2.1. La desfederalización de los delitos menores

En la provincia de Córdoba, el debate por la desfederalización surgió en mayo de 2012, cuando el entonces gobernador, José Manuel de la Sota, envió a la legislatura provincial un proyecto de ley para adherir a la legislación nacional que invitaba a las provincias a sumarse a la desfederalización mencionada previamente.^[1] El proyecto del gobernador se enmarcó en el Programa Provincial de Lucha contra la Droga, el cual se basó en “la necesidad de incrementar la respuesta contra [dicho] flagelo” y propuso “facultar al Estado provincial para la investigación, persecución y juzgamiento de delitos relacionados con el tráfico, venta o distribución de drogas en escala menor”.^[2] El programa contó con una serie de medidas. Primero, el envío del proyecto de ley para la adhesión provincial a la ley de desfederalización, con el objetivo de

[…] lograr autonomía para investigar, perseguir y juzgar el tráfico de estupefacientes en sus distintas modalidades; penar los delitos relacionados con la venta o distribución en escala menor; incrementar la capacidad de respuesta contra el narcotráfico; contar con un sistema de investigación y juzgamiento provincial para la persecución de estas actividades delictivas y lograr mayor presencia en localidades de la provincia afectadas por [dicho] flagelo.^[3]

En aquella ocasión, de la Sota manifestó que, con esa medida, la provincia podía asumir la “competencia para la investigación, persecución y juzgamiento en materia de delitos de tráfico de estupefacientes” tal como autorizaba la Ley de Desfederalización.^[4]

En segundo lugar, se propuso la creación del fuero de “Lucha contra el Narcotráfico”, con el objetivo de “establecer la estructura de investigación y/o juzgamiento de los delitos relacionados con el narcotráfico en el territorio provincial”.^[5]

Por último, se habilitó una línea telefónica para la recepción de denuncias de hechos vinculados con el tráfico de estupefacientes, y se estableció que las mismas serían anónimas y no podrían ser identificadas. Además, quienes llamaran obtendrían un número de trámite para poder corroborar la eventual evolución de su denuncia.^[6]

En su conjunto, estos lineamientos conformaron una batería de acciones institucionales impulsadas por el poder ejecutivo cordobés para dar respuesta al problema del tráfico ilícito de estupefacientes en esa provincia.

Días después de la presentación realizada por el gobernador ante la legislatura, surgieron varios pronunciamientos en contra de la propuesta. El periodista cordobés Juan Simo señaló al respecto que uno de los riesgos de la misma era que “la lucrativa actividad del narcotráfico tenga nuevos espacios para comprar influencia”. Otro, que se perdiera “la oportunidad de perseguir a grandes actores debido a una mirada centrada en los pequeños vendedores de droga”.^[7]

Por otro lado, Ignacio Vélez Funes, titular de la Cámara Federal de Córdoba, manifestó que la eventual adhesión a la desfederalización no implicaba “generar sospechas”, pero que su preocupación giraba en torno a que pudieran “crearse más nichos de corrupción en distintos ámbitos”, en particular, en los ámbitos donde se investigaban este tipo de delitos. Además, Vélez Funes señaló que la droga era “tremenda para corromper funcionarios públicos” y que, para evitarlo, los mecanismos de control debían ser “muy arduos”.^[8]

Por su parte, la defensora oficial de la justicia federal, Mercedes Crespi, alertó sobre un posible crecimiento de los hechos de abusos policiales, puesto que el Código Procesal Penal cordobés establecía que los allanamientos fueran “en lo posible” con testigos “extraños a la policía”, pero, según Crespi, en los hechos serían integrantes de la propia institución policial. Además, la defensora oficial advirtió que, con la adhesión a la desfederalización, sería más fácil que la policía plantase drogas.^[9]

Entretanto, el fiscal federal cordobés, Enrique Senestrari, alegó estar “sorprendido” por la iniciativa impulsada por de la Sota, y agregó que el problema era que “los kioscos de droga [solían] ser la fuente de investigación para llegar a organizaciones más complejas, porque a través del ‘chiquitaje’ se [podía] llegar a los narcos más grandes”. En este sentido, Senestrari manifestó que habría que ser “más creativos” para investigar delitos vinculados con el tráfico ilícito de estupefacientes.^[10]

La secretaria general del gremio de empleados judiciales, Irina Santesteban, indicó que con las medidas promovidas por el gobernador provincial se iba a “incrementar la persecución a consumidores y a muchos pibes que [vendían] para pagar lo suyo en vez de ir por los grandes narcos”. En una dirección similar, el juez federal José Vicente Muscara hizo mención al proyecto y señaló que se trataba de “un pase de manos del delito social” de la justicia federal a la justicia ordinaria cordobesa.^[11]

El camarista provincial Gabriel Pérez Barbera, en tanto, manifestó que la iniciativa legitimaba la “mala conciencia” existente en la justicia federal, orientada a la persecución del microtráfico, e indicó que le llamaba la atención que la tarea judicial se enfocara en los eslabones débiles del tráfico de drogas, los cuales, según él, debían “dejar de ser el centro de las investigaciones para tener una política seria en la lucha contra el narcotráfico”. Por último, Pérez Barbera señaló que las medidas impulsadas parecían considerar que “lo único eficaz [era] la persecución del tráfico menor”.^[12]

Finalmente, la legisladora opositora Liliana Olivero indicó que la eventual aprobación de la ley le “daría más poder a la policía provincial” –a la cual tildó de ser un “desastre”– y que atacaría “al eslabón más débil” de la cadena de las drogas, es decir, el consumidor. Para concluir, Olivero pronosticó un panorama desolador: “Vamos a llenar las cárceles de perejiles, adhiriendo a una ley que criminaliza la pobreza”.^[13]

Pese al amplio rechazo que la iniciativa suscitó, en junio de 2012, la provincia de Córdoba adhirió a la Ley de Desfederalización mediante la sanción de la Ley N° 10.067. La norma también creó el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, y estableció que el mismo estaría integrado por un Juzgado de Control y tres Fiscalías de Instrucción con competencia en los delitos indicados previamente. Las estructuras de los cuatro órganos anunciados serían determinadas por el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General de la Provincia.^[14] La ley entró en vigencia el 1° de diciembre de ese año, y estableció a Córdoba como la segunda provincia en adherir a la desfederalización luego de la adhesión de la provincia de Buenos Aires en 2005.^[15]

Posteriormente, distintos documentos e informes institucionales dieron cuenta del impacto que había tenido la adhesión a la Ley de Desfederalización en la provincia de Córdoba en tanto política pública de control del narcotráfico. Un antecedente a los mismos fue formulado por la Procuraduría de Narcocriminalidad del Ministerio Público Fiscal de la Nación analizando el caso de la provincia de Buenos Aires. El mismo es de utilidad para contraponer el principal argumento a favor de la desfederalización sostenido por las autoridades cordobesas –a saber, el hecho de que las policías provinciales podrían colaborar en la persecución de los delitos menores relacionados con el tráfico de drogas mientras que las policías y fuerzas de seguridad federales podrían abocarse de lleno a los delitos de mayor envergadura relacionados con esa actividad ilegal–, con lo que efectivamente ocurrió en la provincia bonaerense, donde se advirtió que ello no había ocurrido:

Uno de los objetivos frecuentemente citados en defensa de la Ley de Desfederalización –presentes en todo el debate parlamentario– es que la norma proporcionaría un instrumento para que las fuerzas de seguridad y las policías provinciales colaboren en la persecución de los ilícitos previstos en la Ley de Estupefacientes; mientras unos investigarían los delitos menores, los otros podrían abocarse exclusivamente a la investigación de los ilícitos más complejos. […]. La aplicación concreta de la norma no ha logrado ese objetivo. Más allá de los argumentos esgrimidos en su favor, la evolución de las cantidades de causas iniciadas, ya sea por comercialización agravada, transporte, almacenamiento y otras figuras no comprendidas en la ley 26.052, permiten demostrar que, desde la perspectiva de la competencia federal, la posibilidad de acceder al conocimiento de ilícitos más complejos ha disminuido considerablemente.^[16]

De esta manera, la Procuraduría de Narcocriminalidad daba cuenta de la imposibilidad de profundizar en investigaciones de carácter federal sobre organizaciones criminales derivada de la implementación de la desfederalización.

Un trabajo formulado dos años más tarde por la misma dependencia evidenció una tendencia similar en la provincia de Córdoba, e indicó que allí se había producido una marcada disminución de las causas por delitos complejos vinculados al tráfico de drogas ilícitas –conforme la Ley de Estupefacientes y el Código Aduanero en materia de tráfico de estupefacientes– a partir de la implementación de la desfederalización:

Causas iniciadas en la Justicia Federal por año (%).
Estupefacientes* vs. otros delitos. Córdoba

*Incluye causas iniciadas por delitos comprendidos en la Ley 23.737 y por contrabando de estupefacientes, Art. 866 del CA.
Elaboración propia sobre la base de PROCUNAR – Área de Información y Planificación Operativa, 2016.

Esta merma anual en las causas sobre estupefacientes iniciadas en la justicia federal responde directamente a la intervención de la justicia ordinaria cordobesa en los procesos vinculados a ese tipo de delitos. El informe mencionado manifiesta que “antes de la implementación de la Ley de Desfederalización, en el distrito [cordobés], el 66% de las causas iniciadas en la justicia federal investigaban hechos delictivos vinculados a estupefacientes”, y que “este número descendió drásticamente […] como consecuencia del traspaso parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes del ámbito federal al ámbito provincial”.^[17] Al observar los datos absolutos de las causas iniciadas por estupefacientes por año, así como también la tasa cada 100.000 habitantes, el panorama se vuelve aún más elocuente:

Causas iniciadas por estupefacientes* por año. Córdoba

*Incluye causas iniciadas por delitos comprendidos en la Ley 23.737 y por contrabando de estupefacientes, Art. 866 del CA.
Elaboración propia sobre la base de PROCUNAR – Área de Análisis de Información y Planificación Operativa, 2016.

Causas iniciadas por estupefacientes* cada 100.000 habitantes, por año. Córdoba

*Incluye causas iniciadas por delitos comprendidos en la Ley 23.737 y por contrabando de estupefacientes, Art. 866 del CA.
Elaboración propia sobre la base de PROCUNAR – Área de Análisis de Información y Planificación Operativa, 2016.

En Córdoba, la desfederalización aumentó las causas por infracciones menores a la Ley de Estupefacientes, pero las investigaciones de mayor envergadura por delitos de drogas tuvieron un descenso sistemático. Además, pese a haber experimentado una relativa reducción, el porcentaje de causas iniciadas en la órbita federal por tenencia simple o tenencia para consumo personal continuó siendo considerable:

Causas iniciadas por estupefacientes* según tipos de delito
más frecuentes por año (%). Córdoba

*Incluye causas iniciadas por delitos comprendidos en la Ley 23.737 y por contrabando de estupefacientes, Art. 866 del CA.
Elaboración propia sobre la base de PROCUNAR – Área de Análisis de Información y Planificación Operativa, 2016.

El informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad concluye la evaluación parcial de la desfederalización implementada en la provincia de Córdoba advirtiendo que “antes de la implementación de la Ley de Desfederalización en el distrito, el 74% de las causas iniciadas en la justicia federal investigaban delitos menores (tenencia simple y para consumo personal)”, y que ese número fue “descendiendo progresivamente como efecto, fundamentalmente, del traspaso de las causas por tenencia (simple y para consumo personal) a la justicia provincial”.^[18]

El objetivo de optimizar las investigaciones federales por delitos de drogas mediante la desfederalización no se alcanzó mediante la aplicación de la Ley de Desfederalización sino que, por lo contrario, se produjo una reducción de las mismas y un sostenimiento de los procesos iniciados por infracciones menores a la Ley de Estupefacientes.

Por cierto, la aplicación de la desfederalización en Córdoba también arrojó un notorio impacto en el aumento de las personas privadas de la libertad por infracción a la Ley de Estupefacientes en comparación a las cifras previas:

Personas privadas de la libertad en la provincia de Córdoba
por infracción a la Ley 23.737

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Sistema Nacional de Estadística de Ejecución de la Pena (SNEEP), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Al respecto, la defensora pública oficial ante los tribunales de primera y segunda instancia de Córdoba, Mercedes Crespi, analiza la experiencia de la desfederalización en Córdoba y manifiesta que, luego de implementada la ley, personas que habían obtenido la excarcelación por parte de la justicia federal volvieron a ser detenidas:

En los Tribunales Federales, luego de años de práctica y de aplicación de la Ley 23.737, se habían empezado a advertir las injusticias de su aplicación a rajatabla; entonces, dentro de la Justicia Federal teníamos ya algunas cosas un poco más aceitadas. Por ejemplo, los casos que no eran graves, el narcomenudeo, con un poquito de esfuerzo conseguíamos que se cambie la calificación a un delito menor, conseguíamos muchas excarcelaciones. A los seis meses de implementada la Ley, empecé a notar en la Defensoría que caían presas todas las personas que yo había conseguido la excarcelación. O sea, ¿qué fue lo primero que hizo la policía de la provincia, completamente empoderada por esta situación política favorable a la persecución? Fue a buscar a los que ya conocía y habían salido en libertad; era lo más fácil para todos y, por supuesto, no salían más […].^[19]

Por su parte, Gabriela Touzé destaca que la estrategia de desfederalización consistió en “una mayor persecución de personas usuarias y de los actores menores del tráfico [de estupefacientes]”.^[20] Además, el avance contra los delitos menores vinculados a la Ley de Estupefacientes terminó por debilitar o desestimar la persecución penal de delitos complejos vinculados a dicha ley por parte de la justicia federal.^[21]

Mientras la policía y la justicia de dicha provincia se abocaban a perseguir consumidores e infractores menores para implementar la política de desfederalización promovida por el gobierno provincial, los grandes grupos dedicados a la comercialización de estupefacientes se mantenían incólumes. En ese contexto, y apenas un año después de la implementación de la desfederalización, se produjo un caso de inusitada gravedad institucional que puso al descubierto la participación de algunos sectores del propio Estado cordobés en el tráfico ilícito de drogas en la provincia: el narcoescándalo.

2.2. El narcoescándalo

El 19 de julio de 2013, en la ciudad de Córdoba, Pierre^[22] fue divisado por dos mecánicos que presuntamente habían sido estafados por él. Los hombres lo siguieron hasta un bar, lo abordaron entre ambos y le propinaron una golpiza. Frente a la contienda desatada, los allí presentes llamaron a la policía. Los tres involucrados terminaron detenidos. Los mecánicos explicaron el trasfondo del conflicto, denunciaron al involucrado y, por orden de la justicia, se allanó su domicilio. Allí, los agentes policiales encontraron, aproximadamente, 340 mil dólares falsos. Pierre, finalmente, fue detenido y quedó a disposición del juez federal Ricardo Bustos Fierro. Mientras se encontraba alojado en la sección Defraudaciones y Estafas, solicitó la intervención particular de un comisario mayor de la policía cordobesa para recuperar la libertad. Sin embargo, el llamativo pedido formulado por el mencionado detenido no prosperó.^[23]

Pierre fue liberado y, el 8 de agosto, solicitó declarar como testigo protegido ante el juez Bustos Fierro y el fiscal federal Enrique Senestrari. En su testimonio denunció una trama vincular entre policía y narcotráfico en Córdoba, dando inicio a uno de los más emblemáticos casos de corrupción policial vinculada al tráfico ilícito de estupefacientes de los últimos años en el país. Una crónica periodística lo sintetiza de la siguiente manera:

[Pierre] se dedicaba a […] hacer negocios con autos y changas para la policía de Córdoba. Actuó de agente encubierto, de narco, de abogado, de policía y de militar. En julio de 2013 se peleó en público con un hombre al que estafó. Lo detuvieron, allanaron la casa y encontraron 341 mil dólares falsos. Sus amigos policías le soltaron la mano y decidió contar todo: así empezó el narcoescándalo.^[24]

Pierre indicó en su declaración que el dinero hallado en su domicilio pertenecía a un vendedor de drogas local al cual la División General de Lucha contra el Narcotráfico (originalmente denominada División Drogas Peligrosas y, habitualmente, llamada de esta forma)^[25] de la Policía de Córdoba le habría robado un millón de dólares en un allanamiento ilegal del cual él había formado parte. Además, alegó haber sido reclutado por la policía provincial en el año 2010 como personal de apoyo en tareas policiales vinculadas al narcotráfico en Córdoba. Su labor consistía en conectar a un grupo de integrantes de la policía cordobesa con los actores locales vinculados al tráfico de drogas. Pierre indicó que “esos operativos no siempre seguían las normas”, y explico detalladamente cómo funcionaba la organización:

[En su declaración, Pierre] trazó una red policial que se quedaba con un diez por ciento de la droga incautada para su reventa, que plantaba narcóticos a sospechosos cuando había que subir la estadística de arrestos y que cobraba a los narcotraficantes por protección o para que se perdiesen las pruebas en su contra.^[26]

Sus declaraciones tuvieron una amplia repercusión a nivel provincial. En una entrevista brindada en un programa de televisión local, Pierre indicó que utilizaban su casa como “base de operaciones” y que, pese a no integrar la institución, formo parte de diversos procedimientos:

Yo no pertenezco a la policía. Se fue formando una especie de amistad o [relación de] sometimiento […]. Por amenazas o por muchas cosas, [Carlos, Gustavo, Luis, Eduardo, Luca y Ricardo] agarraron [mi] casa como base de operaciones. […]. Agarraron esta casa de base de operaciones. Secuestros de drogas, “secuestros de droga” entre [comillas], ¿no? Porque era droga que de los procedimientos se la quedaban ellos y no figuraba en los secuestros. Entonces esa droga la dejaban acá y, desde acá, se encargaban de venderla.^[27]

A partir de las declaraciones realizadas por Pierre ante la justicia y en la entrevista mencionada, la justicia federal de Córdoba decidió revisar todos los procedimientos vinculados a narcomenudeo desde el año 2010 debido a las “constantes irregularidades que habrían cometido los policías”.^[28]

Por cierto, apenas tres días antes de la detención inicial de Pierre, el 16 de julio de 2013, un grupo de hombres vestidos con el uniforme de la policía cordobesa secuestraron a Rodolfo, uno de los dueños de un conocido boliche. Rodolfo apareció a la una de la mañana del sábado siguiente atado de pies y manos en un automóvil en pleno centro. En las cercanías del lugar se halló una bolsa con chalecos antibalas y una gorra correspondiente al uniforme policial cordobés. Por cierto, el comisario general mencionado oportunamente por Pierre intervino en la negociación por la liberación del rehén, pero lo hizo sin reportar el hecho a la División Antisecuestros, a contramano de lo establecido en el protocolo policial vigente para ese tipo de procedimientos. Este hecho, sumado a las declaraciones de Pierre, motivaron una serie de allanamientos en la jefatura policial realizados por personal policial federal.^[29]

Entretanto, el 7 de septiembre de 2013, el oficial Diego –mencionado por Pierre en su declaración ante la justicia y en la entrevista periodística como uno de los integrantes policiales de la organización criminal denunciada– fue hallado con un disparo en la cabeza en su automóvil.^[30]

El 11 de septiembre de 2013, por orden del juez federal Bustos Fierro, se realizaron múltiples procedimientos –entre los que destacaron los efectuados en las oficinas de la División Drogas Peligrosas ubicadas el edificio de la jefatura policial cordobesa, así como también las oficinas del área de Narcomenudeo– para arrestar a los policías involucrados en la trama criminal descripta por Pierre. Como resultado, fueron detenidos el comisario Mayor Carlos –jefe de la División Drogas Peligrosas–, el comisario Ricardo, el oficial Gustavo, el sargento Luis y el suboficial Luca. Todos ellos quedaron detenidos en la cárcel de Bouwer, acusados de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica. Al día siguiente, secuestraron cocaína y marihuana sin declarar en oficinas de la Policía de Córdoba, así como también dos pistolas con la numeración limada.^[31] Cabe destacar que, en el marco de esa causa, también se encontraban imputados (aunque sin prisión preventiva) el anterior jefe de Drogas Peligrosas, Miguel –sospechado de haber cometido delitos similares–, y los comisarios inspectores Gabriel, jefe de distrito, y Alberto, del área de investigaciones, ambos vinculados a la causa del secuestro.^[32]

Ese mismo 11 de septiembre, el jefe de Gabinete del gobierno cordobés alegó que los estupefacientes sin declarar hallados en las dependencias policiales eran utilizados para “entrenar a los perros antinarcóticos” de dicha institución.^[33]

Según una crónica del periodismo de investigación local, los pilares de la acusación judicial contra los funcionarios policiales fueron los siguientes:

[Primero], el agente encubierto [Pierre] denunció ante la justicia federal que varios policías de Narcotráfico extorsionaban a narcotraficantes, les robaban drogas y que se las daban a otras personas para revenderlas. Además, dijo que se detenía a personas tras engañar a jueces federales y se les armaban causas falsas (de allí la imputación por “privación ilegítima de la libertad”). Indicó que los policías lo sometían para usarlo como agente encubierto en operaciones contra narcos, algo que está prohibido porque no es personal policial. [Segundo], los policías bajo sospecha habrían cobrado coimas a narcos para dejarlos “trabajar” tranquilos en Córdoba y darles “beneficios”. Aquellos narcos que no arreglaban, eran amenazados. […]. [Tercero], los efectivos [estaban] sospechados de “plantar” drogas en procedimientos. […]. [Cuarto], el presunto hecho de que los policías de Narcotráfico vendían por su cuenta o hacían comercializar drogas, bajo amenazas a otras personas. [Quinto], el 16 de julio, […] uno de los dueños [del boliche] fue secuestrado por una banda de delincuentes vestidos como policías; y el comisario mayor [Carlos] habría intercedido en el pago de rescate de 100 mil pesos para que sea liberado vivo, ya que presuntamente era su amigo. [Carlos] habría intentado montar un confuso operativo para dar con los captores. El secuestrado apareció sano y salvo, pero del dinero y de los captores, ni noticias. A [Carlos] se le achaca, por un lado, haber montado el operativo de pago y, por otro lado, no haber alertado a la Justicia federal sobre el secuestro, máxime aun teniendo en cuenta que era policía.^[34]

Según indicó el fiscal federal Senestrari, lo ocurrido con el dueño del boliche se relacionaba con lo indicado por Pierre y tenía un trasfondo narco, ya que, según él, “en [el boliche] se comercializaba una parte de la droga que se secuestraba en operativos de la División Drogas Peligrosas”.^[35] De esta manera, para la justicia federal el material probatorio daba cuenta de la existencia de un sector al interior de la policía provincial involucrado en distintas actividades ilícitas, a tono con lo planteado por Pierre en sus declaraciones.

El 13 de septiembre, el ministro de seguridad provincial, Alejo Paredes –quien se había desempeñado anteriormente como jefe de la policía cordobesa durante la gestión de Juan Schiaretti como gobernador provincial– y el jefe de policía cordobés, Ramón Frías, presentaron su renuncia.^[36] En su carta de dimisión, Paredes manifestó que los hechos que se estaban investigando en la justicia estaban exclusivamente “circunscriptos a la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico” y que los mismos estaban siendo utilizados “para involucrar a toda la institución policial” en los delitos investigados. Además, renunciaron el subjefe de la policía y el director de investigaciones.^[37]

Frente a la salida del titular de la cartera provincial de seguridad y del jefe policial, la oposición se pronunció, fundamentalmente, con alocuciones de carácter político. Es decir, sin formular definiciones sustantivas sobre el problema en cuestión ni proponer planes de acción alternativos para alcanzar una política de estado en materia de control del narcotráfico a nivel provincial que permitiera desarrollar mecanismos de control sobre la corrupción policial vinculada a dicho delito.

El presidente del bloque legislativo de la Unión Cívica Radical, Eduardo Yuni, se mostró a favor de las salidas de ambos funcionarios e indicó, únicamente, que a partir de la sucesión de los hechos previamente descriptos esperaba “poder debatir democráticamente sobre la seguridad” en la provincia. Consideró, además, que “sería muy mezquino pensar en cuestiones sectoriales cuando [estaba] en juego la seguridad de todos los cordobeses”.^[38]

La diputada provincial del Frente de Izquierda, Liliana Olivero, señaló que el responsable de la crisis institucional desatada era el gobernador cordobés, así como también que los funcionarios renunciantes debían ser investigados. A su vez, Olivero manifestó que era necesaria una “fuerte depuración” de la policía provincial.^[39]

Finalmente, la presidenta del bloque del Frente Cívico y Social, Liliana Montero, fue crítica con la “improvisación” que mostró la administración delasotista y resaltó la necesidad de un debate amplio para dar respuestas a la inseguridad y el narcotráfico.^[40]

Por otro lado, el 16 de septiembre de ese año, la policía Carmen fue hallada con un disparo en la cabeza, en lo que constituyó un presunto suicidio. En aquella ocasión, tal como había ocurrido con la muerte de Eduardo, el fiscal Senestrari solicitó que este hecho quedara bajo su órbita, por considerar que podía guardar relación con la trama narco-policial que se había ventilado durante los últimos meses.^[41]

El 26 de septiembre, por orden de Senestrari, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) llevó adelante un segundo allanamiento en la jefatura de la Policía de Córdoba, motivada por un aviso del nuevo jefe de policía, César Almada, quien denunció que la esposa de Carlos había intentado retirar pertenencias del detenido de la dependencia policial.^[42]

Ese día, se hizo público que la División Drogas Peligrosas había ocultado sumarios de casos vinculados a tráfico ilícito de estupefacientes, al menos, desde 2009. Además, por la reiterada desaparición de estupefacientes incautados en procedimientos, el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano le indicó a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que la droga se la estaba “robando hace cuatro años la policía” de Córdoba.^[43]

El 3 de octubre, el juez Bustos Fierro dictó el procesamiento de Carlos con prisión preventiva por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.^[44]

Por su parte, el 7 de octubre, Senestrari ordenó un tercer allanamiento en las áreas de Finanzas, Armamentos y Adicionales del edificio principal de la Policía de Córdoba, con el fin de obtener información y documentos relacionados con el pago de viáticos al personal involucrado en la causa, así como también para dar cuenta de los movimientos en el stock de chalecos antibalas, tras el hallazgo de varios de ellos en el domicilio de uno de los efectivos policiales involucrados en el narcoescándalo.^[45]

A mediados de ese mes, el gobernador de la Sota ensayo una particular defensa de su administración al politizar de lleno el narcoescándalo y señalar que los hechos graves vinculados con el tráfico de drogas parecían ocurrir “solamente en las provincias que [tenían] una posición opositora, como Santa Fe y Córdoba”, y se preguntó si en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se producían hechos de ese calibre. Seguidamente, el mandatario provincial manifestó que el problema eran “los carroñeros, los que [pretendían] utilizar problemas tan graves para una elección”, y concluyó argumentando que “todos los que [querían] hacer política con el narcotráfico solo [favorecían] a los narcos”, ya que era “un tema de toda la sociedad que [había llegado] para quedarse”.^[46] Los dichos del gobernador se enmarcaron en una feroz interna con el gobierno nacional, tal como señalan los investigadores Mariana Carbajo y Andrés Buzzetti, quienes analizan los cambios de postura adoptados por el gobernador cordobés en relación con el conflicto abordado:

La visibilidad pública del [narcoescándalo] se dio durante el período de elecciones legislativas nacionales (entre las [Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y las Elecciones Generales]). Esto provocó una alta politización del conflicto, que se coló en las disputas del delasotismo con el gobierno nacional, en el contexto de la campaña electoral. En ese escenario, la respuesta política a la problemática criminal develada por el [narcoescándalo] fue de […] silencio oficial en los inicios del conflicto, respaldo institucional al ministro y a la cúpula policial, demoras en el apartamiento de sus cargos de los policías imputados y de las autoridades de la cartera, defensa de la institución policial, relativización de la veracidad de los testigos, justificación de drogas incautadas en allanamientos en sedes policiales, [y] cruces con la oposición para diluir responsabilidades.^[47]

A fines de octubre de 2013, el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Félix Crous, respaldó públicamente a Senestrari por su desempeño en el marco de la causa del narcoescándalo y descartó cualquier “visión conspirativa” sobre la causa con relación a posibles usos políticos de la misma. Asimismo, destacó la labor de Senestrari aun con las falencias del Ministerio Público:

No sólo respaldamos la tarea del fiscal, sino que la ponderamos como sobresaliente. Además, reconocemos que lo que está haciendo con las limitaciones de recursos que siempre tiene la estructura de un Ministerio Público que todavía está largamente desactualizado para los requerimientos que debe afrontar.^[48]

Crous también hizo referencia a la relación entre crimen y policías, y manifestó que “encontrar fuerzas estatales involucradas con la criminalidad” no era algo que sorprendiera. En esta dirección, el funcionario judicial manifestó que esto era “algo espinoso” porque, en definitiva, las policías son “las herramientas con las que cuenta la ciudadanía para combatir el crimen y no para que se cometan crímenes”.^[49]

A inicios de noviembre, el juez Bustos Fierro ordenó dos nuevas detenciones en el marco de la causa: la de Norberto, jefe de inteligencia antidrogas de la División Drogas Peligrosas, y de una subcomisaria que cumplía funciones en dicha dependencia.^[50]

Entretanto, la ministra que reemplazó a Paredes al frente del Ministerio de Seguridad de la provincia, Alejandra Monteoliva, brindó una conferencia de prensa en la cual negó la existencia del narcoescándalo e indicó que dicha denominación era “perjudicial” para la institución policial cordobesa:

Hay términos que implican un maltrato institucional. Señalar a los policías y meter a todos en la misma bolsa es perjudicial para la institución. Titular, por ejemplo, que esto es un narcoescándalo es muy perjudicial. […]. [El término] es inadecuado; hay más escándalo que narcoescándalo. ¿Qué tenemos en concreto? Hay una causa y un grupo de personas que son investigadas. Pero ¿qué más sabemos? ¿Qué información tenemos para hablar en esos términos? Narcoescándalo es otra cosa. […]. [Esto] es una crisis generada a partir de una serie de elementos en el interior de sólo un área de la institución, como es la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico, y que se ha manejado desde afuera de una manera pocas veces vista. […]. Podríamos hablar hasta de ciertos errores en procedimientos o irregularidades. Pero de allí a decir que aquellos que los cometieron sean narcotraficantes, hay mucha distancia. Cuando esta situación se resuelva, cuando se compruebe lo que realmente sucedió, no sé con qué cara vamos a mirar a los que hemos culpado con tanta severidad, a los que hoy están detenidos y hemos tildado como narcopolicías.^[51]

Luego de la asunción de Monteoliva al frente del Ministerio de Seguridad cordobés, la oposición volvió a pronunciarse para señalar que las medidas tomadas por el gobierno eran insuficientes. Liliana Montero, del Frente Cívico y Social, indicó que advertía una “continuidad” en los cambios formulados y que los mismos eran “cambios coyunturales” que daban cuenta de “la continuidad de una política”. En este sentido, Montero señaló que, si ante una crisis como la desatada en la provincia el camino a seguir era la continuidad, la situación era “para preocuparse y [mirar] con atención”. A su vez, destacó que la funcionaria entrante era parte del equipo de trabajo del ministro saliente, así como también que la misma adeudaba respuestas a distintos pedidos de informes respecto de las estadísticas delictivas de la provincia:^[52]

[De la Sota intenta] generar un golpe de efecto, pero nadie es ingenuo. [Monteoliva] es alguien que venía trabajando en el ministerio bajo las órdenes de Alejo Paredes y fue puesta por él. Trabaja en el Observatorio del Delito, división respecto de la cual tenemos pedidos de informes para saber qué se hace y no hemos tenido respuesta.^[53]

Eduardo Yuni, jefe de la bancada legislativa de la Unión Cívica Radical, señaló que era necesaria una “discusión sobre la ley de seguridad de la provincia, [para] garantizar una estructura legal ágil y transparentar la situación de la policía de cara a la sociedad”. Además, manifestó que “el problema de la inseguridad” no pasaba por la selección de un jefe policial, sino que era “estructural” y debía ser debatido de manera conjunta.^[54]

Por su parte, la legisladora del Frente de Izquierda, Liliana Olivero, señaló que el gobierno no sabía qué hacer y que la policía cordobesa seguía “siendo hija de la D2”, en alusión al Departamento de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba, con lo cual, mantenía vinculación con la última dictadura cívico-militar, lo que daba cuenta, según Olivero, de la necesidad de una “depuración”.^[55]

Por último, el diputado provincial por Encuentro Vecinal Córdoba, Aurelio García Elorro, señaló que “el problema de la policía [era] quizás, en parte, por culpa de la política” y que el ingreso de Monteoliva “sola” y “en medio de una estructura policial” consolidada y sin modificar no daría resultados.^[56]

Durante noviembre de ese año, Senestrari brindó una entrevista para dar algunas precisiones respecto de la investigación a su cargo. En ella realizó una síntesis de los dos principales hechos que ventilaron los nexos entre un sector de la policía provincial y distintas actividades ilícitas, es decir, el secuestro de uno de los dueños del boliche y las declaraciones oportunamente formuladas por Pierre:

La investigación se inició hace muy poco tiempo y tiene dos hechos raíz, que si bien no son el inicio de la investigación en sí, fueron dos señales de alerta muy fuertes. El 16 de julio hubo un secuestro extorsivo muy sospechoso en el que el jefe de la dirección de drogas de la Policía, [Carlos], intervino en el procedimiento, fracasó en el intento de frustrarlo y se abstuvo, de un modo claramente intencional, de dar intervención al fiscal federal de turno. Este secuestro era a personas íntimamente relacionadas con él y que podrían estar involucradas con esta causa. Por otro lado, dos días después de ese hecho es detenido [Pierre]. Esta detención se da en un marco muy particular y que nada tiene que ver con los hechos posteriores. Ocurre por una estafa con dólares falsos. En su casa se encuentran 340 mil dólares y lo raro es que su detención se produce por instancia de los damnificados. A partir de este último hecho, se produce el cambio de actitud de [Pierre], que pasa de ser una especie de agente encubierto ilegal, víctima o cómplice –no está claro todavía–, a relatar los hechos donde estaba involucrado. Dice que le soltaron la mano y no lo ayudaron (y, en este sentido, relata la presencia de [Carlos] al momento de su detención y cómo [éste] lo ignora y se va). Luego, se resuelve su excarcelación, pasan unos días de silencio y finalmente se comunica con el tribunal y dice que quiere hablar, que tiene cosas para decir como “arrepentido”. Esto llega a principios de agosto a la fiscalía remitido por el juzgado. Ahí se inicia la investigación y se intervienen los teléfonos de [Carlos] y de otras personas. Luego aparece también el informe periodístico, donde [Pierre] accede a hablar con los periodistas como –esto dice él–, modo de protección, de darse seguridad. […]. Para mí, esto tiene cuatro patas: actividad de un agente encubierto ilegal, fraguado de causas a través de una maniobra ilegal, la sustracción del estupefaciente y, la pata más grave, que es saber si se dedicaban a la comercialización.^[57]

Senestrari señaló que la vinculación de la policía provincial con el narcotráfico en Córdoba no respondía a hechos aislados, sino que se enmarcaba en “un problema de connivencia policial estructural”:^[58]

Estamos hablando de más de tres años de trabajo de una dirección de policía, donde todos son policías antiguos de la Dirección de Drogas [Peligrosas], donde no hay gente nueva. Esto estaba instalado, uno ve la repetición de casos y ve que hay ramificaciones. Entonces, por supuesto que creo que es estructural, que no se trata de algunos policías.^[59]

Finalmente, el fiscal federal alertó sobre la falta de apoyo político e institucional a la investigación que llevaba adelante, y refirió tener la sensación de que la investigación que estaba conduciendo incomodaba a las estructuras gubernamentales:

Un jefe de policía, un ministro de seguridad, uno de desarrollo social, un jefe de gabinete, [y] el propio gobernador están hablando en contra del trabajo de la fiscalía sin que ninguno de ellos conozca el contenido de la investigación. Es decir, hablamos de las máximas autoridades políticas de una provincia en contra de un fiscal y de una fiscalía con quince empleados que están haciendo su trabajo. Entonces sí, tengo la sensación de que estamos caminando sobre una cama de brasas y que hay que tener mucho cuidado, porque hay un poder político enojado que observa con lupa dónde pueden pegar para bajar a un fiscal que los está molestando.^[60]

El 5 de febrero de 2014, en tanto, el juez Ricardo Bustos Fierro dictó el procesamiento de los policías involucrados en el hecho por asociación ilícita. Según el juez, tanto Miguel como Carlos, en su carácter de jefes de la asociación ilícita, “habrían realizado todo un plan para generar negocios ilícitos”, mediante la utilización de Pierre como “agente encubierto y/o agente provocador en algunos casos”, y todo ello “sin dar aviso a la Justicia porque habrían conocido que este sujeto no formaba parte de ninguna fuerza de seguridad”.^[61]

En el caso de Miguel y Carlos, el magistrado consideró que había “elementos suficientes” para procesarlos por los delitos de asociación ilícita y violación de los deberes de funcionario público, en carácter de coautores. En el caso de Carlos, se ratificó, también, su prisión preventiva. En cuanto al resto de los policías, también se ratificó su prisión preventiva y se los procesó por los mismos delitos. Por su parte, Pierre fue procesado como integrante de la asociación ilícita, así como también por extorsión en carácter de partícipe necesario, y falso testimonio agravado en carácter de autor, y fue dejado en libertad. En aquella ocasión, el juez dictó el sobreseimiento de los procesados por asociación ilícita en relación a los delitos de falso testimonio, falsificación de documento público, privación ilegítima de la libertad y robo calificado. A su vez, estableció el sobreseimiento de todos los cargos imputados a la suboficial que cumplía funciones en la División Drogas Peligrosas.^[62]

El fiscal Senestrari se mostró de acuerdo con el fallo de Bustos Fierro, particularmente, porque confirmaba la asociación ilícita y mantenía la prisión preventiva de los principales acusados. Sin embargo, manifestó su rechazo al sobreseimiento de los involucrados en los delitos indicados previamente puesto que, según él, se contaba con el material probatorio necesario para demostrar tales hechos.^[63]

Luego de una serie de apelaciones –entre ellas, la del propio fiscal Senestrari–^[64], en mayo de ese año, la Sala A de la Cámara Federal de Córdoba dejó firme el procesamiento de los reprochados mencionados previamente.^[65]

Como apunta un periodista que siguió de cerca la trama del narcoescándalo, el procesamiento de los involucrados no refirió a la estructura que posibilitó su accionar:

El juez federal Ricardo Bustos Fierro decidió limitar las responsabilidades por las graves irregularidades de las investigaciones sobre los narcos de Córdoba en el espectro policial. Y sólo en un área específica: la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico. No hay en los procesamientos que acaba de dictar ninguna línea que permita vincular lo que ocurrió entre 2010 y al menos septiembre de 2013 con la cúpula policial de entonces, y menos aún con la estructura política. En medio de un año electoral como el que pasó, el escándalo les costó el puesto al jefe policial Ramón Frías y al entonces ministro de Seguridad, Alejo Paredes. Pero hasta el momento no hubo repercusiones judiciales que excedieran al área específica de la fuerza encargada de reprimir el narcotráfico. […]. ¿Permitirá un avance en la acusación comprender cómo fue posible que durante un poco más de tres años y medio un grupo de policías, incluidos dos altos mandos, fabricaba supuestamente causas, robaba droga, la vendía y hacía apresar a sospechosos sin que nadie lo advirtiera?^[66]

Finalmente, en octubre de ese año, el fiscal Senestrari, junto al titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Félix Crous, presentaron el requerimiento de elevación a juicio contra Carlos, Norberto, Ricardo, Gustavo, Luis y Luca. Además, se requirió la elevación a juicio de Pierre, quien se encontraba prófugo.^[67]

En aquella ocasión, Senestrari manifestó que dicha solicitud era “la culminación de una investigación muy compleja, que implicó un gran trabajo por parte de toda la fiscalía y que tuvo una amplia repercusión en la provincia”. En tanto, Crous señaló que la Procuración había decidido “expresar su apoyo institucional” en un momento clave para el proceso como lo era el requerimiento de elevación a juicio, y destacó que no sólo lo hacía porque era “una investigación muy relevante con fuerte impacto en la vida institucional de la provincia”, sino “como muestra de valorización de las muchas dificultades que debió afrontar el fiscal” Senestrari para llegar a esa instancia.^[68]

El juicio contó con la actuación de un tribunal pluripersonal compuesto por los magistrados Miguel Hugo Narvaja, Mario Eugenio Garzón y Daniel Herrera Piedrabuena. Ellos juzgaron la presunta comisión de delitos por Pierre y los agentes policiales previamente mencionados en cuatro hechos particulares, detallados por los fiscales a cargo de la acusación. El hecho primero destacó, en primer lugar, que desde una fecha no establecida, ubicada entre 2010 y 2014, y en el marco de las actividades desplegadas por la División Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba, “el comisario mayor [Gustavo] se valió de la estructura jerárquica y de los roles de la dependencia mencionada” junto con “la intervención de parte del personal subalterno de la misma”, –entre quienes se encontraban Luis, Gustavo, Ricardo y Norberto– para la comisión de una serie de delitos, tales como “la generación de sumarios policiales basados en información falsa”, con la “incorporación en las tareas de investigación a modo de agente encubierto y/o agente provocador del encartado [Pierre] y de [Andrés]”, quienes habían tomado contacto con un número no determinado de personas incluidas en distintas investigaciones por delitos relacionados con la ley de Estupefacientes, “haciéndose pasar por interesados en hacer negocios con ellos, en comprar estupefacientes o en gestionar para ellos operaciones relacionadas con dichas sustancias”.^[69]

En ese marco, los magistrados indicaron que “los encartados se valieron de [Pierre] para hacerlo figurar como testigo en sumarios y en procedimientos o para hacerlo pasar como familiar, abogado y otras actividades a determinar para contactarse con investigados y/o familiares de personas detenidas” en procedimientos relacionados con el accionar institucional de la División Drogas Peligrosas, con el objeto de exigir de forma individual, o en compañía de miembros de dicha división, el “pago de sumas de dinero a cambio de favorecerlos ante los tribunales” por medio de “la entrega de sumarios o documentos” o bien “bajo la amenaza de agravar su situación procesal”, inclusive, por medio de la aparición entre sus pertenencias de estupefacientes en aras de “motivar su detención y procesamiento”.^[70]

Otras de las acciones reprochadas en el marco del primer hecho documentado por los funcionarios judiciales giraron en torno al “cobro de montos periódicos de dinero” a distintas personas a cambio de “permitirles realizar su actividad de venta de estupefacientes sin interferir” con investigaciones y procedimientos judiciales; la “sustracción de todo o parte del estupefaciente” hallado en allanamientos originados por investigaciones desarrolladas por los propios efectivos policiales involucrados y llevados a cabo con la participación de [Pierre] o [Andrés] con el fin de “usar una parte para el proceso de ‘embagayar’ personas” y otra para su comercialización en un local nocturno y en un bar; y, finalmente, la “sustracción de pertenencias a los investigados” tales como relojes, objetos de valor, cadenas, y dinero en efectivo.^[71]

Finalmente, y como consecuencia de las actividades previamente mencionadas, los jueces señalaron que la organización reprochada “generó informes ideológicamente falsos”, “manipuló las transcripciones de intervenciones telefónicas a los efectos de ocultar la presencia y la identificación del agente encubierto ilegal y de otras circunstancias de la investigación que [pudieran] comprometer su responsabilidad” y “prestaron declaraciones testimoniales falseando la información acerca de diversas investigaciones realizadas”. A su vez, por medio de esos actos, y “engañando a los diversos tribunales y fiscales federales intervinientes”, estos agentes “obtuvieron órdenes de allanamiento y de detención contra las personas investigadas, privándolas ilegalmente de su libertad”. De igual forma, provocaron que los integrantes del Ministerio Público Fiscal interviniente en cada caso formularan requerimientos de instrucción, de elevación a juicio e, inclusive, alegatos y pedidos de condena a personas que efectivamente se encontraban cumpliendo con su pena en establecimientos carcelarios.^[72]

Como segundo hecho, los magistrados dieron cuenta de que, en el marco de la asociación ilícita descripta en el primer punto, y en ocasión de una investigación por averiguación de ilícito registrada en la Fiscalía Federal N° 2 de Córdoba, en 2010 se allanó la vivienda de un particular. En aquella ocasión, el oficial a cargo del operativo solicitó al habitante de la vivienda la suma de ocho mil pesos a cambio de “arreglar el procedimiento”, lo cual fue aceptado por el suscripto. Para la concreción del acuerdo, el oficial le suministró los datos de contacto de Pierre y le indicó que debía comunicarse con esa persona. Seguidamente, una hermana del sujeto allanado se contactó con el contacto en cuestión, quien le manifestó que debían entregar quince mil pesos en dos cuotas, siendo la primera de ocho mil pesos tal como había establecido el oficial de la policía cordobesa. Frente a la imposibilidad de juntar el dinero por parte de la hermana del sospechoso, ésta recibió un mensaje de su otra hermana en el cual refería que el efectivo policial a cargo del operativo había pasado por su casa y la había amenazado diciéndole que, si no entregaban el dinero, se llevaría a una de ellas. Frente a las amenazas, y luego de una comunicación telefónica con Pierre, la hermana del sujeto perseguido se reunió con él en un bar y le entregó los ocho mil pesos. Pese a ello, y frente a la solicitud de liquidar toda la deuda por el total de quince mil pesos, la misma volvió a juntarse con Pierre para entregarle 3 mil pesos, ante lo cual éste le indicó que “no los molestarían más”. Por cierto, además de “haber invocado el título de abogado durante toda la maniobra extorsiva”, el 19 de noviembre de 2010 Pierre se presentó en la Unidad de Contención de Aprehendidos y se identificó como el abogado de un recluso hermano de las personas con las que negociaba afuera, exhibiendo una credencial falsa que lo acreditaba como abogado matriculado federalmente.^[73]

Como hecho tercero, los jueces dieron cuenta de que, en el marco de la asociación ilícita descripta en el primer punto, el 8 de abril de 2011, los imputados dispusieron el inicio de un sumario policial designando, en una primera instancia, a un oficial como instructor del mismo pero, frente a la escasa actividad que demostró el desenvolvimiento del sumario, éstos dispusieron removerlo y poner a cargo al sargento Luis, de la División Drogas Peligrosas. En esa investigación se manejaba la hipótesis de que dos sujetos se dedicaban a la producción y comercialización ilícita de drogas en un domicilio ubicado en la localidad de Villa Ciudad de América de la provincia de Córdoba. En el transcurso de la misma, los efectivos de la organización referidos en el primer punto incorporaron a la pesquisa, de manera ilegal y sin respetar los procedimientos establecidos a tales fines, a Pierre –quien no revestía estado policial en ninguna fuerza o policía– para que realice encubiertamente tareas de investigación haciéndose pasar por comprador de la vivienda mencionada y, de este modo, averiguar si efectivamente el apuntado elaboraba estupefacientes. Los efectivos policiales, en tanto, presentaron ante el Juzgado Federal Nro. 2 distintos pedidos de intervenciones telefónicas y allanamientos, ocultando la participación encubierta de Pierre en el desarrollo de la investigación. Engañado por los policías, el juez federal Alejandro Sánchez Freytes aceptó las medidas solicitadas.^[74]

En este marco, el 15 de septiembre de 2011, los policías cordobeses, dando curso a la orden de allanamiento obtenida de manera fraudulenta, y bajo el control operacional del comisario Ricardo, ingresaron a la vivienda del sospechoso. En ese evento, los efectivos policiales labraron un acta de allanamiento y secuestro apócrifa, donde hicieron constar el secuestro de poco más de dos kilos y medio de cocaína. Luego de ello, y por medio de la intervención del juez, obtuvieron la orden para la privación de la libertad de los investigados. Finalizado el procedimiento, las actuaciones quedaron radicadas en el Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Córdoba, motivando la intervención del fiscal interviniente a través de un requerimiento de instrucción imputando a las personas detenidas la comisión de delitos contemplados en la Ley de Estupefacientes, luego de lo cual se les tomó declaración a los moradores de la vivienda allanada por las autoridades policiales. Uno de ellos denunció en su declaración indagatoria irregularidades en el procedimiento, vinculadas con el secuestro de la droga y con el robo de joyas de oro de su propiedad. Acto seguido, el juez citó a declarar a Pierre, dado que el imputado lo había mencionado en su declaración, indicando que éste le había indicado que era abogado, que trabajaba en el área de inteligencia del ejército y que estaba interesado en la vivienda de su propiedad.^[75]

Finalmente, como hecho cuarto, los jueces establecieron que, en el ámbito de la asociación ilícita descripta inicialmente, los imputados dispusieron el inicio de un sumario policial que, en una primera etapa estuvo a cargo del comisario Norberto de la División Drogas Peligrosas pero, posteriormente, quedó en manos del oficial Eduardo y, finalmente, a cargo de un tercer oficial hasta la realización de los procedimientos. Durante la conducción de la investigación por parte de los tres efectivos mencionados, una policía absuelta colaboró en la misma realizando las transcripciones de las escuchas telefónicas a los sujetos investigados. Los policías incorporaron sin respetar los procedimientos establecidos a tales fines y de manera ilegal a Pierre como participante en la investigación para que desarrollara tareas investigativas a título de agente encubierto. Para ello, Pierre se hizo pasar como personal del ejército para ofrecerles un negocio vinculado con estupefacientes a los dos sujetos investigados y, de esta manera, obtener información sobre la actividad criminal desarrollada por los mismos. Los policías involucrados en esta maniobra presentaron ante el Juzgado Federal N° 1 distintos pedidos de intervenciones telefónicas y órdenes de allanamiento, ocultando la participación ilegal de Pierre en el caso, ante lo cual el juez Bustos Fierro dio curso a las medidas mencionadas. Así las cosas, el 8 de abril de 2013, los policías referidos previamente, ingresaron –por medio de la invocación de las órdenes de allanamiento fraudulentamente obtenidas– a la vivienda de uno de los sujetos investigados, donde documentaron el secuestro de una considerable cantidad de estupefacientes, lo que quedó establecido en el acta apócrifa elaborada a tales fines. Luego de ello, previa consulta al juez Bustos Fierro, obtuvieron la orden para la privación de la libertad del sujeto involucrado. Posteriormente, todo este accionar motivó la intervención de la fiscalía federal mediante un requerimiento de instrucción imputando a las personas detenidas la comisión de delitos contemplados en la Ley de Estupefacientes.^[76]

En definitiva, los policías cordobeses mencionados llevaron a cabo distintas maniobras ilegítimas tanto para el armado de causas, como para la obtención de dinero y la extorsión de personas vinculadas con personas detenidas, entre otros ardides. Todo ello sacando ventaja de su condición de funcionarios policiales.

Alegando falta de pruebas, las autoridades judiciales resolvieron, por unanimidad, condenar a Carlos, Norberto, Ricardo y Luis, únicamente, por el delito de violación de los deberes de funcionario público y a Gustavo por los delitos de extorsión y violación de los deberes de funcionario público. Los jueces concluyeron que no existió una asociación ilícita. El ex jefe de la división, Carlos, quedó en libertad.^[77]

Luego de la interposición de un recurso de casación por parte del Ministerio Público Fiscal de la Nación, el 26 de junio de 2019, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, mediante los jueces Carlos Mahiques y Eduardo Riggi, revocó las absoluciones dispuestas por el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba y demostró la existencia de una asociación ilícita liderada por Carlos:

El máximo tribunal nacional lleva dicho que el delito de asociación ilícita requiere de la existencia de un acuerdo previo de voluntades, al menos tácito, sobre la finalidad de planificar y ejecutar una pluralidad indeterminada de delitos En el caso, la confirmación del acuerdo previo está dada por las actividades unívocamente demostrativas de la existencia de la asociación, tales como utilizar ilegalmente civiles en tareas de investigación de delitos relacionados con la ley 23.737 […]; negociar con los mismos su intervención […]; generar informes falsos (como ser las trascripciones de las escuchas telefónicas en las que omitían información relevante); omitir remitir al juzgado correspondiente estupefacientes secuestrados en ejercicio de sus funciones; y exigir a investigados y familiares de personas detenidas sumas de dinero a cambio de favorecerlos en la investigación o en el proceso penal. El tribunal oral, al descartar la comisión del delito de asociación ilícita pareciera exigir la consumación de las finalidades delictivas, obviando que el bien jurídico protegido por la figura es la tranquilidad pública, y que la sola existencia de esa asociación asume la aptitud potencial o actualmente perturbadora, sin que resulte inexcusable que los ilícitos que tiene por propósito genérico efectivamente se cometan. En el caso, lo que afectó la tranquilidad pública fue la sola existencia, conformación y permanencia de una organización de policías destinada a cometer y facilitar la comisión de delitos. En esas condiciones, la totalidad del material probatorio lleva a coincidir con la acusación de que [Carlos] fue el jefe de la asociación ilícita que tuvo como miembros a [Norberto, Ricardo, Luis y Gustavo].^[78]

En este sentido, los magistrados establecieron que había numerosos elementos que daban cuenta de la actuación irregular e ilegal de los imputados en procedimientos vinculados al tráfico ilícito de estupefacientes, donde, según ellos, no solo resultaba evidente el “desorden y discrecionalidad en el modo en que los imputados desarrollaban sus tareas”, sino, también, “la voluntad común de usar precisamente sus cargos con fines ilícitos”. Además, manifestaron que “la circunstancia de que haya registros documentales (como los sumarios policiales) y fílmicos de sus actividades y que se jactaran con colegas del modo ilegal con que se operaban” daba cuenta de “la significativa impunidad con que se manejaban”.^[79]

El mencionado tribunal consideró como una “común circunstancia agravante” el hecho de que “se sirvieran de su calidad de funcionarios públicos, favorecidos por la estructura organizada y jerarquizada de la Dirección de Lucha con el Narcotráfico de la policía de la provincia de Córdoba” para ejecutar sus “propósitos criminales” y evitar sospechas. Además, las autoridades de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal señalaron que “en el caso se verifica una especial extensión del daño dada por la circunstancia de sus miembros omiten cumplir con el deber de otorgar seguridad y protección a los ciudadanos que sus funciones les imponen”.^[80]

En consecuencia, la Cámara Federal de Casación Penal revirtió el fallo del Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba y dejó en claro la existencia de una asociación ilícita comandada por Carlos y conformada por los restantes efectivos mencionados. Además, se modificaron las penas de los mismos.^[81]

De esta manera, se comprobó la veracidad del narcoescándalo. Para ese entonces, el gobierno cordobés ya había puesto en marcha una nueva política pública en materia de control del narcotráfico para renovar la imagen de la policía provincial por medio de la creación de una nueva dependencia policial abocada, exclusivamente, a la persecución del tráfico ilícito de drogas a menor escala.

2.3. La creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA)

A comienzos de abril de 2014, la Legislatura de la Provincia de Córdoba aprobó, por medio de la sanción de la Ley N° 10.200, la creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.^[82] El proyecto fue presentado ante la legislatura provincial por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba y constituyó la otra gran política pública impulsada por la gobernación provincial en la materia durante el periodo de estudio.^[83]

En la norma aprobada se estableció a dicha fuerza como un “cuerpo profesional especializado” destinado a “integrar el Sistema Provincial de Seguridad Pública” bajo la dependencia funcional del Fiscal General de la Provincia. En definitiva, se trató de un cuerpo policial “auxiliar y colaborador del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico”:^[84]

La Fuerza Policial Antinarcotráfico es una institución civil armada que ejerce sus funciones en todo el territorio provincial y tiene a su cargo en forma exclusiva la realización de los actos de prevención, disuasión, conjuración e investigación cuando por ley corresponda, de los delitos previstos en el artículo 34 de la Ley Nacional Nº 23.737 y su modificatoria, de conformidad a la adhesión dispuesta por Ley Nº 10067. […].^[85]

La flamante unidad policial incluyó en su orgánica dos estructuras: la “estructura de conducción y administración” y la “estructura operacional y de investigación”. En este sentido, la “estructura de conducción y administración” quedó conformada por “los funcionarios y por el personal civil de la institución” –salvo las excepciones establecidas en la ley orgánica de dicha fuerza– comprendiendo jefe, subjefe, directores generales y direcciones de administración y recursos humanos, así como también las unidades orgánicas que de estas direcciones dependían. Por otro lado, la “estructura operacional y de investigación” de la policía antinarcotráfico estaba integrada por “el personal policial de la institución, salvo el personal sin estado policial que [cumpliera] tareas de apoyo administrativo, jurídico e institucional en las dependencias y unidades componentes de dicha estructura”, conformado por direcciones, departamentos y brigadas, divisiones y, finalmente, unidades operativas. Por cierto, la ley orgánica de la Fuerza Policial Antinarcotráfico estableció dos grandes direcciones generales: la Dirección General de Prevención e Investigaciones Antinarcotráfico y la Dirección General de Operaciones Antinarcotráfico.^[86] La primera de ellas contó con las funciones de “elaborar, planificar, implementar y evaluar las estrategias y acciones para investigar los hechos vinculados con el narcotráfico en los términos de la legislación vigente”; “planificar, dirigir y controlar las acciones y operaciones” orientadas a descubrir a “los responsables de hechos vinculados con el narcotráfico a través de la vigilancia, verificación y control de instalaciones, vehículos, personas, equipajes, correo, cargas, mercancías y cosas transportadas; “organizar, planificar y desarrollar las actividades de gestión y administración de la información y de inteligencia preventiva llevadas a cabo por las dependencias correspondientes de la Institución, dedicadas a la producción y gestión del conocimiento criminal antinarcotráfico” por medio de la “producción, obtención y análisis –en los planos estratégico y táctico– de la información criminal relevante”, así como también de “la elaboración y actualización permanente de un cuadro de situación del delito que [permitiera] producir un conocimiento fehaciente de los incidentes y problemáticas delictivas, sus diferentes modalidades de manifestación, su envergadura, su evolución y sus efectos y consecuencias”; “coordinar las labores de seguridad preventiva de la Institución con otros organismos y fuerzas policiales, de seguridad o de supervisión que actúen en los ámbitos provinciales o federales” así como “con agencias de seguridad extranjeras con las que se establezcan vinculaciones funcionales asentadas en la reciprocidad a través de la Dirección General de Coordinación Interjurisdiccional de la Fiscalía General de la Provincia”; y, por último, “asistir y cooperar con las autoridades judiciales competentes en la investigación criminal y la persecución de delitos” siempre “de acuerdo con los requerimientos efectuados por dichas autoridades que deban ser llevados a cabo, previa autorización de la Dirección General de Coordinación Interjurisdiccional de la Fiscalía General de la Provincia”.^[87]

Para la Dirección General de Operaciones Antinarcotráfico, en tanto, se establecieron las funciones de “poner en ejecución medidas tendientes a detectar hechos vinculados con el narcotráfico”; “llevar a cabo allanamientos y demás diligencias a requerimiento de la autoridad judicial competente”; “planificar, dirigir y controlar las operaciones de intervención directa tendientes a aprehender a los responsables ‘in situ’ y decomisar los elementos involucrados en actividades presuntamente vinculadas al narcotráfico en los términos de la legislación vigente”, por medio de “la vigilancia, verificación y control de instalaciones, vehículos, personas, equipajes, correo, cargas, mercancías y cosas transportadas, a requerimiento de la autoridad judicial competente”; “implementar las acciones y operaciones de respuesta inmediata llevadas a cabo por la Institución y sus diferentes dependencias especializadas ante situaciones de flagrancia a la normativa antinarcotráfico vigente”; “coordinar las labores con otros organismos y fuerzas policiales, de seguridad o de supervisión que actúen en los ámbitos provinciales o federales” así como “con agencias de seguridad extranjeras con las que se establezcan vinculaciones funcionales asentadas en la reciprocidad a través de la Dirección General de Coordinación Interjurisdiccional de la Fiscalía General de la Provincia”; y, por último, “asistir y cooperar con las autoridades judiciales competentes en la investigación criminal y la persecución de delitos, de acuerdo con los requerimientos efectuados por dichas autoridades que deban ser llevados a cabo, previa autorización de la Dirección General de Coordinación Interjurisdiccional de la Fiscalía General de la Provincia”.^[88]

En suma, el cuerpo policial conformado contó con dos especialidades en materia de trabajo policial: investigaciones y operaciones. La especialidad investigaciones se conformó por “el personal con estado policial abocado al desarrollo de las actividades y acciones propias de las funciones de investigación, gestión y administración de la información y de inteligencia preventiva”, mientras que la especialidad operaciones lo fue por el “personal con estado policial abocado al desarrollo de las actividades y acciones de prevención, control e intervención directa en operativos con despliegue territorial”.^[89]

Su creación implicó, ante todo, la ratificación de la guerra contra las drogas encabezada por el gobierno cordobés y, en su marco, de la persecución de los infractores menores a la Ley de Estupefacientes. Esta perspectiva fue plasmada por el gobierno tanto en el proyecto de adhesión a la Ley de Desfederalización como en el de conformación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Ambas iniciativas fueron, por su parte, aprobadas por la legislatura cordobesa. Por cierto, la creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, además, significó el reemplazo de la División Drogas Peligrosas –tiempo después del escándalo en el cual se vio envuelta– por una policía judicial.^[90]

La fuerza fue presentada públicamente por el gobernador José Manuel de la Sota el 4 de mayo de 2015. En aquella ocasión, el mandatario provincial señaló que “el crimen organizado y las redes del narcotráfico [eran] estructuras sofisticadas, complejas”, por lo cual “la única forma de combatirlos [era] con inteligencia, con estrategia, con investigación y con tecnología de última generación, con hombres y mujeres altamente preparados y muy bien equipados”. Además, de la Sota añadió que el narcotráfico “debería ser un tema central de país, una política de Estado en la que todas las instituciones concentren esfuerzos y coordinen estrategias”. Seguidamente, agregó: “Es una gran satisfacción saber que esta fuerza de élite dependerá directamente de nuestro Poder Judicial, con independencia y transparencia, y que coordinará sus actividades con la Justicia federal, porque frente a este enemigo común no puede haber fisuras”. Por cierto, en la presentación también se dejó en claro que ningún integrante de la división Drogas Peligrosas formaba parte de la flamante fuerza.^[91] En suma, el dirigente cordobés buscaba dejar atrás los enfrentamientos públicos con la justicia y dejar en claro que la dependencia policial que había estado involucrada en el narcoescándalo no formaría parte de la nueva policía antinarcotráfico.

Según el propio sitio web del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, la fuerza policial aludida se encarga de “la prevención y la investigación del último eslabón del narcotráfico, con especial enfoque en el combate a la comercialización de estupefacientes a baja escala”, es decir, el “narcomenudeo”.^[92]

Las respuestas opositoras a la creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico no se hicieron esperar. El radical Eduardo Yuni manifestó que el establecimiento de la fuerza era “necesario pero insuficiente”^[93] y agregó lo siguiente:

[Al proyecto] lo vamos a acompañar en la convicción de que es un paso necesario para superar la crisis de confianza que vivimos, y en el anhelo de que los nuevos mecanismos institucionales propuestos sirvan para solucionar, sino todos, al menos los problemas de inseguridad que derivan del narcotráfico.^[94]

Por su parte, Fernanda Leiva, del Frente Cívico y Social, señaló que hacía falta una “intención seria del gobierno” frente al problema del narcotráfico: ^[95]

Estamos cansados de esta puesta en escena. [El gobierno busca] limitar el acceso rápido y urgente de la Justicia Federal, que tendrá que pedirle colaboración a un director administrativo” [para poder trabajar con la Fuerza Policial Antinarcotráfico]. Es un castigo a la Justicia Federal que imputó a ocho funcionarios policiales [en la causa del narcoescándalo]. Esto es decirle a la Justicia Federal: ustedes no se metan más con nosotros.^[96]

En agosto de 2016, un poco más de un año después de la presentación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, el fiscal general del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, Alejandro Moyano, junto con autoridades de la fuerza presentaron ante los integrantes de la comisión legislativa de seguimiento de dicha fuerza un informe de gestión proporcionando los principales resultados obtenidos en el primer año. Allí manifestaron que, en esos quince meses, la fuerza había desarrollado 3.764 investigaciones, 802 allanamientos, detuvo a 1.388 personas por comercialización y tenencia de estupefacientes, y cerró 377 puntos de venta de drogas. Sin embargo, también evidenciaron que la persecución de consumidores e infractores menores ejercida en Córdoba no había implicado un avance sobre los principales eslabones de la cadena del tráfico ilícito de drogas ya que de todos los operativos mencionados solo surgieron alrededor de 20 causas federales de relevancia.^[97]

Al respecto del funcionamiento del sistema de persecución penal del narcotráfico en Córdoba, el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Córdoba formuló una serie de informes que dan cuenta de ello a partir de la implementación de la desfederalización, los cuales comprenden el periodo entre 2015 y 2019. Esto permite ver el desempeño de dichos órganos en el periodo siguiente a su creación e implementación.

Por cierto, es importante tener en cuenta las cifras expuestas en el informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad del Ministerio Público Fiscal de la Nación (PROCUNAR) expuestas previamente, ya que la notable disminución de causas por infringir la Ley de Estupefacientes en la justicia federal estuvo fuertemente emparentada con el aumento de las causas en el fuero ordinario cordobés.

En 2015, ingresaron 2.268 sumarios por narcotráfico a las unidades judiciales de toda la provincia, y se iniciaron 3.005 causas en las Fiscalías de Instrucción de Lucha contra el Narcotráfico y Secretarías de Lucha contra el Narcotráfico. La mitad de estas causas iniciadas fueron por tenencia simple de estupefacientes y tenencia para consumo personal:^[98]

Valores relativos de los delitos imputados por infracción a la Ley de Estupefacientes del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de la provincia de Córdoba (2015)

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales, Tribunal Superior de Justicia, Poder Judicial de Córdoba, 2016.

Valores absolutos de los delitos imputados por infracción a la Ley de Estupefacientes del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de la provincia de Córdoba (2015)

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales, Tribunal Superior de Justicia, Poder Judicial de Córdoba, 2016

Seguidamente, en 2016, ingresaron 4.350 denuncias por narcotráfico a las unidades judiciales de toda la provincia. En cuanto a las causas iniciadas en el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, la cifra arrojó un total de 3.328 nuevas causas. De este número, el 70% respondió al delito de tenencia de estupefacientes:^[99]

Valores relativos de los delitos imputados por infracción a la Ley de Estupefacientes del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de la provincia de Córdoba (2016)

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales, Tribunal Superior de Justicia, Poder Judicial de Córdoba, 2017.

Valores absolutos de los delitos imputados por infracción a la Ley de Estupefacientes del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de la provincia de Córdoba (2016)

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales, Tribunal Superior de Justicia, Poder Judicial de Córdoba, 2017.

La cifra continuó en expansión en 2017, con el ingreso de 5.176 sumarios por narcotráfico a las distintas unidades judiciales de Córdoba. En lo que atañe a las causas iniciadas en el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, el número fue de 3.897 nuevos procesos. Nuevamente, el mayor porcentaje de estas fue por tenencia de estupefacientes:^[100]

Valores relativos de los delitos imputados por infracción a la Ley de Estupefacientes del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de la provincia de Córdoba (2017)

Fuente: Centro de Estudios y Proyectos Judiciales, Tribunal Superior de Justicia, Poder Judicial de Córdoba, 2018.

Valores absolutos de los delitos imputados por infracción a la Ley de Estupefacientes del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de la provincia de Córdoba (2017)

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales, Tribunal Superior de Justicia, Poder Judicial de Córdoba, 2018.

El Centro de Estudios y Proyectos Judiciales fusionó los años 2018 y 2019 en su último informe disponible, publicado en el 2020, motivo por el cual la información se encuentra unificada. Los valores de sumarios y causas se mantuvieron en expansión, con un total de 7.308 sumarios vinculados al tráfico ilícito de estupefacientes en el año 2018, y un total de 7.847 en 2019. Con relación a las causas iniciadas por infracción a la Ley de Estupefacientes, en 2018 se iniciaron 4.635 causas y, en 2019, 5.062.^[101] Por cierto, debido a la unificación de ambos años en el informe de referencia, los valores relativos sobre los delitos vinculados al régimen de estupefacientes correspondientes a 2018 y 2019 se encuentran disponibles sin distinción por año. Este no es el caso de los valores absolutos:

Valores relativos de los delitos imputados por infracción a la Ley de Estupefacientes del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de la provincia de Córdoba (2018 y 2019)

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales, Tribunal Superior de Justicia, Poder Judicial de Córdoba, 2020.

Valores absolutos de los delitos imputados por infracción a la Ley de Estupefacientes del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de la provincia de Córdoba (2018 y 2019)

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales, Tribunal Superior de Justicia, Poder Judicial de Córdoba, 2020.

Como se advierte, en los años que sucedieron a la puesta en funcionamiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en Córdoba predominó la persecución a la tenencia de estupefacientes, algo esperable si se tiene en cuenta la implementación de una normativa y una institucionalidad moldeadas para perseguir delitos menores. Ello pone al descubierto que la desfederalización planteada en los términos referidos acaba por trivializar la persecución penal y desestimar la desarticulación de emprendimientos criminales complejos involucrados en el tráfico ilícito de estupefacientes.

Además, la policía antinarcotráfico funcionó en un entramado que, lejos de alterar el statu quo de la provincia, replicó la matriz político-policial presente desde hacía varios años. Aquella vieja matriz que hizo posible el narcoescándalo. Apenas un tiempo después, comenzarían a vislumbrarse los primeros conflictos vinculados con la Fuerza Policial Antinarcotráfico. En marzo de 2020, fue designada como subjefa Clarisa Carrera, quien se desempeñaba en la institución desde la formación de la misma.^[102] Al día siguiente de este anuncio, se produjeron 13 bajas en la fuerza. Cinco efectivos con cargos jerárquicos fueron pasados a retiro, mientras que ocho agentes fueron “devueltos” a la Policía de Córdoba por no haber superado “evaluaciones internas de rendimiento”. Estos fueron los primeros retiros forzosos desde la creación de dicha policía.^[103] Si bien este hecho pareció vincularse con el aspecto organizacional de la policía, dio cuenta de las primeras pujas e internas al interior de la flamante institución.

A fines de ese año, un conjunto de legisladores cordobeses solicitaron el descabezamiento de la fuerza argumentando que había una “inacción policial” ante el avance del narcotráfico, sembrando la duda al respecto de la integridad de los funcionarios policiales que integraban dicha fuerza. Este pedido estaba vinculado, también, al hecho de que, desde marzo de ese año, la Fiscalía General del Ministerio Público Fiscal de Córdoba se encontraba acéfala y que, de forma provisoria, estaba siendo conducida por dos fiscales adjuntos. Cabe reiterar que la Fuerza Policial Antinarcotráfico depende, directamente, del fiscal general. Los diputados dirigieron una misiva al gobernador con una feroz crítica a dicha institución:

Hemos tomado conocimiento por medio de videos, que circulan por las redes sociales, de la realización de fiestas clandestinas organizadas por narcotraficantes en la ciudad de Córdoba. El material fílmico habla por sí sólo y es prueba evidente de las inmensas conexiones de los poderes fácticos provinciales y las bandas de narcotraficantes. Es una muestra reveladora de la absoluta inutilidad de los millones de pesos que le cuesta a los cordobeses la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Estos videos son una foto de la corrupción sistemática y endémica de la Provincia de Córdoba.^[104]

Además, el escrito de los legisladores apuntó contra el primer mandatario cordobés y preguntó: “¿Cuánto más debe esperar el pueblo de la provincia de Córdoba para que el señor gobernador ordene en forma directa a los fiscales adjuntos cambios urgentes en la cúpula de la Fuerza Policial Antinarcotráfico?”.^[105]

Sin embargo, el caso más relevante en materia de corrupción protagonizado por la flamante policía antinarcotráfico se produjo en 2021. En aquella ocasión, se desató un severo conflicto al interior de la fuerza cuando la jefa de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en Villa María, Celeste, fue detenida, sospechada de producir y comercializar estupefacientes. Ella estaba a cargo de la dirección de las investigaciones en la región indicada y, presuntamente, colaboraba con dos individuos que tenían un laboratorio de producción de drogas. Uno de ellos era su pareja, Alejandro, quien también se desempeñaba en dicha fuerza. La detención se produjo luego de una pesquisa llevada adelante por el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de Villa María, bajo la conducción del fiscal Walter Gesino. Una crónica periodística informa que el hecho se desencadenó el último fin de semana de abril de 2021, luego de un llamado a la policía cordobesa realizado por un grupo de vecinos del barrio Lamadrid de Villa María. Los denunciantes detectaron a dos hombres cargando en un vehículo lo que parecían ser plantas de cannabis. Luego, la policía allanó el inmueble y corroboró la existencia de un laboratorio en el que se procesaban estupefacientes para su comercialización, conforme lo establecido por fuentes judiciales. A partir de allí, la investigación fue profundizada y condujo a la detención de Celeste y Alejandro. De acuerdo a los trascendidos, la mujer habría tenido “una participación de menor responsabilidad en la organización” pero “con una tarea clave desde el puesto que ocupaba”, ya que “por su rango, tenía acceso a todas las comunicaciones que ingresaban por denuncias de tráfico de drogas” y “contaba con información sobre el avance de casos”. Así, podía “alertar a los otros [respecto de] si existía algún peligro para su empresa delictiva”. Por otra parte, se sospechaba que el grupo criminal podía estar vinculado con otras organizaciones de mayor porte radicadas en centros urbanos más grandes que Villa María, de quienes serían proveedores. Por cierto, fuentes judiciales mantenían dudas respecto de si parte de la droga secuestrada en los operativos de los que Celeste formaba parte no era desviada hacia esta organización que integraba junto con su pareja y otro individuo.^[106]

En cuanto al funcionamiento de la banda integrada, entre otros, por Celeste y Alejandro, el fiscal Gesino brindó una entrevista radial en la cual especificó los roles de ambos en la operatoria criminal y sobre la investigación que permitió dar con ellos:

[Alejandro y un tercero estaban a cargo del] trabajo sucio. [Celeste] por su rango, tenía acceso a todas las comunicaciones que ingresaban por denuncias de tráfico de drogas y contaba con información sobre el avance de casos. La detención de la jefa de los investigadores de la FPA tuvo lugar como consecuencia del avance de la investigación de un hecho ocurrido el 25 de abril […] cuando vecinos, en forma anónima, llamaron al 101 dando cuenta que [había] personas que estaban retirando plantas de marihuana desde un departamento sobre calle Tucumán. Allí se aprehendió en el lugar a un sujeto, con varias bolsas y ramas de marihuana. Luego de ese procedimiento se hizo un allanamiento en ese departamento y, con el avance de esa investigación, se detuvo unos siete días después a [Alejandro], funcionario de la FPA que prestaba servicios en Bell Ville que resulta ser pareja de la que era jefa de Investigadores en Villa María.^[107]

Finalmente, el 14 de junio de 2021, el fiscal Gesino dictó la prisión preventiva para ambos.^[108] Este hecho representó el primer caso representativo de corrupción al interior de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, y puso en duda la “credibilidad de la fuerza”, al despertar viejos fantasmas vinculados con la regulación policial del narcotráfico ejercida previamente por la División Drogas Peligrosas.^[109] De esta forma, se replicaba el ciclo iniciado con el narcoescándalo mediante un nuevo escándalo al interior del sistema de seguridad pública cordobés, vinculado con la participación de funcionarios policiales en una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico –creada para lavar la cara de la policía y la política cordobesa y para sacar al narcoescándalo de la agenda pública (y política)– exhibió dos grandes peculiaridades. Primero, dio lugar a un aumento inusitado de los sumarios y causas iniciadas en el fuero ordinario cordobés por delitos por drogas, lo que implicó, por un lado, la atomización de las causas de infracción al Régimen Penal de Estupefacientes –y en este sentido, la imposibilidad para la justicia federal de avanzar en las manifestaciones más complejas de este fenómeno criminal– y, por otro, la persecución de infractores menores y consumidores señalada previamente.

Segundo, pese a su reciente creación, la policía antinarcotráfico de Córdoba fue protagonista de un nuevo hecho de alta gravedad institucional con una jefa regional involucrada en una organización narcocriminal. Esta serie de hechos dio lugar a un relativo fracaso de las políticas públicas de control del narcotráfico en Córdoba. En el siguiente capítulo se presentan algunas reflexiones al respecto de estas cuestiones y su identificación como expresiones de dinámicas más amplias presentes en el país.