La recomposición de la política
como horizonte histórico

Adrián Velázquez Ramírez^[1]

Introducción

Luego de 1983, la democracia se estableció como el único medio legítimo para resolver el antagonismo político. Este hecho marcó un punto de ruptura con un largo periodo en el cual los conflictos se dirimieron apelando a recursos ajenos a la institucionalidad democrática establecida por la Constitución. Fraudes electorales, golpes de Estado y proscripciones fueron mecanismos que sirvieron para excluir del juego político a muy variados actores. La retórica en turno se empeñó en cada caso en justificar el uso de estos recursos aduciendo a la necesidad de defender a la democracia de sus supuestos enemigos internos. Es necesario marcar que la legitimidad del estado de excepción que se buscaba instaurar era parte de cierta manera de entender la democracia y que, desde la óptica de los actores, no resultaba contradictoria con el empleo de este tipo de medios para defenderla. Esta concepción de la democracia fue decididamente liquidada luego de 1983. En gran medida, la estabilización del régimen democrático fue una conquista de la transición que tuvo como pivote la vinculación entre democracia y pluralismo político. Esta asociación tiene una genealogía histórica particular y su emergencia significó la recomposición de la relación entre medios y fines al interior de la democracia argentina. En el presente capítulo nos proponemos abordar esta cuestión.^[2]

Consideramos que la asociación entre democracia y pluralismo permitió establecer una dinámica política diferente a la que caracterizó el largo ciclo de inestabilidad que hemos mencionado. Para estudiar esta cuestión, mostraremos cómo la identificación del pluralismo como un valor central de la democracia llevó a las principales fuerzas políticas a replantear su práctica representativa. Posteriormente, nos preguntamos por la génesis histórica de este vínculo entre democracia y pluralismo en el contexto de la transición a la democracia en Argentina. A partir de ahí intentaremos precisar cómo el pluralismo se convirtió en un factor fundamental en la estabilidad democrática del orden político que surge en 1983. Por último, reflexionaremos sobre las consecuencias que estos cambios tuvieron en las formas de mirar el proceso de constitución de identidades políticas.

1. La democracia argentina y su torsión pluralista. De lo uno a lo múltiple

Uno de los ejes a través de los cuales se suele analizar la transición a la democracia en Argentina tiende a resaltar la centralidad que adquirió el concepto de democracia durante el periodo. Sin embargo, esta perspectiva dificulta advertir que la novedad no se encuentra tanto en el lugar que pasó a ocupar el concepto de democracia dentro el vocabulario político, sino en la semántica histórica que le da sentido y que, en efecto, marca una ruptura radical con el periodo anterior.^[3] Una rápida mirada retrospectiva nos revela que el concepto de democracia organizó la disputa política durante buena parte del siglo XX. En contraste con el siglo XIX en donde el concepto central fue el de república,^[4] las demandas de ampliación de la base electoral a comienzos del siglo XX (voto universal, secreto y obligatorio) replantearon los términos de la política y el concepto de democracia se convirtió en el factor que condensó una experiencia política diferente.^[5] Se trata, por lo tanto, de un concepto que ya era central antes de 1983 y que, como hemos señalado, no fue ajeno a la discursividad que acompañó a los distintos ensayos de interrupción del orden constitucional. En realidad, la innovación semántica del proceso transicional fue que la democracia se pensó como un espacio político plural en el cual convergían actores políticos con diferencias muy marcadas, pero con una misma legitimidad para participar en la dinámica representativa.^[6] Si hasta antes de 1983 la reivindicación del concepto de democracia admitió pedidos de exclusión de actores civiles, luego de esta fecha pasó a dar forma a una amplia demanda de participación, inclusión y reconocimiento mutuo dentro de una escena política común.

Esto no quiere decir que la semántica histórica que surge con la transición no haya dependido de una exclusión fundamental para estabilizarse. El clivaje dictadura/democracia fue fundamental para identificar a la “civilidad” como espacio plural y único actor del sistema político. En efecto, entre 1980 y 1983, la oposición entre civiles y militares se fue estableciendo como una demarcación que cargó de sentido al concepto de democracia (Velázquez, 2018). La efectividad del señalamiento de un supuesto pacto militar-sindical con el cual Alfonsín atacó al peronismo en la campaña electoral de 1983 no se explica sin la referencia a esta demarcación que se fue sedimentando durante los últimos años de la dictadura. En otros trabajos hemos destacado el proceso de reactivación partidaria que empezó con el dialogo político promovido por el gobierno de facto en 1979 y que llevó a la formación de la Multipartidaria en 1981. Este nucleamiento funcionó como un punto de encuentro y de reconocimiento recíproco entre las fuerzas políticas y puede verse como el embrión del futuro sistema de partidos que se establece luego de 1983. De esta manera, la exclusión del actor militar tuvo como efecto una reciudadanización de la política que supuso el fin del golpe de Estado como medio para acceder al poder. La aprobación en 1984 de la Ley de protección del orden constitucional y la vida democrática (Ley 23.077), que imponía penas más severas para quien atentara contra el orden constitucional, buscó formalizar esta exclusión que resultó fundamental para instituir un espacio democrático pluralista.

La recomposición del concepto de democracia que provocó la identificación del pluralismo como un valor fundamental de la vida pública tuvo importantes consecuencias para la autocomprensión de la política. El reconocimiento de la legitimidad de partidos que asumían su función representativa desde ópticas muy diversas dio forma a una escena política inédita. Con ello, el espectro representativo se percibió como una entidad mucho más amplia y compleja. Si durante el largo ciclo de inestabilidad, la exclusión de aquellos actores que eran considerados enemigos internos de la democracia fue posible debido a que otras fuerzas se ostentaban como representantes de la verdadera democracia, la consolidación del pluralismo como principio de convivencia dejó por fuera de la política esta opción. La democracia no pudo ser encarnada por ninguna fuerza política en particular y pasó a reconocerse como un medio para ordenar y dirimir la disputa por la representación política de una sociedad que era considerada esencialmente como plural.

Ante estas condiciones, el discurso representativo ya no pudo hablar de lo que suponía determinado: tuvo que tomar en cuenta múltiples posiciones y solicitar diversas anuencias. Los criterios de validez de la representación política a la vez que se multiplicaron se hicieron más difusos. En esta configuración, la relación entre representantes y representados demandó un trabajo político muy particular; se trató más de descifrar y dar forma a estados de ánimo cambiantes y volátiles que de expresar una voluntad política previamente constituida. Consideramos que este cambio en las coordenadas que organizan la disputa por la representación es un factor fundamental desde el cual el proceso transicional logró establecer un contrapunto con buena parte de la dinámica del siglo XX. Desde entonces, la política se constituyó como el signo mediante el cual se organiza una comunidad política plural que demanda ser representada desde muy diversos ángulos. En contraste con la matriz conceptual anterior, excluir a un actor político no pudo ser presentado como una defensa de la democracia, sino que inevitablemente fue percibida como la negación a un sector de esta sociedad de su derecho de ser políticamente representado. El pluralismo se convirtió así en un principio de legitimidad central para la estabilidad de las instituciones democráticas.

Durante la transición, estos cambios en la representación política se impusieron como un acontecimiento, y como tal, incluyeron una buena dosis de sorpresa. El peronismo llegó a los comicios de octubre de 1983 como la principal fuerza política del país bajo la creencia de ser imbatible en elecciones libres. La victoria de la UCR alfonsinista se debió en gran medida a que su candidato ofreció una mejor lectura de aquel momento al plantear como eje de su campaña una doble ruptura con el pasado (Aboy Carles, 2001). Alfonsín leyó aquella coyuntura no sólo como el fin de la última dictadura militar, sino como la oportunidad de dejar atrás el largo ciclo de inestabilidad política que inició en 1930 con el primer golpe de Estado. El trastocamiento que para el peronismo significó esa derrota fue tal que incluso llegó a cuestionarse si ese pueblo trabajador que decía representar aún existía y si no, en cambio, había desaparecido ante sus ojos como consecuencia del modelo económico impuesto por la dictadura militar.^[7] La sociología y la estadística fueron los saberes que se privilegiaron para intentar explicar lo que fue considerado como una repentina ausencia.

La hipótesis sociológica de la derrota fue compartida por diversos actores al interior del peronismo y rápidamente se convirtió en un sentido común. En el prólogo que Antonio Cafiero escribió para El voto peronista 83. Perfil electoral y causas de la derrota, trabajo en el cual Leticia Maronese, Ana Cafiero de Nazar y Victor Waisman intentaron resolver el enigma de la derrota electoral, este argumento aparece de la siguiente manera:

Los cambios operados en la estructura ocupacional del país, durante los años del Proceso Militar, echan luz sobre algunas de las causas profundas de la derrota. La pérdida de peso relativo de la ocupación en las industrias manufactureras y del auge del “cuentrapropismo” explican, probablemente, algunos cambios en las lealtades del electorado […] De ser todo esto así el triunfo del radicalismo sería el fruto de la retrogradación del desarrollo económico argentino. No sin razón pudo exclamar el ex Secretario de Hacienda del Proceso, Dr. Juan Alemann: “De nada, Dr. Alfonsín” al comentar los resultados del comicio (Cafiero en Maronese et al., 1985: 10).

El problema, sin embargo, no se ubicaba sólo en el registro de la estructura de clases, sino en el de transformaciones muy profundas en la manera de relacionarse con la política. La Renovación Peronista entendió esto y convirtió la relación entre la base del movimiento justicialista y sus dirigentes en el eje fundamental de su crítica interna. “Nunca más un dirigente sin territorio”, afirmaba De la Sota, enfatizando que la derrota del 83 había sido provocada por el hecho de que la cúpula del partido había dejado de interpretar a sus militantes. El término “democratización” fue empleado para dar sentido a una profunda reforma de la vida partidaria que fue identificada como el reinicio de una dinámica de movimiento; representar significaba cercanía, consulta con las bases, discusión pública y elección de portavoces partidarios por parte de la militancia. Desde la perspectiva renovadora, el triunfo de Alfonsín era producto de varios factores pero que redundaban en un déficit de representación al interior del movimiento peronista. Lo interesante es que esta falta de representación era entendida como incapacidad de ofrecer una narrativa acorde a los tiempos históricos que se vivían. Sin esta narrativa, el vínculo entre los militantes y los dirigentes peronistas se daba en un vacío que había ocupado el radicalismo de Alfonsín: “En el 83 no fuimos capaces de generar una idea-fuerza […] nos faltó proyecto, imaginación, audacia, tal vez un rayo de utopía en la formulación de nuestra propuesta” (Cafiero en Maronese et al., 1985: 10).

Si combinamos ambas hipótesis con las cuales la Renovación Peronista buscó explicar la derrota electoral de su partido, podemos reconstruir el siguiente cuadro de situación: ante la pérdida de referentes objetivos como la pertenencia de clase, se impone la necesidad de establecer nuevos medios de generación del vínculo político. La supuesta crisis del objeto de referencia (el pueblo trabajador) encuentra su solución enfatizando el carácter figurativo de la representación política. Se trataba más de convocar adhesiones a partir de la exposición pública de narrativas (las ideas fuerzas a las que se refería Cafiero) que de representar a un sujeto con intereses determinados objetivamente.

Ante esa forma de entender la representación política, la tradición partidaria desde la cual hablaba la Renovación siguió ofreciendo los criterios por los cuales esta corriente buscó sustentar el sesgo particular que identificaba su propuesta. Tal vez el ejemplo más claro de esto fue cómo la Renovación hipostasiaba en la idea de “comunidad organizada” los nuevos criterios de legitimidad de la democracia argentina. La Renovación volvía sobre esta idea que Perón presentó en el Congreso de Filosofía de Mendoza en 1949, sólo que ahora se trataba de la comunidad pluralmente organizada. El énfasis pluralista que la Renovación daba a esta idea terminaba por otorgarle un sentido muy diferente a su formulación originaria del 49. Si bien todos los intereses, sectores o demandas que conforman la sociedad debían tener una representación particular que los exprese y que los haga políticamente relevantes, su carácter pluralista significaba que éstos no podían ser subsumidos en una representación mayor. En la versión que daban los renovadores, el hecho de que las partes mantuvieran cierta autonomía aseguraba una mayor representatividad al interior del movimiento nacional, pues es la condición que permitía establecer una comunicación entre los territorios o sectores sociales organizados y la dirigencia. La sociedad era imaginada a la manera de una federación de representaciones insulares que mantenían entre ellas una relación política de discusión, debate y compromiso. Se trataba de generar un espacio para el encuentro de las diferencias. La relectura de la propia tradición emprendida por la Renovación despojaba a esta idea de sus connotaciones organicistas originales y la volvía la base para repensar la dinámica interior al movimiento desde una perspectiva acorde con el pluralismo democrático post 1983.^[8] Con este gesto la Renovación buscó presentarse como la mejor opción política al mostrar cómo su propia tradición partidaria le ofrecía elementos para darle coherencia y unidad a esa heterogeneidad de puntos de vista que conformaban el objeto a representar.

En contraste con la perspectiva renovadora y muy a tono con la teoría política del momento, Alfonsín optaba por destacar el carácter deliberativo de la democracia como medio para organizar políticamente esta pluralidad.^[9] Desde esta postura, la institucionalización de una dinámica deliberativa tenía como precondición necesaria la existencia de una esfera pública autónoma en la cual los intereses particulares o sectoriales encontraran una mediación que permitiera recuperarlos representativamente. Con esta concepción el alfonsinismo se situaba en las antípodas de su contraparte peronista. La centralidad que tuvo la crítica al corporativismo dentro del discurso del primer gobierno de la posdictadura tiene sus raíces en esta forma de entender la relación entre democracia y pluralismo. En efecto, para el gobierno de Alfonsín la crítica al corporativismo atribuía a la posesión privada del aparato estatal el ser el factor desencadenante de la inestabilidad política. Bajo esta categoría elástica podían caer tanto la Iglesia como las Fuerzas Armadas, los grupos financieros, el sindicalismo y hasta los grupos armados de izquierda. La idea central era que había que liberar al Estado de las distorsiones que generaba el hecho de que en su interior se encontraran representados intereses particulares.

Las oligarquías tienden siempre a pensar que los dueños de las empresas o del dinero tienen que ser los dueños del Estado. Ya vimos eso una vez más en los últimos años. Otros, a su vez, piensan que el Estado debe ser el dueño de todas las empresas. Nosotros creemos que el Estado debe ser independiente: ni propiedad de los ricos, ni propietario único de los mecanismos de producción. La independencia del Estado presupone dos condiciones fundamentales. Por un lado, el protagonismo popular. ¿De dónde sacaría, si no, fuerzas el Estado para mantener su independencia? (Alfonsín, discurso ante la Asamblea Legislativa, 10 de diciembre de 1983).

De esta manera y en el marco de un proceso deliberativo en el que participan los actores de la sociedad civil, el Estado debía asegurar el margen necesario para optar y decidir por la representación del interés general. Desde esta perspectiva, para que existiera verdaderamente deliberación había que instituir un espacio público autónomo que sirviera como mediación entre el Estado y las demandas particulares de la sociedad civil. Esta interpretación le dio al primer gobierno posdictadura un sesgo reformador, pues se trataba de reorganizar las relaciones entre el Estado, la economía y la sociedad. En el marco del conflicto por la Ley de Reordenamiento Sindical que enfrentó al oficialismo con el sindicalismo, esta concepción no podía sino ser considerada y leída por el peronismo como excesivamente liberal. Se trataba, en efecto, de dos formas radicalmente diferentes de entender cómo se debía organizar políticamente una sociedad plural.

Los nuevos saberes técnicos que comenzaron a circular en la arena política electoral luego de 1983 nos ofrecen otra ventana a los esfuerzos puestos en adaptarse a un espacio político pluralista que había vuelto mucho más difusos los criterios de intervención política (Vommaro, 2006). Las encuestas electorales, los sondeos de opinión y el marketing político adquirieron una relevancia que antes no tenían pues prometían darle cierta inteligibilidad a ese objeto a representar que de pronto se había vuelto esquivo. La ficción de un instrumental técnico capaz de dar cuenta de manera objetiva de esos estados de ánimo tan volátiles ofreció una ficción tranquilizadora en un contexto en el cual la indeterminación democrática se percibía como una amenaza a las certezas que animaron a las identidades partidarias durante un largo tiempo.

En suma, el hecho de que el vínculo entre democracia y pluralismo se impusiera como un criterio de legitimidad para todas las fuerzas políticas no debe ocultar el hecho de que hubo diferentes proyectos que se disputaron la forma de organizar esta pluralidad. Por el contrario, esto fue uno de los objetos en disputa política durante la transición. Tanto el radicalismo como el peronismo echaron mano de sus respectivas tradiciones partidarias para afrontar lo que percibieron e interpretaron como un cambio en la estructura de la representación política. Como veremos un poco más adelante, la reivindicación y consolidación del pluralismo como parte del lenguaje político democrático tampoco debe llevarnos a pensar en una automoderación de la práctica representativa de los partidos políticos. La persistencia de rasgos hegemonistas siguió ofreciendo importantes criterios para la construcción de la legitimidad del radicalismo y el peronismo. Por el contrario, es sólo en la medida en que la idea de una sociedad pluralista se eleva como mito de la democracia argentina que el lenguaje político que surge en la transición logra articular en un mismo corpus la pretensión hegemónica y su contestación contrahegemónica. Es en torno a la articulación de estas dos tendencias divergentes en el concepto de democracia que se establece una particular dinámica política. La especificación de esta dinámica política es lo que nos interesa abordar en las páginas siguientes.

2. El pluralismo como crítica a la violencia política precedente

Para entender el proceso mediante el cual se consolidó el pluralismo como criterio de legitimidad de la democracia argentina es preciso entender las condiciones en las que se integró al vocabulario político. Desde nuestra perspectiva de trabajo consideramos que el pluralismo, lejos de ser un valor abstracto, debe verse en conjunción con la red semántica que le dio un particular sentido. En la medida en que alrededor de este principio se estableció una ruptura con la concepción de la democracia precedente, pensamos oportuno restituir el lugar que ocupó el pluralismo como parte de la crítica al pasado reciente. En particular, su función como alteridad de un pasado caracterizado por la violencia política.^[10] Esta cuestión también nos ayudará a precisar en qué medida la idea de estabilidad introdujo una particular temporalidad política que será fundamental en la dinámica que adquirió la democracia argentina luego de la transición.

En un interesante artículo, Marina Franco (2014) propone repensar el lugar que ocupó la “teoría de los dos demonios” en el discurso del primer gobierno de la posdictadura. Para ello identifica su uso en dos niveles discursivos diferentes. En el primero de ellos, la equivalencia entre la violencia de las organizaciones armadas de izquierda y el aparato represivo del Estado estuvo tensionada por la centralidad que tuvo el problema de los desaparecidos en el discurso oficial. En efecto, en este nivel la equiparación se ve interrumpida por el tratamiento diferente que ambas violencias recibieron en la política de revisión del pasado que impulsó el gobierno de Alfonsín.^[11] La construcción discursiva del desaparecido como víctima de la represión mostraba los crímenes de Estado como algo cualitativamente diferente a aquellos cometidos por las organizaciones armadas de izquierda. Franco señala con acierto que, aun con este desequilibrio, el alfonsinismo no fue capaz de generar nuevas interpretaciones sobre los setenta que rompieran o por lo menos cuestionaran el esquema binario con el cual se buscó explicar la violencia política.

Es en el segundo nivel de discurso donde la equivalencia entre las dos violencias funciona en perfecta simetría. La equiparación de los dos demonios (violencia estatal y organizaciones armadas de izquierda) resultó altamente efectiva cuando el gobierno radical buscó establecer una posición de alteridad respecto al pasado reciente. En el discurso alfonsinista, la referencia a los dos demonios favoreció la construcción de una legitimidad democrática como el exacto opuesto de la experiencia de los setenta, así como de la dictadura militar. Consideramos que en este registro la cuestión del pluralismo fue decisiva para establecer una crítica de aquel pasado reciente.

Para Alfonsín, la reivindicación del pluralismo como un valor intrínseco a la democracia y la exclusión de la violencia como medio para dirimir conflictos no eran sino la misma cosa. En efecto, este tópico organizó el discurso de Alfonsín ya desde la campaña electoral y fue una de las banderas de su gobierno. En las palabras que el flamante presidente dirigió al Congreso el día de su asunción esta cuestión aparece articulada de la siguiente manera:

[…] debe tenerse en cuenta que la Constitución y las leyes son subvertidas, también, por minorías armadas, que reemplazan la ley por las balas, tanto a través del guerrillerismo, como a través del golpismo. Por eso, señalamos categóricamente que combatimos el método violento de las élites, derechistas o izquierdistas […]

El método violento de las élites de derecha o de izquierda se justifica a sí mismo con el triunfo definitivo y final, absoluto, de una ideología sobre otra y de una clase sobre otra. La democracia aspira a la coexistencia de las diversas clases y actores sociales, de las diversas ideologías y de diferentes concepciones de la vida. Es pluralista, lo que presupone la aceptación de un sistema que deja cierto espacio a cada uno de los factores y hace posible así la renovación de los partidos y la transformación progresiva de la sociedad (Alfonsín, discurso ante la Asamblea Legislativa, 10 de diciembre de 1983).

La argumentación de Alfonsín condensa una serie de equivalencias y diferencias que es necesario precisar. En primer lugar, vemos funcionar la metáfora de los dos demonios en tanto muestra que la democracia antagoniza tanto con la violencia de las organizaciones armadas de izquierda como con aquella de las Fuerzas Armadas. Para situar esta oposición en un mismo plano, Alfonsín señala que ambas violencias son generadas por distintos tipos de élites. En efecto, en el discurso alfonsinista, la referencia a los dos demonios era parte de la crítica al corporativismo a la que hemos referido más arriba. Desde este punto de vista, la crisis de violencia política formaba parte de una perversión en la cual dos tipos diferentes de minorías habían querido imponer su ley al conjunto de la población. Por contraste, la democracia con sus instituciones formales debía funcionar como una alternativa a la violencia política, en tanto permiten la expresión pacífica de una pluralidad de actores que dirimen sus diferencias de manera pública. De ahí la importancia del aspecto formal de la democracia, pues

el voto es la vía elegida en contra de la posesión monopólica del Estado y del país por parte de los poderes económicos o financieros y también en contra de la posesión monopólica del Estado y del país por un grupo armado, cualquiera sea la excusa con que se apodere de los resortes básicos de una comunidad (Alfonsín, discurso ante la Asamblea Legislativa, 10 de diciembre de 1983).

Situando los “dos demonios” del otro lado de la frontera, la democracia aparece como un valor primigenio debido a que es la única forma de organización que aspira a realizar un dato fundamental de la vida pública: la pluralidad de concepciones e ideologías de los grupos que la componen. El pluralismo no es así un simple dato del sistema político, sino una cualidad de la sociedad de la cual se deriva la legitimidad de la democracia como modo de organización colectiva.

Ahora bien, la relación entre pluralismo y democracia supone una temporalidad radicalmente diferente a la que Alfonsín adjudica a ambas violencias. Mientras que la aniquilación física del adversario supone la convicción de una victoria vinal, el pluralismo y la imposibilidad de remover permanentemente al adversario mantiene el antagonismo político abierto. Es precisamente esta imposibilidad de cierre el dato que le permite a Alfonsín identificar a la democracia con una transformación progresiva de la sociedad. Desde esta perspectiva, con el pluralismo a resguardo la democracia debería entrar en un proceso de extensión y de expansión. De extensión en el tiempo debido a que obtiene una estabilidad que es causa y consecuencia de que ninguna de las fuerzas obtenga una victoria definitiva sobre el resto. Y de expansión porque al conseguir esta estabilidad (como duración en el tiempo), las fronteras de lo que entra en el juego político democrático se deberían ir ampliando de forma progresiva. Desde esta postura, la democracia estabilizada por el mantenimiento del pluralismo deviene necesariamente en democratización de la sociedad. Estamos aquí ante un núcleo fundamental del discurso alfonsinista y es el que relaciona estabilidad democrática con progreso social.

Reconstruyendo esta serie de equivalencias y diferencias tal como aparecen en el discurso de Alfonsín, podemos apreciar cómo el pluralismo era presentado como principio de legitimidad de las instituciones democráticas y como factor de estabilidad de éstas. La estabilización de la democracia dependía del surgimiento de una escena política que excluía la posibilidad de que una de las partes obtuviera una victoria definitiva sobre el resto. Esto nos enfrenta con una aparente paradoja: la estabilidad no sería sino la superficie de una dinámica que no tiene fin. La permanencia de la democracia en el tiempo sólo puede ser el resultado de su constante movimiento. Este núcleo aporético que vincula estabilidad y movimiento no sólo constituye un rasgo del discurso alfonsinista, sino que en gran medida expresa una de las características que adquirió la democracia argentina luego de 1983. A continuación, veremos cómo la idea de pluralismo se convirtió en un factor de movimiento de la democracia en el contexto de las elecciones legislativas de 1985.

3. La persistencia hegemónica y el mito del pluralismo en uso

Hasta ahora hemos afirmado que la valoración del pluralismo como principio rector de la vida pública llevó a las dos principales fuerzas políticas a reinterpretar su práctica representativa con el objetivo de adaptarse a lo que consideraron un cambio en las condiciones del espacio político. En el contexto de la transición a la democracia, ambas fuerzas intentaron diferenciarse proponiendo distintos proyectos respecto a cómo debía organizarse políticamente este pluralismo que fue ubicado como dato de lo social.^[12] En este sentido y como hemos afirmado, el consenso pluralista no debe oscurecer el hecho de que el radicalismo y el peronismo imaginaron su práctica política desde tradiciones partidarias muy diferentes y hasta antagonistas. También hemos señalado que, de ninguna manera, la asimilación del pluralismo como parte del vocabulario normativo democrático se tradujo en una automoderación por parte de los partidos políticos en su búsqueda por representar la mayor cantidad de voluntades posibles.

En efecto, si lo que nos interesa explicar es cómo en torno al consenso pluralista se logró establecer una dinámica política que permitió sostener en el tiempo la estabilidad democrática, no podemos conformarnos con afirmar que las fuerzas políticas abandonaron por su propia voluntad la pretensión de representar a la totalidad del cuerpo político. Lo que hemos visto hasta aquí sólo nos indica la manera en que el radicalismo y el peronismo intentaron reorientar su práctica representativa para intervenir en lo que identificaron como un espacio social formado por una heterogeneidad de puntos de vista, intereses y orientaciones que era necesario representar y darle algún tipo de unidad que coincidía con la propia identidad partidaria. Nada en esa secuencia puede llevarnos a pensar en algo así como una automoderación de los partidos. El objetivo siguió siendo conseguir la mayor cantidad posible de adhesiones sin que existiera ningún tipo de límite interno. Afirmar lo contrario sería confiar demasiado en la capacidad de los partidos políticos de ir en contra de su propia naturaleza. En última instancia, la finalidad de todo partido es convertirse en la correa de transmisión de una decisión vinculante que convierte esa pluralidad social en pura equivalencia.^[13]

Es cierto que durante la transición este consenso pluralista estuvo acompañado de la aceptación de las reglas del juego democrático como único marco para dirimir la diputa por la representación. Éste es un condicionante importante pero insuficiente para explicar la dinámica política que nos interesa. En las democracias representativas, el equilibrio de poderes, así como los arreglos institucionales destinados a fragmentar el monopolio de la decisión política se encuentran siempre en una tensa relación frente al potencial surgimiento de una mayoría capaz de decidir por sí misma el contenido de las decisiones estatales.^[14] Por nuestra parte, lo que nos interesa es establecer cómo el lenguaje político que surge en la transición a la democracia se convirtió en un factor de estabilidad al reproducir una dinámica política que, como hemos dicho, se caracteriza por que el juego político permanece siempre abierto.

Para mostrar este punto es conveniente analizar la coyuntura de las elecciones legislativas de 1985. Estos comicios de medio término fueron los primeros de esta índole en realizarse en el país desde 1965. Dentro de este marco, la expectativa era ver el perfil que iba adquiriendo el sistema político post 1983. Había pocas dudas sobre al papel predominante del radicalismo, pues el peronismo acudió dividido entre un frente conformado por la estructura partidaria oficial y otro liderado por la Renovación Peronista, cuya lista fue encabezada por Cafiero.^[15] Las incógnitas se referían a si la relación de fuerzas resultante podría leerse como una tendencia que llevaría a la democracia argentina a un sistema político de partido dominante con el radicalismo a la cabeza o si, en cambio, el peronismo podía remontar su prolongada crisis interna y apuntalar un bipartidismo en el cual las dos fuerzas mayoritarias estuvieran obligadas a negociar entre sí. Recordemos que en 1985 el radicalismo alfonsinista vivía un momento climático. El entusiasmo generado en los dos primeros años de gobierno llevó a sectores afines al oficialismo a proclamar el inicio de un tercer movimiento histórico continuador de la gesta de Yrigoyen y Perón. Si bien es cierto que Alfonsín se cuidó de no utilizar esta fórmula para referirse a su gobierno, tampoco fue ajeno a las pretensiones hegemonistas que la animaban. Más aún, es probable que la considerara una descripción bastante acertada de su proyecto. No hay que perder de vista que el propio Alfonsín pensaba su intervención política en términos de un movimiento de carácter nacional que identificaba a la democracia con el bienestar de las mayorías populares (Velázquez, 2015). Para Alfonsín, la figura partidaria a reivindicar era precisamente Yrigoyen. De ahí que no le resultara del todo extraña su adscripción a esta supuesta tradición que conectaría internamente a Yrigoyen con Perón, y a ambos con una tendencia histórica que identificaba a la democracia con las mayorías populares.^[16]

Para Alfonsín, la matriz movimientista con la que interpretaba su intervención política, lejos de ser incompatible con la reivindicación del pluralismo, era la propia condición de su realización. En el discurso alfonsinista esta relación se justificaba articulando dos aspectos diferentes. En primer lugar, Alfonsín enfatizaba el carácter excepcional y transitorio del momento histórico iniciado en 1983. Desde este punto de vista, la incertidumbre abierta por el proceso transicional demandaba un proyecto político cuyo objetivo era reformar la sociedad como un todo. La transición no era sólo la recuperación del sistema político democrático, sino la posibilidad de recomponer las relaciones entre Estado, economía y sociedad. Es en este sentido que, como hemos afirmado, el proyecto transicional del primer gobierno de la posdictadura adquirió un claro talante reformista: lo que estaba en juego era la propia organización política de la sociedad. En segundo lugar, dentro de este momento excepcional, Alfonsín fundamentaba el papel hegemónico del radicalismo a partir de una reconstrucción de la genealogía partidaria en la cual su partido aparecía como una fuerza política naturalmente comprometida con la consolidación de la democracia. La conclusión lógica a la que conducía la combinación de estos dos aspectos en el discurso alfonsinista es que, en el marco de la transición democrática, el radicalismo (y, por lo tanto, la propia figura de Alfonsín) era el único partido que podía cumplir el objetivo histórico de consolidar una “democracia para todos los tiempos”. En otras palabras, la futura consolidación del pluralismo estaba supeditada a la conducción del radicalismo. El resto de las fuerzas políticas, en particular el peronismo, eran situadas en una hipotética sala de espera mientras el radicalismo se encargaba de regenerar el espacio político democrático. Esta aparente paradoja del discurso alfonsinista en la cual coincidían el llamamiento a establecer una democracia plural con la virtual exclusión del resto de las fuerzas políticas fue percibida e identificada por el conjunto del arco opositor que no dudó en señalar que el primer gobierno de la posdictadura faltaba a las premisas de su propio discurso.

Dentro de este marco, mientras que el oficialismo planteó los comicios de 1985 como un plebiscito a favor de un gobierno que se identificaba a sí mismo como la única garantía de la estabilidad democrática, el resto de los partidos se aprestaron a solicitar el voto como un reaseguro del consenso pluralista frente a las pretensiones hegemónicas del radicalismo. De esta manera, la campaña de la Unión del Centro Democrático (UCD) remarcó que el alfonsinismo iba en contra de este consenso pluralista que afirmaba estar defendiendo. Su candidata María Julia Alsogaray llegó a declarar que

la UCR fomenta el autoritarismo […] uno de los secretos de la democracia sólida no es el autoritarismo sino la jerarquía del Parlamento, o sea el poder del pueblo […] No obstante la campaña radical va contra el progreso, contra la historia, porque tiende a reactualizar el concepto de autoritarismo (La Nación, 15 de octubre de 1985).

En este mismo sentido, en uno de los afiches publicitarios de la UCD se podía leer: “Un gobierno sin una oposición parlamentaria seria correr el riesgo de volverse totalitario”. La estrategia electoral de la Renovación también usó un argumento similar. El presidente del bloque del peronismo renovador en la Cámara de Diputados, José Luis Manzano, declaró que “[en] la idea de atomizar a la oposición para llegar a un partido único, como el PRI mexicano […] hay un pensamiento de raíz totalitaria” (La Nación, 3 de octubre de 1985). Los términos, de una dureza y dramatismo que tal vez con la distancia temporal que nos separa de aquel momento nos parezcan un tanto desproporcionados, dan cuenta de la maleabilidad de la nueva terminología política que se iba consolidando al calor de la lucha política y que tenía como objetivo representar de manera más fidedigna una aludida ruptura fundacional ubicada en 1983 y que tenía en el pluralismo una de sus marcas distintivas.

Luego de conocerse los resultados electorales de aquellos comicios, el propio Cafiero remarcó la importancia del resultado conseguido por su fuerza en la provincia de Buenos Aires al presentarlo como un coto a las pretensiones hegemónicas del radicalismo. Para Cafiero, en aquellas elecciones estuvo en juego la supervivencia del peronismo como una identidad política particular. Hay que recordar que las elecciones en la provincia de Buenos Aires resultaron definitivas para dirimir la extendida interna del justicialismo luego de su derrota en octubre de 1983. Si bien el porcentaje de votos conseguidos por el frente encabezado por la Renovación (26%) estuvo muy lejos del de su contraparte radical (41%), terminó por resolver la interna abierta con la estructura oficial del peronismo que se tuvo que conformar con un magro 9%. De esta manera, para Cafiero:

Si el 3 de noviembre nosotros no irrumpíamos, como lo hicimos, en la provincia de Buenos Aires, el peronismo era hoy una fuerza política en dispersión. Se hubiera fundado el tercer movimiento histórico y hubiera habido que poner una alambrada de púas, para que los peronistas no saltaran hacia un radicalismo que les ofrecía un movimiento de hombres deseosos de libertad y democracia (Cafiero et al., 1986: 120).

La victoria de la Renovación sobre su contraparte en la interna peronista era presentada al mismo tiempo como una democratización del movimiento justicialista y un paso necesario hacia la consolidación del pluralismo democrático en la medida que se le había hecho frente al hegemonismo radical.

Una vez que la Renovación se consolidó como la alternativa dentro de su partido, su oposición al gobierno de Alfonsín se enfocó en desmontar la identificación del radicalismo con la transición a la democracia mostrando, precisamente, cómo las pretensiones hegemónicas del alfonsinismo resultaban incompatibles con el consenso pluralista.^[17] La estrategia era presentar su propio proyecto como el mejor reaseguro de la estabilidad democrática. Bajo este registro, otro argumento frecuentemente esgrimido por la Renovación señalaba que la partición del espacio político en dos bandos, en la cual el radicalismo se situaba como el único partido democrático, reeditaba un esquema binario que era señalado como parte del largo ciclo de inestabilidad que se quería dejar atrás. Fue desde esta crítica que la Renovación ─y gran parte del arco opositor─ interpretó la convocatoria a una convergencia democrática que Alfonsín ensayó en su célebre discurso de Parque Norte. En relación con el llamado a modernizar la cultura política argentina lanzado por Alfonsín en aquel discurso, De la Sota afirmó lo siguiente:

El radicalismo ha hecho que esta democracia, en los dos años transcurridos, sea el escenario teatral de una pelea fraudulenta entre réprobos y elegidos, entre buenos y malos, entre gobierno y oposición. Esto de que la síntesis del país es la lucha entre los democráticos y los autoritarios, es negar la historia de la emancipación nacional. Y es, al mismo tiempo, no saber dar respuesta a las contradicciones que en serio tiene la Argentina […] Primero fue la pelea entre los democráticos y los corporativos; después fue la acusación a la derecha por la desestabilización, luego fue a la izquierda; y, ahora, el Presidente inauguró una nueva división: los modernos y responsables ─que son ellos─, y los antiguos e irresponsables, que son los políticos y los dirigentes opositores. En este marco no es posible encontrar puntos de coincidencia (De la Sota en Cafiero et al., 1986: 91).

En suma, durante las elecciones legislativas de 1985 podemos ver cómo alrededor de los términos del vocabulario político que dieron forma y sentido a la transición se empezó a generar una dinámica capaz de generar y producir las propias condiciones de funcionamiento del orden democrático. El mito de la sociedad pluralista como trasfondo de la democracia de partidos se instala como una referencia en torno a la cual se establece un freno a la persistencia hegemonista que siguió siendo el criterio a partir del cual las principales fuerzas partidarias de la Argentina concibieron su práctica representativa. De esta manera, el lenguaje político que surge en la transición logra articular en un mismo corpus tendencias aparentemente contradictorias. Lo interesante, sin embargo, no es la aparente contradicción que se establece en el encuentro de ambos aspectos dentro de una misma gramática, sino en el hecho de que en torno a su compleja complementariedad se establece un delicado punto de balance que tiende a regular la dinámica política. La identificación del pluralismo como un rasgo esencial de la convivencia democrática permite que un contraargumento a estas pretensiones hegemónicas se encuentre siempre a disponibilidad y pueda ser retomado por las fuerzas políticas que se perciben en desventaja frente a otra. El anudamiento de ambas tendencias al interior de un concepto de democracia resemantizado constituye una de las principales características de la transición a la democracia en tanto lenguaje político.

Conclusiones: el consenso pluralista como relanzamiento de la historia política

La identificación del pluralismo como un rasgo mítico de la sociedad argentina le dio a democracia post 1983 una legitimidad renovada. Las instituciones democráticas fueron concebidas como el reaseguro de la convivencia entre múltiples identidades políticas que reivindicaban para sí el derecho a representar múltiples sectores e intereses. La democracia se convirtió en el nombre que contenía y daba forma a un juego político capaz de reproducir sus propias condiciones de estabilidad. La inscripción en un mismo lenguaje de la pretensión hegemonista y su contestación se convirtió en el balancín en torno al cual se logró un delicado equilibrio. Consideramos que fue desde este punto de llegada que el consenso pluralista de 1983 se erigió como el atalaya desde el cual se le plantearon nuevas preguntas a la historia política del país.

En efecto, al asumirse como una ruptura con el pasado, la transición a la democracia demandó con particular intensidad una relectura de la historia con la finalidad de proyectar hacia el futuro una promesa de estabilidad que en aquel momento estaba lejos de vislumbrarse como un destino de fácil arribo. La hipótesis para este relanzamiento admitía que, si el secreto de la estabilidad democrática radicaba en el pluralismo, los factores que animaron el largo ciclo de estabilidad debían de buscarse en formas perniciosas de tramitar las diferencias entre identidades políticas.

De esta manera la identificación entre pluralismo y democracia permitió establecer un contrapunto entre la transición y el largo ciclo de inestabilidad política precedente. La pregunta respecto a cómo se han tramitado las diferencias en el pasado fue una de las formas en las que este contraste adquirió inteligibilidad. Se trataba, en efecto, de volver a la historia política para revisar cómo experiencias no pluralistas procesaron su heterogeneidad constitutiva ¿De qué manera la constitución de identidades políticas en el pasado estuvo ligada a formas específicas de tramitar la diferencia? ¿En qué medida estas formas de tramitar las diferencias colaboraron con el ciclo de inestabilidad? ¿Cuál es el impacto que han tenido en la conformación del régimen político? ¿Cuál ha sido la lógica en torno a la cual se ha construido la adversidad política en estas experiencias? Lejos está en el espíritu de estas preguntas proyectar el consenso pluralista de 1983 hacia atrás. Por el contrario, el consenso pluralista de los ochenta hizo inteligible la radical alteridad de un pasado que es situado como una historia previa a la consolidación del vínculo entre democracia y pluralismo.

En síntesis, lo que nos interesa poner de relieve en estas conclusiones es que la transición a la democracia ha hecho emerger un determinado horizonte problemático que nos obliga a repensar el juego político que define la democracia representativa. Consideramos que éste es precisamente el objeto mismo de la perspectiva centrada en las identidades políticas. El propio concepto de identidades políticas, común a varios de los trabajos aquí reunidos, es un indicador de la compleja reelaboración de la política a la que empujó el hecho de que el pluralismo se identificara como parte ineludible de la condición democrática. Se trata, en efecto, de un enfoque que parte de reconocer el papel de la política moderna en general y de la representación política en particular, de generar lazos gregarios de acción cuya inestable unidad se encuentra determinada por la posibilidad de diferenciarse de otras identidades ubicándolas así en un irreductible plano relacional. Con la transición a la democracia como trasfondo necesario, esta perspectiva ha asumido un riesgoso trabajo que opera sobre las tensiones y aporías que entraña la democracia representativa. Es a partir de ahí que se han podido revisitar distintos momentos de la historia política argentina, llevando hacia el pasado las preguntas que permitan proyectar un futuro democrático, que todavía hoy, a más de cuarenta años de la transición, nos sigue interpelando.

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