Visibilizar el problema
Las políticas represivas impulsadas y justificadas en nombre de la llamada “guerra contra las drogas”, que tienen al encarcelamiento como principal forma de respuesta, han mostrado su ineficacia y fracaso, no sólo porque no se ha logrado detener la oferta y demanda de sustancias sino también por las consecuencias directas que se le asocian, como el crecimiento de la violencia (Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, 2012).
Este tipo de accionar ha afectado desproporcionadamente a las mujeres, ya que intensifica las diversas formas de violencia a las que ellas son sometidas en una sociedad profundamente desigual, y sufren el impacto de estas políticas dentro de un contexto más amplio de desigualdad estructural.
Podemos decir, entonces, que la guerra contra las drogas se ha convertido en una guerra contra las mujeres, ya que es la principal causa de su encarcelamiento en los últimos años. Las mujeres, lejos de ser las protagonistas del tráfico, son las más vulnerables. Siendo responsables de ilícitos menores o sin haber cometido ninguno, permanecen en prisión sólo por ser pobres y no poder pagar una defensa justa. Y, además, cuando una de ellas es detenida, las redes de narcotráfico rápidamente buscan su reemplazo para seguir operando, con lo cual otra mujer es víctima de las circunstancias.
Un dato, a modo de ejemplo, muestra cómo enfrentar el crimen organizado con un encarcelamiento masivo no sólo no resuelve el problema, sino que además causa mucho daño: en América Latina, una tercera parte de las mujeres que son encarceladas pierden sus casas y sólo el 5% de sus niños puede permanecer en su hogar (JIFE, 2016). Es por esto que resulta vital comprender los eventos biográficos y afectaciones subjetivas de estas mujeres, cuáles fueron las circunstancias que las llevaron a ser captadas por las redes de narcotráfico.
Mi trabajo como psicóloga en un programa estatal territorial orientado al abordaje del consumo problemático de sustancias en contextos de pobreza en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), me llevó a interesarme en esta problemática. Pude comprender que hablar de consumo problemático de sustancias implica situar modos coexistentes de construir el problema droga y, en consecuencia, de comprender al usuario. Porque, como sabemos, actualmente existen paradigmas contrapuestos en constante tensión. Por un lado, el prohibicionismo y, por otro, un paradigma que aboga por el reconocimiento de derechos, ligado al modelo de reducción de daños. Estos dos modos de construir el problema definen también distintos modos de pensar al usuario de drogas: los que consumen sustancias legales, como alcohol, son aceptados socialmente y no así los que utilizan las ilegales. Es como si la característica de la sustancia se trasladara a la persona.
Así, surgieron en mí inquietudes e interrogantes por visibilizar la criminalización que recae sobre quienes consumen drogas, legales e ilegales, y la necesidad de conceptualizar el problema desde una perspectiva de género, así como de analizar los discursos que se construyen en torno a las drogas, las respuestas utilizadas frente a esos problemas, y los resultados que estas respuestas proporcionan.
Esto motivó la realización de la Maestría en Psicología Social Comunitaria de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, que tuvo como resultado la investigación volcada en la tesis “Afectaciones subjetivas de la criminalización en mujeres presas por delitos relacionados con drogas, desde una perspectiva de género”, origen de este texto. El estudio asumió una perspectiva psicosocial que incorpora la articulación de la subjetividad y lo social, permite la visibilización y la problematización de las situaciones de desigualdad, y propicia la generación de nuevas producciones de sentido. Al mismo tiempo, propone una “concepción vincular y política de los sujetos como agentes de transformación, entendiendo las prácticas sociales como estructurantes y la realidad, como dialéctica” (Sopransi y Pawlowicz, 2016: 17).
Teniendo en cuenta esto, y a partir de los relatos de Azul, Carla, Estela, Inés, Jimena, Karen, Lucía, Luz, Paula y Verónica, mujeres encarceladas por delitos relacionados con drogas, me propuse definir los eventos biográficos que constituyen puntos de viraje en las trayectorias de vida de mujeres en su misma situación: cómo llegaron a ser parte de las redes; qué funciones desempeñaron en la cadena de narcotráfico y cómo se relacionaba eso con su género; cuáles son las emociones, los conflictos, las tensiones y los posibles daños que expresan en relación a la respuesta carcelaria como modalidad punitiva hegemónica, la criminalidad femenina y la expectativa de su rol como mujeres; y cuáles son las dinámicas y los sesgos de género que existen en relación con el tipo de condena y los posibles atenuantes, como el tiempo de encarcelamiento.
La investigación fue considerada de relevancia por el hecho de vehiculizar las voces y los relatos de estas mujeres, que tradicionalmente no son escuchadas aun siendo las protagonistas de los hechos, y son quienes más tienen para aportar en la construcción de conocimiento sobre los temas que las involucran. También, porque se trató de visibilizar varios aspectos: la enorme complejidad del problema droga, las lógicas de poder que atraviesan los discursos sobre el crimen organizado y las sustancias legales e ilegales; el lugar que socialmente se le asigna a la cárcel; y, fundamentalmente, entender cómo los modos de socialización de género pueden resultar funcionales en el engranaje de todo este sistema.
Encarar el estudio desde la Psicología Social Comunitaria, que tiene como eje el pensamiento crítico, permite generar preguntas, visibilizar lo oculto, revisar las propias creencias, prejuicios, saberes, representaciones e implicaciones, así como ampliar la mirada individualista, superar la fragmentación de los problemas, la falta de sensibilidad social y los modelos asistencialistas (Montero, 2006). Desde este enfoque los sujetos son comprendidos como actores sociales capaces de transformar la realidad social, son quienes portan saberes y, por lo tanto, deben ser escuchados (Martín-Baró, 1986).
Esta perspectiva propicia la indagación sobre las problemáticas prioritarias y las paradojas del acceso a derechos de sectores excluidos, así como releva los aspectos de la cotidianeidad percibidos por los sujetos como insatisfactorios, problemáticos y limitantes. En este sentido, la intervención en Psicología Comunitaria es entendida como un modo de producir conocimiento en la acción reflexionada que incorpore actores comprometidos con esa transformación. Es decir, “es una praxis que se desenvuelve en lo ético y en lo político; que busca producir el fortalecimiento de todos los agentes participantes en ella” (Montero, 2006: 71).
Cabe señalar también que la complejidad del problema de estudio implica que para su comprensión sea necesario ampliar la mirada y tomar aportes desde otros enfoques, para no reducir el fenómeno a explicaciones monocausales. En este sentido, la articulación con el psicoanálisis permite abordar la singularidad de las historias y conocer los modos en que se conjugan aspectos intra e intersubjetivos en las trayectorias de vida de estas mujeres.
Asumir una perspectiva de género en la comprensión del problema en todas sus dimensiones obliga a reconocer la intrínseca desigualdad existente en las relaciones entre hombres y mujeres, y a buscar la explicación de esta desigualdad en las propias estructuras de poder de la sociedad. También es importante incluirla en el análisis de los delitos, las penas, los programas de capacitación y reinserción social que la cárcel ofrece.
Es necesario generar conocimiento y concientizar sobre la importancia de que se le dé prioridad a la formulación de una política en materia de drogas que corresponda a la especificidad de la mujer (Del Olmo, 1988). Esto, a su vez, cobra especial relevancia en un contexto en el que estas prácticas se articulan con una opinión pública y con medidas que promueven la privación de libertad generalizada como política de seguridad.
