Leticia Sánchez García^[1]

Resumen

Es innegable la existencia de la violencia feminicida y la impunidad en la Ciudad de México. En 2019, diversas actoras se movilizaron para demandar al Estado que atendiera al problema. El objetivo de este escrito es analizar el proceso de articulación de integrantes de organizaciones de la sociedad civil, parlamento y academia, así como actoras emergentes, que impulsaron la solicitud de Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México. El contexto sociopolítico de alternancia política generó múltiples obstáculos para el avance del mecanismo, ante lo cual las actoras movilizaron recursos simbólicos, políticos e institucionales para su desarrollo. Aunque la resolución del mecanismo fue negativa –debido a la legitimidad que el gobierno entrante buscó–, fue un precedente para que el Estado reconociera y posteriormente atendiera al problema de violencia feminicida en la entidad.

Introducción

Este capítulo tiene como propósito analizar el proceso de sinergia feminista en la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en la Ciudad de México (CDMX) durante el periodo de resolución, entre 2017 y 2019^[2]. Se centra en la articulación de mujeres que provienen de la sociedad civil, academia y gobierno, y que se apropian de un recurso normativo y de política pública para demandar al Estado que enfrente y erradique la violencia feminicida.

La Ciudad de México es la capital del país. Para algunos representantes gubernamentales, es considerada como la “vanguardia” en derechos de las mujeres y políticas para erradicar la violencia de género^[3]. Asimismo, es referente para otras entidades. Sin embargo, las mujeres que la habitan y transitan cotidianamente experimentan múltiples formas de violencia feminicida. Esta se refiere al conjunto de violencias que las mujeres viven a lo largo de su vida y que pueden derivar en feminicidio: son muertes que pudieron ser evitadas (Ravelo, 2008). En consecuencia, la sinergia feminista surge como una respuesta colectiva ante las inercias del Estado, que, mediante la impunidad, contribuye a la reproducción del problema.

La AVGM está contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV). Su definición y su objetivo han atravesado modificaciones normativas debido a múltiples debates sobre sus alcances^[4]. Para este escrito, se retoma el marco normativo de 2007 bajo el cual se solicitó el mecanismo. La AVGM es definida como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Su objetivo es garantizar la seguridad de las mujeres y el cese a la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos (LGAMVLV, 2007)^[5]. En 2017 el mecanismo fue solicitado por Justicia Pro Persona A.C. (JPP), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P.A.C. (CDH Vitoria) y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), por violencia feminicida, procuración y acceso a la justicia. Después de un largo proceso caracterizado por múltiples obstáculos, en un contexto de alternancia política, dos años después fue negada su declaratoria.

Los estudios sobre la AVGM, principalmente, provienen de la ciencia política, la administración pública y el derecho, y en menor medida de la antropología. Algunos ahondan en los estados de Baja California, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz, Quintana Roo, Zacatecas, o remiten al panorama general del país. La AVGM es reconocida como un mecanismo para visibilizar la violencia contra las mujeres y la protección de sus derechos humanos, y también establece lineamientos mínimos gubernamentales (Lettieri, 2017; Pérez-Correa et al., 2016). Predomina la mirada sobre la poca efectividad y el fracaso como una política pública vista, desde el marco legal, su implementación, seguimiento y evaluación (Cerva, 2018; García-Flores, 2020; Gómez, 2019; Gutiérrez, 2021; Rodríguez Pedraza, 2019). Asimismo, se enfatiza en el androcentrismo que permea al Estado, la corrupción y la impunidad que influyen en los resultados del mecanismo, en otras palabras, la dificultad para que la violencia contra las mujeres sea asumida como un problema público (Damián y Flores, 2018; Lettieri, 2017). Se ubican estudios que recuperan el papel de los actores con el Estado en los procesos de solicitud del mecanismo en el país (Damián y Flores, 2018), la particularidad del contexto sociocultural en la acción colectiva de las actoras (Sánchez-García, 2022) y las limitaciones para el registro de violencias cotidianas y estructurales que afectan a mujeres indígenas y a sus comunidades (Figueroa y Sierra, 2019).

Sobre el proceso del mecanismo en la CDMX, desde el derecho, se ha escrito sobre la negativa de declaratoria. Jair García-Flores (2020) señala que el diseño normativo de la AVGM no establece la obligación jurídica para la participación de la sociedad civil, solo las enuncia en las primeras etapas del proceso. Ello da cuenta de que en menor medida se ha profundizado en los procesos de articulación de mujeres dentro del mismo Estado en la CDMX, subsumiéndolas en los estudios desde una perspectiva disciplinaria de políticas públicas. Son discusiones que invisibilizan la capacidad de acción, el contexto sociopolítico y las relaciones de poder implícitas en la construcción de políticas gubernamentales; por ello este escrito aporta en la recuperación de recursos teóricos que colocan en el centro la experiencia de género, en el seno del Estado que presenta múltiples resistencias en el avance de derechos de las mujeres.

La metodología feminista pone en el centro a las mujeres (Castañeda, 2008). Se refiere al conjunto de métodos que problematizan cómo han sido estudiadas, replantea los métodos existentes y elabora propuestas para analizar sus condiciones (Harding, 1997). La etnografía feminista es un método entendido como la descripción densa orientada por un andamiaje teórico feminista donde la experiencia de las mujeres conduce la observación y está en el centro de ella, y elabora explicaciones e interpretaciones culturales donde se problematiza la posición de las mujeres (Castañeda, 2010). En la CDMX, entre 2018 y 2019, acompañé el proceso del mecanismo con las organizaciones peticionarias, lo que me permitió conocer su cotidianeidad. El registro de la información fue en el diario de campo. Así mismo, realicé entrevistas semiestructuradas a integrantes de la sociedad civil, mujeres políticas, académicas, madres y familiares en resistencia involucradas en el proceso de AVGM. Si bien algunas mujeres que participaron en la investigación se han posicionado en el espacio público, se mantuvo la confidencialidad de las involucradas mediante el uso de seudónimos.

Primero, se aborda la elaboración teórico-conceptual de la sinergia feminista para ahondar en la construcción de coaliciones políticas. Posteriormente, se profundiza en la articulación de mujeres diversas, es decir, en los encuentros concretos, plurales, dialógicos, así como en los disensos durante el proceso del mecanismo, destacando la creación de alianzas entre la sociedad civil, académicas y mujeres del parlamento, insertas en un contexto sociopolítico que determinó la resolución del mecanismo. Las reflexiones finales dan cuenta de la sinergia feminista como un proceso situado sociopolíticamente, cuya complejidad radica en las múltiples posturas de mujeres feministas en su relación con el Estado.

Sinergia feminista: apuntes teórico-conceptuales en el encuentro de mujeres diversas

La sinergia feminista es por los derechos humanos de las mujeres. Alude a la convergencia del sentido ético igualitario del desarrollo social, económico y comprometido con el bienestar, la buena vida y con la democracia real, amplia, participativa, plural y dialógica (Lagarde, 2012). La igualdad se plantea como un principio constitutivo de la democracia, que coloca en el centro al individuo (Valcárcel, 2008). No obstante, la mujer no es un concepto homogéneo; por el contrario, las mujeres son diversas entre sí. Ser mujer se articula con otras categorías de opresión como la clase, el color de piel, la edad, por mencionar algunas. Por consiguiente, el “nosotras mujer” corre el riesgo de invisibilizar las diferencias que configuran múltiples experiencias de opresión (Espina, 2007).

Para Rossi Braidotti, el problema de la identidad femenina es un sitio de negociaciones entre el sí mismo y el contexto sociocultural y simbólico. Se apoya en la localización múltiple y diferente: “El énfasis está situado en las perspectivas que permiten el respeto a la diversidad cultural sin caer en el relativismo: esto permite pensar las diferencias entre mujeres sin perder de vista los puntos en común” (Braidotti, 1992: 9). Su postura da lugar a la conciencia de género (o de la opresión genérica) que consiste en el reconocimiento de la opresión por el hecho de ser mujer, es lo común, sin desdibujar las diferencias entre mujeres (Mackinnon, 1989), que, en determinados contextos, sea potenciado; en otros, las particularidades adquieren mayor relevancia.

Por otro lado, el feminicidio es la forma extrema de violencia contra las mujeres por el hecho de serlo (Carcedo y Sagot, 2002). Como identidad femenina colectiva, las mujeres encuentran lo común en la experiencia vulnerada. Sus particularidades se comprenden en la localización de las mujeres, en los contextos socioculturales que determinan los significados de lo femenino. Cuando se reconocen estas diferencias, posibilitan la construcción de coaliciones políticas. Esto apunta al horizonte de la pluralidad y la diversidad. Para comprender qué posibilita la articulación de mujeres diversas, partiré de las siguientes preguntas: ¿qué caracteriza el encuentro de mujeres que son diferentes entre sí?, ¿qué posibilita que mujeres diversas se articulen?, ¿cuáles son los aspectos que influyen en la diversidad de posturas que en ocasiones son reconciliables y en otras no tanto, lo que dificulta generar consensos?

El affidamento en la agenda concreta del pacto

El affidamento se refiere al “reconocimiento de la disparidad entre mujeres” (Librería de Milán, 1993: 7), la cual es intrínseca a las múltiples formas de opresión que configuran su experiencia genérica (Lagarde, 2003). En las agendas feministas, la afinidad es un elemento que posibilita articularse como movimiento, consolidando alianzas mediante el pacto entre mujeres. Este tiene sus antecedentes en el apoyo solidario, directo, privado y subversivo. En lo público se ha dialogado y pactado entre mujeres unidas por la voluntad política de género. “La sororidad emerge como la alternativa política que impide a las mujeres la identificación positiva del género, el reconocimiento, la agregación en sintonía y la alianza” (Lagarde, 2006: 125).

La sororidad es una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo. Es una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y la alianza existencial y política, cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad con otras mujeres, para contribuir con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión y el apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y al empoderamiento vital de cada mujer.

Los pactos concretos entre nosotras son limitados en el tiempo y tienen objetivos claros y concisos; incluyen también las maneras de acordarlos, renovarlos o darles fin. Al lograrlo así, las mujeres ampliamos nuestras coincidencias y potenciamos nuestra fuerza para vindicar nuestros deseos en el mundo (Lagarde, 2006: 126).

La afinidad en la causa y el horizonte feministas posibilita que las mujeres se congreguen y articulen para erradicar la violencia contra las mujeres; mediante la creación de coaliciones políticas, generan acciones conjuntas. Además, se encuentran con mujeres con quienes no coinciden en su práctica y hacer feminista. La afinidad política entre mujeres que se reconocen como diversas y plurales es lo que posibilita articular relaciones sororas (Lagarde, 2006). Esta afinidad no es lineal o permanente, se potencia en determinados contextos como resultado de procesos que se entrelazan en momentos específicos.

El contexto y las coyunturas en las alianzas entre mujeres

El contexto es lo que cuenta.

En cada momento de nuestra vida, cada uno de nuestros pensamientos, valores y actos –desde los más triviales hasta los más sublimes– adquiere significado y objetivo a partir de una realidad política más amplia, que nos constituye y nos condiciona (Dietz y Vericat, 1990: 105).

Estos constituyen múltiples experiencias; con ello, una heterogeneidad de posturas, intereses y prioridades acordes al posicionamiento y los lugares situados de las actoras.

La coyuntura toma singular importancia, es definida como el tiempo social condensado, donde lo extraordinario gana terreno a lo ordinario en el accionar de los sujetos sociales, en iniciativas, en voluntad y disposición a quiebres, saltos y rupturas. Es el nivel político por excelencia (Osorio, 2019: 99). Le anteceden procesos de concientización, movilizaciones, transiciones, rupturas y alianzas que son sintetizados en momentos específicos. Es

una coalición abierta que crea identidades que alternadamente se instauran y abandonan en función de los objetivos del momento; se trata de un conjunto abierto que permite múltiples coincidencias y discrepancias sin obediencia a un telos normativo de definición cerrada (Butler, 2001: 70).

La articulación de mujeres diversas encuentra mayor oportunidad en las coyunturas. Aunque la heterogeneidad prevalece en el contexto (Osorio, 2019), en las coyunturas, la afinidad permite concatenar diferentes intereses, posturas y agendas políticas feministas.

El proceso de AVGM de la CDMX estuvo atravesado por múltiples obstáculos gubernamentales: desde carácter administrativo hasta la alternancia política. Ante ello, mujeres diversas con posturas políticas feministas encontraron afinidad en la agenda política del mecanismo; insertas en un contexto de alternancia política, generaron sinergias para dar cauce al mecanismo.

Discursos de la política de la Ciudad de México en torno al feminicidio

En la década de los noventa, madres de mujeres desaparecidas y asesinadas, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación visibilizaron, a nivel nacional e internacional, el problema del asesinato contra mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Posteriormente, en 2004, mujeres del parlamento impulsaron la realización de “La Investigación Diagnóstica sobre Violencia Feminicida en la República Mexicana”, para conocer la situación del problema, así como las acciones del gobierno para enfrentarlo (H. Congreso de la Unión, Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, 2006: 7). Esta investigación fue sustento de la LGAMVLV, marco de derechos que describe las modalidades y los tipos de violencia contra las mujeres, los mecanismos para su prevención, atención, sanción y erradicación, así como las atribuciones y competencias de las instituciones del Estado.

Principalmente, los gobiernos de izquierda en la CDMX han presentado a la entidad como “la vanguardia” en materia de derechos de las mujeres y políticas para erradicar la violencia de género (MORENA, 2019). Se basan en los avances normativos y de políticas públicas (el derecho al aborto, el matrimonio igualitario, entre otros). Sin embargo, de acuerdo a la Solicitud de Alerta de Violencia de Género para la CDMX (2017), en los últimos años se agudizaron los feminicidios, la violencia sexual, la trata de personas y las desapariciones de mujeres y niñas. Asimismo, se han identificado prácticas y patrones estructurales de discriminación y violencia institucional (JPP, OCNF, CDHVitoria, 2017).

El discurso político-partidista de la izquierda ha negado la existencia de los feminicidios en la entidad, porque desde los setenta han generado alianzas con feministas para la inclusión de la agenda de género en las políticas públicas, como retórica de progreso (Cerva, 2006). Empero, la cotidianeidad de las mujeres que habitan y transitan por la capital se caracteriza por que sus realidades no coinciden con dicho discurso: es en sus experiencias donde se materializa la violencia feminicida y el feminicidio que se vive en la entidad.

Experiencias de impunidad y construcción de alianzas: preámbulo de la solicitud de Alerta de Violencia de Género

Karla es hermana de una víctima de feminicidio. El crimen fue perpetrado por la pareja sentimental en el lugar donde su hermana laboraba, y, mientras sucedía el hecho, “nadie hizo nada”, solo el dueño del establecimiento llamó a una patrulla que nunca llegó. Él actualmente está prófugo. Cuando asistió al Ministerio Público, experimentó “mucha impotencia, mucho coraje” por la respuesta de las autoridades: “Uy no, pues ya está tu orden de aprehensión pero para que se ejecute va a estar difícil […] que si tenía suerte, empezarían a buscarlo como entre tres, cuatro, cinco años”. Tiempo después, sus redes de apoyo posibilitaron que se retomara el proceso de investigación: fue una maestra de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) quien la contactó con una abogada de JPP, organización de la sociedad civil que litiga casos de feminicidio. Ahí se encontraría con madres en situaciones similares: sus hijas fueron asesinadas y ahora se encuentran caminando juntas en la búsqueda de justicia (entrevista, hermana de víctima de feminicidio, 2018).

En este recorrido, madres y familiares conocen a académicas, abogados y abogadas que se han organizado y han constituido organizaciones de la sociedad civil (OSC), no solo para brindar acompañamiento jurídico a los casos, sino también para exigir a las instituciones la atención adecuada del problema. Esto ha permitido consolidar relaciones personales y políticas. Además, han forjado alianzas con otras organizaciones de la sociedad civil y con comunidades académicas que les han permitido llevar su voz hacia instancias internacionales (Ravelo y Querales, 2016). Entre ellas, integrantes del OCNF –que agrupa a organizaciones de la sociedad civil del país^[6]– y de JPP, una organización de la CDMX que litiga casos de feminicidio.

Ante la impunidad del Estado, las OSC buscaron generar interlocución con las autoridades del sistema de justicia, ya que es una institución que no ha podido funcionar ni responder adecuadamente a las demandas de seguridad y justicia de la ciudadanía (Magaloni, 2009). Años atrás, cuando se tipificó el delito de feminicidio en el código penal de la entidad, se creó el Protocolo de Investigación Pericial, Policial y Ministerial del Delito de Feminicidio^[7]. En él se incluyó la formación de un comité de seguimiento donde participó la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y el OCNF. El propósito es que, a través del análisis de los casos considerados exitosos, se identifiquen las causas estructurales que reproducen la impunidad; no obstante, la Procuraduría presentó casos de mujeres que habían presentado denuncias y posteriormente eran encontradas asesinadas que eran considerados por las autoridades gubernamentales como “exitosos” porque tenían el precedente de violencia. Posteriormente, la institución presentó “resistencias”, después cambió la dinámica y, finalmente, dejó de funcionar (entrevista, abogada feminista OCNF y JPP, 2018).

Sumado a ello, en mayo de 2017, la PGJDF publicó una serie de tweets que estigmatizó y criminalizó a una joven asesinada en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue un momento coyuntural que motivó a que miles de universitarias marcharan en Ciudad Universitaria (CU). La representación legal del caso la asumió el CDHVitoria, “una organización que defiende y promueve la integralidad de los derechos humanos” (PUEDJS, s/a). Pese a los esfuerzos de las integrantes de la sociedad civil para que las autoridades atendieran al problema, continuaron perpetrándose los feminicidios (diario de campo, 2018). Esto motivó el establecimiento de alianzas con el OCNF y JPP.

Solicitar la AVGM en la CDMX implicó visibilizar que, en la “ciudad de vanguardia”, también se asesina a las mujeres. Requirió generar sinergia feminista entre tres OSC expertas en violencia feminicida y derechos humanos de las mujeres, de la mano de madres y familiares de víctimas de feminicidio, voces legítimas ante el problema. Como tal, emplearon la AVGM como un recurso normativo, para impulsar una agenda política frente a las resistencias de las instituciones de acceso a la justicia.

Heterogeneidad de posturas en torno a la solicitud de Alerta de Violencia de Género

La solicitud de la AVGM en la capital del país generó múltiples respuestas: desde el rechazo hasta la colaboración entre mujeres afines a la agenda política del mecanismo. Una de las integrantes de JPP señaló que “los tiempos no son los ideales” frente al contexto electoral y de alternancia política^[8], por lo que encontraron “adversidades” (diario de campo, 2018). A modo de ejemplo, una política feminista militante del partido MORENA declaró que el mecanismo “no es necesario”, argumentando que la entidad cuenta con políticas públicas (La Redacción, 2017). En contraste, una académica feminista y activista por los derechos humanos de las mujeres argumentó:

… parece lógico que [las organizaciones de la sociedad civil] hayan solicitado la alerta de género […]. La gravedad de la violencia feminicida en nuestra ciudad es innegable y exige una respuesta urgente por parte de las autoridades y la ciudadanía (Melgar, 2017).

Esto refleja tensiones entre mujeres feministas que se enuncian desde distintas instituciones (de la sociedad civil, academia y gobierno), porque, mediante la solicitud del mecanismo, se cuestionó la eficacia de las políticas públicas existentes en materia de violencia contra las mujeres, especialmente aquellas que han estado involucradas en los gobiernos de izquierda e introducido agendas de género (Maqueda y De la Fuente, 2022): son tensiones entre mujeres feministas sobre su relación con el Estado.

Una vez que se admitió la solicitud del mecanismo, de acuerdo con el procedimiento estipulado en la LGAMVLV, se conformó el Grupo de Trabajo encargado de elaborar un informe sobre la situación de violencia feminicida, con propuestas y recomendaciones para ser implementadas por la entidad^[9]. Sin embargo, una académica de la UNAM e integrante de dicho grupo considera que la temporalidad de emergencia que requiere la atención de violencia feminicida se subsume a los tiempos burocráticos y el contexto político de cambios gubernamentales (entrevista, académica de la UNAM e integrante del Grupo de Trabajo, 2019).

La alternancia política no solo conlleva el fin de una administración y cambios en el funcionariado, sino que genera incertidumbres sobre estilos de gobernar y procesos (Cerva, 2006). En el proceso de AVGM, hubo tres titulares de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). Frente a este contexto sociopolítico, las organizaciones peticionarias de AVGM elaboraron agendas de incidencia jurídica y política. Utilizaron comunicados y cartas públicas como medios de denuncia y exigencia hacia el Estado; en el caso de los foros y las conferencias de prensa, son lugares de encuentro para las mujeres que comparten la agenda política de AVGM.

Apropiación del espacio público como agenda de incidencia colectiva

El Foro Desafíos de la Alerta de Violencia de Género en la CDMX fue convocado por las organizaciones peticionarias a AVGM, en colaboración con representantes de la Red Nacional de Organismos de Derechos para Todas y Todos (Red TDT) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU-DH). Este evento se llevó a cabo debido al retraso del gobierno en la entrega del Informe del Grupo de Trabajo, que se dio a conocer cinco meses después del periodo estipulado en la LGAMVLV.

En dicho evento, asistieron activistas feministas, madres y familiares de víctimas de feminicidio, integrantes de OSC peticionarias de AVGM en otras entidades como Jalisco (Red por los Derechos de la Infancia en México) y Veracruz (Colectivo de Investigación y Desarrollo en Educación entre Mujeres, CIDEM). En sus intervenciones, integrantes de la sociedad civil insistieron en la necesidad de avanzar en la interlocución y dejar de lado los “egos” (diario de campo, 2018). Si bien las OSC se han conformado para la atención de problemas sobre la violencia de género, han surgido tensiones debido a que algunas de sus integrantes construyen identidades individualizadas para avanzar sobre sí mismos y la sociedad, con formas específicas de hacer política (Ravelo, 1996). El foro fue un espacio de encuentro, donde el affidamento se encuentra en que coincidieron con la agenda política de AVGM, lo que permitió generar alianzas temporales en exigencias públicas al Estado.

Paralelamente, en el proceso de consolidación de alianzas, emergieron actoras colectivas fuera de los recursos estipulados en la LGAMVLV. El Comité de Ciudadanas en Observación y Seguimiento del Proceso de Alerta de Violencia de Género en la CDMX (Comité Alerta CDMX) estuvo conformado por madres de víctimas de feminicidio, académicas del Grupo de Trabajo y de la UACM, defensoras de derechos humanos, integrantes de las OSC peticionarias, representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como colectivas feministas y estudiantes. En una conferencia de prensa, presentaron su propio informe, a seis meses de la implementación de las propuestas contenidas en el informe del Grupo de Trabajo. Sus hallazgos revelaron que las instituciones gubernamentales continuaron reproduciendo prácticas identificadas en la solicitud de AVGM, lo que generó incertidumbre sobre la implementación del mecanismo (diario de campo, 2018).

La creación del Comité Alerta y los diálogos en los foros son coaliciones políticas entre feministas de distintos espacios: sociedad civil y academia. Temporalmente reconocieron sus diferencias, se articularon y generaron insumos para visibilizar el retraso y las resistencias de las instituciones en la atención del problema. Aun frente a ello, resultó necesario acceder a espacios de mayor jerarquía, con otras aliadas que inciden en espacios de decisión política.

Diálogos y disensos sobre el funcionamiento de las instancias que supervisan y monitorean la Alerta de Violencia de Género

En la alternancia política, una de las principales preocupaciones del movimiento feminista contemporáneo es enfrentar la impunidad. Por lo tanto, revisar qué pasa con las instancias de mujeres encargadas de la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género posibilita encuentros plurales y dialógicos en escenarios donde se toman las decisiones: el parlamento.

La comparecencia se refiere al acto de informar ante una autoridad sobre el estado que guardan los ramos de la administración pública bajo su responsabilidad^[10]. La segunda representante de CONAVIM durante el proceso de AVGM fue convocada por legisladoras de diferentes partidos políticos que integraron la Comisión de Igualdad del Senado^[11]. La titular expuso los problemas institucionales en los procedimientos de AVGM, incluyendo las dificultades en la coordinación y el funcionamiento de los grupos de trabajo, entre otros aspectos: “Todo está documentado”, mencionó. Al concluir su intervención, se dio la palabra a representantes de organizaciones de la sociedad civil. En la sala estaban miembros del OCNF, JPP, el Bufete Interdisciplinario de Estudios de Género, el Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres A.C. (CIDEM), el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad y Rehilete A.C. Estos grupos señalaron la constante exclusión en los procesos del mecanismo, la falta de atención en sus propuestas: “… el tema tiene que ver con acceso a los derechos en torno a la participación de las organizaciones de la sociedad civil […] generarían resultados positivos con dicha sinergia”, expresó una de ellas (diario de campo, 2018).

Durante décadas las mujeres fueron tema pero no sujetas de las políticas públicas (Tepichin, 2012). Paulatinamente, se han incorporado en los espacios de decisión política y convertido en las principales impulsoras de la agenda de género. Las tensiones y los conflictos de la sociedad civil organizada con las instancias que atienden al problema como CONAVIM son el precedente para entablar alianzas con algunas mujeres del parlamento. Se buscan alianzas con actoras de mayor jerarquía dentro del Estado para alcanzar determinados objetivos. La presencia de la sociedad civil en el parlamento es un ejercicio de participación dialógico que pasó de la movilización en el espacio público a la interlocución directa en espacios gubernamentales. Las integrantes de la sociedad civil identificaron la erradicación de la violencia contra las mujeres como una agenda en común; por lo tanto, justificaron su participación a la luz de ejercicios democráticos.

Alternancia política y prevalencia de la violencia feminicida: acciones colectivas frente al “estancamiento” de la Alerta de Violencia de Género

Una vez que concluyó la administración de la segunda titular de CONAVIM (en el proceso de AVGM) debido a la alternancia política, la institución quedó sin representante que diera seguimiento al mecanismo. Una académica de la UNAM e integrante del Grupo de Trabajo compartió su preocupación con el Comité Alerta CDMX. De primera mano, explicó el panorama en que se encontraba el mecanismo para determinar su resolución: esperaban a la nueva administración para integrar el Dictamen sobre la implementación de acciones por parte del gobierno en atención a la Alerta de Violencia de Género en la CDMX (2019). Aun habiéndose elegido a las y los dirigentes de los gobiernos a nivel federal, estatal y local (posicionando a MORENA como triunfante del Ejecutivo federal), continuaron las ausencias de representantes en instancias de adelanto para las mujeres. Esta situación paralizó el procedimiento de la AVGM en la CDMX y en el resto del país (diario de campo, 2018).

En este contexto, en redes sociales (Twitter y Facebook), comenzó a reportarse el modus operandi “Cálmate mi amor”, que implicó intentos de desaparición simulando una pelea de pareja. Integrantes del Comité Alerta CDMX realizaron una conferencia de prensa, donde señalaron que la necesidad de

hacer un engranaje para el proceso de evaluación/medir impactos y una respuesta pública sobre la simulación en la entidad. Se habían contemplado medidas en la Alerta de Violencia de Género y se hubieran prevenido [las desapariciones] si ya hubiera sido declarada^[12].

Simultáneamente, las OSC peticionarias de AVGM emitieron un comunicado donde enfatizaban que se había paralizado “a más de 20 meses de la solicitud de la declaratoria” (diario de campo, 2018), contraviniendo la situación de emergencia en que cotidianamente viven las mujeres de la capital.

La sinergia feminista en este periodo se particulariza porque, aun frente a las inercias institucionales que derivan del cierre de una administración pública, continuaron demandando la atención del Estado ante el problema. Las académicas y el Comité Alerta dialogaron y usaron recursos públicos como los comunicados para visibilizar la prevalencia del problema. La violencia contra las mujeres es cotidiana, pero, sin embargo, su atención se subsume a tiempos burocráticos, y durante este periodo el avance del procedimiento del mecanismo fue ignorado.

Respuestas frente a la negativa de declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México

Una vez que el partido político MORENA asumió el poder en el Ejecutivo federal y estatal, hubo una tercera titular de CONAVIM. En un principio, mostró diálogo con las integrantes de las organizaciones que solicitaron la AVGM. En la inauguración del Centro de Justicia para Mujeres (CEJUM) en la alcaldía Tlalpan, la directora de JPP, en su calidad de peticionaria, se acercó con la nueva titular para preguntar sobre el avance del mecanismo. La respuesta inicial de la representante institucional fue que tenía la intención de hablar con ellas. La apertura al diálogo cambió a medida que avanzó la administración. En el foro “Rumbo a la elaboración del informe de México a PAB y seguimiento CEDAW”, la nueva titular de CONAVIM, sobre un cuestionamiento sobre la AVGM, manifestó: “No soy promotora de las alertas, soy promotora de las acciones de paz. Tenemos 19 alertas en el país, espero que no se detonen más” (diario de campo, 2019).

Para comprender la postura política de la comisionada y de algunas mujeres que están en espacios de decisión política, es necesario señalar el significado que le fue conferido al mecanismo. La referencia a “paz” en contraposición a “alertas” da cuenta de que la AVGM es entendida dentro de un campo de disputa que cuestiona la legitimidad de los gobiernos, así como los alcances de las instancias encargadas de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Dentro del argot político, el mecanismo fue significado desde la legitimidad que implicaba para el nuevo gobierno declarar el mecanismo, basándose en acciones de la anterior administración. Por lo tanto, se rechazó su declaratoria.

Casi dos años después de la solicitud de AVGM en la CDMX por JPP, el CDH Vitoria O.P.A.C y el OCNF, el 7 de junio de 2019, la CONAVIM declaró no procedente el mecanismo, aun cuando existían elementos para realizarlo. El Grupo de Trabajo evaluó las medidas que el gobierno de la CDMX debía implementar mediante sus instituciones: solo se cumplió el 30,5 % de los indicadores de evaluación. Una académica señaló que el gobierno de la entidad cumplió con un porcentaje bajo de las medidas: “Nadie pasa un examen con 3.1 de calificación y CONAVIM no quiso declarar la alerta de género” (entrevista, académica de la UAM e integrante del Grupo de Trabajo, 2019). Por su parte, otra académica sostuvo que elaboraron un dictamen donde argumentaron las condiciones para decretar la AVGM, sin embargo, de manera oficial “borraron la recomendación de que sí se activara [el mecanismo], vaya desvergüenza” (diario de campo, 2019).

Se enteraron tras bambalinas que hubo muchos movimientos. La misma comisionada les dijo que fueron a ver a la Secretaría de Gobierno y finalmente se tomó una decisión política, no una decisión jurídica, menos una basada en criterios de derechos humanos. Es decir, tenemos la evidencia de que hay un gobierno local que no está cumpliendo. Se enteraron que otra funcionaria fue a ver al presidente de la CDH para que cambiara el sentido de su voto, hubo un montón de cosas; CONAVIM decidió no declararla [refiriéndose a la Alerta de Violencia de Género] (entrevista. Académica UAM e integrante de Grupo de Trabajo, AÑO).

Por su parte, la jefa de Gobierno que encabeza la entidad respaldó la posición de CONAVIM pues “no puede basarse en los resultados y el entorno del régimen anterior”. Es decir, su percepción sobre la resolución del mecanismo se basó en la legitimidad que tendría su gobierno si la declaratoria se basara en las acciones de la administración anterior. Asimismo, la Secretaría de Gobierno y la titular de CONAVIM negociaron la resolución de la negativa de AVGM, y además buscaron respaldar su postura con representantes de la Comisión de Derechos Humanos. Son prácticas de extrañamiento con la causa y los horizontes feministas (Lagarde, 2012) debido a que, en primera instancia, se encuentra la legitimidad del gobierno en turno.

La negativa de la declaratoria de AVGM se relaciona con la lectura política en un contexto sociopolítico específico. Se asocia con las acciones de la anterior administración para atender la problemática y con la creencia de que el mecanismo en sí mismo no resolvería el problema de violencia contra las mujeres. Como resultado, la resolución de la AVGM se percibe como una forma de desvincular las acciones del nuevo gobierno de las administraciones anteriores.

Reflexiones finales

En este capítulo se brindaron referentes teórico-conceptuales de la sinergia feminista para comprender la sinergia de mujeres de organizaciones de la sociedad civil, del parlamento, académicas madres y familiares de víctimas de feminicidio que impulsaron la AVGM. Sus posturas y agendas feministas son plurales, pero coinciden en que significan al mecanismo como un recurso normativo y político frente al Estado. También hay posturas que disienten de esta agenda feminista, incluso son irreconciliables debido a que cuestionan la agenda de género que han implementado durante décadas. Esta sinergia es histórica, no es lineal ni de carácter permanente, se potencia en las coyunturas.

La literatura consultada aborda el mecanismo en su dimensión instrumental, cuestionando su efectividad a la luz de una estructura normativa y de diseño gubernamental. El aporte de este capítulo se centra en que la AVGM es analizada como un proceso, un recurso normativo y político en el seno del mismo Estado apropiado por mujeres feministas, que visibilizaron la existencia del feminicidio en la entidad y que sentaron precedentes para que el gobierno atendiera al problema. Son evidentes las tensiones entre los grupos políticos y partidistas del poder con las agendas para la atención de la violencia feminista que impulsan distintas actoras institucionales. Los límites del capítulo se encuentran en identificar las deficiencias estructurales y cotidianas de las instituciones, a la luz de la atención de la violencia feminicida.

Cabe señalar que, en 2019, después del rechazo de la declaratoria del mecanismo, la exigencia del movimiento feminista y la necesidad de recursos para atender a la prevalencia de la violencia feminicida al interior de las instituciones sentaron precedentes para que, posteriormente, fuera declarada una Alerta de Violencia de Género local por la jefa de Gobierno, lo que amerita generar estudios que indaguen en la implementación de dicha declaratoria.

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