Prevenir, sancionar y erradicar las violencias por razones de género, así como, incorporar un enfoque para ello en el diseño de las políticas, se configuran en los últimos años como los principales ejes de los debates en el ámbito global, como parte integral de los derechos humanos, el desarrollo social sostenible y las democracias. Las declaraciones internacionales como la de Naciones Unidas en 1993 para eliminar esta violencia en particular contra las mujeres, indica un consenso mundial emergente sobre la naturaleza del problema (Van der Vleuten, et al, 2020) así como también las Conferencias Internacionales y, las redes regionales de activistas conformadas durante esos años. Si bien, las organizaciones intergubernamentales no son intrínsecamente sensibles al género, a partir de la década del 90 comenzaron a prestarle mayor atención, en gran parte por la influencia del movimiento de mujeres y feministas que incidió en estos espacios. En América Latina y el Caribe, estos temas tienen una resonancia más fuerte debido a que registra uno de los índices más altos de violencia y desigualdad por razones de género en comparación a otras regiones del mundo (PNUD, 2019; CEPAL, 2018). La OEA y el MERCOSUR, no son ajenas a estos procesos y forman parte del complejo entramado regional. Este estudio sostiene que ambas organizaciones contribuyen a la gobernanza regional de género, porque han logrado construir herramientas útiles para la promoción y protección de reglas que buscan erradicar la violencia y fomentar la igualdad y equidad de género. Se identifican y analizan los aportes que hacen estas dos organizaciones entre los años 1990 y 2015.