Avances y desafíos en la incidencia política de las organizaciones de mujeres
para construir contradatos

Eugenia D’Angelo^[1]

Resumen

Este capítulo analiza el rol de las organizaciones territoriales feministas de América Latina como actoras de cambio y de incidencia política a través de la construcción de contradatos^[2], colmando así las lagunas que dejan los Estados a pesar de las obligaciones internacionales que recaen sobre ellos. Con este objetivo, comenzaremos reflexionando respecto a la importancia que tienen los feminismos para la conformación de nuevas sociedades democráticas, justas, inclusivas y diversas. Luego, analizaremos los desafíos que persisten para la elaboración de políticas públicas ancladas en datos para terminar con la violencia de género. En tercer lugar, nos adentraremos en la realidad de la región visibilizando la ausencia de información estatal y las brechas que, a pesar del camino recorrido, subsisten. Seguidamente, presentaremos el proyecto del Mapa Latinoamericano de Feminicidios y el trabajo realizado por la organización MundoSur^[3] en conjunto con la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género. Finalmente, analizaremos la realidad en la que organizaciones de distintos países de la región llevan adelante su trabajo de monitoreo y denuncia de feminicidios ante la ausencia de respuestas estatales.

Introducción

América Latina es uno de los territorios del mundo más inseguros para ser mujer puesto que año tras año se alcanzan las tasas más elevadas en relación con la violencia perpetrada contra nuestros cuerpos. De todas las violencias posibles, el femicidio/feminicidio^[4] es la expresión más dramática al truncar el derecho humano a la vida de una parte importante de la sociedad por el simple hecho de su condición de género, impactando además en sus derechos a la integridad física y la libertad personal.

A pesar de los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos de las mujeres, y la ratificación por parte de la mayoría de los Estados de la región^[5], un gran número de ellos no generan información actualizada, interseccional, ni de libre y fácil acceso sobre estos crímenes, impidiendo la comprensión de la complejidad de escenarios y dificultando la elaboración de políticas públicas efectivas, eficientes y sostenibles en el tiempo para dar respuesta a dicho flagelo. Ante esta negligencia y desinterés, muchas veces son las organizaciones de la sociedad civil, lxs investigadorxs^[6], lxs periodistas y lxs ciudadanxs quienes toman el rol de generar sus propios monitoreos y levantamientos de información, colmando así las lagunas existentes. Este trabajo de investigación, registro y memoria tan propio del feminismo de datos^[7] es una forma recurrente de exigirles a los Estados el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, visibilizando las lagunas y tensiones existentes entre las fuentes oficiales y las no oficiales.

Nos encontramos en un momento bisagra como sociedad. Un espacio-tiempo en el que, después de haber sorteado una pandemia, que hoy parecería lejana, tenemos y debemos replantearnos hacia dónde deseamos dirigir los esfuerzos internacionales, regionales, nacionales y locales para subsistir como especie y para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) dispuestos en la Agenda 2030 (ONU, 2015). Esta agenda política, consensuada en el 2015 tras un largo proceso de participación multiactoral, contiene un objetivo direccionado a las mujeres y niñas. El ODS 5 específicamente busca lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Además, para lograrlo, cuenta con seis metas. La primera está orientada a terminar con la discriminación hacia las mujeres y niñas, y la segunda, a poner fin a todas las formas de violencia en el ámbito público y privado, incluida la trata, la explotación sexual y otros tipos de explotación.

A pesar del acuerdo que se manifiesta en la Agenda 2030, lo cierto es que las mujeres y niñas de todo el mundo siguen padeciendo en sus cuerpos y mentes violencia basada en género (VbG): una práctica de opresión, discriminación y sometimiento con sustento en un sistema patriarcal que, a pesar del camino recorrido en el reconocimiento de sus derechos humanos, sigue permitiendo y facilitando conductas que ponen en riesgo sus derechos a la integridad física, a la dignidad y a la vida. Ilustrando lo dicho, Naciones Unidas señala que una de cada tres mujeres en el mundo ha sido víctima de violencia sexual o física durante su vida (United Nations Women, 2018), por lo que la violencia de género se evidencia como uno de los grandes desafíos que tiene la región para alcanzar el desarrollo sostenible.

Luego de dos años de pandemia, nos encontramos en un momento en el que debemos generar acciones disruptivas que resuelvan los problemas que nos atraviesan como sociedad. En este sentido, la violencia de género es uno de los grandes desafíos a los que aún deben dar respuesta los gobiernos de América Latina y el Caribe. Esta realidad, tan instalada en nuestras sociedades, pone en jaque la posibilidad de alcanzar el desarrollo sostenible en 2030, no solamente porque impacta de lleno en el ODS 5, sino porque los 17 ODS incluidos en la Agenda 2030 se encuentran íntimamente conectados. En virtud de ello, y porque, luego de largos debates, se logró la transversalización de la perspectiva de género en gran parte de la agenda, la violencia contra las mujeres es una piedra que obstruye los esfuerzos de gobiernos de toda la región para alcanzar el desarrollo sostenible.

Por otro lado, esta existencia violenta a la que se siguen enfrentando las mujeres latinoamericanas y caribeñas nos impide avanzar hacia la construcción colectiva de sociedades democráticas, diversas y seguras, en las que el derecho humano a la vida de cada una de las personas que habitamos América Latina y el Caribe tenga el mismo valor.

Los movimientos feministas y la incidencia política para marcar la agenda de género^[8]

La historia de los derechos de las mujeres y de los movimientos feministas a escala internacional ha estado salpicada de episodios de avances y retrocesos, en la conquista ya sea de derechos civiles, políticos, económicos y sociales, del derecho a decidir sobre el propio cuerpo, o incluso en lo relativo a la lucha contra la violencia de género.

Uno de los momentos trascendentales de los últimos tiempos estuvo marcado por el movimiento #MeToo, que en 2017 contribuyó a liberar la voz de las mujeres a escala internacional y a generar conciencia colectiva sobre la violencia de género y los problemas asociados a ella, y concretamente sobre la importancia de trabajar de manera colectiva para lograr la igualdad de género.

Debemos reconocer que la magnitud de esta ola impulsada desde algunos feminismos, a pesar de su inmensidad, no ha bastado para generar transformaciones suficientemente profundas en nuestras sociedades, cambiar las representaciones de género o modificar sistemas jurídicos que siguen culpabilizando a las víctimas y dificultando los trámites necesarios en casos de violencia de género.

Sin embargo, es gracias a estos movimientos, tejidos desde los territorios, en asambleas barriales, en las calles de tantas ciudades latinoamericanas, gracias a lo que paulatinamente vamos conquistando derechos y asistiendo a pequeños cambios que nos permiten creer que la salida es colectiva.

Hoy en día, desde los feminismos se alerta y se observa con preocupación cómo, en todo el mundo, se intensifican protestas conservadoras de gran magnitud, implicando en ciertos casos retrocesos, que se ven intensificados por diversas crisis políticas, económicas y sociales a la vez estructurales y cíclicas, como ha sido la vinculada a la pandemia de covid-19 o las guerras que azotan a distintos pueblos en este 2023.

El ejemplo más llamativo es la anulación, en junio de 2022, por el Tribunal Supremo de Estados Unidos de la sentencia Roe c. Wade, que, durante casi cincuenta años, había garantizado a las personas gestantes estadounidenses el derecho al aborto. Esta decisión es una de las consecuencias de la presidencia reaccionaria de Donald Trump, que promovió una estrategia a largo plazo para promover una agenda política antifeminista, contraria a los derechos de las personas LGBTTTIQ+ y, de forma general, manifiestamente contraria a los derechos humanos. En la Unión Europea, países como Polonia y Hungría han restringido aún más sus acotadas leyes sobre el aborto, mientras que, en otros países históricamente abanderados de los derechos humanos como Francia, existen fuertes debates sobre la constitucionalización del aborto, o las legislaciones y los procesos en casos de violencia de género.

Por su parte, América Latina, una región pionera en el reconocimiento de los derechos de las mujeres gracias a sus movimientos feministas, también se encuentra en alerta. La incapacidad e inacción por parte de los Estados para dar respuestas efectivas, eficientes y sostenibles en el tiempo para garantizar una vida libre de violencias a las mujeres y niñas y la equidad de género se enmarca en escenarios políticos preocupantes. En el caso de Brasil, por ejemplo, el gobierno de Jair Bolsonaro, abiertamente contrario a los derechos de las mujeres y de las personas LGBTTTIQ+, profundizó las desigualdades existentes y desfinanció planes y programas orientados a este sector de la sociedad, como los destinados a combatir la violencia de género, cuyo presupuesto federal fue reducido en un 90 % en 2022 en comparación con el 2020 (Human Rights Watch, 2023). Cómo no pensar entonces en la célebre cita de Simone de Beauvoir, autora de El segundo sexo:

No olvidemos nunca que basta una crisis política, económica o religiosa para que se pongan en tela de juicio los derechos de la mujer. Estos derechos nunca pueden darse por sentados. Tendréis que permanecer vigilantes el resto de vuestras vidas^[9].

Frente a todos estos escenarios internacionales, regionales, nacionales y locales, los feminismos tienen la particularidad de no solamente representar e impulsar una agenda de derechos que defienden y enarbolan, sino que se posicionan como un modo de generar y “potenciar la esperanza y apostar a un futuro mejor: una vía para fortalecer, igualar y diversificar democracias más participativas” (Peker, 2021). Algunos ejemplos son el caso de Polonia, en 2020, cuando las movilizaciones feministas por el derecho al aborto actuaron como catalizadoras de otras reivindicaciones por el Estado de derecho y la independencia del Poder Judicial, o por los derechos de las personas LGBTTTQIA+. Más recientemente, en Irán, la muerte de Mahsa Amini, tras ser víctima de la atroz violencia de la “policía de la moral” por el “uso inapropiado” del velo, desató una ola de reclamos y manifestaciones contra el régimen, que dejó al descubierto el hartazgo de la población iraní.

En el caso de América Latina, las feministas chilenas han desempeñado un papel importante en las movilizaciones en torno a la nueva Constitución, convirtiéndose en actoras centrales de lo que se ha denominado “rebelión” o “revuelta de octubre de 2019” (Thomas, 2020), cuestionando y debatiendo nuevos cimientos para el Estado de derecho desde un enfoque ecofeminista e interseccional.

Los feminismos tienen la característica de no conformarse con el imaginario de una deuda histórica que debe ser saldada, y desde la que se debe continuar avanzando: emergen como la forma en que debe ser rearmada la realidad social. La fuerza, potencia y capacidad de cambio de estos movimientos no radica en lo que se genera en ellos únicamente, sino en ser una fuente de inspiración potencial capaz de sembrar esperanzas y expectativas de cambios (Thomas, 2020, p. 3) estructurales y profundos. Este rasgo distintivo, sumado a los altos niveles de participación y la capacidad de movilización (inmensa, comparada con la de los partidos políticos, los sindicatos o las empresas, los cuales ya no son capaces de generar entusiasmo en la población), hace de los feminismos la gran revolución del siglo xxi.

Los movimientos feministas, a la par de conformar una agenda de género, logran repercutir en una forma de tejido ciudadano de forma colectiva, ágil y moderna, transversalizando y superando diferencias partidarias a través de la intersección de clases, de personas racializadas, con diversidad sexual e intercambios generacionales (Thomas, 2020, pp. 3-4).

Es por ello por lo que el esfuerzo de sostener espacios de reflexión y lucha colectiva, en momentos de la historia en los que los derechos de las mujeres se ven amenazados en distintos países de la región, se torna crucial.

En tal sentido, quisiera adelantar aquí que una posible respuesta para terminar con la violencia de género, si efectivamente existe voluntad política, podría ser la de profundizar mecanismos de cooperación sur-sur multiactor, multinivel y multilateral (“de 3M”) desde un enfoque en derechos humanos y en clave de género interseccional. Este desafío cobra hoy en día mayor relevancia, porque, pese a las diferencias culturales, históricas, políticas y sociales que atraviesan las realidades de cada uno de los países que conforman la heterogénea América Latina, la violencia de género tiene las mismas bases estructurales compuestas por sociedades machistas que validan, autorizan, incitan y toleran que los cuerpos-territorios de las mujeres sigan siendo vulnerados.

Creo, por ende, fundamental que se intensifiquen los esfuerzos a nivel regional para facilitar canales de cooperación de 3M en que cada uno de los actores implicados (los diferentes poderes del Estado, la sociedad civil, el sector privado, la academia, etc.) pueda aportar conocimientos y recursos para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias. Solamente a través de la consolidación de estos espacios, y la posibilidad de establecer un diálogo directo y de cooperación con lxs responsables de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, podremos vivir en sociedades en donde la igualdad de género sea una realidad.

Como veremos enseguida, estos esfuerzos de cooperación podrían incluso enmarcarse en cubrir alguna de las lagunas respecto a los mecanismos de prevención (entre los que figura la importancia de la elaboración de información anclada en datos para la concepción de políticas públicas), la atención y la reparación de las víctimas de violencia de género.

En definitiva, ante la complejidad del problema al que hacemos frente, es vital que la salida sea colectiva, implicando en la elaboración de respuestas a una multiplicidad de actores.

El contexto latinoamericano: la importancia de los datos para la elaboración de políticas públicas adaptadas

América Latina cuenta con un marco jurídico internacional, regional y, casi en la totalidad de países, nacional que reconoce el derecho humano de las mujeres y niñxs de gozar de una vida libre de violencias y de discriminación de todo tipo. Los instrumentos internacionales actúan como paraguas normativos en nuestra región, estableciendo un marco de referencia para la acción estatal y la elaboración concreta de políticas públicas de prevención y atención para casos de VbG, y sanción en caso de femicidios.

Sin embargo, a pesar de las manifestaciones y los compromisos asumidos por lxs representantes de los Estados en cumbres y reuniones internacionales, la realidad continúa siendo preocupante. Para poder construir respuestas estatales adaptadas, es imprescindible que los grupos de trabajo al interior de los gobiernos cuenten con información anclada en datos que permita una comprensión profunda de los problemas sociales; lo cual, aún hoy, sigue siendo una utopía. A partir del conocimiento profundo de la realidad, el contexto y los escenarios posibles, se pueden generar políticas públicas adaptadas, efectivas, eficientes y sostenibles en el tiempo.

En concreto, los Estados de América Latina y el Caribe se han comprometido, a través de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (más conocida como Convención Belém do Pará), a realizar los esfuerzos necesarios para generar información relativa a la violencia de género con el fin de crear soluciones adaptadas. Concretamente, la Convención Belém do Pará dice en su artículo 8 inciso h:

Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: h. garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios…^[10]

No obstante, los Estados presentan divergencias entre la situación legal y la situación real de los programas de gobierno y el conjunto de políticas públicas en materia de recopilación, producción y publicación de cifras e información sobre las violencias basadas en género (VbG).

Como analizaré enseguida, frente a esta realidad, es fundamental el trabajo de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, los colectivos y los movimientos sociales que crean y fortalecen redes de cooperación que complementan el trabajo de los Estados, pero, fundamentalmente, ponen al descubierto la deficiencia en el cumplimiento de estos últimos de sus obligaciones internacionales. Son estos colectivos que con su trabajo han observado, analizado y visibilizado las deficientes respuestas y las acciones que los Estados y los gobiernos de la región latinoamericana y caribeña han realizado para la erradicación de las desigualdades históricas que las mujeres enfrentan día a día. En el siguiente acápite, nos detendremos a analizar este tema.

Ausencias estatales, y el rol de las organizaciones feministas latinoamericanas

El desafío de poner fin a la violencia machista en todos los ámbitos en los que se produce y la conexión con la posibilidad de alcanzar el desarrollo sostenible se evidencian en que esta no solo atenta contra el derecho humano a la vida y la integridad física de mujeres y niñxs, sino que además perpetúa las brechas de género a través de la opresión de estxs por su sola condición de género. Si bien hoy en día, luego de un largo camino recorrido, se reconoce y nombra a la violencia doméstica y es clara la responsabilidad de los Estados de generar servicios de prevención, atención y asistencia a víctimas/sobrevivientes, sabemos que las violencias a las que son sometidos los cuerpos de las mujeres trascienden las paredes del hogar para hacerse presentes en cada uno de los espacios en los que habitan.

Esta realidad, que se vincula en forma directa con su autonomía física, tiene íntima relación con la posibilidad efectiva de ejercer sus derechos de forma plena, en un marco de libertad e igualdad para todas las personas^[11]. La autonomía referida debe entenderse en sentido amplio, es decir que los esfuerzos por que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencias o incluso gozar de sus derechos sexuales y reproductivos deben devolverles aquello que les ha sido robado históricamente y que constituye el núcleo de su existencia: el cuerpo (Bárcena y Prado, 2016).

La cultura latinoamericana enseña a los hombres que se puede atacar el cuerpo de las mujeres como forma de demostrar poder ante una sociedad que observa impasible permitiendo esta impunidad. De esta forma, los hombres demuestran que ejercen una suerte de soberanía jurisdiccional sobre el cuerpo-territorio de las mujeres (Segato, 2018, p. 69).

Ahora bien, en el ámbito interno, tal como hemos mencionado, para elaborar políticas públicas tendientes a generar cambios estructurales y sostenibles en el tiempo, es imprescindible conocer integralmente y en profundidad la realidad y su contexto, para lo cual los Estados deberían generar información transparente, verificable y anclada en datos que den cuenta de manera interseccional de las violencias que sufren las mujeres en los territorios.

Sin embargo, los problemas en materia de datos a nivel regional que permitan la elaboración de políticas públicas para poner fin a los crímenes de odio cometidos contra las mujeres en razón de género continúan siendo, entre otros, los siguientes:

1. Falta de información disponible, clara, de fácil acceso.
2. Portales estatales caídos o inaccesibles desde un ordenador que se encuentren fuera del territorio nacional.
3. La actualización de los datos integrales se realiza, por lo general, de manera anual. Si bien varios Estados de la región brindan información con cierto grado de actualización, esta no es completa ni clara, observándose una tendencia a la elaboración anual de informes con mayor número de datos y análisis de estos.
4. Inexistencia de protocolos y mecanismos estandarizados para la recolección, el manejo y el procesamiento de datos de femicidios: al interior de los países, la tarea de recolección de datos recae en múltiples instituciones, por lo cual, al recabar la información de manera diferenciada, es muy difícil conocer la realidad y profundidad del problema.
5. Las personas a cargo de esta tarea en cada uno de los organismos públicos no están formadas en género (salvo el caso de Argentina, en el que, si bien es obligatorio por ley, aún no se implementa en todo el país).
6. Por lo general, no existe información interseccional de la víctima, lo que dificulta comprender las múltiples vulnerabilidades y discriminaciones que padecía, a los fines de crear soluciones acordes.

En relación con lo antedicho, la obligación de los Estados se manifiesta de dos maneras: por un lado, la obligación de garantizar la disponibilidad y el acceso oportuno de la información; y la obligación de transparencia activa (CIDH, 2015, p. 11), deuda que los Estados se han comprometido a saldar. A pesar de ello, si tomamos en comparación los portales estatales de 13 países latinoamericanos que analizan datos sobre feminicidios, vemos que la información disponible tiene amplias lagunas (ver tabla 1).

A pesar de que es una realidad alarmante en la región, tal como puede observarse, existen diversos y profundos problemas en relación con la elaboración de información por parte de los Estados que la componen. En primer lugar, en la mayoría de ellos, los datos son actualizados de forma anual o cada varios meses. Si bien esto se explica por los tiempos de las investigaciones judiciales, implica la imposibilidad de generar políticas públicas efectivas que den respuestas a las necesidades y urgencias en los tiempos requeridos.

El segundo de los problemas es la falta de interseccionalidad en los datos recabados. En este sentido, tanto desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como desde las Naciones Unidas, se ha destacado la importancia fundamental de la existencia de información desagregada por sexo, raza, etnia, condición social, situación de discapacidad, hijxs a cargo, relación con el imputado, denuncias previas, entre otros factores, para el diseño y la evaluación de políticas públicas y programas de prevención, atención, protección y reparación de víctimas/sobrevivientes de VbG, a fin de considerar de manera debida los riesgos específicos en relación con las vulneraciones a los derechos humanos que pueden sufrir las mujeres en virtud de la intersección de dichos factores (CIDH, 2015, p. 10). Al no generar información anclada en datos en clave interseccional, se invisibilizan las realidades y opresiones que viven las distintas mujeres en un mismo territorio. Esta brecha podría ser colmada con una fuerte voluntad política, a través del desarrollo de mecanismos de cooperación sur-sur, puesto que la VbG en la región tiene características y fundamentos similares, a pesar de las particularidades de los territorios.

Los problemas de información y datos en la región no se circunscriben, lamentablemente, a lo mencionado. Durante la pandemia del covid-19, frente al aumento de la VbG particularmente al interior de los hogares, diversos países latinoamericanos han implementado planes y programas destinados a la prevención y atención de casos de violencia de género, tales como Argentina, Paraguay, Brasil, Ecuador y Chile. Sin embargo, tras haber realizado un monitoreo^[12] de 4.021 servicios del 70 % de 36 países y territorios dependientes de América Latina y el Caribe destinados a la prevención y atención social y jurídica de víctimas/sobrevivientes de violencia de género, podemos afirmar que los esfuerzos de los Estados se centran principalmente en la expresión de violencia sexual o física, frente a otras manifestaciones como la política, mediática, laboral, económica o patrimonial. Otro de los problemas de gravedad que subsisten en relación con los servicios existentes es el cúmulo de información dispersa en portales y redes sociales de diversas instituciones públicas y organizaciones de base que, incluso en reiteradas oportunidades, no está actualizada o es contradictoria. Esta ausencia de un sistema de información integrado complejiza y dificulta el acceso a los servicios por parte de las víctimas/sobrevivientes de VbG^[13], aumentando la desprotección y vulnerabilidad.

No basta con que los Estados manifiesten en sus portales estatales que brindan un determinado servicio, si este no es efectivo y útil para las víctimas/sobrevivientes de VbG, si los números de teléfonos no están actualizados, o si no es clara o no está completa la información proporcionada. Es de absoluta necesidad que se asegure su acceso de manera ágil, y que la información esté disponible de forma tal que se garantice su comprensión por parte de las personas destinatarias. Como ejemplo concreto sobre este problema, podemos señalar que, en ningún caso de los más de 4.000 servicios mapeados, se encontró información disponible destinada a mujeres con discapacidad, o en otras lenguas distintas al castellano. Este punto es grave porque evidencia, por un lado, que los servicios han sido pensados y elaborados por personas que no pertenecen a estos grupos o comunidades, invisibilizándose sus realidades y necesidades específicas, y, por el otro, porque la barrera de la lengua es siempre un factor importante que tener en consideración cuando se crean servicios de las características mencionadas. Que únicamente estén disponibles en castellano implica que las mujeres originarias o pertenecientes a comunidades afro en las que se utilice otra lengua verán vedado el acceso a servicios de emergencia, de prevención o reparación en casos de VbG.

Las lagunas de información y datos referidas impiden la comprensión real del problema, a través de un análisis de los contextos y escenarios en los que se desarrolla, lo cual dificulta, por ende, la elaboración de políticas públicas acordes a los desafíos.

El Mapa Latinoamericano de Feminicidios, un ejemplo de la importancia del trabajo en red

A poco más de siete años de alcanzar el deadline de la Agenda 2030, tenemos la obligación de pensar y actuar de manera disruptiva, proponiendo metodologías innovadoras capaces de receptar las realidades y voces que provienen de los territorios y transformarlas en políticas públicas concretas y efectivas. En otras palabras, nos exige pasar de la Realpolitik anclada en lo nacional y estatal a una Realpolitik cosmopolita^[14]. Hoy más que nunca, debemos recuperar las lecciones aprendidas en las últimas décadas y reivindicar la importancia de incluir la perspectiva de género en las agendas de desarrollo.

Para ello, hay dos líneas de acción que resultan claves: por un lado, es importante revalorizar y visibilizar el conocimiento doctrinario que surge del entrecruzamiento de la academia y la sociedad civil. Por el otro, es vital crear y sostener alianzas estratégicas multiactor, multinivel y multilateral que tiendan al apoyo técnico e intercambio de experiencias exitosas, prácticas prometedoras e incluso fracasos, en la elaboración de políticas públicas con enfoque de género interseccional. Como ejemplo del primer punto referido, quisiera evocar el proyecto del Mapa Latinoamericano de Feminicidios y la construcción de un trabajo en red para denunciar las ausencias estatales.

En marzo de 2020, es decir, a comienzos de la pandemia de covid-19, desde la Organización Mundial de la Salud se alertaba a los gobiernos de todo el mundo sobre el impacto del confinamiento social, preventivo y obligatorio en la vida de las mujeres: el covid-19 no solo tenía un impacto directo sobre la población mundial, sino que además las medidas para protegernos no estaban pensadas en clave de género, así que miles de mujeres y niñxs se encontraron encerradxs con sus agresores, sin escapatoria alguna.

Esta realidad fue el elemento desencadenante para la elaboración del proyecto Mapa Latinoamericano de Feminicidios, cuyo objetivo, en una primera instancia, fue generar una herramienta de visibilización y denuncia respecto a los femicidios/feminicidios en los distintos países de la región latinoamericana, capaz de poner en valor el trabajo de monitoreo y análisis de datos de organizaciones de toda la región y compararlos con los elaborados y publicados por los Estados.

Por ello, en el marco de dicho proyecto, se decidió contrastar la información producida por las organizaciones de la sociedad civil (OSC) con la de los Estados, con el fin de, por un lado, visibilizar la ausencia de datos estatales y de, por el otro, analizar desde distintas perspectivas la realidad latinoamericana y caribeña. Este punto de partida ha sido necesario puesto que, como hemos señalado, a pesar de las obligaciones que surgen de los instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres, los Estados no generan información completa ni interseccional.

Realizar esta comparación requirió de un gran esfuerzo analítico y de la conformación de un marco metodológico claro y preciso, puesto que no existen a la fecha metodologías estandarizadas para el monitoreo y levantamiento de datos de femicidios/feminicidios. Tampoco existen a nivel regional acuerdos sobre si es preferible llamar a estos crímenes femicidios o feminicidios, e, incluso al interior de los países, existen distintas metodologías según la institución que recabe la información. Lo propio sucede también a nivel de organizaciones territoriales: cada una genera sus mapeos atendiendo a sus necesidades y realidades, e incluso posibilidades en materia de recursos con los que cuentan. En virtud de ello, en el marco del proyecto de referencia, se decidió partir de un análisis en el que se respeten estas particularidades, buscando aquellos puntos en común para realizar una comparación cuantitativa. De este modo, a través de la visualización elaborada en Tableau, se permitió la comparación de datos de femicidios/feminicidios a nivel nacional y subnacional entre Estados y organizaciones territoriales.

El segundo paso en este proyecto consistió en fortalecer los vínculos con las organizaciones. Esto fue logrado a través de un nuevo monitoreo y de la firma de alianzas estratégicas que permitieron incorporar al análisis datos que reflejan la realidad de otros países de la región. En este sentido, desde MundoSur se asumió el compromiso de fortalecer técnicamente a las organizaciones que trabajan con datos, mientras que estas comparten la información solicitada una vez al mes para su posterior análisis. Asimismo, desde MundoSur se elaboró una plataforma de carga y sistematización de datos que permite ingresar información georreferenciada y que cumple con criterios de seguridad digital en línea, permitiendo a las organizaciones insertar directamente allí los datos de feminicidios recabados.

La transferencia de conocimientos a estas organizaciones se centró específicamente en la utilización de Excel como herramienta para recopilar datos, estrategias y metodologías para el monitoreo de datos, en la utilización correcta de la plataforma de levantamiento de información, en el uso de Tableau como herramienta de visualización de datos para generar incidencia política, entre otros.

Asimismo, a través del trabajo colaborativo con organizaciones de siete países de la región^[15], se construyeron consensos conceptuales (qué se entiende por “femicidio/feminicidio”, quién puede ser autor de femicidio/feminicidio y quién víctima, por ejemplo), y se avanzó en la elaboración de una matriz con campos analíticos que todas estaban en posibilidad de monitorear. Gracias a estos acuerdos, desde MundoSur se logró profundizar los análisis no solo contrastando cantidad de femicidio por país/unidad subnacional entre fuentes territoriales y estatales, sino también agregando al análisis la edad promedio de las víctimas, si tenía hijxs a cargo, hijxs sin madre, denuncias previas, indicios de violencia sexual, modalidades del crimen, y el vínculo con el victimario.

Durante un año y medio, se trabajó fortaleciendo a organizaciones de toda la región, firmando nuevas alianzas estratégicas e incorporando, por ende, al análisis regional otros países y otras realidades.

Hoy en día, al encontrarse consolidado el trabajo de monitoreo y análisis realizado junto a las organizaciones de la región, el proyecto se encuentra en una nueva fase. Luego de un año y medio de trabajo con la matriz referida, desde MundoSur se está impulsando la incorporación de nuevos campos analíticos, que posibiliten un estudio interseccional de los feminicidios en la región. La inclusión de estas nuevas variables parte del convencimiento político de que la ausencia de datos invisibiliza realidades y opresiones a las que son sometidos ciertos cuerpos-territorios de las mujeres por sobre otros. En la tabla siguiente, pueden observarse los campos analíticos que son utilizados en la actualidad, y la propuesta que se está trabajando junto a organizaciones de 13 países de la región:

Tabla 2

Fuente: MundoSur, 2023. Femi(ni)cidios bajo la lupa en América Latina y el Caribe en 2022: violencia de género en los cuerpos de las mujeres migrantes, marzo de 2023, p. 35.

Lograr este objetivo implica, en primer lugar, el estudio de las variables que cada una de las organizaciones territoriales involucradas son capaces de recabar, teniendo en consideración las fuentes que utilizan. A partir de allí, se intenta determinar coincidencias y evaluar si la incorporación de otros elementos de análisis no significa una sobrecarga de trabajo, puesto que, como veremos enseguida, las organizaciones territoriales cuentan con bajos recursos para llevar a cabo el inmenso trabajo de monitoreo de feminicidios, en muchas ocasiones, colmando vacancias de poder que dejan los Estados. Una vez cruzada esta información, el equipo de trabajo del proyecto realiza una propuesta y la presenta en reuniones bilaterales con cada organización. Tras un tiempo determinado para recibir devoluciones, se consensúa una reunión general en la que todas las organizaciones puedan presentar sus comentarios, dudas, sugerencias. Tras esta reunión, de existir acuerdo, la matriz se genera y se comienza a implementar, estableciendo también un tiempo de adaptación y de acompañamiento por parte de MundoSur.

El trabajo de las organizaciones feministas: colmando lagunas, con pocos o nulos recursos

El trabajo que hemos mencionado es realizado por organizaciones territoriales que poseen recursos limitados. Cuando los Estados no dan las respuestas necesarias, son las organizaciones territoriales, en este caso las organizaciones feministas, las redes y los colectivos, los que colman las lagunas a través de un trabajo riguroso. Estos registros cumplen la importante función de visibilizar el fenómeno del feminicidio e instalarlo en los medios de comunicación y, por esa vía, en la sociedad. La labor de las organizaciones de la sociedad civil al monitorear y difundir información respecto de los feminicidios no solamente cumple en visibilizar la preocupante cantidad y crecimiento exponencial de casos de muertes de mujeres por violencia de género, sino que permite movilizar en la sociedad reflexiones e interrogantes respecto de las desigualdades de género, buscando generar cambios estructurales en el sistema patriarcal y machista.

Como hemos mencionado precedentemente, MundoSur ha tejido alianzas estratégicas con organizaciones territoriales de distintos países de la región (que además forman parte de la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género), que actualizan de manera permanente los datos sobre feminicidios en sus respectivos países. De este modo, se contribuye a visibilizar su enorme tarea a nivel regional y a exigir más y mejores respuestas por parte de los Estados. Sin embargo, en el transcurso de estos años de proyecto, y gracias al intercambio continuo con dichas organizaciones, se ha profundizado el conocimiento sobre las particularidades y realidades en las que cada una de las activistas de estas organizaciones lleva adelante la tarea de monitorear y recabar los datos sobre crímenes de odio contra las mujeres. A través de un cuestionario, enviado por correo electrónico, se solicitó a la persona responsable de recabar datos de las diez organizaciones de la región con las que MundoSur coconstruye el Mapa Latinoamericano de Feminicidios^[16] que responda al siguiente cuestionario:

1. Nombre de la organización.
2. Cantidad de activistas por organización.
3. Tiempo de trabajo que dedican al monitoreo/análisis de datos sobre feminicidios.
4. Profesión de las activistas a cargo de este trabajo.
5. Estas activistas ¿tienen hijxs a cargo?
6. ¿Con qué recursos cuentan para desarrollar su trabajo?
7. ¿Qué herramientas utilizan para registrar los feminicidios? (ej. Excel, Google Sheets, LibreOffice, etc.)
8. ¿Cada cuánto tiempo realizan las actualizaciones?
9. Para este trabajo, ¿contrastan la información de fuentes periodísticas con las estatales?
10. ¿Cuántos medios mapean para realizar las actualizaciones?
11. ¿Cuántas variables utilizan?
12. Liste las variables que utilizan.
13. ¿Desde qué año realizan el trabajo de monitoreo de feminicidios?
14. ¿Desde qué año existen como organización?
15. ¿Se encuentran legalmente constituidas?
16. En caso de que se encuentren legalmente constituidas, ¿bajo qué figura jurídica se encuentran inscriptas?
17. ¿Reciben apoyo estatal?
18. En caso afirmativo, ¿qué tipo de apoyo reciben?

Las organizaciones consultadas se asemejan en varios aspectos que pasamos a continuación a analizar. En primer lugar, si bien las profesiones de las activistas son diversas^[17], varias de ellas son abogadas, sociólogas, periodistas e investigadoras.

El trabajo de mapear y monitorear los distintos medios de comunicación disponibles en el país es arduo, no solamente porque requiere de un análisis riguroso sobre la información disponible (con el objetivo de evitar dobles registros), sino que además porque implica una carga psicológica y emocional muy alta, al tener que confrontarse con relatos estremecedores de asesinatos, mutilaciones y abusos de diversos tipos hacia otras mujeres. Los resultados de la encuesta indican que el 50 % de las activistas dedica más de 10 h semanales al monitoreo y levantamiento de información sobre feminicidios. Entre ellas, el 30 % dedica más de 15 horas semanales. Lo dicho se comprende al contrastar esta información con las respuestas relativas a la frecuencia de las actualizaciones: el 30 % de las activistas actualiza la información de forma semanal, mientras que el 20 % lo hace cada 15 días.

Por otro lado, resulta interesante considerar que el comienzo del monitoreo de feminicidios por parte de las organizaciones se remonta en el 90 % de los casos a los últimos 10 años, comenzando una de ellas en 2012, y se da un aumento a partir del 2015, lo que podría vincularse con el amplio movimiento de mujeres conocido como Ni Una Menos y su fuerte impacto en América Latina.

Una de las grandes críticas que reciben quienes realizan este tipo de tarea se relaciona con la fuente de información que nutre sus bases de datos. Sin embargo, el 80 % de las activistas consultadas contrastan la información obtenida en medios periodísticos con la proveniente de los Estados. En cuanto al número de fuentes periodísticas consultadas para contrastar los datos, 5 de las 10 señalan que mapean menos de 10 medios de comunicación (referidos a Uruguay, Panamá, Ecuador y Puerto Rico); uno más de 80 (Venezuela), y tres más de 130 (Argentina, Colombia y Honduras). Es de resaltar que, en el caso de Colombia, solamente dos activistas realizan el trabajo de mapear 135 medios independientes, 21 canales televisivos y 18 diarios digitales.

En lo referente a la magnitud del trabajo en contraposición con las personas que lo realizan, podemos observar que, en Puerto Rico, Panamá y Chile, hay dos personas a cargo del monitoreo de los medios, el levantamiento de información, el registro y el análisis. En el caso de Honduras, son tres.

La realidad de Argentina es parcialmente distinta: MuMaLá organiza su trabajo de manera federal, por lo que en un principio había unx activistx designadx para realizar el trabajo en cada una de las provincias del país (23 y un distrito federal). Sin embargo, en algunos casos son necesarios la presencia y el trabajo de más de una persona, por lo que hoy en día son 31 personas las que realizan el monitoreo de medios y el levantamiento de información. Toda esta labor es coordinada principalmente por una sola persona de manera voluntaria.

Respecto de las variables que utilizan para el mapeo y monitoreo de casos, cuatro de las organizaciones utilizan entre 15 y 20 variables, dos, entre 20 y 30 variables, y otras dos, 40 o más. En el caso de Venezuela, además, la importancia del trabajo de la organización consultada tiene el adicional de que el Estado venezolano no brinda información al respecto: es decir que la única información disponible para quienes quieran conocer el aumento de los femicidios en el país es el trabajo que realiza el monitor de femicidios de UTOPIX.

Más de la mitad de las organizaciones que realizan el monitoreo y mapeo de femicidios en estos ocho Estados no se encuentra legalmente constituida, lo que dificulta el acceso de estas a posibilidades de financiamiento externo, colaborando por ende con la precarización laboral de las activistas. De las cinco organizaciones que se encuentran legalmente constituidas, dos de ellas se encuentran inscritas como organizaciones sin fines de lucro, mientras que las otras tres se constituyen como cooperativa de trabajo, corporación y fundación sin fines de lucro, respectivamente. Sobre estos puntos, es de resaltar que la mayoría de ellas realiza esta desafiante tarea de forma voluntaria, pese a recibir algunas ayudas de fundaciones privadas o fondos internacionales en casos muy puntuales. El 90 % de las organizaciones no reciben ningún tipo de ayuda gubernamental para su trabajo. El 10 % restante reciben datos por parte del ministerio público de su país.

Como es sabido, el impacto de la pandemia puso en agenda una realidad históricamente señalada desde las organizaciones feministas: las tareas de cuidado^[18] y su relevancia para la sostenibilidad de la vida y de las economías en la región (Cepal, 2020). El incremento real de trabajo en línea se sumó a las tareas domésticas y de cuidado, viéndose reflejada esta realidad también en las organizaciones que colaboran en la construcción del Mapa Latinoamericano de Feminicidios, ya que el 70 % de ellas tienen hijxs a cargo.

Finalmente, creo importante remarcar que, a pesar de la falta de recursos, de los múltiples y variados frentes de acción/reacción y de la urgencia en la que trabaja cada una de estas organizaciones, continúan colmando las lagunas de información que dejan los Estados voluntariamente o no. El trabajo de incidencia en políticas públicas impulsado desde las organizaciones territoriales sigue siendo fundamental. Claro ejemplo de ello es el trabajo del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, que, en los últimos dos años, ha logrado cambios legislativos, institucionales y de política pública reales y de gran trascendencia (como es el caso de la tipificación de la ley de feminicidios y transfeminicidios (ley n.º 40 de 2021), la declaración por orden ejecutiva de un Estado de Emergencia por Violencia de Género y la adopción/creación de un Nuevo Protocolo para la Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Personas Trans (Feminicidio y Transfeminicidio) del Negociado de la Policía de Puerto Rico basado en el Modelo de Protocolo Latinoamérica para la Investigación de Muertes Violentas de Mujeres creado por ONUMujeres.

Conclusiones

Los femi(ni)cidios siguen siendo una realidad que atraviesa la región latinoamericana y caribeña, atacando los cuerpos de las mujeres independientemente del país que habiten. A pesar de los avances que se han logrado desde los feminismos, al lograr la inclusión en las agendas regionales y nacionales respecto al reconocimiento sobre la importancia de elaboración de políticas públicas de prevención y atención a víctimas/sobrevivientes de violencia de género, las vidas de las mujeres siguen siendo arrebatadas y los Estados de la región parecerían seguir mirando para otro lado.

La sistematicidad y la frecuencia con las que los cuerpos de las mujeres siguen siendo asesinados por motivos de género constituyen “una exhibición de arbitrio, un espectáculo de impunidad ante toda la sociedad, de soberanía jurisdiccional, de dueñidad sobre un territorio y del cuerpo de sus mujeres como parte y emblema de ese territorio” (Segato, 2018). En una sociedad que es culturalmente machista, “los dueños del lugar expresan su control territorial al ‘escribir’ en el cuerpo de las mujeres, como sobre un bastidor o un pizarrón, su capacidad de desaparecer, hacer sufrir y matar” (Segato, 2018).

En este sentido, como hemos adelantado, la respuesta es necesariamente colectiva, siempre que exista realmente la decisión política fuerte y contundente de terminar con la violencia de género, independientemente del gobierno de turno. La posibilidad de generar acciones de cooperación sur-sur de “3M”, en clave de derechos humanos y desde un enfoque de género interseccional, puede permitir la elaboración de estrategias innovadoras y acordes a las necesidades reales, que permitan garantizar a las mujeres, en su interseccionalidad, una vida libre de violencias.

El trabajo realizado desde los feminismos se sostiene por el convencimiento de que la visibilización de los femi(ni)cidios a nivel regional, analizando los contextos, tejiendo redes con organizaciones territoriales y cuestionando colectivamente las violencias que nos atraviesan, es la única respuesta posible desde la sociedad civil. Respecto al problema existente con relación a los datos sobre VbG y particularmente sobre feminicidios, creo importante reiterar que uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta el proyecto es la ausencia de información en una gran cantidad de casos. Esto se debe a que las organizaciones territoriales utilizan como fuente principal de información los medios de comunicación. Es decir que, para que dichas organizaciones puedan contar con la información necesaria para poder generar incidencia política y visibilizar la realidad de las mujeres de sus territorios, es fundamental que el compromiso de la elaboración de información interseccional sea multiactor, incluyendo, por ende, a los medios de comunicación. Los medios tienen una responsabilidad trascendental ya que, si no mencionan en sus noticias aspectos fundamentales como la existencia de indicios de violencia sexual en la víctima o su condición de migrante, por ejemplo, se invisibiliza el continuum de violencia que atraviesa sus cuerpos y los complejos escenarios en los que estos episodios se desarrollan. Sin embargo, son estos mismos medios de comunicación los que luego repiten incansablemente los detalles mórbidos de los femi(ni)cidios en redes sociales o portales de comunicación.

Por otro lado, tal como señalamos, cabe a los Estados la responsabilidad ineludible de comprometerse activamente con la prevención, atención y sanción en casos de violencia de género, ofreciendo además medidas reparatorias integrales a las víctimas directas, comúnmente olvidadas, que son lxs hijxs de aquellas mujeres cuyas vidas arrebataron.

Finalmente, considero fundamental reiterar la importancia de que los Estados comiencen a generar datos sobre femi(ni)cidios desde un enfoque interseccional, esto es, teniendo en cuenta las desigualdades múltiples que atraviesan a las mujeres, de un modo no fragmentado: no secuencial, aditivo ni acumulativo (Pombo, 2021). Solo así podrán construirse políticas públicas que tengan en cuenta las relaciones de poder que orquestan las diferentes posiciones sociales, generando desigualdades en el acceso y en el ejercicio de los derechos, y podremos finalmente vivir en sociedades más justas, democráticas, inclusivas y respetuosas de los derechos humanos de todxs.

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