La construcción de los Estados nacionales desde mediados del siglo xix trajo consigo la idea del control social y epidémico de la población. Es en este contexto en el que se inició la consolidación de la medicina académica como un saber reconocido por parte del Estado y de la sociedad y de las instituciones sanitarias públicas como los vehículos de intervención legítimos para responder a las enfermedades del más diverso orden (Foulcault, 2008). Este proceso de medicalización no fue sencillo ni lineal y fue ampliamente resistido por diversos actores de la sociedad.

En Argentina, hacia fines del siglo xix, los médicos se consolidan como un grupo pequeño pero influyente dentro de la élite local que apelaba al Estado para alcanzar cierta legitimidad y lograr el monopolio de la profesión, pero que se oponía a cualquier intervención del dominio público que pudiera ser interpretada como un avasallamiento de la necesaria autonomía del saber científico. En este proceso, intentaron afirmarse como los únicos proveedores de los servicios de salud, aumentando en número, creando y fortaleciendo sus instituciones de representación académica y de agremiación, y haciendo efectiva su oposición a competidores tales como la medicina casera o los curanderos y ganando la conciencia de la gente utilizando los modernos métodos de la publicidad. Por su parte, el Estado apoyó a través de claras medidas represivas el proyecto de profesionalización y de concentración de atribuciones de los médicos, en la medida que le permitió desarrollar su propia capacidad de intervención social por medio de la asistencia pública de los enfermos, haciéndose cada vez más presente en la regulación de la red de instituciones de atención, tradicionalmente en manos de sociedades filantrópicas o asociaciones étnicas, y apostando a la centralización administrativa de las políticas sanitarias (González Leandri, 1996, 1999, 2005, 2013; Armus-Belmartino, 2001).

Uno de los obstáculos a este proceso de medicalización fue, sin dudas, la medicina popular y sus agentes. No obstante ello, las limitaciones presupuestarias del Estado para consolidar su sistema sanitario y la falta de la presencia de médicos diplomados en muchos lugares del territorio nacional llevaron a un doble discurso por parte de los galenos y de los funcionarios de higiene. De un lado, la condena pública de la medicina popular y, del otro, la aceptación tácita de su existencia y el intento de su cooptación como recurso (Di Liscia, 2002).

A diferencia de las investigaciones que han centrado su análisis de la medicina popular como un enemigo por vencer para alcanzar el monopolio del saber médico y de la atención pública de la higiene (González Leandri, 1999; Armus, 2002; 2007; Di Liscia, 2002), en este trabajo de investigación buscamos reconstruir la situación sanitaria y comprender a través del estudio de la medicina popular y su relación con la académica el largo proceso de medicalización, probablemente inacabado hasta el presente, en las sociedades del interior de la provincia de Buenos Aires en un lapso un poco superior a setenta años.

En este primer capítulo analizamos, por un lado, el proceso de medicalización explorando el contexto en el que tuvo lugar. Por otro lado, explicamos sus alcances en el territorio nacional y provincial teniendo en cuenta tres factores: las políticas desarrolladas desde el Estado; los métodos de los representantes de la medicina académica para combatir las enfermedades y la búsqueda de prestigio y poder por parte de los médicos.

En sintonía con la investigación de Márquez-Estrada (2018: 82-83) entendemos que la forma de explicar el proceso de medicalización es abordando las múltiples relaciones de poder, alianzas, confrontaciones y negociaciones que permitieron o no la profesionalización de la medicina en diversos contextos sociales y culturales, en nuestro caso en la provincia de Buenos Aires. Mediante el análisis de la documentación producida por y para médicos, junto a los trabajos de otros historiadores, reconstruimos el contexto institucional y social de la provincia de Buenos Aires. Nos enfocamos en la profesionalización de la medicina ya trabajada por Ricardo González Leandri (1999), Diego Armus (2000) y María Silvia Di Liscia (2002), entre otros, a fin de comprender mejor la relación entre la medicina académica y la medicina popular, pues entendemos que es imposible entender la una sin la otra.

1. La construcción del Estado sanitario

A partir de los años 60 del siglo xix se dieron en Argentina modificaciones relacionadas con la organización del Estado nacional. Entre los años 1862-1880, durante las presidencias de Bartolomé Mitre, Domingo F. Sarmiento y Nicolás Avellaneda, se produjeron importantes transformaciones políticas y económicas en el país. La constitución de la unidad nacional fue el inicio de la creación de mecanismos necesarios para el funcionamiento de la administración, como los servicios de comunicación, la Aduana, el Banco Nación y la organización de un sistema legislativo y judicial. En esa época se produjo también un debate sobre las políticas sanitarias estatales relacionado con el futuro de la medicina como saber hegemónico dentro de la sociedad. Se dieron discusiones sobre el libre ejercicio de las profesiones, entre ellas la medicina, en las que figuras como Adolfo Alsina señalaban que cada cual podía ejercer lo que quisiese, lo que evitó a nivel nacional un marco regulatorio del ejercicio de la medicina (Di Liscia, 2003: 253). Por esto los enfrentamientos para lograr una regulación a nivel nacional se prolongaron hasta 1921 (Blache, 1963; Bubello, 2010) a pesar de que en la provincia de Buenos Aires la legislación que reglamentaba el ejercicio de la medicina existía desde 1877.

El Estado, entonces, legalizaría el capital simbólico de un grupo de expertos, confiriendo valor absoluto al punto de vista oficial. Sin embargo, un cúmulo de saberes y prácticas fueron excluidos. Es así como a mediados del siglo xix el curanderismo era considerado una enfermedad para la sociedad (Montes de Oca, 1854) y posteriormente señalado como una superstición propia de la ignorancia (Barbieri, 1905), hasta llegar a formar parte del folclore nacional por preservar (Encuesta Nacional de Folclore, 1921).

Durante estos años el descubrimiento de la enfermedad como problema social en la Argentina (Armus, 2000) fue una suerte de ideología urbana articulada en torno a los temas del progreso, el orden, la multitud, la higiene y el bienestar. Esta ideología, por un lado, ganó terreno en la segunda mitad del siglo xix y se vinculó a la organización política general. Por otro lado, puso mayor atención en las enfermedades, sobre todo las epidémicas, que asolaron las ciudades y, sobre todo, los puertos. Todo esto se daba durante un proceso general de crecimiento económico y de contacto con otras regiones de ultramar. La epidemia de fiebre amarilla, que se inició a principios de 1871 en Buenos Aires, fue decisiva, ya que la altísima mortalidad, la organización de la población y la constitución de un grupo profesional derivaron en una modernización de la infraestructura urbana porteña, que incidió a su vez en una mayor intervención estatal, por lo menos desde el discurso, en el resto del país. En las áreas rurales estas políticas fueron de ejecución más dificultosa debida cuenta de la dispersión poblacional, como así también en algunos casos por la ausencia de médicos diplomados en las zonas. La medicina pasó a ser, junto con la química y la farmacología, una de las ramas científicas de mayor desarrollo a fines del siglo xix y principios del xx.

Un reco­rrido por la historia de la práctica médica realizada por algunos historiadores argentinos (Armus, 2000; 2007; Carbonetti, 2013; Di Liscia, 2002, 2014; Álvarez, 2010; Armus, 2000, 2007; Armus-Belmartino, 2001; Biernat-Cerdá-Ramacciotti, 2015; González Leandri, 1999, 2003, 2007, 2012, 2015), entre otros, revela las distintas etapas que atravesó el proceso de medicalización. El pasaje de consejos o juntas nacionales de sanidad a departamentos nacionales significó la búsqueda por estructu­rar organismos ejecutivos capaces de desem­pe­ñar acciones rápidas en un campo de creciente interés para las clases dirigentes. Un momento posterior en la organización sanita­ria estatal sería representado por la aparición de las direcciones de sanidad o ministerios, que suponían un definitivo reconoci­miento a la importancia de la gestión oficial en esta área. Cada una de estas etapas señaló el comienzo de mayor intervención estatal en los asuntos referentes a la salud de la población.

Fue así como la creación de la Facultad de Ciencias Médicas, el surgimiento de asociaciones médicas y la aparición de la enfermedad como un problema social para ser atendido enmarcan buena parte de lo que desarrollaremos en este capítulo y en esta tesis en general. La medicina académica buscaba hacerse con un halo de respetabilidad y confianza a partir de los adelantos en materia sanitaria, como la higiene. La función principal de los médicos desde mediados del siglo xix fue intentar cooptar la mayor cantidad de “clientes” de los llamados curanderos. Sin embargo, para ello era imprescindible ganarse el respeto de una profesión que, hasta el surgimiento de la bacteriología en Europa, salvo por el título universitario, no se diferenciaba mucho de quienes pretendían destronar (Di Liscia, 2002: 152).

En pos de sumar adeptos a la causa de legitimación de la medicina se iniciaron campañas de desprestigio a las prácticas consideradas no médicas. En las zonas urbanas, por ejemplo, existían ciertas prácticas que eran condenadas por parte del claustro médico, como fueron en principio el mesmerismo –devenido en hipnotismo (Vallejo, 2017a, 2017b, 2018)–, la homeopatía –finalmente aprobada y reglamentada en la década de los cuarenta del siglo xx– y la magnetoterapia, entre otras.

Los avances científicos junto con la creación de la Facultad de Ciencias Médicas, el acecho de epidemias y el incremento de médicos en la ciudad y provincia de Buenos Aires dieron lugar a un proceso de medicalización. Recientemente se definía a la medicalización como la forma en que el ámbito de la medicina moderna se ha expandido y que abarca muchos problemas que antes no estaban considerados como entidades médicas (Márquez y Meneu, 2003: 47). La colonización de distintos ámbitos por parte de los médicos obedecía a estrategias de legitimación, como así también a la idea de que estos poseían una biopolítica que beneficiaría a la población (Zoya, 2010). La importancia social de esto era garantizar una población sana que pudiese trabajar a fin de generar riquezas.

Entonces, la medicina, a fines del siglo xix, era una profesión,^[1] por lo que se esperaba poder vivir de ella y que sus servicios fuesen abonados en metálico, a diferencia de los médicos populares, que aceptaban diversas formas de remuneración como contrapartida de sus servicios (Di Liscia, 2002: 264). Esta definición colisionaba con la idea de que el curanderismo podía ser una profesión en sí debido a los testimonios de los mismos curanderos. Constan en los testimonios registrados en causas judiciales en el Departamento Judicial del Sud de la Provincia de Buenos Aires que los médicos populares aseveraban en la mayoría de los casos no cobrar por su trabajo, dado que poseían un “don” que debía ponerse al servicio de los demás. Esto contrastaba con el hecho de que estos sí aceptaban aquello que tuvieran a bien ofrecerles, a diferencia de la mayoría de los médicos, que se quejaban de esto.^[2]

En cambio, los médicos se presentaban como una profesión liberal y en cierta forma modernizadora de la sociedad. El hecho de que exigiesen una remuneración pecuniaria por sus servicios prestados implicaba una modificación en algunos de los comportamientos prototípicos del siglo xix. Hasta mediados del siglo xix y aun en zonas rurales el pago de servicios con metálico no era frecuente. En la ruralidad tuvo más valor para un jornalero o peón el pago con alguna pieza de cuero, carne, huevos o algún que otro producto. Los mismos médicos destacaban la imperiosa necesidad de destronar la idea de que a un médico podía pagársele con otra cosa que no fuera dinero (Dahhur, 2012). Esta sería una forma de diferenciarlos de los curanderos, a los que consideraban estafadores. La incipiente corporación médica inició su intento de consolidación en una época en la que los conflictos políticos por el control del territorio y de los organismos estatales fueron recurrentes (Míguez-Bragoni, 2010) y muchas de las disputas en ambas arenas tuvieron sus puntos de contacto.

Las acciones que llevarían contra los médicos populares tenían su origen en la necesidad por parte de una corporación en construcción (la médica) de generar su propia valía en una sociedad en la cual un curandero, veterinario o aficionado a la medicina podía ser reconocido como médico, aunque careciese de título. Solo por citar un ejemplo, en 1885 un médico de apellido Franceschi en la Revista Médico Quirúrgica señalaba que las personas en la provincia de Buenos Aires (él se refiere específicamente al partido de 9 de Julio) acudían al médico solo por los certificados de defunción y para la curación recurrían a los curanderos. Su objetivo primordial era expresar su malestar, pues los médicos debían ser los únicos avalados social y legalmente para impartir decisiones sobre la salud de la población. Esto lo han señalado ya Di Liscia (2002), González Leandri (1999, 2005) y Armus (2000, 2007) con base en las quejas de los médicos durante la etapa de profesionalización de la medicina. Por lo dicho coincidimos en que esta sería una de las causas por las cuales se iniciarían campañas de desprestigio a los llamados curanderos.

Empero, el desarrollo científico no fue lineal en el siglo xix. Durante varios años se conjugaron la ciencia y otras prácticas en los mismos escenarios, y personajes a los que hoy se los consideraría embaucadores eran recibidos en las sociedades científicas argentinas y latinoamericanas (Podgorny, 2012; 2015; Vallejo, 2017, 2018; Quereillhac, 2016). Asimismo, los representantes de la ciencia médica eran conscientes de sus limitaciones y de por qué podían llegar a primar los charlatanes, curanderos y demás sanadores populares:

Contra la curandería no hay legal correctivo: el grado de su prestigio ha sido, es y será exacta medida ó de lo que le falta á [sic] la Medicina para arte científica, ó de los que les falta á [sic] los médicos para dignos representantes de ella.^[3]

La medicina por aquel entonces era concebida como un arma para influenciar sobre el comportamiento de los hombres. Pero para ello debía ganarse la confianza de alguien tras salvarle la vida o haber mitigado un dolor. Esto implicaba que la persona en teoría debía reconocer el conocimiento del médico para apelar a él. Se invocaba a un respeto nacido de sus títulos universitarios para buscar que se lo escuchase y se lo hiciese partícipe de la vida de las sociedades. De esta manera se intervenía e intentaban cambiar estilos de vida (Fernández, 2004: 122). Por este motivo personas que se decían médicos mentían acerca de su titulación, como lo fue el caso del Conde de Das, reconstruido por Mauro Vallejo (2017: 29). El reconocimiento de los pares y de la sociedad era imprescindible para construir un buen nombre, fama y lugar de poder en el campo de la medicina.

En este sentido, Ricardo González Leandri (1996,1999, 2006, 2010 y 2013) ha retratado en reiteradas oportunidades las complejidades por las que atravesaron los médicos desde 1852 hasta fines del siglo xix. Este autor centró sus investigaciones en la conformación de una corporación en la ciudad de Buenos Aires. Examinó las rencillas y avatares que atravesaron los médicos para lograr un espacio de poder en un periodo en el que Buenos Aires era una “gran aldea”. Esta noción no debe ser olvidada. La caída de Rosas en 1852 dejó a la provincia de Buenos Aires y al país no solo sin un sistema político organizado, sino también con la inexistencia de un sistema sanitario, y una paupérrima cantidad de médicos en la provincia: 1047 curanderos frente a 252 médicos. Sin embargo, a pesar de desarrollar una investigación sobre la corporación médica y sus intentos de instalación como depositarios del conocimiento de la salud, González Leandri no profundiza lo suficiente en la relación con la medicina popular, siendo esta necesaria para una definición por antonomasia para los médicos.

Para revocar esta situación en la provincia se dieron una serie de reformas significativas, como lo fue la “reglamentación” del cuerpo médico: la reactivación de la Facultad de Ciencias Médicas, el Consejo de Higiene y la Academia de Medicina. Se sancionó un decreto que sentaría las bases para la ley promulgada en 1877 sobre el ejercicio de la medicina. Particularmente nos interesa el Consejo de Higiene Pública, que se convirtió en el organismo legitimador (González Leandri, 1999: 4), pues controlaba las áreas de incumbencia médica: la vigilancia del ejercicio médico y farmacéutico y la persecución del curanderismo. La composición de notables médicos y farmacéuticos llevaría a esta institución a cuestionamientos sobre qué se entendía por medicina o curanderismo. Esta institución estaba en la encrucijada entre las respuestas políticas y las respuestas académicas o de la incipiente corporación, y se generaron disputas conforme pasaban los años entre los médicos políticos y los políticos natos. Sin embargo, la creación del Consejo de Higiene enaltecía la posición de los médicos diplomados y limitaba más a otras ramas afines, como la farmacia.

2. Los médicos y las instituciones administrativas

En 1870 los médicos, los miembros del Consejo de Higiene y los fiscales estatales señalaban que el reglamento del Consejo no alcanzaba a cubrir los vacíos legales, por lo que era imperante la promulgación de un nuevo ordenamiento legal (González Leandri, 1999: 27), que finalmente se dio el 27 de julio de ese año. Si anteriormente se destacaban las nebulosas y vacíos legales, la nueva legislación clarificaba quién era el encargado, entre otras medidas, de controlar el ejercicio de la medicina en el territorio bonaerense. Para ser médico entonces había que acreditar competencia, es decir, tener un título universitario. Las instituciones que tenían la tarea de regular la práctica de la medicina y la jurisprudencia eran claves para la concreción del proyecto médico, la monopolización y el respeto de su profesión. Estos organismos, junto a la propaganda y posterior patrocinio del Estado, no exento de tensiones, eran las formas de garantizar una profesión que hasta entrado el siglo xx podía encuadrar a una gran cantidad de personas en el imaginario colectivo que no habían pasado por la universidad.

Como ha reconstruido González Leandri, en principio, la corporación médica estaba compuesta por un cuerpo de médicos notables que lejos de ser un núcleo cerrado y homogéneo contenía en su interior trayectorias, carreras y visiones diferentes de la política y la profesión (1999: 5). Producto de esto fueron las confrontaciones en los diferentes ámbitos de injerencia de los médicos, como la Facultad de Ciencias Médicas, el Consejo de Higiene Pública y las revistas especializadas en medicina y profesiones afines. La Revista Médico Quirúrgica (RMQ) de la Asociación Médica Bonaerense fue uno de los ejemplos de las disputas dentro de la corporación, pues nucleaba a los nuevos médicos egresados de la universidad.

El Consejo de Higiene Pública fue arena de disputas entre los sectores más conservadores de la corporación médica y aquellos considerados como innovadores en la materia. La epidemia de cólera de 1867-1868 puso en el debate público el problema de la higiene y desde esa perspectiva comenzaron a generarse cambios en ciertas políticas, como la limpieza de las aguas a fin de evitar el contagio, por ejemplo. Así los Consejos de Higiene Pública tendrían una mayor injerencia en las medidas por desarrollar para la lucha contra las enfermedades, como lo destacó Domingo Faustino Sarmiento en la inauguración de las Aguas Corrientes.^[4]

Pero la salud no solo era foco de preocupación de los médicos, sino también de los diferentes estratos del Estado. La instauración de la profesión médica implicó una serie de conflictos entre los médicos nucleados en asociaciones, las autoridades sanitarias y los organismos políticos (tanto a nivel ejecutivo como judiciales), lo que generó desautorizaciones a agentes e instituciones que legalmente debían autorizar (Di Liscia, 2002: 290). Esto, empero, cambiaría paulatinamente en ciertas áreas. En 1870 la ley que modificaba el Consejo de Higiene Pública preveía a cuatro profesores en Medicina, un veterinario y un inspector de farmacia (González Leandri, 1999: 84) para el funcionamiento de este. La razón que llevó a ampliar el número de personas y recursos fue la necesidad de paliar el flagelo que representaba la viruela para la población. La epidemia de cólera de 1867 trajo a su vez como consecuencia un recrudecimiento de los reclamos de un sector que proponía una modificación en la integración de los miembros del Consejo para ampliarlo a profesionales reconocidos y no solo al médico de policía y al presidente de la Facultad de Ciencias Médicas. Es decir que el resto de los médicos podían tomar decisiones acerca de las prácticas médicas más adecuadas para afrontar las crisis epidémicas a fin de evitarlas.

Respecto a la ley de 1870, el cambio sustancial se dio con la introducción de miembros titulares rentados por el Poder Ejecutivo y con la ampliación de facultades como actividades más precisas respecto del control sanitario del puerto, la ciudad e inspección de farmacias. Además, incorporaban la potestad de imponer multas y penas de arresto a los infractores. Los cambios en materia legislativa entre los años 1870 y 1890 confluyeron en una profundización del monopolio de la profesión, según González Leandri (1999: 266). Consideramos que esta afirmación debe matizarse, ya que, de lo contrario, no se explica cómo algunos médicos y farmacéuticos en los primeros años del siglo xx –Pedro Barbieri (médico) y Juan Domínguez (farmacéutico)– destacaban desde dos perspectivas distintas el rol de la medicina popular en la salud de la población, cuestión que abordaremos más adelante. Entendemos que uno de los métodos para intentar conseguir el monopolio fueron sus nexos con las élites políticas del momento.

Los médicos, para asentar su lugar en una sociedad en cambio como fue la surgida desde mediados del siglo xix, debieron vincularse con instituciones estatales a fin de establecer su superioridad cognitiva en materia sanitaria. Los organismos de control serían una herramienta para poder acceder a la población, como así también a recursos que les permitieran afirmar su autoridad. Además, mediante agremiación en sociedades y al manifestar su superioridad en ciertas prácticas los miembros de la corporación médica buscaban reafirmar el monopolio del campo de la salud. Es así que el Consejo de Higiene Pública fue el reconocimiento institucionalizado de los médicos. Este organismo databa de 1852, cuando se desdoblaron las atribuciones del Tribunal de Medicina y se le asignó el asesoramiento de las autoridades en materia sanitaria y la vigilancia del arte de curar (González Leandri, 1999: 80). El problema que atravesó fueron las luchas internas dentro de la corporación médica por hacerse de los lugares de mayor poder, como así también las tensiones entre los farmacéuticos y médicos. A esto deben sumarse las disputas políticas sobre la idoneidad de los miembros que componían el Consejo (González Leandri, 1999: 81). Este autor ha retratado las luchas internas entre los miembros del Consejo y la clase política por modificar su composición y reforzar sus atribuciones, pues hasta 1870 era un órgano meramente consultivo. La ley sancionada en 1870 no modificó en demasía esto, aunque le dio un reconocimiento al Consejo. Sin embargo, la epidemia de 1871 trajo consigo problemas de coordinación en el interior de la institución y su accionar fue fuertemente criticado por su lentitud, sumado a la forma en que se trató la llegada de inmigrantes, los que recién en los últimos años del siglo xix (Di Liscia, 2012: 133) y a inicios del siglo xx serían inspeccionados para garantizar su salud (Di Liscia-Fernández Marrón, 2009).

En este contexto, la sanidad sería incumbencia de la “policía sanitaria” surgida a partir de la llegada de inmigrantes y el consecuente hacinamiento producido por la falta de infraestructura para cobijarlos. El Consejo de Higiene, a pesar de carecer de los recursos, era el encargado de delinear las políticas de carácter epidémico y de preservar el correcto desempeño del arte de curar. Lo primero resultó ser una preocupación para sanitaristas como el médico Emilio Coni, quien percibía una clara relación entre mortalidad e infraestructura. Coni, al igual que Ramos Mejía, Eduardo Wilde y tantos otros, se incorporó a la burocracia estatal bajo la premisa de un trabajo apolítico, mas se involucró en la política partidaria (González Leandri, 2006: 56). Así, los médicos no escaparon a la vorágine política de los siglos xix y xx, mucho menos teniendo en cuenta que pasaron a integrar parte de la burocracia estatal ya fuese como directores del Consejo de Higiene Pública o del Departamento Nacional de Higiene y participaron en los debates parlamentarios como legisladores. Los médicos que integraban estos departamentos debían generar políticas públicas para garantizar la salud de la población, pero surgieron problemas jurisdiccionales a partir de la creación del Departamento Nacional de Higiene en la década de los 80 del siglo xix que dificultaron esto.

La modernización del país, sumada a la consolidación definitiva del Estado nacional, derivó en la creación de instituciones que atendían a las necesidades políticas, económicas y sociales. Una de ellas fue el Departamento Nacional de Higiene, que surgió gracias al ascenso de varios médicos al ámbito gubernamental, como Eduardo Wilde y Guillermo Rawson, siendo el primero ministro durante el gobierno de Julio Argentino Roca y de su sucesor, Miguel Juárez Celman. La labor del Wilde propició la monopolización del poder profesional de los médicos. Asimismo, la convocatoria a los médicos en 1886 tras la epidemia de cólera nacionalizó los problemas higiénicos al apuntar a la creación y coordinación de un plan sanitario para controlar las epidemias bajo el control del Departamento Nacional de Higiene. Esto implicaba una colaboración y relación intrínseca entre los niveles provinciales, municipales y nacionales y también entre organismos públicos y privados. La idea de que la enfermedad ya no era una cuestión individual, sino que tenía una raíz social, hizo posible que el Estado decidiera tomar decisiones para evitar sus propagaciones. Como lo ha señalado Carolina Biernat (2015: 48-49), desde 1880 con la creación del Departamento Nacional de Higiene el Estado buscó una centralización en la intervención de los problemas de índole social derivados de la modernización por la que atravesaba el país. La novedad que aportaba este organismo es que no se enfocó solo en las enfermedades de carácter infeccioso, sino también en las sociales, como el alcoholismo, la prostitución y las enfermedades venéreas. La intervención del Departamento correspondía a una injerencia de carácter defensiva en lugar de proactiva, pues buscaba evitar el contagio, la degeneración, la degradación moral y física, la suciedad y la enfermedad acarreadas por las epidemias (Armus y Belmartino, 2001: 285-287; Álvarez, 2010; Biernat, 2015: 50). De esta forma la higiene ya no era solamente preventiva, sino que se buscaba un programa sanitario de gran alcance.

Dentro de este programa los médicos a cargo del Departamento apelaron al Estado para formar una pequeña minoría que les permitiese adquirir el monopolio de la profesión desterrando prácticas como el curanderismo o la medicina casera. Variadas fueron sus tácticas: desde la publicidad, campañas de vacunación preventivas y de desinfección y también la sanción de leyes que regulasen el accionar de los profesionales de la salud. Sobre este último tópico nos explayaremos en el siguiente capítulo. El Estado desde las formas apoyó el proceso de profesionalización centralizando varias de las cuestiones en manos de los médicos, al igual que con la creación del Departamento. Sin embargo, tuvo otros obstáculos para llevar a cabo sus objetivos. Por un lado, la insuficiente autonomía administrativa del Departamento le restaba independencia económica, pues estaba bajo la órbita de los Ministerios de Guerra y Marina hasta 1891 y en adelante del Ministerio del Interior. Si bien sus funciones se ampliaban conforme los años (control de epidemias, campañas de vacunación y profilaxis, control de puertos), era un órgano básicamente controlador de políticas sanitarias y programador de estas. No obstante, la ejecución estaba en manos de otros niveles, como los provinciales, municipales e inclusive las sociedades de beneficencia (Biernat, 2015: 52).

Así, las limitaciones económicas del Departamento y las superposiciones jurisdiccionales con los organismos provinciales eran el verdadero problema. Esto intentó modificarse, pero la falta de presupuesto propio para poder ejercer influencia hacía que la labor en sí recayera en los Consejos de Higiene provinciales y municipales. He allí motivos de tensión entre las diferentes esferas del Estado. Las provincias, a su vez, carecían de los recursos humanos y económicos para controlar fehacientemente el ejercicio de la medicina. Esto se apreciaba directamente en la falta de medios para ejecutar las penas por ejercicio ilegal de la medicina. Los Consejos de Higiene realizaban las multas y las cobraban, pero carecían de autoridad para aplicar la represión a los infractores de la normativa y en los casos de mayor gravedad directamente era la Justica del crimen quien se hacía cargo de los casos. Es por ello por lo que entendemos que la mirada hacia las provincias, en este caso en particular la de Buenos Aires, a través de las revistas médicas, pero centralmente mediante los expedientes judiciales, ayuda a comprender la complejidad de la estructura social de esta provincia, que colisionaba con el intento de medicalización por parte de la medicina académica y del Estado.

3. La medicina y su intervención en lo social

La élite política buscó, desde el último tercio del siglo xix, generar un clima óptimo para el desarrollo de lo que se concebía como una sociedad civilizada, con oportunidades de progreso. El médico se presentaba como una herramienta por parte del Estado para el mantenimiento del orden social (Salvatore, 2001: 110), imprescindible en la lógica finisecular de la Argentina. Como ha señalado Foulcault (2008), los Estados modernos precisaban de mano de obra fuerte y sana para las campañas militares, como así también para la actividad económica (comercio e industria incipiente).

En ese sentido, desde las últimas décadas del siglo xix, las ideas “higienistas” revolucionaron el campo de la medicina local reconceptualizando a las enfermedades como un problema social ligado al creciente desarrollo urbano y al incipiente proceso de industrialización. Como resultado de este cambio de foco, surgió en esos años una noción de higiene dominantemente defensiva, que tuvo por objeto evitar el contagio indiscriminado que el cíclico impacto de las epidemias, asociadas a la idea de la degeneración, la degradación moral y física, la suciedad y la enfermedad, traían consigo. Por otro lado, se propuso construir una “raza argentina” fuerte y sana utilizando, a su vez, a la higiene para incorporar a gran parte de las masas urbanas a la vida moderna. Durante los años de entreguerras esta noción de higiene defensiva, en tanto disciplina y en tanto política pública, se fue transformando debido a los cambios operados en los índices de mortalidad, que ponían en evidencia el incremento de enfermedades de tipo “moderno”, como el cáncer o las patologías cardiovasculares, por encima de las epidemias. Sobre su tono alarmista se articuló una versión nueva, la higiene positiva, que combinaba la preocupación por la salud y la perfección física y moral. Así, se impuso paulatinamente la convicción de que a partir de ciertas normas, conductas y prácticas era posible estar sano y gozar de una salud pensada como valor integral y absoluto (Armus y Belmartino, 2001). Es así como la “nueva medicina social” resultante buscaba salvaguardar la salud de la población debido a las enfermedades sociales que preocupaban a los médicos, tales como la tuberculosis, el alcoholismo, la prostitución y el juego, entre otras, a lo que deben sumarse los debates por la denatalización y la mortalidad infantil en la prensa periódica, las revistas científicas y las discusiones parlamentarias de principios del siglo xx (Biernat, 2015: 169).

Durante el periodo de la higiene defensiva, la idea de que el ambiente era el responsable de la aparición de enfermedades sería clave en los planeamientos urbanos de fines del siglo xix hasta el surgimiento de la bacteriología. La Argentina no fue ajena a los descubrimientos en el ámbito internacional. Louis Pasteur y posteriormente Robert Koch, con sus investigaciones a principios del siglo xix, crearon dos disciplinas: la microbiología (en Prusia) y la bacteriología (en Francia), que cambiarían la medicina en las siguientes décadas. Las ideas de “infección” de Pasteur y luego de Koch rompieron todos los paradigmas de contagio. En principio Pasteur estableció la acción de agentes minúsculos y específicos como los causantes de enfermedades y de la transmisión entre los seres vivos. Así, entre 1865 y 1885 se buscó una nueva forma de combatir a los entes patógenos mediante la desinfección (pasteurización, antisepsia) y producción de sueros y vacunas (Rodríguez Ocaña, 1992). Todo esto derivó en un cambio sustancial en las operaciones quirúrgicas, que redujo el riesgo de muerte por infecciones. La asepsia, como apreciaremos más adelante, será motivo de discusiones y presentada por los médicos como un rasgo característico de la medicina frente al curanderismo.

Pero no solo la tuberculosis fue motivo de aprensión de los médicos y autoridades, sino también otras enfermedades infectocontagiosas que se cobraron víctimas en el siglo xix. La fiebre amarilla, pero también el cólera, que entre 1867 y 1868 mató a más de 8000 personas, hicieron estragos en Buenos Aires, Rosario y Córdoba, urbes de crecimiento constante. En 1887, una nueva epidemia de cólera en Rosario exterminó más de 1000 vidas, casi las mismas que en Buenos Aires, pero en esa época Rosario tenía la cuarta parte de los habitantes de la capital.

Estas epidemias infecciosas se debieron sobre todo a la vinculación portuaria, que provocaba una afluencia mayor de personas contagiadas y a la concentración urbana, que aumentaba el número de casos mucho más que en las zonas rurales. Las ciudades de la Argentina litoral, en expansión constante, ofrecían un panorama cambiante, traído por el progreso y también por las epidemias y la ausencia de infraestructura sanitaria. Las enfermedades, como señalamos, ingresaron en una agenda colectiva no por novedosas, sino porque hacia finales del siglo se las relacionó con otras urgencias y con una nueva convicción: la prevención colectiva, tarea en la cual el papel del Estado era decisivo.

En 1877 Eduardo Wilde señalaba la importancia de la higiene como una prerrogativa pública: la salud, la enfermedad, todo estaba relacionado con una política de progreso y orden que desde la medicina se promulgaba y por lo tanto debía ser materia de interés del Estado. Básicamente los trabajos existentes sobre este periodo han versado sobre lo acontecido en las ciudades en donde el impacto de las políticas higienistas era mayor (Armus, 2007; Carbonetti, 2011; Álvarez, 1999). Las obras de cloacas, agua corriente, la lucha contra el hacinamiento y los controles de las enfermedades infectocontagiosas fueron algunas de las medidas tomadas por los gobiernos, particularmente en la ciudad de Buenos Aires.

Por múltiples vías este grupo profesional ofreció a la sociedad una imagen a un mismo tiempo caritativa y científica, ganó en respetabilidad y construyó una fluida relación con el Estado. Así fue como algunos de sus miembros –los que a la práctica privada le habían sumado una vocación por la higiene social– asumirían funciones de poder en las nuevas instituciones destinadas a preservar y mejorar la salud pública. Pasaron desde la dirección de hospitales a las cátedras universitarias, desde los cargos directivos en el Departamento Nacional de Higiene a las reparticiones dependientes de las asistencias públicas municipales (González Leandri, 2006: 140-142). Este grupo de médicos alentó incansablemente la ampliación de las funciones en cuestiones relacionadas con la salud y en ese proceso logró consolidar su lugar en el aparato burocrático-administrativo.

Estas renovadas preocupaciones por lo urbano fueron dibujando los caracteres más gruesos de una medicina colectiva y social. Era, al mismo tiempo, una medicina de las cosas urbanas modernas y una empresa político-médica. El agua contaminada de un pantano, los riesgos de un aljibe, los sumideros saturados de un conventillo, el aire visto como un universo indivisible recorrido por gérmenes patógenos, la fermentación de los desechos, todos ellos formaban un espectro de objetivos prioritarios. Luego de analizarlos sería posible abordar su influencia en los hombres y en sus cuerpos.

En ese contexto apareció la idea de salubridad, es decir, la base material, colectiva y ambiental que aseguraría la mejor salud para los individuos particulares (Armus, 2000: 529). Los higienistas argentinos adaptaron experiencias ajenas, especialmente europeas, con el fin de centrar sus esfuerzos y su prédica en controlar y regular dos tipos de problemas urbanos. En primer lugar, todo aquello que significaba amontonamiento y peligro, como los animales de consumo en el matadero, la gente y los alimentos en los mercados, los muertos en los cementerios, los moradores en las viviendas. Luego, la circulación de los elementos esenciales que posibilitaban la vida en la ciudad (Armus, 2000: 530).

Cuando se trataba del agua, la batería de argumentos y esfuerzos giraban en torno a la dotación de redes cloacales y de agua potable (Armus, 2007: 217). Cuando se enfatizaba en el aire, el blanco eran las viviendas, los barrios, los talleres, la ciudad misma. La mayor o menor ventilación era un aspecto clave; de ahí entonces las estimaciones de metros cúbicos necesarios por persona por habitación, las sugerencias de abrir grandes avenidas o parques como corredores de renovación y garantía de pureza del aire que se respiraba (Armus, 2007: 63). Estos problemas de circulación de los elementos vitales reclamaban a su vez un cierto orden que evitara superposiciones peligrosas; es la historia de las filtraciones de un pozo ciego hacia las fuentes del agua utilizada para beber, de los lugares de desagote de las aguas servidas, del área donde se permitía trabajar a las lavanderas o de las zonas de abastecimiento de los aguateros (Armus, 2007: 231). Las ideas y prácticas relacionadas con la salubridad despejaron el camino para que la práctica médica estuviera cada vez más presente en la vida cotidiana de la gente.

En este periodo la medicalización mediante las diversas opciones de atención de la salud se propuso en primer lugar desplazar a la medicina popular y hogareña, tarea que solo avanzado el siglo xx tendría algunos frutos. En segundo lugar, buscaba una tarea preventiva del contagio mediante instituciones –el médico particular, los servicios ofrecidos por las sociedades de socorros mutuos y el hospital público– difundiendo el uso de la vacunación antivariólica, juntamente con las inspecciones sanitarias y contemporáneas a la emergencia de las obras de salubridad en el último tercio del siglo xix (Di Liscia, 2002).

Algunos de los mecanismos para su efectivización se dieron luego de 1906, cuando se concretó la reorganización del servicio a través de cuadrillas de desinfectadores, estufas móviles de desinfección y estaciones sanitarias. Armus denominó esto como “el ejército de la higiene y la prevención que irrumpía en el paisaje urbano” (2000: 533). Este ejército con su accionar, personal e instrumental eran elementos de un progreso científico y tecnológico que buscaba mostrar su valía a fin de desacreditar a sus históricos competidores, los curanderos, destacando sus conocimientos y acciones como las únicas válidas para poder vencer a las enfermedades infectocontagiosas que asolaban a las áreas urbanas (en mayor parte) y a las rurales. Así, los especialistas en salud (médicos y políticos) señalaban que las prácticas producidas por la tradición y a su entender causadas por la ignorancia debían ser erradicadas por completo mediante la intervención en los focos de reproducción de estas, el hogar. Esto mismo apelaba a la eliminación de la medicina curanderil traspasada de generación en generación, por lo que el aparato de propaganda y educación debía ser exhaustivo (Armus, 2007: 286). De acuerdo con Armus, estas modificaciones en la ciudad de Buenos Aires recién en 1920 dieron ciertos resultados, tras la incorporación de ciertas medidas higiénicas: vivían en una casa discretamente equipada, eran miembros de una sociedad de socorros mutuos y usaban los servicios de los hospitales públicos. En cambio, en la provincia de Córdoba, aun en las primeras décadas del siglo xx, la medicina popular era objeto de discusión y preocupación entre los médicos y la prensa (Rodríguez, Aizenberg y Carbonetti, 2018: 122), especialmente en lo referido a la atención sanitaria de los partos y abortos. En la provincia de Buenos Aires no ha habido trabajos que profundicen en la problemática de la medicina popular y su persecución.

En resumen, la cultura higiénica del último tercio del siglo xix surgió por la preocupación por la mortalidad y la morbilidad, consecuencias de las enfermedades infecciosas primero y, más tarde, por los llamados males sociales: la tuberculosis, la sífilis y el alcoholismo. Estos esfuerzos denodados a lo largo de las décadas permitieron sentar las bases de lo que sería el sistema de salud pública entre 1920 y 1940, que tuvieron su punto más álgido con las reformas sanitarias durante la gestión de Ramón Carrillo durante el primer peronismo. Se buscaba claramente desde las élites que la salud de los trabajadores y los sectores populares fuese óptima a fin de preservar la salubridad del ámbito urbano, en donde los riesgos de contagio eran más altos que en las zonas rurales debido a la concentración poblacional y al desconocimiento de los agentes transmisores de las enfermedades, como así también a la existencia de focos infecciosos y escasas medidas de higiene en los hogares de menores recursos. La idea era la modernización de la sociedad y eliminar los males sociales que muchos sectores ideológicamente antagónicos bregaban por su desaparición a través de la cultura de la higiene y del hombre higiénico. Educadores, médicos, políticos y burócratas, liberales, anarquistas, socialistas, radicales, católicos y hasta conservadores fueron partícipes de la reforma social. A pesar de estos esfuerzos, distintas barreras se presentaron para que esto no ocurriese, desde cuestiones de índole material, infraestructura y recursos humanos hasta nociones culturales.

La bacteriología vino a destronar en el imaginario y consenso general las ideas miasmáticas, pero también buscó eliminar las llamadas creencias supersticiosas que apuntaban a la existencia de ciertas enfermedades basadas en lo sobrenatural, como el daño, el espanto, el ojeo y la culebrilla, entre otros. El enemigo invisible eran los gérmenes, que no eran visibles a simple vista. Sin embargo, estos intentos denodados de la medicina por hacer entender a varios sectores sociales que las enfermedades poseían una causa y explicación racional no fueron del todo exitosos (Dahhur, 2012). La higiene fue una propaganda más certera que las acusaciones y cacerías de curanderos que pudieron haberse dado durante la medicalización y la instauración de un Estado sanitario. La propaganda en los diferentes ámbitos (educacional, hospitalario, hogareño y laboral), junto con la demonización de ciertas prácticas, abrió un frente de lucha que propició una ventaja a la corporación médica, aunque la campaña contra la medicina popular continuaría hasta la actualidad.

4. El ejercicio ilegal de la medicina, una enfermedad por vencer

El siglo xix con la higiene y el siglo xx con la bacteriología marcaron hitos en lo referente a los intentos de preservación de la salud de la población. En la documentación publicada e inédita que analizamos hallamos un discurso uniforme que plasmaba cómo la preocupación por la salud de la población era continua tanto para las autoridades estatales como médicas. Uno de los discursos más extendidos entre los médicos fue responsabilizar a la medicina popular de los males y enfermedades de la sociedad.

Es así como la medicina popular y sus agentes fueron perseguidos por diversos motivos: el más recurrente fue el del monopolio del arte de curar en todo el territorio nacional y en nuestro caso en particular en la provincia de Buenos Aires. Desde las diferentes agrupaciones médicas se impulsó la denuncia contra los médicos populares esgrimiendo la necesidad de resguardar a la población de las enfermedades propiciadas por los curanderos, como así también por las epidemias que azotaban al territorio. Esto mismo lo apreciamos en las revistas médicas, al igual que en algunos expedientes judiciales.

En sintonía con esto, desde los distintos organismos editores de las agrupaciones científicas se publicaron una serie de artículos que, si bien su tiraje y público era restringido y acotado a las diferentes corporaciones, daban cuenta de las ideas circulantes sobre el curanderismo en estos años. El peligro y la necesidad de vencer al “gusano roedor”, como lo bautizó Montes de Oca, dieron lugar a discusiones sobre cómo abordar el problema y qué instituciones crear para garantizar un exterminio eficaz de lo que los médicos percibían como una plaga (Montes de Oca, 1854: 50).

Desde la Revista Médico Quirúrgica, publicación del centro de médicos bonaerenses, en 1866 se divulgó un artículo sobre el llamado curanderismo y sus perjuicios. Destacaba que “explotan la ignorancia de los incautos”,^[5] pero peor aún era para los editores la indolencia de las autoridades, que no hacían nada por evitar su accionar: “Á [sic] despecho de las leyes que nos rigen, toleran que hombres y mujeres de distintas nacionalidades hollando nuestras instituciones se arroguen y ejerzan el arte de curar”.^[6] Esta frase apunta a una cuestión que sería sensible en los años posteriores: el rol desempeñado por los extranjeros y el curanderismo (esto lo veremos en los siguientes capítulos). Debido al peso de la inmigración en el interior de la provincia de Buenos Aires, la gran mayoría de los acusados por ejercicio ilegal de la medicina eran extranjeros, españoles, italianos, daneses y franceses específicamente en las últimas décadas del siglo. Di Liscia (2002) y Vallejo (2017) han advertido esta asimilación del curanderismo con los extranjeros mediante el análisis de las publicaciones periódicas de los médicos. Acerca de esto, la Revista de Farmacología, en 1908, publicaría una nota sobre los llamados médicos de cartera, que se adecuaba al clima de época en la que la inmigración empezaba a ser objeto de discusión. Se hacía foco en el factor de la extranjería y cómo perjudicaban a la población con sus engaños:

Por lo regular son extranjeros. Compran una carterita-estuche de frasquitos que contienen doce ó veinticuatro clases de tabletas medicinales, tituladas, verbi gracia: “anticonstipación”, “antidiarreicas”, “antineurálgicas”, “antipalúdicas”, etc., se internan en nuestro Estado, y caen como una verdadera plaga de langostas.^[7]

En pocas palabras, los llamaban estafadores que se aprovechaban de las personas que de buena fe acudían a ellos. Pero esto no solo aparecía en las revistas científicas de la época, sino también en los expedientes judiciales. Los curanderos y los tónicos que aseguraban que curaban cualquier enfermedad existían en el interior de la campaña bonaerense, como han atestiguado trabajos recientes sobre las primeras décadas del siglo xx en la provincia de Córdoba (Rivero, Rodríguez y Carbonetti: 2017; Rivero-Vandía, 2018), en la provincia de Santa Fe (Allevi, Carbonetti y Sedrán, 2018) y la de Jujuy (Fleitas, 2007). Estos estudios han contribuido a matizar la idea de una medicalización exitosa en el interior del país al hacer foco en las tensiones sociales, políticas, judiciales y culturales que generaba el avance de la medicina académica y la resistencia del curanderismo.

Retomamos nuevamente la nota de la Revista Médico Quirúrgica. Esta continúa remarcando que los pacientes que acudían a este tipo de personas se encontraban gravemente enfermos, eran crónicos y/o desahuciados. Para el autor de la nota, la ignorancia era el obstáculo por sortear, pues en ella se aseguraba que se anclaba la fe en los curanderos. La superstición era la base que se debía minar para que la ciencia pudiera expandir su influencia, y en consecuencia también la de los médicos:

La parte ignorante de la población, la gente supersticiosa, necesita la dirección de los hombres ilustrados […] sus gobernantes necesitan perspicacia y perseverancia, para hacer triunfar do quiera la causa de la civilización, combatiendo sin cesar al más terrible enemigo de la humanidad: la ignorancia.^[8]

De acuerdo con el editorial, los niños pequeños eran los principales perjudicados. Era común catalogar como empacho sus padecimientos, por lo que se les efectuaba el tratamiento pertinente sin realmente saber si esa era la patología o no. Esto se daba especialmente en lactantes y menores de tres años.^[9] A esto debía sumarse a las personas que, lejos de ejercer la curandería, aconsejaban a sus amigos y parientes diversos tratamientos para curar o aliviar una dolencia. A modo de ejemplo podemos citar al ungüento de sapo para las torceduras.^[10]

En otras palabras, a la medicina le sería difícil poder acceder a todos los públicos. Sin embargo, la misión de la ciencia y de los médicos debía “ser el motor del progreso, del mejoramiento físico, moral e intelectual de las poblaciones”.^[11] Por ello era imperante la sanción de una ley que regulase la práctica médica a nivel nacional, existente desde los años setenta del siglo xix para la provincia de Buenos Aires. Era tal la preocupación por la regulación y su cumplimiento que las revistas pertenecientes a la cofradía médica y a los organismos estatales destacaban a lo largo del siglo xix los casos por ejercicio ilegal de la medicina.

Así, podemos mencionar el proceso iniciado contra el Instituto Kühnista de Buenos Aires por parte de los directores del Departamento Nacional de Higiene, quienes recabaron información sobre cómo en las dependencias de esta institución se alojaban enfermos y se suministraban tratamientos.^[12] Otro caso en la misma revista es el de los hermanos Bustamante, en 1903, los cuales habían reincidido en el delito de ejercicio ilegal de la medicina en la Capital Federal. La defensa de estos era la siguiente: “Manifestó que él no ejercía el curanderismo y que lo único que hace es vender hierbas que trae de la cordillera, para lo cual está autorizado por la oficina de patentes”.^[13] Este caso, como los trabajados por Mauro Vallejo (2017, 2018) e Irina Podgorny (2012, 2015), resaltan constantemente la delgada línea entre lo científico y lo que no lo era a fines del siglo xix. Empero, las autoridades sanitarias de acuerdo con sus criterios decidían quién practicaba ciencia o era un curandero. Una de las formas por las cuales se enteraban de este tipo de prácticas era a través de la prensa, que servía como método para apresar a los infractores de la ley. Tal fue el caso de un tal señor Wall, que se publicitaba en el diario La Prensa y fue mencionado por el Departamento Nacional de Higiene en sus memorias:

Gabinete Ortopédico-Curación de las Hernias-Pies Torcidos-de Piña, etc. Desviaciones del espinazo-fajas para el embarazo, etc.-Piernas, pies, brazos, manos, narices, etc., artificiales de Wall -resolvió efectuar una inspección en dicho local, resultando de ella que dicho señor Wall no posee título alguno de medicina.^[14]

Al ser interpelado manifestó que “únicamente se ocupaba de ortopedia, sin ejercer la medicina, sino atendiendo á sus clientes, ya sea por prescripción médica ó ya sea por concurrir directamente a su casa”.^[15] Estos son solo algunos ejemplos de los aparecidos en esta fuente. A lo largo de las primeras décadas del siglo xx se repiten este tipo de casos en la sección “Crónica administrativa”. Revisando estas publicaciones se explica por qué en 1905 se pugnaba por una nueva ley sobre el arte curar, pues se consideraba que

La ley actualmente en vigencia, no contiene los resortes para combatir el curanderismo y ninguno contra el charlatanismo, de allí que el Departamento Nacional de Higiene, órgano de su ejecución, vea á menudo esterilizado su esfuerzo y resentida de ineficacia su intervención al hacer efectivas las responsabilidades de los que atentan contra las garantías antes indicadas. […]. El gremio Médico Nacional, de hostísimos antecedentes, necesita ser protegido contra la invasión del charlatanismo, y considero de urgente necesidad evitar que al amparo de la impotencia de la ley actual, se cultive en las nuevas generaciones. C. Malbrán.^[16]

Sin embargo, a pesar de este reclamo, nuevamente en 1909 en un editorial de Jacobo García sobre el estado de la medicina y las cuestiones sanitarias se traía a colación la obsolescencia de la ley de ejercicio de la medicina de 1877. Los basamentos de la afirmación residían en que, a pesar de las prohibiciones, las multas y el accionar del Departamento el curanderismo, lejos de desaparecer, aumentaba. A esto debía sumársele la interpretación jurídica realizada por los magistrados, quienes no siempre consideraban la existencia de un delito en los casos denunciados por el Departamento,^[17] pues no veían mala intención en el accionar de los acusados de curanderismo. Estas prácticas se encontraban extendidas en toda la población en diferentes grados, lo que hacía difícil su extirpación.

Por ejemplo, Diego Armus (2007: 314), en su trabajo sobre la tuberculosis, destacó el peso de la medicina popular encarnada en la figura de los curanderos, como así también en la medicina hogareña. Armus define como “curanderos híbridos” (2007: 315) a aquellos que para curar el tratamiento de la tuberculosis empleaban métodos eclécticos a principios del siglo XX. Al respecto de este término Armus desconoce la conformación de la llamada medicina popular y cómo suele combinar tradiciones de diferentes índoles y orígenes para la curación de males. Es por eso que no era infrecuente la confluencia del uso de la magnetoterapia, la hidroterapia y la herbolaria por parte de una misma persona. La circulación de saberes y la comunicación de personas hacían que diferentes métodos fuesen empleados. Los curanderos, durante este periodo, para la ciudad de Buenos Aires, se publicitaban mediante los anuncios. Lo que hacían era prometer curaciones para enfermedades que al momento la ciencia médica no había podido subsanar. Por ejemplo, Joaquín Vázquez, un curandero, aparecía en La Semana Médica, y ofrecía cura a una serie de males que no eran los habituales de la medicina popular:

Reumatismo, parálisis, abatimiento, asma, anemia, tisis y tuberculosis, bronquitis, caída del cabello, dolor de caderas, clorosis, colores pálidos, cólicos, flojos, erisillia, escrófulas, esterilidad, esputos de sangre, estreñimiento, fiebres, garganta, hemorroides, hernia, hígado, histerismo, incontinencia de orina, insomnio o falta de sueño, jaqueca, locura, menstruación, ataques nerviosos, venéreas, enflaquecimiento, obesidad.^[18]

Se puede citar a su vez la existencia de publicidades de “falsos médicos” que llegaron hasta los juzgados, tal como sucedió en La Plata. En 1888 se abría una causa contra un homeópata, Arturo Domínguez, por ejercicio ilegal de la medicina en La Plata. Una misiva al jefe de policía de la provincia, don Juan A. Domínguez, daba inicio al proceso de parte del Consejo de Higiene Pública. Los miembros del organismo público se remitieron a publicaciones periodísticas para informar sobre un hombre, Arturo Domínguez, que en la localidad de Belgrano “ejerce indebidamente el ejercicio de la medicina”.^[19] Por este motivo le solicitaban al comisario que lo citara para un interrogatorio. Asimismo, desde el Consejo se adjuntó un recorte del diario Buenos Aires en el que constaba la publicidad de este médico. Como el acusado se proclamaba homeopático y justificaba su accionar basándose en los conocimientos de esta rama de la medicina, se presentó el Reglamento de la Sociedad Hahnemanniana, con sede en La Plata y fecha de 1888, que establecía las normas de la medicina homeopática. Esta sociedad se proclamaba filial de la existente en Madrid, fundada en 1871 (González Korzeniewski, 2010). El encargado de la investigación decide corroborar los hechos, por lo que interrogó a Carlos Olivero, presidente del diario Buenos Aires, que publicaba el aviso de Domínguez, para constatar si este había ejercido la medicina ilegalmente. Según el testigo, Domínguez había asistido a una criatura, hija del Sr. Muñoz Calvera: lo sabía fehacientemente porque este se lo había aseverado en varias oportunidades. Agregó que el padre de la criatura había tenido que llamar posteriormente al Dr. Arce Peñalva para que curara a la enferma de una conjuntivitis catarral, la cual derivó en purulenta, después de 23 días de ser asistida por el homeópata Domínguez.^[20] Posteriormente, a los 16 días de marzo de 1888 se presentó ante el Consejo el Dr. Don Ángel Arce Peñalva y declaró que

A mediados de febrero fue llamado por la familia de Muñoz Calvera para que asistiera un niño que había sido asistido antes por el Sr. Arturo Domínguez, y que el Sr. Muñoz Calvera le pidió se hiciera cargo del enfermo por no haber tenido éxito ninguno la asistencia del Sr. Domínguez.^[21]

El acusado, Arturo Domínguez, compareció el 10 de marzo de 1888. Cuando lo indagaron acerca de la asistencia a un niño de la familia Muñoz Calvera respondió que “él no tenía nada que declarar, dado que el proceso era irregular, pues él era un médico de una sociedad cuyos estatutos fueron debidamente presentados ante el Consejo”.^[22] El problema para el acusado fue que la homeopatía fue aceptada como una rama de la medicina recién en 1941, por lo que el Consejo lo halló culpable y recibió una multa de 250 pesos, de acuerdo al artículo 41 de la ley del 18 de julio de 1877.

Este es un ejemplo de la influencia y los mecanismos de publicidad que podían emplear los llamados curanderos, cuestiones que los agentes de la medicina académica debían subsanar. Recapitulando, los médicos buscaban una forma de afianzar su poder en una sociedad que se estaba construyendo a sí misma. Entendemos que la animosidad hacia los llamados curanderos residía en que estos acaparaban en ciertas zonas y espacios temporales la “clientela”. Las críticas y ataques eran numerosos y variados. Las revistas de las asociaciones médicas, las instituciones que ellos conformaban y el Estado se aliaban contra la llamada medicina popular. Lo cierto es que la medicina sola no bastaba para conquistar de manera rápida un reconocimiento de parte de la población, por lo que indefectiblemente la cooperación de otras instituciones que igualmente se encontraban en construcción fue imprescindible. La Justicia entonces sería el brazo ejecutor de la lucha contra el ejercicio ilegal de la medicina, una tarea compleja si se tiene en cuenta que ella misma se encontraba en proceso de construcción.

Si la corporación médica deseaba deshacerse de los curanderos era imprescindible forjar una serie de alianzas con diferentes agencias estatales que le permitiesen consolidar el monopolio del conocimiento. El Consejo de Higiene Pública en la provincia de Buenos Aires y posteriormente el Departamento Nacional de Higiene, dependiente del Ministerio del Interior, serían aliados vitales, junto con la labor educativa desplegada por los docentes en las escuelas.

El control del ejercicio de la medicina, como han atestiguado varias publicaciones dependientes de las corporaciones médica y farmacéutica, como así también los anales de organismos nacionales, era complejo en el siglo xix y principios del xx. La existencia de reglamentaciones y prohibiciones no garantizaba el exterminio del “gusano roedor” de Montes de Oca. El beneficio económico para ciertas personas, como así también la falta de una atención sanitaria suficiente, dejaban poco margen para el control. Entonces, ¿cuál fue la vía para argumentar en contra de un enemigo que gozaba de cierto renombre?: el desprestigio.

5. Entre el desprestigio y la utilidad

A mediados del siglo xix y principios del xx los médicos buscaron insistentemente reafirmar su autoridad, sin embargo, para ello tenían que conocer a ese enemigo a vencer, la medicina popular. En principio las manifestaciones de los médicos eran proclamas beligerantes que intentaban señalar todos los perjuicios que traían los curanderos a la sociedad, aunque en el análisis más profundo del discurso podemos encontrar una visión más matizada respecto del accionar curanderil. Ya fuese desde organismos nacionales, provinciales, municipales o desde una posición en la práctica privada, los médicos acusaban y condenaban a todos aquellos que incurriesen en el ejercicio de la medicina sin la titulación correspondiente. Así las acusaciones recaían en individuos que empleaban prácticas de la llamada medicina popular o no institucionalizada, empero, esto empezó a diversificarse hacia fines del siglo xix y principios del xx.

Las denuncias no se valieron solo de argumentos tales como la ignorancia o la superstición para entender la existencia de estas prácticas, sino que comenzaron a utilizar nociones similares a lo que hoy se denomina usurpación de título. Las patologías también se modificarían, lo que dio origen a nuevos lugares y roles para personas que ejercían profesiones afines a la medicina (obstetricia, enfermería, dentistas, etc.). Asimismo, el aborto y la atención de los partos serían objeto de interés y preocupación por parte de las autoridades.

La construcción de su propia autoridad en principio se realizó por antonimia a lo conocido como medicina popular. Es de esta manera que un discurso denostador junto a una alianza con otros agentes estatales fueron necesarios para la lucha contra el curanderismo. Por ejemplo, entre los médicos más reconocidos de mediados del siglo xix podemos citar a Manuel Montes de Oca, hijo de Juan José Montes de Oca, médico con una trayectoria difícil debido a su origen humilde (González Leandri, 1999: 15). Manuel junto con su padre y hermanos formarían el núcleo duro de “notables” en la Facultad de Medicina y en el Consejo de Higiene, siendo Manuel Montes de Oca presidente del Consejo de Higiene en 1862. Igualmente, años después se enfrentarían con sectores más nuevos encabezados por Pedro Mallo y Eduardo Wilde, de quienes ya hemos hablado, que buscarían una renovación en las estructuras de la Facultad de Ciencias Médicas y el Consejo de Higiene (González Leandri, 1999).

Así, en 1854, Manuel Montes de Oca en su tesis doctoral (sobre las enfermedades que aquejaban a la ciudad de Buenos Aires) realizó una crítica demoledora a los charlatanes, agentes de la medicina popular: “Gusanos roedores que destruían la Nación” (1854: 50). Eran, entonces, un mal por erradicar. El problema, ya en la década de los 50 del siglo xix –y esto continuaría–, era que los médicos en su mayoría creían que más que curar los curanderos lo único que hacían era contribuir a enfermar a la población, ya fuese por un mal diagnóstico o porque la medicina empleada no ayudaba a la curación y podía derivar, en el caso de las infectocontagiosas, a enfermar más población. Además, si bien es cierto que este escrito es anterior a la sanción de la ley de ejercicio de la medicina en la década de los setenta, el resquemor hacia los curanderos ya existía en algunos de los miembros de la incipiente corporación médica.

Montes de Oca afirmaba que la mente del enfermo siempre era más permeable a las curas maravillosas y que estas prácticas a las que denominaba charlatanismo eran propias de sociedades atrasadas y no de las civilizadas. Su exposición continuaba con un debate que se daba en el seno de la corporación de aquellos años y tenía que ver con el de las profesiones liberales y su libre ejercicio. Montes de Oca acordaba con una libertad de ejercicio en el plano de la teoría, empero, la realidad de la Argentina y de varios lugares hacía que ejercer libremente la medicina fuese imposible, pues no existía la garantía de que quienes lo hiciesen no buscaran beneficiarse, en lugar de curar a los enfermos (Montes de Oca, 1854: 51).

La visión de este médico crítica y denunciante en sus dichos responsabilizaba a la práctica del charlatanismo como una de las causales de la agudización de ciertas patologías: sífilis, enfermedades gastrointestinales, hidropesías sintomáticas y heridas en el cordón umbilical –esta última relacionada con las prácticas de las parteras y comadronas– (1854: 52). Visiblemente, en su escrito ponía en discusión temas que en las décadas siguientes formarían parte de la cuestión social denunciada por los socialistas (Barrancos, 1996; Dahhur, 2018; Zimmerman, 1995; Suriano, 2000; Salvatore, 2001). En síntesis, el mal social que representaba el curanderismo era para Montes de Oca equiparable a las peores enfermedades sociales.

Para Montes de Oca, aunque solo le dedica dos páginas al tema en su tesis doctoral, “razones particulares nos obligan á suprimir el largo artículo que habíamos escrito sobre el charlatanismo” (1854: 50), “enfermedad” a la que equipara con otras de carácter social como las venéreas (sífilis), la prostitución, la lactancia y su importancia en la niñez y la embriaguez, entre otras. El eje de su argumentación era buscar mediante la incidencia de la medicina y sus agentes autorizados una nación civilizada desterrando las “semilla del árbol venenoso llamado charlatanismo” (1854: 50). El discurso más beligerante de todos los que presentaremos es sin duda este. En él percibimos un reconocimiento de la lucha para que la profesión médica ocupe el rol de salvaguardar a la sociedad. La analogía con un árbol venenoso guardaba relación con la idea de que el charlatanismo era uno de los casos de superstición que existían en la Argentina. Ese mismo veneno debía ser eliminado a fin de poder constituir una sociedad que ya no se amparase en creencias y prácticas de carácter supersticiosas desde el punto de vista de la medicina científica, sino que empleasen a la razón como candil para iluminar sus vidas. La concepción de charlatanismo como enfermedad era frecuente en estos años. Sin embargo, como veremos en unas páginas más adelante, la idea de superstición también acompañaba a la de enemiga o competidora de la ciencia.

Por otra parte, en el seno de la corporación médica existía una necesidad de comprender la lógica de estas supersticiones y dotar a ciertas enfermedades de una cierta racionalidad científica que pudiera abrir un campo de acción en el cual los médicos eran inoperantes. Uno de los trabajos de Juan A. Domínguez sobre la década de los 20 del siglo xx recoge en gran parte las enseñanzas de Paolo Mantegazza, un médico italiano radicado en Buenos Aires y Entre Ríos durante la Confederación de Urquiza, quien señalaba que “el médico que no se dejase seducir por el estudio de la medicina popular deberá estudiarla toda vez que resuelva ejercer su arte en estos países, porque no se puede combatir a un enemigo sin conocerlo” (Mantegazza, 1949: 67). Al sumergirnos en los dichos de Domínguez, encontramos un respeto y un rescate de las culturas indígenas y criollas por parte de un científico argentino que señalaba la relevancia de la medicina “no científica” para los aportes de la “medicina científica”, una medicina popular que no necesariamente se encontraba muy alejada de la “científica” en ciertas cuestiones: “Sin embargo, semejantes procedimientos no se hallan tan alejados de la terapéutica culta como podría creerse” (Corbin-Perrot, 1991: 300). Su trabajo se dio en un periodo atravesado por el criollismo de los años diez (Di Liscia, 2002: 227; Prieto, 1989: 18-19), el Centenario y las reformas en el aparato de salud –particularmente en el DNH– (Biernat, 2015). Este movimiento cultural, el criollismo, podía considerarse como un mecanismo de defensa frente al cosmopolitismo imperante gracias a las inmigraciones ultramarinas. Se buscó entonces una legitimación de los elementos autóctonos en pos de una raza argentina, como pregonaba José Ingenieros (Funes, 2006: 110), y esa imagen idealizada del gaucho tendría su punto álgido en los años veinte mediante la construcción del folclore argentino (Chamosa, 2012: 43), que incluía no solo tradiciones y creencias de los criollos, sino también de las culturas indígenas.

La recuperación de la tradición indígena trabajada por Patricia Funes para estos años permite enmarcar los aportes de Juan Domínguez, que redactó uno de los textos fundacionales de la farmacología argentina, Datos para la materia médica argentina (1910), que buscaba crear una farmacopea nacional que unificara los criterios de preparación de medicamentos. En particular nos detenemos en una de las disertaciones de Domínguez en la Academia Nacional de Medicina sobre la medicina indígena y colonial. Una de las apreciaciones más significativas es cuando al principio de su comunicación destacaba que “el eclecticismo de la terapéutica actual es el mejor grado de perfeccionamiento alcanzado por esta ciencia” (Domínguez, 1925: 1). Se refería a cómo la combinación de conocimientos de la medicina científica y la indígena confluían para mejorar tratamientos de distintas enfermedades. Asimismo, en una línea similar revaloriza al empirismo, pues entendía que este “tantas veces se adelantó a las conquistas de la ciencia”, y estos conocimientos estaban en las manos de personas “simples”. Si bien categorizar a los empíricos como simples tiene un tinte denostador, el reconocimiento desde una profesión científica a sus saberes y habilidades no puede pasar desapercibido.

Sus dichos solo fortalecen la idea de recuperación de la tradición indígena (Funes, 2006: 146), por lo menos en la medicina, al igual que una crítica al liberalismo y al positivismo inaugurado post-Caseros (Devoto, 2000: 71). El empirismo ya no era condenado abiertamente como en años anteriores, sino que es bien recibido e incluso halagado por parte de las autoridades científicas y algunos folkloristas. En ese sentido, el caso de Orestes Di Lullio, trabajado por Judith Farberman (2010), permite comprender el paulatino cambio de ideas. Ya no se censuraba y menospreciaba a la medicina popular por ser un cúmulo de supersticiones, ya que dentro de sus saberes había conocimientos que podían ser avalados por la ciencia; la farmacopea era uno de ellos.

Ese empirismo, si bien en principio escapaba a los cánones de racionalidad señalados por la ciencia, no era irracional por completo; por el contrario, la lógica interna del accionar de los machis, curanderos o sanadores indígenas, se basaba en años de observación de las propiedades de ciertas plantas y derivados de animales para contrarrestar enfermedades. Por ello mismo valoraba “las observaciones del empírico, que por su propia índole es un eximio observador” (Domínguez, 1925: 2). Un halago, por demás inesperado unos años atrás. Pero gracias a los avances de la ciencia en el campo de la biología y la herboristería en el preludio del siglo xx, las características, beneficios y propiedades de plantas empleadas por los indígenas se hicieron más notorias ante los ojos de los científicos.

En otro extenso párrafo destacaba las propiedades de varias plantas, como la quina y la coca, entre otras. De esta manera rescataba la cultura médica de estas sociedades, que eran vistas como atrasadas e incivilizadas unos años antes. Admiración expresan sus palabras, pues compara la eficacia y el conocimiento de esas hierbas con el que podría brindar un análisis de laboratorio (1925: 2). Igualmente puede percibirse en sus palabras una crítica velada al accionar de los médicos en el pasado, como así también a los farmacéuticos, al traer a colación a su relato lo observadores e inteligentes que fueron los jesuitas al estudiar y relevar las propiedades de las plantas empleadas por los aborígenes en las reducciones. Así, por ejemplo, uno de los mejores testimonios sobre la farmacopea indígena colonial es la obra del hermano Pedro de Montenegro, Materia médica misionera, un texto original del siglo xviii en el cual puede encontrarse una serie de plantas, hojas, raíces con sus características, formas de preparación y aplicación según las diferentes enfermedades.

Este respeto por los conocimientos médicos de los indígenas por parte de los primeros europeos es resaltado por Domínguez:

Conocían y aplicaban remedios para las bubas y otras enfermedades parecidas, y en la práctica, hacían uso de propiedades purgantes, eméticas, diuréticas, febrífugas, sedantes, narcóticas, sedantes, etc., que los indios herbolarios vendían en los mercados públicos, las que administraban bajo diferentes formas: infusión, decocción, emplasto, ungüento, aceite, etc. (1925: 9).

Este farmacéutico rescataba y aprobaba la sabiduría de los primeros europeos, quienes aprovecharon rápidamente los conocimientos de los nativos americanos; un cambio contundente con respecto a la postura que suponía a los saberes europeos coloniales e indígenas como un cúmulo de supersticiones. Estos conquistadores aprendieron rápidamente que los médicos indígenas poseían nociones de fisiología y herbolaria, conocimientos que con el transcurso de los años fueron vituperados por una medicina científica que trataba de erigirse como hegemónica. Sus apreciaciones incluían la utilización de los órganos de los animales (criticado por la medicina años antes de la publicación de su trabajo):

Con respecto a la opoterapia y la organoterapia, estas fueron tan conocidas y practicadas por el hombre americano, desde Méjico hasta la Patagonia […] y así utilizaron con fines médicos, desde el buche de avestruz, hasta el pulmón del cóndor; la hiel de guanaco que administraban por boca o en enemas, y la piel del sapo, que, como hoy se sabe, contiene principios que por su naturaleza y acción se aproximan a la adrenalina y se administraban por vía gástrica ( 1925: 12)

La condena no está presente en su discurso y análisis, por el contrario, se hallan el reconocimiento y en cierta medida la aprobación en sus palabras, pues dan cuenta de la importancia de ese empirismo y la agudeza de la observación de estos indígenas para la detección de las propiedades y beneficios de las plantas y extractos y partes de animales. Si bien sus palabras pueden sonar un tanto grandilocuentes, Domínguez buscaba despertar la conciencia de la importancia del estudio de las prácticas curativas empíricas, descuidadas según él por los investigadores anteriores. Es por ello que pretende volver sobre el pasado y los conocimientos de los indígenas. Encuentra un campo vasto y fecundo para ello a través de la botánica y la herboristería. La lógica del empírico es revitalizada, reevaluada y apropiada en cierta forma por este farmacéutico:

En el momento actual, la terapéutica vuelve a tender su mirada a los simples, para rever lo viejo, ya aunando sus observaciones a los datos y sugestiones del empírico, investigar […] que a poco que se reflexione, surge por lógica la evidente e imprescindible necesidad de una revisión total de la materia médica vegetal (1925:13).

Las nuevas ciencias validaban el acervo cognitivo ancestral y tradicional; las palabras de Domínguez entraban en contradicción con lo pregonado y defendido por la ciencia hasta unos años atrás:

Los adelantos de la farmocoergasía, nueva ciencia que estudia el cultivo de plantas medicinales, y la farmacofisiología, que a su vez orienta sus esfuerzos en vista de enriquecimientos activos de las mismas, estudiando sus funciones y fenómenos bioquímicos que rigen su formación y transformaciones (1925: 13).

El nacionalismo argentino como clima de ideas reinante en los años diez y veinte ayudó a la idea de rescatar la tradición de los pueblos americanos frente a la hegemonía europea en materia científica. Esta corriente de pensamiento importada de Europa (Blache, 1992) se desarrolló en la Argentina en un periodo de expansión económica y de cambios culturales y sociales favorecidos por la llegada de inmigrantes ultramarinos. La reacción a esto desde un sector intelectual (Bertoni, 2001; Devoto, 2002; Funes 2006; Chamosa, 2012) fue el rescate y puesta en consideración de figuras, prácticas, relatos y costumbres criollas del interior del país (Chamosa, 2012: 41), pues se buscaba construir una nacionalidad argentina frente al cosmopolitismo imperante en la ciudad de Buenos Aires.

Las aseveraciones de Domínguez pueden entenderse en este clima de ideas:

Investigar en él: es llenar una deuda contraída con la patria, es honrar la raza americana, es llenar el deber que tiene todo pueblo de conocer sus recursos naturales, y es demostrar que no necesitamos que el extranjero venga a enseñarnos lo que tenemos en el dominio de nuestra materia médica (1925: 19).

Palabras en consonancia con el indigenismo que se gestaba por aquellos años, el cual buscaba el mestizaje biológico que solucionaría el problema del indio y lo nacional (Favre, 2007: 45), un movimiento que contó con intelectuales como Ricardo Rojas, que prefería la fórmula “exotismo e indianismo” frente a la dicotomía sarmientina “civilización-barbarie” (Devoto, 2000: 83).

Todas estas elucubraciones e investigaciones no hubiesen sido posibles de no haber mediado una profesionalización de la medicina y una diferenciación de otras profesiones y prácticas relativas a la salud y la enfermedad. La medicina sería la encargada de desterrar a la mencionada “barbarie” en pos de la “civilización”.

Pero el férreo control que quería imponer la medicina a la práctica no resultaba sencillo: las diferencias de criterio en el seno de la corporación médica y las concepciones sobre el curanderismo hacían que algunos médicos vieran con desconfianza a estos competidores y buscaran desde sus especialidades convertirlos en enfermos, tal como se hizo desde la psiquiatría. El competidor inmoral sería un enfermo. Si las leyes no podían ofrecer una salida rápida a la existencia de los curanderos, los médicos se ocuparían de “curarlos”. Es así como ya en el siglo xx encontramos una clara división de roles por parte de las diferentes profesiones presentadas, la medicina y la farmacia. El curanderismo, en cambio, en reiteradas oportunidades no respetaba esta separación. Uno de los principales ideólogos encuadrado dentro del reformismo social y partidario de la defensa social de los años noventa y los primeros del siglo xx fue José Ingenieros, quien empleó los conceptos de la eugenesia italiana, con la que se buscaba “la segregación o eliminación de cuanto puede dificultar o poner en peligro su existencia” (Ingenieros, 2003 [1903]: 176). Dentro de la teoría de defensa social de esos años quien ejercía ilegalmente la medicina era un delincuente que debía ser atacado, pues era considerado una “anormalidad” para el correcto funcionamiento de la sociedad. Definía a los curanderos y demás profesionales de la medicina popular como sujetos enfermos que debían ser reeducados en la cárcel o el manicomio, según el caso. Es decir, la medicina popular era una enfermedad social que había que combatir, algo que ya estaba en las palabras de Montes de Oca treinta años atrás. La idea de que fuesen enfermos que infectaban a la población con sus creencias y prácticas serviría como elemento legitimador del avance de la medicina académica sobre estos saberes. Aquí se abre una nueva contribución a la legislación y una novedosa rama que estudiar y emplear: la medicina legal. La psiquiatría y sus especialistas serían los encargados de discernir si los acusados en las causas judiciales por ejercicio ilegal de la medicina eran imputables o no: una alianza entre lo que serían dos agentes de control estatal, la medicina y la justicia, en pos de un mayor control social de la población.

En consonancia con esto, Pedro Barbieri, especialista en medicina legal de la Facultad de Ciencias Médicas, realizó aportes al estudio sobre el curanderismo en forma de artículos y un libro. En 1905, en los Archivos de psiquiatría y criminología, Barbieri, en un apartado sobre el curanderismo en la Argentina, señalaba cómo personas sin siquiera la escuela primaria se lanzaban al mundo de la curación en vistas de una retribución económica. Pero así mismo, agentes del mundo de la salud, como “enfermeros y acabando por los farmacéuticos, se sientan inclinados a actuar de médicos, y lo hagan con una frecuencia, por cierto, deplorable” (1905: 174). La motivación económica y los lábiles castigos eran motivo suficiente para que este médico viera incrementado el ejercicio del curanderismo en la Argentina (1905: 175). Este hecho no lo sorprendía, pues aseguraba que algunas personas que poseían ciertos conocimientos lo hacían sin cobrar dinero alguno. Sin embargo, finalmente en sus escritos queda claro que culpaba a la misma corporación médica por la existencia de estas personas:

… algunas personas […] que se suponen hábiles para curar y ejercen la profesión como un apostolado, sin exigir remuneración ni aceptarla; más aún, conocemos en un barrio del Oeste una de estas, una señora, que ha merecido el insigne honor de ser recomendada (por suerte estamos curados de espanto) nada menos que por un profesor de Clínica Médica de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, y no privada, sino también públicamente en clase, a sus discípulos, a quienes con letras y señales ha referido en más de una oportunidad que envía niños empachados a Teresita ¡¡¡para que los cure!!! (Barbieri, 1905: 175).

Los dichos de Barbieri contribuyen a romper ese mito de que solo las personas carentes de educación pueden creer en los métodos de la medicina popular. El ejemplo del empacho sirve como muestra de cómo las personas, inclusive los médicos, podían hallar en sus prácticas alivio –y por qué no remedios– para sus enfermedades.

Veinte años después, nuevas declaraciones de Pedro Barbieri nos permiten comprender el clima de ideas que aún circulaba entre algunos miembros de la corporación médica. Mediante un libro titulado El ejercicio de la medicina y el charlatanismo en la República Argentina se propuso buscar una solución a la enfermedad que aquejaba a la sociedad:

La profesión médica nacional está enferma y de gravedad. Así como hay parásitos que invaden el organismo y le absorben toda su savia, lo debilitan y lo deprimen, de la misma manera el charlatanismo agobia á la profesión médica, y al propagarse por nuestro país, sin encontrar trabas dignas de mención, amenaza atacarla en sus órganos más vitales, anularla y empobrecerla (1925: 9).

Debido a esta situación su libro será una forma de buscar una solución a esta “enfermedad” tan grave. Barbieri hace lo que Montes de Oca setenta años antes no pudo: explayarse sobre todos los males que encerraba el ejercicio indebido de la medicina. Su objetivo principal era realizar un análisis de la situación argentina y de otros Estados para desentrañar la mejor forma de acabar con esta cuestión. Merece destacarse algo que mencionamos en páginas anteriores, que es la supervivencia de la idea de que el curanderismo era una enfermedad por erradicar, noción ya presente en Montes de Oca en 1854. Para ello es imprescindible definir el ejercicio de la medicina o de la profesión: ejercer la medicina implica la posesión de un título que lo habilite.

En relación con esto el curanderismo extendido por el país y particularmente en la ciudad de Buenos Aires era un gran riesgo para la población, pues el accionar de quienes lo realizaban podía derivar en epidemias de enfermedades infectocontagiosas (Barbieri, 1925: 13). Así el curanderismo, para este médico, era preocupante pues “se alimenta en la credulidad é ignorancia de unos y en la habilidad y conocimientos de las debilidades humanas en los otros” (1925: 14). La ignorancia era el enemigo por vencer, pues era la única razón por la cual una persona podía creer que otra poseía facultades innatas para la curación.

Para evitar confusiones empleó una definición de un magistrado norteamericano apellidado Davis para asentar que entendía por curanderismo

Todo sujeto que ofrece curar y carga con las responsabilidades inherentes al tratamiento y carece de título profesional adecuado, es un charlatán, un curandero; cualquiera sea el método que emplee, aunque no exija honorarios, y, con más razón, el que haga de ese su trabajo su modo de vivir y subsistir habituales (Barbieri, 1925: 15).

El poder de persuasión era algo que lo inquietaba y llegaba a la conclusión de que mediante la sugestión era la única forma de explicar cómo las personas podían creer en que otro poseía un don para curarlos. Entre los mecanismos de persuasión señalaba a la prensa, que alababa las bondades de ciertos tratamientos y personas (1925: 25); de ese modo se propiciaba el charlatanismo en Buenos Aires.

Entre las herramientas de la sugestión apuntaba en su escrito la idea de un poder innato, un don que se posee, “un fluído” (Barbieri, 1925: 47), como afirmaba un curandero de apellido Vázquez, presentado por Barbieri, el cual era célebre según su testimonio a principios del siglo xx en Buenos Aires. A diferencia de otros curanderos, este sujeto aparentemente nunca se hizo pasar por médico, no diagnosticaba ni prescribía, solo empleaba su fluido magnético o vital.

Más adelante en sus cavilaciones afirmaba que el ejercicio ilegal de la medicina era una de las actividades mejor remuneradas en el país (Barbieri, 1925: 54). Esto, como veremos en páginas posteriores, era uno de los agravantes al momento de considerar las acusaciones en el ámbito judicial. Mas Barbieri (1925: 55) destacó cómo algunos curanderos, especialistas en la cura del empacho, por ejemplo, no cobraban por sus servicios y llegaban a ser recomendados por médicos y catedráticos de la Facultad de Medicina.

Por ello mismo como médico remarcaba el accionar que debía tener el Departamento Nacional de Higiene (DNH), organismo encargado de velar por el cumplimiento de las leyes en materia sanitaria. Sin embargo, visualizaba el escollo que implicaba a los miembros de la institución poder garantizar una correcta comprobación de los hechos debido a la inacción del sistema judicial.

No debe perderse de vista que estas fueron solo algunas de las interpretaciones de médicos y farmacéuticos sobre la medicina popular en un contexto de profesionalización de su actividad. La campaña de desprestigio, junto con el apoyo limitado de las instituciones sanitarias, contribuyó a un avance de la medicalización que lejos estuvo de ser absoluto. Como vimos, varias son las críticas al sistema sanitario en construcción y también a la medicina popular. Sin embargo, desde la perspectiva de los médicos no se lograba explicar fehacientemente los motivos por los cuales las personas acudían a los curanderos. Los motivos eran más complejos de lo que ellos creían, como veremos en el capítulo siguiente.

6. A modo de cierre

Este capítulo opera como introducción a la temática central de este libro, que es la medicina popular en la provincia de Buenos Aires. Para ello, y en pos de contextualizar de mejor manera el fenómeno por analizar, junto con sus agentes era imperativo describir y analizar el estado sanitario de la Nación y de la provincia. Esta investigación no escapa al proceso de medicalización, que, como explicamos, se inaugura en la Argentina a mediados del siglo xix, y tiene su punto de partida en la provincia de Buenos Aires con la sanción de la ley de ejercicio de la medicina de 1877 y su aplicación. Sin embargo, hasta la concreción de la ley hubo debates desde diferentes esferas de poder consolidadas y en proceso de consolidación que veían al ejercicio de la medicina y su control como una herramienta.

Particularmente nos centramos en dos actores. Por un lado, en los médicos y sus ramas afines, como la farmacia y, por el otro, en el Estado. El punto de partida de nuestra investigación coincide con el proceso de consolidación del Estado nacional y de la lucha entre las distintas jurisdicciones para hacerse con capital humano y económico. En materia de salud esto se vio claramente en las pujas entre el Estado provincial y el nacional por el control de las epidemias, como así también en materia presupuestaria. Todo esto coincide con un proceso de inmigración ultramarina y de expansión económica que permitiría ampliar la frontera económica y geográfica de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, esto mismo derivó en el surgimiento de lo que eran consideradas diferentes patologías sociales: alcoholismo, prostitución, problemas mentales y curanderismo, entre otras. A su vez, la proliferación de epidemias expuso las limitaciones de la ciencia médica y del Estado para poder hacer frente a ellas.

No se puede entender la relevancia de la medicina popular entre la población si no se explica el estado sanitario de esta. Es por ello que es imprescindible comprender que nuestro objeto de estudio –la medicina popular, sus prácticas y agentes–, lejos de ser cuestiones aisladas de la medicina académica, se interrelacionan completamente y son incomprensibles la una sin la otra. En estas páginas, como señalamos, retratamos escuetamente una serie de hechos y procesos que ayudaron a la configuración del proceso denominado medicalización, en principio para la Argentina y posteriormente para la provincia de Buenos Aires. Esto mismo nos lleva a la idea de complementariedad, la existencia de uno se define por la existencia del otro. Una es académica y la otra es popular, dados los orígenes de los tratamientos empleados y cómo sus agentes los adquieren. Sin embargo, a mediados del siglo xix y principios del xx hasta la irrupción de la bacteriología las diferencias entre ambos tipos de medicinas eran difusas. Por este motivo consideramos de importancia realizar estudios sobre la medicina popular. La medicalización, especialmente la ligada a la construcción del sistema sanitario en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Tucumán, ha sido abordada. Mas para la provincia de Buenos Aires los alcances y limitaciones del proceso no son muy claros. Específicamente en este capítulo presentamos cómo en setenta años desde la medicina académica y desde el Estado nacional y provincial se intentó crear un sistema sanitario.

Al enmarcarnos en un proceso de construcción del Estado y sus instituciones y este coincidir con la medicalización no podemos disociar uno de otro. El fortalecimiento del Estado en todas sus esferas implicaba la necesidad del control de la población contenida dentro de los límites territoriales a fin de lograr un desarrollo y crecimiento luego de un periodo de guerras civiles y en el comienzo de una expansión económica. Tanto los médicos como el Estado se usaron mutuamente como una forma de afianzar su poder en distintas áreas. El control social y epidémico de la población era imprescindible para ambos actores. Es por ello que por momentos se asociaron, pero, como señalamos, las rencillas, disputas y diferencias tanto de criterios como de poder económico no hicieron posible desarrollar sus planes.

Hemos hecho referencia a los problemas y fracciones en el interior de la corporación médica, que lejos estaba de ser una corporación homogénea capaz de hacer frente al desafío que era el hacerse del monopolio de la salud en la provincia de Buenos Aires. Una de las formas de definirse fue encontrar un enemigo al cual derrotar. Las enfermedades infectocontagiosas eran uno de ellos, pero al carecer de métodos efectivos para lidiar con ellas otro debía ser su objetivo. Es allí en donde la medicina popular se convierte en el foco al cual atacar. Lo único que favorecían los médicos populares en todas sus variantes era la perpetuación de prácticas arcaicas propias de una incultura con un fuerte resabio de pensamiento mágico-religioso que contribuía a la muerte de los pacientes o la proliferación de enfermedades. Las campañas de desacreditación reunirían a un sector importante de los médicos, que buscarían denodadamente extirpar al “gusano roedor” de Montes de Oca.

Las diferencias entre los mismos médicos y las políticas sanitarias que se ponían en práctica desde los organismos públicos, como así también la superposición de jurisdicciones y falta de recursos, favorecieron al curanderismo. Este capítulo sirve como marco introductorio antes de analizar a la medicina popular y sus representaciones. Era necesario posicionar al objeto de estudio en una coyuntura que lejos estuvo de ser sencilla y sin complicaciones para la medicina académica, pero también para la popular. Las diferentes etapas que atravesó el proceso de medicalización hasta mediados del siglo xx estuvieron plagadas de conflictos entre los mismos médicos, pero también entre médicos y la población, como así también con otros funcionarios públicos.

El deseo de la corporación médica de hacerse con el monopolio de la salud parece haber sido solamente eso, dadas las circunstancias por las cuales se le dificultó ganarse la confianza y el respeto de la población, una población que tenía diversos motivos por los cuales recurrir a un curandero antes que a un médico. Estas razones serán desarrolladas en el siguiente capítulo junto con los intentos de una corporación médica por cercar a un conjunto de personas que, a sus ojos, solo traían más males que los que intentaban solucionar.