El concepto de autogestión constituye el que de manera más efectiva y amplia aborda la forma en que se democratiza el proceso de trabajo en las empresas recuperadas desde la perspectiva de la sociología del trabajo. Sin embargo, su carácter polisémico habilita su aplicación con diversos fines en diferentes momentos de la historia.

El término fue difundido en Yugoslavia en la década de 1950 en el marco de la propuesta de la gestión descentralizada de las empresas estatales donde se practicaron diversas modalidades de participación de la/os trabajadora/es. Más adelante fue ampliamente difundido en el mayo francés (1968) como un sinónimo de democracia directa y participativa (Srnec, 2018). Configura un concepto complejo que combina la descentralizado del poder y la participación colectiva en la representación democrática (Rosanvallon, 1979). En su acepción teórica el proyecto autogestivo favorece la democracia directa. Sin embargo, en contraposición a la democracia representativa, la democracia participativa es una forma atenuada de autogestión y consiste en reunir en asamblea al conjunto de actores involucrados en la toma de decisiones (Coraggio, Laville y Cattani, 2013).

Dos visiones opuestas se relevan en lo referido al impacto político de la autogestión. Por un lado, diversos autores (Guerra, 2013; Peixoto de Alburquerque, 2004; Rosanvallon, 1979; Singer, 2008; de Sousa Santos y Rodríguez, 2011) que plantean el modelo autogestivo como una alternativa no solamente económica, sino transformadora potencial del modo capitalista de producción. En este sentido, como propuesta política, la autogestión constituiría la forma de saldar la principal tensión que reseñamos de las cooperativas. En el mismo sentido de las tensiones planteadas en apartados anteriores, los autores hacen referencia a la radicalización de la democracia económica y participativa ya que al poner en cuestión la autoridad del patrón el objetivo de las experiencias es ampliar el campo de la acción democrática, política y económica, rompiendo la separación entre política y economía. Es decir, que la sutura de las tensiones reseñadas previamente configuraría la clave para el avance de la propuesta hacia formas poscapitalistas de gestión (de Sousa Santos y Rodríguez, 2011). Guerra (2013) plantea que las empresas autogestionadas son aquellas unidades económicas asociativas donde la propiedad y/o administración de los medios, los derechos y obligaciones, y la gestión al menos en última instancia, son compartidos solidariamente por todos sus integrantes. El autor sostiene, en el mismo sentido que los citados previamente, que el proyecto autogestionario no puede reducirse solo al plano organizacional o empresarial en la medida en que es una propuesta social, cultural y económica basada en la participación, la igualdad y la democracia.

Introduciendo la crítica a las estrategias, las técnicas y las tecnologías Rosanvallon (1979) considera que la desprivatización del poder no puede captarse sólo como un proceso de expropiación/ apropiación. Lo que hay que discutir es la supresión de ciertos medios de poder en la sociedad: medios de represión, administración burocrática. De acuerdo con la postura del autor no pueden ser objeto de apropiación colectiva unos medios que han sido planificados para oprimir o dividir. La/os trabajadora/es no pueden apropiarse de la organización de su trabajo sin modificar las estructuras jerárquicas de la empresa. No hay por lo tanto una apropiación verdadera de los medios de poder, independientemente de un cambio de sus estructuras. Los medios de producción son indisociables de la estructura social a la que están vinculados. Es imposible imaginar que la/os trabajadora/es puedan hacer suyo un aparato técnico ideado para reducirlo a una mera fuerza de trabajo. Para eso habría que transformarlo o suprimirlo. Lo que interesa a la/os trabajadora/es no es el derecho sino el hecho: son las condiciones de trabajo, el sistema jerárquico y las normas de remuneración.

Paul Singer (2008), en consonancia con la tradición marxista, sostiene que la formación económico social es una articulación de varios modos de producción. Si bien el capitalista es el modo dominante en el mundo occidental, para este autor “la economía solidaria surge como un modo de producción y distribución alternativo al capitalismo, creado y recreado periódicamente por los que se encuentran (o temen quedarse) marginados por el mercado de trabajo” (Singer, 2008, p. 61). En lo referido a las formas de gestión de la economía social y solidaria, considera que no se trata de ir avanzando hasta sustituir la gestión del capital sino de propiciar una diversidad de experiencias, aprendizajes y la generación de la confianza por parte de la clase obrera de que no es necesario el patrón capitalista para organizar la economía (Singer, 2008).

Ruggeri (2009) define la autogestión como la gestión de la/os trabajadora/es prescindiendo de capitalistas y gerentes y desarrollando su propia organización del trabajo, de forma no jerárquica, implica que la/os trabajadora/es imponen colectivamente las normas que regulan la producción, la organización del proceso de trabajo, el uso de los excedentes y la relación con el resto de la economía y la sociedad. La autogestión es una dinámica permanente de relación entre la/os trabajadora/es que la protagonizan, no meramente una normativa. La autogestión también significa una apropiación por parte de la/os trabajadora/es del proceso de trabajo, con la posibilidad y la obligación de modificar las reglas que lo rigen en la empresa capitalista.

Por su parte, a diferencia de los autores citados Peixoto de Alburquerque (2004, p. 44) define a la autogestión como “el conjunto de prácticas sociales basadas en la democracia en la toma de decisiones, que favorecen la autonomía de un colectivo”. De acuerdo con este autor, la autogestión refiere exclusivamente a la problemática y a los aspectos de la gestión. Las decisiones relativas a los destinos del grupo son directamente tomadas por la/os participantes sobre la base de la atribución del poder de decisión a las colectividades definidas por cada una de las estructuras específicas de actividad (empresa, escuela, barrio, etc.). Esta mirada más restrictiva plantea la autogestión como un modelo compatible con el capitalismo sin que su existencia socave o tenga el objetivo de cuestionar sus cimientos.

En el mismo sentido, el concepto de autogestión ha sido promovido desde de las nuevas formas de gestión del trabajo basadas en los modelos posfordistas de flexibilización de la producción (Coriat, 2000; Hudson, 2010; Sennett y Najmías, 2000) al igual que otros conceptos provenientes del mundo de las cooperativas, con el objetivo de eufemizar los conflictos entre capital y trabajo e invisibilizar las relaciones eminentemente conflictivas que de allí emanan. Asimismo, el concepto de autonomía se liga a las miradas cercanas al neoliberalismo provenientes de organismos multilaterales de crédito con el objetivo de aumentar el trabajo independiente como las formas emprendedoras en tanto alternativa al trabajo asalariado (Guerra, 2013, Maldovan, 2019).

El último debate que se rescata refiere al grado de delegación que resulta compatible con la autogestión, se cuestiona cuáles son las formas aceptables de delegación del poder en la práctica autogestiva. Como plantea Rosanvallon una forma de democracia directa no puede durar más que en el caso en que el líder o una ideología puedan continuar asegurando la unidad del grupo manteniéndole la fusión. la democracia directa se convierte en un simulacro de democracia.

La posibilidad de una democracia localizada de pequeños grupos no resuelve el problema esencial de su coordinación, que es donde se plantean las verdaderas cuestiones políticas. La mirada de la autogestión no comparte la perspectiva consejista de conformación una organización piramidal de las unidades pequeñas, que prácticamente conduce a reforzar los mecanismos de centralización, ya que la organización piramidal de microdemocracias supone la existencia de un agente unificador exterior.

Hasta aquí observamos miradas comunes y perspectivas relativamente homogéneas que ponderan la gestión democrática, colectiva y participativa orientadas al aprendizaje de otras formas de sociabilidad, ya sea como aprendizaje o como potencialidad política de otras formas posibles de producir.

Considerando que muchas de las investigaciones sobre empresas recuperadas se han abocado a la sistematización de las experiencias previas que conforman los antecedentes de la autogestión obrera, se pretende realizar un racconto exclusivo de aquellas experiencias históricas acompañadas de los debates teóricos que lograron instaurar en alguna medida formas de innovación organizacional en la gestión del trabajo. En este sentido, el estado del arte aporta una variedad de estudios, miradas y perspectivas diversas que permiten conformar el punto de partida sobre el que se instalan las empresas recuperadas. Como ya se reseñó es probable que la/os trabajadora/es de las empresas recuperadas no estuvieron empapados previamente sobre la existencia de estas experiencias. Sin embargo, configuran los antecedentes históricos que abren caminos y constituyen la base sobre la que se monta la autogestión.

Al igual que plantea Petriella, Ruggeri afirma que los problemas relativos a la gestión no configuraron una preocupación en la historia de los sectores de izquierda.

…eran dejados para el día después de la Revolución, que no parecía demasiado lejano: con el poder en manos del proletariado, éste debería crear los organismos revolucionarios para la nueva sociedad. La lucha por la autogestión sin la condición de tener que expulsar al capital ineluctablemente no era objeto de grandes análisis teóricos y fueron escasas las ocasiones prácticas que, por fuera del movimiento cooperativo, pusieran a prueba esta noción. Por lo tanto, los ejemplos autogestionarios de estos años fueron más un ejercicio de poder en el contexto de situaciones revolucionarias que experiencias duraderas de gestión (Ruggeri, 2018, 35).

Si bien citar un inicio es arbitrario, resulta interesante comenzar reseñando los aportes de los denominados socialistas utópicos que formularon la idea de falansterio como la construcción de una comunidad ideal. Charles Fourier, francés, planteaba que era preciso trabajar en equipo y rotar las tareas para combatir la monotonía del trabajo. Este autor sostenía que la unidad colectiva de vivienda era el falansterio, la comunidad que imaginaba y llevó a cabo, no podía tener menos de 350 miembros, y requería unas 400 hectáreas de tierra cultivable para ser autosuficiente (Capana, 2010).

Por su parte, Robert Owen esbozó la idea de aldeas de cooperación como forma de dar trabajo a desocupada/os (Ruggeri, 2018) y fue más allá fundando la experiencia utópica más fructífera, en lo que respecta al avance del conocimiento científico, en New Harmony (Indiana). Fue un experimento social que logró elevar los salarios, crear barrios modelo para los obreros y fundar uno de los primeros jardines de infantes de la historia. En Filadelfia, reclutó un grupo de voluntaria/os dispuestos a poner en práctica las ideas de Franklin, quien había escrito que si todos trabajaran dos o tres horas diarias cualquier comunidad estaría en condiciones de satisfacer sus necesidades. El experimento utópico duró apenas dos años. Fracasó porque la mayoría estaba más preparada para la deliberación política y el debate académico que para el trabajo manual. Durante todo ese tiempo se discutió la forma de gobierno, el rol que tendría la religión en la comunidad y la educación. Sin embargo, el balance de la colonia fue altamente positivo, allí se creó la primera escuela técnica, la primera biblioteca pública y la primera escuela sostenida por la comunidad que hubo en los Estados Unidos (Capana, 2003).

Como sostiene Mirta Vuotto (2012) las referencias al origen del cooperativismo se vinculan con los pensadores del socialismo utópico y los socialistas republicanos, interesados por las cuestiones obreras en el naciente mundo industrial, otorgándole centralidad al trabajo. Para esos pensadores, la organización del trabajo y el deterioro en las condiciones de vida de los asalariados fueron temas centrales de su preocupación (Vuotto; 2011a).

En lo referido a lo que se denomina la historia más conocida del cooperativismo, Ruggeri (2018) plantea que en la etapa de formación de la clase obrera se encuentra una rica historia de lucha de la/os trabajadora/es relacionada con la búsqueda de alternativas económicas al capitalismo. Sin embargo, la historia “oficial” del cooperativismo la reduce y elige comenzar con los pioneros de Rochdale, quitando el carácter disruptivo y crítico que tuvieron experiencias de asociaciones de trabajadora/es autónomas.

La Comuna de Paris en 1871 configuró el primer intento de autogestión generalizada y no específica de empresas o unidades productivas particulares (Ruggeri, 2018). Allí se llevó adelante un relevamiento de las fábricas y talleres cerrados, incentivando la formación de cooperativas y de la unidad entre ellas. “Fueron en total 25 las fábricas transformadas en cooperativas, la mayor parte dedicadas a la provisión de suministros militares” (Ruggeri, 2018, 81). En los reglamentos se establecía la votación de los delegados, que en conjunto conformaban el comité de dirección, la posibilidad de su revocabilidad y la realización de asambleas diarias para planificar la producción (Ruggeri, 2018). Entre los logros se alcanzaron mejoras en las condiciones de trabajo. A su vez, la elección de los consejeros provenientes de la clase obrera transformaba la democracia parlamentaria en corporación del trabajo, ya que la comuna era a la vez legislativa y ejecutiva (Wyczykier,2009).

El concepto de control obrero puso en debate en la Revolución Rusa la posibilidad real y efectiva de que otro tipo de poder estatal pudiera reemplazar al poder capitalista y fuera capaz de erigir una nueva sociedad socialista. En ese marco, se cuestionaba el papel que iban a ocupar los organismos de gestión de base (comités de fábrica, soviets, comunas campesinas) el Estado y los partidos (Ruggeri, 2018).

En la Rusia prerrevolucionaria de 1905, los soviets o consejos obreros fueron organismos conformados desde la base obrera, con delegada/os electa/os por las fábricas, talleres o grupos de trabajo, que asumían la representación de sus bases y se convertían en organismos deliberativos y ejecutivos. “Eran órganos de lucha que conducían las huelgas, pero aspiraron a convertirse en órganos de poder con capacidad organizativa y de gestión” (Ruggeri, 2018, 93). Fueron la modalidad más simple y radical de autogestión obrera (Wyczykier,2009). Por su parte, los comités de fábricas fueron las instancias de organización en los lugares de trabajo de donde se elegían la/os delegada/os para los soviets locales.

Vladimir Ilyich Lenin (Mandel, 1974) en sus escritos previos a la revolución planteaba ideas como igualdad de trabajo y de salario, abolición del secreto comercial, el control desde abajo y la extirpación de la burocracia. Finalmente, la Revolución Rusa de 1917 escogió la planificación centralizada del Estado como criterio organizativo de asignación económica y la propiedad estatal como la forma dominante de propiedad. De este modo se tendió a excluir la forma de organización autónoma y a fortalecer un sistema burocrático de carácter autoritario (Wyczykier,2009).

Por su parte León Trosky, en Historia de la Revolución Rusa (1972 en Mandel, 1974), planteaba a los comités de fábrica como organizaciones económicas, elegidas democráticamente, con una dirección colectiva donde se crean nuevas condiciones de trabajo y tanto la/os representantes de la/os empleada/os como los de personal técnico forman parte de ese control obrero.

La adopción del modelo taylorista de producción como forma de gestión del trabajo, y la consiguiente admisión de la disciplina fabril y el control simple fueron los “métodos científicos” que se utilizaron en la revolución rusa por considerarlos clave para la mejora de la producción. El traslado acrítico de modelos productivos propios del capitalismo suponiendo un impacto neutral ya ha sido reseñado como una de las tensiones para la conformación de un modo de producción diferente. Lenin la denominó la dirección de un solo hombre en contraposición a la dirección colegiada que conformaba la base de los soviets y los comités.

Los debates que replica Mandel (1974) que se suscitaron en torno de la Revolución Rusa se centran en el carácter revolucionario de los soviets y los comités de fabrica como un medio o un fin de la revolución. En el mismo sentido se afirma que dentro del capitalismo no tiene mayor sentido la organización autogestiva, sólo resulta aceptable en la medida en que instala un proceso y un clima revolucionario, ya que resulta inofensiva para la burguesía.

Otro de debate se reseña en torno al tema es sobre el rol de los sindicatos en la organización de la producción. Para Antonio Gramsci el sindicato no constituye un órgano revolucionario en la medida en que une a los obreros en la forma organizacional y reivindicativa que impone el capitalismo. Por ello propone a la luz de los acontecimientos producidos en Turín entre 1916 y 1920 la organización de los consejos de fábrica como el germen de la revolución. Sin embargo, a la hora de caracterizar los consejos se centra en la forma y composición de las elecciones y no la organización del trabajo. Los consejos de esta manera constituyen organismos de control de los capitalistas y de aprendizaje de los problemas de producción (Ruggeri, 2018).

En su crítica al formato de la lucha sindical Anton Pannekoek (1977) se pregunta cómo puede hacer la clase obrera en las luchas revolucionarias para unir su fuerza en una gran organización sin caer en la trampa de la burocracia. Y plantea una crítica a la forma de la democracia burguesa, la democracia parlamentaria es considerada por los teóricos capitalistas y socialdemócratas como la democracia perfecta, conforme a la igualdad y a la justicia. En realidad, es solamente un disfraz para la dominación capitalista. El sistema de consejos es la verdadera democracia de los obreros. Resulta clave esa crítica a la democracia en la medida que en la autogestión en ocasiones plantea formas de decisión colectiva que esconden formatos anquilosados y corporativistas de democracia. El debate sobre la burocratización de las organizaciones y la perdida constante de elementos democráticos fue relevado en autores como León Trosky (1974), Robert Michels^[1], (1972), y Antonio Gramsci que ya citamos.

Rosa Luxemburgo (1975) es quien en el campo del marxismo mejor ha planteado muchos de los debates que reseñamos. Para la autora las cooperativas son unidades de producción que deben sobrevivir en el seno de una economía capitalista y se circunscriben a sus reglas, desvirtuando su razón de ser original, por eso que están condenadas a desaparecer. Por esta razón según la autora, las cooperativas en el campo de la producción no pueden ser consideradas seriamente como instrumentos de una transformación social general.

Por su parte, las controversias entre la centralización y la descentralización de las decisiones que transversalizan los debates de la época pueden ser trasladados a muchos de los problemas que se presentan en esta tesis, como la gestión de cuadros o la tensión entre gestión económica y política en las empresas recuperadas, entre otras.

La Guerra civil española ocurrida entre los años 1936 y 1939 y sus experiencias colectivizadoras fueron de las más importantes y disruptivas de la historia (Ruggeri, 2018). La corriente de anarcosindicalismo representada en la Central Nacional del Trabajo (CNT) proponía la colectivización tanto en las industrias como en el campo, su presencia fue fuerte en la zona de Cataluña. El primer paso consistía en la incautación que podían llevar adelante los mismos trabajadores, el sindicato, las milicias obreras o el gobierno. Luego se formaba un comité de fábrica integrado por representantes elegidos por los trabajadores (Ruggeri, 2018).

Entre las innovaciones en la organización del trabajo, Ruggeri (2018) comenta que se encontraron dificultades en lo referido a la forma de retribución, pero se logró la primacía de un interés colectivo sobre el individual. Los anarquistas planteaban la necesidad de un salario uniforme, mientras que algunos obreros pretendían sostener la categorización jerarquía ya existente (Rama en Mandel, 1974). Se alcanzaron algunos beneficios sociales^[2] y se produjeron algunas innovaciones tecnológicas, por ejemplo, en los ferrocarriles y en la industria bélica. Se avanzó en cuestiones referidas a la educación y la cultura.

En las colectivizaciones del campo también se produjeron avances significativos. El método de distribución de tierras suponía la unificación de herramientas, tierras y recursos y su uso comunitario^[3]. En los sistemas de gobierno comunal la retribución era igual a un salario promedio, se brindaban servicios comunitarios de salud, educación y recreación. El salario no era individual sino familiar y los recursos se asignaban de acuerdo con las necesidades del grupo familiar. El último punto para resaltar es el intento de articulación, coordinación y planificación económica conjunta, por ejemplo, en cuestiones de financiamiento. Estos esfuerzos no constituían articulaciones sino esfuerzos para equilibrar desigualdades entre las zonas garantizando el bienestar colectivo y la circulación de bienes y recursos (Ruggeri, 2018). En síntesis, la guerra civil española configura otra experiencia histórica rica en formas innovadoras de organización.

A partir de 1950 en Yugoslavia se adopta una nueva ley sobre la gestión de las empresas por la/os trabajadora/es. En la ley no es la propiedad pública de las empresas lo que se cuestiona sino la gestión y el derecho a la participación en los beneficios de la/os propia/os trabajadora/es. En los articulados se cambia el concepto de salario y de trabajadores para definirlos como productores libres o miembros de una colectividad de trabajadores autónomos. Se menciona la eficacia como el objetivo central de la autogestión y el criterio que regula las remuneraciones. Cada empresa cuenta con un consejo obrero y un comité de gestión elegidos por el colectivo (Mandel, 1974). En Yugoslavia es la primera vez en la historia que se habla de la experiencia como autogestión. Entre las innovaciones se introduce el debate sobre la división del trabajo intelectual y manual, el rol de los profesionales, de la ciencia y su independencia y el trabajo en equipo. Entre las contradicciones del modelo aparece la intención de conciliar la autogestión y la planificación centralizada, la forma en que se agregan los intereses en órganos autogestivos y el rol que ocupa el Estado. Las condiciones en que se desburocratiza el Estado y se descentraliza la planificación y por último cómo es la relación con el mercado en lo referido al consumo y la construcción de necesidades materiales (Mandel, 1974 y Wyczykier 2010).

Desde una perspectiva diferente se destaca el caso del grupo de cooperativas del país vasco, Mondragón, surgido en los años 50. En la actualidad configura un modelo de entramado de empresas con lógica cooperativa, pero inserto a nivel internacional (Wyczykier 2010). El grupo incluye más de 100 empresas distribuidas en diferentes áreas (industria, finanzas, servicios, distribución y conocimiento), que forman a su vez una compleja y singular red de intercooperación. Emplea a más de 90.000 personas, de las cuales poco más de un tercio son socia/os cooperativistas. Su particularidad se encuentra en la incorporación de una serie de emulaciones provenientes de modalidades de gestión managerial como la “calidad total”, el “compromiso con la excelencia”, instrumentos de mejora continua y evaluaciones de desempeño (Vázquez, 2018, Fajn y Bauni, 2017). Entre las innovaciones más destacadas se reseña la intercooperación a nivel regional, el apoyo del Estado regional, proyectos de investigación tecnológica y programas de incentivo al empleo. Por otra parte, se destaca una política de evitar el crecimiento de las cooperativas, en lugar de aumentar la cantidad de asociados les resulta más efectivo la creación de nuevas y pequeñas cooperativas, advirtiéndonos sobre la relación entre el tamaño de las cooperativas y las potencialidades innovadoras (de Sousa Santos y Rodríguez, 2011; Vázquez, 2018).

Otra experiencia para resaltar son los kibutz en Israel, la palabra kibutz significa en hebreo grupo. Se utiliza para denominar un tipo de colonia comunal y voluntaria que ha distinguido al desarrollo del Estado de Israel. Sus principales características son: colonias esencialmente agrícolas donde no existe la propiedad privada, las tierras pertenecen al Estado, hay una administración democrática (asamblea general), la comunidad es responsable del bienestar y las necesidades de cada una/o de sus miembros, en lo referido a la salud, la educación, alimento, etc. Estas modalidades se fueron diversificando con el correr del tiempo. Su nacimiento estuvo ligado a grupos de judíos socialistas que escapaban de Rusia a principio del siglo XIX. Las innovaciones relevadas refieren a la rotación del trabajo, al alto desarrollo tecnológico, la diversificación, al desarrollo de sistemas de administración avanzados, a los derechos laborales y a la educación colectiva (Piedrabuena y Abad, 1989; Rodríguez, 1975).

Experiencias en América Latina y Argentina

Con la intención de no dejar de lado lo sucedido en América Latina en la historia de los pueblos originarios la bibliografía hace referencia al ayllu como unidad básica de organización comunal del mundo incaico. Si bien configura un ejemplo de autogestión precapitalista muestra la existencia de formas otras modalidades de organización donde prevalecen formas de reciprocidad. El ayllu equilibra la propiedad comunitaria con las posesiones individuales. Una de sus características más importantes es su forma participativa democrática basada en las relaciones comunales y en el asambleísmo que reúne a la comunidad en torno a la concurrencia de la palabra (Prada Alcoreza, 2008). El concepto básico que regía los intercambios recíprocos dentro de la comunidad era el tiempo, medido en función de los días o años de trabajo adeudados a personas, a unidades domésticas, a la comunidad, a los señores y eventualmente al Estado. Cada unidad doméstica era considerada autosuficiente y para que tal autosuficiencia fuera real tenía el acceso suficiente a los bienes de capital de la sociedad (Murra, 1975).

Por su parte el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) brasilero conforma uno de los más grandes y orgánicos movimientos sociales latinoamericanos. Su origen se remonta a una articulación entre liderazgos de organizaciones campesinas, sindicatos de trabajadores rurales y activistas ocurrido en el estado de Paraná, sur de Brasil, en 1984. Su principal reclamo constituye el debate por el acceso a la tierra. La innovación central refiere a su configuración interna se destaca que los miembros reciben como regla una renta mensual calculada a partir de su aporte de trabajo, además de poseer parcelas familiares de autoconsumo. Si bien, algunos asentamientos son exitosos, como las cooperativas que exportar su producción, en general son organizaciones de pequeña escala, donde las condiciones de vida resultan modestas en comparación con la vida urbana. Son unidades de producción pequeñas que devienen en modalidades de recreación comunitaria en las que la participación colectiva y la dinámica asamblearia, procuran resolver las necesidades de sus miembros (Chaguaceda y Brancaleone, 2010).

En lo referido a la historia argentina, se registra un bajo estímulo en la creación de asociaciones laborales autogestionadas. No han sido particularmente fomentadas desde las organizaciones obreras sindicales ni impulsadas por el Estado (Vuotto, 2011a; Wyczykier, 2010).

En 1904 una fábrica de cigarrillos consiguió estar totalmente administrada por obreros, fue una de las primeras experiencias de participación de los trabajadores en las ganancias y la gestión de una empresa. El proyecto nació como iniciativa de los miembros del Consejo Nacional de la Unión General de Trabajadores (UGT), de orientación socialista que logró llevarlo adelante con el sindicato de maquinistas de Bonsach de la fábrica de cigarrillos “La Popular”. La propiedad era colectiva y la experiencia duró dos años, cerró entre otras cuestiones debido a una campaña de descrédito de la gestión obrera (Wyczykier 2010).

A finales de la década de los ´60, en otro contexto de crisis, el gobierno nacional privatizó un grupo de empresas estatales entre las que se encontraba IMPA, y otras dos empresas que también se convirtieron en cooperativas, una fábrica de medidores de gas y los talleres ferroviarios de San Antonio Oeste. Algo similar sucedió con empresas privadas en crisis que se convirtieron en cooperativas como Campo Herrera en Tucumán con 119 asociados (Wyczykier, 2009). Allí se logró diversificar e industrializar la producción, se invirtió en tecnología, aumentaron el número de socios y mejoraron el nivel educativo de los asociados entre otras cuestiones (Tort y Lombardo, 2010).

Otro caso fue el impulsado por el sindicato de Luz y fuerza, la experiencia de SEGBA entre 1973 y 1976 llevó adelante un proceso cuyo objetivo era prestar un servicio más eficiente, con costos decrecientes y la comunidad como protagonista. Se creó un Comité de Autogestión entre representantes de la empresa, delegados gremiales y las mesas de trabajo de autogestión con participación de los usuarios. El proyecto fue interrumpido por el inicio de la dictadura (Wyczykier 2009). Los delegados que idearon el plan se basaban fundamentalmente en la experiencia de cogestión de los sindicatos alemanes. El modelo de cogestión es diferente al de autogestión en la medida en que supone una “compleja articulación de actores” (Caffaratti, 2004) en la que el capital privado tiene lugar a través de diversas formas y posibilidades de intercambio. Desde la perspectiva empresarial la cogestión implica la participación de trabajadores.

En la década de los ´90 se destacan los casos de FERROGRAF y Lozadur. La primera surge en 1977, a partir de la iniciativa de obreros gráficos y ferroviarios que se reúnen en La Plata y con apoyo del sindicato gráfico forman primero una Sociedad de responsabilidad limitada y luego, en 1985, una cooperativa de trabajo. En ese mismo año los trabajadores junto al sindicato recuperan de la quiebra una empresa dedicada a la producción de vajilla de loza y porcelana. Fue una experiencia de cogestión ya que los que la llevaron adelante fueron el sindicato, el personal jerárquico y los accionistas. Lograron incorporar al personal despedido y reestablecer los niveles de producción (Wyczykier 2009). La experiencia de Lozadur alcanzó picos históricos de producción, incrementó los puestos de trabajo y se implementaron cuerpos de delegados técnicos por sector que analizaron los problemas cotidianos de producción (Proietti Bocco, 1986).

Son rescatables también las experiencias de COGTAL (Cooperativa Obrera Gráfica Talleres Argentinos) en la que el sindicato gráfico fue clave para la conformación de la cooperativa. Asimismo, resultó fundamental el papel de la seccional Quilmes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la recuperación de una serie de empresas del rubro en el sur de conurbano a fines de los años ´80 y continuaron en los ´90. En este marco fue conocido el caso de CIAM (ex SIAM^[4]) que se convirtió en cooperativa en 1997, el proyecto se inició con 260 asociada/os que producían cocinas y heladeras (Vuotto y Acosta, 2002), finalmente luego de varias crisis volvió a manos privadas.

Esta revisión de casos históricos y los debates asociados, de antecedentes de experiencias autogestivas nos permiten plantear preliminarmente, las siguientes reflexiones. En primer lugar, no se produjo en la historia de la Argentina una política pública explícita destinada a la creación y formación de cooperativas, por lo menos hasta el año 2003 (Vuotto, 2011; Wyczykier, 2009). Las experiencias que existieron no recibieron un apoyo explícito del Estado, ni del movimiento sindical en su conjunto. Sin embargo, los casos particulares reseñan que algunos de los gremios específicos plantearon estrategias de resolución de conflictos que incluían la salida cooperativa o autogestiva mientras que otros lo propusieron para empresas estatales.

Por otra parte, cabe destacar el desconocimiento generalizado sobre las prácticas cooperativas y autogestivas de las experiencias a las que hacemos referencia. Configuraron prácticas aisladas de autogestión y más allá de su éxito o fracaso no tuvieron difusión ni eran conocidas por la/os trabajadora/es al momento de la toma o recuperación de empresas. Sin embargo, ese desconocimiento no debería desechar el hecho de formar parte del acervo de prácticas sobre las que se montan, configuran un cúmulo histórico de prácticas innovadoras que resulta necesario rescatar (Wyczykier 2009).

Las experiencias analizadas constituyen solo una parte de todas las existentes, hay ejemplos menos conocidos y analizados de experiencias innovadoras en la organización del trabajo que se dejaron de lado por cuestiones de extensión y quizás de desconocimiento^[5]. En el próximo apartado nos dedicamos a construir la tipología de situaciones diferenciales de autogestión en las empresas de la muestra.