Interpelando discursos hegemónicos sobre mujeres indígenas desde el activismo transnacional y la interculturalidad

Dolores Figueroa Romero^[1] y Patricia Torres Sandoval^[2]

Resumen

Este ensayo desarrolla un análisis de los distintos sitios de interpelación que cuestionan los enfoques, supuestos y tipos sociales recurrentes con que los estados representan y describen a las mujeres indígenas víctimas de violencia de género y feminicida en México y Canadá. La mirada estatal construye a las mujeres indígenas desde referentes negativos como la carencia, la indefensión y la diferencia cultural, reduciéndolas a objetos de intervención desarrollista o criminalizando sus formas de vida y estrategias de sobrevivencia. Contrarrestar y desmontar esos sentidos neocoloniales de representación –en la información estadística y en las políticas de gobierno– es imprescindible, desde las voces críticas de las propias actoras y sus múltiples proyectos de interpelación y documentación.

Introducción

La violencia contra mujeres y niñas y el feminicidio son problemáticas sociales que han ganado centralidad en las agendas de los gobiernos de Canadá y México en las últimas décadas (ONUMujeres/INMujeres, 2020; Sutton, 2023; FAFIA, 2022). Los índices de víctimas femeninas de homicidios dolosos, desapariciones y feminicidio/femicidio, aunados a todo tipo de discriminación naturalizadas e invisibles^[3], han tendido a incrementarse de manera alarmante, haciendo imprescindible el involucramiento gubernamental^[4]. El proceso de institucionalización de la erradicación y la prevención de la violencia contra mujeres y niñas se ha dado a través de la transversalización del enfoque de género en toda instancia de gobierno, así como la emisión de marcos legales específicos, el lanzamiento de campañas de sensibilización y la producción de documentos de trabajo, estadísticas, diagnósticos y planes de intervención (Stirbys, 2015). Cabe mencionar que, como consecuencia de la incidencia del movimiento feminista latinoamericano en los últimos 10 años, se ha reformado la legislación de 20 países de la región para incorporar la figura del femicidio/feminicidio en los códigos penales (Spotlight América Latina, 2021: 5).

El femicidio es la expresión más extrema de violencia de género, y refiere al asesinato de una mujer por ser mujer (Russell, 1975). Su conceptualización y definición legal en México tiene un claro origen en el activismo feminista regional y nacional que hizo incorporar en la definición anglo de femicide la inacción del Estado como principal componente de la impunidad ante este delito (Lagarde, 2006; García de Moral, 2018; Wright, 2017). La respuesta gubernamental en América Latina a la violencia de género data de los noventa, tras la firma de convenios internacionales que dictan y constituyen el marco normativo referencial global por la defensa de los derechos humanos de las mujeres (ONU Mujeres, 2020). Los gobiernos nacionales de la región se han dado a la tarea de adoptar este marco referencial, creando instancias nacionales correspondientes, y en su actuar han ido expandiendo su enfoque a fin de englobar distintos tipos de abusos que acontecen en el espacio privado contra mujeres, así como también manifestaciones de violencia de género en el espacio público (Castro y Riquer, 2022; Wright, 2017). Esto mismo es sintomático del proceso mexicano, donde, en el año 1996, se implementaron programas de atención a víctimas de violencia en el hogar, pero para el 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) reconoció la vía pública como un nuevo lugar de ocurrencia del homicidio de mujeres relacionado o derivado de acciones criminales (Castro y Riquer, 2022: 548).

En discordancia con esta tendencia en América Latina, en Canadá legalmente la figura de femicidio no ha sido oficialmente adoptada. Sin embargo, el término “homicidio por razones de género” es empleado para hablar de la violencia misógina letal contra mujeres y niñas (Sutton, 2023). Primariamente, el homicidio por razones de género en Canadá es un hecho delictivo que acontece en ámbito doméstico y donde el perpetuador es la pareja, un familiar cercano o un conocido de la víctima (Holly y Dawson, 2011). En los últimos años, y como resultado de la adopción referencial del protocolo de captura de datos estadístico de víctimas de feminicidio desarrollado por la Oficina de Naciones Unidas para el combate a las drogas y el crimen (UNODC, 2022a), la policía canadiense ha incorporado otros elementos de las circunstancias contextuales del asesinato de víctimas que suponen formas de sistémicas de discriminación contra la mujer en actividades delictivas como la trata de personas y el comercio sexual (Sutton, 2023).

Es preciso señalar que todos estos esfuerzos para apuntalar políticas antiviolencia de género descansan en una visión universalista que falla en reflejar la naturaleza social, contextual e histórica que racializa y discrimina de manera específica a mujeres por su etnicidad, raza y clase social. Por poner un ejemplo, las estadísticas nacionales^[5] que en México son usadas para elaborar reportes especializados sobre feminicidios de la ONU Mujeres, INMujeres, CONAVIM no cuentan con datos desagregados por etnicidad, raza y género. Los certificados de defunción –que son considerados por INMujeres como un espejo estadístico para indagar las causales de homicidios por razones de genero– solo desde el 2012 incluyen información de víctimas cuando se sospecha que son hablantes de una lengua indígena. Aunado a la identificación lingüística como marca de identidad indígena, otro recurso estadístico para encontrar información sobre homicidios y feminicidios de mujeres indígenas es trazar los casos que acontecen en municipios de alta predominancia de población indígenas, según el INPI y el INEGI (Frías, 2021). Tomando en cuenta estas condiciones, se puede argumentar que la información sistematizada por instancias gubernamentales sobre víctimas indígenas de feminicidio en México es producto de estimaciones y ejercicios de inferencia y deducción, ya que no existe un mecanismo o sistema de levantamiento de datos locales que dé cuenta de la fenomenología de la violencia feminicida en terreno^[6]. Bajo el principio de deducción, INMujeres estimó en 2018 que 119 mujeres fueron víctimas de feminicidio en municipios predominantemente indígenas, habiendo un claro aumento comparado con los 79 casos registrados en el 2012 (ONU Mujeres/INMujeres/CONAVIM, 2020)^[7]. Tomando como referencia que en el país hay 25 regiones indígenas que corresponden a 623 municipios (25 % del total nacional), Frías estimó que entre 2001 y 2016 ocurrieron 40.145 homicidios en regiones indígenas (que representan el 17 % del total nacional), de los cuales 4.863 fueron mujeres. Es decir que, entre 2001 y 2016, el 12 % de las muertes violentas en regiones indígenas fueron de mujeres (Frías, 2021).

En el caso de Canadá, al igual que en México, no es posible tener una cifra precisa del número de mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas por razones de género. La policía canadiense reporta información sobre la identidad indígena de las víctimas a una encuesta de homicidios federal llamada Homicide Survey (Sutton, 2023). La identidad de las víctimas la policía la determina a través de información encontrada, de información suministrada por los familiares o testigos o por la propia víctima (si es que lleva consigo su identificación de estatus indígena), o de declaraciones del perpetuador. La información genética o el registro de membresía a las naciones indígenas también son recursos tenidos en cuenta para determinar la identidad de las víctimas. Los únicos casos que son tomados como válidos son aquellos debidamente procesados por fiscalías y que tienen abiertos carpetas de averiguación tanto por asesinato como por desaparición. Hay un número considerable de casos donde la identidad indígena es reportada como desconocida porque no hay medios para certificarla, o porque los familiares de una víctima se rehúsan a autoidentificarse ante la policía. Este es un indicador muy importante de desconfianza hacia la Canadian Royal Mountain Police (CRMP) pues es la principal institución señalada como causante de la criminalización de la población indígena. La CRMP ha sido históricamente negligente en investigar casos de desaparición de mujeres indígenas y por revictimizar a las familias de las mujeres desaparecidas (Jacobs, 2018).

Una investigación especializada para Estadísticas Canadá (Sutton, 2023) señala que, entre 2011 y 2021, ocurrieron 233 homicidios de mujeres y niñas indígenas por razón de género, que representa el 21 % del total nacional, cifra desproporcionada si tomamos como referencia que las mujeres indígenas son el 5 % de la población femenina de Canadá. Las mujeres y niñas indígenas son víctimas de homicidio tres veces más que las mujeres y niñas no indígenas (la tasa de homicidios del 2021 es de 1,72 frente a 0,54 por 100.000 mujeres y niñas nacional). El rango de edad de mayor frecuencia de homicidios de mujeres y niñas indígenas es de 18-24 años. Estas cifras dan cuenta de una situación alarmante, aunada al hecho de que hay varios factores sistémicos que hacen imposible obtener información sobre las niñas y mujeres desaparecidas o fallecidas en circunstancias sospechosas o que sus casos aún continúan sin resolverse. Las barreras para conocer este problema se pueden encontrar dentro del propio gobierno y en la sociedad canadiense settler (colonialismo de ocupación) (Mora, 2022), que se piensa a sí misma como una nación de descendencia europea. Canadá ha tenido que enfrentar señalamientos internacionales por parte de los relatores de derechos humanos de mujeres y pueblos indígenas sobre el carácter genocida de sus políticas de asimilación cultural y racismo sistémico que ha criminalizado y victimizado históricamente a mujeres y hombres indígenas (Bourgeois, 2018; Amnistía International, 2015; Perreault, 2022).

En los dos escenarios descritos, se puede apreciar un claro prejuicio y vacío informativo que dificulta el entendimiento y la comprensión de los contextos de riesgo y vulneración de los derechos humanos de mujeres indígenas. Este ensayo busca responder a las siguientes preguntas: ¿cómo el Estado define a las mujeres indígenas en el marco de las políticas públicas de prevención de la violencia de género y el feminicidio?; ¿cómo el Estado representa estadísticamente a los pueblos y las mujeres indígenas en México y Canadá con relación a temas de seguridad pública y prevención de la violencia?; y, en función de los vacíos ya mencionados, ¿cómo es que las organizaciones indígenas en ambos países han asumido el reto de producir sus propios datos estadísticos?

Las autoras de este ensayo hemos articulado las respuestas a estas preguntas en función y como resultado de conversatorios, diálogos y procesos de acompañamiento activista y académico de y con organizaciones de mujeres indígenas en México y en Canadá. Este es un esfuerzo por tejer los conocimientos académicos con el saber emanado de las trayectorias de interpelación política de lideresas indígenas de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de México (CONAMI), el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA) y la Indigenous Women Anti Violence Task Force (IWATF). Los discursos, las acciones organizadas y los sitios de crítica citados en este ensayo son producto de un proceso de largo aliento, varios años de militancia, el conocimiento político de los contextos y los efectos sociales que las políticas de gobierno tienen en las localidades. Las actoras que son citadas aquí han compartido en varios momentos sus sentires y saberes ya sea en documentos publicados, como las cartillas antiviolencia del ECMIA, y eventos en línea auspiciados por la Red Interamericana Anti-Feminicidio (RIAF). Como autoras de este ensayo, honramos las enseñanzas de todas las hermanas indígenas que han levantado su voz para luchar por un mundo más justo y libre de violencias.

El ensayo está organizado en la siguiente manera. Una primera sección introduce elementos teóricos que nos ayudarán a analizar las raíces históricas de la ceguera institucional y la victimización de las mujeres indígenas. Para ello introduciremos perspectivas que buscan relacionar la colonialidad de la relación Estado-pueblos indígenas con las políticas públicas de hoy en día. Seguidamente, daremos centralidad a las narrativas de interpelación que emergen desde el activismo transnacional de mujeres indígenas, y de proyectos contrahegemónicos de construcción de datos desde el feminismo y académicos indígenas en Norteamérica. Por último, cerraremos con una crítica desde los contextos regionales a políticas públicas que, en concreto en México (Mecanismo de Alertas de Género) y en Canadá (MMIW Inquiry), han sido puestas en tela de juicio por el movimiento organizado de mujeres indígenas.

Elementos teóricos críticos

Quijano y Lugones para pensar la colonialidad del poder/género

Aníbal Quijano (1992) y María Lugones (2008) se han abocado a pensar sobre los efectos de la colonización europea en las Américas. Para ambos autores, la colonización no es un evento del pasado, sino una impronta de profundos impactos en el pensamiento político de los Estados nacionales modernos y en las subjetividades sociales. A esta idea se le ha llamado “colonialidad de poder”, que inspiró a los líderes independentistas para construir y constituir las naciones latinoamericanas con base en imaginarios europeizados justificando la extirpación, explotación, asimilación y desplazamiento de las sociedades originarias indígenas y afrodescendientes. Guiados por nociones clasificatorias dicotómicas como superioridad/inferioridad, blanco/negro, civilidad/barbarismo, modernidad/tradicionalismo, domesticidad/indecencia, justificaron la interiorización del mundo indígena, sus pueblos, instituciones, valores, cultura y órdenes de género.

Según Quijano, la gobernanza civilizatoria del Estado moderno y el capitalismo requiere producir conocimiento a través de la medición, la cuantificación, y la objetivación de lo conocible y explotable (1992). Estas necesidades cognitivas de poder se expresan en lenguajes científicos como las cartografías (geográficas), los catálogos botánicos, los censos productivos, los atlas etnográficos, y las estadísticas poblacionales. Mapeando y creando estadísticas, se produce una noción de verdad y realidad. El Estado como ente supremo requiere de toda información necesaria –sobre territorios y poblaciones– que le asegure el poderío soberano. Este poder soberano está facultado para administrar poblaciones y dictar la vida y la muerte, el libre tránsito, el derecho al ocio y el trabajo forzado. El Estado observa y produce conocimiento para ejercer control sobre sus dominios, es la única racionalidad que convierte en conocible todo lo que conquista y aspira a transformar, inferiorizando a las y los sujetos de su poder, identidades, formas de vida y proyectos de otros (otras soberanos o comunidades soberanas). Este planteamiento de Quijano puede ser usado para entender no solo el quehacer de los Estados del siglo XIX, sino también para dimensionar cómo los Estados modernos diseñan políticas públicas y servicios sociales con base en las estadísticas sociales.

Al planteamiento de Quijano de la colonialidad de poder, María Lugones le ha sumado una crucial perspectiva, y es pensar la dominación de las Américas a través de la interseccionalidad de la raza y el género (2008). Lugones, de manera muy acertada, nos recuerda que la colonización de los pueblos se hizo a través de la subordinación de los cuerpos de hombres y mujeres indígenas racializados y sexualizados de maneras diferenciadas. El acceso a la fuerza de trabajo femenina y masculina indígena fue y es fuente de riqueza para el capitalismo, y esa dominación estuvo diferenciada por géneros. Las mujeres indígenas fueron objeto de violación sexual y designadas tanto a trabajos físicos forzosos productivos, como al servicio doméstico en casas de los patrones. La raza y el género son mutuamente condicionantes, y su intersección en contextos de dominación colonial se tradujo en una discriminación especial y diferenciada de mujeres indígenas con respecto a la mujer blanca. Los hombres también victimizados por el poder español fueron, a final de cuentas, cómplices del proceso de interiorización de la feminidad indígena y su poder en la comunidad. La dominación de las mujeres indígenas, según Lugones, está ligada a la dominación y desarticulación del orden tribal de gobierno y sus filosofías de vida. El paulatino proceso de adopción del modelo de dominación patriarcal blanco/mestizo/heteronormativo en el mundo indígena se tradujo en el borramiento público y comunitario de las mujeres colonizadas (Lugones, 2008: 76).

Este sitio de subyugación colonial tiene una extensión en los imaginarios nacionales contemporáneos. La mujer indígena hoy en día es excluida del poder local y la toma de decisiones sobre la comunidad, pero también a nivel nacional es invisibilizada e infantilizada por ideas prejuiciosas sobre sus vínculos comunitarios y la falta de control sobre la sexualidad y vida marital. Aún más grave es la actual indiferencia ante la violencia contra mujeres indígenas y de color, lo cual alarma profundamente a Lugones, que hizo un llamado para lograr un mejor entendimiento de la victimización y la indiferencia hacia ellas. Para Lugones la misión activista del feminismo contemporáneo es descolonizar su acción de defensa a ultranza de la liberación de la mujer basada en la experiencia de vida de la mujer blanca y su domesticidad. Hacer esto es imprescindible porque la mujer blanca es la norma social para pensar todo (por ejemplo, el activismo por la justicia de genero), mientras que las mujeres negras e indígenas son silenciadas y borradas al ser tenidas sin capacidad de agencia.

De esta sección se derivan dos ejes argumentativos importantes –la colonialidad del poder y la colonialidad del género– y dos proyectos contrahegemónicos importantes para este ensayo:

1. Pensando en la colonialidad del poder, retomaremos autores que argumentan que el Estado contemporáneo produce información estadística con fines administrativos, pero que está teñida de nociones históricas de control colonial sobre pueblos indígenas y que, por lo mismo, debe ser cuestionada y problematizada. Académicos y organizaciones de mujeres indígenas han formulado planteamientos conceptuales críticos, al tiempo que han articulado movimientos contrahegemónicos por la producción de conocimiento liberatorio.
2. Pensando en la colonialidad del género, en términos de la producción estadística estatal sobre mujeres, esta también requiere ser cuestionada y criticada desde lo que, en la política pública, ha sido la representación de la mujer indígena –objeto de asistencia social– y el reclamo político soberano de mujeres indígenas organizadas localmente y en redes transnacionales para ser tomadas en cuenta en todo proceso de elaboración estatal de información sobre ellas.

Dos proyectos contrahegemónicos: la soberanía de datos y las estadísticas indígenas

Intelectuales y activistas indígenas de países coloniales británicos han desarrollado un debate crítico sobre la producción de información estatal estadística acerca de los pueblos indígenas con base en dos puntos cruciales:

1. históricamente, los gobiernos exanglocoloniales como Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia impusieron políticas civilizatorias sobre las naciones originarias indígenas forzando compulsivamente su asimilación cultural y despojo territorial (Walter y Anderson, 2013; Walter, Kukutai, Russo Caroll y Rodriguez-Lonebear, 2020);
2. la recolección de datos y la producción de conocimiento sobre pueblos indígenas están influenciadas por imaginarios nacionales donde los indígenas son extraños del país –blanco/settler/de ocupación– al que se quiere aspirar.

Las estadísticas, según Walter y Anderson, mapean los contornos de la sociedad y proveen herramientas supremas para tomar decisiones “acertadas”. Las estadísticas cuentan y nos dicen quiénes son, indígenas y no indígenas, dónde habitan, qué consumen, qué producen, qué servicios requieren, cómo aportan a la economía nacional. Desde una perspectiva decolonial, estos autores cuestionan la construcción deficiente y negativa de la indigeneidad como grupo social cultural y socialmente inadecuado para integrarse en la sociedad nacional como individuos que producen y generan riqueza, definida en términos capitalistas (Walter y Anderson, 2013: 21). La información estadística sobre indígenas es una camisa de fuerza atada alrededor de nociones negativas: la deficiencia educativa, la pobreza crónica, la inclinación a la criminalidad y la mendicidad, etc. En general, la incapacidad para adaptarse a la modernidad.

Si estas estadísticas son elaboradas a partir de la presunción de deficiencia, entonces la representación que emerge de ellas es descontextualizada y prejuiciada. Podría suponerse entonces que los objetivos de la administración pública se orientan sobre la base de estadísticas que no son diseñadas en función de las necesidades de los pueblos indígenas ni de su visión del desarrollo, sino por la consecución de un modelo país donde los indígenas son disfuncionales. Autoras como Rebecca Tsosie añade que las políticas indigenistas están condenadas al fracaso porque simplifican la geografía social y humana, pretendiendo disciplinar a las/los sujetos ‘diferentes” e imponer acciones de gobierno teniendo a su ventaja el desbalance de poder (Tsosie, 2020: 205).

Los pueblos indígenas del mundo anglo reclaman un trato digno y justicia histórica por parte de la sociedad hegemónica blanca, descendientes de los pioneros blancos que llegaron un día desde muy lejos para asentarse y nunca se fueron (Chartrand, 1991). Este ensayo retoma el concepto de “violencia epistémica”, que se manifiesta en toda práctica de construcción de conocimiento sobre pueblos indígenas, en cuanto sujetos excluidos de los procesos de elaboración y extracción de la información (Fricker, 2007). Desde las voces del sur, la violencia epistémica es definida de esta manera:

La violencia epistémica es la negación de los pueblos y comunidades como creadores de conocimiento, es la colocación de nuestros saberes solo como cosas tradicionales, minimizando nuestros conocimientos como de segunda, o solo importantes para el ámbito local. En este sentido, las prácticas de negación de nuestros saberes son comunes en las universidades públicas y privadas, donde universalizan y homogenizan del conocimiento, e intentan borrar las cosmovisiones indígenas como filosofías otras, e imponer un pensamiento único (Del Jurado, 2023).

El movimiento por la soberanía de los datos indígenas afirma que los pueblos indígenas y las naciones nativas deben controlar la recopilación y el uso de sus datos para sus propios fines y en consonancia con su derecho colectivo a la autodeterminación. El concepto de “soberanía indígena de datos” reorienta el debate general para reconocer la autonomía de los pueblos indígenas y sus intereses específicos en la gobernanza de sus datos. Este proyecto invita a pensar en la formulación de “buenos datos” desechando la presunción de la deficiencia indígena^[8] como punto de partida, al tiempo que busca pensar la indigeneidad desde referentes propios. Esta exploración hacia adentro implica recuperar miradas alternativas al sistema de valores occidental, privilegiar las voces y los saberes indígenas, producir información en función del fortalecimiento político de los pueblos y la reconstrucción del tejido comunitario y desmarcarse del sitio de victimización para asumir roles más proactivos por la construcción de comunidades libres de violencia (Jacobs, 2018; Lucchesi, 2019; Walter, Kukutai et al., 2020).

Existen varios ejemplos de esta misión liberatoria y de justicia epistémica que podríamos mencionar, empezando con la larga lucha por la dignificación de la memoria de cientos de mujeres indígenas asesinadas y desaparecidas en varias provincias de Canadá. Denunciar la negligencia sistémica de la policía y el racismo del sistema de justicia es solo una parte de la tarea de reconstituir el tejido comunitario de los pueblos y hacer justicia a las familias en duelo.

Para narrar este caminar, quisiéramos mencionar la trayectoria de vida de Beverly Jacobs, quien es abogada y representante de la comunidad kanienkehaka (Mohawk) de las Seis Naciones del Territorio del Gran Río, Clan del Osocomo. Jacobs en el 2001 empezó a acompañar iniciativas comunitarias de búsqueda con familias de la primera nación Caldwell, quienes se organizaron para buscar a Darlene Ritchie, así como también a otras hijas, sobrinas, esposas y madres desaparecidas. En estas búsquedas Jacobs se volcó a escuchar de manera respetuosa y receptiva las voces de los familiares. Esta escucha dio causa a testimonios de familiares y locales sobre la desaparición de mujeres indígenas cuyos casos no fueron ni son atendidos de manera apropiada por la policía^[9]. A raíz de esa experiencia en 2002, Jacobs realizó un reporte especial para el Relator de Pueblos Indígenas de la ONU sobre el silencioso genocidio de los pueblos indígenas a través de la victimización de sus mujeres. Para el 2004 Jacobs se puso al frente de un equipo de investigación financiado por Amnistía Internacional titulado Stolen Sisters (2015), para documentar casos no resueltos de mujeres indígenas víctimas de desaparición y asesinato en el oeste de Canadá, y encontró un patrón similar de violencia institucional y estructural contra mujeres jóvenes, madres, abuelas y niñas, ya fuera que ocurriera dentro de reservas indígenas como fuera, en ciudades medias y grandes. Esta investigación fue seminal del trabajo de incidencia realizado por lideresas de la Asociación Canadiense de Mujeres Indígenas (NWAC) para forzar al gobierno canadiense a reconocer su participación en invisibilizar la colonialidad de la violencia contra mujeres indígenas y para movilizar recursos federales para resarcir el daño histórico^[10].

La organización de mujeres indígenas de Canadá (NWAC) ha calculado que el número de mujeres indígenas asesinadas y desaparecidas desde 1980 podría ascender a 4.000, cifra que sobrepasa con creces a las 1.017 reportadas por la policía RCMP en el 2017^[11]. La disparidad de cifras reside en lo contencioso de esta problemática, y en el hecho de que un porcentaje considerable de casos no son reportados u ocurren sin la debida investigación (García del Moral et al., 2023). En esta lucha por visibilizar estos números, el término “femicidio/feminicidio” no ha sido empleado por las activistas y defensoras de derechos humanos de mujeres indígenas, sino “genocidio”, en cuanto el gobierno es partícipe en una cadena de indolencia y acciones prejuiciadas que devienen en la impunidad que rodea cada uno de los casos ocurridos. Beverly Jacobs, junto a otras lideresas como Kim Anderson (2003), Bonita Lawrence (2003) y Silvia Miracle (2020), ha sido clave en mostrar la necesidad de comprender las vías alternativas para acceder a una vida libre de violencia, y ellas lo han visto en el fortalecimiento de las instituciones de autogobierno y el liderazgo de mujeres dentro de sus comunidades para procurar al unísono el bienestar de las familias. Sanar desde adentro y fortalecer culturalmente a las comunidades es el mejor mecanismo para resarcir el daño colonial en los corazones de los hombres y las mujeres de los pueblos.

Otro ejemplo que quisiéramos mencionar es el trabajo del Sovereign Bodies Institute (SBI)^[12], que es una organización civil nativo-americana sin fines de lucro que hace investigación con comunidades indígenas sobre violencia sexual y de género. Tiene su sede en el norte de California, pero colabora con varios pueblos indígenas en Estados Unidos y Canadá. El instituto es guiado por personas cuyas aspiraciones y experiencias de vida han sido el sobrevivir a la violencia. Parten del principio de que, para trabajar temas de violencia, debemos saber qué necesita un sobreviviente. Y los sobrevivientes son los únicos que saben qué se requiere para sanar, e identificar cuáles son los medios más efectivos para ayudar a los miembros de las comunidades atendidas.

Según Annita Lucchesi, directora del instituto, el SBI es sede de una base de datos que nació documentando casos de mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas en Montana y Dakota (MMIW Database), pero en años recientes ha ampliado su espectro de captura de información sobre violencia estructural contra pueblos indígenas. Para ella, los casos no son solo números, sino hermanas cuya memoria hay que honrar porque la violencia vivida ha roto con un ciclo de vida que el colonialismo no debió haber interrumpido^[13]. La base de datos del SBI no es compartida con dependencias de gobierno o con la policía. Hoy en día toda persona indígena, sin importar su género, está incluida en la base de datos con el fin de comprender y aprender de la experiencia de todos y todas:

… queremos pensar la violencia como un continuo, ya sea que está en procesos, o que sigue ocurriendo o violencia que ya pasó y se quiere sanar. La prevención dentro de nuestras comunidades es un eje importante de trabajo, y el seguimiento de casos en el sistema de justicia del estado. El objetivo último es construir comunidades sanas y fortalecidas^[14].

El esfuerzo para terminar la violencia contra pueblos indígenas debe ser anclada y derivada de la soberanía y la autodeterminación indígenas. El SIB identifica la violencia contra los pueblos y los feminicidios como resultado de la violencia colonial y el colonialismo de la continua ocupación de los territorios indígenas. Es un sistema que no valora las vidas y la soberanía indígenas. Sin embargo, y a pesar de la injusticia histórica, los pueblos siguen resistiendo la opresión del sistema que no respeta a las comunidades ni a sus gobiernos.

Políticamente, se oponen a la investigación puesta al servicio de la extracción de recursos de los pueblos. Se pronuncian por una investigación positiva que haga fuertes a los pueblos. Está en los pueblos determinar qué es una buena investigación, y qué investigación ayuda a sanar y a empoderar.

Hay tantas luchas que tenemos que librar diariamente en nuestras comunidades que la investigación que no sirve para nuestros propósitos no es valiosa. No queremos perder el tiempo en investigaciones que no llevan a nada bueno para nosotros. No nos hagan perder nuestro tiempo, día con día hermanas y hermanos mueren. Tenemos que salvar a nuestra gente^[15].

Los productos del SBI al servicio de la comunidad son los siguientes:

1. una base de datos del SBI ha sido construida a partir de los criterios que las familias de sobrevivientes señalan como las mejores prácticas de investigación e incidencia;
2. reportes de feminicidios y desaparición de hermanas relacionados a la extracción de petróleo en Dakota Sur y Norte; estos estudios explican la relación entre la presencia de industrias extractivistas y violencia desatada;
3. la organización y preparación de cartillas informativas y manuales para sobrevivientes de violencia, que incluyen el abordaje de temas como recolección de información, incidencia en políticas públicas, apoyo a sobrevivientes, búsqueda de desaparecidos en terrenos, resarcimiento del daño desde una perspectiva comunitaria;
4. un programa de servicio a la comunidad que ayude a sanar y proveer la satisfacción de necesidades básicas de personas y familias afectadas, ya que, en las comunidades atendidas, hay abuelas que cuidan de nietos que ya no cuentan con sus padres. El alimento, la comida, la escuela y el cobijo son necesidades básicas que las abuelas tienen que atender en tiempos difíciles.

Violencias en plural y la lucha transnacional por los derechos humanos de las mujeres indígenas de América Latina

Esta sección refleja el trabajo activista de mujeres indígenas de las Américas que, en las últimas décadas, han realizado un trabajo de incidencia política en foros internacionales y nacionales para defender sus derechos humanos como mujeres y como miembros activos de sus pueblos. De igual forma, y poco a poco, han buscado tener presencia y colocar su sentir en todo ámbito nacional e internacional donde se generan convenios, leyes, declaraciones y decretos en materia de prevención de la violencia y la discriminación de género, teniendo el atino de traer la perspectiva interseccional e intercultural sobre las violencias.

Mujeres indígenas organizadas en redes transcontinentales han denunciado desde hace varias décadas la ceguera –intencionada o no– del Estado ante la violación de los derechos humanos de los pueblos y sus mujeres a nivel continental (Blackwell, 2023). Un ejemplo de este tipo de activismo es el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA), que es una red de organizaciones de mujeres y pueblos indígenas que, a nivel de las tres Américas, ha impulsado desde hace 20 años el empoderamiento de derechos individuales y colectivos para lograr el pleno reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres, la juventud, la niñez y los pueblos indígenas. ECMIA es una red que está presente en Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Guyana Francesa, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Surinam y Venezuela, donde cada una de las lideresas y organizaciones contrapartes desarrollan un trabajo autónomo, soberano y sostenido^[16].

Desde el movimiento organizado de mujeres indígenas a nivel continental, hay muchas construcciones analíticas sobre las relaciones de género y la violencia que son alternativas a las conceptualizaciones feministas. De ECMIA retomamos el concepto de “violencias en plural”, que es inclusivo de muchos tipos de violencias –no solo la de género–. En conjunto, las violencias en plural afectan la vida como un proyecto en colectividad:

… la violencia contra las mujeres y las niñas, adolescentes y jóvenes indígenas es: política, social, económica, espiritual, física, sexual, psicológica y medioambiental y tiene múltiples dimensiones: interpersonal y estructural, pública y privada, estatal y no estatal. Su análisis en los espacios públicos, deberían abarcar en lo posible todos estos modos de percibirla, de ello la necesidad de enfocar la violencia como las violencias^[17].

Como se puede apreciar en esta cita, las mujeres indígenas entrelazan la lucha contra la violencia de género como parte de la defensa de los derechos humanos y colectivos de sus pueblos. La experiencia colonial y neocolonial de despojo es colectiva, y la vivencia de la violencia es múltiple, pues varios tipos de violencias se interconectan, concatenan e interrelacionan. Tomado como punto de partida esta definición que es comprensiva de varias opresiones y discriminaciones sociales y políticas, ECMIA ha entablado un diálogo con los Estados latinoamericanos y la cooperación internacional a fin de incidir en el marco legal que procura la protección de los derechos humanos desde una perspectiva holística, intercultural e intergeneracional.

ECMIA desde su fundación ha denunciado el racismo y el clasismo que permean las ideas preconcebidas y los prejuicios estatales sobre la diferencia cultural que caracteriza los contextos de vida de hombres y mujeres indígenas en prácticas institucionales muy concretas, como la esterilización forzada, la violencia obstétrica, la pobre atención a mujeres indígenas en los servicios de salud, los bajos niveles de cobertura social en zonas rurales, la criminalización de la migración, el maltrato en las instituciones de impartición de justicia, el acoso policiaco y la detención arbitraria, la baja calidad en la dieta alimenticia, las enfermedades crónicas y cardiovasculares, etc.

Para ECMIA, así como para muchos otros colectivos de mujeres indígenas organizadas, el ejercicio analítico es identificar y definir las violencias que aquejan a las mujeres indígenas para ampliar, incluir, expandir y correlacionar varios ejes de opresión y discriminación. El feminicidio es una de las tantas expresiones de violencia extrema que arrebata la vida de mujeres y niñas indígenas. En ese sentido, por ejemplo, podríamos argumentar que la violencia obstétrica es más grave y cobra más muertes que el feminicidio (Berrio, 2017). Contrario al camino analítico feminista de buscar la especificidad del asesinato de mujeres por su condición de género, el ejercicio político y conceptual de las mujeres indígenas camina en dirección opuesta, hacia la expansión de los factores sociales, raciales, espaciales, políticos y estructurales que se combinan de manera contingente, circunstancial y sistémica en deteriorar las condiciones de vida de mujeres y niñas indígenas y de sus pueblos.

En los últimos años, las organizaciones integrantes del ECMIA han retomado la lucha por la justicia epistémica denunciando la deshumanización de los datos estadísticos sobre mujeres indígenas, evidenciando que las mujeres indígenas siguen siendo cosificadas/infantilizadas por las políticas públicas en toda la América. Las mujeres indígenas no son vistas como ciudadanos de primera y sectores sociales relevantes para la economía. Al contrario, son objeto de asistencialismo, por un lado, y por otro, le ahorran recursos al capitalismo neoliberal al realizar gratuitamente todas las labores de cuidado social y familiar. El Estado es una institución patriarcal que basa su gobernanza en la coerción y persuasión, y no está dispuesto a perder. Mide sus avances en materia de crecimiento económico, y, en la agenda de desarrollo, pasa por encima de la autodeterminación y soberanía de los pueblos indígenas. Si no existiera un marco mínimo de reconocimiento de derechos de los pueblos y las mujeres indígenas, la situación sería aún peor.

Para las organizaciones miembros de ECMIA, la lucha contra la violencia de género y el feminicidio pasa por interpelar a nivel doméstico –nacional– las políticas e instituciones del Estado, pero también a nivel internacional en los espacios y foros donde los gobiernos toman parte, ya sea como Estados miembros o como signatarios de convenios internacionales legalmente vinculantes. Esta vía de incidencia es vital para el activismo transnacional. Una muestra de ello es el proceso de consulta para generar recomendaciones a la CEDAW desde la experiencia de mujeres indígenas. Este proceso fue impulsado por Gladys Acosta, presidenta actual del CEDAW, con la participación y el auspicio de varias organizaciones transcontinentales de mujeres indígenas, como son el FIMI y el ECMIA. Un ejemplo de este proceso de consulta fue el círculo de diálogo intergeneracional “Aprendiendo y Socializando sobre la Recomendación General 39 de la CEDAW”, organizado por el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA) en noviembre del 2022, donde más de cien lideresas indígenas de las Américas participaron^[18].

¿Cuáles son los resultados de este proceso de consulta y qué es lo que dice la recomendación general 39 de la CEDAW que es sintomática de la lucha por una justicia epistémica? En los foros de consulta, las compañeras insistieron en la necesidad de desagregar datos e información estadística sobre mujeres y sus pueblos, tomando en cuenta que la discriminación y la violencia son fenómenos recurrentes en la vida de mujeres y niñas indígenas que viven en zonas rurales, remotas y urbanas. La discriminación es interseccional y está arraigada en las constituciones, las leyes y las políticas, así como en los programas, las medidas y los servicios gubernamentales (p. 3).

Los Estados deben responsabilizarse y esforzarse por recopilar datos desglosados por una serie de factores, como el sexo, la edad, el origen, la condición o la identidad indígena y la condición de discapacidad. Para realizar esta tarea, deben colaborar con las mujeres indígenas y sus organizaciones, así como con las instituciones académicas y sin fines de lucro. La recomendación general 39 subraya que los pueblos indígenas deben tener control sobre los procesos de recopilación de datos en sus comunidades, y sobre cómo se almacenan, interpretan, utilizan y comparten esos datos (p. 4). Finalmente, el documento señala de manera directa y enfática que

la violencia de género que las mujeres indígenas sufren es perpetrada o tolerada tanto por actores estatales como no estatales. Los actores estatales incluyen a los miembros de los gobiernos, las fuerzas armadas, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y las instituciones públicas, incluidos los sectores de la salud y la educación, y las cárceles (p. 16).

Como puede apreciarse, hay un claro señalamiento político al Estado como partícipe y copartícipe en la victimización de las mujeres indígenas. Los instrumentos internacionales de derecho juegan aquí una herramienta indiscutible para gestionar y denunciar a nivel nacional violaciones humanas específicas. Este ha sido un gran logro para el activismo transnacional de mujeres indígenas, pues les ha permitido adecuar instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres en general a las necesidades y demandas de las mujeres indígenas, que son racializadas y discriminadas por una interseccionalidad compleja de opresiones.

Concluyendo en función de los contextos

Quisiéramos concluir este ensayo retomando el planteamiento político del inicio del ensayo sobre la centralidad de la interpelación a la ceguera epistémica y la (neo)colonialidad de las políticas públicas estatales antiviolencia de género y feminicidios. Las voces que interpelan a los gobiernos vienen de los movimientos organizados y desde sujetos politizados en la resistencia, y desde el aprendizaje de años de activismo. Hay dos elementos que queremos destacar y que pusimos en la mesa como primordiales para comprender la inoperancia y la falta institucional en responder de manera apropiada a los contextos donde mujeres indígenas son victimizadas. Primero, que las políticas antiviolencia de género son universalistas, pues adolecen de la capacidad y los instrumentos para tomar en cuenta la interseccionalidad de las violencias y la diversidad étnico-racial y cultural de la población femenina vulnerable. Segundo, que la falla institucional comienza en el lenguaje estadístico, en los instrumentos de medición, en el entendimiento de los problemas sociales de manera parcial y en acciones públicas distantes a los contextos locales. Esto mismo se puede aplicar a las políticas públicas para mujeres indígenas por ser mujeres, como a las dirigidas a los pueblos indígenas que terminan afectándolas porque ellas pertenecen a esos colectivos.

Para las lideresas de América Latina, ha sido importante darle curso y observancia a la forma en que los gobiernos nacionales responden a las presiones internacionales –agenda internacional en materia de violencia de género– que muchas veces contravienen con otras políticas y procesos estructurales que las afectan de manera severa. Para el caso mexicano, hemos mencionado la lucha contra las drogas y la militarización de zonas rurales e indígenas. La violencia criminal y la presencia militar son dos factores que inciden en el fenómeno del homicidio de mujeres y el feminicidio, y solo un ojo conocedor de los contextos locales podría reconocer de manera fina los vasos comunicantes entre los distintos órdenes de poder. Las políticas de prevención de la violencia de género se quedan cortas a nivel municipal pues no existen los recursos para atender a las mujeres víctimas de violencia, ni la domestica, ni la delincuencial. En los gobiernos municipales, no hay los recursos materiales, institucionales y profesionales necesarios para actuar por la erradicación de la violencia de género y la prevención de la violencia feminicida, aun a pesar de la existencia de un mecanismo expreso para ello llamado Alerta de Género (Castro y Rirquer, 2022; Figueroa y Sierra, 2019). No hay recursos para actuar a nivel local, pero sí hay colectivos comunitarios que trabajan por resarcir el tejido social y revertir los efectos negativos de la violencia patriarcal –militar, criminal y doméstica–. Las organizaciones de mujeres indígenas y los gobiernos comunitarios son los que dan la cara.

Para el caso canadiense, podríamos mencionar una ceguera similar. En el 2015 el gobierno liberal del primer ministro Justin Trudeau anunció un proceso nacional de investigación sobre la desaparición y el asesinato de mujeres indígenas en respuesta a más de quince años de trabajo activista por hacer público este problema. El llamado en inglés National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls (MMIWG Inquiry) fue anunciado como parte de un gran programa de gobierno por reconciliar a la sociedad canadiense con los efectos feminicidas/genocidas del colonialismo blanco/settler/ de ocupación^[19]. Sin embargo, el proceso de investigación estuvo planificado desde los escritorios de ministros en las capitales provinciales, con una limitada y desafortunada estrategia de acercamiento a los familiares de las víctimas, poca cobertura regional, y poco presupuesto para facilitar un proceso de apertura atenta y culturalmente apropiada a contextos y territorios^[20]. El trabajo emocional de la escucha –que Beverly Jacobs cuenta– no fue realizado con la debida paciencia y compromiso. Como resultado, el proceso tuvo muchas faltantes, disidencias y fallas. La investigación produjo un documento extenso y detallado que contiene más de noventa recomendaciones, de las cuales la mayoría están en espera de ser atendidas por la policía, el sistema de justicia y los gobiernos provinciales y federales (García de Moral et al., 2023).

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