La escolarización en las zonas de frontera fue una construcción común o un arreglo social intermedio, fruto de un juego de equilibrio entre la pretendida dominación vertical estatal y la capacidad de acción autónoma de los actores educativos locales subalternos que fueron capaces de apoyar, condicionar o limitar la acción de la escuela fiscal, que buscó implantar el proyecto de control social estatal y la política de nacionalización en momentos en que el “problema educacional” se discutía intensamente en medio de las repercusiones provocadas por la profunda crisis económica iniciada en 1929, que desembocó en un reformismo social autoritario que fomentó la expansión cuantitativa y cualitativa del aparato burocrático y del dispositivo represivo del Estado para enfrentar la creciente conflictividad social.

Este ethos represivo del Estado afectó directamente al profesorado, que debió enfrentar la contradicción entre los afanes civilizatorios y nacionalizadores del Estado y las múltiples limitaciones económicas y políticas que frustraron el cumplimiento efectivo de la escolarización, puesto que nunca se resolvieron sus trabas más importantes (indigencia infantil, déficit de infraestructura escolar y precaria situación del profesorado). De esta forma, los profesores debieron enfrentar una compleja trama de cooperación y conflicto en relación a su doble rol de representantes de la burocracia educativa y del proyecto estatal de control social, y de articuladores políticos de los actores educativos locales subalternos, que, en general, han sido relegados a un plano secundario en la historia de la educación, a pesar de que jugaron un rol determinante en la historia de la institución escolar.