Las mujeres en los movimientos sociales

El feminismo ama otra ciencia: las ciencias y las políticas de la interpretación, de la traducción, del tartamudeo y de lo parcialmente comprendido.

                   

Haraway, 1991: 336

La mirada del investigador ante el objeto de estudio, por lo tanto, es entendida como limitada y localizada, o sea parte del principio de que “nuestra visión es siempre una cuestión de poder de ver.

              

Haraway, 1995: 25

4.1. Problemáticas, dinámicas instituyentes y desafíos

En la investigación El protagonismo de las mujeres en los movimientos sociales. Innovaciones y desafíos. Prácticas, sentidos y representaciones sociales de mujeres que participan en movimientos sociales^[1], se registró que las mujeres que participan en movimientos sociales (MS) promueven subjetividades en transformación, transitan de una subjetividad de dependencia y subordinación hacia una subjetividad de complementariedad y colaboración (Longo, 2012). Los hallazgos y las construcciones categoriales invitan a avanzar desde la investigación acción participativa en la indagación sobre promoción de los derechos humanos, autonomía, empoderamiento, desarrollo personal y participación comunitaria, territorial y ciudadana en relación con la exigibilidad de derechos en mujeres que participan de movimientos sociales urbanos de la CABA y el conurbano bonaerense de Argentina, la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas de Paraguay (CONAMURI) y el Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra de Brasil.

En la actualidad estamos atravesando una profunda crisis civilizatoria. Para Žižek, la catástrofe planetaria, civilizatoria nos pone en entredicho como humanidad. Vivenciamos una incertidumbre socioambiental mundial caracterizada por las múltiples crisis (alimentaria, migratoria, energética, socioambiental, financiera y sociocomunitaria), a consecuencia de la violencia subjetiva y sistémica (Žižek, 2009). La profunda crisis civilizatoria provocada por la voracidad del neoliberalismo ha propiciado afectaciones a valores, identidades, estructuras de vida y formas de sociabilidad y afecto. Esas transformaciones impactan en la producción social de subjetividades, entendiendo por “subjetividad” tanto la estructuración individual y sus procesos psíquicos, como el conjunto de pautas socioculturales, especialmente aquellas relacionadas con la sociabilidad cotidiana y los arreglos afectivos, que en particular han repercutido en los mandatos de género (Lamas, 2015). El cambio climático es una de las peores amenazas que enfrenta la humanidad, y afecta de manera directa sobre las mujeres rurales, indígenas y campesinas, con relación a la producción de alimentos y la gestión de bienes naturales. La consolidación del llamado “modelo de desarrollo actual” tiene efectos inmediatos en la vida cotidiana de las poblaciones, y particularmente en la vida y en los cuerpos de las mujeres rurales. Dicho proceso es complejo, dinámico, con múltiples dimensiones en las que se entrecruzan las relaciones culturales, de clase, de géneros, étnicas e intergeneracionales y territoriales, y que inciden significativamente en el devenir de las mujeres.

En el desarrollo histórico de nuestras sociedades, la alteridad y la diferencia fueron vistas como inferioridad, y tomaron forma a partir de las categorías de sexo, raza y tradición; estas siguen presentes en las tres figuras que se consideran como subalternas hasta hoy, las mujeres, los salvajes y la naturaleza (Santos, Nunes y Meneses, 2007). En la coyuntura actual, nuevas formas de subalternización emergieron, se instalaron y alteraron todos y cada uno de los niveles y ámbitos de la compleja realidad social (Machado, 2012). Según Langer, se vive en un momento histórico en que la humanidad tiene mayor urgencia de la diversidad y multiplicidad de culturas, de formas de conocer, de pensar, de vivir dentro del conjunto de las redes de la vida (como condición de posibilidad para responder a esta crisis civilizatoria); pueblos y culturas indígenas y campesinas de todo el planeta están siendo amenazados por el avance inexorable de la lógica del proceso de acumulación por desposesión (Langer, 2012). En los últimos años, muchos de los conflictos ambientales son básicamente conflictos territoriales distributivos, pero también políticos, económicos, culturales, y se zanjan en diversos niveles, desde lo más local a lo global. Las poblaciones son afectadas directamente por las consecuencias del deterioro ambiental en relación con la degradación del hábitat y con los impactos sobre su salud, subjetividad y sus condiciones concretas de existencia (Martínez Alier, 2007). Este modelo (pre)dominante convive con alternativas alimentarias y comunitarias que mezclan rasgos de resistencia histórica campesina y obrera con nuevas propuestas emancipadoras de fututo, ecologistas y feministas prioritariamente (Shiva, 1995). El modelo extractivista^[2] muestra la disputa por la tierra y el territorio y la feminización de la supervivencia a través de la extensión del trabajo de cuidado a la producción agrícola, así como el disciplinamiento de las mujeres por medio de políticas sociales de focalización de la pobreza y de microendeudamiento (Terán Montavini, 2014). Hoy en día, con la perspectiva de un nuevo proceso de acumulación primitiva, las mujeres suponen la fuerza de oposición principal en el proceso de mercantilización total de la naturaleza. El rechazo a la falta de acceso a la tierra ha sido tan fuerte que, en las ciudades, muchas mujeres han decidido apropiarse de parcelas de terreno público (Federici, 2013).

En términos generales, tanto en los movimientos urbanos como en los rurales, el territorio aparece como un espacio de resistencia y también, progresivamente, como un lugar de resignificación y creación de nuevas relaciones sociales (Svampa, 2009). Los nuevos movimientos urbanos que se oponen a los megaproyectos de urbanización, a los procesos de segregación y exclusión social y a las afectaciones al ambiente y que luchan por una vida digna en la ciudad son actores colectivos que permiten la generación de espacios de contrapoder y la reivindicación y la construcción de nuevas relaciones sociales y nuevos derechos (Ramírez, 2014). La discusión sobre la novedad de los movimientos sociales contemporáneos ha hecho posible el reconocimiento de la pluralidad de significados, sujetos y formas de acción (Melucci, 1989). Según Javaloy (2001), los movimientos sociales tienen un contenido político y cultural y exigen un cambio de valores, creencias, normas y estilos de vida; se trata de la búsqueda de una sociedad más justa y solidaria. Los actuales movimientos sociales en la región ponen en relevancia problemáticas tales como la exclusión histórica de los pueblos indígenas, el papel de la mujer en la sociedad, la degradación del medio ambiente, entre otras (Mirza, 2006). Las diversas acciones colectivas y las movilizaciones ponen en relieve las fronteras de la exclusión. Se trata de movilizaciones urbanas y rurales de carácter territorial, que incluyen la demanda promovida por las mujeres de una vida libre de toda manifestación de violencia.

En los movimientos sociales, aparecen nuevos instituyentes protagonizados por mujeres, su presencia invita a la reflexión de la configuración, la dinámica y las necesidades de los sujetos involucrados en el proceso (Longo, 2012). Se requiere analizar diferencialmente los roles, las responsabilidades, el acceso, uso y control de recursos, los problemas, las oportunidades y la capacidad de organización de las mujeres para promover la igualdad (Alfaro, 1999). El género incluye saberes, prácticas sociales, discursos y relaciones de poder que dan sustento a las concepciones existentes con respecto al cuerpo sexuado, a la sexualidad, a las diferencias físicas, socioeconómicas, culturales, territoriales y políticas (Castellanos, 2006). Lo novedoso en el caso de los movimientos sociales se vislumbra cuando un conjunto de situaciones afecta de manera similar, sobre el plano emocional e identitario, a los miembros de un grupo. En este contexto, resulta indispensable, en primer lugar, reconocer el movimiento de las contradicciones sociales y de los problemas derivados de la concentración de poder en todos los ámbitos de la vida cotidiana que son generadores de inequidad, y que se recrean y se expresan en las cambiantes condiciones, y que, a su vez, también inciden sobre la vida social y en especial sobre los movimientos sociales. De esta manera, es importante tener presente que el género, como simbolización de la diferencia sexual, se construye culturalmente diferenciado en un conjunto de prácticas, ideas y discursos. Resulta relevante interrogarnos sobre qué características tienen los posibles cambios en el espacio privado y público y las transformaciones vinculadas con el posicionamiento subjetivo y el proceso de exigibilidad de derechos y participación de las mujeres. Entendiendo la subjetividad como una realidad ontológica del ser humano que, siendo psicológica, no atañe a una esencia interna del individuo, sino que, por el contrario, tiene un carácter social: se constituye en las experiencias compartidas y en las relaciones que las personas sostienen entre sí, en momentos históricos y en contextos culturales concretos (González, 2008).

De esta manera, la subjetividad política entra a jugar un papel protagónico en la esfera cotidiana, reflejándose en prácticas que hacen un entramado con la capacidad reflexiva, con la autonomía y con la conciencia de lo histórico y lo público, que en procesos de intersubjetividad provocan transformaciones sociales en la vía de la equidad y la justicia, y construyen así nuevas redes de acción social y política (Posada Zapata y Parra, 2017). El protagonismo de las mujeres en el escenario actual evidencia la emergencia de nuevas expresiones políticas de la subjetividad humana que devela su carácter plural y las multiplicidades que nos conforman, y permite también asumir en las prácticas sociales la actualización del pluralismo como proyecto ético que contesta la desesperanza política propiciada por el discurso conservador y globalizador actual (Paredes Hernández, 2012). Las contribuciones de las mujeres en los movimientos sociales y las organizaciones de mujeres iniciaron una serie de diálogos sobre necesidades y posibilidades de nuevas gestiones participativas. En este proceso, se fueron gestando espacios y caminos prometedores de nuevas identidades colectivas (Zaldúa, 2010). La presencia pública parte de un movimiento que permitió visibilizar a las mujeres como sujetas en lucha por sus derechos ante otros sectores sociales y se convirtió en el modo de expresar sus identidades y de conformar, desde sus posiciones de sujetos, una identidad política, el feminismo popular que en las últimas décadas se destaca en los escenarios de América Latina y específicamente del Cono Sur (Di Marco, 2011).

En los últimos tiempos, se visibilizaron experiencias que se denominan genéricamente como “feminismos populares”. Se trata de colectivas feministas, espacios de mujeres o LGTTBIQ que en algunos casos son parte de organizaciones mixtas, y en otros no, pero que coinciden en la necesidad de no establecer jerarquías entre las distintas opresiones y eluden caracterizar las luchas como “principales” y “secundarias” –como las clasificaba la izquierda tradicional– para organizar sus acciones (Korol, 2016: 143). El aporte del feminismo cuestiona los principios fundamentales de esta civilización en la etapa actual de la sociedad. La resistencia cotidiana de las mujeres a formas de dominación y explotación a las que están sometidas. El feminismo es un apoyo a la dimensión individual de emancipación, la autoconstitución como su propia vida, y, al mismo tiempo, un instrumento para luchar contra la dominación colectiva y explotación de las mujeres como grupo social (Silva, 2016). Los mecanismos de discriminación, invisibilización, subordinación, opresión y exclusión son fundantes de relaciones diferenciales de género y posicionan históricamente a las mujeres en situaciones de desigualdad e inequidad (Longo, Lenta y Zaldúa, 2018). Según Hoetmer (2009: 15), “es urgente una transformación del conjunto de las relaciones de poder en nuestras sociedades, para crear un mundo más justo, equitativo, democrático”.

Para visualizar los obstáculos de acceso a la justicia de género, es pertinente visibilizar los procesos de significación tejidos en el entramado de la simbolización cultural, los sentidos colectivos asignados a los roles de género y las expectativas sociales en torno a ellos. Superar las injusticias significa desmantelar los obstáculos institucionalizados que impiden a algunas personas participar en condiciones de igualdad con el resto, como partes de pleno derecho en el proceso de interacción social (Fraser, 2004: 35). Las teorías feministas y el enfoque de género han contribuido a comprender las particularidades de este tipo de violencia. Impulsar iniciativas de vigilancia social y exigibilidad colectiva en materia de derechos de mujeres continúa siendo un desafío fundamental. La exigibilidad es un proceso social, político y legal. Los/as protagonistas afectados/as por estos procesos suelen ser los sectores más vulnerables de la población, con dificultades de acceso a las redes de defensa y con niveles limitados de alfabetización jurídica. En tal sentido, el acceso a las redes de patrocinio legal es clave, como también el grado en que los sujetos desarrollen una conciencia de sí mismos como sujetos de derechos, y el desarrollo de habilidades y procesos de empoderamiento (Breilh, 2010).

El empoderamiento es un proceso que se produce a través de la experiencia, y por el cual las mujeres como individuos y como grupo ganan la autoconfianza necesaria para transformar de manera particular en cada contexto su posición de subordinación en las relaciones de género (López, 2007). El empoderamiento implica que el sujeto se convierte en agente activo como resultado de un accionar, que varía de acuerdo con cada situación concreta (Leon, 1997). Desde esta perspectiva, también es necesario un reconocimiento de la capacidad que tiene potencialmente todo sujeto/a y comunidad para autorrepararse y autoorganizarse, de manera que, en lugar de crear una dependencia, se busque el desarrollo o fortalecimiento de su autoestima y autoconfianza, así como la potenciación de sus “mecanismos de autosuperación” (Wilches-Chaux, 2008; Srikantia y Fry, 2000; Cendales, 1998; Galtung, 1980; Friere, 1972, en Contreras Arias).

Diversas experiencias promovidas por mujeres develan la importancia de acciones vinculadas al fortalecimiento material, subjetivo y simbólico que tienda hacia la autonomía subjetiva y económica de las mujeres que se encuentran en situaciones de violencia. Asimismo, las iniciativas autogestivas promovidas desde los movimientos sociales en los ámbitos educativo, cultural y laboral proponen alternativas de inclusión social que habilitan otras trayectorias de vida menos mortíferas y tendientes a la autonomía, pues apuestan a las trasformaciones de los imaginarios simbólicos que reproducen las violencias patriarcales (Zaldúa, Lenta y Longo, 2017, 2018). En este escenario, muchísimas mujeres desposeídas –o bajo amenaza de desposesión– de sus medios de existencia (De Angelis, 2012) y ferozmente explotadas han protagonizado, casi siempre iniciando y algunas veces dirigiendo, una amplia gama de luchas que, de modo general –y sin ningún afán de borrar las especificidades–, han afirmado son luchas “en defensa de la vida”. Defensa de la vida que es rechazo intransigente a la negación de la vida digna y también a la muerte impuesta por la destrucción de las condiciones mismas de regeneración vital –humana y no humana– que acarrean los ciclos enloquecidos de acumulación de capital en campos y ciudades (Gutiérrez Aguilar, 2018).

Los resultados de la aplicación de las políticas neoliberales en América Latina no fueron nada alentadores. El aumento de la pobreza y de la exclusión social, la privatización de las empresas públicas, la pérdida de recursos estratégicos y el saqueo de los bienes de la naturaleza son algunos de sus indicadores más alarmantes. Las crisis del mercado se resumen en recesiones y desempleo, desigualdades de ingresos, carencias de infraestructuras urbanas y rurales, desastres ecológicos y hambrunas, a los que se suman conflictos de baja intensidad (Vera, 2017). Con el neoliberalismo estas dinámicas se han radicalizado mediante la intensificación de la violencia y el despliegue de un proyecto orientado a reorganizar la sobreexplotación del trabajo vivo y la apropiación desigual de la naturaleza, reasegurando la acumulación del capital y profundizando la posición subordinada y dependiente de América Latina dentro del mercado global (Machado, 2013: 125). Harvey (2005: 18) ha identificado al neoliberalismo como un proyecto político para reestablecer las condiciones para la acumulación del capital y restaurar el poder de las élites económicas. La fragmentación, la segregación, la gentrificación, la apropiación especulativa del territorio, la degradación del medio ambiente, la localización forzada en hábitats precarios, la disparidad en el acceso a los servicios de salud y educación, y el deterioro del transporte público son las formas, visibles o veladas, que confluyen en una sinergia de eventos y acciones que son identificados como causales directos o motivadores de procesos de violencia (Schachter, 2015).

En términos generales, el capitalismo experimenta en la actualidad uno de los momentos más destructivos de su historia reciente, como lo atestiguan las nuevas formas de acumulación primitiva por desposesión. Abarca desde la apropiación de tierras hasta el robo de salarios y los rescates bancarios, sujetándose a la ley capitalista del valor de recursos y bienes comunes, provocando el desplazamiento de millones de campesinos pobres y pueblos indígenas, la devastación ambiental, desastres ecológicos, y la eterna renovación del colonialismo, que revela, en viejos y nuevos aspectos, el mismo impulso genocida, la sociabilidad racista, la sed de apropiación y la violencia ejercida sobre los recursos considerados infinitos y sobre las personas consideradas inferiores y hasta no humanas (De Sousa Santos, 2018). En la etapa neoliberal de rápida movilización de bienes y de informaciones, todos los sistemas de explotación/opresión/dominación se refuerzan: el sistema de clases y el sistema racista, pero sobre todo el sistema jerárquico de opresión sexual (Gargallo Celentani, 2008).

En términos socioinstitucionales e ideológicos, el neoliberalismo predominó ampliamente a nivel internacional tanto por la recuperación de la hegemonía mundial de Estados Unidos y la orientación de las principales organizaciones internacionales, como por los paradigmas de pensamiento dominante en gobiernos, comunidades académicas y grupos empresariales (Anderson, 2003; Harvey, 2007). La globalización fue extendiéndose en América Latina con esquemas de vida económico-culturales: la mercantilización progresiva de cada vez más amplias esferas de la vida personal y social, y la cultura del consumo, que impone la apetencia de la satisfacción inmediata y constantemente cambiante de los deseos, y propone una moral hedonista presentista que interpreta como autonomía subjetiva (Carosio, 2009). El proceso de globalización comercial y la imposición de políticas neoliberales en todo el mundo tuvieron impactos residuales, desiguales y combinados en cada región. En América Latina, los sindicatos, los movimientos sociales y las organizaciones de derechos humanos han resistido como han podido el proyecto neoliberal.

Asimismo, con sus aportes, el feminismo busca desmercantilizar la condición que reasigna el neoliberalismo a las mujeres a partir del uso de la imagen y los cuerpos femeninos como objetos de consumo y el papel de las mujeres en la producción de vida. Las mujeres han sido víctimas pero también combatientes de una sociedad que no podrá ser nueva sin pagar la deuda histórica civilizatoria de género, incorporando los femeninos saberes ocultos y desvalorizados. Las feministas latinoamericanas han planteado un imperativo ético de construir un modo de poder sin dominación y una convivencia basada en solidaridad y cuidado humano para la reproducción de la vida. De esta manera, el feminismo latinoamericano se articula como lucha emancipatoria con los movimientos sociales de nuestros pueblos (Carrioso, 2009).

Como consecuencia del aumento de la conflictividad social, se han ido desarrollando movimientos campesinos, indígenas, de mujeres, de trabajadores desocupados, de trabajadores ocupados, de vecinos autoconvocados en defensa de los bienes de la naturaleza, entre otros, que se convirtieron en protagonistas de acciones colectivas de protesta e implican la reapropiación territorial del espacio público a través del discurso y del lenguaje corporal (Giarraca, 2001).

Entre los teóricos que han analizado y estudiado los nuevos movimientos sociales más destacados, se encuentran Alain Touraine, Alberto Melucci y Ernesto Laclau. También cabe rescatar el aporte de Michel Foucault y Carretón. Melucci (1999: 22) define el movimiento social como una forma de acción colectiva en torno a reivindicaciones definidas, o bien como acciones emancipadoras en el marco de un sistema social opresivo, con dimensiones como solidaridad, capacidad para desarrollar un conflicto, para romper los límites del sistema por medio de la acción, entre otras. Touraine (1973: 22) situó los movimientos sociales como los protagonistas centrales de la transformación de la sociedad, “la producción de la sociedad por sí misma”.

En la década de los sesenta, ya se comenzaba a teorizar sobre los nuevos movimientos sociales; uno de los puntos centrales de interpretación estuvo relacionado a la acción colectiva. Dichos estudios continuaron, se fueron consolidando y profundizando, y también fueron abarcando la dimensión de las formas organizativas que adquirieron los movimientos sociales (modelo centralizado/modelo descentralizado), e incluían la distribución de roles y tareas, la toma de decisiones, las diversas concepciones existentes, los sujetos protagonistas y las acciones. A partir de los años ochenta, han sido muchos los estudios que sostienen que los movimientos sociales desarrollan nuevas ideas y valores actuando como agentes de un cambio social necesario (Della Porta y Diani, 2011: 33).

Con el surgimiento de los llamados “nuevos movimientos sociales”, se comenzó a configurar un conjunto de elementos teóricos, explicativos y de análisis que conservan elementos tradicionales de interpretación, pero que sobre todo aportan nuevos dispositivos explicativos que enfatizan en las dimensiones específicas de las luchas o las reivindicaciones planteadas. En los últimos treinta años, las luchas más avanzadas fueron protagonizadas por grupos sociales (indígenas, campesinos, mujeres, afrodescendientes, piqueteros, desempleados) cuya presencia en la historia no fue prevista por la teoría crítica eurocéntrica. Se organizaron muchas veces según formas (movimientos sociales, comunidades eclesiales de base, piquetes, autogobierno, organizaciones económicas populares) (De Sousa Santos, 2011). Diversas son las características que se destacan cuando se mencionan los nuevos movimientos sociales; entre ellas se presenta la acción colectiva, que en la mayoría de los casos surge de la desolación y la impotencia por parte de los protagonistas.

En términos generales, los nuevos movimientos sociales se caracterizan por los siguientes factores: por ser una forma de acción colectiva que contempla la solidaridad e implica compartir una identidad; por la construcción de un poder a partir de esa identidad colectiva, que implica, a su vez, la construcción de una interpretación alternativa de la realidad, cuya transformación se percibe como posible; por el desarrollo de un conflicto entre diversos actores en lucha; por un sentimiento de injusticia experimentado por los sujetos de los movimientos sociales que requiere un proceso de concientización que se expresará en forma de conciencia política; y por el despliegue de conductas que van más allá de las reglas que impone el sistema político, atacando la estructura de una sociedad basada en relaciones de clases, de género y étnica (Melucci, 1984; Giarraca, 2001). Es decir, los movimientos sociales se caracterizan como actores colectivos organizados e integrados identitaria y simbólicamente que se movilizan para alcanzar objetivos y demandas en torno a situaciones de injusticia, opresión o explotación compartidas, y accionan de múltiples formas –a menudo fuera de los canales institucionales– buscando desafiar colectivamente al orden dominante y promoviendo un cambio social significativo de beneficio colectivo, en el marco de la construcción de un proyecto alternativo de sociedad. Su accionar es una expresión de las contradicciones del sistema capitalista, patriarcal y colonial (Palau, Irala, Coronel y Yuste, 2018). La novedad más grande de los nuevos movimientos sociales reside en que constituyen una crítica de la regulación social, pero la emancipación por la que luchan tiene como objetivo transformar lo cotidiano de las víctimas de la opresión en el aquí y ahora y no en un futuro lejano. La novedad no reside en el rechazo de la política, sino, al contrario, en la ampliación de la política hasta más allá del marco liberal de la distinción entre Estado y sociedad civil.

La politización de lo social, de lo cultural, e incluso de lo personal abre un inmenso campo para el ejercicio de la ciudadanía (De Sousa Santos, 2001). Los movimientos sociales son las formas de acción colectivas que implican la existencia de un conflicto, de una tensión que es necesario resolver, de una situación que se hace visible y que se dimensiona a través de la acción colectiva (Chávez Carapia, 2017). Los movimientos sociales viven en la red cotidiana de relaciones, en la capacidad o el deseo de apropiarse del espacio y el tiempo, y en el intento de practicar estilos de vida diferentes (Melucci, 1989). Desarrollan distintas formas de acción. Algunas de ellas son tomadas de la memoria histórica de lucha, transmitidas culturalmente a través de procesos de aprendizaje de experiencias de generaciones anteriores y empleadas en la actualidad. En otros casos, esa implementación implica tomar las tradiciones de lucha y a su vez recrearlas en el contexto actual. Además de estas dos posibilidades, los movimientos sociales han creado formas de acción que no han existido previamente. En este caso, son producto de la creación colectiva desplegada en este contexto por los movimientos sociales actuales, dando lugar a formas no convencionales y novedosas de acción colectiva.

Se despliegan nuevas formas de acción autoafirmativas, donde los actores se visibilizan y reafirman su identidad (Zibechi, 2003). En este sentido, los movimientos en torno a los derechos humanos, el medio ambiente y la situación de las mujeres ilustran las posibles formas en que se pueden establecer políticas para tender un puente entre la microescala del cuerpo y lo personal, por una parte, y la macroescala de lo planetario y lo económico político por otra (Harvey, 2003: 68-69). El protagonismo de los movimientos sociales en la conformación de los marcos interpretativos es innegable, no podríamos considerar la conciencia ambiental actual sin el movimiento ecologista, o los avances alcanzados en la igualdad de géneros sin el movimiento feminista, y así un largo etcétera. Los movimientos sociales, en sus búsquedas, se presentan, así como nexo de asociación, como motivadores y a la vez interpretadores de las síntesis que producen e intuyen (Botero Gómez, Vega y Orozco, 2012). Contribuyen al reconocimiento y el respeto a la diferencia, a la diversidad y a la heterogeneidad, al tiempo que, con sus acciones, generan mecanismos para construir espacios democráticos, al producir procesos que posibilitan el diálogo intercultural y la creación de nuevos saberes (De Sousa Santos, 2009).

Frente a este triple desafío de la globalización, del dominio del neoliberalismo y de la despolitización de la sociedad civil institucionalizada, los actores y movimientos sociales reinventaron las vías para volverse actores de su vida y de su mundo. Además de complejizar las dimensiones del impacto de los movimientos, también es indispensable recordar que, para muchos movimientos contrahegemónicos contemporáneos, lo más importante no se puede ni medir ni contar. Se viven, son experiencias vividas que no se reduce a palabras. Es desde la experiencia desde donde se construyen movimientos horizontales y espacios participativos para la vida cotidiana, donde la igualdad de género, el respeto a los demás y la limitación de su impacto ecológico llevan a integrar el activismo a la vida (Pleyers, 2018). Los movimientos sociales expresan diversas formas de participación, a través de las cuales los/as ciudadanos/as como sujetos críticos, activos y propositivos se convierten en el centro y motor de los cambios políticos y sociales en la sociedad contemporánea (Zaragoza, 2017).

4.2. El protagonismo de las mujeres y los feminismos

En la actualidad, la participación de las mujeres en la escena política de diferentes países de la región da cuenta del protagonismo de las luchas feministas, que revoluciona tanto las agendas políticas como la vida cotidiana y recoge la experiencia de otros momentos históricos en donde las mujeres, agenciadas en sus reivindicaciones contra la explotación y la opresión, la subordinación y la discriminación de género, lograron grandes conquistas en el camino de la emancipación (Zaldúa, Lenta y Longo, 2018). El devenir histórico demuestra que los movimientos sociales empezaron a tener nuevos sujetos de acción como fueron las mujeres. En el ámbito de la política no institucional, la participación de las mujeres en los grandes movimientos emancipadores del siglo xix fue muy importante, tanto desde su vertiente sufragista y feminista, como desde los movimientos mixtos. Aun así, los movimientos sociales generalmente mantuvieron la segregación de las mujeres de los ámbitos internos de poder y dieron poca prioridad a sus reivindicaciones (Juliano, 1992: 161). En la segunda mitad del siglo xx, las mujeres fueron quienes iniciaron demandas ligadas a su papel tradicional relacionado con las necesidades de la domesticidad y la familia, así como a su entorno inmediato, hasta demandas de carácter feminista. En términos generales, los movimientos sociales o colectivos en los que participan las mujeres se han caracterizado por los objetivos, por sus acciones colectivas con relación a identidades, etnias, edades, el ámbito laboral, las demandas por consumo y satisfactores de necesidades sociales, la defensa de la vida y de los derechos humanos, comités de madres por desaparecidos políticos y comités de denuncia en contra de las mujeres muertas por feminicidios, entre otros (Carapia, 2017).

Fueron también sustanciales las críticas del movimiento de mujeres y de los feminismos a las barreras económicas, que se ven agravadas por la división sexual del trabajo, que hace recaer en las mujeres la responsabilidad del trabajo doméstico y el cuidado de los niños/as. La doble carga de trabajo de las mujeres limita la energía y el tiempo que tienen disponibles para el activismo (Horton, 2017). Se apeló a la crítica del sistema de relaciones sociales, simbólicas, culturales y psíquicas, en el que los hombres y las mujeres son situados de manera diferente (Haraway, 1995: 241). El sujeto histórico de este movimiento se referencia en que las mujeres han logrado desnudar los sistemas sociopolíticos construidos sobre la base de una jerárquica división sexual del trabajo y la conquista de derechos civiles y laborales (Gabarra, 1995). Las feministas latinoamericanas fueron fundamentales en el retorno de la democracia electoral, en todos aquellos países gobernados por dictaduras militares. El comienzo del siglo xxi, sin embargo, está marcado por un creciente desencanto del proyecto de democracia y el reconocimiento de los efectos letales de la globalización neoliberal y las políticas imperiales.

En este sentido, los colectivos de mujeres y feministas fueron y son propiciadores de las equidades de género y develan las diversas operatorias de opresión y encubrimiento, construyendo estrategias colectivas de exigibilidad de la integralidad de los derechos humanos. Asimismo, desde diferentes iniciativas autogestivas en los ámbitos educativo, cultural y laboral, fueron proponiendo alternativas de inclusión social que habilitan otras trayectorias de vida menos mortíferas y tendientes a la autonomía, pues apuestan a las trasformaciones de los imaginarios simbólicos que reproducen las violencias patriarcales (Zaldúa, Longo, Lenta y Sopransi, 2016).

En cada momento histórico, el feminismo ha sabido identificar políticamente aquellas realidades sociales que constituían el obstáculo principal para la emancipación de las mujeres (Cobo, 2014). El neoliberalismo, paradójicamente, ha despertado un interés por el igualitarismo, el anonimato y la comunidad en pequeños grupos de mujeres que actúan constantemente contra el valor de la búsqueda del beneficio económico. Centrándonos en las acciones feministas del último lustro (2014-2019), la fuerza y vitalidad de la actual ola feminista en parte proviene del hartazgo ante la violencia creciente y la crueldad progresiva hacia nuestros cuerpos (Gargallo Celentani, 2019). El ajuste estructural fue la doctrina neoliberal impuesta que llevó a la región a niveles de pobreza y miserias desorbitantes, que impactaron significativamente en las mujeres (Curiel, 2010). En este sentido, la feminización de la pobreza evidencia la existencia de desventajas específicas que produce la condición de género en la economía. Son múltiples los obstáculos que afrontan las mujeres para acceder a mejores oportunidades, a la propiedad de recursos y al reconocimiento de su trabajo productivo y reproductivo, tanto por elementos de la cultura como por factores materiales, lo que configura formas de injusticia económica en la distribución de la riqueza. La falta de reconocimiento social de ambas dimensiones multiplica la desigualdad estructural que afrontan. A partir de organizaciones, movimientos de mujeres y feministas, desde hace décadas y cada vez con mayor fuerza, se enarbola la urgencia de lograr la equidad y de crear acciones y políticas públicas afirmativas de género, de igualdad de oportunidades y de avance en la redefinición de las mujeres, identidades disidentes y los hombres en la sociedad, en la vida política (Lagarde, 2009).

De esta manera, las luchas más potentes y significativas de los últimos años se han desarrollado no solo en los lugares de trabajo asalariado, que de hecho están en crisis, sino fuera de ellos: luchas por la tierra, contra la destrucción del medio ambiente, contra el extractivismo y la contaminación del agua, contra la deforestación. En esa experiencia sobresale la participación de las mujeres que comprenden que hoy no se puede separar la lucha por una sociedad más justa, sin jerarquías, no capitalista –no fundada sobre la explotación del trabajo humano– de la lucha por la recuperación de la naturaleza y la lucha antipatriarcal: son una misma lucha que no se puede separar (Federice, 2018). Las mujeres (representando aquí la posición femenina), sujetas de una historia propia que produjo saberes especializados, son la estabilidad confiable del cotidiano, custodias del arraigo, emblema de la comunidad, responsables de la diversidad genética que todavía existe en el planeta, expertas en la vida relacional y en la gestión de los lazos de la intimidad, idóneas en las prácticas no burocratizables de la vida, capaces de habitar el seguro escondite del espacio doméstico otorgándole politicidad, dotadas de una imaginación marginal y no disciplinada por la norma positiva, hábiles para sobrevivir (Segato, 2016).

La presencia de las mujeres en los movimientos sociales en América Latina surgidos en las últimas tres décadas adquiere relevancia y promueve nuevas prácticas, dinámicas y reflexiones en los quehaceres organizativos y políticos de los movimientos sociales. La importante participación de mujeres de sectores populares organizadas también interpela a los feminismos o más específicamente al feminismo hegemónico institucionalizado y esencialista, al complejizar y situar una práctica política no solo basada en el género, sino también en la raza, la sexualidad, la clase, la geopolítica, etc., siempre situando las opresiones en una historia crítica que permita entender cómo estas se construyeron de forma imbricada desde las experiencias coloniales (Curiel, 2015). Las críticas, ideas y propuestas de las feministas latinoamericanas se vinculan al éxito del capitalismo en la destrucción de las culturas locales (la llamada “globalización”), al clima continental reactivo de profunda crítica a la occidentalización de América, y a sus secuelas de racismo y colonialismo, que intentan reorganizarse en las ideas y las prácticas políticas del neoliberalismo (Gargallo Celentani, 2007). En este sentido, cabe destacar los aportes construidos desde el feminismo latinoamericano, especialmente los estudios poscoloniales surgidos en la década de los noventa, como aportes que de manera radical han cuestionado el desmantelamiento de un “feminismo occidental” presentando aproximaciones teóricas y políticas ligadas a una mirada interseccional que incluyese categorías como raza, clase, género y sexualidad como puntos claves para comprender la base de un sistema capitalista, patriarcal y colonial (Hernández 2008; Viezzer, 1978; Lorde, 2003; Lugones, 2008-2014; Mendoza, 2010).

Desde diversas propuestas, se critican los modos en que el capitalismo patriarcal y colonial construye su red para expropiar a las mujeres de sus cuerpos, sus territorios, sus memorias y sus sueños (Paradis, Carrau y Barreto, 2017). El concepto de “colonialidad” busca reconocer que las relaciones de poder en las esferas económicas, políticas y culturales no cesaron y tuvieron continuidad en las formas de dominación de las estructuras del sistema-mundo capitalista/moderno/colonial. Según el autor Aníbal Quijano, la colonialidad es una estructura de dominación y explotación que se inició con el colonialismo, pero que se extiende hasta hoy día como su secuela (Quijano, 2000). En el transcurso de los últimos cuatro o cinco siglos, las mujeres, la naturaleza y las colonias han sido externalizadas –declarándolas ajenas a la sociedad civilizada–, al tiempo que se han visto empujadas a la oscuridad e invisibilizadas (Mies, 2019). El pensamiento latinoamericano feminista decolonial ha estado constantemente preocupado por abordar la problemática de la región, desde una manera situada y crítica hacia la razón moderna y su proyecto universalizador (Bard Wigdor y Artazo, 2017: 198).

El feminismo latinoamericano visualiza el sistema socioeconómico, político y cultural actual como capitalista, heteropatriarcal, neocolonialista y antropocéntrico (Pérez Orozco, 2014). Las perspectivas feministas decoloniales latinoamericanas cuestionan el discurso colonialista imperante en las narraciones, teorías y prácticas políticas hegemónicas e incluso en ciertos feminismos, y expresan la necesidad urgente de desidentificarse de la matriz moderna colonial dominante (Menoyo, 2017). De esta manera, los feminismos populares latinoamericanos reconocen que se debe llegar a una coalición entre diferentes perspectivas, vivencias, activismos como estrategia para enfrentar el pensamiento hegemónico eurocéntrico y el sistema moderno androcéntrico, capitalista, racista, heteropatriarcal y cisnormativo que estructura nuestras sociedades (Lugones, 2014). Complejizan el entramado de poder en las sociedades poscoloniales, articulando categorías como la raza, la clase, el sexo y la sexualidad desde las prácticas políticas donde han emergido interesantes teorías no solo en el feminismo, sino en las ciencias sociales en su conjunto. Son propuestas que han hecho frente a la colonialidad del poder y del saber, y hay que reconocerlas para lograr realmente una descolonización (Curiel, 2007).

Sin lugar a dudas, el feminismo en América Latina ha ampliado conceptos y miradas sobre el cuerpo, el territorio y el horizonte de las mujeres. Dio lugar a un “campo de acción expansivo, policéntrico y heterogéneo, que abarca una amplia variedad de ámbitos culturales, sociales y políticos” (Álvarez, 2000: 386). Desde diversas experiencias e iniciativas, han impulsado la justicia de género, aún en contra de quienes se oponen a ella, han reparado daños y contribuido a hacer respirable el aire de nuestras ciudades, nuestros campos y nuestros bosques, han ampliado la cultura y la rediseñaron al colocar como sentido de la vida un puñado de principios éticos y estéticos que sostienen no solo la buena vida y el goce, sino una vida con sentido civilizatorio, condiciones inalienables y posibles para ellas y para los otros (Lagarde, 2012). El feminismo en América Latina tiene características y aportaciones propias, que lo hacen merecedor de especial interés. Nace de narrativas múltiples y tradiciones diversas que incluyen transversalizaciones de etnia, clase y género, ajenas en otros contextos. Ha dado lugar también a una suerte de locus catalizador que favorece conceptualizaciones y las prácticas novedosas y alternativas. Esto constituye un real aporte al feminismo (Femenías, 2007). Los feminismos latinoamericanos se han desarrollado de múltiples formas a través de un sinnúmero de organizaciones, colectivos y redes de actuación, temáticas, y de identidad. Los feminismos se reorientaron a crear prácticas colectivas, a desplegar nuevas categorías de análisis, nuevas visibilidades e incluso nuevos lenguajes (Vargas, 2008).

4.3. La psicología social comunitaria, el campo de entrecruzamiento de los procesos de producción de subjetividad, los movimientos sociales y el género

La psicología social comunitaria (PSC) enfrenta los problemas de las comunidades, pero también estudia los aspectos subjetivos, analiza la cotidianeidad de las personas y revaloriza los aportes de la vida cotidiana y su relación respecto a los procesos de emancipación. La perspectiva de la praxis psicosocial facilita entender las necesidades como aspectos de la cotidianeidad y los sentidos como insatisfactorios, problemáticos, perturbadores y limitantes de un modo de vida al que no se tiene derecho (Montero, 2001). Comprende a la vida cotidiana como proceso dinámico y dialéctico, es un sistema que integra la concurrencia de eventos relativos tanto al mantenimiento de la vida, como a la calidad de vida (Fernández y Pérez, 2001). Vincula la producción de subjetividades como una instancia activa, histórica, de cons­trucción y producción colectiva de lazos sociales. La vida cotidiana es comprendida como un campo de análisis de contextos en los cuales diferentes experiencias particulares llegan a reconocerse como identidades colectivas (Lechner, 1988: 65). Rescata el empoderamiento para superar las desigualdades de género y permitir una participación igual y una representación equitativa de las mujeres en todos los planos de la vida (Programa de Acción de la CIPD, 1994; Declaración de Beijing, 1995). Insta a propiciar prácticas proactivas y participativas favorecedoras de la compresión y elaboración de situaciones anímicas de sí y de los otros, la expresión de necesidades, emociones, ideas, y la posibilidad de negociar y resolver problemas con más seguridad y confianza (Zaldúa, 2011: 36).

La exigibilidad de derechos está emparentada con procesos de participación social. Participar es, según Fals Borda (1986), el rompimiento voluntario y vivencial de la situación asimétrica de sumisión y dependencia implícita en la relación sujeto-objeto. La participación social está ligada a procesos de transformación sociopolítica, a formas de organización social, a diseño de políticas públicas e implementación de objetivos (Zaldúa, Sopransi y Veloso, 2005). A lo largo del recorrido histórico, la psicología social comunitaria fue haciendo aportes interesantísimos a las ciencias sociales que se despliegan fundamentalmente en territorios latinoamericanos. Ha realizado importantes desarrollos prácticos. En términos generales, surgió como una psicología comprometida con la construcción de una sociedad más justa y se entrama con la psicología política, la psicología social crítica, la psicología de la liberación y la educación popular. Por ello, aborda diversos campos y problemáticas que conciernen a las relaciones humanas y revaloriza las instancias de intervención educativas que impulsan la deconstrucción y el análisis de las experiencias comunitarias de los/as participantes.

En términos generales, la psicología comunitaria se orienta hacia intervenciones que problematizan las realidades de las comunidades. Algunas de ellas son la desideologización (Montero, Baro), la concientización (Freire), y el realismo crítico. Fals Borda ideó el proyecto de investigación acción participativa (IAP) contribuyendo al devenir de la psicología social comunitaria. Esta posición propone procesos y abordajes contextualizados, interroga sobre los actos técnicos y promueve la apropiación de saberes y prácticas potenciadoras de autonomías creadoras, facilitando la identificación y transformación de situaciones de marginación, dependencia y sufrimiento (Zaldúa, 2000). La psicología social comunitaria, desde la perspectiva crítica y de la liberación, interroga sobre las dimensiones de la participación y el compromiso comunitario, en sus efectos de satisfacción de necesidades, de promoción de la ciudadanía y de la sociedad civil (Zaldúa, Sopransi y Veloso, 2005). La perspectiva de la psicología social de la comunidad latinoamericana se apunta a la “radicalización de la democracia”, la cual significa tomar el conocimiento histórico sobre la vida social de los diferentes grupos y comunidades, incluyendo las vidas de las personas, ya sea en sus problemas cotidianos, ya sea en sus posibilidades de afrontamiento, ya sea en la construcción de posibles acciones colectivas y comunitarias (Freitas, 2003, 2005, 2018).

Desde la PSC se enfatiza en la participación y en la autogestión como fórmulas para incentivar la autonomía de las comunidades (Sánchez, Wiesenfeld y López Blanco, 1998). La interpelación desde las reflexiones y demandas del feminismo, que han puesto sobre el tapete diversos aspectos vinculados a la desigualdad de género y la discriminación de las mujeres. Se ha llegado así al convencimiento de que la meta de la igualdad no se alcanzará mientras las mujeres no posean autonomía en todos los ámbitos. La autonomía es definida como

el grado de libertad que una mujer tiene para poder actuar de acuerdo con su elección y no con la de otros. En ese sentido, existe una estrecha relación entre la adquisición de autonomía de las mujeres y los espacios de poder que puedan instituir, tanto individual como colectivamente (Naciones Unidas, 2005: 114).

Por tanto, el proceso de autonomía contiene procesos personales y colectivos. La autonomía engloba prácticas heterogéneas y aparentemente contradictorias. No es una posición fija que se adquiere de una vez y para siempre ni un proceso lineal que va desde la falta de autonomía hasta la autonomía plena. Más bien es un proceso complejo de avances y retrocesos (Vargas, 2008).

Desde los procesos que atraviesan las mujeres en los movimientos sociales, ellas se proponen y buscan el ejercicio de la autonomía, que supone la presencia inexorable de la problematización y de reflexión sobre la vida cotidiana y el contexto en el que desarrollan sus prácticas sociales.

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