El caso del proyecto del puente Letizia en Córdoba, Argentina

Marianne von Lücken

Introducción

En este trabajo se propone analizar las diferentes posiciones que toman dos actores colectivos a partir de la construcción de un puente que conectaría a dos barrios de la ciudad de Córdoba (Argentina) en el marco de una dinámica de transformaciones urbanas. Se trata del proyecto del puente Letizia que uniría Villa La Maternidad-San Vicente y Barrio Juniors-General Paz. Este conflicto puede clasificarse como de implantación, resultado de la oposición de los residentes a un proyecto llevado a cabo por actores públicos en una localización determinada (Melé, 2003: 2).

En particular, se hará foco en las experiencias de dos colectivos distintos, uno por cada barrio. Por un lado, la Comisión contra el desalojo de Villa La Maternidad (CDVLM) del barrio San Vicente, surgida en el año 2004 a partir de la implementación de una política habitacional que implicó el desalojo y el traslado de parte de la población de la villa. Por el otro, el Centro vecinal barrio Juniors-Garzón Agulla (CVJGA) del barrio General Paz-Juniors, surgido aproximadamente en el año 2010 para canalizar diferentes reclamos en un contexto de transformaciones urbanas a escala barrial.

A partir de la construcción del puente Letizia emerge un conflicto que une ambos lados del río contra la gestión municipal y provincial, por demandas diferentes. Del lado de General Paz, la principal oposición consiste en considerar que el puente tendrá impactos ambientales perjudiciales sobre la vida social del barrio; del lado de San Vicente, se considera el hecho de que el puente atravesará Villa La Maternidad, lo que pone en cuestión nuevamente la permanencia residencial de sus habitantes.

La descripción que acompañará el análisis se articula a partir de datos obtenidos mediante entrevistas semiestructuradas realizadas durante noviembre de 2009 y mayo de 2012 a habitantes de Villa La Maternidad y de Barrio Juniors; observación no participante durante varias reuniones en los mismos períodos, conjuntamente con otras fuentes de datos secundarias, como informes gubernamentales, artículos de prensa, folletos, entre otros.

A continuación, se expondrán algunos conceptos sobre la ciudad y el conflicto, útiles para esbozar un breve marco teórico; luego se caracterizarán las recientes transformaciones de la ciudad de Córdoba que hacen de fondo a los actores involucrados en el conflicto. Posteriormente se analizará específicamente la dinámica del conflicto para finalizar con algunas reflexiones en torno a los elementos que aquél revela.

Algunas consideraciones sobre conflictos urbanos

Se comprende a la ciudad como un proceso social de base espacial en la que diversos actores, con programas y objetivos diferentes, se interrelacionan por medio de prácticas espacialmente entrelazadas (Harvey, 2007: 371). De manera esquemática, las diferentes orientaciones a las que responden los actores pueden clasificarse en la lógica de la ganancia, donde la ciudad es objeto y soporte de negocios; en la lógica de la necesidad, impulsada por quienes no logran procurar condiciones de reproducción social en el ámbito del mercado; y en lógica de lo público, donde el Estado actúa a través de regulaciones y políticas proveyendo el sustento para el despliegue de otras lógicas (Herzer et al., 1994). En tanto que los actores urbanos responden a lógicas e intereses diferentes, la dinámica de conflicto es inherente a la conformación de la ciudad.

Por conflicto urbano se entiende aquel derivado de la trama de relaciones desarrolladas por los actores sociales en torno a la producción (consumo) social del espacio (Huarte, 2012: 228). No es la lucha que se da en el espacio de la ciudad lo que define a un conflicto como urbano, sino las contradicciones que surgen del proceso de construcción de un “modelo de organización territorial” dentro de un modo de producción y de organización social de la sociedad capitalista (Lezama en Huarte, 2012: 228). Siguiendo a Sabatini (en Azuela y Cosacov, 2013: 151-152),

los conflictos territoriales son antes que nada conflictos sociales por el control del territorio, que tienen un carácter multidimensional y distributivo (…) Suelen surgir en torno a grandes proyectos productivos, de infraestructura e inmobiliarios originados por cambios de usos de suelo y la distribución de esas externalidades. Mientras en algunas situaciones los actores públicos son cuestionados por haber permitido cierto tipo de utilización o por no haber impedido un proyecto privado, en otros son los actores públicos los promotores de la construcción de una infraestructura en una localización determinada que es resistida.

Las situaciones de conflicto permiten poner de relieve diferentes intereses que se enfrentan en un espacio determinado (Melé, 2003). No obstante, para referirse a un conflicto como territorial, no basta con que existan antagonismos en relación con representaciones del territorio, sino que tales desacuerdos sobre la apropiación o el uso del espacio deben expresarse públicamente (Azuela y Cosacov, 2013: 151-152). Las situaciones de conflicto (sigo en adelante a Melé, 2003: 3-12) pueden expresarse mediante su publicidad, así como su juridización, su denuncia o protesta, su desobediencia civil, que dan cuenta de las relaciones de fuerza que obligan a la toma de posición de los distintos actores y que son reveladoras de las relaciones de la población con el espacio; de las capacidades, los recursos, las estrategias y los discursos de los habitantes; de las posiciones en relación con un proyecto urbano, de las representaciones que tienen los actores sobre la ciudad, de las voluntades de apropiación reales o simbólicas del espacio de ciertos grupos sociales; de las capacidades y los recursos de los habitantes movilizados; de sus estrategias, sus repertorios de acción y sus capacidades para investir las redes de acción pública (Melé, 2003). Las situaciones de conflicto no sólo constituyen un momento de enunciación, sino que también son momentos de aprendizaje, en el sentido de que las movilizaciones de habitantes por temáticas de proximidad también son ocasiones para tomar conciencia del funcionamiento del aparato político-administrativo, de aproximarse a las redes de intereses cruzados sobre el territorio y de asociarse y aliarse reduciendo el aislamiento social^[1] (Melé, 2003).

Melé (2003: 2) señala diferentes expresiones de conflictos:

1. Oposiciones o controversias entre habitantes, usuarios y actores públicos frente a la elección de una localización, a la realización de una infraestructura o a algún proyecto de arquitectura. Se clasifican como conflictos de implantación, vinculados a la percepción de los impactos potenciales de un proyecto.
2. Rivalidades y controversias por el uso de un espacio. Los actores públicos son cuestionados por haber permitido cierto tipo de utilización o por no haber impedido un proyecto privado. Estas situaciones pueden considerarse como conflictos de usage (uso).
3. Los debates, las rivalidades entre actores públicos o parapúblicos a partir de la negociación de proyectos o de la puesta en práctica de políticas públicas.

Transformaciones en la ciudad de Córdoba

En el marco de la globalización, los cambios en el ámbito económico, social, cultural y político han dejado sus huellas en el territorio a partir de una nueva configuración urbana (Sassen, 1999; De Mattos, 2010). En menor o en mayor medida, y a pesar de las jerarquías que pueden reconocerse entre las ciudades a escala global, este proceso impacta en todas ellas reconfigurando su posición en el sistema productivo generando nuevos fenómenos urbanos que dejan marcan en el territorio en esta etapa del desarrollo capitalista (dualización, fragmentación, segregación socioespacial, gentrificación) y que dan cuenta de un desarrollo geográfico desigual inter- e intraurbano (Sassen, 1999; Harvey, 2000). Asimismo, esta nueva configuración urbana se asocia a nuevos artefactos urbanos (centros de convenciones, hoteles de lujos, nuevos parque industriales, shoppings y lugares de ocio, entre otros) (Ciccolella, 1999; Veres, 2013) y a nuevas orientaciones en materia de política urbana, crecientemente caracterizada por la adopción de la lógica empresarial para el gobierno de las ciudades (Harvey, 2004; De Mattos, 2004).

Los cambios se ven impulsados por dos tendencias de crecimiento que no son mutuamente excluyentes. Por un lado, una tendencia centrífuga de crecimiento de la periferia y, por otro lado, una centrípeta de renovación de áreas centrales –en algunos casos acompañada de procesos de gentrificación– que involucran el desarrollo de vacíos urbanos y de áreas industriales obsoletas (Carrión, 2001; Contreras, 2012; Coulomb, 2012; Azuela y Cosacov, 2013).

De hecho, si nos centramos en la ciudad de Córdoba^[2] ambos procesos convergen en las trasformaciones que viene experimentando la ciudad desde la década de 1990 más aceleradamente. Por un lado, un proceso de suburbanización que progresivamente se fue estructurando de forma segregada, es decir, de sectores medios y altos en barrios cerrados, y de sectores vulnerables procedentes de áreas centrales y relocalizados a partir de la política habitacional (Tecco y Valdés, 2006; Falú y Marengo, 2004: 217; Díaz Terrero, 2011; Gobierno de la Provincia de Córdoba, 2008; Peralta, 2011; Cervio, 2012; Capdeville, 2014; Peralta y Liborio, 2015); y por otro lado, el crecimiento por densificación en áreas centrales y pericentrales de la ciudad (Dellavedova et al., 1997; Gordillo, 2010; D’Amico y Castro, 2007; Mandrini, Capdeville y Ceconato, 2010; Caporrosi, 2011; von Lücken; 2013; Capdeville, 2013, 2014; Faraci, 2015).

Veamos entonces a continuación cuáles son los cambios que ocurren tanto en las áreas centrales y pericentrales como en la periferia urbana, y cómo se insertan Villa La Maternidad y sus habitantes en estos procesos.

Procesos de transformación y movimientos centrífugos

En el marco de las intervenciones en el área pericentral y central de la ciudad se destacan, por un lado, emprendimientos privados de diversa envergadura que involucran a desarrollistas urbanos e inmobiliarios (Capdeville, 2014) y, por otro, grandes obras públicas promovidas por actores estatales –a nivel municipal y provincial–.

A partir del año 2003 aproximadamente, se produce una reorientación de las construcciones en altura de barrio Nueva Córdoba –que tradicionalmente concentró este tipo de edificaciones– hacia los barrios tradicionales de la ciudad, que conforman el área percicentral como Alberdi, General Paz, Alta Córdoba y Güemes (Gordillo, 2010). Este proceso de densificación se relaciona en parte con la crisis de 2001 y la reactivación económica a partir de la actividad de la construcción, la rentabilidad de la soja y la inversión en bienes inmobiliarios como una alternativa de reserva de valor y búsqueda de seguridad del capital por parte de inversores y ahorristas, en un contexto de falta de confianza en el sistema bancario (von Lücken, 2013; Capdeville, 2013; Capdeville, 2014). Según datos publicados por la Corporación Inmobiliaria de Córdoba S.A. en 2006, en enero de 2003 el municipio de Córdoba había otorgado permisos para construir por 25.000 m2, mientras que para la mitad del mismo año habían alcanzado 137.000 m2. En ese sentido, la actividad creció un 448% (Vivienda y Ciudad, Informe para el Plan Director de Córdoba s/f).

Es importante destacar como una innovación la herramienta de gestión que promueven las alianzas público-privadas como una forma de introducir transformaciones en la ciudad. Esta nueva institucionalidad es promovida desde las Bases para el Plan Director (2008)^[3] y no sólo se limita a obras en las áreas centrales y pericentrales de la ciudad, sino también para la periferia urbana. A partir de estos convenios se establecen cambios en el patrón de ocupación del suelo, incrementando su aprovechamiento, generando ganancias extraordinarias para los grupos empresarios por vía de la excepción a la normativa vigente que establece qué y cuánto construir es legal en determinado terreno. A cambio de dicha excepción, las empresas deben construir obras para la ciudad, espacios públicos o infraestructura. La medida levantó muchas polémicas porque no queda claro qué tipo de obras se deben realizar y cuáles son los montos que deben destinar las empresas para aquéllas.

También se destaca en las Bases para el Plan Director (2008) como uno de sus objetivos centrales la recuperación y la puesta en valor del centro de la ciudad,^[4] su densificación para contrarrestar la extensión de la mancha urbana, y la recuperación de la costanera a partir de planes por tramos y planes específicos para diferentes polígonos de la ciudad

De esta forma, acompañando desde la política pública procesos de inversión privada, surgen emprendimientos privados y grandes obras públicas que transforman el paisaje y la vida social urbana como el nuevo Centro Cívico –obra planteada como emblemática de la ciudad– y la ampliación de la Terminal de Ómnibus (Terminal de Ómnibus del Bicentenario), ambas inauguradas en el año 2011 y que desde su proyección hasta su concreción suscitaron diversos conflictos. Por lo general, este tipo de obras resultan ser emblemáticas de la actual tendencia a dar identidad a la ciudad mediante la estrategia del “citymarketing” (Benko, 2000; Berg y Klink, 1995; Dumont, 1995), para la cual la recuperación de las riberas de ríos y frentes marítimos representa uno de los principales objetivos. Es importante señalar que ambas obras se encuentran en las cercanías de Villa La Maternidad.

Imagen del Centro Cívico del Bicentenario en: https://goo.gl/pMl7Fe

Movimientos centrípetos: la suburbanización de los sectores medios, medio-altos y bajos

Suburbanización de las elites

En lo que respecta a la suburbanización de los sectores medios y altos en urbanizaciones cerradas, si bien en Argentina es posible encontrar los primeros barrios cerrados en los años sesenta (Torres, 2006), recién en los años noventa estas nuevas formas de habitar se masificaron. En Córdoba, a diferencia de Buenos Aires, los primeros countries y barrios cerrados surgieron como primera vivienda. Estas urbanizaciones privadas fueron acompañadas a nivel local ex post por un cambio en las ordenanzas del uso del suelo urbano –la Ordenanza 8606/91– a partir del cual la Municipalidad de Córdoba estableció un reglamento específico que las denominó como “Urbanizaciones Residenciales Especiales” (URE), para sortear las irregularidades de estos primeros barrios y flexibilizar los criterios de localización y definir que las áreas verdes, a pesar de estar definidas como públicas, se reservaran para uso exclusivo de los residentes (Capdeville, 2014: 140).

Siguiendo el trabajo de Peralta (2011) a pesar de registrarse en la ciudad una tasa urbana decreciente (en 1991-2001 se registró una tasa de crecimiento de 8,92% y durante el período 2001-2010 una tasa de 3,75%), el crecimiento inmobiliario reflejó un proceso inverso. En los últimos 10 años, la ciudad agregó 205 nuevas urbanizaciones: 159 barrios, 35 countries y 11 ciudades-barrios para erradicar villas miserias. Si se toman en cuenta los complejos de edificios o housings, la cifra se incrementa a 231 urbanizaciones, localizadas principalmente en las zonas sur y noroeste de la capital (Perelta, 2001: 232).

En lo que respecta a la localización geográfica hacia el sur existen 35 nuevos barrios, 14 countries y barrios privados, 5 complejos y un barrio-ciudad. Al noroeste se localizan 28 barrios, 15 countries y 10 complejos. “En estas dos zonas de la ciudad están 29 de los 35 barrios privados y sólo se radicó apenas un barrio ciudad. El norte, sudeste y oeste de la ciudad se desarrollaron en menor medida: 35, 31 y 22 nuevas urbanizaciones respectivamente” (Perelta, 2001: 233)

Además del cono de alta renta hacia el noroeste, la autopista a Villa Carlos Paz se ha consolidado como nuevo corredor inmobiliario, con 6 emprendimientos que suman 951 has. Las claves de estos nuevos desarrollos son el ingreso al valle de Punilla, rápidos acceso a la ciudad y la oferta de tierras, a pesar de presentar carencias en algunos servicios (Perelta, 2001: 234).

Es importante señalar que después de Buenos Aires, la ciudad de Córdoba y municipios aledaños (Unquillo, Villa Allende, Mendiolaza, Río Ceballos, Malagueño, Alta Gracia, La Calera y otros) tienen el mayor número de urbanizaciones cerradas de Argentina en variedades como barrios cerrados, countries, barrios chacras, clubes de campo (Perelta, 2001: 235).

Suburbanización de los sectores populares

En cuanto a la suburbanización de los sectores populares, se destaca el programa habitacional Proyecto de Emergencia para la Rehabilitación de los Grupos Vulnerables afectados por las inundaciones en la ciudad de Córdoba, conocido como “Mi Casa, Mi Vida”. Esta política consistió en la construcción de 46 conjuntos habitacionales en la periferia urbana de entre 50 y 600 viviendas y el traslado de la población que habitaba en villas y asentamientos a aquéllos, lo cual significó la erradicación de casi la totalidad de estas formas de hábitat de la ciudad e impulsó la liberación de tierras sobre la que anteriormente se ubicaban, algunas en áreas centrales, como el caso de Villa La Maternidad, ubicada en el borde de barrio General Paz, hacia el barrio San Vicente (von Lücken, 2011).

Este programa habitacional surgió a raíz de las inundaciones que afectaron a varias zonas de la ciudad de Córdoba en marzo de 2000. A raíz de este acontecimiento, el 19 de octubre del año 2001 se sancionó el Decreto Nº 2565/01 que declaraba el estado de emergencia hídrica y social para 12.500 familias (11.000 en áreas inundables y 1500 en otras áreas de riesgo ambiental), sentando las bases para el programa “Nuevos Barrios/ Mi Casa, Mi Vida”, implementado a partir del año 2003 y que se extendió hasta 2009.

Análisis del conflicto urbano a partir del caso del puente Letizia

En este apartado analizaremos el conflicto que involucró a los vecinos de barrio General Paz Juniors, representados en el Centro Vecinal Juniors Garzón Agulla, los vecinos de Villa La Maternidad y el Gobierno, tanto provincial como municipal, a raíz de la construcción de un puente llamado “Letizia”.

El puente Letizia se planificó como una obra complementaria a la ampliación de la Terminal de Ómnibus en el año 2009 con el objetivo de reorientar el tránsito de autobuses de mediana y larga distancia. Posteriormente, en septiembre de 2010, el Gobierno provincial presentó un proyecto de revalorización del río Suquía donde se planteaba la recuperación urbanística y paisajística de la costanera comprendida entre el puente Santa Fe y el futuro Puente Letizia. Este proceso de recuperación involucra tanto emprendimientos públicos –como la construcción de la sede del Concejo Deliberante de la ciudad (actualmente detenida), el Centro Cívico, el Centro de Convenciones y la nueva Terminal de Ómnibus– como emprendimientos privados sobre la costanera, donde la altura permitida es mayor que en otros sectores de la ciudad. En julio de 2013, se inauguró un parque lineal en el marco de este proyecto (LVI, 13/07/2013). Estas nuevas obras permiten enmarcar la construcción del Puente Letizia en un proyecto de transformaciones urbanas más amplio, que es la revalorización de toda la ribera del río, al son de desarrollos privados y obras típicas de este tipo de empresarialismo urbano como sedes administrativas y centros de convenciones tendientes a diseñar fragmentos urbanos (Harvey, 2007).

En septiembre de 2011 estalla el conflicto, en el momento en que la empresa constructora instaló el obrador del lado de Villa La Maternidad (LVI, 27/09/2011). A pesar de que fuentes provinciales señalaron que el proyecto se consensuó con la gestión municipal, que decide la bajada del puente, éste fue un punto controversial puesto que la obra se inició en base a un anteproyecto y no había certezas de las áreas que serían afectadas finalmente.^[5] Ante esta incertidumbre, los vecinos de ambos extremos comenzaron a movilizarse en busca de repuestas a partir de diferentes estrategias, marcando la visibilidad de sus posiciones antagónicas hacia la obra (von Lücken, 2014).

A la fecha la obra del puente Letizia no se concluyó, sólo está construido el tramo que cruza al río pero ninguna de las bajadas en los extremos, es decir, los accesos al puente.

A pesar de que el puente Letizia es una obra inconclusa, interesa analizar esta intervención urbana por el conflicto que acarreó, puesto que permite poner de relieve diferentes intereses que se enfrentan en un espacio determinado (Melé, 2003).

En este caso se trata de un conflicto de implantación. Se define como oposición frente a la elección de localización de una obra de infraestructura, como el Puente Letizia, vinculado a la percepción de los posibles impactos del proyecto (Melé, 2003).

A continuación analizaremos el conflicto del puente Letizia teniendo en cuenta los actores comprometidos; la expresión pública del conflicto; las discusiones y los argumentos esgrimidos por los actores; las representaciones en torno a la ciudad y el desarrollo urbano que construyen.

Imágenes del Puente Letizia, ver: https://goo.gl/DcRd1m

Los actores colectivos en cuestión

Los actores urbanos se definen en torno a cuestiones a partir de las cuales actúan de manera comprometida y plantean diversas estrategias. Para dar cuenta de la conformación de la Comisión contra el Desalojo de Villa La Maternidad (CDVLM) y del Centro Vecinal Juniors Garzón Agulla (CVJGA) como actores colectivos, se realizará un recorrido por las cuestiones en torno a las cuales ambos actores se conformaron como tales previamente al conflicto por el Puente Letizia.

Villa La Maternidad y la CDVLM

Con más de 80 años de antigüedad, Villa La Maternidad creció en los márgenes del río Suquía vinculada al funcionamiento del ferrocarril y a las actividades económicas localizadas en barrio San Vicente.^[6] Se encuentra a diez cuadras del centro de la ciudad y a cinco de la Terminal de Ómnibus. En sus inmediaciones se localiza el polo sanitario, la estación de Ferrocarril Mitre, la Escuela Presidente Rivadavia, el nudo vial Mitre, el Centro Cívico del Bicentenario y la Nueva Terminal de Ómnibus. Hasta mediados del año 2004 residían en la villa aproximadamente 400 familias, gran parte de las cuales fueron trasladadas al conjunto de viviendas “Ciudad de Mis Sueños”, a 14 km del centro de la ciudad, con motivo de la implementación de programa habitacional “Mi Casa, Mi Vida”. Para los terrenos desalojados de villa La Maternidad se preveía la construcción de un parque lineal considerando el “alto valor urbano, por sus visuales al río, por su proximidad con el área central, como espacio factible de ser apropiado para uso recreativo, deportivo y cultural” (Dirección de Medio Ambiente de la Provincia de Córdoba, 2003), con lo cual es posible inferir cierto interés en estos terrenos. El desalojo de los predios comenzó en octubre de 2003, pero el traslado de los habitantes se consumaría en junio de 2004, bajo un clima de tensión entre aquellas familias que se oponían a la relocalización. Ante la resistencia, las autoridades provinciales procedieron con intimidación, presión y amenazas. Ante el desalojo, resistieron 70 familias que finalmente se redujeron a 32.^[7] En función de canalizar sus reclamos, en el contexto del desalojo se formó la CDVLM, que contó con apoyo de organizaciones, vecinos y estudiantes externos a la villa. Las actividades de la comisión consistieron en la realización de protestas con cortes de calles, marchas, festivales de solidaridad, petitorios formales a las autoridades provinciales y nacionales, y uso de los canales legales para frenar los desalojos y la intimidación. Ante esta resistencia, el Gobierno provincial demandó a los habitantes por usurpación. Luego, se sucedieron una serie de medidas, como la firma de acta de intención en octubre de 2004 para la construcción de viviendas en la zona para quienes resistieron. La última iniciativa por parte del Gobierno provincial fue la firma de un acta de acuerdo por la urbanización de la villa en enero de 2009, que a la fecha no se concretó. Recientemente la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba comenzó a trabajar en diferentes proyectos de urbanización en conjunto con la comunidad para la radicación definitiva in situ y la urbanización de la villa, pero a pesar de las iniciativas, aún no hay manifestaciones por parte del municipio ni de la provincia para colaborar con estos proyectos. Actualmente, la situación habitacional de los habitantes de Villa La Maternidad es incierta y presenta mayor complejidad, puesto que al núcleo de las 32 familias que originalmente resistieron se sumaron vecinos que retornaron del barrio al que fueron trasladados, y nuevos habitantes. Este panorama se inserta en el contexto de transformaciones aledañas que involucran la construcción del Puente Letizia, que precisamente atravesará la villa añadiendo incertidumbre a la situación de la población.

Barrio General Paz y el Centro Vecinal Juniors Garzón Agulla (CVJGA)

Barrio General Paz^[8] se ubica en la zona este de la ciudad de Córdoba. Fue fundado en 1870, a partir de un loteo privado desarrollado en diferentes períodos, por lo cual en su interior fue adquiriendo características diferenciales.

El barrio, habitado predominantemente por sectores de clase media, presenta un tejido urbano consolidado, en algunas zonas con un marcado carácter residencial de baja densidad, como el sector de Barrio Juniors –última área en lotearse en los años cincuenta–, con características de barrio jardín, viviendas tipo chalet y gran arbolado. Este sector aún no ha sido afectado por el crecimiento en altura puesto que la normativa no lo permite. No obstante, sus habitantes se sienten amenazados por los cambios en el entorno.

Como se señaló anteriormente, las intervenciones en áreas centrales de la ciudad cobraron más fuerza a partir de 2003. Fue entonces cuando la construcción comenzó a extenderse hacia los barrios tradicionales que bordean el casco céntrico, produciendo un crecimiento por densificación en zonas anteriormente de baja densidad, sustituyendo viejas tipologías por edificios de multiviendas.

En este contexto, Barrio General Paz ofrece características óptimas en relación con otras áreas de la ciudad: infraestructura completa, cercanía al centro y rápida accesibilidad a otros puntos de la ciudad, marcado carácter residencial, y una amplia oferta comercial.^[9] Por estos motivos, el barrio se convirtió en un nuevo sector de concentración de la construcción y de atracción de inversiones inmobiliarias,^[10] predominantemente multiviendas de un promedio de 7 pisos de altura. Junto a las transformaciones morfológicas, ambientales y de densidad poblacional, este proceso creó nuevos circuitos comerciales y usos del espacio, y así configuró una nueva identidad del barrio (Gordillo, 2010: 4).

Además, la construcción del Centro Cívico en sus inmediaciones implicó mayor flujo vehicular y poblacional, nuevas áreas comerciales y su resignificación como espacio simbólico, ya sea para actos de gobierno o protestas.

Imagen de acto de gobierno y protesta en el Centro Cívico, ver: https://goo.gl/yGl68r

En este contexto de cambios se conforma el CVJGA para tratar diferentes problemas del barrio, como el mal funcionamiento de cloacas, luminarias, mal estado de las calles, inseguridad, falta de planificación urbana ante el crecimiento inmobiliario y de instancias de participación, entre otros.

Entre sus reclamos, se destaca la oposición al emprendimiento de 3 torres de 40 pisos proyectado en terrenos de una ex fábrica situados frente al nuevo Centro Cívico. Los vecinos objetaron el proyecto ante el Concejo Deliberante de la ciudad, considerando que su dimensión afectaría a sus condiciones de habitabilidad. Además dudan de la veracidad del permiso de edificación municipal^[11] y de que se hayan realizado estudios de impacto ambiental (La voz del interior, 30/06/2011).

El conflicto por el Puente Letizia

Expresión pública del conflicto

Para referirse a un conflicto como territorial, no basta con que existan antagonismos en relación con representaciones del territorio sino que tales desacuerdos sobre la apropiación o el uso del espacio deben expresarse públicamente (Azuela y Cosacov, 2013: 151-152).

El conflicto por el puente se inicia con la instalación del obrador en Villa La Maternidad. En primera instancia tanto los vecinos nucleados en el CVJGA como los de CDVLM recurrieron a diferentes medios de comunicación como estrategia para hacer públicos sus reclamos ante la falta de información y de respuesta por parte de las autoridades gubernamentales correspondientes –municipales y provinciales– sobre el proyecto del puente.

Los cortes de calle como actividad de protesta también contribuyeron a hacer visible la situación. Es en esta acción donde ambos actores se encontraron, luego de haberse reunido en varias ocasiones para tratar el tema. Se sostiene que una de las dimensiones productivas del conflicto es su función socializadora, en el sentido de que por medio de coaliciones o asociaciones facilita la vinculación de grupos o de individuos que de otra manera no tendrían relación o serían antagónicos (Coser, 1961: 177). En expresión de un miembro de la CDVLM, “el pueblo se está uniendo contra un mal común a todos, que es este avasallamiento que el gobierno de turno hace sobre nuestros derechos” (Entrevista realizada el 12/05/2012 a un informante clave de la CDVLM –en adelante “E2”–).

Además de las protestas para lograr visibilidad y presionar a las autoridades, ambos actores realizaron reclamos por medio de las instituciones que consideran que deben acatar sus demandas como ciudadanos. Los vecinos de Barrio Juniors-General Paz, al enterarse de que el puente podría bajar al barrio, comenzaron a recurrir a las distintas oficinas gubernamentales como la Dirección de Vialidad Provincial, Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, y Concejo Deliberante, con el fin de obtener información del proyecto y encontrar interlocutores a sus reclamos. Ante el Concejo Deliberante, un miembro del CVJGA expresó:

Me hubiese gustado, y hubiese sido el deseo de la comisión a la cual presido, que esta información que obra en mi poder [en relación al plano del anteproyecto del puente] me la hubiesen entregado ustedes de buena fe, porque para eso el contribuyente paga sus impuestos y ustedes cobran sus salarios…como presidente vecinal vengo a escuchar las explicaciones que usted me va a dar del puente y los elementos de juicio que usted dice tener en su poder para que nosotros lo podamos evaluar como ciudadanos que nos comprende toda la ley. (E1)

A partir del fragmento anterior, es posible dar cuenta de una demanda por falta de participación y consenso ciudadano que reclaman los vecinos de CVJGA, derecho que consideran que les corresponde en tanto contribuyentes, dejando traslucir una concepción patrimonialista de ciudadanía.

En cuanto al contacto de los vecinos de Villa La Maternidad con los funcionarios de diferentes niveles, se sostiene que fue menos fluido. Por su parte, escribieron varias cartas a la Presidenta de la Nación y al Gobernador con el fin de obtener alguna respuesta sobre cómo impactaría esta obra sobre su situación habitacional, teniendo en cuenta que llevan varios años tratando de llegar a algún tipo de solución y que tienen en su trayectoria varios acuerdos firmados con autoridades públicas que no se cumplieron.

Discursos y argumentos

A pesar de unirse en un reclamo conjunto a partir del reconocimiento de un enemigo en común, surgen diferencias en cuanto a los argumentos de oposición que se relacionan con las distintas percepciones sobre cómo consideran que el puente los afectará. Los vecinos del CVJGA consideran que el Puente Letizia, al bajar a Barrio Juniors, tendría impactos negativos a nivel ambiental e infraestructural y que implicaría cambios en el perfil del barrio, puesto que en un área residencial en donde anteriormente había una calle con poco tránsito vehicular, con el puente aumentarían los flujos, ingresarían colectivos y algunas casas quedarían tapadas por la obra. Además, consideran que con esta obra no se estaría respetando la elección residencial que ellos compraron, ya que produciría un cambio en el entorno. El siguiente texto plasmado en un folleto que se repartía en el barrio ilustra esta visión:

¿Qué verá desde su ventana? ¿Un paredón? ¿Un mar de autos? ¿O el árbol del vecino del frente? ¿Hasta qué hora tendrá sol cuando terminen las torres de 40 pisos? ¿Qué pasará con el Puente Letizia? ¿Será el paso de colectivos? ¿Cuántos días seguiremos sin luz, gas agua y con líquidos cloacales brotando en las esquinas? (Folleto repartido en Barrio General Paz-Juniors en mayo de 2012).

Del lado de Villa La Maternidad, la preocupación de los vecinos de la CDVLM está ligada a su futuro habitacional puesto que la bajada del puente atravesaría la villa perjudicando a las familias residentes sobre el pasaje Letizia y también al resto de los habitantes. Por lo tanto, sus reclamos están ligados a la urbanización de la villa: “si no hay urbanización, no hay puente, es lo que nosotros pretendemos, que nos urbanicen. Esa es la lucha de hace 8 años” (E2).

Además, consideran que el puente es una excusa para efectuar el desalojo encubierto en obra pública: “Lo que pasa es que son astutos… resulta ser que para expropiar acá no pueden, pero sí pueden por algo de utilidad pública. Entonces, el puente como es algo de utilidad pública, lo están usando para poder entrar” (E2).

Las situaciones de conflicto generan como forma de socialización positiva la unión de los grupos. En este caso, se reduce el aislamiento entre distintos grupos sociales en pos de una demanda común: la oposición a la construcción del puente. Sin embargo, se conserva la distancia social. Esta idea se observa con mayor claridad al indagar en cómo se inicia la relación entre ambos actores. Al respecto, un miembro del CVJGA expresó en referencia a los habitantes de Villa La Maternidad:

Cuando ven que yo me estoy moviendo se vienen corriendo, porque esta gente tiene mucha voluntad pero no tiene capacidad para hablar. Desgraciadamente, son gente humilde, que no ha tenido la capacidad que nos dio la vida a nosotros de poder capacitarnos un poquito más, nada más. Pero son gente buena, son gente trabajadora, son gente. (E1)

Esto también se relaciona con otro argumento de fondo a la oposición del puente, que es vincular la inseguridad de Barrio Juniors-General Paz con San Vicente, donde se ubica Villa La Maternidad. El Puente Letizia es visto como “otro puente que conecta con San Vicente” y se considera perjudicial para la seguridad del barrio, puesto que ya existe un puente de conexión en el cual los vecinos exigen mayor control policial para que “no se escapen los ladrones” (sobre la base de R1).

En Villa La Maternidad se expresa que, si bien estuvieron junto al CVJGA en cortes de calle, son conscientes de las barreras que limitan esa unión y que una de las oposiciones al puente por parte de los vecinos de Barrio Juniors-General Paz es impedir que los habitantes de la villa tengan una vía de acceso al barrio:

Nos tratan de involucrar en esto pero siempre conservando su, como te podría decir, su discriminación disimulada…la gente de allá [de barrio Juniors-General paz] no te la dice directamente “no al puente porque va a pasar esto” ellos están así, sabiendo que los negros de mierda no tienen que ir para allá, porque nosotros somos villeros y somos peligrosos para ellos, porque si pasan por acá algo van a chorear. Entonces ellos están disfrazando un poco. Pero a ellos les molesta el puente, a nosotros también, y bueno, ese bien común que hay, aceptamos… yo no soy un nene de pecho, yo me doy cuenta de que la gente te acepta por obligación. (E3)

En este sentido, se observa una oposición conjunta al puente expresada en el momento de la acción como cortes de calle, pero la argumentación con respecto a cómo consideran que la obra los afectaría es diferente de cada lado. Es decir, se trata de grupos diferentes que en una determinada situación social se reúnen por un interés común, pero esto no diluye las diferencias. Comparten el territorio, una cercanía física, pero no necesariamente comparten una visión sobre el territorio. Además, vale la pena subrayar que si bien hay una socialización positiva, el fantasma de la inseguridad depositado en la pobreza opera como barrera entre ambos grupos.

Las representaciones de la ciudad y las posiciones en relación con el desarrollo urbano

El conflicto por la construcción del puente resulta significativo en términos analíticos puesto que a partir de los discursos, de las estrategias de acción y de las reivindicaciones que movilizan a los actores surgen visiones acerca de la forma en que se construye la ciudad. En este sentido, tanto la CDVLM y CVJGA denuncian la primacía del capital y los intereses privados sobre la planificación de la ciudad, puesto que sostienen que el Puente Letizia se está construyendo para beneficiar a un empresario:

El puente que quieren hacer para bajar los ómnibus por la costanera al anillo de circunvalación, me parece una excelente idea, pero Bugliotti quiere hacer un traje a su medida, no le interesan los ómnibus que andan por la ciudad, sino que quiere abrir el barrio Juniors para que vengan a comprarle [en referencia al centro comercial propiedad del empresario ubicado en frente a villa La Maternidad]. (E1)

En Villa La Maternidad el argumento se repite, pero con el trasfondo del miedo al desalojo:

El puente lo está haciendo Bugliotti para que terminen de sacar a la gente de acá para hacer el emprendimiento de él acá… Bugliotti no nos quiere acá, a pesar de que nosotros somos los mejores clientes que tiene él, todos los días vamos a comprarle a él. Pero él no quiere nuestra plata, él quiere la plata de la gente de barrio General Paz, de toda esa gente que vive para aquel lado,…o sea que el puente le hace falta a él y es un traje a medida este puente para él. (E3)

Más allá de la obra del puente, en ambos extremos hay una visión compartida respecto al desarrollo urbano en general: sostienen que las trasformaciones urbanas estimuladas por la política pública están regidas por los intereses del capital y orientadas a la intervención en sectores puntuales de la ciudad para apuntalar un crecimiento urbano orientado al mercado.

Además es interesante observar que a partir de una obra pública, se vislumbran transformaciones urbanas que van más allá de la obra en sí y que demuestran que los cambios en el sector de estudio tienden a desplazar a la población de menos recursos y acondicionar el territorio –territorios centrales– para los sectores más favorecidos de la sociedad, reforzando un desarrollo urbano excluyente.

Reflexiones finales

Teniendo en cuenta que el análisis de los conflictos urbanos permite una aproximación para comprender la relación entre los habitantes de la ciudad y la acción pública sobre el territorio (Melé, 2003), a lo largo de este trabajo se buscó dar cuenta de las diferentes posiciones que toman los actores –enmarcados en la Comisión contra el Desalojo de villa La Maternidad y Centro Vecinal barrio Juniors-Garzón Agulla– en torno a una obra de infraestructura promovida por la acción pública, como lo es el Puente Letizia.

En función de este propósito, se intentó mostrar cómo se fueron constituyendo los actores colectivos involucrados, afectados por diferentes transformaciones en sus entornos urbanos inmediatos, que confluyeron en la oposición a la construcción del puente, pero sustentada en diferentes argumentos. Del lado de Juniors-General Paz, el cuestionamiento se relaciona con los impactos ambientales, los cambios en el perfil del barrio, la falta de planificación, la sustentabilidad urbana y el avasallamiento a sus derechos de propiedad. Del lado de Villa La Maternidad-San Vicente el principal reclamo es la amenaza de desalojo encubierta en obra pública, es decir, la permanencia en el centro de la ciudad.

En tal sentido, resulta interesante dar cuenta de cómo el conflicto por el puente opera en soldar dos grupos sociales diferentes, es decir, generar relaciones de afinidad, básicamente en el momento de las protestas, a la hora de compartir información y en la concepción del desarrollo urbano regido por la lógica del capital, más allá de que argumenten que esta obra los perjudica de manera diferente.

Teniendo en cuenta que las políticas urbanas articulan modalidades específicas de producción de la ciudad, la obra del puente, en tanto intervención en infraestructura urbana, nos invita a reflexionar sobre cómo se construye la ciudad. Las políticas urbanas, y la obra pública en particular, son materia frecuente de conflictos territoriales, en tanto forman parte de un proceso público por el cual el Estado crea condiciones necesarias para las transformaciones económicas, sociales y ambientales de determinadas áreas de la ciudad a través de la promoción de áreas susceptibles de renovación; la oferta de beneficios fiscales para la rehabilitación; la inversión de fondos públicos en la mejora de servicios públicos en áreas seleccionadas; las intervenciones dirigidas a los propietarios para rehabilitar o vender su propiedad; la rezonificación y recalificación del suelo (Rodríguez y Di Virgilio, 2011: 26). No obstante, a lo largo de este trabajo podemos observar cómo esas políticas son resistidas por actores que tiene capacidad de resistencia y ponen límites a las transformaciones urbanas.

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