad socioeconómica para reagrupar los sectores por sobre la propiedad o gestión privada-pública, el tamaño de las empresas o la rama de actividad, que son los criterios más comúnmente utilizados por la ortodoxia y las heterodoxias, para dar cuenta de diversas unidades económicas, recursos y relaciones intra e intersectoriales a través de las que cada sociedad resuelve lo económico.

De este modo, Coraggio (1994, 2003, 2011b, 2018) va a identificar a: a) la economía empresarial capitalista orientada por la acumulación privada de capital, cuya principal unidad organizativa es la empresa privada; b) a la economía pública, asentada en la práctica económica de los distintos niveles estatales y las empresas públicas, orientados por una combinación de necesidades sistémicas muchas veces contradictorias como pueden ser el bien común (cuya definición es materia de lucha social), la gobernabilidad del capital o la perpetuidad en el poder; y c) la EP, orientada por la reproducción ampliada de las vidas de los miembros de las unidades domésticas, lugar inmediato de reproducción de la vida humana. El autor entiende por EP a la economía de los trabajadores, es decir, de aquellos miembros de la sociedad que dependen de la realización de sus capacidades de trabajo para obtener su sustento que se da a través de la combinación de trabajo para la producción de satisfactores de consumo doméstico con trabajo para la producción de bienes o servicios para la venta en el mercado y con trabajo asalariado, ya sea estatal o privado. En una definición reciente, el autor va a dejar clara su concepción amplia de EP:

Así definida, la Economía Popular (EP) abarca por tanto a los-que-viven-de-su-trabajo, que ven seriamente deteriorado su modo de vida en caso de no poder realizar sus capacidades de trabajo, lo que incluye a la gran mayoría de la sociedad: a los trabajadores asalariados (incluyendo a buena parte de los sectores medios, tanto los que tienen derechos sociales reconocidos como los precarizados), a los emprendedores autónomos, que organizan su trabajo individual, familiar, comunitaria o asociadamente, para producir y vender o para comercializar bienes y servicios (lo que incluye trabajadores profesionales, comerciantes, artesanos), a los pobres y a quienes no pueden acceder a un trabajo permanente, a los trabajadores ocasionales y a los desocupados o a quienes nunca tuvieron un trabajo perceptor de ingresos. Y también incluye a las y los trabajadores domésticos, a cargo de la economía de la casa, que producen riqueza (satisfactores de necesidades) para el propio consumo en el campo y la ciudad, proveyéndose, entre otras cosas, de alimentos, servicios de cuidado, la propia vivienda e infraestructura de servicios. No es correcto, ni empírica ni políticamente, reducir la EP al segundo segmento (emprendedores mercantiles asociados a la noción de trabajo “informal”). Cabe destacar que la EP realmente existente es la EP del sistema capitalista periférico y que, antes que solidaria, puede ser altamente competitiva entre sus miembros. (Coraggio, 2018: 9)

Sobre las cuestiones microeconómicas de esta economía y la categoría de fondo de trabajo que él propone, profundizaremos en el tercer punto de este capítulo.

Gráficamente, el autor suele representar la economía mixta con tres sectores, ubicando la ESS en su intersección, con un fuerte componente de la economía popular solidaria (Coraggio, 2010)^[23]: el sector privado, con conglomerados importantes y gran participación del capital global que pugna por la mercantilización de todo el sistema; la economía pública estatal, con organigramas de la burocracia estatal en los niveles nacional, provincial y municipal y las empresas públicas o mixtas; y por último, la EP, con unidades domésticas con distintos niveles de complejidad y articulación. A su vez, representa la dinámica deseable del sistema en su conjunto hacia una nueva economía plural, donde la EP ha logrado ensanchar su componente solidario (EPS) democrático, tal y como desarrolla en Coraggio (2018 y 2014a y b), articularse en unidades domésticas cada vez de mayor complejidad y que, junto con un Estado “reinventado” –parafraseando a Santos, B. (2006)–, ha ampliado el espacio público no estatal y ha puesto límites al poder de la economía del capital, para lo cual resultan fundamentales el diseño, la implementación y evaluación de políticas públicas que reconozcan y apoyen este tipo de dinámicas con miras a fortalecer la EPS, la ESS y mejorar el sistema socioeconómico en su conjunto.

También desde una visión sustantiva, Laville (2004 y 2009) va a ser quien proponga la categoría de economía plural, reconociendo la existencia de tres polos económicos: el mercantil, con predominancia actual del denominado mercado autorregulado para la definición de precios y cantidades en relación con la producción de bienes y servicios; el no mercantil, organizado por el Estado a través de la redistribución; y el no monetario, organizado en base a la reciprocidad. Es importante captar las relaciones entre ellos –lo que el autor atribuye como propio del “enfoque de economía solidaria”–; en sus términos,

tal como lo estipula el enfoque de la economía solidaria, es posible proceder a un análisis descriptivo y comprehensivo de prácticas que recomponen las relaciones entre lo económico y lo social combinando los registros del interés y de la redistribución con el de la reciprocidad. Las comunidades heredadas, como la familia, la instauración de la comunidad política y el reconocimiento del individuo, indisociables en la democracia moderna, hacen posible una libertad positiva que se expresa en el desarrollo de acciones de reciprocidad y en prácticas cooperativas a partir de compromisos voluntarios. Múltiples formas de asociacionismo dan cuenta de la reivindicación de un poder actuar en la economía demandando una legitimación de la iniciativa independientemente de la posesión de un capital. La capacidad de innovación de las asociaciones dependería entonces de su capacidad autorreflexiva. Dependería también de su capacidad de combinar los diferentes polos económicos, es decir, de movilizar recursos (no monetarios, no mercantiles y mercantiles) en función de lógicas de proyecto y en función de lógicas exógenas. Esto es lo que pone en evidencia la perspectiva de la economía solidaria cuando subraya que los tres polos económicos no constituyen tres sectores separados, sino que pueden entrelazarse según fórmulas variadas. (Laville, 2012: 20)

Se desprende de estas definiciones de ESS que, si bien se utiliza la expresión síntesis de economía social y solidaria, en estos autores hay un marcado sesgo en favor de esta última de las concepciones, cuyos debates son aún embrionarios al tratarse de un campo que emerge como respuesta a las diversas formas de exclusión y vulnerabilidades que genera la economía de mercado desde la década de los setenta y que en el Sur tiene sus especificidades. Entre las mismas, se encuentra por un lado su relación con la autogestión y la economía comunitaria (Nascimento, 2011) y, por otro, con la EP y el fortalecimiento de la EPS al proponer trayectorias deseables de la EP hacia la EPS y de esta hacia la ESS. Es decir, Coraggio no propone la promoción de la EP realmente existente que es propia del sistema capitalista, sino su componente solidario, el cual considera “una pieza fundamental del proyecto de construcción de otra economía” (Coraggio, 2020: 8). Se distancia, de este modo, de la propuesta de Razeto (1990) que exacerba la solidaridad dentro de la EP desde la que surge la “economía de la solidaridad”. Identificamos a Razeto como el primer autor de la región que tematiza estas cuestiones de modo relativamente estilizado, ubicando quizá a Singer (2007) en el otro extremo en términos de alcance y con una perspectiva marxista, quien considera a la que denomina “economía solidaria” –y será de uso casi excluyente en Brasil, como una alternativa al capitalismo– y la define como un modo de producción específico. En sus términos:

La economía solidaria surge como un modo de producción y distribución alternativo al capitalismo, creado y recreado periódicamente por los que se encuentran (o temen quedarse) marginados por el mercado de trabajo. La economía solidaria une el principio de la unidad entre posesión y utilización de los medios de producción y distribución (propio de la producción simple de mercancías) con el principio de la socialización de esos medios (propio del capitalismo) […] El modo solidario de producción y distribución parece, a primera vista, un híbrido entre el capitalismo y la pequeña producción de mercancías. Pero, en realidad, constituye una síntesis que supera a ambos. (Singer, 2007: 61-62)

Para el autor, la unidad característica de la economía solidaria será la cooperativa de producción, siendo relevante su aclaración:

La economía solidaria no es creación intelectual de nadie […] es una creación en proceso continuo de trabajadores en lucha contra el capitalismo. Así, ella no podría preceder al capitalismo industrial, sino que lo acompaña como una sombra, en toda su evolución. (Singer, 2007: 62)

Con diferentes perspectivas y propuestas, se va conformando un campo de debates en el ámbito de la ESS latinoamericana, nutrida sobre todo por la perspectiva francesa y quebequense. Distinto y, muchas veces distante, del más consolidado campo de la economía social (el cual tiene, como decíamos anteriormente, su génesis en Europa), cuenta con más de dos siglos de experimentación, reconociendo generalmente al cooperativismo de los pioneros de Rochdale como primer antecedente ante las consecuencias negativas de la emergente revolución industrial en Inglaterra, y cuyos alcances pueden llegar a considerarla tanto un enfoque metodológico, un objeto de estudio, hasta una disciplina en sí misma (Chaves, 1999). Desde este ámbito también se utiliza el término de “nueva economía social” (Defourny, 1992; Monzón, 1992) para referirse al aggiornamiento de dicha economía, aunque notando un marcado sesgo hacia las nuevas prácticas empresariales de economía social, en particular a partir de las denominadas empresas sociales, sobre las que profundizaremos en el tercer punto de este capítulo y cuyo interés más reciente se derivaría de

la creciente sospecha de que viejos y nuevos problemas que afectan a nuestras sociedades no pueden resolverse satisfactoriamente con la exclusiva acción de empresas capitalistas, públicas y sector público en general. Son problemas de desempleo, distribución de la renta, calidad de servicios públicos, vivienda, sanidad, educación, calidad de vida de la población jubilada, etc. (Monzón, 1992: 136)

Con trayectorias históricas tan disímiles, no deja de ser conflictivo el uso de la síntesis de economía social y solidaria en el contexto de América Latina, con escasos pisos mínimos de protección social, donde la propia sobrevivencia está en juego, habiendo identificado imprecisiones, laxitudes y tergiversaciones, no sólo entre los discursos del activismo y en las políticas públicas, sino también a nivel académico. Es probable que este estadio a nivel conceptual, en un objeto y sujeto tan dinámico, esté incidiendo también negativamente en los procesos de institucionalización que no logran permanecer en el tiempo ni siquiera con cambios constitucionales, tal y como se expuso brevemente en la introducción. Las discusiones en torno al concepto de EP y autogestión son las que mejor ilustran el campo de disputa conceptual, mientras queda aún pendiente un análisis teórico y de prácticas más sistemático con la economía comunitaria ancestral.

Dicho estadio torna a nuestro campo objeto de fuertes críticas provenientes de distintas escuelas del pensamiento económico, entre las que se destacan las marxistas, que son pesimistas en términos del alcance ya que no ven que la ESS tenga posibilidades objetivas de evitar la subsunción al capital.

Al respecto, es interesante el trabajo de Chedid Henriques (2014) que en el análisis del concepto de economía solidaria (el más utilizado en Brasil como ya viéramos desde la introducción) encuentra autores que, desde la crítica a la economía política, sostienen que nuestro campo subestima las leyes capitalistas de determinación del valor en las experiencias de ESS e identifica que esos críticos se basan en autores que no son siempre los más destacados del campo ni con experiencias que tampoco son consideradas como las más relevantes. Si bien el autor mencionado se dedica a analizar el caso brasilero, podemos tomarlo como una manifestación más general, incluso por parte de otros autores que desde esa misma perspectiva parecieran valorar la ESS. Destacamos en ese sentido a Harvey cuando plantea que en el marco de los actuales procesos caóticos de destrucción creativa capitalista, el dilema de la izquierda hoy pasa por crear una alternativa a las leyes capitalistas de determinación del valor en el mercado mundial, al tiempo que promueve la capacidad de los trabajadores asociados para gestionar y decidir democrática y colectivamente lo que tienen que producir y cómo producirlo, y pone de ejemplo de “autogestión obrera que más ha resistido el paso del tiempo” a la Corporación Cooperativa Mondragón (MCC) como uno de los más instructivos (Harvey, 2013: 186). Es posible que el autor neomarxista ignore las críticas sobre la desnaturalización del caso, que fue perdiendo la inspiración de su fundador ante el corporativismo cooperativo según señalan Sampaio et al. (2012), a lo que agregamos que es preciso analizar el caso desde una perspectiva regional, ya que no fue autogestión obrera precisamente lo promovido por MCC en su internacionalización hacia América Latina.

A nivel nacional, en un campo que ya venía disputando el sentido de lo económico y la categoría de economía social, que era más generalmente asociada a una política social focalizada (Coraggio, 2011a) (sobre lo que profundizaremos en el capítulo 2), identificamos que para el período de nuestro análisis hay una mayor diversidad de categorías y se corrió el eje de los debates de la economía social hacia la economía popular. De la revisión de la literatura nacional, probablemente el mejor parteaguas sean los elementos propositivos para construir otra sociedad y otra economía y el papel atribuido al respecto a la EP.

En este sentido, reconocemos por un lado las aguas generalmente críticas de la otra economía y de las utopías que esta acarrea. Destacamos allí, en primer lugar, interpretaciones como las de Salvia (2004), quien asocia economía social y EP agrupándolas en la categoría de“economías de la pobreza”, al tiempo que asimila las nociones de Coraggio a las del Banco Mundial, en los siguientes términos:

Buena parte de la intelectualidad progresista se ocupa de montar la utopía del nuevo sujeto histórico, teniendo como claro referente a la masa de desposeídos y desocupados olvidados por el capitalismo argentino. Con este mismo efecto cabe también ubicar la renovada valorización que se hace a las “economías de la pobreza” –resignificadas como economía social o economía popular– felicitando su expansión, potencial autonomía y creciente empoderamiento (Coraggio, 1994, 1998; Banco Mundial, 2001). (Salvia, 2004: 3)

En segundo lugar, ubicamos los trabajos que, de una u otra manera, acompañan diversos procesos organizativos de economías populares con énfasis en los plurales, como propone Gago (2016) a partir del renovado interés que adquirió esta categoría, en gran medida por el surgimiento de organizaciones como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)^[24] en 2011 y a fines de 2019 la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP),^[25] que contiene a la primera pero es más amplia. Estos trabajos tienen el gran mérito de haber puesto en la esfera pública la discusión sobre estas economías desde una perspectiva de derechos de los trabajadores, interpelando al Estado en cuanto a su papel de protector, regulador y como principal interlocutor, al tiempo que discuten nociones como las del emprendedurismo y aportan precisiones sobre algunas ramas de actividad o servicios (como ser la de los recicladores urbanos a partir del accionar del Movimiento de Trabajadores Excluidos –MTE–^[26] o las finanzas desde una perspectiva de explotación, como veremos más adelante).

Desde este espacio, tal y como sostiene Fernández Álvarez (2018), se plantea a la EP como “categoría reivindicativa”. Es interesante la síntesis que realiza la autora sobre la definición de la CTEP:

De manera sintética, para esta organización la economía popular constituye “un sector de la clase trabajadora sin derechos laborales ni patrón” que, lejos de definir “otra economía”, constituye “una expresión de una economía global de mercado con la que tiene múltiples puntos de conexión” […]. Este posicionamiento debe ser entendido en relación con la centralidad que cobró el enfoque de la economía social y solidaria en Argentina en el contexto de la puesta en marcha de una serie de políticas de promoción de trabajo asociativo impulsadas desde el Estado entre 2003 y 2015 […] A diferencia de este enfoque cuyo énfasis está puesto en el carácter alternativo respecto de la economía de mercado, desde la perspectiva de la CTEP la “economía popular” es conceptualizada como una expresión de la forma en que “el proletariado se multiplica” para garantizar el proceso de reproducción de acumulación del capital “haciendo, deshaciendo y rehaciendo a la clase trabajadora”^[27]. (Fernández Álvarez, 2018: 25)

Estos trabajos suelen caracterizar a la EP poniendo énfasis en sus relaciones con la economía convencional, más que en un sentido económico propio, con eje en los trabajadores y no en sus organizaciones económicas. A su vez, se vinculan a la organización político-sindical de las mismas, al tiempo que la ESS es presentada como una alternativa del pasado, central entre 2003-2015 cuando, como veremos en el capítulo próximo, no fue la categoría ni el sentido alternativo al mercado el más utilizado por las políticas nacionales de ese período. A su vez, identificamos omisiones explícitas de lo que denominan economía solidaria (recordemos, por ejemplo, el trabajo que anteriormente mencionábamos de Heredia y Roig –2008–) o críticas a la ESS a partir de lecturas a nuestro juicio apresuradas, como las que hace Chena (2017 y 2018) al atribuirle a Coraggio un sentido solidario a toda la EP cuando, en realidad, es un autor que como vimos antes, se aparta explícitamente de esa perspectiva.

Entre quienes se posicionan en las aguas de la otra economía, se observa un creciente uso de la categoría de ESS. Posiblemente un fenómeno que haya contribuido al respecto haya sido la conformación de la RUESS, que ya cuenta con miembros de más de treinta universidades de casi todo el país, y cuyo lema es “Trabajamos en red buscando consolidar la construcción de otra economía”. Si bien las definiciones de esta categoría son amplias y se observa la referencia de Coraggio como estructurante en el marco del resto de los aportes latinoamericanos, también es una tendencia el uso de la misma con un mayor énfasis en los niveles micro y meso y “su dimensión empírica” (Pastore, 2010; Pastore y Altschuler, 2014), junto con el agregado de la categoría comunitaria (Schujman, 2016), lo cual es auspicioso, aunque aún incipiente.

Es preciso destacar también que en este marco ha emergido la categoría de “economía popular, social y solidaria” (EPSS) sobre todo para el análisis de las políticas públicasen el contexto pandémico (Deux Marzi y Hintze, 2021), que excede el período analizado en este libro. Al respecto, cabe mencionar que se trata más de una cuestión inductiva que del resultado de una articulación consciente de experiencias en base a su sentido económico.

Como último aporte dentro de las perspectivas críticas y propositivas a nivel nacional, consideramos las contribuciones teóricas que se ocupan de las empresas recuperadas (Kasparian y Rebón, 2020; Rebón, 2016; Bauni y Fajn, 2010; Rebón y Salgado, 2009; entre otros). Es interesante aquí retomar lo que aportaba Chedid Henriques en su análisis de la economía solidaria brasilera que recibe críticas de ese ámbito. En el mismo sentido, Ruggeri (2017) utiliza las categorías de economía social y EP como sinónimos, acotándolas al horizonte de la sobrevivencia y, al igual que muchos teóricos de la nueva ola de la EP, observamos dificultades para distinguirlas de las institucionalizaciones que las políticas públicas nacionales han hecho de las mismas en contextos históricos determinados. El autor prefiere la categoría de “economía de los trabajadores”, poniendo en el centro la cuestión de la pertenencia de clase y la “autogestión para otra economía”^[28], principalmente en las empresas recuperadas en las que se insiste con el carácter instrumental en virtud del cual adoptan la forma cooperativa. Un párrafo ilustrativo de su posicionamiento:

El neoliberalismo expulsa permanentemente trabajadores de la seguridad y la estabilidad del mercado de trabajo formal, acrecentando las filas de la precariedad y la informalidad, uniendo a los expulsados de la “vieja” clase con los “nuevos”. Aquí es donde la autogestión se genera, no sólo como alternativa de organización económica y social para los trabajadores informales y precarios (es decir, en el terreno de la “economía social” o “popular”), sino en la resistencia a ese pasaje, recuperando las empresas o formando nuevas desde la autogestión, no para subsistir, sino para recrear sus condiciones de vida. Este es el lugar estratégico de la economía autogestionaria, una economía desde y para los trabajadores y las trabajadoras^[29].

Más allá de los puntos interesantes de este autor y cómo se relaciona con las categorías de la otra economía, tal y como veremos más adelante, al analizar una colección de materiales de formación que dirige, encontramos continuidades importantes con la microeconomía neoclásica. De ahí que, en este trabajo, más allá de las denominaciones, nos preocupe el arsenal neoclásico a la hora de abordar las experiencias autogestionarias; por lo cual abogamos por un mayor y más profundo diálogo entre perspectivas, investigadores y experiencias en el acompañamiento de prácticas que reconozcan las especificidades microeconómicas de la EP y la ESS.

En ese sentido y retomando la discusión sobre las categorías más generales, consideramos que las discusiones que propone Ruggeri sobre la autogestión en nuestra región son ilustrativas del estado relativamente embrionario del campo de la ESS, en un contexto histórico donde las políticas públicas emparentan la autogestión con el emprendedurismo cuando se trata de experiencias históricas y con perspectivas sociopolíticas distintas, tal y como señalan Rodríguez y Ciolli (2011). En particular, Guerra propone la distinción entre autogestión “a secas” y empresa autogestionada, de donde desprende la posibilidad de plantear una “autogestión individual” y una “autogestión colectiva”. En sus términos:

De acuerdo a nuestra definición, es necesario distinguir la autogestión de la empresa autogestionada. Mientras que el primer concepto incluye al trabajo autónomo, el segundo hace hincapié en el aspecto colectivo. Así entonces, no es aplicable el concepto de empresa autogestionada al caso de la autogestión individual (trabajo autónomo) […] Si bien como ya dijimos el trabajo autónomo autogestionado aporta importantes logros desde el punto de vista de la recuperación de esa capacidad de autonomía perdida con el pasaje del sistema artesanal al sistema fabril, lo cierto es que sólo el proyecto asociativo de la autogestión incorpora otros valores como la democracia participativa. (Guerra, 2013: 118)

En esa vía, hay autores nacionales que utilizan la categoría de “autogestión individual” y/o agregan el adjetivo asociativo a la autogestión, tanto referida al emprendedurismo como al trabajo (Vázquez, 2010; Hopp, 2013; Deux Marzi, 2018, 2020b). En nuestro caso, así como entendemos que hay formas asociativas más allá del cooperativismo (a su vez, en todas sus variantes y no sólo en el cooperativismo de trabajo y/o producción), priorizamos el origen histórico de la categoría autogestión y, por tanto, no consideramos que requiera adjetivos ad hoc que refuercen su condición colectiva. A su vez, consideramos que el campo se debe un trabajo más sistemático a nivel teórico y empírico sobre las categorías de autogestión, cogestión, gestión asociada, gestión compartida y un mayor diálogo con otros campos como el de la economía de la participación.

Cerramos este punto sosteniendo que, en este estadio del campo de la ESS, que seguirá recibiendo críticas desde diversas fuentes escépticas entorno al alcance y sentido de su diverso y heterogéneo objeto empírico y que aún necesita institucionalizar de forma más precisa algunas categorías centrales (que no dejan de ser objeto de discusiones y disputas), encontramos cierto consenso en autores latinoamericanos, con la justa medida de perspectiva crítica y utópica, quienes, a partir de investigaciones empíricas y a pesar de los escasos márgenes que deja el modo de producción capitalista, hacen una apuesta a la ESS en virtud de sus potencialidades contrahegemónicas (Sarachu, 2009; Cruz, 2011; Chedid Henriques, 2014), y ponen el acento en distintas cuestiones relevantes. En respuesta a quienes consideran esta economía como una visión idealizada, Cruz plantea que

aunque la acumulación solidaria sea un hecho, aunque incipiente, probablemente la gran mayoría de sus agentes no se percibe bajo este punto de vista, y mucho menos proyecta su acción como un proceso de construcción de una nueva sociedad […] Sólo nos cabe aquí recordar que ni los mercaderes de Venecia del siglo XV habían soñado con la acumulación primitiva de capital ni tampoco a los obreros de los talleres industriales de San Petersburgo y Moscú del 1900 se les ocurría la idea de la acumulación socialista primitiva. Es decir: un agente histórico no necesita tener conciencia de su papel histórico para desempeñarlo. Sin embargo, si una nueva formación social se levantará un día y si la economía solidaria será el modo de producción que la estructurará, esto es algo que sólo el mañana nos dirá. Pero si hubiera una bolsa de apuestas sobre nuestro futuro, yo apostaría por esta hipótesis. (Cruz, 2011: 36)

Por su parte, Chedid Henriques, al preguntarse si la experimentación es una utopía o un retroceso en la lucha de los trabajadores, sostiene que

entiendo que los emprendimientos económicos solidarios tienen potencialidades de construir nuevas formas de sociabilidades […] esas potencialidades son limitadas, pero no son inexistentes. Negarlas o disminuirlas forma parte de una visión miope sobre las posibilidades de transformación social. (Chedid Henriques, 2014: 86)

A su vez, Sarachu nos propone pensar

cómo desde las formas cooperativas, asociativas, sindicales, sus organizaciones de base, federaciones y confederaciones se puede recrear una cultura de la horizontalidad estrechando vínculos con otras variadas experiencias […] desde la perspectiva de recuperación de la centralidad del trabajo y su sentido que rompa con una praxis social resignada permitiendo así (re) construir el flujo social de nuestro hacer hacia una sociedad de productores autónomos libremente asociados orientados a la efectiva satisfacción de las necesidades humanas. (Sarachu, 2009: 104)

Teniendo presente estos debates en términos de alcance y sentidos de la ESS, y considerando que el papel del Estado es central para lograr un mayor y mejor desarrollo de la misma, en este libro indagamos cómo se la concibe y promueve en la práctica pública estatal, desde lo local, en una de las principales regiones de nuestro país teniendo como hipótesis que, sea como forma de sobrevivencia o en virtud de sus potencialidades contrahegemónicas, el carácter híbrido que tienen (sobre el que profundizamos al final del capítulo) amerita un abordaje distinto al de las empresas capitalistas. No reconocer esta cuestión es otra forma de afectar su sostenibilidad y de acotar su potencial.

2.2. Corrientes, debates y desafíos de las políticas públicas que promueven la economía social y solidaria en América Latina

Nuestro enfoque para el análisis de las políticas públicas se concentra en la lógica de la acción de los actores involucrados, la cual depende de sus recursos y posición institucional, adquiriendo ventajas para el abordaje comparativo al construir marcos analíticos aplicables a diferentes contextos. Intentamos seguir la perspectiva que

aborda una política pública desde el ángulo específico de su “lógica de acción”; siendo el punto de partida la arena en la que los actores político administrativos y sociales interactúan en un ámbito determinado; integra la influencia de las instituciones en el comportamiento de los actores mencionados y en los resultados sustanciales de la acción pública^[30][…]; dedica una atención particular a los recursos que los diversos actores movilizan para hacer valer sus intereses. (Subirats et al., 2008: 26)

Como explican los autores, esta visión comprende la lógica de las acciones públicas a través de la reconstrucción de las hipótesis (a veces implícitas) en las que se han basado las instituciones públicas para resolver los problemas colectivos.

En una línea similar, retomamos de Oszlak y O´Donnell (1981) la noción de la política estatal como nudo del proceso social, a partir de

un conjunto de tomas de posición del Estado respecto de cierta cuestión, y si este conjunto tiende a variar tanto a través de diversos organismos estatales como a lo largo del tiempo, es evidente que tal política no puede ser entendida ni explicada prescindiendo de las políticas de otros actores […] tiene sentido centrarnos alrededor de aquellas porque a) cuentan con el respaldo de normas de cumplimiento supuestamente obligatorio y de una última ratio fundada en el control de superiores medios de coacción física, y b) porque en general repercuten sobre la sociedad más extensamente que las políticas privadas. (Oszlak y O´Donnell, 1981: 115-116)

Como vemos, se posiciona al Estado como una institución central, a la vez que incorporan otros actores, lo que retomamos al construir nuestra configuración causal (capítulo 3).

De todos modos, sobre nuestro objeto específico, es decir, las PESS, hay distintos posicionamientos en cuanto al papel del Estado y la sociedad. Por ejemplo, Laville cuando explica la vigencia de Polanyi y recurre a Mauss sostiene que

un cambio institucional tendiente a una democratización no puede surgir más que por un cuestionamiento de los preceptos fundamentales de la mentalidad de mercado. Pero tal cambio supone la renuncia a la ilusión de una transformación centralizada, gobernada por un poder panóptico. La disputa con los dogmas dominantes debe estar apoyada por prácticas sociales que visibilicen otras lógicas, ciertamente dominadas pero presentes en la realidad. Entonces, en palabras de Marcel Mauss, a los poderes públicos les toca realzarlas. Los órganos de la democracia representativa no pueden generar el cambio, pueden sostenerlo, confortarlo, consolidarlo, legitimarlo. (Laville, 2012: 14)

En América Latina, en los distintos niveles de PESS que analizamos a lo largo de los capítulos, consideramos más oportuna una posición dialéctica. Empíricamente, observamos casos donde la iniciativa de cambio institucional también puede estar originada desde el Estado, en un arco que va desde la propia “creación” de los actores de la ESS allí donde no existían, o la toma de conciencia de tal sentido a partir de la articulación promovida por el Estado, hasta la co-construcción de las PESS en un entramado social más robusto.

A su vez, nos guiamos por la sociología política de la instrumentalización de la política pública. De este modo, adoptamos la definición de Lascoume y Le Galès (2007) de instrumentos de política como

medios tanto técnicos como sociales que organizan relaciones sociales específicas entre el Estado y aquellos a los que se dirige, en función de las representaciones y los significados que le dan soporte. Se trata de un tipo particular de institución cuyo propósito es llevar adelante un concepto concreto de la relación política-sociedad y es sostenido por un concepto específico de regulación. (Lascoumes y Le Galès, 2007: 4)

Tal y como sostienen los autores, dichos instrumentos no son neutrales y producen efectos específicos, independientemente de los objetivos buscados, lo que estructura la política pública según su propia lógica; por lo cual, el análisis de los instrumentos nos permitirá bucear en las profundidades de los significados y significantes de las políticas de promoción de la ESS.

Por otro lado, es importante identificar cuál es el principal recurso que moviliza cada política analizada a partir de sus instrumentos. Para ello, tenemos en cuenta la tipología propuesta por Vedung (2005) que identifica el carácter de medios económicos (entendidos en el sentido convencional del término y no en un sentido sustantivo) a los cuales el autor denomina “zanahorias”; luego, se encuentran los instrumentos basados en regulaciones, que el autor denomina “garrotes o palos” y, por último, se hallan los instrumentos que se basan en información, calificados como “sermones”.

Estas nociones generales son las que sostienen el andamiaje teórico sobre las PESS y a las que recurrimos a lo largo de los capítulos para nuestro análisis empírico. Complementamos, a continuación, con hallazgos específicos sobre PESS en nuestra región, que contribuyen a fortalecer nuestro abordaje.

Partimos de una cuestión clave. Al encarar el análisis de los casos de Brasil y Venezuela, Hintze (2010) planteaba que el tránsito hacia las PESS es

un proceso complejo y poco teorizado hasta el momento, alimentado por el análisis de casos empíricos, mayoritariamente de tipo puntual (programas, iniciativas) en el caso de los países de América Latina, y de carácter más global en Europa y Quebec, Canadá. (Hintze, 2010: 19)

Si bien se ha mejorado la performance al respecto en nuestra región, podemos decir que la tendencia general se mantiene y se exacerba cuando lo que nos interesa son las escalas subnacionales (sobre las que profundizamos en el punto siguiente).

En este proceso de teorización y análisis de las políticas, sobre todo a partir de los casos de Argentina, Brasil y Ecuador, hay ciertos consensos. Entre ellos, se destaca que esas políticas son manifestación y, a la vez, construyen otro Estado. Asumiendo que no es posible considerar al Estado como un bloque monolítico, sino que en cada coyuntura la hegemonía se edifica como resultado del carácter contradictorio de las relaciones sociales y del Estado, es preciso reconocer, tal y como hace Hintze, que

en la conformación de un proyecto que dispute la hegemonía capitalista, la importancia del Estado es central: sin duda otro Estado diferente al que hemos conocido, participativo, flexible a las cuestiones que emerjan de las organizaciones de la sociedad civil pero que tiene por antecedente una configuración histórica muy marcada por las últimas décadas de fuerte presencia del neoliberalismo. (Hintze, 2014: 248)

Esto va a estructurar muchos de los desafíos del campo y de allí que captar en las PESS las continuidades y rupturas con la microeconomía neoclásica, afín con el neoliberalismo, devenga en una cuestión socialmente relevante.

Más específicamente, desde ese Estado participativo y flexible, la autora desarrollará cuatro atributos de las PESS que son considerados como deseables, tanto por el nivel político como el académico y las organizaciones de la ESS:

1. Transversalidad, es decir, políticas en sentido amplio y que, por las características de su objeto, trascienden el subconjunto de las políticas sociales, en especial las de tipo asistencial;
2. Intersectorialidad, esto es, políticas que requieren de la acción de diversos organismos, no pudiendo ser resueltas por un único sector del aparato del Estado y, a la par que atraviesan los distintos organismos, también recorren transversalmente las distintas jurisdicciones del gobierno (nacional, subnacional, local);
3. Territorialidad: estas políticas se materializan/despliegan territorialmente, entendiendo al territorio como gran articulador de las políticas, de ahí que la autora plantee que “es posible pensar la gestión de una manera integral en términos de la relación de actores con sus necesidades, demandas y recursos específicos y con los momentos de la gestión (diseño, implementación, monitoreo/ evaluación)” (Hintze, 2014: 250);
4. Participación: su origen se encuentra en relaciones horizontales y dinámicas (en oposición a políticas de arriba-abajo o a la inversa) como resultado de procesos necesariamente conflictivos de negociación-consenso entre organizaciones de la sociedad civil y del Estado.

Sobre el cuarto atributo se vuelve clave la distinción que realiza Vaillancourt (2011), quien aborda la ESS como un medio de democratización de las políticas públicas, esto es: la co-producción y la co-construcción de las mismas. En sus términos:

Por un lado, la co-producción hace referencia a la participación de los actores de la sociedad civil y del mercado en la implementación de las políticas públicas. Por otro, la co-construcción remite a la participación de estos mismos actores en la elaboración de las políticas públicas. Así, la co-construcción se sitúa antes de la adopción de las políticas públicas, mientras que la co-producción llega después, en el momento de su aplicación. (Vaillancourt, 2011: 2)

Quiénes participan y si lo hacen al momento de la creación y concepción de las políticas públicas o en la implementación, será un aspecto importante en este trabajo.

Al analizar la literatura sobre las PESS realmente existentes en América Latina en las últimas décadas, encontramos un relativo consenso sobre los desafíos que intentamos resumir a continuación, basándonos en Hintze (2014) sobre un planteo más general, y en varios autores que se dedican a los casos de Brasil y Ecuador (a Argentina nos dedicamos en el capítulo próximo).

Básicamente, si bien lograron penetrar las agendas gubernamentales, las mismas no son prioritarias en términos de alcance y escala. A su vez, si bien intentan ser políticas integrales, no logran superar la fragmentación y desarticulación a nivel de las políticas específicas de fomento (formación de los sujetos de política, la comercialización, las finanzas, etc.) como en relación con políticas sectoriales y macroeconómicas. La formación de gestores públicos comprometidos que participen en la gestión de las PESS, en un marco de estabilidad institucional y programática, es otro de los aspectos clave. La corresponsabilidad entre los promotores y los promovidos aún no logran un grado de movilización política y, en definitiva, de poder como para retroalimentar la dinámica estatal transformadora. Y, por último, se observa una marcada orientación integracionista con fortalecimiento del consumo (a secas) y, por tanto, del sistema capitalista, de donde se torna clave el reconocimiento de la existencia de corrientes específicas –donde esa es una entre varias–, que son identificadas por Coraggio (2013), y con lo que cerramos este punto del marco teórico.

Poniendo eje en el ciclo de las políticas y en los aprendizajes a lo largo de varios países de América Latina, Hintze (2014) destaca la necesidad de salir de la etapa de “experimentalismo”, para lo cual se torna clave ampliar la escala. En sus términos:

Si la experimentación para la innovación, la posibilidad de adecuar la planificación a diferentes situaciones, generar respuestas novedosas a necesidades específicas de grupos de población particulares es una necesidad, dado el grado de desarrollo del campo, es también necesaria la extensión de las acciones ya probadas a dimensiones que superen las experiencias piloto y alcancen una escala suficiente de masividad. El pase de la experimentación al cambio de escala y la rutinización debería ser visto también como proceso de negociación y consensos que permitan re-adecuar el diseño a la prueba de la implementación. En esto es central el seguimiento y la evaluación como paso previo a la toma de decisiones sobre la transformación de las intervenciones. (Hintze, 2014: 256)

A su vez, resalta la formación de los funcionarios públicos valorando como antecedente la Red de Gestores Públicos de Brasil, sobre la que profundizaremos más adelante. Mientras el énfasis suele estar puesto en la formación de los sujetos de las PESS, la autora sostiene que también los gestores públicos requieren atravesar por ese proceso que no es puntual y acotado, sino continuo y complejo, y advierte la cuestión de los tiempos como un obstáculo. En sus términos:

Si no se pueden conformar cooperativistas en un taller, tampoco es esperable que puedan cambiarse prácticas arraigadas en la administración pública con algunas capacitaciones. Una nueva institucionalidad demanda de una profesionalización de sus agentes, en la cual el cambio cultural mayor es el reconocimiento y aceptación del nuevo rol que le debería corresponder al Estado en el proceso de cambio político en marcha en nuestros países en pos de la ESS […] La presión de los tiempos políticos no puede desconocer los tiempos técnicos necesarios para el aprendizaje institucional que requiere generar herramientas políticas, metodológicas y técnicas para dar respuesta al desafío de la gestión de políticas para la de ESS. (Hintze, 2014: 261)

Finalmente, la autora señala el desafío de volver cada vez más públicas estas políticas estatales en un doble sentido:

como representación del interés colectivo, de las necesidades de los actualmente excluidos, pero también como ampliación del campo de responsabilidad de quienes intervienen en el diseño, implementación y evaluación de tales políticas al incorporarse como actores sociales involucrados en estas acciones. Lo cual implica ampliar las posibilidades de diálogo, de mutua valoración y de colaboración efectiva entre funcionarios públicos y organizaciones de la EPS hacia un horizonte de real co-construcción y co-producción de políticas públicas para la construcción de un sistema económico social y solidario. (Hintze, 2014: 262).

Considerando el caso de Brasil, Marinho Alves da Silva (2017), basándose en la propia experiencia y en los diagnósticos del Plan Nacional de Economía Solidaria, sostiene que para que la economía solidaria logre escala e impactos significativos en la realidad, es central la disponibilidad de recursos, de estructura administrativa, junto con normativa específica, para lo cual, una de las principales limitantes es la baja adhesión o creencia en sus potencialidades como una estrategia de desarrollo. Ante este panorama, el autor especifica, como factor esencial, que las estructuras administrativas, además de ser adecuadas, se encuentren compuestas por

gestores comprometidos con la política y debidamente capacitados para el manejo de los instrumentos de gestión pública […] [junto con] la capacidad política de las fuerzas organizadas de la economía solidaria en cuanto parte del movimiento de democratización de la sociedad brasilera. (Marinho Alves da Silva, 2017: 32-33)

Profundizando en este aspecto, nos interesa específicamente la relación promotores-promovidos que requiere un sujeto estatal más activo y comprometido y, en definitiva, la constitución de una subjetividad más amplia. Allí es donde las principales reflexiones y referencias empíricas que encontramos en la región provienen de la Red de Gestores Públicos de Políticas Públicas de Economía Solidaria de Brasil que tuvo su origen en 2003, junto con el FBES y la SENAES. Según su página, surgió

por iniciativa de gestores y gestoras de políticas públicas, que fueron demandados por los trabajadores y trabajadoras de la economía solidaria, o por percibir y querer dar respuestas adecuadas a ese nuevo segmento social que ocupa un lugar cada vez más relevante en la generación de trabajo y en la promoción del desarrollo local […] Tiene la misión de ampliar cada vez más el debate y las propuestas de herramientas adecuadas dentro del Estado brasilero para el fomento de la economía solidaria y para el estímulo y el fortalecimiento de la organización y la participación de este segmento en las decisiones sobre las políticas públicas^[31].

En el análisis que realiza Hintze sobre la política de economía solidaria en Brasil, sostiene entre sus principales logros la conformación de esta red, que considera cuantitativamente limitada, cualitativamente valiosa y de cuyas acciones destaca “la capacitación de estos agentes y el desarrollo de un pensamiento propio sobre la economía solidaria” (Hintze, 2010: 166). En ese sentido, Schiochet y Fernandes da Silva (2017) plantean que la agenda de las políticas públicas en Brasil se amplió y complejizó al incorporar un nuevo sujeto en el campo de la economía solidaria: “el gestor público de la política de economía solidaria”. Los autores explican que se trata de

militantes de la economía solidaria que asumen funciones gubernamentales junto con servidores públicos que asumen tareas específicas en los espacios creados para la promoción de las políticas de fomento a la economía solidaria. Plantea, por tanto, un doble aprendizaje: por un lado, militantes de la economía solidaria aprendiendo las especificidades de la esfera pública y la gestión del Estado, y servidores públicos aprendiendo de las especificidades de la economía solidaria. (Schiochet y Fernandes da Silva, 2017: 40)

Un aspecto sustantivo a señalar siguiendo a estos autores es que consideran la educación de los gestores públicos y la gestión participativa como parte del proceso instituyente de la política; en particular, señalan que

No se trata apenas de ofrecer procesos formativos, sino también de crear oportunidades para procesos participativos de construcción colectiva de la política. En este sentido, la experiencia formativa de los gestores desarrollada en Brasil en los últimos años contribuye de forma decisiva. Además del fortalecimiento de la Red de Gestores, los procesos educativos fueron determinantes en la construcción de consensos crecientes sobre el carácter, los principios, los sujetos, los instrumentos, los espacios de participación y control social, la interacción intersectorial y transversal de la política pública de economía solidaria. (Schiochet y Fernandes da Silva, 2017: 46)

Esas instancias de formación y la participación de los gestores públicos en las PESS, se configura en aspectos sustantivos de la relación entre promotores y promovidos, quedando latente la consideración del marco más general de estos procesos que, en términos de los autores, se traduce en

una política de economía solidaria debe ser contrahegemónica, promover la autonomía autogestionaria y ser radicalmente democrática. La cuestión es cómo encontrar las mediaciones necesarias para que eso se concrete en un contexto de expansión de la concentración y centralización del capital, del individualismo y de la burocratización del poder político. (Schiochet y Fernandes da Silva, 2017: 36)

Por otra parte, desde una reflexión crítica y propositiva, cerramos el panorama brasileño con los aportes que realiza Cruz (2011). Reconociendo las actuales condiciones históricas del desarrollo capitalista en su forma típica de mundialización oligopólica, al analizar las posibilidades de ampliación de la acumulación solidaria de los emprendimientos económicos solidarios como única posibilidad de existencia de la economía solidaria, el autor plantea tres caminos delos que podemos deducir el inmediato correlato en materia de PESS. La primera propuesta consiste en el acceso preferencial a los fondos públicos de financiamiento que, según el autor, se concentran en los recursos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y el sistema de reglamentos de licitaciones públicas que, para acceder a ellos, requeriría

una capacidad de movilización política mucho más grande que la que tiene hoy el movimiento sociopolítico de la economía solidaria. Pero los logros de la agricultura familiar y de la reforma agraria en Brasil demuestran esta posibilidad. Esto se debe al hecho de que el Estado no es un bloque monolítico y que, si es verdad que los oligopolios detentan poder económico, también es verdad que la democracia abre espacios que los sectores populares, bien organizados y movilizados, pueden sí, disputar. (Cruz, 2011: 33)

La segunda se refiere a la aplicación de innovaciones tecnológicas por los emprendimientos solidarios como herramienta competitiva en los mercados en los que actúan, con el especial papel que en Brasil tienen las tecnologías sociales. El tercer planteo es la internalización máxima de distintos eslabones de la circulación del capital: producción, distribución, consumo y acumulación/financiación, ampliando en términos concretos las recomendaciones de política que superen el libreto repetido. Por ejemplo, en términos de la circulación, el autor propone la conformación de supermercados de la economía solidaria, emprendimientos solidarios en el sector de logística y de publicidad, todo organizado con base en el trabajo autogestionado^[32].

Aunque con sus especificidades, de modo complementario, pero también en gran medida coincidente con el caso brasilero, Sánchez (2014) analiza la experiencia ecuatoriana y plantea la importancia de políticas específicas tanto a nivel macroeconómico como en las políticas sectoriales y, por fin, las políticas activas hacia la EPS.

Su potencial desarrollo, sin embargo, no se resuelve con el crecimiento económico y políticas sectoriales tradicionales estandarizadas, se requieren políticas deliberadas que fortalezcan esta economía y den más poder a estos actores en los territorios concretos donde operan. Es fundamental trabajar desde el ámbito público de una manera integral, considerando tanto la transversalidad de políticas de acción afirmativa en los niveles macroeconómicos y sectoriales, como en las políticas activas de fortalecimiento de capacidades, activos, apoyo a la organización y acceso a mercados. (Sánchez, 2014: 15)

Al respecto de las sectoriales, la autora plantea líneas de acción específicas con énfasis en las políticas de innovación, que suelen ser sustentadas por la economía heterodoxa neoschumpeteriana que no diferencia las pymes convencionales de aquellas que pertenecen a la ESS, la EPS o la EP. De este modo, la autora sienta el precedente de la incorporación explícita, inclusiva y empoderante de, en ese caso, la EPS. En relación con las políticas activas, la autora desarrolla tres consideraciones:

Primero, las políticas deben reconocer la heterogeneidad del sector: economía popular (de reproducción simple a reproducción ampliada); y economía solidaria, y por tanto, tener políticas diferenciadas que deberán moverse desde la protección a la promoción y desarrollo, según el sujeto. Segundo, las políticas deben deliberadamente impulsar la economía solidaria, y promover y organizar la economía popular hacia la economía solidaria, no sólo por sus méritos en términos distributivos, sino para alcanzar escalas y eficiencia. Tercero, las políticas deben tener fuertes anclajes en el territorio, pues es allí donde deben articularse para movilizar los recursos y las oportunidades con un sentido y una direccionalidad clara. (Sánchez, 2014: 17)

En clave de balance sobre lo avanzado y los desafíos, la autora profundiza:

En general, en el caso ecuatoriano, se han desarrollado mejor las medidas de protección y transferencias sociales que aquellas de promoción social y fomento económico. Es necesaria una articulación más adecuada de esas políticas y pensar mejor los modelos de gestión para la promoción social y económica si se quiere romper los círculos de pobreza. Ello requiere fortalecer las capacidades y recursos con los que cuenta la economía popular, su organización, favoreciendo los lazos de solidaridad, no sólo porque ello permite mejorar el sistema distributivo sino porque faculta alcanzar escalas más adecuadas y mayor eficiencia. (Sánchez, 2017: 95)

Los principales desafíos consisten en lograr mayor estabilidad institucional y programática (ilustra que el IEPS, principal organismo de promoción en el país, tuvo seis directores en los últimos cinco años), aumentar los presupuestos asignados a estas políticas, ya que siguen siendo muy bajos, crear políticas que aumenten la productividad del sector, y mejorar la capacidad de operar de forma desconcentrada. Esto último se debe a que es desde el nivel nacional que se vienen orientando estas políticas cuando desde los territorios existe una diversidad de operadores públicos, privados, de la sociedad civil y de la misma EPS que son

portadores de información específica y conocen de mejor manera las necesidades y demandas de los actores de la EPS; además, cuentan con recursos tangibles e intangibles que se pueden movilizar, por tanto resulta estratégico potenciar y mejorar sus capacidades y conocimiento basado en las mejores prácticas internacionales o de desarrollo e innovación social. (Sánchez, 2017: 97)

A su vez, expone el desafío de lograr la corresponsabilidad de los actores de la EPS en esas políticas, referido al campo del control, y habiendo desarrollado en una conferencia posterior^[33], en clave autocrítica, que el proceso ecuatoriano jerarquizó las funciones de control por sobre el fomento, siendo preciso internalizar el carácter de empresa social que tiene este sector, lo que requiere precautelar el objetivo de confiabilidad y estabilidad del sistema. El último desafío señalado es la importancia de subsanar la limitación del sistema de información incluso con los avances producidos en ese país con la cuenta satélite sobre la EPS.

Con este panorama, al que se suma en líneas generales lo desarrollado para el caso argentino en el capítulo 2 y abordando en el punto que sigue las especificidades desde lo local, se vuelve esencial la identificación de tres corrientes de pensamiento y acción de la ESS en América Latina que realiza Coraggio (2013). Según el autor

La primera corriente, que procura la (re)inserción por el trabajo actuando a nivel microeconómico, se caracteriza por un conjunto de prácticas que se focalizan en lograr la integración social y en el alivio de la pobreza vía re-inserción (o la primera inserción) de grupos de personas excluidas del mercado de trabajo […] en la dirección del autoempleo. (Coraggio, 2013: 13)

Aclara que las prácticas de esta corriente no dejan de ser de nivel microeconómico

porque piensen en cadenas de valor, mecanismos de abastecimiento o comercialización conjunta, etc. pues las relaciones así consideradas son exclusivamente de intercambio en base a contratos según las leyes del mercado o sus variaciones (acuerdos de conveniencia que se rompen cuando el cálculo indica que hay opciones mejores). (Coraggio, 2013: 14)

Esta primera corriente está focalizada en la producción y circulación de mercancías, no plantea una crítica al mercado como institución y se dirige a los más pobres. Por otro lado, identifica una segunda corriente

que procura la creación de un sector orgánico (subsistema) de ESS [la cual] estaría conformada por las prácticas que, iniciadas como las anteriormente descriptas o saltando “etapas”, van más allá […]. Se advierte que hacen falta redes no meramente económicas, sino de reciprocidades, de solidaridades sociales y políticas. Esas solidaridades se espera que se concreten en la formación de sujetos colectivos, como asociaciones locales pro desarrollo local, o diversas sectoriales y transversales de trabajadores autogestionados. En este caso, desde el comienzo de la intervención se trata de evitar la fragmentación de los emprendimientos y promover la conformación de un sector articulado orgánico. […] Se trata también de incluir el proceso económico en su conjunto: producción, distribución, circulación y consumo, generando asociaciones de productores, de comerciantes, de financiadores, de consumidores, pero además articulaciones conscientes entre todos ellos como actores o sujetos. Se trata además de incluir las acciones para lograr mejores relaciones de reciprocidad y redistribución a través del Estado: asignaciones monetarias, ingreso ciudadano, tasas de interés, tasas e impuestos, acceso a bienes públicos (salud, educación, servicios subsidiados como el de transporte, energía, agua, etc.). Pues sin ellas faltaría un piso básico que protege a los productores contra la alta vulnerabilidad de sus emprendimientos. Implica partir de la economía popular y su cultura colonizada, subordinada e individualista, pero apoyándose en componentes solidarios sin los cuales no se lograría la sobrevivencia […]. Trata de construir incluso lo microeconómico, comenzando por una anticipación de las cadenas posibles y desde allí lograr que actores o sujetos vayan generando más o menos paralelamente los emprendimientos que van a articularse […]. No es entonces un resultado del mecanismo de mercado sino una construcción consciente que puede además tener otros objetivos (ejemplo: la seguridad alimentaria, aunque no sea “eficiente”). (Coraggio, 2013: 14-16)

Por último, una tercera corriente

que piensa y actúa también a nivel sistémico, va más allá de la propuesta de construir un subsistema de ESS dentro de una economía mixta. Procura la construcción de Otra Economía (otro sistema económico). Aquí se trata de buscar formas de “superación” del sistema cultural capitalista, que impulsa no sólo la crítica teórica y práctica de las relaciones de explotación capitalista del trabajo sino también las propias del patriarcado y otras formas de explotación, y pretende establecer una relación de contradicción y conflicto continuo con la economía del capital y la estatal. Esto implica no sólo diferenciarse y separarse sino proponerse como forma superior a las prácticas propias del capital, disputando el sentido de criterios, prácticas, propuestas a nivel micro y mesosocioeconómico, en una lucha donde economía, política y cultura se ven fuertemente imbricadas. (Coraggio, 2013: 21)

Para el autor, si bien las tres corrientes tienen un alcance distinto, las tres son significativas y, en cierto sentido, se necesitan mutuamente. Plantea:

Lógicamente es en base al aprendizaje enfrentando los desafíos del primer nivel que surgen los problemas conceptuales y prácticos que llevan al segundo y así siguiendo. Como en la realidad hoy los tres coexisten, parte de la tarea política es dialogar y lograr alianzas, vincular la atención de la urgencia inmediata con la mirada estratégica, analizar en cada situación concreta el papel que cada tipo de intervención o proyecto puede tener en el movimiento de conjunto. Para admitir esto es muy importante revisar la dinámica de estos procesos. El nivel de prácticas integradoras al mercado laboral, si no tiene intereses espurios, lleva necesariamente a advertir la necesidad del segundo nivel, y este, al avanzar, encuentra límites que sólo pueden franquearse si se pasa el nivel tres. O, la lectura inversa: no es posible pretender transformar toda la economía por la ley, aunque sea una Constitución, si no hay actores microsociales predispuestos a resignificar sus acciones, o si no hay subsistemas que no sólo movilicen recursos, personas y comunidades sino que den una base firme a la formación de sujetos colectivos que sustenten el proyecto de construcción de otra economía. (Coraggio, 2013: 22-23)

En base a este esquema que nos propone el autor, realizamos un intento de operacionalización en virtud de los resultados de nuestro trabajo de campo que nos permite construir una tipología de municipios, la cual será desarrollada al final del cuarto capítulo. Es una forma posible de aproximarnos a los sentidos atribuidos a la ESS por parte de los hacedores de política a través de sus prácticas de promoción.

2.3. Las especificidades de la promoción de la economía social y solidaria desde lo local. Más allá del desarrollo local y el ecosistema emprendedor

Poner la lupa en las especificidades locales de las PESS implica problematizar la noción hegemónica de desarrollo local y, más en general, del abordaje del territorio que realiza la literatura del mainstream y las recomendaciones de política que surgen de la misma. Eso lleva, en primer lugar, a tomar distancia de la noción de espacio y asumir la de territorio (Coraggio, 2011c), en sintonía con la noción de “territorio usado” o “espacio banal” que

incluye todos los actores y no únicamente el Estado, como en la acepción heredada de la modernidad. Abriga todos los actores y no sólo los que tienen movilidad, como en la más pura noción de espacio de flujos. Es el dominio de la contigüidad, y no solamente la topología de las empresas o cualquier otra geometría. Se refiere a la existencia total y no sólo a la noción de espacio económico. Incluye todos los actores y todos los aspectos […] espacio de todas las existencias. La historia se produce con todas las empresas, todas las instituciones, todos los individuos, independientemente de su fuerza diferente, a pesar de su fuerza desigual. (Silveira, 2008: 3)

En el marco de la tesis que dio origen a este libro y de un proyecto de investigación más general^[34], identificamos la persistencia de la hegemonía del mainstream económico y la adopción acrítica sobre las recomendaciones de política para las ciudades de América Latina, inspiradas en ciudades del Norte, fundamentalmente de la academia estadounidense y europea (Muñoz y Coraggio, 2018). Nos ocupamos allí de sistematizar los modelos y las prácticas que dan cuenta de la obsesión por la competitividad territorial que produce lo que Santos, M. (1996) denominó como “guerra de lugares” dispuestos a casi todo con tal de ganar atractividad de capitales fundamentalmente externos, con instrumentos que se debaten entre los distritos industriales o de ciertos servicios, los clusters, la creación de ciudades o barrios creativos, inteligentes, que aprenden, reflexivas, etc.

La literatura regional ya había registrado esta tendencia como predominante (Fernández, Amin y Vigil, 2008). A ello se agrega lo que Narodowski le atribuye en particular al Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) perteneciente a la CEPAL, al sostener la “ilusión del desarrollo” cuando, en términos del autor: “el desarrollo endógeno, si se comprueba en algún caso, es una excepción de la que no puede extenderse una teoría” (Narodowski, 2007: 271). En el mismo sentido, Clemente va a plantear la

inviabilidad del desarrollo endógeno, particularmente en contextos recesivos, y atribuye a las jurisdicciones centrales la responsabilidad de actuar como facilitadoras en la producción de bienestar, más aún en períodos donde, por desaciertos económicos, los municipios son los que deberán sostener el día a día de la cuestión social. (Clemente, 2019: 23)

En base a la experiencia argentina, la autora sostiene que el paradigma de desarrollo local sin desarrollo nacional cayó por falta de evidencia y que los municipios en consistencia con su diversidad (en términos de tamaño, localización regional y población) ensayaron diferentes políticas y adquirieron experiencia en el tratamiento de la cuestión social de manera articulada con cuestiones económicas propias del contexto. No obstante, en definitiva, siguió primando la capacidad de recaudación como medio para este tipo de políticas y, en consecuencia, se reforzaron las desigualdades en el universo municipal.

En una perspectiva similar, Fernández (2010) planteaba la necesidad de recuperar la escala nacional en las políticas del desarrollo regional que, imbricadas en la agenda neoliberal, pretenden imponer un salto entre la escala local regional directamente a la global. Con anterioridad, parte de ese equipo había logrado interesantes hallazgos al analizar políticas de clusters en Argentina y encontrar que era posible alcanzar una competitividad regional sin inclusión social ni mejora de las condiciones de vida (Fernández y Vigil, 2009), todos resultados reprochables desde la perspectiva sustantiva en virtud de su principio ético de la reproducción ampliada de la vida de todos.

Años más tarde, con mayor optimismo, atentos a la selectividad de las escalas, tanto por parte de los capitales como de los Estados centrales y periféricos en función del distinto poder que tienen, Fernández y Cardozo (2018) exponen una paradoja a partir de la que se convoca como protagonistas a las regiones como a los Estados locales, a los que denominan ensambladores para, finalmente, colocarlos como actores de reparto dentro de redes con intereses, relatos y prácticas exógenas que condicionan las estrategias económicas e institucionales. Los autores proponen mutar hacia un Estado que tenga

mayor autonomía financiera y capacidad de autodefinición conceptual, con capacidad de desplegar estrategias de articulación y complementariedad entre los nodos de acumulación regional. Ello resulta fundamental para relevar al fragmentalismo interregional competitivo y excluyente, y dotar a los actores de esos nodos de la capacidad para desplegar actividades más dinámicas en los encadenamientos productivos, sumando crecientemente en tal tarea espacios desplazados y tradicionalmente periféricos. (Fernández y Cardozo, 2018: 112)

En definitiva, este tipo de propuestas pone de relevancia cómo se aborda el nivel meso en los análisis y las intervenciones, cuestión que, puesta en esos términos, adolece de la impronta sesgada por la disciplina económica que se propone romper con la dicotomía microeconomía/macroeconomía, cuyas relaciones suelen descuidarse.

En la literatura, tanto del mainstream como de las heterodoxias, el foco viene puesto en la interacción entre actores con sesgo empresarial, generalmente pymes y sus entidades de apoyo, en un territorio dado como “lugar donde ocurren las cosas”. Es un problema de arrastre de la corriente principal, el neoinstitucionalismo y parte del evolucionismo, y es, sobre todo a partir del abordaje interdisciplinario con los geógrafos, que esto tiende a subsanarse.

Asumiendo como propias estas críticas al desarrollo local o endógeno, tomamos distancia a su vez del abordaje heterodoxo que no reconoce el pluralismo económico (Esser et al., 1996) y adoptamos la siguiente conceptualización sobre lo meso:

El enfoque meso-socioeconómico permite superar la reducción al microemprendimiento al mirar lo micro desde una visión de la articulación económica posible en base a relaciones de solidaridad. Asimismo, conlleva una visión del sistema económico (economía mixta) en el cual puede conceptualizar la ubicación de la economía popular realmente existente y su potencial como parte de un sector/subsistema de economía solidaria. Advierte la necesidad de la lucha contrahegemónica dentro del sistema con predominancia capitalista, buscando modificar las estructuras para ampliar la economía solidaria y poniendo límites a los otros dos sectores/subsistemas […] [incluye] redes de ayuda, asociaciones de productores que compran insumos, o comercializan, o generan ahorros y se dan crédito juntos, intercambios que pueden ser regulados a través de relaciones mercantiles, pero también de reciprocidad, de ayuda mutua. (Coraggio, 2013: 20)

Definido de ese modo, la perspectiva multiescalar resulta clave, con una vigilancia epistemológica importante. En relación con las propuestas de desarrollo alternativo, Santos, B. (2012) plantea que la mayoría de ellas tiene

una limitación importante para la construcción de alternativas económicas emancipadoras, derivada del énfasis exclusivo en la escala local. Si bien esta orientación ha permitido al desarrollo alternativo ubicar en el centro de la discusión los efectos concretos de los programas de desarrollo y abogar por la transferencia de poder hacia actores locales, también llevó a desligarlo de fenómenos y movimientos regionales, nacionales y globales […]. De acuerdo con esta visión, la marginación de los sectores populares crea las condiciones para que haya y sean deseables las economías alternativas comunitarias que operan sin conexión con la sociedad y la economía hegemónicas. Esto es especialmente notorio en los trabajos sobre economía informal que, con frecuencia, se presenta como un conjunto de actividades emprendidas exclusivamente por y para sectores populares y, por consiguiente, separado de la economía formal de la que dependen las clases media y alta. Esta visión dualista […] es contraproducente desde la práctica, porque limita el campo de acción y expansión de las formas alternativas de producción, consumo y distribución de bienes o servicios a los sectores sociales y a las actividades económicas marginadas. (Santos, B., 2012: 68-69)

El autor propone modos de pensamiento y acción que

sean ambiciosos en términos de escala, es decir, que sean capaces de actuar a escala local, regional, nacional, e incluso global, dependiendo de las necesidades de las iniciativas concretas. Para ello, es necesario pasar de la idea de la comunidad como colectividad cerrada y estática (comunidad fortaleza) hacia un concepto de comunidad como entidad viva y dinámica, abierta simultáneamente al contacto y a la solidaridad con otras comunidades, a diferentes escalas, y decidida a defender las alternativas contrahegemónicas que surjan en su interior […]. En el campo de la producción, la fragilidad de las alternativas hace necesaria su articulación entre sí –en condiciones negociadas para evitar su cooptación y desaparición–, con el Estado y con el sector capitalista. Esta articulación de economías plurales a diferentes escalas, que no desvirtúen las alternativas no capitalistas, es el principal desafío que enfrentan hoy movimientos y organizaciones de todo tipo que buscan otro tipo de desarrollo. (Santos, B., 2012: 70)

De ahí que prácticamente no utilicemos la expresión “desarrollo local”, sino desde lo local, tal y como propone Coraggio (2004), en virtud de que el desarrollo local no se agota en sí mismo, ya que no puede ser separado del entorno regional ni de los procesos de orden nacional o global donde se materialice o no. En ese sentido, entendemos complementarias las perspectivas de ambos autores, quienes abonan por el abandono de las fronteras locales para avanzar hacia la necesaria escala sistémica.

En el mismo sentido, Lago tematiza específicamente la relación entre lo endógeno y lo exógeno, en los siguientes términos:

Un proyecto de desarrollo local solidario requiere, a lo largo de su implementación, un análisis cuidadoso de la inserción (aunque frágil) de las comunidades en la economía de la ciudad. La localización de la comunidad, ya sea en el área urbana o rural, en una pequeña ciudad o metrópoli, en el centro urbano o en la periferia, incide directamente las posibilidades de desarrollo endógeno. Por un lado, el proyecto busca promover la intensificación de las actividades intracomunitarias en la compra y venta de productos y servicios, introduciendo la banca comunitaria, la moneda social y el microcrédito como dispositivos económicos y pedagógicos solidarios. Por otro lado, las conexiones extralocales de financiamiento, comercio, actividades políticas o sociales, entre otras, pueden fortalecer o no el potencial del desarrollo endógeno. Esta relación tensionada entre lo endógeno y lo exógeno precisa ser incorporada como objeto de investigación. (Lago, 2019: 17)

A su vez, es preciso que incorporemos la categoría de ecosistema emprendedor que está teniendo cada vez más resonancia y que está siendo apropiada y resignificada en nuestro campo como ecosistema de la ESS para dar cuenta de un nuevo nivel de complejidad y, a la vez, de operacionalización para los hacedores de política que permiten focalizar en la escala meso.

Esta categoría nos permite tender el puente que cierra con las críticas a las teorías del desarrollo local que ponen a la ESS como un sujeto a promover en lo que aparentemente es un enfoque más amplio y nos permite retomar nuestra perspectiva sustantiva que, empíricamente, también se traducirá con la lectura territorial de la economía mixta con tres sectores y sus múltiples relaciones bajo la dominancia capitalista.

De base neoschumpeteriana y centrado en emprendedores que se salen de la media, aunque sin tener aún consensos establecidos sobre su significado, la noción de ecosistema emprendedor se presenta como superadora de enfoques previos (como los clusters, los distritos industriales, los sistemas de innovación, etc.). Suelen tener en común el énfasis en que el emprendedurismo se desarrolla

en un contexto con actores interdependientes que lo facilita u obstaculiza […] el emprendedor más que la empresa es el punto central […] los emprendedores no son el resultado del sistema, sino los jugadores centrales (líderes) en la creación y el mantenimiento del mismo. (Stam, 2015: 1761)

Algunas de las principales referencias sobre el tema de los ecosistemas emprendedores (Isenberg, 2011; Feld, 2012; Mason y Brown, 2014; Stam, 2015; Borissenko y Boschma, 2017; y a nivel nacional, por ejemplo, Ibarra García et al., 2018) nos permiten observar la visión sesgada sobre la forma de emprender que plantean, ya que reconocen como empresas sólo o fundamentalmente a las que persiguen fines de lucro (Isenberg es el único que menciona la posibilidad del “sin fines de lucro”), que le otorga al Estado un lugar meramente subsidiario, no se problematiza el papel del mercado y todo transcurre en un ethos capitalista que no cuestiona desigualdades ni temas estructurales que son de nuestra preocupación en este libro. A su vez, le caben las críticas del abordaje economicista territorial (cuando es tematizado). Lo que resulta interesante es que predomine un tipo de enfoque y lenguaje que, como se suele reconocer, es más destinado a un público que practica, que a la audiencia académica.

De todos modos, la cuestión del ecosistema es un concepto que está teniendo eco en el campo de la ESS y que viene siendo utilizada en paralelo al auge del ámbito de la innovación emprendedora, fundamentalmente a partir del sistema de innovación social de Quebec. Mendell y Lévesque (2016) encararon una revista completa al respecto en la que Lévesque se dedica a analizar con exhaustividad el origen del concepto de ecosistema emprendedor y la relación con el ecosistema de la ESS. Allí encontramos un análisis que coincide con lo aquí planteado: dicho autor agrega que el ecosistema emprendedor se centra en la oferta, que no advierte la mayor complejidad de las empresas de la ESS que son plurales (aspecto sobre el que profundizaremos en el punto siguiente sobre la dimensión microeconómica) y que, por tanto, dependen más de su entorno a la vez que construyen conjuntamente las necesidades reconfigurando el sistema convencional de mercado.

A su vez, el autor presenta la noción de “sistema quebequense de innovación social”, el cual tiene, en la base, las empresas de economía social (que internacionalmente son las que se denominan, como suelen aclarar los autores, de ESS); en el centro se encuentran las redes y los espacios de representación; en la esquina superior izquierda, los servicios de soporte para las empresas; en la parte inferior izquierda, los espacios de formación y educación; en la superior derecha, los organismos de investigación y transferencia; y en la esquina inferior derecha, el financiamiento.

De modo complementario, en una clase dictada a fin del 2020^[35], Mendell utilizó la categoría de ecosistema de la ESS en Quebec y puso énfasis en el proceso circular a través del cual se da la innovación, en lugar de los enfoques más tradicionales de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Con el Chantier de l’économie sociale^[36] en el centro, el cual aglutina y representa a todas las expresiones de la ESS de Quebec, y todos los soportes recién vistos alrededor (financiamiento, investigación, etc.), se produce la co-construcción de políticas públicas a partir de vínculos tanto verticales como horizontales, que van logrando cambios institucionales que rompen los límites establecidos sectorialmente, avanzando hacia una transversalidad en todos los organismos públicos que reconocen y valoran las especificidades de estas prácticas.

En base a ese aporte que consideramos central, cerramos este punto con una síntesis de la revisión realizada de la literatura sobre las PESS locales. Al respecto, adquieren especial relevancia los resultados del proyecto del UNRISD mencionado en la introducción. Destacamos en particular los de dos ciudades que, tanto durante períodos con un posicionamiento adverso a la ESS por parte de los hacedores de política –como es en Montreal actualmente (Mendell et al., 2020)– y en casos favorables –como en la Barcelona desde la asunción de la alcaldesa Ada Colau (Chaves Avila et al., 2020)–, se van construyendo rasgos comunes esenciales entorno a la gestión de las PESS, que resumimos a continuación: elaboración de normativa y planes que incorporan la ESS explícitamente; visión amplia de ESS con toda su heterogeneidad (mercantil y no mercantil, promoviendo al mismo tiempo figuras jurídicas tanto tradicionales –como las cooperativas– junto con las comunitarias, que resultan ser de las más dinámicas) en diversos tipos de actividades que dan cuenta de resiliencia e innovación (tanto en las más tradicionales –alimentación y hábitat– como en nuevas tecnologías y aproximaciones a lo urbano relacionados con la ESS, como la economía circular y los comunes); abordaje de proceso ecosistémico basado en la co-construcción de las políticas en ámbitos estables de participación y diálogo, que no se subordinan a la agenda política; la necesidad de contar con una ESS vertebrada en términos identitarios y organizativos con condiciones de constituirse en interlocutor del Estado local, que hayan logrado ser flexibles y fluidas para el intercambio de información, responsabilidades y desafíos (en Montreal se destacan el ya mencionado Chantier de l’économie sociale y el Conseil Québecois de la Coopération et de la Mutualité^[37] y en Barcelona la Asociación de Economía Social de Cataluña^[38]); paulatino quebrantamiento de fronteras y límites sectoriales a nivel jurídico e institucional, en especial en lo relacionado con las competencias en la administración pública ante la transversalidad de las PESS, extendiendo los discursos y las prácticas de ESS en los aparatos públicos estatales que han ido avanzando en la coordinación de acciones tanto en el nivel local como supralocal; ESS reconocida como agente de desarrollo de las ciudades, saliendo de la visión más restringida de lo complementario, paliativo y asistencialista con papel determinante sólo en las crisis, para pasar a integrarla en la visión y políticas más amplias de las transiciones ecológicas y sociales, lo que contribuye a evitar su guetización.

Este desarrollo –diverso, plural, democrático, innovador e institucionalizado– contrasta con los hallazgos sobre el único caso latinoamericano analizado en el marco de ese proyecto: la Ciudad de México (Rojas Herrera y Cañedo Villarreal, 2020). Allí la investigación remarca la incapacidad gubernamental para orientar y canalizar el potencial transformador e innovador de la ESS en virtud de sostener una concepción de ESS ceñida al combate del desempleo, focalizada en una sola forma jurídica (cooperativas), que intenta dar cuenta de avances a través de aspectos cuantitativos (como el número de cooperativas formadas o fortalecidas), en lugar de –o junto con, diríamos aquí– aspectos cualitativos (que los autores asocian con la capacitación y el acompañamiento técnico a las cooperativas). A su vez, encuentran procesos de constitución ficticia de nuevas cooperativas, manejos discrecionales, clientelares, poco transparentes y con permanentes pugnas intergrupales, que redundan en continuos cambios de funcionarios de alto nivel y la no conformación de equipos integrados de trabajo entre los mandos medios y operativos, graves carencias presupuestales y de personal calificado, con gestores públicos inexpertos, y, finalmente, falta de coordinación entre los distintos entes públicos involucrados en la implementación de las PESS.

De todos modos, es Brasil el país con mayor producción académica (y quizá esto sea un indicador indirecto de la existencia de mayor desarrollo) sobre las PESS a escala local. Al igual que en Argentina, con análisis de algunos pocos municipios en cada trabajo, muchos de los cuales son, a su vez, producidos por los propios hacedores de política (Sarria Icaza, 2012; Alcântara, 2014; Fornari Moromizato et al., 2017; Arruda Fajardo de Cassia y Fernandes Martins, 2017; Quaquá y Braga, 2017; Benites da Silva, 2019; y Souza do Nascimento Pereira et al., 2020), destacando una institucionalidad propia que deviene de lineamientos del nivel nacional que articula Foros municipales de economía solidaria, Consejos municipales de economía solidaria, la realización sistemática de conferencias específicas y la proliferación de normativa local.

Alcântara (2014) reconoce que las políticas de economía solidaria de Brasil fueron promovidas por el nivel federal y produjeron la renovación de la discusión sobre el campo, que fue aproximando los derechos cooperativos a los del trabajo. Sin embargo, sostiene que falta aún investigar los impactos de esas políticas y señala, entre otros problemas vinculados con la institucionalización, la cuestión presupuestaria. Encuentra que en un municipio no hay valores específicos asignados mientras que en el otro que analiza hay diferencias entre los testimonios de distintos entrevistados, deduciendo que “no existe dotación presupuestaria específica para ese sector, contando apenas con los medios de la acción municipal y, principalmente, con los recursos vinculados al gabinete del intendente” (Alcântara, 2014: 143).

Dos trabajos abordan casos dentro del Estado de San Pablo. Por un lado, el Municipio de San Carlos, en un contexto que atravesó el cambio de gobierno del PT hacia el PSDB. Arruda Fajardo de Cassia y Fernandes Martins (2017) encuentran que las PESS lograron ser “perennes”, a pesar de ese cambio político desfavorable, en virtud de la existencia de una ley con las directrices de la política pública (el Programa Municipal de Fomento à Economia Solidária), la instancia de discusión y evaluación de esa política (Conferências Municipais de Economia Solidária) y el control social que logró persistir (el Conselho Municipal de Economia Solidária), el cual se articulaba con el Foro Municipal de Economía Solidaria. Mientras existían 38 consejos municipales sobre distintas áreas de acción política durante el gobierno del PT, en el marco del gobierno del PSDB la mayoría fueron desmantelados y el de economía solidaria resistió gracias a lo que los autores catalogan como “organización y disciplina de la sociedad civil en las instancias de discusión y deliberación” (Arruda Fajardo de Cassia y Fernandes Martins, 2017: 158). También consideraron importante la realización de concursos públicos de los cargos vinculados con la economía solidaria en la municipalidad. Y concluyen que la intervención estatal fue fundamental en la organización de los trabajadores y de los emprendimientos solidarios.

Por otro lado, sobre el municipio de Ubatuba encontramos el trabajo de Fornari Moromizato et al. (2017), cuyos autores son gestores públicos que reflexionan sobre los desafíos de la implementación de las PESS y surge, en primer lugar, este último tema con la categoría de “organización sociocomunitaria”. Los autores señalan el reto de romper con la cultura asistencialista histórica que favorece la dependencia en relación al Estado, las ONG y las entidades religiosas. Mencionan incluso que se vieron enfrentados a la reacción de parte de la población habituada a prácticas paternalistas como “el favor” o “el jeitinho”. Los autores mencionan, en el centro de las PESS que vienen desarrollando, la construcción de espacios de diálogo con la sociedad a través de las conferencias y consejos municipales, la legislación específicamente creada y la implementación de políticas del nivel nacional que fortalecieron la agricultura familiar, la formación de una cooperativa de recicladores, el turismo comunitario, la pesca artesanal y la creación de una feria de economía solidaria.

Distintas prioridades y énfasis tiene un caso del Estado de Rio de Janeiro que en 2017 se proponía ser “la capital de la economía popular y solidaria de Brasil en los próximos 20 años”^[39]: Maricá. Entre las innovaciones más destacas, se encuentra la creación del único banco comunitario por parte del Estado (todos los demás pertenecientes a la Red Brasilera de Bancos Comunitarios han surgido por iniciativa de la sociedad civil) y el uso de una moneda social digital denominada Mumbuca, a través de la cual han desarrollado varias políticas de transferencia de ingreso hacia los sectores más empobrecidos, como parte de lo que denominan “sistema de protección social y económica” (Quaquá y Braga, 2017). En base a una investigación del Instituto Palmas, esa política produjo un aumento del 15% de la facturación en los locales que comenzaron a aceptar la moneda social Mumbuca y un aumento promedio de dos puestos de trabajo en los mismos.

Se observa que la política municipal gira en torno al banco comunitario y su moneda social, mientras que son considerados como ejes estratégicos para el futuro el cooperativismo, la creación de un Centro Público de Economía Popular e Solidária, donde se concentrarán actividades de comercialización, formación y articulación local de la economía solidaria, el comercio justo y solidario, el crédito popular y solidario, y el fortalecimiento del “actor social” concebido como “emprendedores organizados en los foros, redes y consejos” (Quaquá y Braga, 2017: 186). Es decir, la política local priorizó la intervención a nivel individual y focalizada en los sectores de mayor pobreza para, luego, avanzar sobre estos otros ejes de intervención encontrando, en general, un sesgo hacia el uso de indicadores cuantitativos y no mencionando, por ejemplo, la forma jurídica de los comercios. En los textos analizados sobre el caso encontramos que, si bien hablan de EPS o economía solidaria, parecería tratarse más de políticas de transferencia de ingresos que permiten un nivel básico de consumo junto con la promoción de formas de EP realmente existente.

Al respecto, desde una perspectiva más general, Souza do Nascimento Pereira et al. (2020) encuentran que las PESS de ese caso logran que pierda fuerza la polarización de lo que se entiende como social y lo económico, ya que no encuentran jerarquización al respecto, sino la formulación de nuevos pensamientos que fomentan prácticas que promueven conjuntamente el bienestar social, la lucha contra la desigualdad social y la sustentabilidad de los recursos ambientales. Sin embargo, con una perspectiva más específica de nuestro campo, Benites da Silva (2019) considera que si bien la política de transferencia de ingresos está generando un impacto en el desarrollo local (señalando un aumento en la capacidad de compra de la población del 20% y un aumento en las ventas de los locales que, a su vez, genera un retorno del 2% del valor de las mismas para el banco), no se observan cambios sociales en relación con los principios de economía solidaria, sino más bien relaciones de dependencia por parte de los beneficiarios a nivel individual de estos programas.

Finalmente, recuperamos el trabajo de Sarria Icaza (2012) que presenta una visión crítica a partir del análisis de tres municipios del Estado de Rio Grande do Sul (Canoas, San Leopoldo y Nuevo Hamburgo), con hallazgos interesantes. En primer lugar, si bien las PESS se sitúan dentro del área del desarrollo económico y no de la asistencia social, mantienen un carácter marginal y de poca visibilidad, tanto por su limitado alcance como por quedar fuera de las prioridades del desarrollo territorial que se sigue rigiendo por una visión hegemónica. Centra los siguientes dos resultados que plantea en términos de desafíos en la cuestión que Hintze nos señalaba sobre cómo hacer cada vez más públicas las PESS en virtud de, por un lado, la existencia de dificultades de los actores de la economía solidaria para captar la fuerza y el dinamismo que provienen de su inserción en un mundo popular cuyas dinámicas socioeconómicas permanecen poco comprendidas e interpretadas, y, por el otro, que la co-construcción se realiza en interlocución directa con los foros locales de economía solidaria, generalmente en respuesta a sus demandas de los mismos, siendo significativo que los gestores públicos provengan de ese mismo sector. Esto lleva a la autora a preguntarse de qué modo no se restrinja la política pública al tratamiento de aquellos que se encuentran organizados y se amplíe la participación de un público más mayor; cómo construir una política pública de largo alcance y no desarrollar acciones identificadas con los grupos políticos que están en el gobierno; y, en definitiva,

cabe preguntarse sobre la autonomía de los foros organizados y su capacidad para ir más allá de un papel de interlocutor de un “sector” del gobierno municipal, colocando como horizonte de su actuación el proyecto de transformación social reiteradamente proclamado. (Sarria Icaza, 2012: 13-14)

Como se observa, las caracterizaciones y evaluaciones de la literatura referida a las PESS a escala nacional en la región se condicen, refuerzan y adquieren especificidades en lo local y en las relaciones con lo supralocal, con una trayectoria marcada por tensiones y desafíos en nuestras ciudades que guían la investigación en el Conurbano Bonaerense, necesitando profundizar aún en la escala microeconómica con la que se encaran las mismas, tal y como hacemos en el próximo y último punto de este marco teórico.

3. Tensiones e incoherencias con las operacionalizaciones de la economía social y solidaria a nivel micro

Sostener una mirada sustantiva de la economía aplicada a la EP y la ESS hace que nos resulten insuficientes las lecturas críticas a la micro neoclásica que realizan las diversas heterodoxias y, más aún, nos resulta una incoherencia fundamental a nivel de la teoría y de las prácticas el planteo de la promoción de estas economías con premisas microeconómicas neoclásicas, que fueron pensadas para las prácticas capitalistas.

Metodológicamente, resulta interesante acudir a operacionalizaciones microeconómicas expuestas en materiales pedagógicos con elementos de la concepción formal de la economía. Por ejemplo, en la Colección para la autogestión (Ruggeri et al., 2012), así como en otros trabajos (por ejemplo, Ruggeri, 2017), se rechaza la categoría de ESS por considerarla demasiado heterogénea y un medio para una mayor precariedad de los trabajadores, prefiriendo la categoría de “autogestión para otra economía”, de lo que se podría deducir la propuesta de cambio sistémico. Al mismo tiempo, en la escala micro, se aborda la gestión económica con herramientas como los puntos de equilibrio con fórmulas preestablecidas y la negación (por omisión) del carácter híbrido al considerar sólo los ingresos mercantiles de las experiencias (Mutuberría Lazarini et al., 2012).

Lo propio puede ilustrarse del material producido por el Colectivo La Yunta (2007), que inicia con una oposición al mercado como oferta y demanda, y cuando desarrollan las propuestas de la comercialización de la ESS plantean el modelo de las “4P”: Producto, Plaza, Promoción y Precio, diseñado por McCarthy ([1960]1968) como una herramienta básica del marketing capitalista. Una cita basta para reconocer la perspectiva: “El precio es una de las cuatro variables principales del gerente de marketing y es poco probable que el manejo desordenado o poco imaginativo de esta variable conduzca a las ganancias máximas u otro objetivo específico, excepto por pura suerte” (McCarthy, 1968:512-513); y, cuando se refiere a otro objetivo específico, se dedica a analizar, además de la maximización de las ganancias, la de las ventas y los objetivos orientados por el statu quo.

De todas formas, por el trabajo realizado a través de la práctica docente^[40], es posible sostener que estas incoherencias en lo que respecta a la mayoría de los aspectos microeconómicos, son más bien la regla; aunque existen algunas excepciones, con materiales construidos junto con o a partir de la voz de los actores de la ESS (por ejemplo, Ibase, 2011; Rebón, 2016).

En ese sentido, así como Oszlak y O´Donnell (1995) nos hablaban de las acciones y las omisiones en las políticas estatales, consideraremos tanto los contenidos explicitados como las ausencias. En particular, sobre estas últimas, la falta de tematización de lo político y del poder en estas operacionalizaciones, ya que coincidimos con Coraggio (2005) en que la misma constituye “una debilidad del incipiente movimiento por otra economía” (Coraggio, 2005: 5)^[41] y, sin dicha tematización,

será más difícil salir de la frecuente superposición entre: una negación ideológica del sistema mercantil capitalista, y una efectiva infiltración de la lógica mercantil capitalista a través de conceptos y metodologías aparentemente instrumentales y neutrales (ej: cómo comercializar, cómo gestionar el microcrédito, cómo medir la eficiencia, cómo lograr la sostenibilidad). (Coraggio, 2005: 5)

A su vez, el autor plantea que no nos salvan las calificaciones de sociales, solidarios, justos, responsables, sustentables, orgánicos, entre otras, ya que,

si bien expresan la intención de diferenciarse de las estructuras capitalistas, no impiden por sí solas la acción de la hegemonía mediante la introyección de un conjunto de criterios y valores propios del capital, encarnados en normas y relaciones que, lejos de ser naturales o inevitables, podrían ser controladas con otra conciencia teórica y política. Por eso […] la relevancia de disputar, en el mismo campo popular, el contenido y el sentido sistémico (de reproducción o transformación) de conceptos, nociones, criterios que iluminan prácticas de cambio realizadas, contradictoriamente, dentro del sistema de hegemonía del capital. Y subrayar que el sentido no se resuelve principalmente con la adhesión a discursos políticos totalizantes, sino en las decisiones y hábitos del día a día del quehacer de los actores socioeconómicos. (Coraggio, 2005: 5).

Complementariamente, es preciso recordar la propuesta de “pedagogía de la producción asociada” de Tiriba (2006), quien se basa en Gramsci, y plantea

contribuir a la creación y recreación de una cultura del trabajo que pueda materializar otro sentido del trabajo, la economía y las relaciones de convivencia, no apenas en el interior de la unidad productiva sino en la comunidad local y las relaciones sociales en general. (Tiriba, 2006: 121)

La autora sostiene que “es preciso apropiarse de la ciencia de la gestión y develar los secretos que durante siglos estuvieron guardados bajo siete llaves por los capitalistas” (Tiriba, 2006: 119).

A lo largo de este punto se desarrollan conceptos y propuestas alternativos a la microeconomía neoclásica que son coherentes con la ESS. De todos los posibles temas a abordar, por cuestiones de recorte, haremos foco a nivel teórico tanto en este primer capítulo como en los dos casos de estudio (quinto capítulo) en tres dimensiones: los sujetos productores, los destinos de la producción y el financiamiento.

3.1 De empresas a sujetos que producen en la economía popular y la economía social y solidaria. La hibridación negada

Venimos dando cuenta de la visión neoclásica sobre el sujeto económico que produce siempre, tradicionalmente denominado firmas o empresas, sin el adjetivo capitalista que está sobreentendido, junto con la inmanente separación, por un lado, de productores que son empresarios y, por otro, de trabajadores que son miembros de familias que proveen trabajo (y otros medios de producción, ya que los empresarios no aparecen como propietarios) y que asumen un carácter de consumidores.

Excede a los alcances de este libro el análisis sistemático de quienes contribuyeron paulatinamente a las aperturas parciales de lo que la literatura denominó como caja negra de la empresa en la micro neoclásica, reducida a una función de producción optimizadora de beneficios, sujeta a la restricción de los costos de la producción (donde el salario es el que mayor atención suele recibir): desde Coase (1937, 1960), con su examen de la naturaleza de la firma y, luego, sus costos de transacción, hasta el emprendedor innovador de Schumpeter (1934); de la racionalidad perfecta a la imperfecta; de la información perfecta a la imperfecta (sobre la cual ahondamos en el punto financiero); del dejar de maximizar sólo ganancias a incorporar otros objetivos como las ventas; de la emergencia de las teorías del principal-agente y toda una serie de complejidades en torno a quiénes y cómo se toman las decisiones y relaciones con el entorno, entre otras cuestiones.

Sin embargo, la vida de seres humanos realmente existentes y la naturaleza no pasarán a estar en el centro, todo seguirá entorno a las ganancias del capital. El homo economicus y lo que viene de la mano de los supuestos más bien de tipo implícitos y de lo metodológico de la micro neoclásica seguirán inalterados. Es en virtud de esto que consideramos a estas contribuciones como derivaciones neoclásicas ya que su esencia, en relación con nuestros puntos de interés desde la economía sustantiva, no varía, y sus consecuencias en las economías y sociedades realmente existentes son cada vez más negativas, debiendo ser consistentes con la búsqueda de alternativas. En términos de Coraggio (2015), quien se basa en los aportes de Lakatos, la teoría neoclásica:

para protegerse dogmáticamente ha ido desarrollado un cinturón protector […] conformado por modelos complementarios, pero no integrados lógicamente a la teoría principal […]. Su objetivo es proteger el núcleo duro de esa teoría, que pone a la perfección del mercado como objetivo y criterio de valoración de las economías reales. Ante las “fallas” evidentes del mercado, la explicación y diagnóstico de sus profesionales es que falta más mercado, con lo que la teoría se resiste ideológicamente a ser refutada por la evidencia existente, contradiciendo su propia matriz epistemológica falsacionista. Durante el reciente período histórico (evidentemente no acabado) de hegemonía del proyecto político neoconservador de globalización capitalista, la doctrina neoliberal ha pretendido justificar la implementación a ultranza de ese modelo en las sociedades reales. Como ocurre con toda utopía, los intentos de ajustar la realidad al modelo han probado ser destructivos de la sociedad y de los sistemas naturales por sus postulados extractivistas (de energía del trabajo y de los sistemas ecológicos) y por su ética de irresponsabilidad de los agentes económicos. (Coraggio, 2015: 74)

Luego de la propuesta de complementar los principios de Polanyi, Coraggio realiza una especificación sobre algunos principios económicos que orientan las prácticas de la ESS y los expone a modo de punteo. En lo relativo a la producción, propone lo siguiente:

1. Trabajo para todos. El trabajo digno y emancipador es condición de la reproducción y desarrollo de la vida humana. Todo ciudadano, familia, grupo o comunidad debe tener la posibilidad de integrarse voluntariamente al sistema de división social del trabajo en condiciones que permitan el desarrollo de sus capacidades. Se valora especialmente el trabajo asociativo autogestionado, realizado solidariamente con autonomía de poderes o jerarquías alienantes y limitantes del desarrollo de los trabajadores.
2. Acceso de los trabajadores a todas las formas de conocimiento. Para convertirse en la principal fuerza productiva, el trabajo autónomo de patrones requiere reincorporar las diversas formas de conocimiento y saber que le fueran alienadas por el desarrollo de la relación asimétrica capital/trabajo.
3. Acceso de los trabajadores a medios de producción. Esto implica desde la defensa de condiciones previas de producción y de vida (como el caso de los territorios indígenas), la recuperación de empresas que el capital desecha despidiendo a sus trabajadores o la redistribución de tierras privadas o públicas. En una economía monetaria, esto incluye el acceso a subsidios iniciales o al crédito, así como la exención de tasas e impuestos.
4. Cooperación solidaria. Es la principal forma de integración social del sistema de producción. La competencia debe estar subordinada a este principio, evitando especialmente sus formas violentas que destruyen la vida y amenazan la convivencia pacífica. Se favorecen formas de complementariedad productiva y, en todo caso, las de competencia cooperativa.
5. Producción socialmente responsable. Cuidado de la calidad de los productos y la selección de las tecnologías, tanto en lo relativo a la satisfacción adecuada de las necesidades de los consumidores como a los efectos del proceso de producción sobre el medio ambiente. Cuidado de la biodiversidad. No extractivismo. (Coraggio, 2011b: 14)

Se trata de una visión amplia que requiere investigación empírica. Sin embargo, sobre tanto estos aspectos relativos a la producción, nos resulta elocuente la expresión que utilizan Borzaga y Fontanari (2018), “más investigaciones y menos narraciones” (cuyos resultados analizamos más adelante, ya que se refieren al financiamiento de las empresas sociales italianas en el período con posterioridad a la crisis del 2008, el cual reflejó un mejor desempeño que el resto de las empresas italianas). No obstante, podríamos extender dicha expresión a todas las cuestiones microeconómicas, tanto de la ESS como de la EP, aunque haya difíciles condiciones de posibilidad de estas investigaciones en nuestra región.

A su vez, siguen faltando indicadores específicos generalmente reconocidos de la ESS, lo que entorpece una mejor institucionalidad. En ese sentido, el trabajo de Salathé-Beaulieu, Bouchard y Mendell (2019) es una iniciativa auspiciosa que prevé el lanzamiento global de los indicadores^[42], aunque da cuenta de lo embrionario de un campo con muchos desafíos por delante, tanto de investigación como políticos.

En ese marco aún en construcción, y casi de gestación en algunas cuestiones, podríamos decir que la ESS encuentra detractores tanto por quienes interpretan a los sujetos que producen a partir de los mismos indicadores que usan las empresas convencionales, intentando asimilarlos con especificidades pymes, como por quienes los consideran reformistas del propio sistema. Y, lo que es peor aún, desde el propio campo, cuando los sujetos ejercen sus prácticas de modo desnaturalizado, es decir, sin diferencias con las empresas capitalistas, terreno sobre todo investigado en el campo de la economía social del Norte y particularmente tematizado a nivel de lo financiero, por ejemplo, en un journal completo de la ICBA dedicado al tema del capital, la desmutualización y la governance^[43].

Desde el relato hegemónico que utilizan los mismos indicadores que las empresas convencionales, se le suele indilgar a la ESS que tiene niveles de rentabilidad más bajos y con retornos a plazos más largos. Se la acusa también de bajos niveles de eficiencia, productividad, competitividad, aduciendo en general las cuestiones sobre los costos de las gestiones participativas. Los medios de producción suelen ser de propiedad colectiva –lo que las vuelve lentas y complejas, con menos activos negociables sobre los cuales, muchas veces, no conocen el valor o valen poco al priorizar el valor de uso sobre el de cambio–. Además, este tipo de iniciativas no tienen sucursales ni ambición de crecimiento por preferir la raigambre comunitaria. Y, siempre subyace la crítica que utilizan subsidios o donaciones para mantener su funcionamiento a lo largo del tiempo en lugar de las empresas que, supuestamente, sólo viven de las ganancias que generan en los mercados, entre otras muchas críticas.

Desde el arco de las izquierdas más radicales, como explican Santos y Rodríguez (2011) en su compilación que abraza la noción amplia de “producir para vivir”, denuncian que es importante que se resistan a la tentación de aceptarlas o rechazarlas con un criterio simplista que las aprueba exclusivamente si ofrecen alternativas al capitalismo. Este criterio simple de descalificación encarna una forma de fundamentalismo alternativo que puede cerrar las puertas a propuestas que, aunque surjan dentro del capitalismo, pueden implicar transformaciones graduales en direcciones no capitalistas y crean enclaves de solidaridad en el seno del capitalismo. Es la base de la propuesta metodológica que utilizaremos en nuestro último capítulo. El problema principal de estos juicios es que desconocen o descalifican las especificidades propias de la ESS y las evalúan con herramientas que no son adecuadas.

Partimos del reconocimiento de la diversidad en los modos de ser empresa y de emprender (Lévesque, 2002 y 2016) y, a partir de allí, en este punto pondremos especial atención a una cuestión que nos parece escasamente explorada por la literatura y soslayada en términos de las especificidades microeconómicas y sus implicaciones a la hora de considerar rupturas o continuidades con la microeconomía neoclásica, sobre la que sostenemos una de nuestras hipótesis: la naturaleza híbrida de estos sujetos que producen, tanto en el ámbito de la ESS como de la EP. Para lo cual, encontramos tres autores con aportes claves que consideramos a su vez complementarios.

En primer lugar, los ya mencionados tres polos económicos que desarrolla Laville basándose en Polanyi, es decir, los polos no monetario, no mercantil y mercantil, resultándonos muy útil la aplicación de los mismos en su análisis al funcionamiento de las instituciones microeconómicas de los servicios de proximidad europeos expuesto en Laville y Eme (2004). Los autores explican que el impulso original de reciprocidad (polo no monetario) es amplificado por recursos mercantiles (al comenzar a vender servicios, polo mercantil) y a la redistribución (no mercantil) a través de contratos con los poderes públicos que avanzan hacia condiciones de igualdad de acceso, requiriendo una articulación permanente entre los tres. Según los autores:

La autonomía no se refuerza por la autarquía, sino por la multidependencia en el sentido que el recurso, conjunto a los principios del mercado y la redistribución, confiere márgenes de maniobra suplementarios a los proyectos de los servicios de proximidad fundados en la reciprocidad. El recurso al principio de redistribución, además del principio de mercado, introduce posibilidades de reajuste en los precios de venta practicados y puede mejorar por consiguiente la accesibilidad de los servicios. El recurso al principio de mercado, además del principio de redistribución, permite el ejercicio de una opción por el usuario dentro de los servicios en los que juega la competencia y disminuye el costo para las finanzas públicas. (Laville y Eme, 2004: 43)

Lo innovador serían los nuevos vínculos que así se generan, las mutuas posibilidades de transformación y que “los equilibrios” que plantean los autores al interior de estas unidades microeconómicas se den entre estos tres polos para lograr “perpetuarse” y no sólo a través del mercado, como estipula la micro neoclásica y sus replicadores más o menos conscientes.

Este esquema, a su vez, puede ser complejizado incorporando otros elementos, por ejemplo, si el principio de mercado se convierte en comercio o si los intercambios se realizan con monedas sociales, entre otras prácticas sobre las que ponemos la atención en el punto siguiente sobre los intercambios.

En segundo lugar, Coraggio (2006a) analiza teóricamente la sostenibilidad de los que denomina emprendimientos mercantiles de la ESS. El autor plantea la distinción entre una “sostenibilidad económica mercantil estricta” y una “sostenibilidad socioeconómica”. La primera consiste en

doblarle la apuesta a la ideología neoliberal, que se logra sin subsidio externo de ninguna naturaleza (ni monetario ni en especie ni expoliando la naturaleza), lo que implica evaluar los emprendimientos asegurando que logren cubrir todos sus gastos y el valor imputado de otros costos de bienes o servicios gratuitos o subsidiados, trabajo no mercantil, apropiación de recursos por fuera del mercado, etc. y lograr su objetivo social. Es decir, para ser considerados sostenibles en este criterio mercantil estricto, no sólo no tendrían que tener (o anticiparse) subsidios estatales ni ventajas fiscales o crediticias especiales, sino que no podrían autosubsidiarse mediante la utilización de recursos no computados en la cuenta de capital (instalaciones, artefactos de la casa, trabajo familiar no remunerado, etc.), ni podrían beneficiarse de la expoliación de recursos naturales. […] Nuestra primera tarea es verificar que ese mismo criterio no es aplicado siquiera a las empresas de capital. (Coraggio, 2006a: 58-59)^[44]

Por su parte, la

sostenibilidad socioeconómica sería el concepto propio de una economía social y solidaria en un proceso de transición que admite la vía de aparentes “subsidios” económicos generalizados (educación, capacitación, exceptuación de impuestos, sistemas de salud, etc.) a partir del principio de redistribución progresiva por parte de la economía pública, así como aportes de trabajo u otros recursos (trabajo voluntario, redes de ayuda mutua, uso de la vivienda para la producción, etc.) no computados como costos. Los emprendimientos deben poder cubrir sus gastos monetarios (sin imputaciones) en el mercado y alcanzar su objetivo de lograr la reproducción de sus miembros o comunidades de referencia (si esa reproducción es simple o ampliada, es otra cuestión). Con este concepto, no puede decirse que el problema de la sostenibilidad se limite, como en el caso de las empresas capitalistas idealizadas, a la relación costos/ingresos o a un remedo de la rentabilidad y la competitividad de la empresa (o de la rama) en el mercado. Como vimos en el acápite anterior, la sostenibilidad depende tanto de factores no siempre reducibles a valores económicos, como las políticas públicas, la calidad de las redes de cooperación y coordinación de un sector de trabajadores relativamente autónomos del capital, la definición de calidad de vida admisible legitimada, la correlación de fuerzas, como de la voluntad y disposiciones de los actores particulares, colectivos y públicos involucrados en este desarrollo del contexto. (Coraggio, 2006a: 50-60)

Es decir, está considerando todos los principios expuestos inicialmente a escala sistémica aplicados a lo que denomina emprendimientos de la ESS y deja claro que el análisis de sostenibilidad de los mismos implica salirse de la escala micro,al tiempo que se trascienden los términos monetarios-financieros generalmente planteados por la hegemonía.

Y, por último, desde una perspectiva neomarxista y con énfasis en la cuestión del poder, Wright (2010a) analiza las formas híbridas de las economías realmente existentes, reconociendo componentes capitalistas, estatistas y socialistas, puesto que “nunca se ha dado la circunstancia de que la asignación, el control y el empleo de los recursos económicos hayan sido competencia de una única forma de poder” (Wright, 2010a: 136), aunque con una concepción funcionalista de la dominancia capitalista. A su vez, el autor sostiene que

la estructura económica será tanto más capitalista cuanto más determinen la asignación y el empleo de los recursos las decisiones adoptadas por actores que ejercen el poder económico. Tanto más estatista la sociedad cuanto más determina la asignación y el empleo de los recursos el poder ejercido a través del Estado. Tanto más socialista cuanto más determine esas asignaciones y empleos el poder originado en la sociedad civil. (Wright, 2010a: 136)

Propone varias formas concretas de esas combinaciones con categorías discutibles desde nuestro campo como “capitalismo social”, “economía cooperativa de mercado”, “economía social”, “socialismo participativo”, y expone discusiones con “un círculo de académicos y personas dedicadas a la actividad práctica en favor de proyectos de economía social en Quebec”, que objetaron su diagrama referido a la forma híbrida de economía social por considerarlo restrictivo. No profundizaremos al respecto, aunque sería interesante; aquí rescatamos su énfasis en la cuestión de las formas híbridas más que las diferencias, valorando que considere a la ESS (utiliza el término de economía social pero, por como la define, entendemos se trata de ESS) entre las “utopías reales”, en particular, en virtud de su capacidad de ejercer poder social sobre la producción y la distribución. En su propuesta híbrida de economía social pone en el centro a las asociaciones voluntarias de la sociedad civil, organizando directamente varios aspectos de la actividad económica para satisfacer las necesidades humanas no sometidas a la maximización de beneficios o la estatal tecnocrática. Explica que en las sociedades capitalistas la forma primaria de financiar la producción de la economía social es mediante donaciones y que el alcance potencial aumentaría si

valiéndose de su capacidad fiscal, el Estado proporcionara financiación para la producción no mercantil socialmente organizada. Una forma de hacerlo […] es mediante la implantación de una renta básica universal. Al desvincular parcialmente el ingreso de las rentas del trabajo, el salario básico universal permitiría a las asociaciones voluntarias de todo tipo crear formas nuevas de trabajo significativo y productivo en la economía social. (Wright, 2010a: 154)

También menciona otras formas para el arte y, en Quebec, para los servicios de residencias de mayores y de puericultura organizados mediante cooperativas que reciben subvenciones parciales por la vía fiscal. A su vez, en su propuesta de reconceptualización de los modos de producción poscapitalistas (Wright, 2010b), especifica un poco más en la escala micro que nos interesa y desarrolla el concepto de “formas interpenetradas de producción”, poniendo acento en los mecanismos de apropiación del excedente del trabajo y la dinámica de asignación de los recursos e identifica, entre ellos, a la producción autoadministrada de los trabajadores. Para el autor, aquí las empresas se ven obligadas a acumular según la lógica de competencia del modo capitalista, puesto que producen para un mercado impersonal; los medios de producción siguen siendo privados y el valor de intercambio predomina sobre el valor de uso, planteando las diferencias con el modo de producción comunista y el estatista. Si bien es una presentación esquemática, nos parece importante recordar su propuesta sobre las transformaciones intersticiales, quizá más afines al campo de las prácticas de ESS desde la economía mixta con tres sectores, planteada al inicio.

A nivel nacional, una línea de investigación que se destaca en el reconocimiento de la hibridación basándose en Wright (2010a) es la iniciada con el trabajo de Rebón y Salgado (2009) y que encuentra continuidad y mayor especificación al respecto en Kasparian y Rebón (2020). Estos últimos plantean que los factores que inciden positivamente en la etapa de consolidación de las empresas recuperadas por sus trabajadores en Argentina se centran en los recursos heredados de la empresa fallida, la hegemonía de un proyecto cooperativo que le otorga relevancia a la gestión económica, la tenencia legal de los medios de producción, la producción de bienes y servicios competitivos mercantilmente en un marco de intercambios económicos plurales, así como la participación en redes político-sociales. Si bien consideran todos los principios económicos, de sus análisis se desprende la importancia de los intercambios mercantiles al ser objetivos en términos del peso que cada principio viene teniendo para las recuperadas en nuestro país; en sus términos:

Difícilmente pueda pensarse que otros principios puedan desplazar al mercado en las empresas recuperadas de la Argentina actual. Las políticas de redistribución suelen ser acotadas y dependen sobremanera de los ciclos políticos, mientras que las relaciones de reciprocidad, en las condiciones actuales de desarrollo de la economía social en el país, difícilmente logren prácticas sistemáticas significativas que puedan suplir el intercambio en el mercado. En este marco, pensar criterios inclusivos de sustentabilidad en la Argentina actual, en nuestra hipótesis, no puede llevar a soslayar la relevancia central del intercambio mercantil. Así, la pregunta no es cómo estas experiencias son sustentables más allá del mercado, sino cómo son exitosas en el mercado y en qué medida deben y pueden apoyarse en otros principios de intercambio que limiten o complementen lo estrictamente mercantil. (Kasparian y Rebón, 2020: 224-225)

Luego de los intercambios mercantiles, la redistribución estatal es considerada por los autores como el factor más relevante entendiendo no sólo transferencias monetarias sino también programas con establecimientos educativos y organismos de ciencia y técnica, así como apoyo político. Hacen una distinción con respecto al peso de estas intervenciones en relación con el ciclo de la recuperación (etapa inicial y la consolidación, que es lo que se dedican a analizar) y concluyen que, si bien es uno de los factores positivos para la sustentabilidad, no se transforma en la fuente de sustentabilidad de las empresas. No hemos identificado que surja de ese trabajo una disquisición al respecto del papel de los diversos niveles estatales, considerando que el municipal ha sido clave en algunas recuperadas (como veremos en el último capítulo), siendo un interesante tema de agenda para complementar en línea con estos trabajos, luego de los resultados de la tesis en la que se basa el presente libro.

En relación con nuestro objeto de interés, observamos que las hibridaciones formuladas por todos estos autores se expresan fundamentalmente en dos tipos de sujetos que producen en nuestro campo de investigación y que se pueden enmarcar en un paralelismo con la firma neoclásica, haciendo base en debates de distinto anclaje. En primer lugar, uno que viene del Norte global, en especial Europa y Estados Unidos, que se inscribe en la categoría de empresas sociales y pretende abarcar tanto figuras más propias de la ESS como las cooperativas sociales, junto con los negocios sociales que sostienen prácticas más capitalistas, suscitando, por tanto, debates y tensiones, y donde entrarían las recién expuestas empresas recuperadas. En segundo lugar, el que se expresa en las prácticas de la EP en América Latina, donde siguen disputándose diversos marcos interpretativos, siendo relevante, a nuestro juicio, el reconocimiento del pluralismo económico en oposición de aquellos que se aferran por ver en los sectores populares no más que microempresarios informales que evolucionarán a pymes más o menos integradas, que denominan el sistema económico moderno u otro tipo de marcos que no terminan de reconocerle lógicas económicas con sentido propio. A continuación, desarrollamos estos debates, organizados en ambos tipos de sujetos.

3.1.1 Las empresas sociales y su relación con la economía social y solidaria

Las empresas sociales es una categoría y práctica en búsqueda de reconocimiento, sobre todo desde el Norte, y que ha logrado ser incorporada como una de las formas microeconómicas de la ESS. El documento base de las Academias de ESS de la OIT define a la ESS como aquella compuesta por organizaciones económicas centradas en personas, lo que abarca: cooperativas, mutuales, asociaciones, organizaciones comunitarias, empresas sociales y fundaciones; que producen bienes y servicios combinando objetivos económicos, sociales, ambientales (u otros), con lo que generan excedentes (cercanos a los costos), cuya utilización o distribución debe cumplir reglas específicas inherentes a las estructuras jurídicas que conciernen a los miembros de la organización o son negociadas colectivamente por ellos (Fonteneau et al., 2010).

En lugar de definirlas, Defourny y Nyssens (2010) se dedican a identificar la existencia de diferentes modelos de empresas sociales, y a realizar algunas precisiones a partir de una serie de dimensiones ya que, por ejemplo, la exigencia de que al menos la mitad de los ingresos provengan del mercado (como se hace en el Reino Unido) les parece exagerada. De ahí que proponen tener en cuenta distintas combinaciones de tipos de recursos (ingresos del mercado, subvenciones públicas, recursos filantrópicos); establecen una distinción entre situaciones en las que dominan los ingresos mercantiles de aquellas en las que dominan los ingresos no mercantiles y la combinación de ambos para lograr un mejor balance entre la misión social y la sostenibilidad financiera. Esto les permite distinguir, por ejemplo, entre las cooperativas que operan principalmente en el mercado y las mutuales o los clubes que dependen de una combinación de recursos del mercado (cuotas de miembros, ventas en un bar o cafetería) y de otros recursos como voluntariado y contribuciones públicas.

De modo esquemático, estos autores utilizan un triángulo en cuyo vértice se encuentra el interés general, con el Estado representándolo. En la base, ubican una línea continua de excedentes^[45] en la que a la izquierda colocan a las cooperativas (la búsqueda de excedentes es instrumental para la actividad productiva y son distribuidos como dividendos con un límite, y/o destinados a activos colectivos) y a la derecha ubican a las empresas capitalistas (la ganancia y el aumento del valor de las acciones son los principales objetivos). Los autores realizan una diferencia por tamaño: aunque también capitalistas, muchas pymes, especialmente las familiares, pueden equilibrar de manera diferente la búsqueda de beneficios y objetivos no financieros (y, por eso, las ubican un poco más a la izquierda). Especifican tres dimensiones: la naturaleza de la misión social, el tipo de modelo económico que persiguen y la governance, a través de la que distinguen cuatro modelos de empresas sociales en el marco de dos lógicas (Defourny y Nyssens, 2016). Dentro de las empresas sociales que surgen de organizaciones sin fines de lucro u organizaciones públicas que experimentan un movimiento descendente en ese triángulo hacia la mercantilización, colocan:

1. El modelo de emprendedurismo sin fines de lucro (SFL), basado en organizaciones que generan ingresos para sustentar su misión social;
2. El modelo de empresas sociales del sector público que surgen de la mercantilización de servicios públicos generalmente centrados en el nivel local.

Dentro de las empresas sociales que surgen de un movimiento ascendente hacia una orientación de interés general por parte de cooperativas, mutuales y algunas iniciativas de responsabilidad social empresaria, distinguen:

1. El modelo de cooperativas sociales que combina la búsqueda de los intereses de sus miembros con la búsqueda de los intereses de toda la comunidad o de un grupo específico dirigido por la misión social;
2. El modelo de negocios sociales impulsado por el interés de los accionistas, con una lógica de “emprendedores sociales” que crean valor combinado (blended value)^[46], intentado integrar y mejorar los propósitos económicos y sociales, generalmente sin límites en relación con las ganancias y la distribución de la misma y con un proceso de toma de decisiones capitalista.

En términos del papel que tienen los excedentes y la distribución de los mencionados, los autores encuentran reglas más estrictas y límites en los primeros tres modelos, mientras que no hay restricciones ni límites en el modelo de negocios sociales. En relación con el proceso de toma de decisiones, encuentran un estilo de gestión democrática en el emprendedurismo SFL y en las cooperativas sociales, un estilo burocrático en las empresas del sector público, y clasifican directamente como un proceso de toma de decisiones capitalista al modelo de negocios sociales, sin encontrar diferencias entre las pymes, las empresas sociales “tipo Yunus” y los proyectos desarrollados por las empresas grandes, tal y como se esquematiza en el cuadro N° 1.1.

Cuadro N° 1.1. Tipos de empresa sociales: misiones sociales, gestión financiera y proceso de toma de decisiones

Tipo de empresa social	Ejemplos de misión social			Gestión financiera	Proceso de toma de decisiones
	Integración a través del trabajo	Consumo/ producción ética, agroecológica y transición social	Lucha contra la pobreza y la exclusión social
Emprendimien­tos sin fines de lucro	Integración, a través de caridad, a desempleados de largo plazo o grupos con dificultades de inserción	Asociaciones de comercio justo	ONGs que proveen acceso a educación y crédito	Prohibición a la distribución de excedentes	Democrático (miembros, gerentes)
Empresas sociales del sector público	Integración a desempleados de largo plazo o grupos con dificultades de inserción, a través del servicio público local	–	–	Prohibición a la distribución de excedentes	Burocrático
Cooperativas sociales	Economía popular, empresas autogestionadas, coop. sociales B (Italia)	Cooperativas dedicadas a energía renovable; circuitos cortos de intercambio	Cooperativas de desarrollo local	Distribución de excedentes + bloqueo de activos	Democrático (miembros co-propietarios)
Negocios sociales	Pyme que contrata población vulnerable	Pyme dedicada al comercio justo	Grameen(“tipo Yunus”)	Sin límites	Capitalista

Fuente: Sintetizado y traducido en base a Defourny y Nyssens (2010: 20, 23 y 25).

En Defourny, Nyssens y Brolis (2019), los autores presentan un análisis de cluster de los datos de las empresas sociales en América Latina, donde encuentran los cuatro tipos –aunque el más desarrollado sean las cooperativas sociales, en particular el cooperativismo de trabajo, con protagonismo de los trabajadores entre los stakeholders–. A su vez, en el tipo 4, es decir los negocios sociales, observan que en nuestra región son más frecuentemente fundados por un sólo emprendedor, propietario principal que domina el proceso de toma de decisiones. Los autores señalan que cuando los administradores e inversores son la parte dominante entre los stakeholders, la gobernanza podría describirse como “orientada por los intereses del capital”, habiendo algunas de ellas adoptado la certificación privada de “empresa B” (o B corp)^[47], a las que describen como empresas con fines de lucro que analizan su desempeño social y ambiental, cuya certificación no impone límites a la acumulación.

En ese campo de debates y en la misma compilación de trabajos referidos a nuestra región, nos interesa la perspectiva crítica de Laville et al. (2019) quienes abordan las empresas sociales específicamente desde la ESS como un campo en tensión y disputa política, en particular con los negocios sociales que, según los datos relevados en nuestra región, serían una expresión minoritaria. Según estos autores, este tipo de empresa social es superenfatizado en muchos ámbitos, lo que consideran como un intento de una elite minoritaria por invisibilizar el resto de los tipos de empresas sociales en el sentido de las “ausencias” de Santos, B. (2002, 2006), en base a la cual trabajamos en nuestro último capítulo. A su vez, plantean que se busca despolitizar el campo de la ESS y crear confusiones al considerar, por ejemplo, al Banco Palmas como un negocio social cuando claramente se trata de un banco comunitario explícitamente de la economía solidaria brasilera. Desde un diálogo Norte-Sur, los autores proponen la categoría de empresa social de “tipo solidario” que asuma una clara dimensión política, inmersa en el campo de la ESS y desde la cual, a su vez, se tiendan puentes con la teoría y práctica de los comunes –cuestión que también tenemos en nuestra agenda de investigación y que empezáramos a problematizar en Muñoz y Coraggio (2018)–.

Finalmente, traemos la pregunta de Dos Santos y Banerjee (2019) al respecto de si es posible decolonizar el concepto de empresa social y, en la respuesta, terminan reforzando los principios de Polanyi y la importancia del pensamiento y la práctica crítica al encontrar condiciones de posibilidad para avanzar en ese sentido:

revisar el significado de “lo económico” y la importancia que se le da a la narrativa del desarrollo; ampliar el concepto de innovación democrática, reconociendo los conocimientos comunitarios y las diferentes formas de participación para delinear soluciones a medida; estimular la autonomía simbólica de las personas; reconocer que las desigualdades sociales no pueden resolverse sin un análisis interseccional del contexto en el que han vivido los grupos marginados y tener en cuenta la forma en que se racializan los grupos sociales, los cuerpos y las economías […] estar abiertos a formas creativas de redistribución, reciprocidad y cuestionamiento de las lógicas del mercado. (Dos Santos y Banerjee, 2019: 6-7)

Utilizando la categoría de “organizaciones de la economía social y solidaria”, Vázquez (2019) adopta la tipología de empresas sociales de Defourny y Nyssens (2016) y desarrolla el capítulo argentino de la compilación sobre empresas sociales en América Latina (Gaiger, Nyssens y Wanderley, 2019). En líneas generales, encuentra que en una proporción importante son experiencias de autogestión, llevadas adelante tanto por trabajadores como por usuarios o consumidores. A su vez, las misiones sociales más frecuentes son la generación de ingresos y empleo. La figura legal más utilizada es la cooperativa de trabajo, representando casi dos tercios de las cooperativas. Observa, además, que se trata de modelos de gestión democráticos y que casi todas sostenían la estrategia de hibridación de recursos con predominancia de los obtenidos en el mercado. Agrega un quinto tipo a dicha tipología: las “cooperativas de inclusión social vinculadas a políticas estatales”, las cuales define en virtud de su dependencia del financiamiento estatal. Esta última caracterización contradice el precepto de hibridación y, para el caso específico nacional, se trató de experiencias que, en su mayoría fueron dadas de baja por la autoridad de aplicación en 2019, a raíz de los cambios en la política pública sobre los que trabajamos en el próximo capítulo. Nuestro trabajo de campo arrojó que no se trataba de empresas (sociales, cooperativas ni de ningún tipo), hallazgo producido tanto entre funcionarios nacionales del gobierno que originaron las políticas como por quienes las transformaron a partir de 2016, dando cuenta de entidades que sólo un bajo porcentaje logró sostenerse a lo largo del tiempo^[48].

3.1.2 ¿Emprendimientos solidarios, microempresas informales o unidades domésticas?

Siendo clave la discusión sobre las unidades de análisis de las investigaciones y los sujetos de las políticas públicas, iniciamos el desarrollo de este tema con las discusiones en base a los avances producidos en Brasil ya que, de nuestra región, es el país que cuenta con investigaciones empíricas de mayor alcance a raíz de las políticas implementadas por la SENAES y que dieron lugar a los mapeos de la economía solidaria realizados entre 2004 y 2010, en base a los cuales se creó el Sistema de Informaciones de Economía Solidaria (SIES)^[49].

Al respecto, vale recordar que previo a esos mapeos, Gaiger (2006) problematizaba la falta de investigaciones empíricas sobre los “formatos productivos autogestionarios de la economía solidaria”, habiendo utilizado, en los diccionarios de La Otra Economía, la categoría “emprendimientos económicos solidarios” (2004, 2009), que luego se difundió ampliamente en la región y a los que caracterizó a partir de:

a) la indivisión social entre capital y trabajo, propia de los emprendimientos de la economía solidaria, sumada a la acción en circuitos relacionados a la autogestión y al trabajo cooperativo, los configura como formas sociales de producción no capitalistas dotadas de factores de eficiencia singulares; b) esas formas de producción se caracterizan por la presencia de una racionalidad ausente en la comunidad de trabajo, fundada en vínculos de reciprocidad, con fuerte contenido simbólico y proyectivo, los cuales pasan a determinar los comportamientos y a diluir las fronteras entre intereses individuales y colectivos; c) en una fase reservada a los trabajadores, la experiencia socioproductiva en los emprendimientos de la economía solidaria propicia nuevos procesos de subjetivación, con sentido emancipatorio; d) todavía perduran obstáculos relevantes, derivados del contexto externo o provenientes de nuevas contradicciones internas; e) ese hecho fragiliza sus conquistas, sometiéndolos a retrocesos y a necesidades de elecciones, que los excluyen de ciertas posibilidades de desarrollo de los emprendimientos y de realización más plena de los trabajadores. (Gaiger, 2006: 515-516)

A su vez, en Gaiger (2009) agrega que se trata de empresas que se inscriben en una “nueva racionalidad productiva”; en sus términos:

la solidaridad se convierte en un sostén de las iniciativas, ya que generan resultados materiales efectivos y ganancias extra-económicas. El trabajo en consorcio actúa en pro de los propios productores y otorga una connotación bastante más amplia a la noción de eficiencia, referida igualmente a la calidad de vida de los trabajadores y a la satisfacción de objetivos culturales y ético-morales. Ese espíritu se diferencia de la racionalidad capitalista –que no es ni solidaria ni tampoco inclusiva– y de la solidaridad popular comunitaria –desprovista de los instrumentos adecuados a un desempeño social y económico que no sea circunscrito y marginal–. Además de ello, dado el papel decisivo de un conjunto creciente de organizaciones y agentes mediadores, los emprendimientos solidarios suelen buscar o crear mecanismos e instituciones de articulación, representación e intercambio, tanto en el ámbito económico como en el político. Constituyen así la célula propulsora básica, con sus vinculaciones y extensiones, de la economía solidaria. (Gaiger, 2009: 185)

Se trata de uno de los autores que trabajó en las metodologías que estableció la SENAES, la cual adoptó a los emprendimientos como su unidad de análisis e intervención. En cierta medida, también esta caracterización sostuvo la SENAES.

Analizando varias investigaciones empíricas, entre las cuales se encuentran los resultados de los mapeos, coincidimos con Lago (2019) en que

existe, en general, en las investigaciones sobre el tema, un reduccionismo del universo de la economía popular hacia las actividades mercantiles comúnmente llamadas actividades generadoras de ingresos. No se reconoce la importancia económica de innumerables prácticas productivas y reproductivas alimentadas con recursos no monetarios. (Lago, 2019: 8)

Asumiendo una matriz de análisis coraggiana, la autora muestra a partir de sus propias investigaciones en la periferia de Rio de Janeiro las ventajas de tomar como unidad básica de investigación no a los emprendimientos económicos populares, sino a las unidades domésticas.

Es posible que, al menos en parte, en este reduccionismo haya incidido la matriz propia de la economía informal o, como originalmente se la denominaba, del sector informal urbano (SIU) (Portes y Haller, 2004; Cohen y Dunn, 1997; De Soto et al., 1986; De Soto, 2000; Tokman, 1995; Souza y Tokman, 1976), con la que el campo de la ESS sostiene una de sus principales disputas (Muñoz, 2013a), en especial en relación con cómo abordar la EP. Se trata de un mismo sujeto empírico interpretado de modos y con trayectorias distintas, no en términos normativos sino de transformación tal y como ya se planteó en el primer punto de este capítulo, profundizando aquí sobre algunos aspectos microeconómicos del sujeto en tanto productor.

Si bien, según Tokman (1995)^[50], existen varios enfoques para abordar la informalidad (el del Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe –PREALC–, neoPREALC, empiricista, legalista, etc.), encontramos que definen a los sujetos que producen casi de la misma forma, por lo que no vale la pena entrar en disquisiciones al respecto. Amerita recordar que el par formal/informal fue propuesto por Hart a principios de la década de los setenta a partir de un trabajo etnográfico realizado en África. Sin embargo, años después, criticó tal categoría por ser estática y dualista (Hart, 2012). El concepto fue rápidamente apropiado por la OIT y adaptado al ámbito latinoamericano a través de la PREALC, siendo hasta la actualidad sustento de políticas públicas dirigidas a los sectores populares.

Suelen denominar a este sujeto como “microempresas informales”, a las que se le atribuyen una serie de características, entre ellas: baja escala, bajo nivel tecnológico o muy simplificado y, en general, baja capitalización por cantidad de trabajadores (K/L), formar parte de mercados competitivos o ser la base de la pirámide de oferta de estructuras oligopólicas en actividades con bajas barreras a la entrada; la propiedad de los medios de producción es, generalmente, de los miembros-trabajadores, de ilegalidad parcial o total, generación de excedentes reducidos; todo lo cual tiene como resultado una “reproducción simple del capital”.

Cabe desatacarse que a veces se explicita el objeto directo de esa reproducción simple (el capital) y a veces se omite. Pero siempre se hace referencia al capital, no a la vida –como va a proponer fundamentalmente Coraggio, en oposición a este tipo de diagnósticos y sus derivaciones propositivas–. Es decir, cuando en la literatura hegemónica se encuentra reproducción simple o ampliada sin aclaración de a qué está haciendo referencia la reproducción, se deduce que se trata del capital.

En una de las primeras publicaciones sobre el enfoque en América Latina, Souza y Tokman plantean la existencia de un mercado de trabajo formal estratificado, que permite visualizar el sector informal como el último eslabón en la jerarquización de la actividad económica establecida por la heterogeneidad estructural. Allí definen el sector informal como

el conjunto de personas ocupadas en el servicio doméstico, los trabajadores ocasionales, los trabajadores por cuenta propia y los patrones, empleados, obreros y trabajadores familiares ocupados en empresas cuyos efectivos no excedan de cuatro personas […] Se utiliza también como criterio alternativo incluir en este sector a las personas que perciben ingresos inferiores a un cierto mínimo, por lo común el mínimo legal, bajo el supuesto de que las actividades de baja productividad que caracterizan al sector informal generan, asimismo, ingresos reducidos. (Souza y Tokman, 1976: 387).

Este enfoque tiene una clara orientación para las políticas públicas estatales de corte microeconómico, con énfasis en la simplificación de la burocracia estatal para lograr su formalización, la separación de las cuentas del negocio y la familia, la capacitación y el crédito destinado a los microempresarios, con miras a lograr “el salto de la microempresa informal a la empresa moderna”^[51]. De todos modos, no recomiendan cualquier capacitación ni crédito, sino con contenidos de gestión empresarial adaptados al nivel mipyme, con una fuerte complementariedad con las microfinanzas, especialmente el enfoque minimalista sobre el que profundizamos más adelante.

Además de la cuestión estática y dual ya mencionada por el propio Hart, otro de los aspectos criticables de esta orientación es que bajo la categoría analítica de “informalidad” pueden encontrarse actividades tan heterogéneas como las de la economía criminal, hasta las de empresas capitalistas y los propios Estados que precarizan el trabajo respaldándose en normas de la flexibilización laboral. Trabajos más recientes del enfoque informal han reconocido esta situación, en sus propios términos:

ni el sector informal opera absolutamente “en negro”, ni su opuesto, el sector moderno, lo hace con un irrestricto apego a la legalidad. Predominan en cambio las llamadas áreas grises […]: se cumple con ciertos requisitos de registro, pero no se pagan los impuestos; se observa parte de las regulaciones laborales, pero no todas. Tal situación es extensiva a las actividades modernas, particularmente en países con escasa disciplina fiscal y reducida capacidad de fiscalización; obviamente, en ellas la ilegalidad absoluta es casi inexistente, pero la legalidad parcial es también significativa. (Tokman, 2001: 16-17)

Sin embargo, en vez de profundizar sobre los grises, los autores de este enfoque siguen trabajando sobre la categoría de informalidad, tanto a nivel de las empresas como del trabajo y el hábitat fundamentalmente urbano.

Por otro lado, propuestas como las de Hernando de Soto (2000) exacerban la visión neoliberal del enfoque al sostener que titularizar la propiedad de ciertos activos (que sin el título considera “muertos”) resuelve problemas de los microempresarios: por ejemplo, el acceso al crédito formal en virtud de pasar a contar con garantías reales. Al respecto, abordajes más interesantes sobre la informalidad urbana, que ponen el acento en las cuestiones del hábitat popular, sostienen que existe un incumplimiento de estas promesas. En esa línea, basándose en trabajos econométricos, Calderón (2003) plantea que, en Perú, las familias con título de propiedad prácticamente siguen sin acceder al crédito formal.

A su vez, es preciso poner énfasis en que este enfoque sostiene una permanente presión sobre los sectores populares para que modifiquen sus prácticas en un sentido capitalista, siendo una de sus recomendaciones privilegiadas la separación de los gastos, inversiones y patrimonio entre la microempresa o el negocio y la familia que lo lleva a cabo, lo que, según nuestro punto de vista, atentaría contra su propia sostenibilidad.

Volviendo al recurso de los materiales de formación que utilizábamos al inicio del tercer punto de este primer capítulo, Coraggio (2010) necesita ser gráfico sobre esta separación y la ilustra en un material producido por el INTA (que, si bien originariamente tuvo foco en la vinculación de “la agricultura familiar con la economía social”, su implementación luego se difundió por el campo de las prácticas de la ESS en términos más amplios) del siguiente modo:

¿Qué pasa cuando un experto de los programas de desarrollo de microempresas del Banco Mundial visita un microemprendimiento? Observa que viene un comprador: el emprendedor le vende, toma el dinero y lo guarda en el bolsillo; viene otro comprador: le vende y guarda el dinero en el bolsillo; viene un proveedor: le compra, saca dinero del bolsillo y le paga; toma un paquete de los cigarrillos que tiene en venta y lo usa para su consumo; o viene su mujer y le dice “tenemos que ayudar a mi hermana que tiene un problema” y el emprendedor saca dinero del bolsillo y le entrega… El experto del Banco Mundial ve esto, se agarra la cabeza, y dice: “acá hay que separar la economía de la empresa de la familia; además usted tiene que poder calcular costos y beneficios, tiene que hacer balances. Así al final del mes, si le queda un saldo podrá decidir cuánto gasta en la familia”. Y entonces organizan cursos de capacitación en contabilidad para que los emprendedores puedan registrar el funcionamiento económico de la empresa y calcular costos, beneficios, salidas, entradas y saldos. Este tipo de programas tiene más de treinta años de historia en América Latina, y su resultado es que más del ochenta por ciento de estos emprendimientos perecen porque no pueden sobrevivir en el mercado formateados por esta lógica “emprendedorista”. ¿Podemos considerar como índice de éxito la sostenibilidad de un 20% de emprendimientos y la exclusión del 80%? ¿No debemos evaluar un programa por el resultado que logra para con todos aquellos a quienes se dirige? (Coraggio, 2010: 90)

Como resulta evidente, en este enfoque se plantea la inclusión de los que califica como informales en los mercados que ya los excluyeron y donde no caben todos, salvo en condiciones netamente desfavorables. Desde hace años, varios autores vienen criticando estas propuestas. Se destacan, entre estos, los desarrollos precursores de Santos (1979), quien propondrá (exiliado en Francia durante la dictadura en Brasil) su teoría de los dos circuitos de la economía urbana en los países subdesarrollados. De todos modos, a pesar de fuertes críticas y evidencias empíricas que niegan las predicciones de esta teoría desde distintas perspectivas, los organismos internacionales siguen utilizando sus categorías (que siguen siendo fundamento de políticas públicas) y encontrando eco en la academia. De ahí que lo califiquemos como una hegemonía que perdura.

Quizá una ilustración de esta hegemonía sea la aceptación, incluso por parte de la CEPAL, que en cierta medida aggiorna su tesis de heterogeneidad estructural de “dos velocidades”, planteando la existencia de “tres velocidades”. Los países de la región presentan una estructura productiva más heterogénea que en el pasado y que la de otras economías en desarrollo como las de Asia oriental. Esta situación se puede representar, de manera esquemática, mediante un modelo de economía de

tres velocidades, según la modalidad de inserción legal y el tamaño de las empresas que la conforman: un primer grupo está constituido por las empresas informales que, por su estructura y capacidad, presentan la productividad relativa más baja y operan en un contexto que les ofrece pocas oportunidades de desarrollo y aprendizaje. El segundo está integrado por las empresas formales medianas y pequeñas que, a su vez, tienen dificultades para acceder a los recursos, especialmente financieros, y a determinados mercados de factores que les permitirían desarrollar su capacidad de competir. El último grupo abarca a las grandes empresas, nacionales y extranjeras, que muchas veces tienen un nivel de productividad cercano al de la frontera internacional, pero cuentan con escasos encadenamientos al resto de la economía nacional y, en algunos casos, exhiben baja capacidad de generación de innovaciones. (CEPAL, 2004: 90)

En cuanto a la categoría de EP y su abordaje microeconómico en Argentina, observamos que la hegemonía de la teoría de la informalidad sigue teniendo fuerte incidencia y se extiende hasta el propio campo de los movimientos sociales. Tal es el caso de la CTEP donde, si bien discuten la categoría “informal”, utilizan la noción de las “tres velocidades” y los indicadores de lo que “le falta” a la EP (tecnología, productividad, etc.) en comparación con las economías de más velocidad, a partir de

un sector moderno compuesto por corporaciones trasnacionales, monopolios y grandes empresas que viaja en avión; otro sector nacional y local compuesto por pymes que viaja en tren y, finalmente, el sector de la economía popular que viaja en chancletas, compuesto por emprendimientos individuales o colectivos con mínima tecnología, baja productividad, ingresos inadecuados para los trabajadores y condiciones muy malas de labor. En general, en el sector popular somos muy competitivos y egoístas, nos explotamos unos a otros. Así, podríamos decir que más que popular es un capitalismo residual o “peri-capitalismo”. Sin embargo, existen valiosas formas de organización cooperativa del trabajo impulsadas por los movimientos populares. En la economía popular, los medios de producción están en manos de los sectores populares, en las villas, en los barrios, en las calles, en las periferias urbanas y rurales. (Grabois y Pérsico, 2014: 21-22)

Recordemos que el surgimiento primero de la CTEP y luego de la UTEP ha producido un renovado interés por la EP a nivel académico. En cuanto a los aportes que realizan con respecto a los sujetos que producen, nos interesa destacar de Chena (2017) y Roig (2017) que van a definir a la EP caracterizando a los trabajadores que la conforman y no a las unidades productivas que constituyen al mismo tiempo (en ese punto se diferencian tanto del SIU como de la teoría de la masa marginal que atienden a las unidades y su dinámica en el movimiento del capital y su valoración). Van a sostener que se trata de trabajadores que se encuentran fuera de la relación salarial, con un trabajo socialmente desvalorizado y a partir de una relación de deuda donde predomina el acreedor (sobre la que profundizamos en el punto financiero). Chena pondrá énfasis en las convenciones de calidad dentro de la EP, mientras que Roig va a agregar la característica de la ausencia de relación fiscal directa asociada a las actividades realizadas, aunque existan relaciones indirectas y, por tanto, sin base de sustentación desde la cual disputar derechos, con una estructura de costos regresiva en particular en bienes de consumo y vivienda. En términos microeconómicos, se basan en una combinación de lecturas (informalidad, masa marginal, aportes cepalinos, marxismo, entre otros), a veces más puramente sociológicas que socioeconómicas y vemos que no reconocen o subestiman el pluralismo económico.

También destacamos un análisis de Narodowski (2013) que es más preciso en cuanto a las unidades empresariales, sus atributos y que trasciende a la cuestión focalizada al considerar explícitamente a cooperativas de diversa génesis, aunque el sendero evolutivo y los indicadores utilizados parecieran ser más propios de las economías heterodoxas sin terminar de reconocer especificidades en términos de una racionalidad o sentido propio de la reproducción de la vida.

Buscando otras hipótesis para la EP, desde la década de los ochenta Coraggio propone, en lugar de microempresas informales, la noción de emprendimientos mercantiles, que son inescindibles de unidades domésticas y son encarados como un medio de vida que pone en juego su fondo de trabajo, encontrando las versiones más amplias al respecto en dicho autor (1994, 2003 y 2010). Nos permitimos una larga cita del mismo, la cual tiene aproximadamente dos décadas, para sintetizar su noción de unidad doméstica y fondo de trabajo. En Coraggio (2003), explica:

En 1986, a partir de la experiencia de la Revolución Sandinista en Nicaragua, comenzamos a plantear la necesidad de tener una visión alternativa de la economía popular realmente existente, que la diferenciara del SIU y que no tomara como base principal a las organizaciones económicas mercantiles, registradas o no por la economía oficial, solidarias o competitivas en sus relaciones, ni menos aún le sumara el trabajo asalariado ilegal. Se propuso tomar como base al conjunto de células primarias constituidas por las unidades domésticas (UD) y sus extensiones asociativas y formas ad hoc. Muchas veces asociada con la familia nuclear o el hogar, definimos la UD como la organización económica característica de la economía popular –fundada sobre relaciones de parentesco, de afinidad, o étnicas, por ejemplo– que organiza recursos y capacidades y gestiona la resolución de necesidades, y que caracterizamos por el objetivo de lograr la reproducción ampliada (en condiciones intergeneracionales siempre mejores) de la vida de sus miembros. Esta definición permite abarcar un amplio espectro social y de relaciones humanas, algunas de ellas no caracterizadas precisamente por su solidaridad, pero no por eso menos “populares”: relaciones patriarcales, explotación del trabajo ajeno basada en la forma del trabajo asalariado o de manera directa en diferencias de género, de edad, de raza. Pero su rasgo positivo distintivo es la existencia de un fuerte componente de relaciones de reciprocidad y de corresponsabilidad en la reproducción de la vida de sus miembros. Debe reconocerse que las UD varían notablemente entre culturas, entre ámbitos urbanos o rurales, entre coyunturas prolongadas y a lo largo de las transformaciones históricas de su contexto. Sin embargo, nos propusimos “modelizar” un aspecto de esa organización económica, basado en el hecho empírico de que su principal fuerza productiva era el conjunto de capacidades de trabajo de sus integrantes. Propusimos conceptualizar el Fondo de Trabajo de la UD como el conjunto de energías, disposiciones y capacidades manuales e intelectuales para trabajar, que aportan los miembros de una UD. Y propusimos clasificar y cuantificar los diversos usos de dicho fondo de trabajo en las siguientes categorías: Trabajo mercantil: a. por cuenta propia, productor de bienes y servicios para el mercado, b. asalariado, trabajo de reproducción propiamente dicha, c. de producción de bienes y servicios para el autoconsumo, d. de producción solidaria de bienes y servicios para el consumo comunitario, e. de formación y capacitación.

Esta conceptualización provocaba un triple desplazamiento: a) criticaba las concepciones que veían al trabajo “formal” sólo como parte del sector capitalista o estatal y reducían el trabajo de la economía popular al cuentapropismo; requería ver ahora desde las UD el desarrollo de estrategias variables y combinadas de inserción en los mercados y de acción para la resolución directa de las necesidades; b) la lógica limitada de los microemprendimientos “informales”, aparentemente sin racionalidad en comparación con las empresas capitalistas, cedía el lugar central para pensar la economía popular a la UD con su racionalidad sustantiva de lograr la reproducción de la vida, racionalidad que no sólo se sostiene históricamente a pesar del predominio del capitalismo, sino que es condición de todo sistema económico; c) no se idealizaba a la economía popular por contraposición con la capitalista, sino que se reconocía su carácter interna y externamente contradictorio y, como conjunto socioeconómico, magmático e inestructurado. La economía popular realmente existente, subordinada ideológica y materialmente al sistema capitalista, era vista como punto de partida que debía ser sometido a una crítica conceptual y práctica, buscando no su “mayor eficiencia” sino su superación. Esto permitía, a la vez, sentar otras bases, complementarias de las de la Economía Política, para “disputar”, el sentido de “la” economía al capital, extrapolando un sentido profundo presente en las UD, pero sobreconformado por la existencia de un contexto de explotación capitalista. La crítica a la política social neoliberal, recubierta o no de Desarrollo Humano, llevaba a buscar alternativas sistémicas que fueran más allá de experiencias microsociales de sobrevivencia. La reproducción ampliada de la vida humana suponía un objetivo igualmente ilimitado, pero no se trataba ya meramente de cantidad (consumo de bienes y servicios), sino de calidad de vida en sociedad. Mientras la satisfacción de las necesidades “básicas” suponía drenar parte del excedente económico acumulado por el capital para atender a necesidades elementales para la sobrevivencia, la reproducción de la vida en condiciones siempre mejores plantea una competencia por los recursos y las voluntades políticas en cuanto al sentido mismo de la economía. (Coraggio, 2003: 273-274)

Consideramos que se trata de una hipótesis superadora de las visiones hegemónicas y, en definitiva, es otra forma de expresar la hibridación, en este caso, en las unidades económicas populares con eje en la unidad de lo productivo con lo reproductivo. Sin embargo, si se analiza el uso de este autor en la literatura, este concepto clave de sus propuestas ha sido escasamente explorado y utilizado para investigaciones empíricas, incluso por el propio autor, o lo ha utilizado en investigaciones en las que luego prácticamente no se produjeron publicaciones^[52]. Un dato clave es que en la primera estimación que realizó en 42 UD en diez barrios populares de Managua, sólo el 45% del total del tiempo del trabajo medio de las UD encuestadas eran utilizadas para el trabajo mercantil, es decir, menos de la mitad del tiempo total. Un recurso como este, complementado con encuestas como las desarrolladas sobre todo desde la economía feminista, tales como las de los usos del tiempo, corriente con la que además se comparten los principios de la economía plural y la unidad de lo productivo y reproductivo, como plantean Hillenkamp, Guérin y Verschuur (2014), aportaría una renovada mirada a la EP y la ESS que, como decíamos al inicio de este punto, necesita menos relato y más investigación empírica.

Esta mirada más compleja denota que las hibridaciones tienen potencialidades desde lo analítico, pero también para las políticas públicas, en tanto puede aportar evaluaciones y realizar acompañamientos más eficaces a partir de la consideración, por ejemplo, del peso de cada una de las estrategias a partir del reconocimiento de todas ellas. Retomando los estudios empíricos existentes en Brasil, Lago aportaba que

La pluriactividad resultó ser una característica de los emprendimientos solidarios mapeados y expresa diferentes estrategias para garantizar el sustento de las familias de los socios/socias, ya sea como fuente principal de los ingresos familiares, como fuente complementaria a otros ingresos de trabajo, jubilación o de programas gubernamentales […] El ingreso, principal o complementario, tiene un significado diferente según el fondo de trabajo doméstico. Sería importante calificar la idea de “complemento” de los ingresos en relación con las prácticas económicas de las familias. La apuesta por el emprendimiento por parte de los socios/socias, su grado de compromiso, la búsqueda de financiamiento y articulación dependen del papel y la importancia del emprendimiento en la reproducción de la familia, del tiempo que se dedique a complementar los ingresos, del impacto de este sobre el trabajo de otros miembros de la familia. (Lago, 2019: 17-18)

Cada estrategia tiene distintos impactos para las unidades domésticas. Aquellas que exacerban el emprendedurismo ponen el éxito en manos del mercado; mientras que, la redistribución estatal por parte de la seguridad social, como la jubilación, genera pisos de reproducción material garantizada que no puede tornarse como neutral a la hora de considerar los diversos usos del fondo de trabajo. Al respecto, tenemos identificada una investigación de impacto de las microfinanzas a escala meso que muestra cómo éstas promueven la sustitución de formas de trabajo asalariado por el autoempleo (Khandker, Samad y Khan, 1998). Los autores sostienen que para que se produzca un aumento generalizado en la demanda de trabajo, se debe aumentar la productividad y el salario con bases sustentables; todo lo cual requiere transformaciones estructurales de la economía que los programas microfinancieros no pueden resolver. Entre otras cuestiones, deducimos de ese trabajo la pérdida de derechos para los trabajadores de Bangladesh de las comunidades analizadas que también deben ser consideradas cuando se priorizan unos instrumentos de política por sobre otros.

Apostando a la experiencia práctica de politización del trabajo autogestionado que demanda metodologías de investigación centradas en las trayectorias de vida de los trabajadores y no sólo en el desempeño de las empresas, Lago concluye su análisis:

La complejidad de este subsistema económico radica en la yuxtaposición de racionalidades distintas y contradictorias de producción e intercambio de bienes y servicios: emprendimientos mercantiles imbricados en la reciprocidad familiar o comunitaria y emprendimientos solidarios autogestionados promovidos por políticas redistributivas ejemplifican algunas de las yuxtaposiciones que obstaculizan nuestra comprensión de la dinámica cotidiana de este conjunto de prácticas. Enfrentamos el desafío analítico de sacar a la superficie esas yuxtaposiciones, lo que implica observar las conexiones entre las unidades básicas de reproducción de la vida social –las unidades domésticas–, los emprendimientos económicos en los que se involucran y las organizaciones locales y supralocales sean asociaciones, redes o instituciones públicas. Es en las contradicciones de las prácticas económicas cotidianas donde se encuentran las brechas para la construcción de otra sociedad, solidaria y radicalmente democrática. (Lago, 2019: 19)

Estas apreciaciones revalidan las propuestas de Coraggio y confirman la importancia de poner atención a las relaciones de las escalas de análisis e intervención, siendo los instrumentos de política quienes cristalizan esas relaciones y crean mejores o peores condiciones de posibilidad para la construcción socioeconómica deseada.

3.2 Del mercado al principio de intercambio y el reconocimiento de todos los posibles destinos de la producción

Este punto se ha ido desarrollando prácticamente desde el inicio del marco teórico. Para los neoclásicos, los mercados (con la omisión del adjetivo capitalista, cuya impronta se da por sentada) son la mejor o única forma de asignar los recursos. Ellos no son presentados como construcciones históricas sino como mecanismos de oferta y demanda donde se resuelven precios y cantidades de mercancías, que se producen e intercambian impersonalmente a través de dinero, en términos de relaciones tendientes al equilibrio y en armonía entre agentes compradores (curva de demanda) y vendedores (curva de oferta), aparentemente libres e iguales.

No amerita para los fines de nuestro libro entrar en las disquisiciones entre el equilibrio general (Walras, 1979), logrado al mismo tiempo en todos los mercados, y la propuesta de equilibrios parciales (Marshall, 1948). Alcanza esta noción básica de agentes racionales que optimizan la variable que le toque según su curva de pertenencia (más comúnmente utilidad, si son consumidores, y ganancias o beneficios, si son productores o empresas, siempre privadas y capitalistas, con el sistema de precios y el dinero que logra sintetizar toda la información necesaria para la toma de decisiones de agentes capaces de procesarlas).

Se considerarán mercados perfectos cuando se den las condiciones: a) atomicidad de agentes, tanto desde la oferta como de la demanda, de modo tal que ninguno pueda incidir en precios ni cantidades (de ahí la caracterización de “precio-aceptantes”); b) bienes o servicios homogéneos; c) información perfecta; y d) libre entrada y salida en los mercados que sea que se estén analizando. En esta situación, se dará la máxima eficiencia en el sentido de Pareto (1906), es decir, no será factible mejorar la situación de un individuo sin empeorar la de otro (en ese punto, los precios serán los de los costos marginales, el “first best de los neoclásicos”), no existirán beneficios ni rentas a largo plazo.

Si una o más de estas condiciones no se cumple, se tratará de mercados imperfectos o de competencia imperfecta, siendo considerada como falla de mercado y, por tanto, amerita la intervención estatal para resolverla siempre en un sentido mercantil. El caso opuesto en términos de estructura de mercado a la competencia perfecta es el monopolio (si existe un sólo oferente) o monopsonio (un sólo demandante). Como para tomar perspectiva, es interesante recordar que es cierto que

estos dos modelos, cuyos elementos esenciales se desarrollaron bastante al principio del siglo XIX, son extremos polares. Marshall, aunque mostró cierta conciencia de un campo intermedio entre los dos extremos, perpetuó el cultivo de estos dos diferentes modelos de la empresa, y los economistas, hasta 1933 y con unas pocas excepciones importantes, no se molestaron en analizar el precio y la cantidad de equilibrio de las empresas cuyas decisiones tenían un efecto en las políticas de otras. (Ekelund y Hébert,1992: 513)

Gran parte de la considerada heterodoxia se ha desarrollado levantando de a una esas condiciones, aunque ha dejado todo lo demás inalterado, casi como funciona la cláusula de ceteris paribus. Por ejemplo, si el bien no es homogéneo y aparece la diferenciación, podrá existir cierto control en el precio y habrá una competencia monopolística (Chamberlin, 1933) con énfasis en las marcas, los derechos de autor y la cercanía, etc., siendo la publicidad el principal método para la diferenciación. La versión más general del modelo de competencia imperfecta se la debemos a Robinson (1933), de amplia utilidad en relación con las operacionalizaciones como la discriminación de precios que pueden realizar los oferentes con poder de mercado. Para este libro, esos aportes serán considerados derivados neoclásicos en virtud que el homo economicus sigue siendo el centro, así como la utopía del mercado total, el individualismo metodológico y todo el corazón del instrumental neoclásico. En la práctica, nos resultarán mucho más útiles propuestas que provengan de otras disciplinas para explicar el funcionamiento de mercados realmente existentes –como puede ser la teoría del campo económico de Bourdieu (2001)–, con agentes con comportamientos razonables y estructuras de capitales que se ponen en juego para la toma de sus decisiones, que siglos de teoría microeconómica neoclásica convertida en un instrumento ideológico de la hegemonía.

3.2.1 Los intercambios desde una perspectiva sustantiva^[53]

El “producir para vivir”, por utilizar la expresión de Santos, B. y Rodríguez (2011), requiere salirnos de los mercados como único destino imaginable de la producción. La consideración de todos los principios de institucionalización de lo económico da cuenta que sólo los mercados capitalistas y sus estructuras (ya sea de competencia perfecta, competencia monopolística, monopolio/monopsonio, oligopolio/oligopsonios) no alcanzan para un análisis exhaustivo de las prácticas de intercambio de la EP y la ESS, siendo preciso avanzar hacia la consideración de todos los demás destinos de la producción realizada por estas economías, donde los mercados capitalistas son uno entre varios.

Recuperando la experiencia de Brasil, a partir de la síntesis académica y de gestor público que expresa Marinho Alves da Silva (2020: 1), se identifican tres grandes destinos. En sus términos:

En lo que hemos acumulado hasta ahora en Brasil, consideramos tres posibilidades de comercialización de los productos y servicios de los emprendimientos de economía solidaria: 1. el mercado convencional; 2. el mercado alternativo, con el comercio justo y la solidaridad; y 3. el mercado institucional, con la contratación y adquisición pública.

Sobre esta base inicial, y analizando la literatura sobre el tema, realizamos algunas observaciones. En relación con la primera posibilidad señalada por el autor, resulta necesario reconocer la distinción entre mercado y comercio que establece Polanyi, ya expuesta en el primer punto de este capítulo. Muchos de esos mercados, incluso, se pueden transformar en prácticas de comercio a partir de políticas públicas que logren precios administrados o alguna pauta que respete la reproducción de la vida en relación con empresas socialmente responsables, de tipo B, de triple impacto, entre otras.

A su vez, consideramos que es preciso agregar un destino que allí no está mencionado. A partir del reconocimiento de la unidad de lo productivo y reproductivo que propone Coraggio (2010), dentro de las formas de trabajo reproductivo del fondo de trabajo es importante validar entre los destinos que pueden encontrar la producción, el consumo propio o autoconsumo y el consumo solidario o comunitario, del cual da como ejemplo la minga. Asimismo, es destacable que Salgado (2015) inicie su análisis de los intercambios en la ESS explícitamente reconociendo la necesidad de existencia de excedentes posautoconsumo, lo cual, para la literatura en la materia, sobre todo en el ámbito de la ESS (no tanto la de la EP en particular en el ámbito de la agricultura familiar), podría considerarse una valorable excepción más allá de la perspectiva coraggiana.

Corresponden también algunas breves precisiones en cuanto al denominado comercio justo y la compra pública estatal en virtud de las especificidades para el campo. Con respecto al primero, según la Organización Mundial del Comercio Justo^[54]:

El comercio justo es un sistema comercial basado en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio internacional prestando especial atención a criterios sociales y medioambientales. Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de productores/as y trabajadores/as desfavorecidos, especialmente en el Sur.

Allí se plantean principios que buscan “un trato justo hacia las organizaciones productoras y en el que se respetan los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras, y el medio ambiente”.

Concebido originalmente en términos del Norte comprando y consumiendo fundamentalmente productos básicos –en general alimentos con escaso valor agregado–, y el Sur produciéndolos, el comercio justo nace en la década de los cuarenta para lograr precios más justos, acortando las cadenas de comercialización bajo el lema “Comercio, no ayuda”, creciendo significativamente hacia fines de 1980 y, por tanto, siendo identificado por algunos autores como una herramienta de la globalización neoliberal (Fridell, 2016).

Más recientemente han crecido las experiencias de intercambio Sur-Sur y la tematización de cuestiones clave como las dificultades para garantizar la trazabilidad, las certificaciones, la elitización de las prácticas que implican los precios relativamente más altos, entre otros temas prolijamente sistematizados en tesis como las de Valero Azuaje (2013), continuado en Azuaje et al. (2019) y la de Barrionuevo (2017).

La literatura sobre el comercio justo puede ser caracterizada como la de las microfinanzas, como veremos en el punto siguiente, tanto con críticas como con dispositivos que intentan adaptarlas con un sentido más originario de la ESS, deviniendo allí la importancia de indicadores específicos^[55] ante la inmanente potencial desnaturalización de las prácticas en un sentido capitalista. De allí que sean interesantes expresiones y experiencias más originarias del campo, como ser en el terreno de los intercambios, la que surge de complejizar y especificar la propuesta de “redes de colaboración solidaria” (Mance, 2002), planteando la noción de “sistemas de intercambio solidario” Mance (2014) entendidos como

formas organizativas de economía solidaria que tienen por finalidad, de manera progresiva, liberar los flujos económicos de la economía solidaria de la dependencia del dinero y de los mercados capitalistas. Y, con eso, tanto permitir la elevación del volumen de bienes y servicios que son consumidos y producidos en la economía solidaria –promoviendo el buen-vivir de consumidores y productores– como facilitar la sustentación de los emprendimientos solidarios de comercio y de producción de bienes y servicios. (Mance, 2014: 193)

Se trata de una elaboración tanto teórica como práctica entorno a este sistema, el cual requiere reconocer los consumos, dónde y cómo son abastecidos, para ir construyendo desde lo local estructuras disipativas que vayan sustituyendo proveedores capitalistas por solidarios, con un uso estratégico tanto de la moneda de curso legal como de monedas sociales y de instrumentos financieros, junto con tecnologías adecuadas.

Con respecto a las compras o contrataciones públicas estatales y, por tanto, una revisión de los principios tanto de intercambio como de redistribución en su conjunto, a nivel de América Latina^[56] quizá sean Brasil y Ecuador los países con mayor tematización en virtud también de la mayor institucionalización de este tipo de políticas a nivel nacional.

De los trabajos revisados, es interesante el análisis que realiza Andino (2013) sobre una prueba piloto de compras públicas a la Asociación de Productores y Comercializadores de productos agroecológicos del APA Austro del Ecuador, que se constituyeron en proveedores de Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) desde 2011. Entre algunas cuestiones interesantes –además de las más conocidas como las altas exigencias legales requeridas y el hecho de que no se trate de modo diferenciado a la ESS, lo que muchas veces se constituye en barreras para gran parte de las experiencias, o la competencia por precio que no reconoce o valora la especificidad de estas economías–, surge la consulta de los diálogos y aprendizajes entre el Estado y las comunidades en virtud de que, por ejemplo, un CIBV demandaba a lo sumo uno a tres atados de acelga, el mismo producto todo el año, cuando la oferta de la zona se caracterizaba por una alta diversidad a partir de 23 tipos de frutas andinas y tropicales, 27 legumbres y verduras, 4 granos tiernos y 4 raíces y tubérculos. Otra cuestión clave es la escala y las condiciones de la producción y comercialización, dejando señalado en la investigación la necesidad de apoyo para centros de acopio, cuartos fríos, medios de transporte que no afecten la calidad ni el precio y los sistemas de pago adecuados en virtud de las altas exigencias a la que son sometidas las organizaciones que luego deben sufrir demoras de más de seis semanas para cobrar los productos vendidos.

Por lo demás, vale la pena recuperar la perspectiva más general sobre las políticas desde Brasil que realiza Marinho Alves da Silva (2020: 6):

Es necesario que las políticas públicas de apoyo y promoción de la comercialización de los productos y servicios de la economía solidaria sean coherentes con sus principios y prácticas, es decir, no pueden ser autoritarias y tutelares, contradiciendo la autogestión, como capacidad de autonomía interna para la toma de decisiones basadas en una democracia sustantiva. Por lo tanto, estas políticas deben construirse con amplia participación social y contar con mecanismos y procedimientos de control que eviten generar privilegios y garanticen la solidaridad en el acceso compartido o rotacional de las empresas a estas oportunidades de comercialización debatidas en este trabajo. Además, no deben generar dependencia económica y política como resultado de prácticas paternalistas que pueden asfixiar las capacidades emancipadoras de la economía solidaria.

Es importante también destacar la importancia de reconocer que todos los intercambios pueden ser potencialmente encarados en términos tanto monetarios como no monetarios o con moneda social (Orzi, 2017; Plasencia, 2012; Plasencia y Orzi, 2007; Melo Lisboa, 2004; Hintze, 2003). Si bien hay ámbitos más propicios para la creación de monedas, también hay circunstancias que van generando las condiciones para que los gobiernos locales las adopten de modo más generalizado, como ocurrió a partir del contexto pandémico en algunos municipios de Brasil.

Como síntesis de las reflexiones más generales del inicio de este capítulo y las especificidades planteadas aquí, retomamos el punteo que realiza Coraggio (2011b) con los principios que orientan las prácticas de la ESS en la circulación que, junto con lo ya desarrollado ampliamente sobre la redistribución (principio 12), por el énfasis en la concepción de los mercados que ponemos en este apartado, retomamos los que siguen:

10. Autosuficiencia (autarquía). Se propicia el desarrollo de la capacidad de cada comunidad o sociedad de satisfacer con seguridad lo necesario con los propios recursos, principalmente el propio trabajo. La ubicación especializada dentro del sistema de división social del trabajo y el comercio se subordina al principio de autosuficiencia y seguridad a nivel comunitario o social. (Un ejemplo de esto es la consigna de soberanía alimentaria).

11. Reciprocidad. Relaciones simétricas de don/contra-don (mingas, cooperativas, redes de trueque, círculos de ahorro y crédito solidarios, bancos de horas, redes de ayuda mutua para la seguridad social, etc.). Rechazo a la filantropía (solidaridad asimétrica).

13. Intercambio. Privilegio del comercio justo según la situación de las partes; regulación progresiva del mercado como mecanismo de coordinación de iniciativas. Segmentación y regulación de los mercados y otras formas de protección de las actividades locales por métodos culturales, sociales y políticos. Acercamiento socioeconómico y personalización de las relaciones entre productores y consumidores. Reducción de los costos de intermediación.

14. Planificación. Regulación de los mercados. Coordinación democrática de las iniciativas, previsión y control de efectos no deseados, coordinación y organización conjunta de actividades (evitar competencia innecesaria, abastecimiento y/o comercialización conjunta, desde lo local hacia los niveles de mayor complejidad).

15. El dinero no crea dinero (usura). El dinero como medio y no como fin. Monedas sociales como creadoras de tejido social local. (Coraggio, 2011b: 15)

Por último, mencionar brevemente que, si bien más recientemente están emergiendo investigaciones con aportes y categorías específicas e innovadoras, como la de las comercializadoras solidarias (Laborda, 2018; Perret, 2017), las certificaciones (Costagliola, 2017) y las plataformas cooperativas (Vannini, 2019), a nivel nacional el campo adolece de vacancias importantes como la cuestión de las compras públicas, al tiempo que, por otro lado, es notable la concentración de trabajos sobre la comercialización de la agricultura familiar (Caracciolo Basco, -2014- 2020^[57]; Caracciolo Basco, 2013; González et al., 2012; Caballero et al., 2010, entre otros).

En ese marco, resaltamos en particular el posicionamiento de García Guerreiro (2014) al analizar las ferias francas de la provincia de Misiones, que considera como

una propuesta que ha significado una importante transformación en los “mundos de vida” de los pequeños productores de la provincia (cambios en la producción, en los ingresos y su destino, en la forma de trabajo, en la autoestima, en su relación con el resto de la comunidad, etcétera). (García Guerreiro, 2014: 105)

Y donde, además de desarrollar aspectos interesantes de una microeconomía coherente con la ESS, en cuanto variables relativamente convencionales (como ser el nivel de precios y los productos), poniendo énfasis en los acuerdos para que, por ejemplo, no exista competencia entre productores, la autora desarrolla la existencia de otro tipo de intercambio. Su análisis trasciende ampliamente la cuestión mercantil y tematiza los vínculos de reciprocidad, las voces, las posiciones:

El puesto en la feria forma parte de esa economía en la cual comprar o vender implica enredarse, exige (como afirma una de las feriantes) “aprender a hablar”, comunicarse e intercambiar experiencias. Representa un espacio de integración, donde se hace significativo el intercambio “cara a cara” entre el consumidor y el productor. Los canales de distribución concentrados separaron de tal modo al productor del consumidor que la información de uno terminó siendo inaccesible al otro, por ser apropiada y aprovechada económicamente por el intermediario. Esa recuperación del intercambio directo, en cambio, proporciona una circulación de información diferente, donde es posible un aprendizaje, así como una mayor igualación en los intercambios entre productor-consumidor. En la feria se establecen parámetros de precios, de calidad, condiciones de producción e intercambio en las cuales la voz, tanto de los productores como de los consumidores, tiene lugar. Así, una mayor transparencia en el vínculo habilita un mayor conocimiento en torno a lo que se intercambia y la posibilidad de construir un vínculo de reciprocidad con el otro. De este modo, mientras la circulación capitalista globalizada despersonifica y desterritorializa productos, productores y culturas, las ferias francas y los pequeños mercados locales pueden pensarse como formas de (re)territorialización de las producciones y las relaciones sociales. (García Guerreiro, 2014: 105)

Sin embargo, amerita cerrar este punto cuestionando la excesiva valorización del cara a cara y las potencialidades de las ferias, por un lado, ante el innegable desarrollo de las economías de plataformas en el capitalismo actual para facilitar los intercambios y, por otro, ante el aumento de ventas digitales experimentado en el contexto pandémico, lo cual se tornó una necesidad para la sostenibilidad de las experiencias de estas economías al poner en el centro de la problematización cómo crear vínculos mediados a través de este tipo de tecnologías. No se trataría de una opción u otra sino de, al menos, contemplar las posibilidades desde la perspectiva crítica y propositiva que sostienen los actores del campo.

Cobran relevancia, finalmente, los aportes de Vannini (2019: 18-19) sobre cómo encarar la plataforma cooperativa, que en Argentina es aun escasamente tematizada:

Seguramente debe ser descentralizada, para asegurar el desarrollo local, pero seguramente con una cooperación inter plataformas cooperativas para facilitar los intercambios tecnológicos y de gestión. Para esto el software libre es la base tecnológica y filosófica para construir y acompañar los proyectos. El cooperativismo como base asegura la propiedad del proyecto por parte de los asociados mientras que la tecnología abierta asegura la no dependencia y la intercooperación entre proyectos […] la economía colaborativa […] las plataformas […] se trata de inversores en búsqueda de creación de monopolios globales, con evasión o elusión de impuestos, negando relaciones laborales y en la búsqueda de generar valor con el menor costo fijo posible. Consideramos fundamental que desde la economía social se avance en la comprensión de la sociedad y de las formas económicas actuales y que se trabaje en el acompañamiento de proyectos de plataformas cooperativas. Se trata de combinar centenares de años de ricas experiencias, de conceptos y teorías con nacientes proyectos de base tecnológica que buscan disputar sentido y mercado para resolver necesidades. Si queremos que la economía social sea partícipe en la resolución de las problemáticas sociales actuales, es necesario profundizar el análisis del capitalismo cognitivo y de las formas de funcionamiento de las plataformas y acompañar a los nacientes proyectos sociales que al retomar las potencialidades colaborativas de las tecnologías sirvan de base para generar trabajo y desarrollo local.

3.3 De las finanzas convencionales a las modalidades, instituciones e instrumentos de financiamiento de la economía popular y la economía social y solidaria

La tercera dimensión sobre la que ponemos la lupa es la financiera. Para la microeconomía neoclásica, dicho aspecto es tratado como un factor de la producción, con un mercado específico, junto con el de la tierra y el trabajo, es decir, como mercancía. De ahí la importancia de Polanyi (1944) al reconstruir cómo y cuándo cada uno de ellos comenzó a ser tratado como mercancía, encontrando desde la década de los setenta un rol cada vez más protagónico hasta la financiarización actual.

A nivel teórico, es probable que los primeros aportes neoclásicos hayan provenido de la obra de Fisher (1930), que desarrolla un modelo de inversión de las firmas y de decisión de financiamiento en base a una curva de indiferencia, a partir del planteo de la maximización de una función de utilidad de un empresario en dos etapas. En la primera, se propaga el valor presente y luego prestan o se endeudan (según el agente) para alcanzar el volumen de inversión óptimo^[58] .De esa formulación básica se llega a la generalización de un mercado de capital perfecto y, por tanto, y entre otras cuestiones, con información perfecta y con tendencia al equilibrio a partir del libre juego de la demanda (compuesta por firmas que desarrollan proyectos de inversión) y la oferta (conformada por familias que ahorran). Ambas se guían por la tasa de interés que es el precio de la mercancía que se negocia en ese mercado y que refleja la productividad marginal del capital^[59].

Tuvieron que pasar varias décadas para que surgieran innovaciones sustantivas en ese mercado, entre las que se destaca la aplicación del concepto de información imperfecta (desarrollado originalmente por Akerlof para el mercado de los autos usados). El modelo aplicado a los mercados financieros fue desarrollado por Stiglitz y Weiss (1981), quienes proponen un mercado que admite la existencia de racionamiento de crédito, donde los bancos/prestamistas tienen menos información que los prestatarios sobre el nivel de riesgo de los mismos, debiendo cobrar una tasa de interés promedio (en lugar de la tasa que le cobrarían a cada uno si pudieran discriminar su riesgo). Esto genera dos problemas porque la tasa promedio es una tasa de interés más alta para algunos potenciales prestatarios y, a nivel ex ante, induce a las firmas a buscar proyectos con mayor rentabilidad, pero más riesgosos (problema “de selección adversa”) y, a nivel ex post, disuade a los buenos deudores y genera mayor concentración de la cartera en malos pagadores (problema de “riesgo moral”).

Sobre bases similares llegarán más tarde los modelos de “selección entre pares” y “monitoreo entre pares” desarrollado en especial por Stiglitz (1990), pero también trabajado por otros como Varian (1990), que plantea la cuestión del incentivo de los pares a conformar grupos con niveles de riesgos similares para acceder a créditos de financiación de proyectos, sujetos luego al control entre ellos mismos, lo que conduce a disminuir el riesgo moral y velar por el cumplimiento de obligaciones contraídas en conjunto.

Quienes popularizaron estos modelos en la práctica, tal y como pudimos trabajar en profundidad en nuestra tesis de maestría (Muñoz, 2007a), fueron los que difundieron la metodología de “grupo solidario” o “garantía solidaria” dentro de las microfinanzas, que surgieron para generar “inclusión financiera” en población que antes no tenía acceso a servicios financieros en virtud de, entre otras cuestiones, no tener garantías reales. Estos modelos llevados a la práctica viabilizaron el acceso a servicios con tecnologías muy específicas, las cuales comenzaron a ser probadas, originalmente, por un lado, por Accion International con el apoyo de la USAID en Recife (Brasil) en 1973, que se propagó rápidamente por varios países de América Latina; y, por otro, la experiencia del Banco Grameen impulsada desde 1976 por Yunus, que se difundió inicialmente de forma más amplia en Asia y África.

A los modelos básicos de la selección y el monitoreo entre pares se suman, como explica Morduch (1999), los incentivos dinámicos que consisten en ciclos repetitivos que inician con créditos muy bajos que van aumentando a medida que pasan a los próximos ciclos y los prestatarios van demostrando un nivel de repago satisfactorio a través de las sucesivas renovaciones. Es la naturaleza repetitiva de las interacciones y la amenaza creíble de interrupción del flujo crediticio en el caso de no repago, lo que, según estas teorías, puede solucionar los problemas de información y mejorar la eficiencia. En segundo lugar, surgen los planes de pago regulares para que tanto los pares como los oficiales o promotores de los créditos de las instituciones microfinancieras adviertan rápidamente posibles problemas causados por prestatarios indisciplinados, motivo por el cual estos modelos se basan en que el repago debe iniciarse inmediatamente después de haber otorgado el crédito. En los créditos tradicionales, el prestatario recibe el dinero, lo invierte y repaga el capital y los intereses una vez finalizado el plazo acordado. En el caso del microcrédito, la idea básica es pequeños montos, con pagos regulares. Debido a que el proceso de repago inicia antes de que las inversiones puedan rendir sus frutos, tanto el deudor como el acreedor asumen la diversificación de ingresos por parte de los deudores y, salvo en circunstancias de operaciones inmediatas, los deudores deben echar mano de esas otras fuentes de ingreso para pagar las primeras cuotas. La tercera y última cuestión clave a señalar de estas son los sustitutos de las garantías. Si bien no exigen garantías reales, desarrollaron sustitutos como fondos de emergencia o ahorros forzosos por imprevistos que se constituyen de aportes forzosos o retenciones realizadas al otorgar el crédito.

Si bien la mayoría de los autores clasifica a Stiglitz como un heterodoxo (probablemente dentro del neoinstitucionalismo) y él mismo se ubica fuera de la ortodoxia en economía^[60], nosotros clasificamos estos aportes como derivados de la microeconomía neoclásica. Una pequeña ilustración al respecto es la desconfianza y necesidad de cobertura de riesgos medida en términos convencionales y detrás de cada acción, siempre desde y para el individualismo metodológico. Consideramos que el párrafo conclusivo del trabajo sobre monitoreo de pares de Stiglitz es esclarecedor:

El Banco Grameen empleó grupos pequeños. El tamaño más reducido aumentó el riesgo de default de un sólo miembro, pero también aumentó los incentivos para el monitoreo entre pares. Las ganancias de este último excedieron las pérdidas del primero. Con grupos grandes hay un problema de free-rider, es decir, todos preferirían que los otros gasten la energía requerida para supervisar e incurrir en la mala voluntad que resultaría de informar a los infractores que han utilizado mal los fondos que le fueron prestados. Además, los costos de cada uno como resultado del default por cualquier miembro son suficientemente pequeños, de tal modo que los incentivos para monitorear –aparte del problema del free-rider– serían mínimos. (Stiglitz, 1990 [versión en español 2005]: 196)

Nos encontramos con los microfundamentos típicos del homo economicus: cálculo de costo-beneficio de individuos que los realizan, aparentemente, de modo permanente; búsqueda de ventajas de unos sobre otros, mala fe, infractores, mal uso de fondos y necesidad de prevenir los defaults. No sostenemos aquí que el campo de la ESS no requiera de análisis de racionalidad instrumental ni de cálculos y cobertura de riesgos, ni tampoco estamos negando que se incurran en prácticas maliciosas también en este campo. El tema es cuándo, con qué frecuencia, en qué circunstancias y contextos, de qué modo y el lugar que ocupan en las jerarquías de los análisis, las planificaciones, las transformaciones y, esencialmente, cómo evaluar los riesgos en la ESS.

Amerita también recordar que ya en la introducción del libro donde se tradujo por primera vez al español el trabajo de Stiglitz que estamos analizando, nuestro profesor Alberto Federico Sabaté nos explicaba (y solidariamente compartíamos en autoría):

La sola transferencia del riesgo desde el banco o institución financiera a miembros del grupo solidario tiene un componente perverso si queda sólo en ello y no es utilizado para ampliar esta forma proto asociativa en una red social en la que además se da apoyo mutuo. (Federico Sabaté, Muñoz y Ozomek, 2005: 35)

Complementariamente, desde una perspectiva de finanzas solidarias, un tiempo después sostuvimos en el Diccionario La Otra Economía que algunos de los peligros de la institucionalización de las microfinanzas en nuestra región, de ese momento, eran la cuestión de la concentración en un sólo instrumento (el microcrédito) y una sola modalidad financiera (las microfinanzas), lo que afectaba a la adecuada diversidad de construcción de satisfactores para las distintas necesidades dentro de la ESS. A lo que agregábamos textualmente:

A su vez, es cuestionable el tipo de concepto de “solidaridad” en el que se erigen, de base individual y sesgada a los excluidos del sistema financiero que utilizan microcréditos (actividades de baja escala, ciclos productivos cortos, etc., discriminando por ejemplo a los actores colectivos, de mayor escala y nivel de organización, que tampoco tienen acceso al sistema financiero formal –como las empresas recuperadas–). Una solidaridad que, por otro lado, muchas veces no problematiza quiénes deciden qué cosas o cómo se reparten los beneficios y costos (la técnica de “grupo solidario”, en última instancia, se trata de una transferencia de los prestamistas de gran parte de los riesgos de recuperación hacia los prestatarios). Y que, a su vez, plantea un riesgo latente en los nuevos servicios microfinancieros (como los “microseguros de salud” o las “micropensiones”) que encarados y escindidos de la lucha por una seguridad social solidaria, profundizan un contenido político que cercena la construcción de una economía basada en la reproducción de la vida de todos. (Muñoz, 2009: 222)

Lamentablemente, poco ha evolucionado el campo de las prácticas al respecto. El haber levantado un supuesto neoclásico (información perfecta) y haber desarrollado la información imperfecta, pero habiendo dejado inalterado al homo economicus y el individualismo económico (entre otros supuestos y métodos neoclásicos), nos hace clasificar a estas teorías bajo un gran paraguas de los derivados neoclásicos. Podemos estar siendo injustos para lo que cuestan los cambios en la disciplina económica, pero en virtud de los intereses de nuestro trabajo de tesis y de nuestras hipótesis, pretendemos al menos dejar indicada la necesidad de bucear en los microfundamentos neoclásicos existentes en las tecnologías recién presentadas, las cuales terminan afectando la institucionalidad y sostenibilidad de la ESS.

3.3.1 Los aportes al campo financiero desde la economía social y solidaria y la categoría de finanzas solidarias

En este punto nos ocupamos de las especificidades del campo de la ESS en relación con las finanzas y las soluciones prácticas que él mismo ha tenido que desarrollar para encarar las necesidades de financiamiento, fundamentalmente, a partir del propio sector y desde el sector público, en medio de aportes teóricos aún incipientes y de escaso reconocimiento por parte de la heterodoxia económica.

En nuestra región, encontramos arraigo de la categoría “finanzas solidarias”, en especial por influencia de autores y experiencias brasileras (Singer 2005; Dias Coelho, 2004; Camara Neiva et al., 2013) y, en menor medida, la de “finanzas populares solidarias” (Cardoso, 2010; Ortega, 2009) proveniente del Ecuador, con propuestas comunitarias e intentos por diferenciarse de las políticas públicas de las microfinanzas minimalistas. De todos modos, así como sucede con el ámbito real de la ESS, a nivel de las finanzas solidarias tampoco hay definiciones generalmente aceptadas y detectamos, en general, incoherencias que no terminan de ser tematizadas a nivel global^[61].

A los fines de este libro, utilizamos la definición que propusimos en el Diccionario La Otra Economía, donde sosteníamos que se trata de diversas modalidades que surgen en respuesta a las finanzas hegemónicas, que captan recursos de muchos para producir una creciente concentración y centralización entre pocos. Se basan en prácticas que se proponen democratizar los recursos financieros, encarando y problematizándolos para ponerlos al servicio de las necesidades de todos (Muñoz, 2009).

A diferencia de las modalidades que considerábamos en ese trabajo^[62] o las que encontramos en la literatura internacional con un fuerte sesgo europeo o canadiense (más amplia y variada de lo efectivamente disponible en América Latina), reconocemos desde hace algún tiempo el siguiente conjunto de modalidades financieras (Muñoz, 2013b): a) las finanzas populares, que muchas veces no llegan a conformarse en instituciones formales, pero dan cuenta de prácticas difundidas entre los sectores populares para la satisfacción de sus necesidades (como el autofinanciamiento entre familiares y vecinos, los círculos de ahorros rotativos, el ahorro no monetario, entre otras); b) las finanzas comunitarias con fondos, cajas, bancos comunales y demás prácticas e instituciones que operan a una escala comunitaria y, en general, son gestionadas por las comunidades que le dan origen y no entre grupos o fracciones de las mismas (de ahí la principal diferencia con la tecnología microcrediticia de banca comunal); c) las finanzas cooperativas^[63], con secciones de crédito en cooperativas que se dedican a actividades no financieras, cooperativas de ahorro y crédito, cajas cooperativas de ahorro y crédito, bancos cooperativos y los diversos organismos de integración con los que cuentan (pueden ser los propios bancos cooperativas, centrales cooperativas de nivel regional y/o nacional, federaciones, etc.); d) las microfinanzas, que logran salirse de los debates y enfoques dominantes de esta modalidad, es decir, tanto minimalistas como del alivio de la pobreza, y abordar a la EP y la ESS, reconociendo sus diversos agentes, actores y sujetos con una práctica menos microfinanciera y más solidaria en la práctica; e) las finanzas éticas, que aplican criterios positivos para promover determinadas actividades (como el financiamiento de actividades de comercio justo y solidario) y criterios negativos de rechazo a otras (como las actividades que impactan negativamente el medioambiente), que tienen altos estándares de transparencia y buscan el involucramiento de todos los actores (stakeholders) en el uso y la gestión de los instrumentos e instituciones financieras éticas (por ejemplo, a través de depósitos rotulados según las preferencias de los ahorristas que fijan prioridades para el destino de sus ahorros); esta modalidad constituyó los denominados bancos éticos e instrumentos de ahorro ético, inversión ética o socialmente responsable; f) los sistemas de intercambios sin moneda (trueques) o con monedas sociales, que suelen operar con reglas claras de uso y emisión de las monedas, buscando priorizar la función de medio de intercambio; g) las políticas públicas, que utilizan instrumentos de las diversas modalidades anteriores, aunque en particular predominan los de las microfinanzas del alivio de la pobreza y los instrumentos e instituciones propios de las denominadas finanzas del desarrollo (bancos públicos de desarrollo, bancos públicos de fomento). La modalidad que aquí no está mencionada, y que forma parte de la literatura internacional, sobre todo del Norte, son las finanzas de impacto (ya sea que se enfatice la cuestión social, la ambiental o el triple impacto, donde generalmente lo económico es definido de modo convencional o no sustantivo y asumiendo la separabilidad en compartimentos estancos de cada cuestión) sobre las cuales en América Latina aún hace falta tematizar y analizar específicamente para reconocer los alcances y posibilidades de vinculación con la ESS. De todos modos, creemos oportuno, luego del entusiasmo inicial sobre esta modalidad financiera, la perspectiva más analítica, crítica y sobre las diversidades existentes en particular entre los bonos sociales (Maier y Meyer, 2017; Arena et al., 2016; McHugh et al., 2013), a lo que sumamos las dudas que plantean Mendell y Neamtan (2018) al respecto de sus contribuciones para la ESS que, si bien parten de las especificidades del caso de Quebec, podría quizá tomarse “cierta distancia crítica” como saludable en virtud de que, según las autoras, “no existe una indicación clara si este aumento de capital estará disponible para las empresas de economía social” (Mendell y Neamtan, 2018: 8), y podríamos agregar para nuestra región, dado el menor grado de desarrollo de los mercados financieros, para cuál ESS, en qué condiciones y qué márgenes de política pública al respecto se podrían crear^[64].

De todas esas modalidades, dada la importancia de las microfinanzas en América Latina, tanto por: a) lo expresado en el punto anterior en virtud de las continuidades con la microeconomía neoclásica; b) el haber encontrado instrumentos de política pública en nuestro trabajo de campo que sólo utilizan esta modalidad; y c) el resultado recientemente obtenido a nivel internacional que la vuelve a posicionar como obstáculo para el desarrollo de la ESS, como señaláramos en nuestras investigaciones previas, amerita que profundicemos brevemente sobre la misma.

Iniciamos explicitando la definición de microfinanzas, ya que el énfasis sobre los pequeños montos y la inclusión financiera (que comenzó a contar con un índice propio a nivel global desde 2011^[65]), deja de lado aspectos importantes de la modalidad. Por el término microfinanzas hacemos referencia a

servicios financieros dirigidos a unidades socioeconómicas de pequeña escala, que son llevados a cabo a través de una multiplicidad de arreglos institucionales, basados en relaciones de proximidad y cuya operatoria utiliza mecanismos innovadores para lograr altas tasas de repago y dar soporte al manejo de la liquidez y de los riesgos de las unidades socioeconómicas atendidas, estableciendo relaciones duraderas aunque en base a actividades, por lo general, de corto plazo. (Muñoz, 2007a: 277)

Cabe destacarse que nos vimos forzados a proponer una definición propia en su momento porque cada uno de los atributos que allí están mencionados tenían la misma ponderación desde una perspectiva de finanzas solidarias. Por ejemplo, la motivación de las tasas de repago era un aspecto subestimado en la literatura, el cual no se hacía explícito; lo mismo con el relativo foco en las organizaciones comunitarias, en lugar de la diversidad de arreglos institucionales como, por ejemplo, ONGs convertidas en bancos que comenzaban a cotizar en Wall Street a poco tiempo de estar en funcionamiento y con altas tasas de rentabilidad; o la cuestión de los plazos cortos, que cuando se torna la única opción efectivamente disponible de financiamiento, cercena totalmente las inversiones de mediano y largo plazo para estas economías. Esto también resulta importante reconocer: en virtud de las particularidades que veremos a continuación, esta modalidad es más adecuada a las unidades económicas de la EP que al heterogéneo mundo de la ESS.

Las microfinanzas traen asociadas una “tecnología crediticia” que puede ser presentada en términos aparentemente neutrales, tal y como hacen Schmidt y Zeitinger (1994), entendiendo

el rango de actividades llevadas a cabo por una institución que ofrezca créditos, la cual adopta una configuración específica de mecanismos de selección de los prestatarios, tamaño de los préstamos, plazos, garantías, monitoreo, administración y recupero. (Schmidt y Zeitinger; 1994: 106)

En el marco de una literatura que superenfatiza lo tecnológico a partir de los diagnósticos que arroja la información asimétrica aplicada a los mercados financieros, González-Vega (1998), convertido en lobbysta de las microfinanzas minimalistas, quizá sea el más explícito al respecto:

El fracaso de las finanzas del desarrollo de antaño surgió de intentos de ofrecer una solución política a un problema eminentemente tecnológico. La represión del mercado financiero resultante contribuyó, a su vez, a desalentar la actividad innovadora que eventualmente habría de generar las tecnologías requeridas. (González-Vega, 1998:8-10)

El tema es que, como dice Dagnino (2014), la idea de la neutralidad en torno a la tecnología, del tipo que fuere, es absolutamente absurda. Aquí nos ayuda Morduch a completar el sentido de las tecnologías microfinancieras, no siendo innovadoras a secas. La innovación radica en que logran la inclusión financiera de quienes no tienen garantías reales cuando exhiben “altas tasas de repago” (Morduch, 1999: 1582). Es decir, fueron desarrolladas desde el interés de los prestamistas para el logro de ese repago y, como vimos antes, suponen microfundamentos neoclásicos sobre los prestatarios. Una perspectiva solidaria requiere la consideración de los intereses de todas las partes involucradas y, como veremos de las experiencias internacionales más adelante, de la co-construcción, lo que no forma parte de los debates ni intereses del campo microfinanciero.

La literatura sobre el origen histórico de las microfinanzas, los intereses a los que responde, el impacto, su efectividad, los cambios de misión y los cambios de población objetivo es prolífica, con disputas interesantes y sin acuerdos hasta el momento (de lo que nos hemos ocupado específicamente en nuestra tesis de maestría). Aquí nos atenemos a analizar las microfinanzas, nuevamente, en virtud de que algunas de sus prácticas son consideradas como parte de las finanzas solidarias, que emergen como un tipo de negocio social ejemplificado incluso explícitamente a través de Yunus y de que es el instrumento de financiamiento más utilizado por parte de la política pública en relación con la EP y la ESS en América Latina.

Existe cierto consenso en la literatura crítica que considera la emergencia de las microfinanzas como estratégicamente imbricada en la liberalización financiera a nivel global a inicios de los años setenta, creando un nuevo nicho de mercado que sólo puede ser atendido si se eliminan los techos a las tasas de interés. A su vez, logra una nueva forma de disciplinamiento social que construye conformidad sobre la reestructuración neoliberal y con ventajas competitivas por sobre otros instrumentos, en virtud de constituirse en una oportunidad de negocio, añadido a que es una intervención de política pública aceptada como costo-eficiente para paliar algunos de los efectos que la política económica global tiene sobre las condiciones de vida de las mayorías (Weber, 2004; Brigg, 2001; Rankin, 2001). En particular, Brigg (2001) plantea:

En el caso de las operaciones de microcrédito, la realización personal se define y es gestionada simultáneamente por instituciones como Grameen a través del emprendedurismo exitoso y con un enfoque desarrollista. Un efecto de esta individualización de la pobreza es su despolitización: cómo los pobres son responsables de su pobreza. Los enfoques redistributivos para el alivio de la pobreza tienden a ser ignorados. (Brigg, 2001: 9-10)

En términos de Polanyi, es la primacía de un principio de institucionalización sobre otro, en lugar de reconocer todos los principios tal y como propone el autor, y cómo las economías empíricas donde se desarrolla el Grameen venían resolviendo, previo a su existencia, las necesidades en base a cada uno. Al respecto, el autor agrega aspectos microeconómicos que son de particular interés nuestro:

El proceso de subjetivación implica necesariamente operaciones disciplinarias. Estas operaciones, y, de hecho, los imperativos disciplinarios de Grameen se discuten menos abiertamente en la literatura que otros aspectos sobre el microcrédito. La disciplina comienza con la inscripción y el armado de los grupos de pares […] para el monitoreo, la supervisión, la resolución de problemas y para temas de desarrollo social. Sin embargo, […] en la práctica, funcionan principalmente como un medio para recuperar los reembolsos de préstamos. (Brigg, 2001:9-10)^[66]

De forma complementaria, a través de una investigación antropológica que ya cuenta con más de veinte años sobre el mismo caso, Rahman (1999) muestra cómo la presión ejercida tanto por los oficiales de crédito como por los pares para el logro de la devolución de los créditos en pos de la viabilidad económica de la institución, entre otras cuestiones, produce aumentos de tensión, frustración y violencia tanto a nivel micro como de la sociedad. Hallazgos que dan indicios de las continuidades neoclásicas en sociedades con prácticas milenarias más complejas.

Consideramos también los aportes de la economía feminista crítica, motivados originalmente en virtud del exagerado sesgo que tienen las microfinanzas en las mujeres. Si bien esta focalización declamatoriamente es justificada por el movimiento microfinanciero en base a que las mujeres son quienes más sufren el racionamiento de crédito, Mayoux (2001) ya señalaba que también se debe a que es más difícil para las mujeres, en comparación con los hombres, “tomar el dinero y salir corriendo” y, por tanto, tienen perfiles de riesgo más bajo, lo que resulta conveniente para las instituciones microfinancieras.

Por su parte, Keating, Rasmussen y Rishi (2010) analizan las microfinanzas como una manifestación de la acumulación por desposesión en las mujeres, ya que las convierte en nuevos sujetos que son inmersos a las estructuras capitalistas bajo formas de explotación y, frecuentemente, de un modo violento. Este texto lo identificamos anterior a que el propio Harvey aplicara ese concepto suyo a las microfinanzas, aunque poco tiempo después se refirió a las mismas como “las subprime de todos los préstamos basados en subprimes” (Harvey, 2011: 106), haciendo un paralelismo entre las formas de extracción de la riqueza que realizan las microfinanzas a la población que vive con menos de U$S 2 diarios, con los préstamos depredadores de alto riesgo que se otorgaron en Estados Unidos previamente a la crisis de 2008 y que terminaron con ejecuciones hipotecarias masivas.

De todos modos, amerita dejar planteada la distinción que ya hiciéramos en Muñoz (2007a y b) entre el enfoque minimalista/institucionalista/de la autosuficiencia financiera y el enfoque welfarista/integral/del alivio de la pobreza (Mayoux, 1995; Woller, Dunford, Woodworth, 1999; Robinson, 2001; Brau, Woller; 2004), y agregamos ahora, para este último, la expresión menos utilizada que propone Kabeer (2005), que quizá quepa mejor para el caso nacional, de enfoque “socialmente orientado”. En particular, este último incorpora la perspectiva de géneros más interesante lo que, de todos modos, por motivo de recorte quedó fuera de análisis.

Recordemos que las diferencias principales entre ambas miradas son qué aspecto priorizan del denominado triángulo de las microfinanzas (sustentabilidad financiera, alcance, impacto). Estos encuadres suelen debatir sobre el momento en el que, según el grado de desarrollo de las microfinanzas, efectivamente se da el trade off entre sustentabilidad financiera de las instituciones de microfinanzas (IMF) e impacto. Para el primer enfoque, la sustentabilidad financiera y el alcance son dos caras de una misma moneda, mientras que, para el segundo, si se pone el énfasis en la sustentabilidad financiera, se afecta el impacto porque se deja de atender a los más pobres ya que, de hacerlo, implica altos costos que alteran la sustentabilidad financiera. El primer enfoque, representado por actores como el Grupo Consultivo para Asistir a los Pobres (CGAP^[67]), USAID, ACCION International, la Universidad del Estado de Ohio, entre otros, sostiene que la población objetivo de las microfinanzas son “los menos pobres de los pobres”, preconiza la especialización financiera con todo tipo de servicios financieros y enfatiza la sustentabilidad financiera de la oferta y el alcance dado por la escala (presupone el impacto a partir del aumento de acceso a los servicios microfinancieros). Por su parte, el segundo enfoque, representado generalmente por la Cumbre de microcrédito y Yunus con el caso Grameen, prioriza el impacto en los más pobres, relegando la sustentabilidad financiera de la oferta y aludiendo más a menudo al alivio de la pobreza y la oferta de microcrédito junto con otros servicios no-financieros (en particular, cursos cortos de entrenamiento microempresarial y cuestiones sanitarias básicas).

A pesar de estas diferencias, ambos enfoques comparten el objetivo de la profundización financiera a poblaciones tradicionalmente excluidas, lo cual es reconocido por ambas miradas, y dejan afuera toda una serie de cuestiones estructurantes que, desde el punto de vista de las finanzas solidarias y la ESS, son imprescindibles de ser señaladas y consideradas (además de las cuestiones en las que el enfoque socialmente orientado ya pone énfasis, como ser la integralidad, en particular la formación).

Entre ellas, se encuentra en primer lugar la focalización en los pobres, que no se pone en discusión en las microfinanzas, junto con la necesidad de recuperar problematizaciones sobre las estructuras que reproducen la pobreza. Esto desemboca rápidamente en una caracterización de quiénes son “los pobres que pueden pagar altas tasas de interés”, como dice Morduch (2000), que no son todos, sino sólo aquellos pequeños comerciantes o dueños de pequeñas empresas de servicios como restaurantes o de confección de ropa, con altos retornos y ciclos de inversión cortos que son capaces de pagar tasas de interés reales anuales cercanas al 50% en préstamos de tres o cuatro meses. Deja afuera a aquellos que tienen ciclos con mayores plazos y actividades con retornos moderados (como la crianza de ganado, la producción agrícola o las artesanías). Dentro de esos retornos moderados también estaría la ESS, la que a su vez queda afuera porque no siempre es pequeña, micro y, por tanto, estaría excluida de la población objetivo de las microfinanzas pensada originalmente.

Es decir, si bien las expresiones sobre la inclusión o profundización financiera se utilizan en términos genéricos, no es a todos a quienes se está facilitando el acceso con tales servicios microfinancieros. A nivel de los microcréditos, es sólo a aquellos que cumplen con las características recién mencionadas, las cuales, si bien no son planteadas como requisitos exante al otorgamiento, surgen como resultado del sentido que la política del microcrédito adquiere.

Otra cuestión clave es la problematización de las condiciones de acceso y no el acceso a secas. Desde la perspectiva de las finanzas solidarias, no es posible justificar, entre otras cuestiones, el cobro de elevadas tasas de interés en virtud de la comparación de lo efectivamente disponible al nivel del usurero informal que, ciertamente, es más elevado aún. La propia existencia de la tasa de interés está en discusión en esta práctica; existen colectivos que debaten cuáles conceptos forman parte de la misma, si se utiliza ese término u otro dado, que no siempre hay ganancia implicada sino costos de gestión del dinero y bajos excedentes encarados como medios y no como fin en sí mismos. En este sentido, cobran relevancia los planteos de Coraggio (2006b) entorno a la sostenibilidad que trascienden largamente la autosustentabilidad financiera. En otro trabajo del mismo año, el autor tematiza específicamente la cuestión de las implicaciones de los altos costos del microfinanciamiento sobre las condiciones de vida de los prestatarios. En términos del autor:

El descubrimiento de que “los pobres pagan”, ha llevado a pensar que sus actividades generan excedentes que justifican el cobro de altas tasas de interés y costos de gestión. A esta argumentación se agrega la de que, después de todo, es una relación voluntaria, y que si toman el crédito es porque les resulta beneficioso. Otra mirada puede advertir que no es con excedente económico que se pagan esos costos, sino con medios de vida indispensables para la dignidad humana, con niños que no van a la escuela ni tienen acceso a salud y se ponen a ayudar a su madre presionada por el pago de las cuotas del microcrédito, con condiciones de vivienda insalubres, con ingresos netos inferiores a un salario de mercado. La justificación de esos costos debe ser críticamente analizada, no sólo con argumentos morales, sino con información empírica. (Coraggio, 2006b: 4-5)

Todas son discusiones foráneas al mundo microfinanciero. Incluso logran aggiornarse al ser incluidas en la tipología de Defourny y Nyssens (2016) como el caso 4 “tipo Yunus” de empresas sociales y que, en América Latina, no tiene casi normativa ni límites a la acumulación en el marco de lo que más arriba se denominaban también como negocios inclusivos. Es decir, las condiciones objetivas para considerar estas prácticas como parte de las finanzas solidarias son bien acotadas.

De todos modos, vale la pena recordar nuestra conclusión en Muñoz (2007a) sobre la importancia de lograr construir mecanismos con capacidad de transformar colectivamente el sentido netamente mercantilizador y trascender los límites de la focalización y la emergencia que le son propios a las microfinanzas. A lo que agregamos que, luego de las problematizaciones del punto anterior sobre los supuestos detrás de los modelos de información imperfecta, el sentido solidario no puede atribuirse per se o ex ante ni sostenerse en términos generales ni a nivel declamativo, como señalaba Coraggio en la introducción del tercer apartado de este capítulo. Es algo que debe ser materia de evaluación permanente, tanto externa como de autoevaluación, ya que, tal y como se desprende del trabajo de Kabeer (2001), se pueden obtener resultados muy distintos según los supuestos sobre las relaciones de poder de las unidades domésticas sobre las que se están haciendo las evaluaciones y allí la participación de los sujetos usuarios de los servicios se torna clave.

Saliendo de la esfera más propia de las microfinanzas, que se relaciona más con la EP en virtud de sus tecnologías, ampliamos la visión en lo que sigue para recuperar el amplio espectro de la ESS a partir de sus especificidades a nivel real (la jerga neoclásica sostendría “la demanda”), para luego recuperar una visión de conjunto y pasar a utilizar la categoría de ecosistema de ESS que, sobre todo a partir de la experiencia de Quebec y hallazgos empíricos de una investigación reciente de la OIT, aportan nuevas condiciones en las cuales las microfinanzas pueden ser consideradas finanzas solidarias.

Un informe de la OIT realiza un análisis comparativo de ocho países (Canadá –sólo Quebec–, Cabo Verde, Colombia, Ecuador, Italia, Luxemburgo, Marruecos y Corea del Sur), sobre los prestamistas tradicionales y plantea que generalmente han sido reticentes a invertir en la ESS debido a su

incapacidad para analizar los resultados sociales en sus cálculos, lo que ha tendido a limitar el acceso de las organizaciones de ESS a préstamos, salvo a tasas de interés bastante altas. Por esta razón, las organizaciones de ESS, con el tiempo, han desarrollado una capacidad para encontrar recursos que son diferentes del mainstream con fines de lucro. (Barco Serranoet al., 2019: 94)

Y cuando bajamos a estudios empíricos a nivel nacional, sobre los que prácticamente no existen en nuestra región, esto se refuerza. Se destacan, entre ellos, los hallazgos del análisis de empresas sociales italianas entre 2008-2015, es decir, saliendo de la gran crisis, los cuales dan cuenta de un crecimiento del capital invertido y del patrimonio neto más alto que el del otro tipo de empresas. Lo que advierten los autores, entre otras cuestiones interesantes, es que

está claro que, en virtud de la naturaleza de estas empresas, los bajos rendimientos de las actividades y los plazos largos de amortización de las inversiones, las finanzas que son útiles no pueden ser de tipo especulativo. En otros términos, es una ilusión sostener que las finanzas que necesitan las empresas sociales puedan ser ofrecidas por parte de instituciones financieras que deban garantizar a sus propietarios o clientes rendimientos al menos en línea con los del mercado. (Borzaga y Fontanari, 2018: 19)

En coincidencia con estos trabajos, hace más de veinte años, Lebossé (1998) ya había señalado, y nos ayudaba a explicar en Muñoz (2007b), las razones principales de este comportamiento por parte de los prestamistas privados con fines de lucro, que termina generando que la ESS suela ser un sujeto racionado de crédito o con relaciones conflictivas con el sistema financiero, que no (re)conoce sus especificidades. Son sus propios principios operativos los que presentan un panorama muy diferente a la figura del prestatario ideal que el mainstream conoce, estudia, prefiere: el empresario individual con muchos talentos, dueño y administrador de su negocio, muy distinto a experiencias colectivas basadas en democracia interna y propiedad también colectiva, con estructuras de ingresos que puede provenir de la venta de bienes o servicios al Estado lo que, según el autor, también promueve la desconfianza del sector bancario a la hora de otorgarle créditos. A esto se agregan otros aspectos clave: la baja capitalización y, frecuentemente, las estrategias de generación de excedentes que son modestos, a lo que se suman garantías limitadas debido a que mantienen muy pocos activos negociables.

El trabajo de la OIT hace un llamamiento a investigar la cuestión de la ESS considerada como “riesgosa” por parte de quienes la evalúan en el sistema financiero. Según los autores, ese riesgo debe adquirir una mayor especificidad:

el riesgo no puede calcularse únicamente en los términos utilizados por un intermediario financiero tradicional. Reconsiderar la noción de riesgo financiero debería ser otra de las tareas prioritarias de apoyo de la ESS, no tomar por sentado que las organizaciones que pertenecen a este sector deben aplicar la misma lógica utilizada para evaluar una inversión dirigida a maximizar el rendimiento económico. (Barco Serrano et al., 2019: 93)^[68]

Si bien todas las luchas son desiguales, la del campo financiero, en un momento histórico de hegemonía del capital financiero, hace quizá más evidentes algunas cuestiones de poder que permiten tirar de algunos hilos, sobre todo en los países donde se encuentran más avances tanto los sistemas financieros como la ESS. Aunque no amerita entrar en el detalle de los desarrollos financieros producidos en esos entornos, sobre todo por las distancias entre tales contextos y el nuestro, apenas realizaremos una breve mención al caso de Quebec que, hasta donde conocemos, la institucionalidad del movimiento de ESS ha permitido robustecer las argumentaciones teóricas y concretar experiencias que muestran el horizonte de lo posible, con la conquista de ciertos consensos básicos a lo largo de toda la sociedad, y con las cuestiones financieras en particular.

En términos generales, Quebec ha experimentado un proceso de reconocimiento de las especificidades de la ESS (y, por tanto, de las diferencias con respecto a la economía convencional) con un punto de inicio en la Cumbre Económica y del Empleo que organizó el gobierno en 1996, donde convocó a la ESS como un sector específico de la economía y que, como resultado, surgieron varias iniciativas de apoyo y financiamiento concreto, con una institucionalidad creciente y una ley marco en 2013 (Mendell, 2007).

A nivel financiero, se han desarrollado experiencias de fondos cooperativos, fondos solidarios de base sindical, fondos comunitarios, fondos privados, fondos públicos, fondos híbridos y bonos comunitarios (Zerdani y Bouchard, 2016; Mendell y Nogales, 2011 y 2012; Mendell, Levésque y Rouzier, 2005; Bouchard y Rondeau, 2003). De todas, quizá la experiencia que más nos llama la atención es La Fiducie^[69], un instrumento financiero que denominan “capital paciente” en virtud de que se especializa en inversiones de largo plazo para empresas colectivas, que fue promovida desde la plataforma que aglutina a toda la ESS, el Chantier de l’économie sociale^[70], y que contó con el apoyo de fondos de los sindicatos y fondos públicos.

Algunas de las nociones llave que utilizan (y practican) en Quebec es el ya mencionado ecosistema de ESS, es decir, no de iniciativas aisladas, donde las finanzas solidarias y responsables juegan un papel clave para la constitución, desarrollo y consolidación del mismo. Tal y como señalan Zerdani y Bouchard (2016), observan un “riesgo específico” de la ESS, no necesariamente más elevado que la economía convencional, y la misma es evaluada a partir de criterios adecuados y no por parte de extraños que van a financiar a la ESS, sino de intermediarios del propio ecosistema que reconocen la naturaleza heterogénea y específica de los agentes de la ESS.

Complementariamente, es de suma relevancia un informe encarado por el colectivo CITIES, que realiza una transferencia de conocimiento sobre lo que denominan “finanzas sociales” (aunque luego en el documento utilicen también la denominación de “finanzas solidarias”) desde Quebec hacia Seúl, donde en unos de los capítulos, Mendell y Neamtan (2018) identifican siete “factores de éxito” del caso quebequense: un enfoque de abajo hacia arriba (bottom-up), es decir, que responda a las demandas del sector; un proceso de co-construcción y copropiedad entre los distintos socios; un enfoque de ecosistema con diversos instrumentos trabajando en colaboración; un trabajo continuo y permanente de formación, investigación y transferencia de conocimiento para fortalecer tanto el lado de la demanda como de la oferta; un modelo coherente de políticas públicas construido a partir de un diálogo continuo entre el gobierno y la sociedad civil; apoyo e involucramiento del movimiento sindical; mantenimiento del foco puesto en las realidad locales y una visión en el largo plazo del desarrollo inclusivo y sostenible.

A su vez, en un trabajo anterior, Mendell y Nogales (2012) ofrecían una mayor especificidad al respecto de las políticas públicas de promoción de las finanzas solidarias. Las autoras son críticas de lo que califican como las “políticas orientadas por la oferta”:

En la actualidad, las políticas públicas que se propusieron facilitar el acceso al capital a las empresas solidarias, se focalizaron en el lado de la oferta, poniendo en el centro […] el apoyo directo del gobierno […] otras veces a los intermediarios financieros que no siempre responden adecuadamente al lado de la demanda, ni a la diversidad de los sectores de la ESS ni a las diferentes necesidades financieras según las fases que estén atravesando las empresas o sus proyectos, que pueden ir desde el pre-start up, al start up, el desarrollo, la consolidación o el crecimiento […] Para aumentar su eficacia y coherencia con el campo de la ESS, deben experimentar una transformación radical para pasar de un enfoque del lado de la oferta a un enfoque integrado que requiere que los gobiernos trabajen transversalmente con los ministerios o departamentos y cerca de los actores de la ESS que están posicionados en el mejor lugar para comprender y comunicar sus necesidades. (Mendell y Nogales, 2012: 16-17)

Está claro que estamos haciendo referencia al caso que sirve de faro a nivel internacional y así lo evidencia el informe de la OIT. Seleccionamos para cerrar este punto algunas de sus recomendaciones de política, dada su pertinencia para nuestros casos de estudio y, lamentablemente, la vigencia de las conclusiones de investigaciones nuestras anteriores. En particular, una muy precisa:

Piensen más allá de un único instrumento o producto financiero con el fin de componer una familia de diferentes mecanismos interconectados que pueden adecuarse a las diferentes etapas del viaje emprendedor. Analizando los estudios de caso, esto significa que en algunos países el foco en el microcrédito debería dar paso a estrategias más complejas, capaz de ofrecer instrumentos en múltiples escalas: desde un emprendedor individual hasta consorcios de empresas. Y en otros países, donde la pluralidad de instrumentos financieros ya está desarrollada, deberían mejorarse las conexiones, es decir, el vínculo entre los varios mecanismos financieros involucrados a partir de la acción coordinada de los mismos junto con el objetivo del crecimiento general de la ESS. (Barco Serrano et al., 2019: 101)

Para llegar a esta recomendación, se inspiran en los países que aportan tanto a nuestro país como a nuestros casos a nivel subnacional, permitiéndonos una cita extensa en virtud de su riqueza y relación con nuestra investigación, donde también se da que el único instrumento financiero utilizado es el microcrédito:

Analizando los casos de Marruecos, Cabo Verde, y parcialmente Ecuador, emerge que el objetivo de combatir la pobreza y promover la inclusión financiera y social, en contextos caracterizados por ecosistemas de ESS frágiles, a menudo implica una tendencia a utilizar instrumentos financieros como el microcrédito. En estos casos, el objetivo principal parece ser proporcionar soporte para microempresas individuales en lugar de fomentar la creación de organizaciones complejas de economía social. La impresión que dan estos casos es que el desarrollo de una economía social sólida se torna más difícil por el uso del microcrédito como el instrumento fundamental. Su función principal parece estar concentrada en la creación de condiciones de subsistencia mínima en lugar de desencadenar procesos de emprendimientos colectivos sostenibles. La situación es diferente en los países donde las intervenciones conciernen al establecimiento o el fortalecimiento sólo de los sistemas cooperativos, en los cuales la perspectiva de desarrollo no se centra en emprendedores individuales, sino que busca crear condiciones para una prosperidad económica sostenible e inclusiva a largo plazo a través de emprendimientos colectivos como pueden ser las cooperativas. (Barco Serrano et al., 2019: 93-94)

En definitiva, hay una diversidad de tecnologías, instrumentos e instituciones financieras que se relacionan con o son llevados adelante por la EP y la ESS, con modos de relacionamiento distintos. Además, es importante señalar que en la literatura específica no encontramos mención a la cuestión de la participación de los usuarios de los instrumentos microfinancieros en la gestión de las instituciones y, menos aún, a los esquemas de co-construcción y copropiedad a los que se refieren como esenciales. Se trata de cuestiones más amplias que las que habitualmente se analizan sobre los aspectos financieros, que requieren una politización. Es preciso reforzar, una vez más, como hacíamos en el Diccionario internacional de la Otra Economía que, catalogar las prácticas como finanzas solidarias implica un sí y sólo sí están “encastradas en la disputa por otra economía y otra sociedad, todo lo cual es impensable si no se avanza en politizarlas de una forma acorde con dicha utopía” (Muñoz, 2009: 222).

Por último, cabe mencionarse que en los últimos años en Argentina se viene institucionalizando una línea de investigación sobre el financiamiento de la EP (Cabrera, 2014; Cabrera y Vio, 2019; D’Angelo, 2019). A su vez, ha emergido en el debate sobre la “financiarización de la EP”, destacándose los trabajos de Gago (2016), Chena (2017), Roig (2017), Gago y Roig (2019). Esta perspectiva pone en el centro la cuestión del endeudamiento en términos de explotación y retoma enfoques teóricos fundamentalmente de origen marxistas, que enriquecen y complejizan la mirada. El instrumento financiero que analizan se focaliza en la deuda para financiar el consumo, “dupla deuda-consumo como nueva forma de explotación”, según la expresión de Gago (2016: 185). La EP, según estas investigaciones, no aparece endeudándose para su actividad productiva; es decir, se enfatiza el carácter de trabajadores-consumidores más que productores. Por otro lado, los prestatarios son analizados en términos de individuos; no hemos encontrado menciones a las organizaciones de EP convertidas en prestatarias de forma colectiva. Tampoco identificamos en estos trabajos análisis de prestamistas que provengan del sector popular (salvo los usureros y que, por tanto, persiguen la lógica capitalista), cooperativo, social, solidario, comunitario; siempre es un sector externo el que va a financiar a la EP con una lógica de explotación. Si bien se trata de aportes imprescindibles en la coyuntura actual de financiarización, que lleva a una propensión alta al sobreendeudamiento sobre todo en mujeres, con escasas investigaciones académicas e invisibilizaciones por parte del Estado, sostenemos que las relaciones establecidas no son siempre de explotación, más aún cuando los oferentes son del campo popular solidario. En ese sentido, coincidimos con Guérin y Venkatasubramanianb (2022) que, aunque se trate de deudas que a menudo haya que pagar incluso a altos costos, también nos hablan de las aspiraciones y esperanzas de los trabajadores y de sus posibles caminos hacia la emancipación.

Con esta última reflexión cerramos la revisión sobre la cuestión financiera. A continuación, se presenta, a modo de síntesis, un cuadro sobre las dimensiones microeconómicas aquí trabajadas y que se constituirán en tres de las cuatro dimensiones de análisis de los dos casos de estudio en el último capítulo.

Cuadro N° 1.2. Síntesis de las tres dimensiones teóricas sobre las que se encuentran tensiones e incoherencias con las operacionalizaciones de la ESS a nivel micro

Dimensión micro	Microeconomía neoclásica	Derivados de la microeconomía neoclásica	Economía sustantiva, ESS y otros aportes cercanos
Concepción del sujeto económico productor de bienes y servicios	Los agentes económicos tienen una sola racionalidad que es perfecta o ilimitada; la teoría se basa en supuestos, como el homoeconomicus; las firmas, siguiendo esa racionalidad, deciden la combinación óptima de trabajo, capital y tierra a utilizar para maximizar su beneficio. Las familias no producen, son proveedoras de los factores de la producción y consumidoras de los bienes y servicios que producen las empresas (Walras, Marshall, Pareto, Arrow y Debreu, Phelps…).	Emprendedor innovador (Schumpeter) y reconocimiento de la importancia de las instituciones: firmas que se constituyen y operan según los costos de transacción (Coase), la racionalidad deja de ser perfecta y pasa a ser perfecta, la información también. La casa como una “fábrica en miniatura”, la familia “como un contrato”, los niños como “bienes de consumo” (Becker) pero también surgen las potencialidades productoras de las “familias pobres”, sobre todo por su carácter de deudoras ( “portfolio económico de los hogares” (Cohen y Dunn); lo que sofistica los argumentos de las teorías del sector informal urbano, con su microempresa informal y las recomendaciones de separar las cuentas entre la familia y el negocio y darle vida a los capitales muertos (De Soto, Tokman, Souza y Tokman…). Sigue la hegemonía de esta perspectiva con las “tres velocidades” de la CEPAL, según la modalidad de inserción legal y el tamaño de las empresas que la conforman.	Economías (y formas microeconómicas) empíricas: reconocimiento de las especificidades de las diversas expresiones microeconómicas de la ESS que producen bienes y servicios para la reproducción ampliada de la vida de todos, con principios económicos que orientan las prácticas de la ESS en la producción: 1. trabajo para todos, 2. acceso de los trabajadores a todas las formas de conocimiento, 3. acceso de los trabajadores a medios de producción, 4. cooperación solidaria y 5. producción socialmente responsable (Coraggio). Formas empresariales como medio y no como fin en cierto equilibrio entre lo económico, social y ambiental (Fonteneau et al.), producir para vivir (Santos y Rodríguez), entre otras expresiones indicativas del emprender de otro modo (Lévesque) y los 4 tipos de empresas sociales (Defourny y Nyssens) y su relación con la ESS. Enfatizamos el carácter híbrido (Laville y Eme; Wright), en particular: de las formas micro de economía popular, economía popular solidaria y ESS a partir de la unidad de lo productivo-reproductivo, con el reconocimiento de los diversos usos del fondo de trabajo y con un abordaje de los emprendimientos mercantiles de la EP como extensiones de las unidades domésticas (Coraggio). Yuxtaposición de racionalidades distintas y contradictorias en la economía popular solidaria urbana (Lago).
Concepción de los intercambios y todos los posibles destinos de la producción	Mercado de competencia perfecta con tendencia al equilibrio a partir del libre juego de la oferta y la demanda cuando se da: atomicidad de agentes (precio-aceptantes), bienes o servicios homogéneos, información perfecta y libre entrada o salida. Equilibrio general (Walras), equilibrios parciales (Marshall), óptimo (Pareto).	Competencia imperfecta (Robinson) y el reconocimiento de la diversidad de estructuras de mercados (competencia monopolística de Chamberlin, monopolio/monopsonio, oligopolio/oligopsonios…). Si bien no es un contenido microeconómico, sino desde el marketing, agregamos aquí las 4P (McCarthy) porque surgió como como recurrente en uno de nuestros casos de estudio y en diversos materiales de formación de amplio uso en el campo.	Reconocimiento de los posibles destinos de la producción (no sólo el mercantil), con el autoconsumo y consumo comunitario y, en términos más generales de la circulación (además de la distribución) con los principios de autosuficiencia (autarquía), reciprocidad, intercambio, planificación y el dinero no crea dinero (Coraggio); sobre la base general del principio de intercambio, con la distinción de mercado y comercio (Polanyi); las necesidades no son ilimitadas, siendo los satisfactores y los bienes económicos los que pueden ser más variados (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn); la tematización de la necesidad de los excedentes post autoconsumo (Salgado); posicionar, al mismo tiempo, como destinos de la producción de la economía solidaria al mercado convencional, el mercado alternativo (con el comercio justo y la solidaridad) y el mercado institucional, con la contratación y adquisición pública (Marinho Alves da Silva); los sistemas de intercambio solidario (Mance), los intercambios con moneda social (Orzi, Plasencia). Campo económico con estrategias de agentes con comportamientos razonables y estructuras de capitales según su posición (Bourdieu).
Concepción de las finanzas	Mercado de capitales perfecto con tendencia al equilibrio a partir del libre juego de la oferta y la demanda,  con la tasa de interés como precio en función de la productividad marginal del capital (Fisher).	Desequilibrios en los mercados financieros que generan racionamiento de crédito por información imperfecta (Stiglitz, Weiss); algunas alternativas para morigerar esos problemas son la selección, el monitoreo entre pares (Stiglitz, Varian, Ghatak); incentivos dinámicos, planes de pagos regulares y sustitutos de garantías (Morduch) utilizados fundamentalmente por las microfinanzas en todas sus corrientes. Yunus aportó desde la práctica en el Banco Grameen a estos modelos teóricos.	Replanteo de la noción de riesgo y ESS real con estructura financiera distinta de las empresas de capital (Lebosse, Barco Serrano, Bodini, Roy, Salvatori, Borzaga, Fontanari, Mendell, Bouchard, Rondeau); finanzas específicas en el ecosistema de la ESS (Mendell, Levésque, Rouzier, Bouchard, Rondeau, Zerdani, Nogales); reconocimiento de todas las modalidades financieras que se relacionan con la EP y con la ESS, análisis especifico de cuáles son más adecuadas para cada expresión real de estas economías y, en América Latina, trabajo de diferenciación entre las microfinanzas y las finanzas solidarias/populares solidarias (Singer, Coelho, Cardoso, Ortega, Muñoz).

Fuente: Elaboración propia.

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