Argentina y Brasil (2015-2019)

Roberto Cassaglia^[1]

Introducción

Entendemos por élite económica al conjunto de individuos que ocupan, según el momento histórico del cual se trate, las posiciones estructurales clave del poder económico. Éstas comprenden la dirección (que puede o no coincidir con la propiedad) de las firmas más importantes de una economía nacional, capaces de incidir decisivamente en su desempeño macroeconómico (élite empresarial), por un lado, y la conducción de las principales corporaciones empresarias que tienen a su cargo la representación política del capital (élite corporativa) (Castellani, 2016).

Desde el punto de vista de la acción política, las élites apelan rutinariamente a distintos mecanismos de influencia sobre las políticas estatales (Acemoglu y Robinson, 2006, 2008, 2012; Fairfield, 2015). A partir de la bibliografía sobre el tema, proponemos la siguiente tipología que consiste en el cruce de dos variables: el carácter directo o mediado de la acción y la forma colectiva o individual que ella asume.

Tabla 1. Tipología de los mecanismos de influencia de las élites económicas sobre la política pública basados en la acción política

	Directa	Mediada
Colectiva	Partido	Lobby corporativo
Individual	Colonización	Lobby individual

Fuente: elaboración propia

Un primer mecanismo resulta de la participación directa de las élites económicas en el núcleo electoral o core de un partido político que obra como vehiculización de sus intereses dentro del juego democrático.

La segunda forma que asume el tipo de involucramiento directo es individual y consiste en la colonización de reductos estratégicos del sistema estatal por parte de directivos de empresas y/o representantes corporativos a partir de la ocupación de cargos públicos desde los cuales recoger demandas sectoriales o particulares para vehiculizar su traducción en política pública (Canelo y Castellani, 2017a, 2017b; Nercesian, 2020). En general, este fenómeno se imbrica con la llamada puerta giratoria (revolving door) (OCDE, 2009a): el tránsito episódico y recurrente por altos cargos en los sectores público y privado durante la trayectoria ocupacional de un individuo.

Un segundo tipo de mecanismo, de carácter mediado, se encuentra conformado por las distintas variantes de lobby empresarial, esto es, la representación de intereses particulares formulados como demandas ante las autoridades públicas. El lobby puede asumir una forma colectiva, cuando es vehiculizado por corporaciones representativas sectoriales, o coaliciones de éstas conformadas ad hoc y con diferentes grados de cristalización institucional. A este tipo de lobby, además, se lo puede filiar a la acción corporativa (Dossi, 2009, 2010a, 2010b, 2011, 2012a, 2012b; Dossi y Lissin, 2011), término que se refiere a la acción colectiva encarada por los empresarios a través de sus organizaciones representativas o corporaciones.

Estas organizaciones son pasibles de ser estudiadas desde tres niveles analíticamente distinguibles: desde abajo, desde adentro y desde arriba (Offe en Acuña, 1994). La primera se refiere a una dimensión estructural-económica, en lo que hace al volumen de las empresas, su inserción en la estructura productiva nacional e internacional, y la rama de actividad en que se desarrollan. La segunda tiene que ver con la dinámica al interior de las entidades en su dimensión organizativo-institucional. Ésta, a su vez, tiene dos aristas: una formal, plasmada en los mecanismos instituidos de integración y participación, la normativa interna, la estructura jerárquica y la elección de los cargos directivos; y otra informal, en lo que hace a los vínculos y redes que exceden el aspecto anterior y redundan en agrupamientos que funcionan paralelamente a la estructura formal de toma de decisiones.

El estudio “desde arriba” alude a la relación de la entidad corporativa con el medio donde se desenvuelve, es decir, la interacción con otros grupos similares y con el Estado. Es en función de este último que las entidades corporativas (en tanto grupo de interés o de presión)^[2] definen su acción (Ortiz Rivera, 2002). Este nivel remite a los comportamientos públicos que, en un registro político-ideológico y como entidad representativa de los intereses de un sector social, las entidades corporativas llevan a cabo.

Al mismo tiempo, la dinámica de estas organizaciones se ve atravesada por dos lógicas de cuyo equilibrio depende el éxito de la acción colectiva y su continuidad en el tiempo, así como su representatividad y legitimidad: la lógica de la influencia y la de los miembros (Shmitter y Streek en Acuña, 1994). La primera se refiere al afuera, y radica en la articulación y homogeneización de los intereses de las distintas fracciones a fin de presentar un frente unificado en las interacciones con sus interlocutores. La segunda tiene un efecto potencialmente disolvente hacia adentro, ya que consiste en representar la heterogeneidad de dichas fracciones y administrar la divergencia de sus intereses, privilegiando algunos de éstos y otorgando incentivos de algún otro tipo a quienes pueden no verse beneficiados de su consecución.

El lobby también puede asumir una forma individual y en general esto ocurre cuando existe un peso estructural significativo de la firma o grupo económico de la cual se trate. Así, puede ser llevado a la práctica por un sector de la propia empresa (en el cual entonces el lobista se encuentra internalizado), o mediado ulteriormente por parte de un tercero, consultoras y agencias especializadas. El lobby, en particular el que se lleva a cabo de manera interpersonal e informal, es especialmente propicio para dar lugar a situaciones de colusión público-privada. Ésta ocurre cuando se involucran acuerdos de carácter secreto y transaccional en torno a regulaciones favorables hacia un sector económico o empresa individual.

Desde el punto de vista del derecho, los anteriores mecanismos representan, en sus diversas manifestaciones real-concretas, situaciones que pueden subsumirse a la figura del conflicto de interés. Es decir, la tensión entre los intereses privados y las obligaciones propias de la función pública. Pero, más allá de este encuadre jurídico, comportan, desde una mirada sociológica, modalidades de articulación entre las élites económicas y políticas. Este fenómeno ha sido conceptualizado desde las ciencias sociales como captura de la decisión estatal (Cañete, 2015; Cortés e Itriago, 2018; OCDE, 2009b, 2012). La captura puede asumir dos variantes (Castellani, 2018): en primer lugar, la captura regulatoria, que se produce cuando el control estatal de sectores económicos resulta significativa y rutinariamente permeable al lobby (de manera indirecta o intermediada) o directamente colonizados. Otra forma más sutil de captura, ciertamente no excluyente respecto de la anterior, es la cultural, que se configura cuando el sector económico a regular resulta beneficiado por las agencias de control puesto que quienes ocupan sus instancias decisorias comparten una misma visión. Esta última variante, en particular, exacerba las dificultades de cohesión propias de un cuerpo de funcionarios vinculados por compromisos políticos débiles y trayectorias de formación burocrática fragmentarias o simplemente inexistentes. En estos casos, es además recurrente la extrapolación de criterios organizacionales y de éxito propios del management a la administración pública, en conjunto con un sesgo antirregulatorio introyectado, neoliberalismo mediante, por el self empresarial.

En artículos anteriores (Cassaglia, 2019, 2022; Nercesian y Cassaglia, 2019) hemos indagado acerca de la naturaleza del vínculo entre las élites económicas y el reclutamiento ministerial en Argentina y Brasil durante el siglo XXI (2015-2019). Allí se analizaron, a partir de una metodología basada en la prosopografía, las trayectorias de los funcionarios que se desempeñaron en los altos cargos ministeriales del Poder Ejecutivo nacional durante los gobiernos de Mauricio Macri (2015-2019) y Michel Temer (2016-2018) a fin de identificar en ellos procesos de colonización. En este trabajo nos preguntamos, en cambio, por el carácter que asumió el vínculo entre los poderes económico y político durante esos mismos períodos de gobierno enfocándonos en la intermediación de las élites corporativas, es decir, por el lobby empresarial que asume una forma colectiva, vehiculizado por las diferentes asociaciones empresarias sectoriales en cada país.

Metodología

Para el examen de las formas y el contenido que adopta el lobby de la élite corporativa, se registraron los posicionamientos públicos que las principales entidades representativas del capital en los tres sectores de la economía asumieron teniendo como marco de referencia al Estado en el período del 10 de diciembre de 2015 al 9 de diciembre de 2019, en Argentina, y del 12 de mayo de 2016 al 20 de marzo de 2020, en Brasil. Esto se hizo a través del análisis documental^[3] de fuentes primarias y secundarias relativas a las intervenciones que aquellas realizaron en sus canales propios de difusión y los medios de comunicación masiva escrita y audiovisual. Las instituciones seleccionadas fueron: la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEE)^[4], la Unión Industrial Argentina (UIA), la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Sociedade Rural Brasileira (SRB), la Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), la Confederação Nacional da Indústria (CNI) y la Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF).

Fueron consultados para tal fin nueve sitios web institucionales (sra.org.ar, uia.org.ar, copal.org.ar, adeba.com.ar, aba-argentina.com, portaldaindustria.com.br, srb.org.br, cnabrasil.org.br y cnf.org.br)^[5], un medio de comunicación web (Agrositio)^[6] y una revista de publicación mensual también disponible en formato digital (Revista Indústria Brasileira). Las declaraciones, posicionamientos, comunicados y minutas de reuniones fueron sistematizados en una base de datos que totalizó 951 entradas. Además, fueron analizados 171 documentos oficiales emitidos por las corporaciones a lo largo del período, relativos también a temáticas diversas^[7].

Dado que la investigación trabajó a partir de un procedimiento inductivo, esa diversidad temática fue agrupada a posteriori con fines analíticos en dos grupos de variables. En primer lugar, aquellas manifestaciones que no cuentan con una demanda o interlocutor explícitos:

1. Estructurales o desde abajo: referidas al devenir de la macro y microeconomía del país, la región o el comercio internacional;
2. Organizativas institucionales o desde adentro: referidas a cuestiones políticas y organizativas internas a cada entidad;
3. Políticas ideológicas o desde arriba: posicionamientos políticos generales, coyunturales y declaraciones de principios sin un interlocutor específico.

En segundo lugar, aquellas reivindicaciones que tienen como destinatario al Estado en torno de dos cuestiones fundamentales:

1. La actividad económica, que integra, a su vez, las siguientes dimensiones:
   1. Política tributaria;
   2. Mercado interno y producción;
   3. Política monetaria y crediticia;
   4. Comercio exterior y competitividad;
   5. Gasto fiscal;
2. La reforma del propio Estado, que integra, a su vez, las siguientes dimensiones:
   1. Reforma administrativa;
   2. Sistema público-privado (esencialmente, privatizaciones de empresas públicas productoras de bienes y servicios)^[8].

La estrategia de abordaje se sustenta en el método comparativo, privilegiado por la sociología histórica. Se propone un modelo de comparación individualizadora: una variante del método comparativo de la diferencia, donde los casos análogos difieren en uno o más atributos que se vuelven inteligibles, justamente, a partir de la comparación. Sobre este plano sincrónico de comparación se yuxtapone uno diacrónico, cuando se analizan los dos casos a la luz de experiencias históricas acaecidas en una temporalidad diferente, conformando ambas dimensiones una comparación integrada (Detienne, 2001; McMichael, 1992; Sartori, 1994).

Resultados

En el sector primario argentino durante el período de Macri predominaron aquellas manifestaciones que hemos definido como políticas e ideológicas, o desde arriba.

Gráfico 1. Declaraciones públicas de la SRA según dimensiones (2015-2019)

Fuente: elaboración propia con base en información del sitio web oficial de la SRA (sra.org.ar).

Esta evidencia puede explicarse por varios factores que están de acuerdo con la literatura especializada (Gras, 2012; Gras y Hernández, 2009; Heredia, 2003). Por una parte, específicamente hablando de la SRA, la preeminencia de posicionamientos públicos de cara al afuera puede entenderse a partir del significativo peso que retiene en la opinión pública y la definición de cuestiones políticas nacionales, a pesar de su declinante participación estructural y su parcial representación, concentrada tradicionalmente en los intereses de la ganadería pampeanos. En segundo lugar, debemos tener en cuenta la organización interna de la SRA, en particular su característica de organizativa vertical de arriba hacia abajo.

Mientras que otras corporaciones del sector se articulan de forma ascendente, en el caso de la Rural es la comisión directiva con sede en Buenos Aires (y no las organizaciones de base) la que designa representantes regionales. Normalmente, además, es la misma comisión la que elabora una lista de unidad a la hora del recambio de autoridades. Por último, los recursos que aseguran la subsistencia de la entidad provienen, sobre todo, de los ingresos que produce su predio ferial en el barrio porteño de Palermo, y no de las contribuciones de sus socios. La especificidad de la actividad acentúa estos rasgos organizativos de la SRA, ya que sus asociados están dispersos geográficamente en todo el territorio nacional, su grado de involucramiento es diverso y pueden encontrarse afiliados a más de una entidad gremial del mismo nivel.

Si miramos más allá de la SRA, hacia la Mesa de Enlace, vemos una distribución que, a grandes rasgos, se presenta similar. En este caso, se trata de una entidad sectorial de cúpulas^[9], de manera tal que es esperable que la acción desde arriba tenga más presencia que las cuestiones que atañen a la organización desde adentro, la cual corresponde a las entidades que forman parte de ella.

Otro elemento que surge del análisis del período estudiado es el escaso interés por cuestiones estructurales. El sector tuvo una agenda centrada en posicionamientos reactivos frente a las políticas estatales, así, una de las intervenciones más recurrentes donde hubo confrontación con el Estado fue en torno a la política tributaria.

En el período que va desde el 1.º semestre de 2018 al 1.º semestre de 2019 las demandas vinculadas a la política tributaria aumentaron exponencialmente. Esto encuentra relación con la reimplantación de retenciones a las exportaciones de granos por parte del gobierno nacional en septiembre de 2018.

El segmento agropecuario del empresariado argentino recibió con beneplácito el cambio de gobierno. Luego de cuatro años de diálogo prácticamente cercenado, el flamante ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, convocó a la Mesa de Enlace para recibir sus demandas en una reunión que se concretó pocos días después de la quita de retenciones al maíz, trigo, girasol, carne y a las economías regionales, una medida larga e insistentemente anunciada por Macri durante su campaña. Durante la ocasión, el entonces presidente de la SRA, Luis Miguel Etchevere, declaró:

Después de años de no ser recibidos por las autoridades y de padecer una política hostil a los productores, valoramos mucho este cambio de actitud. Hoy cambia la confrontación por la construcción y la lógica del reclamo por la lógica de formar agenda (La Nación, 29/1/2016, 30/1/2016).

Las palabras esbozadas por Etchevere terminaron por convertirse en una suerte de leitmotiv de las entidades que conforman la Mesa de Enlace con alguna episódica disidencia de la FAA.

La posición cada vez más cercana de Etchevere y la SRA al gobierno se hizo evidente cuando éste asumió la cartera de Agroindustria en 2017 en reemplazo de Buryaile. Este hecho representa el cénit del vínculo entre el sector y la gestión de Cambiemos. Sin embargo, la posibilidad de que el gobierno nacional modificara el esquema de retenciones a las exportaciones comenzó a generar malestar entre los ruralistas. Al principio, el ministro negó enfáticamente que el Ejecutivo estuviera considerando esa alternativa, calificando a los derechos de exportación como un “impuesto ridículo” (Clarín, 23/5/2018). Preventivamente, la CEEA se reunió para mostrar un frente unificado de rechazo, y definir las acciones a seguir. El presidente de la CRA, Dardo Chiesa, apuntó al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, identificado como el principal impulsor de la medida. “[S]ería una buena señal que Dujovne traiga la plata de afuera en vez de hablar tanto del campo. Estamos en un avión donde el piloto no tiene matrícula” (Clarín, 26/6/2018, 27/6/2018, 30/6/2018).

A mediados de agosto y en medio de una crisis fiscal, el gobierno, en la persona del ministro de Hacienda Dujovne y con el respaldo del Fondo Monetario Internacional, suspendió la baja de las retenciones para los aceites y harinas derivados de la soja. Aunque el esquema de reducción progresiva sobre el poroto se mantuvo momentáneamente, la medida fue acompañada por una fuerte reducción de los reintegros a las exportaciones (Clarín, 14/8/2018). El mes siguiente el gabinete de ministros se redujo a la mitad, y la cartera de Agroindustria fue degradada a secretaría, aunque Etchevere continuó al frente de ella.

Gráfico 2. Declaraciones públicas de la SRA según dimensiones
(evolución por trimestre)

Fuente: elaboración propia con base en información del sitio web oficial de la SRA (sra.org.ar).

Una comparación con el primer sector brasileño revela algunas diferencias significativas, incluso considerando que la SRB y la CNA son entidades bastante diferentes entre sí ya que representan dos modelos distintos de organización empresarial, el asociativo y el corporativo^[10].

Gráfico 3. Declaraciones públicas de la SRB y la CNA según dimensiones (2016-2018)

Fuente: elaboración propia con base en información del sitio web oficial de las entidades.

Dos elementos merecen destacarse. En primer lugar, la agenda mucho más diversificada en cuanto a las demandas sectoriales de ambas corporaciones frente a sus contrapartes argentinas, lo que indica un carácter menos reactivo frente a la política estatal y más propositivo. Este factor se refuerza si observamos la evolución de las dimensiones a lo largo del período considerado, cuyos valores se mantienen más bien constantes, como se muestra a continuación.

Gráfico 4. Declaraciones públicas de la CNA según dimensiones
(evolución por trimestre)

Fuente: elaboración propia con base en información del sitio web oficial de la CNA (cnabrasil.org.br).

Un segundo elemento que merece resaltarse se refiere a la acción política ideológica o desde arriba del sector, que comienza el período con valores muy altos dado el involucramiento temprano y decisivo de éste en el proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff.

El sector corporativo de la actividad agropecuaria fue uno de los que manifestó de manera temprana y decidida su apoyo al impeachment contra la presidenta. En febrero de 2016, Gustavo Diniz Junqueira, presidente de la SRB, se convertía en la primera voz del agronegocio en defender abiertamente el proceso. En un artículo publicado en Folha, diagnosticó:

La crisis actual es el resultado del fracaso del liderazgo de la presidente, fundamentada en conceptos de desarrollo equivocados (…) Si mantuviéramos a Dilma en el cargo, el resultado será desastroso. El impeachment de la presidente –o su renuncia, en gesto de reconocimiento de que su gestión causa más daños que beneficios– es un paso necesario para el país, aunque no decisivo. Exigirá, para garantizar nuestro futuro, un nuevo liderazgo comprometido con la gobernanza, la apertura irrestricta a la productividad, la punición implacable a los crímenes y el fin de los privilegios (SRB, febrero de 2016a).

Continuando esa misma línea, en un comunicado de la entidad, el presidente calificó al país de “secuestrado” y comenzó a exigir como medida fundamental el ajuste fiscal (SRB, febrero de 2016b). Con algunas hesitaciones más, la CNA también se decidió por apoyar el impeachment en abril. La institución sostuvo que Brasil se encontraba ante el “colapso fiscal” y propuso como “única salida para la recuperación del equilibrio fiscal y para la recuperación del crecimiento económico (…) la aprobación por el Congreso Nacional de reformas que requieren la formación de amplias mayorías legislativas y gran consenso político” (CNA, 6/4/2016).

La CNA sostenía que “el gobierno federal moviliza para su defensa apenas organizaciones radicales y minoritarias de la sociedad, profundizando divisiones y separando las personas”. Se refería a las recientes palabras de Aristides Santos, dirigente de la Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), quien en un evento realizado con activistas quilombolas y del MST en el palacio de Planalto, ante la presencia de Dilma y de su ministro de Justicia, Eugênio Aragão, manifestó que la forma de enfrentar a la oposición era “ocupar las propiedades” (SRB, abril de 2016a). Este acontecimiento fue el pretexto que terminó por decidir a la CNA.

Pasando ahora al sector secundario, en Argentina vemos nuevamente una mayor participación de la acción desde arriba, pero también un importante atendimiento de la UIA, en este caso, a las cuestiones organizativas desde adentro y estructurales desde abajo.

Gráfico 5. Declaraciones públicas de la UIA según dimensiones (total)

Fuente: elaboración propia con base en información del sitio web oficial de la UIA (uia.org.ar).

Esto tiene que ver con los desafíos de la acción colectiva que la UIA enfrenta rutinariamente, y el esfuerzo que realiza por conciliar no solamente los intereses sectoriales de menor agregación, sino también los posicionamientos políticos de sus líneas internas^[11]. En la COPAL (que representa una de ellas), en cambio, las manifestaciones públicas tienen casi exclusivamente como fin interpelar al Estado con demandas específicas previamente consensuadas.

Si vemos las demandas que identifican como interlocutor al Estado, vemos una agenda bastante diversificada, que varía en el tiempo como sigue.

Gráfico 6. Declaraciones públicas de la UIA según dimensiones
(evolución por trimestre)

Fuente: elaboración propia con base en información del sitio web oficial de la UIA (uia.org.ar).

Esto no necesariamente tiene que ver con que la industria tenga una agenda propositiva al interpelar al Estado, sino más bien que se trata de un sector que, a diferencia del agro, requiere sistemáticamente de su intervención. Durante el macrismo, la actividad industrial sufrió reveses en todos sus indicadores, en especial en su participación en la generación de riqueza y en el nivel de actividad. De esta evolución negativa, sin embargo, la COPAL, que representa el eslabón con el sector agrícola, se vio en buena medida indemne.

En el caso de Brasil, más allá de las diferencias hay algunos puntos convergentes. La CNI es una entidad confederal que se ubica en la cúspide de la representación del sector, de manera tal que es esperable una mayor acción desde arriba y una menor preocupación por el adentro, que recae en las federaciones estaduales.

Gráfico 7. Declaraciones públicas de la CNI según dimensiones (total)

Fuente: elaboración propia con base en información del sitio web oficial de la CNI (portaldaindustria.com.br).

Por su trayectoria histórica, su envergadura institucional y los recursos que emanan del sistema corporativo para usufructo de la entidad, la CNI es capaz de sostener una agenda diversificada que se ubica en dos planos temporales: uno de corto y otro de más largo plazo. El primero se hace evidente en el seguimiento de la política monetaria y la tasa de interés, así como en las regulaciones específicas del mercado interno, el comercio exterior y las cuestiones que atañen al proceso productivo. El segundo se observa en asuntos como la reforma tributaria (una demanda perenne del empresariado brasileño en su conjunto) y en aquellos temas donde se interpela directamente al Estado en sus potestades soberanas, como el gasto fiscal, la administración pública y la privatización de empresas estatales.

Aunque la CNI tiene una agenda más propositiva que se plasma rutinariamente, por ejemplo, en documentos como la Agenda Legislativa da Indústria (Borck, 2019; Elias, 2014; Mancuso, 2004, 2006, 2007; Pina, 2017)^[12], ello tampoco debería darnos una imagen equivocada en comparación con su contraparte argentina. Si vemos la evolución en el tiempo de las demandas industriales a lo largo del período, se revela su carácter esencialmente pragmático.

Gráfico 8. Declaraciones públicas de la CNI según dimensiones
(evolución por trimestre)

Fuente: elaboración propia con base en información del sitio web oficial de la CNI (portaldaindustria.com.br).

Así, por tomar un ejemplo, vemos que la presencia del gasto fiscal como parte de la agenda se ubica en dos coyunturas bien definidas. La primera, el debate sobre el teto dos gastos, a inicios del gobierno de Temer, que representaba un verdadero contexto de oportunidades favorables en el que la CNI articuló junto con otras ocho confederaciones empresariales una importante acción de sustento político. Promulgada como Enmienda Constitucional N.° 95 el 15 de diciembre de 2016, el Novo Regime Fiscal impuso un techo al gasto fiscal por los siguientes veinte años.

La medida había formado parte del programa de gobierno del MDB asumido en el ya mencionado documento Uma pomte para o futuro (Cassaglia, 2017, 2018; Cassaglia y Mercado, 2016) y, durante su tramitación en el Congreso como Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC N.° 241/16), recibió un público y unánime apoyo por parte de las principales corporaciones sectoriales capitaneadas por la CNI, a través del manifiesto titulado Em defesa de limite para os gastos públicos (CNI, 7/10/2016). La entidad continuó acompañando el trámite legislativo hasta su concreción (CNI, 26/10/2016, 13/12/2016). La preocupación por el gasto fiscal volvió a tener protagonismo con el recambio de gobierno y los intentos del nuevo presidente, Jair Bolsonaro (2019-2023), por relajar esa pauta.

El sector bancario y financiero es el de menor participación en el debate público y sus intervenciones en ese ámbito son significativamente menores. Además de presentar hacia adentro una suerte de caja negra, los posicionamientos desde arriba, incluso cuando son relativamente numerosos como en el caso de la ADEBA en Argentina, se muestran prescindentes respecto de la coyuntura política nacional. En cuanto a las manifestaciones que interpelan al Estado con demandas específicas, éstas estuvieron centradas en su ámbito de incumbencia por antonomasia, la política monetaria y crediticia, junto con las cuestiones tributarias que, en general, involucran al conjunto de los sectores empresariales.

Pese a compartir estos rasgos generales, la CNF manifestó en sus intervenciones públicas a inicios del gobierno de Temer un apoyo más firme en virtud de la afinidad que el sector poseía con el nuevo equipo económico. Apenas asumido el nuevo gobierno, el presidente de la CNF y titular del banco Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, comentó para el Estadão que “la formación, visión y trayectoria” de Ilan Goldfajn, presidente del Banco Central (BC), daban “plena confianza” al frente de una tarea “clave” para el equipo económico: la de “celar por la estabilidad de la moneda” (Bronzati, 18/5/2018). El representante bancario también dijo que la elección del flamante presidente del BC resultaba de la síntesis de su exitosa carrera como economista, tanto en la academia, en la iniciativa privada como en el sector público. No solamente Goldfajn era recibido con elogios, el conjunto del equipo económico seleccionado por el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, era calificado de “robusto, homogéneo y con credibilidad”. “Este conjunto de personas capaces, trabajando juntas, con una misma estrategia, tiene el potencial de convertir nuestras cuestiones complejas y graves en una fórmula objetiva y plausible”, concluía el presidente de Bradesco.

Discusión y conclusiones

Durante la década de 1990 la representación corporativa del sector financiero buscó posicionarse por encima de las disputas intersectoriales bajo el supuesto de que el capital financiero no sería más que capital en “estado puro” (Heredia, 2003). Así, concentró sus esfuerzos en la defensa de la libre iniciativa privada. Como consecuencia, ese actor fue el más ferviente defensor de la restrictiva política monetaria adoptada: la Convertibilidad en Argentina y el Plan Real en Brasil. Los sectores productivos, más temprano que tarde, hubieron de claudicar ante el imperativo de la estabilización económica, reconociendo implícitamente que el motor de la valorización del capital había pasado a la economía especulativa.

Como compensación, los segmentos superiores de esos mismos sectores productivos tuvieron un lugar privilegiado en el proceso de privatizaciones, obtuvieron así grandes ganancias patrimoniales, se insertaron en nuevos espacios privilegiados de acumulación y, en algunos casos, conservaron además los ya existentes. Ellos también se tornaron vehementes partidarios de la retracción del Estado en la producción de bienes y servicios. La cuestión de la apertura comercial al mercado externo, en cambio, insertó una cuña entre actores que diferían en cuanto a su extensión y celeridad. Si bien se trata de un clivaje transversal, la perenne situación de dependencia de las economías de la región y la heterogeneidad interna del sector industrial hacen que, salvo algunos pocos rubros competitivos internacionalmente, para aquel esta cuestión sea más acuciante.

Si se consideran los datos analizados en este trabajo, pueden apreciarse los cambios de agenda entre ambos períodos. Para ello también deben tenerse en cuenta los resultados diferenciales de los procesos de estabilización y reforma del Estado acometidos durante la década neoliberal en los dos países. En Argentina, donde la reforma del Estado tuvo un profundo alcance que sólo muy parcialmente pudo ser revertido por el ciclo de gobiernos kirchneristas, la estabilización propició en los albores mismos del siglo XXI una crisis sin precedentes que precipitó su abrupto (aunque anunciado) final en 2002.

En Brasil, no sin ciertos vaivenes, el Plan Real se mostró más duradero. Los gobiernos petistas, sustentados en un ciclo de bonanza externa, pudieron implementar mecanismos redistributivos muy significativos sin por ello alterar, en lo fundamental, la política monetaria ortodoxa legada de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). En cambio, la reforma del Estado se vio truncada en un primer momento al compartir el mismo destino del gobierno que la inició, el de Fernando Collor (1990-1992), y, aun cuando fue retomada y profundizada más adelante por Cardoso, no alcanzó la magnitud que tuvo en su país vecino.

Al observar las distribuciones que presentan las declaraciones públicas de las corporaciones argentinas en el siglo XXI, notamos que las demandas en lo que hace a modificaciones del sistema público-privado son prácticamente ausentes, y las que se refieren a la reforma administrativa del Estado son marginales. Mientras que en Brasil, ocupan un lugar importante y se mantienen persistentes a lo largo del período, en particular en el caso de la CNI. La normalización de la economía, por su parte, estuvo asociada en este período a la reducción del gasto fiscal.

Los sectores productivos del empresariado tardoneoliberal convergieron hacia el final del ciclo progresista en la necesidad de corregir los desequilibrios que iba dejando en evidencia el empeoramiento de la situación externa ajustando la demanda. Comenzaron a pugnar así por reformas tributarias y, eventualmente (cuando el escenario político mutó en favor suyo), también previsionales y laborales que permitieran desmantelar los mecanismos redistributivos del ingreso erigidos durante la década y media precedente. Menos acuerdo mostraron, una vez más, en torno de la cuestión de la apertura comercial. Mientras los sectores agrario y financiero evidenciaron un apoyo más vehemente, el industrial exigió constantemente correcciones acordes con una “inserción inteligente”.

Más específicamente con relación al vínculo entre las asociaciones empresarias y los gobiernos neoconservadores, el análisis precedente nos demuestra que los comportamientos políticos (en sentido amplio) y económico-corporativos de los empresarios como sujeto social no son necesariamente concomitantes (Viguera, 1996). En Argentina, donde los vínculos entre las élites económicas y corporativas y el gobierno de Macri fueron evidentes y donde hubo un apoyo político explícito, que se mantuvo incluso en coyunturas adversas, ello no implicó cambios en los comportamientos microeconómicos o de sus modalidades típicas de acción. La renuncia del presidente y su equipo económico a oficiar de árbitro entre los diversos intereses sectoriales del empresariado se manifestó también al interior de la coalición de gobierno. Esto produjo un desmanejo de las variables macroeconómicas por parte del gobierno, lo que abortó el proyecto político del macrismo, que aspiraba a ser reelegido en las elecciones de 2019.

En Brasil, en cambio, aun cuando la agenda del Ejecutivo fue extremadamente afín a los intereses empresariales, los heterogéneos apoyos iniciales por parte del sector empresarial se disiparon públicamente con el paso de las sucesivas crisis políticas que atravesó el gobierno. Esto no impidió que continuaran usufructuando los beneficios de sus reformas. El resultado final de esta experiencia fue el magro desempeño de la coalición gobernante en las elecciones de 2018 y el precipitado arribo de Bolsonaro a la presidencia.

Este artículo se propuso indagar acerca del carácter que asumió el vínculo entre los poderes económico y político durante los gobiernos de Mauricio Macri (2015-2019) y Michel Temer (2016-2018) enfocándose en la acción colectiva y el lobby empresarial de las élites corporativas. Así, planteó una comparación a partir del método de la diferencia entre dos casos nacionales y en dos coyunturas temporales. La comparación en el plano diacrónico nos permitió registrar los cambios de agenda de las élites corporativas entre el período neoliberal de finales del siglo XX y el neoliberalismo tardío de principios del siglo XXI.

La comparación sincrónica tuvo por objeto medir el grado de sintonía entre la política pública de los gobiernos neoconservadores de la pasada década y las agendas de las asociaciones empresarias, así como el apoyo público explícito de estas últimas. La metodología basada en el análisis documental permitió aprehender así exhaustivamente la dinámica de las élites corporativas en el nivel desde arriba o político ideológico así como también, de manera suficiente a los fines de esta investigación, los niveles desde abajo o estructural y desde adentro u organizativo en su faceta formal. Sin embargo, los mecanismos informales de lobby, tanto individual como colectivo, probablemente requieran de un empleo aún más creativo de la triangulación metodológica a fin de subsanar la opacidad del accionar de las élites para influenciar las políticas estatales.

Referencias bibliográficas

Acemoglu, D. y Robinson, J. A. (2006). De Facto Political Power and Institutional Persistence. The American Economic Review, 96 (2), 325-330.

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