Octavio Colombo^[1]

El objetivo de este trabajo es indagar en algunas de las características concretas que presentan las relaciones laborales agrarias en la Corona de Castilla entre finales de la Edad Media y principios de la Modernidad. Una forma de acceder a este tema es a través de las ordenanzas locales, que regulan (directa o indirectamente) diversos aspectos de estas relaciones contractuales; una selección de ellas constituye, por lo tanto, la fundamentación empírica de este trabajo. Su datación corresponde íntegramente a los siglos XV y XVI, con especial concentración en las décadas que rodean el cambio de una centuria a la otra. Si bien la utilización de documentación normativa implica un sesgo evidente para el estudio de las relaciones sociales, la información contenida en ella es insoslayable, y ha sido prolífica y provechosamente utilizada por la historia social.

El proceso de concentración de la propiedad y la consiguiente polarización social que se registran en el período ponen en un primer plano la importancia de los mecanismos destinados a movilizar a la mano de obra rural. Según Salomon, en las Relaciones Topográficas de Felipe II la mano de obra asalariada alcanza en promedio al 60 o 70 por ciento de la población rural^[2]. En efecto, la absorción de pequeñas parcelas por parte de los sectores acomodados da lugar a una estructura de medianas y grandes propiedades dispersas, aunque tampoco debe minimizarse el peso de las estrategias de concentración espacial de la tierra, que convierten a un propietario en único dueño de un lugar o poblado determinado. En este escenario, para poner en funcionamiento sus haciendas, los dueños de la tierra apelan básicamente a dos modalidades contractuales: la explotación indirecta mediante arrendamiento y la explotación directa mediante contratación de fuerza de trabajo. Las menciones a los “obreros que van a jornal” a realizar tareas agrícolas abundan en la documentación. Es también la forma privilegiada de contratación para la cría y el cuidado del ganado^[3]. En efecto, como señala Oliva Herrer para Becerril de Campos, el trabajo asalariado constituye una “relación productiva fundamental” para garantizar el rendimiento de las tierras de los sectores dominantes, lo que explica que el “control de la fuerza de trabajo” ocupe un lugar clave en dichas ordenanzas^[4]. La relación asalariada también puede ser más prolongada, por lo que la dependencia personal del obrero adquiere mayor visibilidad, tal como se trasluce en la disposición que establece que quienes tienen “en sus casas moços, o criados, o paniaguados, o por soldada, o por salario” les deben tomar juramento de que respetarán las ordenanzas^[5]. Otros concejos exhiben disposiciones más detalladas, como en el caso de la llamada “Ordenanza de la Obreriza” zamorana, en cuyo preámbulo se indica que “an menester muchos obreros e obreras e otros ofiҫiales para labrar sus heredades ҫercadas o viñas e otras cosas que an menester en sus faҫiendas”, por lo que es necesario establecer las condiciones contractuales generales del vínculo asalariado^[6].

Las distintas modalidades directas o indirectas de contratación de mano de obra no expresan necesariamente estrategias económicas divergentes, sino que se emparentan fuertemente entre sí y apuntan a resolver los problemas estructurales que surgen en torno del suministro y control de la fuerza de trabajo^[7]. Aunque no podemos desarrollar ahora este punto en extensión, indiquemos que la documentación muestra que los arrendatarios son esencialmente también una mano de obra dependiente pauperizada, sometida a la autoridad de los propietarios y sus mayordomos. Lo que los obliga a caer en esa dependencia que, si bien es económica y contractual, también tiene rasgos de sometimiento personal, es su empobrecimiento, fruto del proceso de concentración de la propiedad de la tierra. En Alba de Tormes se reconoce explícitamente en 1423 que los campesinos antes independientes se habían convertido en renteros a causa de su pobreza y no podían pagar las imposiciones^[8]; se dispone de hecho que los arrendatarios no paguen derechos por los bienes que reciben a renta (sean animales de labor o tierras) ya que no les pertenecen, sino solamente por “los esquilmos e frutos”, lo que puede entenderse como aquella parte de la producción que remunera su fuerza de trabajo^[9]. En caso de no renovar el contrato anual de ocupación de la parcela, los yugueros o renteros abulenses no solo deben desocupar la heredad, sino también devolver al propietario tanto los bueyes como los adelantos de dinero que hubieran recibido para poner en funcionamiento la producción, lo que indica que carecen de todo recurso que no sea su capacidad de trabajo, personal y familiar^[10]. Sabemos incluso que los arrendatarios solían recibir adelantado también el grano de la simiente^[11]. Un documento de Zamora, por último, denuncia que los aldeanos sin tierras “ronpian e aravan e labravan” los términos comunes y baldíos de los lugares donde vivían, con el consiguiente perjuicio de los herederos del lugar, ya que “por esta cavsa se yermavan las heredades estando vacas e non fallavan quien les diese por ellas renta”^[12]. Esto implica que la desposesión de la mano de obra y la monopolización del acceso a los recursos constituyen las condiciones de posibilidad de la relación de arrendamiento, todo lo cual la identifica con la relación asalariada clásica.

En el presente trabajo, entonces, analizaremos algunas estrategias de los propietarios que aparecen en las ordenanzas para constreñir a la mano de obra a entrar en relaciones de dependencia laboral en sus distintas modalidades.

Los casos que se acaban de reseñar revelan que, como era previsible, el acceso directo a los recursos reduce la oferta de mano de obra rural, sean jornaleros o renteros. La desposesión, sin embargo, no asegura en sí misma la reproducción de las relaciones de dependencia laboral. En efecto, a pesar de la existencia de un amplio sector campesino pauperizado, la documentación transmite una preocupación permanente por la escasez relativa de mano de obra; esto es, la falta de fuerza laboral accesible para los propietarios, en las condiciones en que estos consideran conveniente. En Toledo, por ejemplo, se denuncia que los aldeanos se mudan a la ciudad para no pagar imposiciones, para tener derecho a vender vino en el mercado urbano o para “andar holgazanes”, a causa de lo cual los vecinos “no encuentran quien les labre sus heredades por dinero en las aldeas”^[13]. Las ordenanzas, entonces, mandan expulsar a los migrantes recientes, obligándolos a volver a sus lugares de origen, con el objetivo de fijar a la mano de obra desposeída, combatir esas estrategias populares de subsistencia, e inducir por esta vía a los aldeanos al trabajo dependiente. En Alba de Tormes, la escasez de mano de obra hace subir el salario de los segadores, por lo que en 1428 se lo limita a dos fanegas por huebra, “e no más”^[14]. En Cuellar, para combatir la escasez de mano de obra se prohíbe el acceso al pinar en los momentos álgidos del calendario agrario, para no dejar más alternativa a los campesinos empobrecidos que el trabajo en panes y viñas, “donde podrían ganar los jornales de cada día”^[15]. En otras ocasiones, se debe restringir la expansión de cultivos comerciales dada la carencia de mano de obra y la suba de su precio^[16]; también se limita la cantidad de trabajadores que se pueden contratar, y quién puede hacerlo, para evitar una competencia desmedida entre los empleadores^[17].

Situaciones de este tipo muestran el carácter crónico de la escasez de obreros dispuestos de manera regular y disciplinada a ofrecer su trabajo. Las ordenanzas locales despliegan diversos dispositivos orientados a garantizar institucionalmente, por vía legal, el abastecimiento de mano de obra para los propietarios rurales, en las cantidades y a los precios necesarios para asegurar la rentabilidad de sus haciendas. La creación de una compulsión directa o indirecta al trabajo dependiente adquiere muy variadas formas. La normativa más evidente al respecto es aquella que impone la obligación de trabajar, so pena de cárcel, azotes o destierro para quien no tenga amo ni oficio^[18]. Esta suerte de trabajo asalariado forzado, como se lo ha llamado, revela la insuficiencia de la coacción económica como mecanismo que garantice la disposición a trabajar para otro. La prohibición de beber o jugar en las tabernas los días laborales expresa esa misma política represiva orientada hacia los espacios de sociabilidad popular, que atentan contra la regularidad y la disciplina requeridas por el trabajo asalariado^[19]. Otras formas de compulsión tal vez actuaran de un modo más indirecto: en Segovia, por ejemplo, se establece que los vecinos de la tierra “que no tienen bienes ni caudales” deben pechar hasta la edad de 50 años; más allá del interés fiscal que pudiera haber motivado su implementación, esta norma impone a todo desposeído la necesidad de ganar dinero para pagar^[20].

Más en general, las muy conocidas ordenanzas destinadas a impedir las pequeñas roturaciones campesinas en tierras comunales o baldías, a reprimir los hurtos e intromisiones en heredades ajenas, a limitar el alcance de ciertos usos colectivos, y a impedir el desarrollo de actividades autónomas de los desposeídos^[21], constituyen un abanico de normas que de hecho horadan los mecanismos de reproducción alternativa de los sectores empobrecidos, esto es, todas aquellas prácticas que les permitían asegurar su subsistencia al margen del trabajo dependiente. Tales normas, por lo tanto, aunque tuvieran como finalidad primordial o explícita la preservación de los comunales o la protección de las heredades privadas, de hecho, empujan a los campesinos desposeídos a entrar en relaciones de dependencia.

La disponibilidad de fuerza de trabajo para los herederos en los momentos críticos del calendario agrario se protege institucionalmente impidiendo a los jornaleros desplazarse en busca de mejores ingresos. En 1428, se prohíbe en Alba de Tormes la migración de la mano de obra mientras dure la vendimia, lo que se justifica “por quanto esta la tierra está muy pobre de jente”^[22]. La medida se acompaña con el establecimiento de un salario máximo. Lo mismo ocurre en Cuéllar, donde también se reconoce que los obreros van a segar panes y a trabajar en las viñas a otros lados^[23]. Resulta interesante constatar que, en estos casos, los jornaleros se benefician de un rudimentario mercado de trabajo, trasladándose en busca de condiciones laborales más favorables, mientras que son los propietarios quienes reclaman la anulación de esa libertad contractual y de movimiento^[24]. En definitiva, el dispositivo legal que aplica el concejo en este caso es idéntico al que utiliza para otras mercancías: se prohíbe la saca, en el entendimiento de que los bienes deben quedar disponibles para los consumidores locales. La diferencia, como es obvio, es que en este caso el bien en cuestión es la energía laboral de los asalariados y sus consumidores son los propietarios de la tierra, por lo que es claro a quiénes favorece tal política de abasto^[25].

El interés por garantizar cierto grado de cautividad de la mano de obra contratada queda expresado en una variedad de disposiciones. En Zamora, el obrero que acuerda de palabra emplearse con alguien y después se va a trabajar con otro, debe pagar al primero el doble del jornal y pasar dos días en la cárcel^[26]. La norma, que no contempla sanciones por un eventual incumplimiento análogo del empleador, apunta a reducir la inestabilidad de los compromisos laborales. La severidad de las penas está en proporción directa a la fragilidad de la relación de dependencia, a la necesidad de apuntalar la subordinación del obrero por medios institucionales. Retener a la fuerza de trabajo pasa a ser una necesidad de los propietarios: en Toledo, los asalariados que aceptan por su voluntad un contrato anual quedan obligados a servir otro año más por un salario equivalente^[27]. Por su parte, los renteros que quieran acceder a parcelas adicionales no pueden tomarlas de otro propietario, sino que están obligados a recibirlas del heredero para el cual trabajan^[28]. Esta suerte de derecho de prelación coercitivo que se sigue, sin solución de continuidad, de contratos laborales formalmente voluntarios, se expresa con toda crudeza en la ordenanza del concejo de Riaza que establece que nadie puede emplear a mozo que haya vivido a soldada con un amo, sin licencia de dicho amo, hasta pasados dos años^[29]. Esta norma anula de hecho la posibilidad del empleado de dar por terminada la relación laboral sin el acuerdo del empleador, aun cuando haya cumplido el plazo del contrato que lo comprometía. En todos estos ejemplos, se otorga al amo o señor (como lo suelen llamar las ordenanzas) un cierto derecho de propiedad sobre la mano de obra que se prolonga más allá del lapso y de los términos del contrato original.

La renovación del contrato anual de los renteros o yugueros abulenses está regulada por disposiciones de contenido similar. Según denuncian las ordenanzas, estos “maliçiosamente” esperaban a que se aproximara el tiempo de caducidad del contrato para anunciar que no querían renovarlo, “e el tienpo era ya tan corto quando ge lo dezían que [los propietarios] non podían fallar quién les toviere sus bueyes, e por esta razón les avían a confechar dándoles grandes ayudas”^[30]. Se establece entonces que el rentero deba avisar tres veces con suficiente antelación, en fechas determinadas, su intención de discontinuar la relación, de manera que el heredero busque un reemplazante; en caso contrario el arrendatario queda obligado a permanecer un año más en la parcela. De este modo, al mismo tiempo que se establece un principio de fijación o vinculación del rentero a la heredad, también se neutraliza su poder de negociación económica en el único momento en que tiene relevancia, esto es, cuando se produce la renovación anual del contrato. La limitación por diversos medios del derecho de los asalariados, sean jornaleros, mozos o renteros, de dar por terminado el vínculo laboral constituye un dispositivo institucional compulsivo orientado a fijar y retener a la mano de obra en beneficio de los propietarios.

Estas formas asalariadas que combinan elementos propios de la coacción directa e indirecta, legal y económica, en lugar de limitarse a la sustitución de una por otra, requieren un estudio detallado, dado que conforman una modalidad específica de explotación del trabajo, dominante en el período bajo medieval y temprano moderno. 

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