Edad, ética ordinaria y la negociación de la condicionalidad

Marina Medan

Horacio se presentó a la reunión del programa con una pierna enyesada y le anticipó a la operadora: me vas a retar por lo que hice. Se había robado una moto, lo había encerrado un patrullero, y aunque había logrado escaparse, se había caído y se había lastimado. Ante el inevitable reto, se quejó: bueno, si no cobrás acá tenés que sacar plata de algún lado. La operadora, notoriamente molesta, le respondió: ¿me estás amenazando? Sin embargo, serena, le pidió que se fuera de la sala, que pensara qué quería hacer de su vida, y que volviera la siguiente semana con una propuesta porque así, no se puede seguir.

La escena transcurrió en un barrio popular de la zona sur del Gran Buenos Aires, en 2009, en el marco de un programa de prevención social del delito que incluye transferencias monetarias (TM). La discusión no se centró en la necesidad del dinero. A pesar de la queja, Horacio y la operadora sabían que los $150 de la TM no compensarían el dinero obtenido en el robo de una moto.^[1] El problema de la situación, que Horacio conocía, es que él no estaba cambiando su modo de vivir, y que no estaba entregándose al acompañamiento que se le ofrecía en el programa. A las semanas, Horacio cumplía con la asistencia al programa, había retomado la escuela, y había vuelto a cobrar la TM. Sin embargo, un par de meses más tarde, participó de otro robo y la operadora se enteró. Atento a la posibilidad de que ella le quitara la TM, se presentó al programa con copias de curriculums vitae que había hecho y contó que había estado toda esa mañana repartiéndolos por comercios de la zona. Enfatizaba su intención de cambiar y de encontrar trabajo. La operadora estaba enojada porque él seguía sin armar su proyecto de vida: seguía eligiendo mal. Sin embargo, Horacio no fue excluido del programa y siguió cobrando la TM.

Para ser beneficiario de aquel programa de prevención del delito había que dejar de robar y, dependiendo de la necesidad y posibilidades, iniciar tratamientos para la recuperación por el consumo de drogas, retomar la escuela, conseguir algún trabajo. Aunque muchos de los jóvenes, como Horacio, no cumplían las condicionalidades, seguían estando dentro del programa. ¿Cómo es posible explicar este particular uso de las TM que suponen condicionalidades para su acceso?

Este trabajo aborda la relación que existe entre las TM y la edad en programas sociales destinados a jóvenes de sectores populares. Enfoco en la dimensión etaria porque interpreto que tiene un papel importante en el despliegue de las transferencias, debido al modo en que los sujetos beneficiarios y su posición en el ciclo vital es considerada por quienes evalúan el cumplimiento de las condicionalidades. Para ello, apelaré al campo de discusiones en el que se inscribe mi investigación, los estudios socio antropológicos sobre el Estado. Además, retomo aquellos que indagan en los sentidos sociales y morales del dinero, y en el análisis me interesa considerar, especialmente, perspectivas que rescatan la dimensión cotidiana de la experiencia para comprender, en sentido amplio, las relaciones sociales.

Introducción

El dinero de la asistencia pública y los programas para jóvenes

Las entregas de dinero en efectivo como asistencia pública -como antecedente de las modernas TM- no son una novedad del siglo XXI, ni aún del XX, tal como lo señala Viviana Zelizer en su obra “El sentido social del dinero” (2011). Hay rastros primarios de estas modalidades de asistencia desde mediados del siglo XVIII en Estados Unidos. Estas entregas buscaban, no sólo educar a las personas sobre cómo administrar el dinero, sino asegurar la subsistencia a quienes no pudieran hacerlo a partir del trabajo, lo cual no era sino un modo de evitar situaciones indeseables como la mendicidad y el eventual delito. Si bien desde las primeras entregas de dinero se requirió algún tipo de rendición de cuentas por parte de los asistidos, la extensión de las condicionalidades para acceder a las transferencias es un fenómeno relativamente novedoso, de los últimos 35 años en el mundo occidental, y en América Latina -masivamente- de los últimos 20. Para contextualizar su aparición es preciso recordar que si en una primera instancia hacia fines de los años 70 y 80, el Estado pareció “retirarse” dejando a otras fuerzas – mayormente del mercado- la regulación social, en los años 90 y cuando aquel modelo llamado neoliberal comenzó a gestar niveles de exclusión social que amenazaban la cohesión social, pareció pertinente que el Estado volviera a intervenir en lo social motorizando acciones sobre quienes habían quedado en los márgenes (Rose, 1996). De ahí que se instauraran, primero, las llamadas políticas de “lucha contra la pobreza” (Lopreite, 2012; Midaglia, 2012; OIT, 2007), y años después otras preocupadas por objetivos de largo plazo (Banco Mundial, 2009; CEPAL, 2011), como la reproducción intergeneracional de la pobreza. Este tipo de intervenciones no sería de tinte universal, como las más tradicionales de los modelos de Estado de Bienestar, sino guiada por un cambio en la relación sociedad-individuos. Si antaño la sociedad tenía como misión proteger a los individuos de los avatares de vivir en ella socializando sus riesgos, ahora los individuos serían los responsables de proteger a la sociedad de los riesgos que sus elecciones personales pudieran acarrearle a ésta. Cuando el Estado ayuda a los más desvalidos, éstos tienen que comprometerse con una activación y responsabilización individual; de allí, la necesidad de que cumplan con una contraprestación para acceder a la ayuda (Castel, 2004, Merklen, 2013). Una famosa frase del gobierno británico de fines de los 90 representó este cambio: no habrá derechos sin responsabilidades.

Este modelo de programas con TM también llegó, a comienzos de este siglo, a las propuestas estatales masivas de inclusión social para adolescentes y jóvenes. Algunas de ellas estaban preocupadas por la “desconexión adolescente” de instituciones consideradas claves para la transición a la adultez, como la escuela y el trabajo. Un caso emblemático fue el Proyecto Adolescente, creado en 2003 en la provincia de Buenos Aires, Argentina (continúa vigente bajo el nombre “Envión”). Paralelamente comenzaron a surgir en Argentina programas de prevención social del delito^[2] cuya preocupación explícita no era tanto la desconexión adolescente sino la falta de un proyecto de vida y el involucramiento de los jóvenes en prácticas delictivas. Estos programas, más allá de leves diferencias en el tipo de destinatarios, incorporan las TM como elemento de un contrato, o acta acuerdo que los/las jóvenes suscriben como parte de la admisión. El/la joven se compromete a encarar actividades que se orienten a la elaboración del proyecto de vida: reinsertarse en la escuela, en el mercado de trabajo, atender problemáticas de salud, resolver causas judiciales, y en el extremo de los casos, dejar de delinquir. Además, deben asistir a las reuniones o talleres que les son ofrecidos por los programas. A cambio tienen a disposición esa oferta de espacios, lugares, talleres, el acceso a servicio de almuerzo y/o merienda (según el caso) y la TM. El contrato, más allá del papel firmado por ambas partes que se archiva como parte de la burocracia del programa, tiene la carga simbólica de referirse a derechos y responsabilidades de los/las jóvenes. Cuando por alguna razón no cumplen con lo previsto, o participan de alguna situación que defrauda las expectativas institucionales, se apela a lo allí acordado.

Las miradas sobre la TM

Las TM han recibido mucha atención desde las agencias de financiamiento, de las de ejecución, y también desde cierto sector de las ciencias sociales. La mayoría de los estudios, desde una perspectiva normativa, se ha centrado en sistematizar los objetivos de tales transferencias, sus destinatarios, analizar y controlar los procesos de adjudicación, el establecimiento y cumplimiento de condicionalidades. En general, han revisado estas cuestiones con el objetivo de dar cuenta en qué medida se cumplen o no los objetivos de esas políticas, y al interesarse por el dinero, lo han hecho considerándolo un bien neutral.

Para discutir dicho carácter neutral, y subrayar su rol central en la configuración de relaciones sociales, un campo muy fructífero de estudios ha indagado en el dinero de la asistencia pública desde otra perspectiva. La sociología económica, y especialmente la sociología del dinero desarrollada por Viviana Zelizer (2011) ha permitido formular otras preguntas sobre los usos y sentidos del dinero en los programas sociales, proponiendo un enfoque relacional. Este capítulo se inspira en esta perspectiva para comprender los sentidos del dinero de la asistencia considerando tanto el modo en que es concebida su utilización en los diseños institucionales, como la forma en que los agentes locales lo utilizan, y cómo los destinatarios comprenden ese dinero y experimentan las relaciones sociales que a partir de él se traman. Mientras mis indagaciones respecto de las TM son subsidiarias al interés sobre el gobierno de la juventud pobre mediante programas estatales (Medan, 2014), colegas locales han ahondado exhaustivamente en los sentidos del dinero en los sectores populares (Wilkis, 2015), y especialmente en la producción social del dinero a través de las TM específicamente en programas destinados a jóvenes (Hornes, 2017, Hornes 2020). A su vez, las TM también han sido estudiadas por su relación con procesos de reproducción de la desigualdad, sobre todo desde los análisis de género. Los estudios muestran que aun cuando las TM pueden haber contribuido a la feminización de la pobreza, el acceso a estos dineros permite configurar nuevos roles a los sectores populares, y especialmente a las mujeres, comprometiéndolas con procesos de distinción, y establecimiento de jerarquías que, en algunos casos, les proveen mayor autonomía (Llobet y Milanich, 2014, Zibecchi, 2019, Hornes, 2021).

Este trabajo retoma las lecciones de estos antecedentes para indagar en la relación entre las TM y la edad, porque considero que el procesamiento social de la edad modula la naturaleza y despliegue de este componente. La condición etaria es clave para entender la dimensión discrecional, contingente y negociada de la condicionalidad propia de las transferencias monetarias dentro de programas para jóvenes.

Perspectivas y supuestos

Al observar las TM y las condicionalidades, procuro mirar cómo y porqué funciona esa relación que se establece entre quien da el dinero y quien lo recibe. Entiendo a las TM como una relación social que tiene, más allá de ciertas formalidades sobre objetivos, metas, perfiles de destinatarios y mecanismos para la rendición de cuentas, una suerte de micro mundo cotidiano que resulta muchas veces subestimado en los análisis de las políticas sociales. Por ello, me interesa atender a las implicancias culturales y morales de estos procesos. Como señalé, mi interés en las TM radica en su pertenencia al modo en que el Estado gobierna a las juventudes pobres. En ese sentido, parto de una comprensión del Estado como un ente multidimensional, cuya composición en capas y aparatos diversos no siempre garantiza la coherencia ni la unidireccionalidad de su actuación (Haney, 2010). El Estado es, ante todo, un intérprete, y en cada arreglo institucional específico –a través de sus instituciones y agentes-, estipula necesidades y demandas legítimas (Fraser, 1991, Bourdieu, 1994), construye y categoriza sujetos, les asigna características y modos de comportamiento esperables de clase, edad y género. Esa articulación de concepciones de necesidades históricamente específicas es incorporada en políticas sociales y prácticas institucionales (Haney, 2002). Así construye la “arquitectura de necesidad” mediante la cual se define quién es necesitado, en qué términos, y cómo hay que satisfacer dichas necesidades (Haney, 2002, Fraser, 1991, 1997). Ahora bien, ¿de dónde surgen esas definiciones? Mientras las políticas sociales pueden ser entendidas como la producción de un conjunto de reglas, normas, valores y restricciones objetivadas, dicha producción no está simplemente determinada a priori por las definiciones y las arquitecturas, sino también por procesos de negociación (Fraser, 1991). Este entendimiento del Estado asume que existen “espacios de maniobra” para que los destinatarios de las políticas maniobren en espacios que el Estado crea para tal fin demarcando las posibilidades de reclamar derechos y definiendo cuán participativa es la definición de las necesidades (Haney, 2002:17).

Esta idea de negociación y del espacio de maniobra debe ser comprendida en su complejidad. Por un lado, esa negociación no tiene que pensarse como un proceso ni meramente racional, ni ejecutada por partes en posiciones de igual poder o valor. Por otro lado, ese espacio de maniobra no es sólo para que maniobren los destinatarios; los agentes estatales también lo ocupan y utilizan. Ello es lo que plantea Didier Fassin (2015) cuando sostiene que no sólo hay que atender a cómo piensa el Estado sino, a cómo siente, cómo implementa valores, afectos, juicios; esto es, atender a su dimensión moral. Por ello es clave estudiar las instituciones y a quienes las conforman, los agentes, quienes son confrontados por expectativas implícitas y explícitas en discursos, leyes, y reglas, mientras mantienen un considerable espacio para maniobrar en la gestión concreta de situaciones e individuos. En esas situaciones concretas apelan a las economías morales disponibles a las cuales conectan con sus propias subjetividades morales, que a la vez contestan a las primeras. La economía moral, representaría la producción, circulación y apropiación de valores y afectos en torno a un tema social y los juicios y sentimientos que se van produciendo gradualmente para definir un sentido común y comprensión colectiva del problema, por ejemplo, sobre el delito juvenil y la exclusión social. La subjetividad moral, en otro nivel, se refiere a los procesos mediante los cuales los individuos desarrollan prácticas éticas con ellos mismos y con los demás, y resuelven situaciones específicas.

El carácter “ético” de estas prácticas no tiene que ver con uno trascendental ni vinculado a una forma totalizadora de la experiencia. Más vale, se trata de la “ética ordinaria” que desarrolla Veena Das (2012). La ética ordinaria es una dimensión de la vida cotidiana por la cual nos convertimos en sujetos morales, es lo que orienta muchas acciones en la vida cotidiana, pequeños gestos, minucias, que se ponen en juego para hacer posible la vida con los otros. Esa orientación no está determinada a priori: en cada caso se evalúa y se postula que algo es situacionalmente malo o bueno. Por eso, la ética ordinaria tiene mucho más que ver con el hacer de las cosas, que con un estado de las cosas (Das, 2015).

Recuperar esta idea de “ética ordinaria” sirve para comprender las justificaciones de los y las jóvenes para ser considerados legítimos merecedores de la asistencia pública. Pero también, para iluminar cómo los y las agentes estatales toman decisiones concretas que definen, finalmente, el funcionamiento de la política social. Del mismo modo, permite comprender las expresiones de afecto de parte de operadores/as estatales hacia los y las jóvenes, así como los gestos éticos que procuran protegerlos/as de exposiciones que los/as vulneren, camuflar situaciones vergonzantes, resguardar aspectos de su intimidad (Das, 2012). En el extremo de estos procesos, pero no como algo inusual, o extraordinario, interesa especialmente mostrar cómo en las decisiones cotidianas de la regulación, los agentes habilitan la ilegalidad en un dispositivo de control social como lo es un programa social. Ello como parte de la tarea cotidiana del Estado (aunque normalmente invisibilizada), de balancear el uso de la ley y la excepción, no como artefactos opuestos sino, justamente, complementarios (Das, 2012).

Estas perspectivas realzan la importancia de estudiar la vida cotidiana –y considero que las instituciones son parte de ella, tanto para los agentes que trabajan a diario en los programas como para los jóvenes que asisten a ellos-, porque insisten en que debajo de esos actos rutinarios hay una lucha por lo nuevo, hay trazos de la ley, pero de una ley que se incorporará en el sujeto en la medida en que tenga sentido (racional, moral) para él.

Ahora bien, este entendimiento sobre las políticas sociales, sobre su pertenencia a un Estado que dista de ser un ente homogéneo, totalizador, y racional, y este interés en los procesos de maniobra que se dan dentro de las instituciones y en la vida cotidiana, requiere atender a las particularidades de las poblaciones a gobernar. En este sentido, tradicionalmente, la relación del Estado con las nuevas generaciones ha sido ambigua y se ha caracterizado por sostener al mismo tiempo, y en tensión, objetivos vinculados al cuidado, la protección y a la inclusión social junto con otros de control. Esto ha supuesto que tanto las normativas como las políticas sociales y socio penales hayan inclinado más el peso de esta tensión hacia construcciones de un sujeto en riesgo que, dependiendo del enfoque, requiere protección y reencauzamiento, o control y sanción (Villalta, 2013, Medan, 2017). Por ello es preciso atender a las combinaciones específicas de diferenciaciones sociales como la clase social, el género, el momento del ciclo de vida y la etnia que son configuradas en los diferentes niveles de la práctica estatal habilitando o constriñendo formas de distribución y reconocimiento (Fraser, 1997).

Al abordar quién y bajo qué términos accede a una TM en un programa destinado a jóvenes, la edad resulta una categoría central. La edad es un ordenador burocrático, y regulador de relaciones y posiciones de poder (Mintz, 2008, Bourdieu, 1990). En ese sentido, el procesamiento social de la edad (Chaves, 2010, Criado, Martin 1998) que se haga en cada contexto específico, redundará en el modo en el que el Estado se dirija a las personas.^[3] Específicamente habrá que ver en cada caso cómo la edad de adolescentes y jóvenes de los programas es procesada para escrutar el modo en que sus comportamientos requieren protección, control, o una combinación indefinida de ambos, y cómo eso se vincula con la ponderación de la condicionalidad que conllevan las TM para ser asignadas.

Acerca de los datos

Los datos que presento surgen de los estudios sobre programas destinados a jóvenes (de inclusión social, de prevención del delito) que vengo realizando desde 2008. Mayormente, fueron construidos durante mi investigación doctoral (Medan, 2017) –cuyo trabajo de campo se realizó entre 2008 y 2011. Tanto dicha investigación como las posteriores adoptan la metodología cualitativa con aproximación etnográfica. La adscripción a las perspectivas teóricas señaladas más arriba implica y orienta este posicionamiento etnográfico. Las técnicas de producción de datos fueron la observación participante, entrevistas en profundidad a agentes estatales territoriales, funcionarios y jóvenes beneficiarios. Además se analizaron documentos institucionales.^[4] En este texto se toman datos generados, especialmente, en el estudio del programa Comunidades Vulnerables de prevención del delito, en una de cuyas implementaciones realicé trabajo de campo intensivo. Otros datos surgen del estudio de una de las implementaciones del Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión, principal programa de inclusión social juvenil de la Provincia de Buenos Aires.^[5] La centralidad del Comunidades Vulnerables en mi trabajo, requiere caracterizarlo. Fue creado en 2001 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, dentro del Plan Nacional de Prevención del delito (PNPD).^[6] Su objetivo era promover la puesta en marcha de proyectos locales destinados a favorecer la integración social de los sectores más desprotegidos de la sociedad, especialmente adolescentes y jóvenes inmersos en procesos de alta vulnerabilidad social, procurando reducir su participación en la comisión de delitos callejeros. Al especificar sus objetivos consignaba, entre otros, promover la construcción de proyectos de vida que no impliquen prácticas violentas y delictivas y apoyar la búsqueda de formas de sustento económico por fuera de la actividad delictiva (Dirección Nacional de Política Criminal, 2007). El documento institucional no delimitaba por edades biológicas el perfil de los destinatarios, pero sí a clases de edad; se refería a adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad social en conflicto con la ley o en riesgo de estarlo. En la implementación que estudié, los beneficiarios tenían entre 15 y 31 años, y en promedio, 22. Para aclarar cómo era procesada socialmente la edad de los destinatarios, la operadora que coordinaba la sede me explicó: son los que no tienen un proyecto de vida armado. Sin poder hacer aquí un exhaustivo repaso del perfil socio demográfico de la población del Comunidades Vulnerables, vale decir que el barrio en donde vivían los y las jóvenes tenía niveles altos de NBI, que la mayoría de ellos y ellas tenía estudios primarios incompletos, inserciones laborales muy inestables generalmente en el entorno del propio barrio en donde vivían, y gran parte de ellos/as tenían vínculos, directos o indirectos, con prácticas delictivas. La implementación del programa consistía en encuentros grupales semanales en distintas locaciones del barrio, que se complementaban con charlas individuales relacionadas con el consumo y tratamiento de adicciones, o resolución y seguimiento de conflictos judiciales. El grupo de beneficiarios y beneficiarias de la implementación que estudié incluía a 40 jóvenes dentro de los cuales las mujeres eran minoría. El programa hacía actividades orientadas a cuatro ejes: trabajo, entorno socio comunitario, relaciones vinculares y asuntos judiciales. Como anticipé, los y las jóvenes debían asumir un compromiso personal que podía tomar la forma de reinserción escolar, o laboral o realizar algún curso de formación profesional, o tratamiento de recuperación de adicciones o tareas comunitarias. El Comunidades Vulnerables ofrecía una TM mensual, de $150 que se mantuvo inalterable desde 2001, cuando equivalía al 75% del salario mínimo vital y móvil (SMVyM), hasta 2009 cuando representaba el 10% del SMVyM.^[7] El Envión tiene similares objetivos de reinserción educativa y orientación sobre el proyecto de vida, se destina a jóvenes de entre 12 y 21 años, y también incluye una TM (llamada “beca”). Para tener una referencia, al momento de escribir estas líneas, la TM del Envión es de $1750 lo cual equivale al 8% del SMVyM.

El despliegue de las TM: de la ley a la excepción

La escena del inicio transcurrió en el seno de intercambios de palabras, acciones, gestos éticos, y entendimientos sobre el merecimiento de ayuda estatal tanto de parte de Horacio, de 17 años, como de la trabajadora social que coordinaba aquella sede del Comunidades Vulnerables. De algún modo, esa escena era un capítulo de una trama de definiciones y arreglos institucionales, normativos y situacionales, vinculados a los objetivos del programa. En lo que sigue quisiera desenredar esa trama. En primer lugar, repongo lo que entiendo como la dimensión normativa de las TM en estos programas. Luego, ahondo en la cotidianeidad de las políticas para referirme a aquellas situaciones en los cuales ese ideal debe ser y es reconsiderado como parte de subjetividades morales de agentes y beneficiarios/as. Seguidamente discuto los datos en función del enfoque relacional para estudiar las TM con atención a la condición etaria de los/as beneficiarios/as.

La dimensión normativa de la TM

Tres años después de haber iniciado mi trabajo de campo en el Comunidades Vulnerables, logré entrevistar al director del área nacional de Política Criminal, de donde había surgido esta estrategia social para afrontar el delito juvenil. Es lo que le da seriedad al programa, me dijo el funcionario en referencia a la decisión de haber incorporado una TM como parte de los componentes del programa. El asunto era el delito juvenil y se lo comprendía, en parte, como una consecuencia de la privación económica de ciertas poblaciones. En ese sentido, si bien el dinero no pretendía compensar lo obtenido en los robos que solían cometer los jóvenes, reconocía la necesidad material que nutría las explicaciones del delito y era una apuesta a darle cierta plausibilidad a la exigencia que se les imponía a los beneficiarios de armar un proyecto de vida alternativo al delito.

Sin embargo, la justificación más extendida sobre la existencia de las TM tenía otros matices. Desde la coordinación nacional del programa y desde la perspectiva de los/as agentes estatales que implementaban el programa en los barrios, la TM era la zanahoria que atraía a los/as jóvenes e impulsaba la participación. Ellos y ellas entendían que dado el perfil de su población destinataria, usualmente excluida de las instancias institucionales, era necesario ofrecerle un aliciente: es una estrategia de convocatoria en la forma de beca de estudio, un estímulo para que el pibe sea enganchado porque si no te encontrás con mucho desinterés, una ayuda para los gastos que implica ese compromiso personal, como ir a la escuela o al centro de formación profesional, y que no puedan excusarse por la falta de dinero, o como un estímulo para ese intento de cambiar. El dinero servía para motorizar, exigir en relación a la beca, sos una persona más que le está rompiendo un poco los cocos para que mantengan la escolaridad. Así, el dinero compraba boletos de colectivo y útiles escolares, pero también abría la puerta a un universo significativo y moralmente muy poderoso, de responsabilidades propias, derechos sobre otros y escalas de merecimiento.

Mientras sobre la asistencia pública (y más aún sobre la que conlleva dinero) se instala un halo de desconfianza ante potenciales aprovechadores, no advertí durante mi trabajo de campo que tal sentimiento fuera extendido. Sin embargo, a los/las agentes les preocupaban que los y las jóvenes le dieran a la beca un lugar privilegiado en la estrategia de intervención y que fuera lo único que les interesara. Así, en una tensión que a los/as agentes parecía incomodar, oscilaban entre dar importancia al dinero en un contexto agudo de privaciones materiales y subestimarlo en relación al resto de la oferta institucional que proponían. A la vez, les preocupaba contribuir a la extensión de una población hipersubsidiada que corría el riesgo –aunque no lo expresaran en estos términos- de acostumbrarse a vivir del Estado sin hacer nada a cambio.

El modo de gestionar esa tensión, que sigue observándose en los programas de este tipo, es construir una posición híbrida. Se compone de elementos propios del discurso contemporáneo sobre la activación y responsabilidad individual para afrontar los riesgos de vivir en sociedades avanzadas, y de otros vinculados a la pedagogía popular y los derechos de la infancia y la adolescencia. Tal como he mostrado antes (Medan, 2014), el contrato que se establece en estos programas y mediante el cual los y las jóvenes acceden a la TM concilia elementos discursivos, exigencias y expectativas provenientes de tradiciones múltiples. Se conforma un eclecticismo que permite emitir mensajes de responsabilización individual y protección de derechos humanos, fuertemente vinculados con la condición “especial” de la población adolescente y juvenil. A su vez, esa condición especial remite tanto a lo expresado en las normas de derechos humanos, como al entendimiento existente en estos programas de que la carencia de un particular tipo de proyecto de vida ubica las personas –independientemente de su edad biológica- como una etapa de vida susceptible de ser intervenida, tanto desde el control, como desde la protección.

Así las cosas, el dinero resulta clave para iniciar la intervención, por el interés que los y las jóvenes tienen en la beca. Una vez concretada la interpelación inicial entra en escena el elemento más significativo según la perspectiva institucional: el vínculo con el programa –en rigor, con sus agentes- que permite el acompañamiento para la elaboración de ese proyecto de vida. Tal como puntualizaba un funcionario nacional, lo central de estas estrategias es el acompañamiento de una persona adulta de referencia, como la que representan los y las operadores/as de los programas en los barrios. Según ellos, ese acompañamiento es imposible si no existe un vínculo personal entre la figura del operador y el o la joven:

la referencia con un adulto es una pata súper importante del programa, la referencia regular, cotidiana; el joven sabe que va a estar en tal espacio y a quien se puede recurrir; la particularidad de la edad (de los beneficiarios) también influye, esto de sonreírles o de poner un límite también, pero encontrar esta cosa del afecto es lo más importante del programa (…) una forma de andarles atrás, como que por ahí la familia no lo va a buscar, entonces somos nosotros los que estamos ahí pinchándolos.

Funcionarios/as y operadores/as señalan la importancia de la relación intergeneracional, la función de control pero también de cuidado mediada por el compromiso afectivo mutuo que requiere el particular momento vital de los y las beneficiarios/as. La TM cobra sentido y a su vez configura esa trama. A su vez, los y las jóvenes tienen que introyectar el marcado del dinero que los programas proponen: el interés en el dinero tiene que ser subsidiario de la relación vincular.

Según los/as agentes estatales, la relevancia inicial de la TM decrece a medida que la relación vincular entre los/as jóvenes y el programa crece.^[8] Esta relación es insistentemente des mercantilizada por los programas: el dinero de la asistencia es mucho más un medio para la creación de confianza, que un puñado de billetes.

Lo central, parafraseando a Zelizer (2011), es que las TM permiten habilitar un espacio de instrucción sobre valores vinculados a la cultura del estudio, del trabajo y, en general, para “apuntalar constructivamente las fuerzas del yo” (2011:210). Lo que se busca es habilitar el espacio de instrucción encaminado a orientar ese ideal de reinserción social mediante la apelación al compromiso de los jóvenes con su propia transformación subjetiva. Ella, en principio y especialmente en el programa de prevención del delito, tenía que ver con la cultura de la legalidad. La TM es una suerte de subsidio terapéutico porque la existencia del dinero permite, indirectamente, “acceder a las psiques de los beneficiarios” (Zelizer, 2011:210), controlándolas, moralizándolas, a veces protegiéndolas, o un poco de todo. Así, construir el vínculo y prestarse al acompañamiento es la condicionalidad para acceder al dinero.

La acreditación cotidiana de la condicionalidad: “cobra el que se lo gana”

A partir de los objetivos institucionales y el uso que le dan a la TM, la condicionalidad en estos programas no se acredita con la presentación de certificados de salud o escolaridad y tampoco de trabajo. La condicionalidad se cumple cuando se presentan evidencias de que el vínculo entre los programas y los y las jóvenes está “vivo”, que sigue vigente, y que a partir de él podrán darse las transformaciones subjetivas que se requieren para orientar el proyecto de vida.

Las y los jóvenes deben observar ciertas normas y compromisos del contrato que firman al incorporarse a los programas. Uno individual, orientado al proyecto de vida que, en general, traspasaba los límites del programa (por ejemplo, ir a la escuela); otro compromiso era participar en el espacio grupal, las actividades propuestas, y respetar normas de convivencia. En relación a ambos acuerdos los programas esperan que los jóvenes se comporten de manera responsable.

El que cobra la beca es el que cumple las actividades, (…) ellos saben que en la medida que cumplen con la asistencia a la actividad cobran el plan y como es parte del acuerdo, lo asocian directamente con el cumplimiento del marco de trabajo y de las actividades planteadas como grupo.

El dinero tiene una finalidad “constructiva” (Zelizer, 2011) que se asocia a legítimos merecedores.

Según como es planteado el escenario, los términos están claros, y los programas cuentan con que las y los jóvenes actúan racionalmente, informados de las condiciones del acuerdo y que si las incumplen deberán dar explicaciones. Sin embargo, lo que no parece tan claro es que los cumplimientos de estas condiciones son escrutados caso a caso, y que su evaluación dependerá también de la habilidad de cada joven para dar en la tecla de lo que en cada situación se espera.

Uno lo va evaluando en función del proceso de ese pibe. Porque por ahí es un pibe que al principio estuvo súper implicado, venía y sostenía el espacio, y después se enganchó en una changa y se desenganchó un poco en ese tiempo, estuvo trabajando y después volvió. Entonces, vos vas viendo el proceso del pibe. Si es alguien que no viene, que nunca se implicó, vino tres veces y no vino más, bueno, probás un par de estrategias y después ya evaluamos la continuidad o no. Siempre es caso a caso.

El contrato funciona como una formalidad de principios que según las interpretaciones de los/as agentes adopta sus contornos. Así, la comprobación de la vitalidad del vínculo no resulta un proceso sencillo de estandarizar, pero tampoco es un objetivo de los programas que así sea.

Los y las agentes estatales que trabajan a diario en las sedes de los programas son quienes deciden a quién se le da de alta y de baja en el cobro de la TM, y porqué razones. Los jóvenes saben que esto es así y por ello se esmeran en exponer las razones de su merecimiento.^[9] De esta forma, la acreditación de la condicionalidad era una tarea (y disputa) cotidiana, centrada en el trabajo relacional entre agentes estatales y jóvenes.

La principal forma de acreditarla es asistir a las reuniones grupales y mostrar disposición para participar de las actividades.

También, el vínculo se acredita cuando los jóvenes muestran señales de compromiso con el proyecto de vida: comentar la asistencia a la escuela, la continuidad de un tratamiento para las adicciones o el inicio de un nuevo trabajo (que usualmente es una changa), o estar aprendiendo algún oficio, haber emprendido alguna iniciativa laboral o recreativa, o evidenciar el cumplimiento de las medidas impuestas por un juez, son buenas señales que los y las jóvenes saben que hay que dar.

Cuando las cosas no van bien, los y las jóvenes deben esforzarse más. Por ejemplo, en el Comunidades Vulnerables, esta clase de situaciones podía implicar comentarle a la operadora porqué sus iniciativas o emprendimientos se habían frustrado o no habían salido como estaba previsto: que de una convocatoria laboral no los habían llamado, o que por ser mujer no la habían tomado en un trabajo por ser madre, o que no habían podido acceder a un certificado escolar para anotarse en la escuela al año siguiente, o que habiendo empezado la escuela habían tenido que dejarla por no poder conciliar los trabajos domésticos con el estudio, o que los problemas interpersonales en el barrio complicaban el intento de transformar las conductas y no meterse en problemas.

En uno de los encuentros del Comunidades Vulnerables, la operadora había estado fuera de la sala con Pablo, de 18 años, que estaba por ser dado de baja por sus reiteradas faltas e incluso por seguir involucrado en prácticas delictivas y violentas en el barrio. Al cabo de algunos minutos, la operadora volvió al encuentro grupal, y explicó a los/as beneficiarios que Pablo volvería a entrar (a la sala y al Programa) debido a que nos interesa trabajar con él porque lo queremos. Pablo incumplía todos los requisitos del beneficiario ideal, pero de alguna manera, en la charla privada en la cual yo no participé, la operadora había resuelto que él merecía seguir, o que si no lo merecía, ella debía permitírselo. Las admisiones, o las nuevas oportunidades en el programa podían ser producto de un conjunto de circunstancias, las mismas que, según otro caso, podían inhabilitar la admisión. En esos procesos los agentes podían tener en cuenta, además de la activación del interesado en su enumeración de dificultades, el conocer de tiempos previo a la familia de procedencia del joven, como la de Pablo, valorada como “problemática” dentro de la cual él trataba de distinguirse. También podían influir en la decisión institucional las participaciones anteriores de los jóvenes en el programa, sus vínculos con el delito, el trabajo, el consumo de drogas, o la maternidad o paternidad, o sus niveles de escolaridad. Todos esos ingredientes podían ser sopesados y tener como resultado, por ejemplo, el afecto, razón en la que se condensó la continuidad de Pablo. Del mismo modo, se toleraban prolongadas ausencias de algunos/as beneficiarios/as por razones que en otros casos ameritaban las bajas. Parecía nítidamente ilustrado lo borroso de los criterios de admisión y permanencia y lo contingente de sus implicancias, tal como otros trabajos también han señalado (Hornes, 2017).^[10]

Otro caso que ilustra una situación habitual tuvo a Silvina como protagonista. Ella tenía 26 años y 5 hijos cuando comenzó a ser beneficiaria del programa de prevención del delito. Su situación de vulnerabilidad social tenía múltiples aristas, conectadas. A su familia numerosa, difícil de mantener por su situación económica, se adosaba su analfabetismo que restringía sus posibilidades laborales así como múltiples actividades. Además, en el barrio era “sabido” que tenía prácticas delictivas. Cuando fue admitida al programa, se comprometió a iniciar su escolarización, lo cual parecía ser un puntapié importante para disminuir esa acumulación de desventajas. Sin embargo, a los dos meses de iniciar las clases avisó a la operadora que abandonaría el estudio. Le explicó que la misión escolar complicaba el cumplimiento de sus tareas en el hogar y que, además, estaba embarazada nuevamente. La operadora no objetó la deserción escolar y felicitó a Silvina por el nuevo bebé. Tal como analicé en un trabajo anterior, la maternidad era considerada una tarea socialmente valiosa y significativa para las jóvenes y era, a los ojos del programa, una señal de responsabilidad encaminada a un proyecto de vida alternativo al delito (Medan, 2016).

Finalmente, cuando la vitalidad del vínculo está en la cuerda floja, la última chance de los y las jóvenes es admitir y reconocer las fallas propias –o generadas por el entorno- en el cumplimiento del contrato.

Durante la segunda parte de 2008 Mariano asistió muy esporádicamente a las reuniones del Comunidades Vulnerables. Luego del verano, cuando se reiniciaron, volvió a los encuentros a conversar con la operadora. Estaba notablemente delgado y no tenía buen semblante. Mariano se refirió a su mal estado y le contó a la operadora que su mamá había salido de la cárcel, y que estaba vendiendo drogas nuevamente, lo cual a él le traía múltiples problemas. Aunque no lo admitía verbalmente, uno de ellos implicaba su propio consumo. Luego de esa exposición de circunstancias, Mariano continuó en el Programa por un tiempo, tras lo cual volvió a dejar de asistir, y por ello, al tiempo, dejó de cobrar la TM.

Horacio, tal como muestra la escena inicial, también reconocía sus errores, y los justificaba. En ese momento, luego de recibir señalamientos severos respecto del modo en que defraudaba la confianza que la operadora le había dado, obtuvo una nueva oportunidad en el programa. Un año más tarde, una escena similar se repetiría. Esta vez, la asunción sobre el error no se refería a la comisión del delito, pero sí al consumo de drogas, que para sostenerse requería del ingreso generado por pequeños robos. Horacio había dejado la escuela nuevamente y se lo veía notablemente flaco y desmejorado: le contó a la operadora que a la escuela había ido dos días, que la había dejado, y que se había juntado con otros pares del barrio, y así había vuelto a consumir. Asumiendo la relación con la mala junta ubicó en el entorno la razón del desliz: esta villa es imposible, te agarra y te vas con la gilada. Tratando de reparar la nueva decepción de la operadora, y ante el temor a que se le diera de baja el plan, se apuró a decir: ahora cobro (el plan, como le decían a la TM), me compro unas zapatillas y vuelvo a la escuela. Mientras recibía nuevamente señalamientos de la operadora sobre lo desafortunado y lastimoso de la situación, insistía: al menos vengo y les digo la verdad.

En estas escenas es posible advertir aquellos “empeños morales de la vida cotidiana para poder acomodarnos a vivir con otros” sobre los que Veena Das (2012) propone poner atención. En estas explicaciones, los y las jóvenes ponen en juego su ética ordinaria, su entendimiento de lo que es justo, de qué es lo que se merecen y porqué, así no sea más que por compasión. En la evaluación de Mariano y Horacio, participantes históricos del programa, resulta ejemplar el modo en que la subjetividad moral de la operadora (Fassin, 2015) funciona en el programa. Una subjetividad moral que sin dudas apela a los sentidos disponibles de las economías morales sobre la exclusión juvenil, y el delito urbano, sobre el derecho a la inclusión, pero también a la responsabilidad de quienes ya han sido advertidos de lo errado del camino. Horacio y Mariano, y también Pablo y Silvina, volvían al vínculo con la operadora. Y ella los recibía, los escuchaba, los retaba, y volvía a alojarlos. Y en ese alojamiento, posicionarlos como seres que requerían y protección, en una clave que rozaba los contornos de una relación filial, de la relación intergeneracional, resultaba determinante. Ello sucedía no sólo por la posición de la operadora, sino de los propios jóvenes, que la reconocían como una figura de referencia y autoridad. Horacio había entendido la importancia de la minucia de los gestos cotidianos: venir y decir la verdad, no mentir. Esa ética, mucho más vinculada con reconocer la relación con el otro, que con el valor de la verdad como abstracción, es lo que Horacio estaba demostrando. Y más allá de que este comportamiento pueda leerse como uno aprendido en el rol de beneficiario, y en ese sentido utilizado de modo táctico, esa táctica no la reviste de falsedad, ni engaño. Tal como también plantea Das, la ética ordinaria tiene que ver con la ley, pero con una ley que tiene sentido para las personas. Para Horacio, la “ley” con la que él estaba de acuerdo implicaba reconocer ante la operadora (esa operadora, que lo conocía desde sus 12 años) la falla, el error, y remarcar su intención de corregirlo, aunque supiéramos lo improbable de tal acción. Cuando la operadora le habilita la continuación en el programa, hace la excepción. Ello no es sólo la marca de la subjetividad moral con la que resuelve la situación concreta, sino la configuración y ratificación su autoridad; así, al mismo tiempo que le permite conservar el vínculo, la excepción legitima su intervención.

Durante mis dos años de trabajo de campo intensivo en el programa de prevención del delito, Alicia, de 25 años, participó de modo intermitente. Era una de las tres hermanas de la operadora comunitaria del programa. Alicia tenía dos hijos chicos, con cuyos padres no tenía relación, uno estaba muerto y otro preso. No lograba, a pesar de su manifiesta voluntad y de los incontables intentos de la operadora, dejar de consumir drogas. Ello la alejaba de su familia y de sus hijos, situación que ella lamentaba reiteradamente. El compromiso que Alicia tenía con el consumo nunca generó que se le advirtiera de la posibilidad de excluirla del programa y del cobro de la TM; incluso, en uno de los momentos en que había podido recuperarse parcialmente y que se manifestaba muy decidida a dejar de consumir, la operadora le ofreció asumir el rol de tutora, que implicaba más participación en el programa y el doble de cobro de la TM. Ese estímulo, que representaba una oportunidad muy esporádicamente ofrecida a algún beneficiario, tampoco funcionó para su recuperación. La operadora tenía cierta “debilidad” por la situación de Alicia, posiblemente por ser hermana de la operadora comunitaria, pero también por haber sido víctima de violencia de género, y por haber estado desde muy pequeña implicada en pequeños actos delictivos. A diferencia de este sentimiento de empatía hacia Alicia, otras beneficiarias le generaban mayor desconfianza a la operadora. Las reiteradas incursiones en el delito y las drogas de Viviana, de 30 años, que había estado presa y estaba en pareja con un joven de similar edad, que seguía cometiendo delitos, no eran comprendidas por la operadora del mismo modo. Si bien a ella también se le renovaba la oportunidad de cambiar, la operadora explicitaba su desconfianza sobre su real motivación para armar otro proyecto de vida, habida cuenta de sus inasistencias y de los rumores sobre sus actividades delictivas. En esa desconfianza, interpreto un procesamiento de la edad diferencial. Viviana, a diferencia de Alicia, no se mostraba tan vulnerable y parecía ya instalada en un proyecto de vida, que tenía que ver con la ilegalidad. Viviana no parecía ya tan dispuesta a dejarse encarrilar y eso representaba un impedimento en la continuidad del vínculo. Así, el asunto que distinguía las relaciones no eran tanto esos 5 años biológicos que las separaban, sino la posición social y relacional en la que se ubicaban y eran ubicadas respecto de la posición social de la operadora.

De diversas maneras, los y las jóvenes muestran la activación y el compromiso por mantener a flote el vínculo. En la mayoría de los casos, la rendición de cuentas, aun cuando remite a acciones fallidas, es suficiente demostración de compromiso. Según el tipo de manifestación, la reacción de los agentes estatales es de felicitación o de duro señalamiento, que puede incluir o no la amenaza de la finalización de la TM. En estos casos, no obstante, mientras el vínculo esté vigente, esa aparente última oportunidad siempre es acompañada con un discurso que combina severidad, pedagogía y afecto, y que apela a la relación intergeneracional de referencia entre el/la operador/a adulto/a y el/la joven que requiere acompañamiento. Mientras los y las jóvenes se presenten al espacio y expliquen qué pasó y porqué fallaron, la oportunidad se renueva, la condicionalidad se considera cumplida.

Delineando la condicionalidad: la dimensión moral del Estado y el procesamiento social de la edad

Las TM son un elemento importante dentro de dispositivos de regulación social de las juventudes pobres, como lo son los programas de prevención del delito y de inclusión social. A partir de la existencia de las TM se disparan una multiplicidad de cuestiones que desbordan rápidamente la cantidad de dinero que supongan. Son una forma de ordenar comportamientos, regular expectativas, establecer responsabilidades, y construir fronteras morales sobre el merecimiento de la ayuda estatal. La composición de la condicionalidad es clave para la delimitación, habitualmente transitoria, de estas cuestiones. El hecho de que represente un medio para otra cosa, y que su contribución a los ingresos cotidianos sea casi desestimada por lo escaso de los montos, parece distinguir a estas TM de otras más masivas, y sobre todo destinadas a otra población, como sucede con la Asignación Universal por Hijo, que, además, tiene un sistema más estandarizado de acreditación de cumplimientos de condicionalidad, y supone montos de dinero comparativamente más significativos. ^[11]

Al explorar el funcionamiento cotidiano de las TM en programas para jóvenes, se encuentra que la condicionalidad se cumple al constatarse la vigencia del “vínculo” entre operadores/as y beneficiarios/as. También, que, aunque sea un vínculo trabajoso, ríspido, elusivo e inestable, en general, se lo considera suficiente. De esa “puntita” que puede advertirse en los gestos cotidianos, los/as agentes estatales se toman para intervenir, y así, a la vez, legitimar su rol y su tarea.

Por su parte, los/as jóvenes tienen que demostrar porqué merecen la TM. En efecto, no es posible comprender el funcionamiento de la TM si no es observando las negociaciones que en torno a ella se generan entre las interpretaciones dominantes y las subordinadas, y cómo es habitado el espacio de maniobra (Haney, 2002) que se genera. Los y las jóvenes dan explicaciones y subrayan el mérito propio al mostrar sus logros, o piden la paciencia de la operadora hasta que puedan ordenar aquellos aspectos que les impiden cumplir los acuerdos, o apelan simplemente a su compasión sobre las desgracias y circunstancias que les aquejan.

Los y las agentes dan legitimidad a esas explicaciones e inscriben a algunas como parte de un comportamiento responsable –como la de la joven que deja la escuela para atender las tareas domésticas y cuidar su nuevo embarazo-, o como parte de uno errático o vinculado a entornos riesgosos; la mayoría resulta válida como señal de seguir prestándose a la intervención.

En estos intercambios entre apelaciones de los y las jóvenes y decisiones de los y las agentes se evidencia el trabajo moral de las instituciones al que refiere Fassin (2015), tanto de las tensiones dentro de la esfera pública alrededor de estos problemas, como de las acciones en el mundo profesional encargado de resolverlos.

Volviendo a la pregunta que coloqué al inicio: ¿por qué explicaciones como las de Horacio, actitudes como las de Pablo, o aún recaídas como las de Alicia terminan por delinear el cumplimiento de la condicionalidad para acceder a la TM?

Al seguir el entendimiento sobre la acción del Estado y sus diferentes niveles que mencioné al comienzo, apunto a que una de las claves para contestar esta pregunta tiene que ver con la dimensión moral del Estado (Fassin, 2015) y con los y las agentes en quienes se encarna. Ahora bien, ¿quiénes son los agentes que han venido tomando las decisiones en las situaciones que expuse en este trabajo?

Los y las agentes estatales de los programas que hacen las actividades con los y las jóvenes y tienen estas conversaciones e intercambios, suelen ser trabajadores/as sociales, o psicólogos/as. Algunos/as viven a muy pocas cuadras de los barrios populares en donde funcionan los programas e incluso, en el mismo barrio. Aún si no han concluido sus estudios universitarios, tienen formación en derechos humanos y abrazan causas sociales, sobre todo, aquellas que subrayan a los jóvenes como sujetos en peligro y no como peligrosos. La mayoría tiene casi la misma edad que los beneficiarios más grandes. Con mayor o menor grado de filiación con partidos políticos, muchos de ellos son militantes sociales. Si bien no deberíamos generalizar sus adscripciones ideológicas, podríamos asumir que sus decisiones se enmarcan en cierta economía moral sobre el abordaje del delito juvenil y la gestión de la “juventud en riesgo” que tiene como lema que “Ningún pibe nace chorro”. Se encolumnan dentro de la defensa de los derechos humanos y de la especialidad que se supone que tienen que tener las intervenciones socio penales con adolescentes; quieren representar el ala inclusiva del Estado, sobre todo, frente a otras agencias estatales como la policía y la justicia. Legitiman su tarea como aquella que tiene objetivos de inclusión, frente a otras instituciones que excluyen. Estos posicionamientos les permiten distinguirse de otros trabajadores y dotar al propio trabajo de nobleza (Perelmiter, 2011, Medan, Gaitán, Llobet, 2019, Mancini, 2015).

Como parte de su adscripción a este perfil, estos agentes sostienen que el trabajo con jóvenes no existe sin el vínculo, sin el trabajo afectivo de alguien que tiene que representar una referencia adulta, en un contexto donde eso no abunda. En el marco de este trabajo, interesado en el funcionamiento del dinero en programas sociales, ello forma parte del trabajo relacional que, tal como ha expuesto Viviana Zelizer (2009), desafía la supuesta hostilidad entre los mundos económicos y afectivos.

En este punto, la edad es un elemento clave: se trata del procesamiento social de la edad que en este contexto ubica a las personas, casi independientemente de su edad biológica (pueden ser 16 o 31 años) en una posición de vulnerabilidad propia del tránsito de la juventud a la adultez, en cruce decisivo con sus desfavorables condiciones de clase, y de género. La apelación a la inmadurez, a ese proceso de proyecto de vida que aún no está armado, o que tiene altibajos, marchas y contramarchas, les permite a los y las agentes estatales no actuar de modo determinante en la evaluación de algunos casos, como los de Horacio, Alicia o tantos otros, y al mismo tiempo ser muy discrecionales.^[12]

Esa posición vulnerable hace de los y las jóvenes, seres necesitados de cierto encausamiento. Se espera que dicha transición, debidamente apuntalada, pueda llegar a buen puerto. En términos de cierta economía moral disponible en el entorno de estos programas, podría aplicar la definición que me dio una operadora: son aún un tallo verde para enderezar. Ella hacía alusión a que, a diferencia de la población de políticas sociales destinadas a familias o jefas y jefes de hogar, los y las jóvenes son aún susceptibles de ser modelados/as en vistas de su transición a la adultez. Así, esta población necesita protección (sobre todo en un contexto que se considera deficitario en materia de protecciones y referencias convenientes de las familias, o del entorno), y, complementariamente, se legitima sobre ella un mayor control. Luego, como señala Fassin (2015), esta definición generalmente compartida en el ámbito de los programas sociales destinados a jóvenes, será reinterpretada de acuerdo a las subjetividades morales de los agentes que se encuentren en cada caso frente a las situaciones específicas.

En efecto, el hecho de que en ciertos entornos institucionales y sociales la juventud de sectores populares sea ubicada en esa posición dependiente y protegida, no es suficiente para que la condicionalidad se considere cumplida. Es clave que los jóvenes actúen en ese espacio de maniobra, no sólo para mostrar activación, sino, por los efectos que ello puede tener en la ponderación que hagan los y las agentes. Veena Das y Deborah Poole (2008) nombran como “colonización desde los márgenes” al proceso mediante el cual discursos y prácticas propias de los sectores populares o subalternos se traman y, de algún modo, modulan las prácticas estatales.

Las argumentaciones de los jóvenes, sus pedidos de consideración o de clemencia, inciden en las deliberaciones y decisiones institucionales; en términos de Das y Poole, desde los márgenes, colonizan al Estado. En efecto, en trabajos anteriores advertí cómo el hecho de que operadores/as de programas considerasen legítimas las definiciones de necesidades de los beneficiarios/as modeló, en parte, un tipo de gobierno de la “juventud en riesgo” que caractericé como tolerante (Medan, 2017). Esa tolerancia no es simplemente una aceptación resignada de algo casi inevitable; se funda en que los operadores toleran ciertas acciones porque empatizan con elementos propios de esas otras regulaciones presentes en los márgenes, porque pertenecen a las mismas comunidades en las que trabajan, o tienen una cercanía socio cultural que los/as lleva a reconocerse más en esas dinámicas comunitarias que en las propuestas institucionales. A su vez, reconocen la desproporción entre las expectativas y exigencias institucionales y las posibilidades de los jóvenes para cumplirlas.

En esos casos, sobre cierta economía moral disponible para considerar el delito juvenil, se imprime la marca de las subjetividades morales de los agentes ante los casos puntuales y concretos para definir en qué medida esa particular explicación o acción juvenil puede ser suficiente para acreditar la vigencia de ese vínculo que se acepta como condicionalidad.

Esa acreditación puede legitimar momentáneamente la ilegalidad y declarar excepciones (Das, 2011). Según los y las agentes estatales, esas excepciones en nombre de la edad son centrales en la medida en que si no se realizan en el momento justo corremos el riesgo de no verlos más. La renovación permanente de la oportunidad que los y las agentes les dan a los y las jóvenes es parte del poder del Estado para habilitar excepciones.

Por supuesto, estas excepciones, tienen sus costos. El posicionarlos como jóvenes y no como adultos, requiere infantilizar muchos de los comportamientos de los y las jóvenes. Pero así se habilita la protección de unos sujetos que, de otro modo, serían tratados como adultos y, eventualmente, condenados.

Reflexiones finales

En los programas sociales orientados a los jóvenes “en riesgo”, las TM sirven para establecer una dinámica de intervención que según los y las agentes estatales constituye un lugar donde los y las jóvenes puedan estar protegidos/as; al mismo tiempo, es una forma de controlarlos/as.

La edad es un organizador social y burocrático central, y constituye una clave de lectura muy potente para entender los usos y sentidos de las TM dentro de programas para jóvenes. La asociación con la vulnerabilidad y la necesidad de protección ilumina cómo se acredita el cumplimiento de la condicionalidad. A su vez, permite un amplio espectro de discrecionalidades de parte de los y las agentes, que toman decisiones guiados/as por la economía moral disponible en torno a la exclusión y el delito juvenil, y su propia subjetividad moral, altamente situacional y movilizada por el afecto y la empatía que haya o no entre operadores y jóvenes.

En este sentido, el argumento que sostiene que una de las tareas estatales centrales es generar excepciones (Das, 2011) capta particularidades relativas a posiciones específicas de los grupos a regular. Especialmente, que la condición etaria es un terreno fértil para habilitar excepciones en ciertos contextos. Mientras adolescentes y jóvenes califican normativamente como un sujeto especial de protección, su cobertura es discutida en la medida en que pesan fuerte en la opinión pública los argumentos que encuentran en los jóvenes pobres las causas de la inseguridad. Los y las agentes estatales que protagonizan este trabajo colocan su tarea cotidiana como parte de la batalla contra tales posiciones y entienden que generar en los y las jóvenes un lazo de dependencia con los programas mediante las TM es protegerlos/as. Cuando tenemos que darlos de baja de la beca porque no están viniendo, eso se traslada en una pérdida porque tras que los veías poco, les dejás de dar una referencia porque ya no los ves en el día a día.

Llenar de contenido la condicionalidad caso a caso no significa que no haya un objetivo de la política, ni una dinámica de funcionamiento, ni unas orientaciones. Significa que la política social se define a diario a través de una ética ordinaria y unas soluciones que apelan a la subjetividad moral de quienes toman las decisiones cotidianas. Esas articulaciones son las que hacen posible la vida con los otros, y también, en el seno de dispositivos de gobierno, el poder sobre los otros.

En este trabajo quise mostrar cómo la edad es un clivaje importante para comprender los distintos marcados del dinero y su uso en programas sociales, y aportar a los análisis que procuran comprenderlo como un elemento central dentro de tramas sociales específicas, fuertemente vinculado con la moral de la vida cotidiana. En este caso, supuso considerar su razón de ser y funcionamiento como parte de una estrategia de gobierno de poblaciones jóvenes y pobres que incluye imperativos de responsabilización, negociaciones cotidianas sobre el merecimiento de la ayuda estatal y decisiones morales sobre la protección y la excepción.

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