Ludmila Fredes

Introducción

Este capítulo se propone reflexionar sobre políticas universitarias vinculadas al fortalecimiento de las trayectorias estudiantiles de las personas LGBTIQ+ a partir de dos dimensiones analíticas:

1. La reconstrucción del proceso de instauración de las políticas de diversidad sexual y de género en el ámbito de las universidades públicas argentinas en relación con el contexto social y la articulación con el Estado, durante el periodo 2015-2023.
2. Las prácticas de gestión institucional de transversalización de la perspectiva de la diversidad sexual y de género para el fortalecimiento en el acceso y permanencia de las personas LGBTIQ+ en el ámbito de la universidad pública a partir de la experiencia situada en la Universidad Nacional de San Martín.

Antes de profundizar sobre estas dos dimensiones, me resulta importante atender las implicancias del derecho a la educación superior en relación con las políticas de acceso y permanencia para las trayectorias estudiantiles en las universidades públicas. En palabras del rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco, la educación superior “es un bien público, social y humano que se constituye como obligación del Estado”. En este sentido, la proliferación de las universidades públicas y gratuitas durante las décadas pasadas ha permitido un crecimiento en la participación de grupos sociales históricamente relegados. Según la información publicada por el Ministerio de Educación, en 2022 (último dato disponible que corresponde al Anuario estadístico) el 47,8 % de lxs nuevxs inscriptxs en universidades e institutos universitarios nacionales y provinciales de la Argentina se trataba de la primera generación de universitarixs en sus familias. Ante este dato alentador no se puede dejar de señalar que aún persisten desigualdades en términos económicos, sociales y culturales que siguen siendo factores que limitan las posibilidades de acceso y afectan el abandono. Un aspecto considerado clave en este análisis tiene que ver con reconocer que la pertenencia a un grupo minoritario es una desventaja respecto a la proyección de las trayectorias estudiantiles, debido a que estas personas se encuentran expuestas a mayores situaciones de vulnerabilidad de derechos, sobre todo a violencias y discriminaciones.

Reconocer las condiciones de vulnerabilidad es un factor fundamental para la mejora de la gestión institucional ya que permite ampliar el tratamiento contemplando las especificidades que hacen al acceso, permanencia y graduación.

En función de ello, y a los fines de abordar la situación particular que nos convoca en este libro respecto a las trayectorias estudiantiles de las personas LGBTIQ+, resulta fundamental iniciar el análisis reconociendo la desigualdad de género como un fenómeno estructural de la sociedad, que afecta principalmente a mujeres y personas LGBTIQ+ y al cual la universidad no se encuentra ajena. En consecuencia, promover el abordaje de las problemáticas sociales, políticas y culturales vinculadas con los géneros y las sexualidades es clave para dar tratamiento a las posibles barreras en las trayectorias universitarias de quienes desean acceder o de quienes efectivamente se encuentran transitando la institución. Para ello, este trabajo se propone reflexionar sobre las políticas de igualdad en la gestión universitaria, particularmente las que se refieren a la diversidad sexual y de género entendidas como políticas que promueven oportunidades para todxs, dado que inciden en las distintas dimensiones de la desigualdad.

El proceso de instauración de las políticas de diversidad sexual y de género en el ámbito universitario público

Se parte de la premisa de que el proceso de instauración de las políticas universitarias en materia de ampliación y consolidación de derechos hacia el colectivo LGBTIQ+ se inicia desde los cimientos de una agenda feminista universitaria. Una agenda que se encontraba fortalecida en las instituciones universitarias, y que se nutrió de la articulación con los movimientos feministas, el activismo de la diversidad sexual y los espacios institucionalizados de género y diversidad sexual del ámbito estatal.

Las instituciones universitarias vienen consolidando un proceso profundo de instauración de políticas de género. En el trabajo desarrollado por Vazquez Laba y Perez Tort (2019) se afirma que desde el año 2014 se vive un proceso de profundización de las políticas de género en las universidades que tiene como punto de partida la aprobación de los protocolos frente a las situaciones de discriminación y violencia de género. Cabe destacar que los protocolos se fundamentan normativamente en la Ley nacional N.° 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, y además en los tratados internacionales, como la Convención de Belem do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres) y la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), que reconocen las violencias hacia las mujeres. Los protocolos abordan también todas aquellas violencias y discriminaciones que se deriven a razón de la identidad de género y de la orientación sexual. En este sentido, su basamento reside en los principios de Yogyakarta y de la Ley N.º 26.743 de Identidad de Género.

Este avance normativo en materia de tratamiento a las situaciones de violencia en las universidades evidenció la gesta de un nuevo orden institucional. Este nuevo orden implicó que las universidades adquirieran un sentido mayor de permeabilidad a las transformaciones sociales y políticas demandas por la sociedad en materia de derechos hacia las mujeres y las personas LGBTIQ+.

Cabe recordar que durante el periodo estudiado, 2015-2023, hubo una creciente movilización social en torno a los pedidos de justicia respecto de femicidios y crímenes de odio. Es menester mencionar el repudio social por el asesinato de Chiara Lopez, que derivó en la primera movilización del “Ni una menos” en 2015, o la desaparición de Tehuel de la Torre en 2021, a partir de la cual proliferaron las protestas, los pedidos de aparición con vida y de justicia. El actor principal al que se le demandaban acciones de prevención y erradicación de las violencias fue el Estado. En relación con este contexto, las universidades públicas tomaron la decisión de no quedar ajenas al conflicto social. En el marco de sus gestiones institucionales, elaboraron respuestas a estas problemáticas. Las feministas universitarias: estudiantes, docentes, investigadoras y no docentes, cumplieron un rol clave tanto en relación con la consolidación de la agenda como respecto del diseño e implementación de los protocolos. Con el correr del tiempo se conjugaron otras políticas, como la transversalización de la perspectiva de género en la formación académica, la investigación, la extensión y la gestión universitaria. Esta avanzada implicó la expansión de espacios institucionalizados de género en las universidades nacionales, que convergieron en 2015 en la institucionalización de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias. Se trata de un hito importante que se consolida en 2018, cuando se incorpora la red al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Su objetivo principal consiste en la colaboración para el desarrollo de políticas que contribuyan a erradicar las desigualdades de género y las violencias para todo el sistema universitario argentino.

En Argentina, el periodo 2015-2019 fue signado por lo que algunxs autores llaman “neoliberalismo tardío”, según el cual el modelo económico se basó en la reactualización de la doctrina del libre mercado y la desregulación de la economía, incluida la noción de modernizar el Estado y un ajuste del gasto público. Los efectos de esta etapa pueden medirse por el crecimiento de la conflictividad social. Fue un Estado que privilegió la concepción de que las relaciones de poder entre los géneros son cuestiones privadas, y que la igualdad es formal, no se enfrenta con los aspectos materiales, simbólicos y culturales; en consecuencia, hubo ausencia de políticas públicas activas a este respecto (Gradín, 2017).

Durante el periodo 2015-2019, el contexto social se caracterizó por el crecimiento de las movilizaciones: los 3 de junio, por los aniversarios del “Ni una menos”; los 8 de marzo (desde 2017), para visibilizar el Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans; las movilizaciones por el derecho al aborto; las marchas del Orgullo, no solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que se expanden al resto de las provincias y principales ciudades del país; y los Encuentros Nacionales de Mujeres, que datan de 1986 pero que a partir de 2015 experimentaron un crecimiento exponencial en la cantidad de participantes. En 2019 asistieron 200.000 personas^[1], y en 2022 el encuentro transformó su perspectiva para reconocer las identidades plurinacionales y las identidades de género. Esto se expresó también en el cambio en su denominación: “Encuentros Plurinacionales de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Intersexuales, Bisexuales y No Binaries”.

De 2019 a 2023 se abre una nueva etapa, en la que se identifica la proliferación de espacios institucionalizados de género y diversidad sexual en el Estado. En Argentina, la institucionalización de las áreas de género data de 30 años. Sin embargo, es importante mencionar que en 2019 se creó el primer Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad^[2] (MMGyD) a nivel nacional, y se llegó a un récord en cantidad de áreas de género y diversidad municipales y provinciales en todo el territorio nacional, que alcanzaron un total de 315. Además, en ese período cinco espacios provinciales elevaron su jerarquía al rango ministerial^[3].

Asimismo, una de las principales transformaciones políticas que trajo el MMGyD fue la incorporación de la perspectiva de la diversidad sexual y de género en el Estado, entendiendo que “… la lucha por el reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos de LGBTI+ responde al mismo entramado social y cultural que obstaculiza el acceso a derechos de las mujeres” (Barrancos, 2023).

Respecto a avances normativos vinculados a derechos hacia las personas LGBTIQ+, podemos remontarnos a 2007, cuando la Organización de las Naciones Unidas publicó los principios de Yogyakarta, que establecen cómo se debe aplicar la legislación internacional de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género, y determinan los estándares legales internacionales vinculantes que los Estados, entre ellos la República Argentina, deben cumplir. Los principios de Yogyakarta son la base legal sobre la que se elaboró en nuestro país la Ley N.° 26.743 de Identidad de Género. Esta ley establece la obligación de reconocer y respetar la identidad de género adoptada por las personas en el marco de un trato digno, y que toda norma, reglamentación o procedimiento deberá respetar el derecho humano a la identidad de género de las personas.

Otros avances en materia normativa fueron: la Ley N.° 26.618 de Matrimonio Igualitario, la sanción de la Ley N.° 27.636 de Cupo Laboral Travesti Trans y el Decreto N.° 476/21 para la emisión del DNI no binario. Tanto el activismo travesti y trans como la militancia LGB fueron fundamentales para visibilizar las problemáticas, como también respecto de la organización política para el reconocimiento y la ampliación de derechos por parte del Estado argentino. Aun así, el colectivo LGBTIQ+ continúa en la lucha por un mayor reconocimiento individual y social, por la erradicación de las discriminaciones y violencias, y por la ampliación de derechos.

Otro aspecto importante a señalar en el ámbito normativo nacional tiene que ver con la Resolución N.° 1892/2022 del 7/7/2022 del Ministerio de Educación de la Nación, a partir de la cual se asigna a las instituciones universitarias, en el marco de su autonomía académica e institucional, la competencia de la gestión administrativa sobre la carga y modificación de datos, contemplados en la Ley N.° 26.743 de Identidad de Género. Esta resolución permitió que cada universidad pueda realizar los registros y certificaciones acordes con la identidad autopercibida.

Las políticas de diversidad sexual y de género en las universidades durante el periodo 2019-2023

Durante el periodo 2019-2023, las temáticas de género y diversidad sexual ocuparon un lugar de relevancia en la agenda pública y también en las universidades. Las políticas referidas a la diversidad sexual y de género se profundizaron en la mayoría de las universidades públicas. Las principales fueron:

• Protocolos para la atención de situaciones de violencia y discriminación que incluyen las razones de identidad de género y orientación sexual.
• Normativa de adecuación a la Ley de Identidad de Género.
• Emisión de títulos no binarios.
• Aprobación de la utilización del lenguaje inclusivo.
• Elaboración del documento “Lineamientos para la incorporación de la perspectiva de género y diversidad en los sistemas de información universitarios”, elaborado por el Ministerio Nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidad con la participación en el proceso colaborativo y de discusión de los equipos técnicos del Ministerio de Educación, del Programa Nacional para la Igualdad de Géneros en Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Red Universitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias RUGE-CIN.
• El fortalecimiento de las Consejerías en Sexualidades en el marco de la Ley N.° 25.673, que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en el ámbito del ex Ministerio de Salud, donde se incorpora como objetivo la asesoría, atención y acompañamiento a la población LGBTIQ+ en el plano de la salud sexual.
• Adhesión a la Ley N.° 27.636, denominada Ley de Promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins”.

Prácticas de gestión institucional para el fortalecimiento de las trayectorias LGBTIQ+ en el ámbito de la universidad pública a partir de la experiencia en la Universidad Nacional de San Martín

En función de la avanzada en materia de políticas institucionales de reconocimiento y ampliación de derechos hacia la población LGBTIQ+ universitaria, se abrieron nuevos interrogantes que se dirigen a abordar el ejercicio pleno de esos derechos: ¿alcanza con las normativas institucionales?; atendiendo a que el colectivo LGBTIQ+ no es uniforme, ¿cómo se trabajan las especificidades desde las dimensiones del acceso y permanencia?, ¿cómo se sostiene el proceso de transformación de una manera continua y progresiva?, ¿cuáles son las prácticas en la gestión institucional que permiten transversalizar la perspectiva a las diferentes áreas de la universidad?

Para responder estas preguntas, resultó clave analizar las prácticas de gestión institucional de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). El proceso que ha transitado la UNSAM desde la creación del Programa contra la Violencia de Género (2013) hasta la actualidad permite identificar la permeabilidad de la institución a trabajar estas temáticas, que toma en cuenta tanto el proceso de transformaciones sociales vividas en materia de políticas públicas como la movilización social por el reconocimiento y la ampliación de derechos de los feminismos y el activismo del colectivo LGTBIQ+. Cabe destacar que en la reciente modificación del Estatuto se incorpora un preámbulo que establece un ideario integrado por el reconocimiento del legado reformista y la gratuidad de la educación superior, más un núcleo de valores en defensa de los derechos humanos, los principios democráticos y la justicia social, en el cual la justicia de género es también uno de los pilares principales.

El Programa contra la Violencia de Género (PcVG) de la Universidad Nacional de San Martin se crea el 25 de noviembre de 2013 como iniciativa frente a los casos de discriminación y violencia de género denunciados en la universidad y como reacción frente al trágico suceso del doble femicidio de Valeria Gioffre, estudiante de la Escuela de Humanidades, y su madre, Silvina Eiriz.

En noviembre de 2015, se aprueba en el Consejo Superior el Protocolo para la Actuación en Situaciones de Discriminación por razones de Género y/o Violencia de Género de la Universidad Nacional de San Martín (R.C.S. N.° 230/15). Este instrumento administrativo-legal permitió estandarizar procedimientos de intervención para garantizar el tratamiento adecuado de los casos. Se asume una perspectiva de intervención vinculada con la lógica del acompañamiento. Se plantea un abordaje integral de las situaciones que tiene como principal objetivo crear, transformar y mejorar las condiciones de permanencia de toda la comunidad universitaria a partir de identificar las violencias específicas y propias del ámbito universitario.

El protocolo toma como marco de referencia las definiciones de la Ley Nacional N.° 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (2009). Esta norma define la violencia contra las mujeres y especifica los tipos y las modalidades de las violencias. Pero asimismo esta herramienta normativa incluye las situaciones de discriminación y violencia basadas en la identidad de género o la orientación sexual, de modo que tiende lazos con la Ley de Identidad de Género N.° 26.743 (2012).

A través del protocolo, la universidad busca promover condiciones de seguridad, igualdad y equidad de trato y oportunidades. Esto se hace a partir de acompañar y asesorar a quienes lo requieran, además de crear ámbitos e intervenciones que se orientan al cambio de conductas que puedan ser proclives a la violencia y la discriminación. La universidad reconoce que estas problemáticas pueden impactar negativamente en el desempeño académico de lxs estudiantes, y también en el rendimiento laboral y profesional para el caso de docentes, investigadores y no docentes. En este sentido, se afirma la perspectiva de la desigualdad de género en la que la vigencia y reproducción de los roles y estereotipos de género impactan desfavorablemente en la delimitación de los horizontes posibles de desarrollo formativo, laboral y profesional.

Ahora bien, en este apartado nos propusimos reflexionar sobre lo que sucede específicamente con las trayectorias estudiantiles de personas del colectivo LGBTIQ+, y cómo las prácticas de gestión institucional permiten promover condiciones que fortalecen el acceso y permanencia de estas personas en el ámbito de la universidad.

En este sentido y solo a los fines analíticos podemos abordar estas condiciones a partir de tres dimensiones:

1. Condiciones vinculadas con la intervención, las cuales se refieren a la actuación ante un hecho de discriminación y violencia.
2. Condiciones para la prevención, que tienen como objetivo evitar que sucedan situaciones de violencia y discriminación en el ámbito universitario.
3. Condiciones para la igualdad y equidad de trato y oportunidades para fortalecer el reconocimiento y ampliación de derechos de las personas LBGTIQ+ en el ámbito de la universidad.

a. Condiciones vinculadas con la intervención

Uno de los desafíos que se instauran a partir de la vigencia del protocolo de atención en la UNSAM deviene en el hecho de constituirse como una herramienta a la que pueden acudir mujeres y personas LGBTIQ+ para dar tratamiento a una situación que afecta la permanencia en la universidad. Es decir, constituir el protocolo no solo como el espacio donde llevar adelante un proceso de denuncia y sanción de los hechos sino también un ámbito de acompañamiento, de consulta, que puede o no derivar en un procedimiento institucional. En este sentido, es clave romper también con el imaginario de que el protocolo es un área de atención de las violencias exclusiva para las mujeres de la comunidad universitaria. Como bien sabemos, el surgimiento de estos espacios se desarrolla a partir principalmente de denuncias de mujeres cis, aspecto que puede fortalecer la idea de ser un lugar exclusivo para ellas. Ante esto, en la UNSAM se trabaja a través de las campañas comunicacionales y los dispositivos de sensibilización y formación sobre las implicancias del protocolo respecto al trato digno, el respeto a la identidad autopercibida, como así también sobre las discriminaciones y violencias que derivan de la heteronorma y el heterosexismo.

Lxs profesionalxs intervinientes en la atención de las situaciones de violencia y discriminación contemplan los principios de la normativa vinculados a la escucha activa, el respeto a la intimidad y confidencialidad, y además brindan asesoría psicológica, recursos legales y articulaciones académicas intrainstitucionales y con el Estado, según amerite la situación. Cada caso es específico y requiere del despliegue del entramado institucional con el objetivo de acompañar para transformar y mejorar las condiciones de permanencia.

En el abordaje de las consultas, lxs profesionales a cargo del protocolo desarrollan el análisis del relato de las personas, e identifican sobre los hechos la existencia de elementos de género. El tipo y modalidad de violencia, su vinculación con la identidad de género o la orientación sexual, la medición del riesgo y la recomendación de las medidas necesarias para el cese inmediato y la prevención de repitencia son los elementos claves sobre los que se trabaja

b. Condiciones para la prevención

La prevención no solo se aborda a partir de medidas ante hechos de violencia o discriminación, sino que se plantea la creación en el marco de la universidad de ámbitos de sensibilización y formación para toda la comunidad a los fines de conocer la problemática de manera integral. Es decir, se trabajan desde los estudios de género las implicancias de las violencias, cómo se sustentan, cómo operan, qué normativas nacionales e internacionales las contemplan, cuáles son los datos estadísticos que permiten medirlas. Este trabajo se considera fundamental porque aporta a fortalecer la toma de conciencia sobre la problemática, busca apelar los sentidos comunes constituidos social e históricamente, desarmar hábitos, reflexionar sobre las prácticas cotidianas, las formas de vinculación y, en efecto, acompañar la transformación progresiva de la cultura institucional.

El dispositivo principal con el que cuenta la institución es la Ley Micaela, promulgada en 2019. Esta ley establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías del Estado, y que a partir de la adhesión del Consejo Interuniversitario Nacional y del Consejo Superior de la UNSAM, se encuentra vigente también en la institución.

Desde agosto de 2019 se desarrollan capacitaciones en la universidad con carácter de obligatoriedad para todos los claustros. La perspectiva sobre la que se construye la formación no solo responde a la responsabilidad que implica la adhesión a la ley respecto a sensibilizar sobre las violencias hacia las mujeres, sino que amplía la visión en varios sentidos. Se incluye al colectivo LGBTIQ+, porque se entiende que las violencias y discriminaciones que sufren las mujeres se sustentan sobre las mismas bases que perpetúan las opresiones que padecen las personas a razón de la identidad de género u orientación sexual disidente a la heteronorma.

Desde los inicios de las capacitaciones se transversaliza la perspectiva de diversidad sexo-genérica en los diferentes módulos brindados, abordando principalmente los presupuestos dados que posicionan a las personas en los términos que Judith Butler define como “antinaturalidad” o “abyección”. Se abordan los lineamientos esenciales en materia de diversidad sexual: los roles y estereotipos de género partiendo del binarismo, el cisexismo, la heteronorma, el reconocimiento de la población LGBTIQ+ como sujetos de derechos, la ley de identidad de género y la conceptualización sobre el trato digno, las implicancias de un uso inclusivo del lenguaje, el reconocimiento de la utilización correcta de los pronombres, la ley de promoción al empleo formal para personas travesti, transgénero, transexuales.

c. Condiciones para la igualdad y equidad de trato y oportunidades para fortalecer el reconocimiento y ampliación de derechos de las personas LGBTIQ+ en el ámbito de la universidad

A partir de este eje se busca aglutinar aquellas prácticas y normativas institucionales que se llevaron adelante en la UNSAM durante el periodo 2015-2023 para constituir espacios inclusivos e igualitarios para la población LGBTIQ+. Cabe destacar que las principales políticas institucionales destinadas a esta población se desarrollaron a partir de 2021. A continuación, se detallan.

Promoción del uso del lenguaje inclusivo y aprobación de la Guía para incorporar un uso inclusivo del lenguaje (R.C.S. N.° 304/21)

En 2018, a través de la Resolución del Consejo Superior N.° 167/18, la UNSAM se comprometió a promover el uso del lenguaje inclusivo en herramientas administrativas, documentos de gestión y contenidos de comunicación institucional. Para su instrumentación se propuso la elaboración de un manual de estilo, cuya redacción estuvo a cargo de una comisión dependiente del Rectorado y coordinada por la Dirección de Género y Diversidad Sexual (DGyDS). En la comisión participaron representantes de los distintos claustros; referentes de unidades académicas, secretarías y gerencias; y especialistas de centros de estudios, como el Programa de Estudio sobre Sexualidades, Géneros y Violencias de la Escuela IDAES y el Centro de Estudios del Lenguaje en Sociedad (CELES) de la Escuela de Humanidades (EH), quienes no solo realizaron aportes fundamentales, sino que también demostraron un gran compromiso con la temática.

Aprobada por Resolución del Consejo Superior N.° 304/21, la Guía para incorporar un uso inclusivo del lenguaje procura dar cuenta de la participación política de los feminismos y los colectivos LGBTIQ+ en su búsqueda de reconocimiento identitario ante las invisibilizaciones y exclusiones de las que han sido objeto históricamente. La guía presenta diferentes opciones y recursos que pueden ser adoptados por la comunidad universitaria: estrategias gramaticales y de desdoblamiento; usos de “e”, @ y “x”; y usos de sustantivos abstractos y de pronombres sin marcas de género. También incluye recomendaciones para la elaboración de documentos de gestión, piezas de comunicación, atención al público y textos académicos. Asimismo, se establece que el uso inclusivo del lenguaje en el ámbito académico no podrá ser motivo de desaprobación, sesgo en la evaluación o corrección diferenciada, tanto en la oralidad como en la escritura (parciales, monografías, tesis, etcétera).

Por último, cabe mencionar que

La propuesta de un uso inclusivo del lenguaje no implica (…) una imposición para la comunidad universitaria sino que busca formar un espacio de reconocimiento para quienes quieran nombrarse de distintas maneras, sin que esto sea juzgado aludiendo a las normas tradicionales del lenguaje (UNSAM, 2021, p. 6).

Adecuación de la Ley N.° 26.743 de Identidad de Género en el ámbito universitario

A partir de la sanción de la Ley N.° 26.743/2012 se consagra el reconocimiento de que todas las personas tienen derecho a expresar su identidad de género de acuerdo con su vivencia interna. En función de ello, en 2022 se puso a disposición de la planta del personal docente y no docente de la universidad un formulario digital que puede completarse en cualquier momento del año o de forma personal contactándose con la Dirección de Capital Humano, para modificar sus datos personales en lo que respecta a la autopercepción de género. Este instrumento tiene el objetivo principalmente de garantizar el derecho al trato digno en los casos en los que no se ha realizado la modificación del DNI.

Dentro de esta misma política institucional, la Secretaría General Académica incorporó el formulario conforme a la Ley N.° 26.743 para el claustro estudiantil a los fines de rectificar los registros académicos y certificaciones institucionales de acuerdo con el nombre y género autopercibido.

Cabe aclarar que en los formularios mencionados se incorpora el registro y utilización de los pronombres. Los pronombres se refieren a la forma en que la persona solicita ser mencionada. Este dato es relevado a los fines de conocer la correcta utilización de los pronombres ella/el/elle/ellx. La incorporación de los pronombres personales es fundamental no solo a los fines administrativos y de gestión para garantizar que las certificaciones y documentación sean acordes con la identidad de género, como lo es el título no binario, sino también para utilizarse en la comunicación cotidiana con el propósito de fortalecer el trato digno en todos los órdenes de la vida universitaria.

En este mismo sentido, se elaboró desde la DGyDS la guía a 10 años de la Ley de Identidad de Género^[4]. Esta se creó con el fin de constituir una herramienta para reflexionar sobre las prácticas en el marco de la aplicación plena de la ley considerando los instrumentos administrativos y de gestión de la universidad.

Emisión de títulos no binarios (con arreglo a los derechos reconocidos en la Ley de Identidad de Género) que posibilita la emisión de títulos y certificaciones con expresiones no sexistas-no binarias (R.C.S. N.° 390/22)

La normativa institucional posibilita la emisión de títulos y certificaciones con expresiones no sexistas-no binarias con arreglo a los derechos reconocidos en la Ley de Identidad de Género N.° 26.743. De esta forma, al momento del egreso, las personas pueden optar por la “a”, “o”, “x” o “e” en la denominación de su título (por ejemplo, Licenciada / Licenciado / Licenciadx/ Licenciade). Asimismo, posibilita que las personas ya egresadas, si lo desean, puedan solicitar la rectificación de su título incorporando la denominación no binaria.

El 13 de julio de 2023 se hizo entrega del primer título no binario, que correspondió a la carrera de Licenciatura en Comunicación Audiovisual de la Escuela de Humanidades. De esta manera la UNSAM es la segunda universidad nacional en expedir un título no binario, además de la Universidad de La Plata. Ese mismo año se acreditaron dos rectificaciones de títulos ya emitidos pertenecientes a la Escuela de Humanidades y al Instituto Dan Beninson.

Incorporación de licencias con perspectiva de género y diversidad sexual en el Reglamento General estudiantil (R.C.S. N.° 376/21)

El Reglamento General de Estudiantes aprobado en 2021 incluye licencias por situaciones relacionadas con gestación, parto y posparto, adopción, corresponsabilidad en la crianza y cuidado de personas a cargo. Se otorga flexibilización académica para quienes pudieran encontrarse en cualquiera de las situaciones mencionadas a los fines de evitar la interrupción de sus trayectorias, y se incorpora una perspectiva que reconoce la importancia de la conciliación y la búsqueda de erradicar la asociación de estos estadios y el desarrollo de las tareas de cuidado con los roles y estereotipos de género. El reglamento también da tratamiento a las situaciones de violencia o discriminación por razones de género u orientación sexual o de vulneración de derechos humanos y situaciones judiciales específicas. Este trabajo se llevó a cabo a partir de la articulación de la Dirección de Género y Diversidad Sexual con la mesa de organizaciones estudiantiles y la Dirección General Académica de la Universidad.

Adhesión a la Ley N.° 27.636 de Promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins” (R.C.S. N.° CS 180/22)

Al adherir a la ley, el Consejo Superior de la UNSAM promueve que el 1 % de los puestos laborales sean ocupados por personas travestis, transexuales o transgénero. Se trata de una política que sienta un precedente institucional, que amplía y fomenta un derecho esencial, como es el acceso a un empleo formal y de calidad.

La Secretaría Administrativa y Legal es la encargada de generar las acciones necesarias para cumplir con la ley, y la Dirección de Género y Diversidad Sexual es la responsable del diseño y promoción de iniciativas de sensibilización con perspectiva de género y diversidad sexual. A partir de ello, se implementaron las capacitaciones “Desigualdad en el mundo del trabajo. Promoción de acceso y permanencia laboral travesti-trans en la UNSAM, en el marco de la Ley N.° 27.636”, las cuales buscaron promover la reflexión y problematización de las desigualdades estructurales de la población travesti-trans para la construcción de una cultura laboral libre de violencias y discriminación, en la que se construyan ambientes inclusivos, equitativos y de respeto hacia la diversidad. Para ello, desde la DGyDS se promovió un convenio con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la nación para la implementación de dispositivos formativos y de sensibilización sobre la ley, los cuales se destinaron al claustro no docente de la universidad a los fines de fortalecer la implementación de la política.

Durante 2022 y 2023 se capacitó a todo el personal de la Secretaría Administrativa y Legal, a lxs directivxs administrativxs de las diferentes unidades académicas y secretarías, y al personal no docente de la universidad.

Asimismo, es importante destacar que el impacto de esta política institucional en la UNSAM puede medirse a partir de diferentes aspectos:

• El reconocimiento y compromiso de la universidad respecto de la vulnerabilidad que ha padecido históricamente la población trans en materia de acceso al mundo del trabajo.
• El impacto en el territorio donde se encuentra emplazada la institución, que da la posibilidad de acceso al empleo a la población trans que reside en las cercanías.
• La incorporación de personas trans en la institución fortalece la transformación cultural en vistas a constituir una comunidad plural con reconocimiento y progresiva ampliación de derechos.
• Que estudiantes TTNB vean en la universidad un posible horizonte laboral.

Consejería en Sexualidades

Esta política se desarrolla en el marco de la Ley N.° 25.673 que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, en el ámbito del Ministerio de Salud. Se centra en la recepción de consultas sobre derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, así como en la implementación de dispositivos pedagógicos y de formación vinculados con la promoción de estos derechos. Se brinda información sobre derechos sexuales vinculados con procesos de hormonización, tests de VIH, interrupción del embarazo (IVE/ILE), salud menstrual, entre otros. En este marco se realizan articulaciones con diversos espacios y niveles del Estado, tanto para brindar información confiable como para la provisión de insumos. Además, la Consejería en Sexualidades asesora sobre las implicancias de la Ley de Identidad de Género.

En función de todo lo descripto, corresponde afirmar que el diseño e implementación de estas políticas se considera fundamental para incidir positivamente en toda la institución, dado que forja un proceso de transformación que se sostiene en el tiempo y es progresivo.

En este sentido y en el marco del proyecto que desde la DGyDS presentamos a la convocatoria “Universidades por la Igualdad de Género” en 2022 de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, se resalta la importancia de poder medir el impacto de estas políticas en el claustro estudiantil. Cabe recordar que esta publicación se origina a partir de que el Proyecto “Trayectorias estudiantiles LGBTIQ+ en UNSAM” fuera seleccionado en dicha convocatoria.

La encuesta allí implementada nos permitió identificar el grado de conocimiento que tienen lxs estudiantes respecto a las políticas de género y diversidad sexual de la UNSAM. Los resultados arrojaron que casi el 73 % de lxs encuestadxs conocen la existencia de la Dirección de Género y Diversidad Sexual. Al indagar respecto a las diferentes políticas, se destaca la adhesión a la Ley Micaela con un conocimiento del 59,7 %, mientras que entre el 54 y el 50 % se registran la emisión de títulos no binarios, la promoción del uso inclusivo del lenguaje con su guía de recomendaciones y el formulario de registro de nombre autopercibido.

Respuestas frente a políticas institucionales de UNSAM

Fuente: elaboración propia.

Casi el 30 % de lxs encuestadxs no conoce ninguna de las políticas, y por otro lado, el 34,5 % conoce el protocolo. Consideramos importante detenernos en estos dos aspectos, ya que el acceso a la información es un pilar fundamental para el ejercicio de los derechos. En este sentido, resulta clave indagar respecto de las unidades académicas y la etapa de la trayectoria universitaria a la que pertenecen dichos estudiantes para fortalecer acciones de comunicación y sensibilización en la temática a los fines de ampliar su alcance. También se considera fundamental analizar y fortalecer el rol de docentes y no docentes respecto del acompañamiento en la implementación de las políticas de género y diversidad tanto en lo que respecta a brindar información sobre la Dirección y las normativas institucionales, como sobre la posibilidad de articulación ante la identificación de situaciones que puedan afectar la permanencia de lxs estudiantes.

Un dato interesante en relación con los claustros docente y no docente es que a partir de los resultados obtenidos de la encuesta de autoevaluación institucional se pudieron identificar las percepciones sobre el compromiso por parte de la universidad respecto de las prácticas y acciones referidas a la justicia de género. En el claustro docente se registró que el 82 % de las respuestas recibidas consideran a la universidad como “comprometida” y “muy comprometida” con la temática. Mientras que en el claustro no docente el resultado ascendió al 92 % y entre lxs consultores al 94 %. En este sentido, se destaca el crecimiento de la oferta formativa y de sensibilización que ha desarrollado la Dirección para ambos claustros, como se detalla a continuación.

Respecto al claustro no docente, se han implementado dispositivos de sensibilización y formación sobre las siguientes temáticas: cupo laboral travesti-trans, uso del lenguaje inclusivo, normativas institucionales en género y diversidad sexual de la UNSAM, adecuación a la Ley de Identidad de Género, entre otras. La participación no solo se reconoce a partir de las certificaciones sino también en el otorgamiento de créditos en el marco de la carrera no docente a cargo de la Dirección de Capital Humano.

Para el claustro docente, los contenidos se incorporaron desde el año 2023 a través del Plan de Formación Docente Anual. Para ello, se trabaja con la Dirección de Formación Docente en el dictado de dos seminarios anuales sobre la perspectiva de género en las prácticas docentes y el abordaje en torno a las violencias de género en las aulas.

En este sentido, resulta importante resaltar que la creación y participación de las instancias formativas y de sensibilización aporta a que todos los claustros conozcan la perspectiva que tiene la universidad respecto de la temática. Fortalece las herramientas para intervenir ante situaciones de desigualdad, discriminación y violencia, además de que permite trabajar sobre aspectos personales vinculados con creencias, hábitos, roles y estereotipos de género. Aspectos que hemos aprendido a lo largo de nuestra socialización y que operan a la hora de vincularnos.

Conclusión

El desafío consiste en consolidar el reconocimiento de derechos que se han institucionalizado y que sin duda se ven amenazados ante un contexto político nacional donde la perspectiva de género y diversidad sexual es cuestionada desde el Estado.

Ante la llegada de un nuevo gobierno en la Argentina en diciembre de 2023, no solo se destierran las políticas públicas diseñadas bajo una perspectiva interseccional, sino que se produce un punto de inflexión que afecta todas las dimensiones del Estado, incluyendo la educativa. Este posicionamiento desmanteló los espacios de género y diversidad sexual instaurados y sus políticas, además de que cuestionó al sistema universitario nacional, incluyendo recortes presupuestarios y ataques a la Educación Sexual Integral.

Este contexto profundiza el desafío que implica sostener las políticas institucionalizadas en las universidades, a la par que la posibilidad de seguir consolidando la ampliación de derechos y su pleno ejercicio, aspectos que indudablemente requieren del compromiso activo de quienes formamos parte de la comunidad universitaria. Tanto en lo que respecta a fortalecer el alcance de las políticas ya establecidas como a ampliar la transversalidad en la gestión para profundizar el abordaje sobre lo que aún no hemos alcanzado.

Las políticas institucionales y el compromiso activo de quienes formamos parte de la comunidad universitaria son elementos fundamentales para sostener y potenciar la transformación cultural y social que permite la construcción de una universidad para todxs. Sin duda, su construcción es una responsabilidad colectiva que apuesta a desarrollar convivencias sociales desde la diferencia, en condiciones de igualdad y respeto.

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