Los pendientes del sistema alimentario argentino

Sabine Papendieck

Desde la Revolución Industrial, las acciones humanas han causado que las temperaturas promedio del planeta se eleven en casi 1 ºC. Los niveles de dióxido de carbono (CO₂) y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera son mayores a los registrados en cualquier otro momento de la historia humana y, por si fuera poco, seguirán incrementándose en los próximos años sin que sepamos exactamente en qué cantidad o con qué velocidad. Los grupos de científicos especialistas en la materia advierten que un aumento de 1,5 ºC de calentamiento tendría efectos catastróficos sobre el planeta, desde inundaciones y tormentas hasta sequías y olas de calor que causarían pérdidas económicas y sociales incalculables; el incremento del nivel del mar debido al derretimiento de los polos, que inundaría ciudades costeras e islas; la escasez de agua y las malas cosechas, que generarían desabastecimiento de alimentos y movimiento de personas dentro de los países y hacia las fronteras y un daño irreversible a la naturaleza que llevaría a extinciones masivas y aparición de nuevas y desafiantes enfermedades. Todo esto podría pasar en el mismo período de tiempo de una vida humana, dejando a las próximas generaciones con la obligación de enfrentar la vida en un planeta diametralmente distinto.

Si bien estas proyecciones vienen siendo debatidas hace ya varias décadas, la pandemia de la COVID-19 se ha convertido en un catalizador del debate público y privado, haciendo más evidente la necesidad de actuar sin demora para intentar evitar impactos negativos aún mayores.

Particularmente en lo que respecta a los sistemas alimentarios, la pandemia también ha subrayado la necesidad de dimensionarlos de una manera más resiliente, sustentable e inocua. En consecuencia, en este apartado se analizarán de manera particular dos atributos indiscutibles del sistema alimentario actual:

1. la sustentabilidad ambiental y
2. la inocuidad.

1. La inocuidad como atributo frente a los peligros alimentarios

Según datos de la OMS^[1], 600 millones de personas, aproximadamente 1 de cada 10 en el mundo, enferman cada año tras consumir alimentos contaminados; de estos, 420.000 personas mueren, entre ellas 125.000 niños menores de cinco años. De manera agregada los peligros transmitidos por los alimentos causan más de 200 enfermedades agudas y crónicas, desde infecciones del tracto digestivo hasta cáncer, siendo estas de naturaleza infecciosa o tóxica causadas por bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas, entre otros.

Desde un punto de vista económico, estimaciones recientes de la OMS y el Banco Mundial indican que el efecto de los alimentos nocivos cuesta a las economías de ingresos bajos y medios alrededor de 110.000 millones de USD en pérdidas de productividad y gastos médicos al año^[2]. A su vez, las amenazas a la inocuidad causan pérdidas de alimentos y desperdicio de recursos naturales.

Desde el punto de vista sanitario, la inocuidad de los alimentos, la nutrición y la seguridad alimentaria están intrínsecamente relacionadas. Los alimentos insalubres generan un círculo vicioso de enfermedad y malnutrición que afecta desproporcionadamente a los lactantes, los niños pequeños, los ancianos y los enfermos, principales grupos de riesgo, planteando así un gran desafío en materia de desarrollo.

Por lo tanto, las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) siguen constituyendo un serio problema que ocasiona tanto altos costos humanos como económicos, por lo que hoy se eleva la inocuidad alimentaria al rango de prioridad de política pública nacional y multilateral, necesitando pensar en términos globales y actuar a escala local.

Ante este escenario, se plantea la necesidad de garantizar la inocuidad alimentaria, entendiendo por ella la ausencia, a niveles seguros y aceptables, de peligros en los alimentos que puedan afectar la salud de las personas. Si bien los peligros transmitidos por los alimentos pueden ser de naturaleza biológica, química o física, se pueden clasificar en siete grupos:

1. contaminación por residuos (farmacológicos y fitosanitarios),
2. microrganismos resistentes a los antimicrobianos,
3. contaminantes añadidos sin intención,
4. patógenos bacterianos, virus en alimentos, parásitos en alimentos, micotoxinas, priones, parásitos,
5. metales pesados,
6. disruptores endócrinos, y
7. alérgenos alimentarios.

2. Los sistemas nacionales de control y la necesaria cooperación internacional en un mundo de abastecimiento globalizado

Garantizar la inocuidad alimentaria es un proceso complejo que empieza en la explotación agrícola y termina con el consumidor.

De manera de evitar los peligros alimentarios, es necesario entonces a nivel nacional implementar sistemas de control y certificación que evalúen, gestionen y comuniquen el riesgo. Paralelamente, estos mismos sistemas, en un contexto de constante cambio e innovación, deben realizar a nivel externo acciones de armonización reglamentaria y de procesos de control y reconocimiento mutuo basándose en la aplicación de las orientaciones de los organismos internacionales de referencia –OIE, Codex Alimentarius, OMS, FAO y OMC (específicamente los acuerdos referidos a las medidas sanitarias y fitosanitarias [MSF] y a los obstáculos técnicos al comercio [OTC])–. Debido a que en la actualidad las cadenas de suministro de alimentos son transnacionales, la estrecha cooperación entre los gobiernos y sus sistemas de control contribuye a garantizar la inocuidad de los alimentos desde su origen hasta su consumo. Es por ello por lo que es necesario asegurar la trazabilidad de todo el proceso productivo desde el origen hasta su disposición para el consumo final, de manera de garantizar así una compra informada al consumidor. En este punto, es fundamental incorporar la tecnología digital y la georreferencia de manera de tener un sistema de trazabilidad con la mayor definición posible.

Desde el punto de vista comercial, es necesario reforzar que las medidas relacionadas con la inocuidad alimentaria no se conviertan en obstáculos encubiertos al comercio. Es por ello por lo que el proceso de notificaciones en el ámbito de la OMC es de primordial importancia en el escenario global actual de mayor intervención regulatoria.

OMC – Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias^[3]:

• 2.122 SPS notificaciones en 2020, presentadas por 63 miembros, continuando la tendencia creciente de 1995.
• La participación de la notificación de los países en desarrollo sigue en crecimiento, siendo estos últimos los que representan una participación mayor que los países desarrollados desde 2000.
• Más del 68 % de las notificaciones regulares presentadas en 2020 son relativas a inocuidad alimentaria. 84 % de las notificaciones de emergencia están relacionadas con sanidad animal. En los últimos cinco años, inocuidad y sanidad animal son las notificaciones de emergencia y regulares de mayor participación.
• La mitad de las medidas específicas relacionadas con el comercio analizadas en el comité de SPS de la OMC en 2020 han sido relativas a inocuidad alimentaria, 36 presentaciones es el número más alto desde 2003, considerando también que debido a la COVID-19 el comité solo se reunió en dos ocasiones.

A pesar del creciente reconocimiento del papel fundamental que desempeña la inocuidad de los alimentos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los principales objetivos del Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición, los esfuerzos por fortalecer los sistemas de inocuidad de los alimentos siguen fragmentados, y los beneficios han estado muy por debajo de las expectativas, particularmente en muchos países en desarrollo.

3. El caso argentino: el Sistema Nacional de Control de Alimentos (SNCA) y los puntos estratégicos para generar más seguridad en la inocuidad alimentaria

El Sistema Nacional de Control de Alimentos (SNCA) tiene como fin asegurar el fiel cumplimiento del Código Alimentario Argentino, un conjunto de disposiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial que cuenta con 20 capítulos que incluyen disposiciones referidas a condiciones generales de las fábricas y el comercio de alimentos, a su conservación y tratamiento, el empleo de utensilios, recipientes, envases, envolturas, normas para rotulación y publicidad, que se aplica a nivel nacional. Este está integrado por la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) a través de su organismo específico –el Instituto Nacional de Alimentos (INAL)–, y las autoridades sanitarias de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires (Institutos de Bromatología). Son las provincias y la Ciudad de Buenos Aires las responsables de la fiscalización en sus respectivas jurisdicciones, existiendo en cada una de ellas diferentes niveles de delegación en sus gobiernos locales (municipios). Todos los niveles de actores involucrados han creado el Programa Federal de Control de Alimentos, que constituye una guía de trabajo en la que se comunican las prioridades, los objetivos y las metas, así como también las acciones específicas que se llevarán adelante en el corto y mediano plazo, de manera de contribuir al fortalecimiento y la mejora continua del SNCA.

Mientras que el INAL vigila y monitorea los productos importados y su exportación, siempre y cuando sean productos procesados y listos para su consumo, el SENASA controla los productos no procesados. En ambos casos se implementa un sistema de vigilancia mediante la Red Nacional de Laboratorios Oficiales de Control de Alimentos. Primariamente, todo importador registrado debe tener la autorización de su autoridad sanitaria de origen, la cual debe tener reconocimiento del sistema de control nacional. Ante la detección de un peligro alimentario, se activa el Sistema Nacional de Vigilancia Alimentaria, que alerta a todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires a través de los procedimientos estandarizados en los manuales de gestión de crisis alimentaria.

Actualmente, el SENASA^[4] cuenta con acuerdos sanitarios para la exportación de productos agroalimentarios a más de 1.500 mercados ubicados en 140 países. Si bien el mercado esté abierto –entre ambos países acordaron requisitos sanitarios–, es probable que el país de destino requiera información adicional. Esta información puede derivar de una visita de auditoría, un documento adicional, auditorías mediante videoconferencias o una combinación de las anteriores, por lo que acción público-privada es primordial.

Con el objetivo de fortalecer el sistema de control nacional y actualizarlo a la nueva normalidad, se destacan los siguientes puntos estratégicos que abordar:

1. Aumentar la inversión en el desarrollo de la capacidad nacional para el control alimenticio de manera proactiva, potenciar los enfoques basados en el riesgo y, en particular, fomentar la posterior certificación.
2. Aplicar la tecnología digital y nuevas tecnologías a la inocuidad alimentaria, en todos los eslabones de producción, control y consumo.
3. Fortalecer la capacidad para brindar apoyo a productores pequeños y medianos para ingresar a circuitos comerciales formales.
4. Fortalecer la capacidad de apoyo a los productores/exportadores (de todas las escalas) para acceder a estándares privados de cadenas mundiales de retailers.
5. Por el carácter transnacional de las cadenas de abastecimiento alimentario, es esencial profundizar el sistema de control de las importaciones y exportaciones, adecuadamente diseñados, como parte de la totalidad del sistema nacional de control de los alimentos.
6. Considerando que Argentina es un país agroexportador neto, es preciso lograr el reconocimiento de las autoridades nacionales competentes argentinas (SENASA-INAL) como contrapartes válidas para controlar y certificar los alimentos exportados en todos los destinos de exportación.
7. Fortalecer la capacidad técnica nacional para cuestionar normas técnicas y de inocuidad inconsistentes en la OMC, así como defender posiciones en las autoridades de referencia.
8. Específicamente post-COVID-19, hay necesidad de avanzar de un enfoque de “reacción y respuesta” a “predicción y prevención”, el cual permite identificar de manera temprana los posibles problemas emergentes y prevenir su ocurrencia.

4. El contexto actual del cambio climático global y la participación argentina

El calentamiento global inducido por el hombre está aumentando actualmente a un ritmo de 0,2 ºC por década, siendo la década de 2011-2020 la más cálida jamás registrada, con una temperatura media mundial superior en 1,1 ºC a los niveles preindustriales^[5]. Si bien la irrupción del COVID-19 y todas las medidas de confinamiento han resultado en una caída de 5.4 %^[6] de las emisiones mundiales de dióxido de carbono fósil en 2020, estas están volviendo a los niveles anteriores a la pandemia y las concentraciones de GEI en la atmósfera siguen aumentando. Esta trayectoria de aumento se asocia a efectos climáticos extremos con consecuencias negativas para el ambiente, la salud y el bienestar humano.

En consecuencia, el Acuerdo de París^[7] busca limitar el calentamiento mundial a 1,5 ºC en comparación con los niveles preindustriales. Para cumplir este objetivo de temperatura a largo plazo, los países se proponen alcanzar lo antes posible el máximo de las emisiones de gases de efecto invernadero y, a partir de allí, lograr la carbono-neutralidad al 2050. A esta iniciativa se ha sumado también con fuerza el sector privado, presentando también a nivel público sus compromisos de desempeño ambiental.

Actualmente, cerca del 60 % de las emisiones globales son generadas por 10 países, de los cuales EE. UU., la UE y China son los principales emisores, mientras que los 100 países menos emisores responden el 3 % de las emisiones globales. Dentro de este grupo, Argentina participa con menos del 0,9 % de las emisiones globales^[8].

Analizando las emisiones globales por sectores, energía representa cerca de tres cuartas partes, seguida por la agricultura, el cambio del uso del suelo y la forestación, con el 24-29 % de las emisiones totales. Según datos de la OCDE-FAO, se estima que, en el período 2019-2028, a partir del supuesto de que no haya cambios en la tecnología y las políticas públicas actuales, el crecimiento en las emisiones de GEI directas de la agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra será de 0,5 % al año. Según el Reporte Living Planet 2020^[9], la producción de alimentos es responsable además del 29 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, del 80 % de la deforestación, del 70 % del uso del agua dulce, del 50 % de la pérdida de la biodiversidad acuática, del 70 % de la pérdida de la biodiversidad terrestre y del 52 % de la degradación del suelo.

Particularmente, dentro del inventario de Argentina (Tercer Informe Bienal Actualización 2019^[10]), el sector agro y bosques representa el 37 % de las emisiones totales. Las principales fuentes de emisión de este sector son la fermentación entérica de ganado (41 %), los suelos gestionados (excretas en pasturas, gestión de estiércol, residuos de cosecha y uso de fertilizantes sintéticos) (36 %) y el cambio de uso del suelo (conversión de bosques a pastizales o a tierras de cultivo) (23 %). Dentro de esta contabilidad, metodológicamente aún no se incluye el sumidero de carbono en suelo que genera el sector agrícola. Por su parte, la FAO^[11] estima que, para el año 2030, la cantidad de carbono fijado en los suelos de cultivo, como materia orgánica del suelo procedente de residuos de cultivos y estiércol, puede aumentar en un 50 % si se introducen mejores procedimientos de gestión. A su vez, las actividades silvopastoriles pueden ayudar a absorber parte del carbono liberado por la actividad ganadera. A su vez, entre 1995 y 2050, una menor deforestación, junto con el desarrollo de la regeneración y plantación, podría reducir las emisiones de dióxido de carbono en el equivalente del 12 % al 15 % de todas las emisiones debidas a combustibles fósiles. Aún restan cuestiones pendientes a resolver desde lo metodológico para su inclusión científica, como por ejemplo las siguientes:

1. Garantías del secuestro: ¿quién garantiza que el secuestro de carbono vendido equivale al realmente secuestrado y su estabilidad?
2. Métodos: ¿cuán seguros son los métodos actuales para medir la capacidad de secuestro de un sumidero de carbono?
3. Doble contabilidad: ¿cómo será el sistema de trazabilidad que establezca el Acuerdo de París para evitar la doble contabilidad tanto pública-pública como pública-privada?

Si bien las últimas definiciones de la COP 26 incluyen el establecimiento de una plataforma que evitará el doble conteo, la captura de carbono y los servicios ecosistémicos que se generan a través de buenas prácticas agrícolas, son contabilidades pendientes que la ciencia debe incorporar para poder tener una evaluación completa del desempeño sectorial.

Ahora bien, dentro del Acuerdo de París, los países se han comprometido a presentar sus compromisos de reducción de emisión (NDC, por sus siglas en inglés) para el 2030, a actualizarlo, según las conclusiones de la COP 26, cada cinco años y a presentar su estrategia de largo plazo (ELP) para alcanzar la descarbonización para 2050. A pesar de ello, los compromisos actuales cubren el 68 % de la economía mundial, el 56 % de la población mundial y tan solo el 61 % de las emisiones globales. Particularmente, solo el 38 % de las emisiones de agricultura están incluidas dentro de las contribuciones nacionales^[12]. Las contribuciones presentadas en el marco de la COP 26 siguen siendo insuficientes con la meta planteada y se proyecta actualmente un escenario de aumento de la temperatura de 2,4 ºC^[13].

Dentro de este contexto, Argentina ha actualizado en abril de 2021 su NDC con un compromiso de no exceder la emisión neta de 349,16 MtCO2eq en el año 2030 y ha anunciado su meta con la carbono-neutralidad para 2050, restando aún la presentación de su ELP, la cual se encuentra en pleno desarrollo. Previamente, para operacionalizar el cumplimiento de las metas argentinas de emisiones de GEI, se han elaborado planes de acción que contienen medidas de mitigación específicas para los sectores energía, agro y bosques, transporte, industria e infraestructura (dentro de la tercera IBA). Particularmente, las medidas de mitigación incluidas en el Plan de Acción de Agro y Cambio Climático^[14], que busca reducir 25,74 MtCO2 al año 2030, incluyen las siguientes:

1. Aumento de la superficie forestada de 1,38 millones a 2 millones de hectáreas entre 2018 y 2030.
2. Aumento de la superficie cultivada con cereales (trigo, maíz) y disminución de la superficie ocupada con oleaginosas (soja, girasol) respecto de la proporción de cultivos de la campaña 2011 a partir de 2020, para alcanzar al año 2030 una proporción de 48 % de la superficie cultivada con cereales y un 52 % con leguminosas.
3. Aprovechamiento de biomasa para la generación de energía térmica y electricidad.

En el Plan de Agro y Cambio Climático, se menciona asimismo que se encuentran bajo estudio las siguientes medidas adicionales:

• Eficiencia en la producción ganadera (aumento de la eficiencia del sistema de producción de cría bovina para carne –tasa de destete– y el peso medio de faena).
• Buenas prácticas de fertilización (mejoras en la eficiencia del uso de los fertilizantes nitrogenados, medida como la cantidad de nitrógeno recuperado en alimento producido por unidad de nitrógeno aplicado).
• Prevención de incendios en plantaciones forestales (aumento de la proporción de hectáreas forestadas con acceso a equipamiento para la prevención y supresión de incendios, como caminos y cortafuegos; reservorios de agua para carga de equipos de control de incendios y equipamiento de prevención y control de incendios de acuerdo con la superficie forestada).
• Recuperación de suelos degradados.
• Reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos.
• Cobertura de suelos (incremento de la superficie de cultivos sembrada en el período de invierno como práctica tendiente a evitar suelo descubierto, reduciendo la erosión, e intento de captura de carbono ambiental en la estructura edáfica).

Por su parte, dentro del borrador de la ELP, se menciona la revisión de los sistemas de producción y productos agropecuarios, el aumento de la capacidad y el stock de carbono y mejoras en la eficiencia en la producción. A continuación, se enuncian las acciones contenidas en el último borrador presentado por la Secretaría de Cambio Climático, aplicando un enfoque de backcasting, esto es, plantear una imagen deseable de futuro (cero emisiones netas en el sector agro y bosques al 2050) y, a partir de esto, “venir hacia el presente” buscando identificar los factores que podrían determinar el logro de esos resultados en el largo plazo.

Si bien estas medidas sectoriales alimentan la trayectoria de la carbono-neutralidad y significan un cambio en los procesos productivos de alimentos, se requieren, sin embargo, acciones aún más disruptivas pues las estimaciones disponibles de potenciales de mitigación indican que el esfuerzo no sería suficiente.

5. La proyección poblacional, las fugas ambientales y la irrupción de requerimientos ambientales relacionados con el comercio

Los compromisos y las estrategias se basan sobre las emisiones territoriales; ahora bien, los países empiezan también a regular la importación de carbono incorporado, como así también otras categorías de impacto ambiental como deforestación y biodiversidad, en cuanto buscan evitar las fugas ambientales hacia orígenes productivos con regulaciones y compromisos ambientales más laxos. Es así cómo, en el Informe sobre la Disparidad de Emisiones de la ONU de 2019, las emisiones per cápita de la UE, por ejemplo, son más elevadas que las de China cuando se computan las emisiones debido al consumo. En consecuencia, estándares ambientales han pasado a convertirse en requerimientos de acceso a mercados públicos y privados que las exportaciones alimenticias deben cumplimentar para mantener la apertura comercial.

Paralelamente a esta necesidad ambiental y comercial de reducir las emisiones, la proyección de población resulta en una población total para 2050 de 10.000 millones de personas, lo que significará en un aumento mínimo de 60 % en la producción de alimentos para alcanzar la meta de hambre cero (ODS 2). Además de las emisiones asociadas al sector, la producción de alimentos a nivel mundial utiliza aproximadamente el 50 % de la tierra habitable del planeta. A nivel mundial, América Latina y África Subsahariana tienen la mayor tierra arable disponible, entendiendo por ella tierra con alto valor agroecológico, no forestada ni protegida y con una densidad poblacional menor a 25 personas/ha^[15]. Por lo tanto, la presión ambiental sobre el sector y sobre los países de ambas regiones es aún mayor.

De esta forma, el nuevo contexto establece que hay que producir más para alimentar a una población creciente con menos recursos de manera de cumplimentar las nuevas demandas ambientales.

6. Los estándares ambientales en alimentos

Desencadena este contexto de cambio climático la necesidad de evaluar el desempeño ambiental de los alimentos, y, en consecuencia, irrumpen los estándares ambientales relacionados con el comercio internacional.

Basados en el análisis de ciclo de vida con un alcance de cuna hasta tumba, inclusive hasta cuna dentro de un escenario de gestión de economía circular, los estándares ambientales por unidades funcionales (terminología referida a productos) evalúan el impacto ambiental potencial por categorías. Entre ellas se destacan hoy en día el carbono equivalente (emisiones), agua, biodiversidad, deforestación, cambio del uso del suelo, material particulado, entre otros. Actualmente, el estándar de huella ambiental en desarrollo en la Unión Europea bajo la denominación Product Environmental Footprint alcanza más de 16 categorías de impacto. Los estándares se basan en metodologías internacionalmente validadas y fundamentando su reconocimiento y aceptación en procesos de certificación de terceros independientes. A su vez, desarrollan de forma paralela plataformas de trazabilidad hasta inclusive proceso de diligencia debida en donde el importador en última instancia termina siendo responsable de la información vertida en el proceso de certificación. En función de su ámbito de desarrollo, se distinguen entre estándares privados, que definen los criterios de participación en canales de comercialización, y los públicos desarrollados por la autoridad gubernamental y sujetos a compromisos oficiales en el plano multilateral.

Algunos estándares han desarrollado grados de calificación en función del resultado de la evaluación del desempeño ambiental, ya sea por parámetros fijos preestablecidos o por evaluaciones comparativas dentro de cada categoría de productos. De esa manera, se fidelizan dentro de la cadena proveedores “sustentables” o se definen criterios de compra por parte de los consumidores.

Dependiendo del resultado alcanzado, existen requerimientos que pueden excluir productos de una determinada góndola, inclusive restringir el acceso al mercado o bien establecer criterios de compensación obligatoria de los impactos ambientales. Si no se dispone de datos propios, las regulaciones vienen acompañadas de datos por defecto, los cuales, en la mayoría de los casos, no representan las buenas prácticas locales, sino que resultan de promedios globales o datos de otras zonas productivas. En general, estos datos penalizan a los productores locales tomando la situación más negativa de manera de no subvalorar el impacto ambiental. También existen exclusiones por origen, revirtiendo la necesidad de la prueba. Es en este complejo proceso donde los estándares ambientales se convierten en condiciones comerciales y llegan a cerrar el acceso a determinados mercados.

No existe un listado taxativo de estándares públicos y privados a nivel internacional aplicados sobre productos alimenticios de manera de definir un universo cerrado. En el ITC Standard Map^[16], a la fecha se listan 313 estándares, de los cuales 154 aplican a agricultura. Actualmente, los estándares tienden a armonizarse y realizar procesos de reconocimiento mutuo de manera de evitar la superposición de estándares que lleven a la no implementación por parte de los eslabones de las cadenas o bien la confusión de la información por parte del consumidor. Lidera a nivel regulatorio el proceso la UE, tanto a nivel público como privado, traccionada principalmente por sus compromisos ambientales multilaterales. Dentro de un efecto Bruselas o fenómeno espejo a través de los compromisos comerciales, de cooperación y financieros, la mayoría de los destinos de países desarrollados han avanzado en la implementación de regulaciones voluntarias u obligatorias ambientales. A su vez, las compañías que operan a nivel transnacional también producen actualmente un efecto contagio transfronterizo. Inclusive en la COP 26 el sector privado ha realizado un llamamiento a presentar en la próxima Conferencia de las Partes los compromisos de reducción corporativos.

Por último, no existe a la fecha una única forma de comunicar el desempeño ambiental por producto. Las normas ISO han estandarizado tres tipos de etiquetas ambientales: ecoetiquetas (tipo 1), autodeclaraciones (tipo 2) y declaraciones ambientales (tipo 3). Cada una de ellas, con diferente información en función de su fin comunicacional. Para ello, es necesario también llevar a cabo de manera paralela un proceso de formación de los consumidores de manera de evitar un proceso de “lavado ambiental”.

7. Los pendientes de la Argentina para generar valor ambiental agregado en los alimentos

Según el ITC Standard Map^[17], en Argentina se aplican, en relación con productos de la agricultura, 68 estándares ambientales. La cadena de la soja lidera la certificación de estándares ambientales por producto en función de un requerimiento obligatorio que impuso la Unión Europea para importación de biodiésel en 2009. Esta condición obligatoria llevó a una implementación generalizada del cálculo de las emisiones y la demostración del no cambio del uso del suelo a partir del 1 de enero de 2008 (fecha de corte establecida por la autoridad competente europea) en la principal cadena de agroexportación a nivel nacional. Actualmente, estos requerimientos no solo se aplican al poroto, sino también a todos los subproductos, viéndose reforzado el requerimiento de cero deforestación incorporado en el último año por el desarrollo regulatorio europeo y a nivel global.

Si bien la pandemia de COVID-19 ha reforzado la necesidad de trabajar proactivamente sobre la sustentabilidad ambiental de alimentos a nivel de cadena, existe todavía una baja incorporación de estos requerimientos en la gestión, encontrándose el país en un estadio inicial.

La certificación ambiental requiere un abordaje por producto, con información trazable de cuna a puerto de salida como condición de mínima; es por ello por lo que se identifican como pendientes en Argentina los siguientes puntos:

1. Abordar el impacto potencial ambiental sobre un análisis de ciclo de vida local (generar factores de emisión locales, perfiles ambientales de proveedores sustentables, evitar así datos por defecto).
2. Medir de manera individual, generando líneas de base.
3. Gestionar las líneas de base mediante la implementación de buenas prácticas ambientales y la incorporación de tecnologías ambientalmente eficientes y certificar posteriormente mediante metodologías reconocidas.
4. Generar datos de captura de carbono conforme al avance de la ciencia actual que sea certificable y participar en los ámbitos científicos en la definición de los pendientes regulatorios en materia de captura de carbono.
5. Armonizar los datos del sector privado con el sector público sobre una estrategia integral con el resto de los sectores (energía/transporte/residuos) y coordinar de manera transversal la ELP.
6. Abordar el resto de las categorías de impacto ambiental: agua, biodiversidad, suelo, etc.
7. Volcar la información en las negociaciones comerciales/ambientales y fortalecer las compañas de comunicación.

8. Conclusión: el enfoque de “One Health”

En conclusión, se supone la necesidad de fortalecer los sistemas alimentarios inocuos, considerando tanto la parte local como extranjera, en una era de cambio climático acelerado, integrando la inocuidad alimentaria en los planes y compromisos nacionales de adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos. Por lo tanto, es necesario fortalecer la colaboración intersectorial y aplicar enfoques multisectoriales para abordar los desafíos respecto de la sustentabilidad de los sistemas de producción de alimentos y velar por la disponibilidad de alimentos inocuos, suficientes, nutritivos y ambientalmente eficientes. Conforme a esta realidad interconectada, la FAO, la OIE y la OMS aprobaron el enfoque holístico “One Health”, un marco de colaboración común para tratar cuestiones de salud humana, animal y del medio ambiente. Esta iniciativa promueve el intercambio de información y capacidades entre los sectores sanitario, agropecuario, veterinario y ambiental y de inocuidad de los alimentos para apoyar la prevención, la alerta temprana y la mitigación de situaciones que pongan en peligro dicho enfoque y tengan repercusiones para el comercio transfronterizo. El objetivo es evitar así nuevas irrupciones de enfermedades y alcanzar un sistema alimentario resiliente al cambio climático. Se propone adoptar dicho enfoque desde lo institucional a nivel Argentina, de manera de lograr sinergias que retroalimenten los pendientes listados.

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