Incertidumbre, sospechas y movilización

Favio Josin^[1]

Al comenzar mi investigación entre los damnificados por las inundaciones ocurridas en La Plata en 2013, me impactó un cartel que pude ver en una de las tantas manifestaciones y protestas públicas organizadas por ellos. Reclamaban asistencia, subsidios, pero también el esclarecimiento del número de víctimas causadas por la inundación. El cartel presentaba un mensaje sugestivo y provocador: “Ni muertos ni desaparecidos; escondidos”. Esto hacía referencia a una de las palabras más fuertes que nos legó la historia política argentina de los años 70: “desaparecidos”. Pero también los autores anónimos del cartel sumaban un nuevo término a los que circulaban para hacer referencia a las tragedias de nuestro país: “muertos”, “desaparecidos”… “escondidos”. Este último término se corre de la cronología setentista y nos acerca a otra más reciente; a ciertas muertes resonantes sucedidas en democracia (Gayol y Kessler, 2018). La puesta en relación entre “desaparecidos” y “cuerpos escondidos” se dio en el marco de protestas y denuncias impulsadas por diversas “asambleas de vecinos” que se organizaron en diferentes barrios luego de las inundaciones. Desde allí se reclamaba asistencia, pero también se denunciaba el accionar del gobierno que, según decían, estaba “escondiendo a los muertos”. La afirmación que enarbolaban estos manifestantes constituyó un indicio claro de su desconfianza, de una sospecha y una acusación.

El libro de Matthew Carey (2018) y la compilación de Florian Muhlfried (2018), ambos escritos desde la perspectiva de la antropología social ponen el acento en el análisis del fenómeno de la desconfianza. Para Muhlfried el hecho de que los trabajos en antropología social se hayan orientado fundamentalmente al estudio de la confianza resulta problemático. En esos trabajos, cuando se incorporaba la desconfianza ésta solo era vista desde su lado negativo como la otra cara de la confianza, como un fracaso social o un obstáculo a ser superado. En contraposición a esta forma de afrontar la cuestión, aquí retomo la idea de que en un contexto de incertidumbre la sospecha y la desconfianza pueden contribuir a que las personas encuentren puntos comunes por los que actuar.

Desde ese punto de partida, a lo largo de este capítulo muestro cómo fueron tratadas las consecuencias devastadoras de la “lluvia excepcional” a partir de las operaciones de registro y conteo de los fallecidos. Alrededor de los datos sobre cuántos eran los muertos causados por la inundación, se construyó una cierta interpretación de la magnitud del desastre y de las necesidades de asistencia para las víctimas (Altez y Revet, 2005). Esas cifras fueron objeto de sospecha y rechazo de parte de los vecinos organizados en las asambleas barriales. La discusión alrededor de las muertes se transformó primero en una controversia (Pereyra, 2013) y luego, por el accionar de familiares de los fallecidos y asambleístas, en una denuncia. Como en aquel cartel que sugería la posibilidad de unir el pasado de la dictadura militar con el presente de la tragedia, a lo largo del tiempo nuevas consignas y palabras se sumaron al reclamo: “verdad y justicia por los inundados”. Consignas y términos habituales en los reclamos de justicia impulsados en el pasado reciente fueron, en este caso, movilizados para denunciar la existencia de “escondidos”. Porque las palabras trazan conexiones, funcionan como puentes. En el marco de un proceso de victimización que condujo a delimitar a un cierto grupo de víctimas y asociarlas al evento que les dio existencia (Barthe, 2017), defender la causa pública por “verdad y justicia por los inundados” implicó producir conexiones entre los muertos y la inundación, esto es, producir una cierta “política de las causas”. Aquí muestro las disputas en torno de los criterios estatales para clasificar a los fallecidos según las causas de muerte y el período temporal que debía ser considerado para ser nombrado como “víctima de la inundación”. El interés por denunciar el “ocultamiento” de los fallecidos impulsó a los asambleístas a realizar investigaciones “profanas” (Akrich et al., 2010) como el “censo barrial” del que aquí me ocupo. Finalmente, aquí sugiero que la idea de “ocultar a los muertos” o de “cuerpos escondidos” no debe ser entendida sólo en su literalidad, sino que también se vinculó con un cierto modo de entender las operaciones de registro y de contabilización de las víctimas fatales.

Una “lluvia excepcional” y sus consecuencias

La tormenta que azotó a la ciudad de La Plata el día 2 de abril de 2013 comenzó alrededor de las 16 hs. y se extendió aproximadamente hasta pasadas las 19 hs. En esas tres horas, colapsó el sistema de desagües de la ciudad produciendo el anegamiento de calles, el desborde de arroyos y la entrada de agua en muchas viviendas. El temporal produjo unos 2200 evacuados, pérdidas materiales por un valor de 3400 millones de pesos y afectó directamente al 37,7 % de la población.^[2] La propia sede del gobierno provincial se inundó y la provincia dispuso asueto escolar y administrativo en toda la ciudad para el día siguiente.

Desde los distintos niveles de gobierno se presentó a la inundación del 2013 en el marco de una explicación basada en la naturaleza, como consecuencia de los cambios climáticos de la región, y se la narró en el registro de la excepcionalidad, como un fenómeno climático atípico e imprevisible: la lluvia fue descripta como

Un enorme caudal de agua en poco tiempo (…) De acuerdo a algunos especialistas fue un huracán sin viento con fuerza media. Fue una trampa mortal. Llovió cuatro veces más de lo normal. Nada puede garantizar que esta lluvia no vuelva.^[3]

La “lluvia excepcional” fue un argumento central en la comunicación pública de la tragedia repetido en todos los niveles de gestión del poder ejecutivo. Los funcionarios políticos ubicaron al fenómeno en el orden de lo imprevisible y lo inesperado. La naturaleza era la responsable y por ello no se podían establecer responsabilidades humanas… lo que había sucedido era una lluvia fuera de lo común.

La imagen de la ciudad fue de devastación y muerte:

Los cuerpos que flotaban por las calles de Tolosa, o atrapados entre los árboles y los autos, convivían con la desesperación de los vecinos que aún se mantenían en los techos en busca de refugio.^[4]

Algunas personas testimoniaban a los medios de comunicación sus intentos frustrados y desesperados de salvar las vidas de sus vecinos, cuando al conseguir ingresar en las casas, descubrían que ya se habían ahogado.^[5] Uno de los puntos críticos en torno a la gestión de la inundación y sus consecuencias estuvo relacionado con identificar quiénes y cuántos eran los damnificados. El número de víctimas fatales y de personas desaparecidas a causa de la inundación se dio a conocer a través de los comunicados oficiales y de las noticias que iban apareciendo en la prensa.

Los días siguientes al desastre las cifras acerca del número de muertos no hacían más que incrementarse. Dos días después de la llamada “lluvia excepcional” el gobierno provincial confirmó la existencia de dos muertes. Esa misma tarde, informó que el número había subido a 25 víctimas fatales. Al día siguiente el número ya ascendía a 48 y el de evacuados llegaba a 2000. La evolución constante de las muertes a lo largo de los días, fue registrada a través de gráficos y esquemas en los medios de comunicación que las clasificaban “por hora”, “por día”, “según las causas”, etc. Tal como informaron los diarios,^[6] si bien el pico de muertes se registra el mismo día de la inundación, luego las muertes continuaban. Es decir, el límite temporal a considerar no se limitaba, desde estas miradas, al día de la inundación ni al siguiente, sino que se extendía por varios días más. Por otra parte, las causas de muerte fueron variadas: paro cardiorespiratorio no traumático, paro cardiorespiratorio traumático, insuficiencia respiratoria, asfixia, etc.

Sin embargo, no solo se trataba de identificar cuántos eran los muertos, sino que también había denuncias de personas que estaban desaparecidas. En esos primeros días se denunciaron 110 desapariciones, de las cuales fueron encontradas 106 personas. Unos días después, hacia el 4 de abril, el gobierno dio por cerrada la cuestión señalando que las víctimas confirmadas eran 51. Ese número incluía a aquellas personas que habían muerto en la noche del 2 y 3 de abril y cuya causa de muerte fuera por inmersión o electrocución. Las voces oficiales dijeron que “ya no se encontrarán más víctimas fatales”.^[7]

Entre la versión de las autoridades que destacaron la excepcionalidad y sorpresa del acontecimiento y la mirada de los vecinos que, como veremos, pensaron lo sucedido en términos de responsabilidades políticas, hubo una lucha por la manera legítima de presentar el hecho, narrarlo y explicarlo. Siguiendo esta línea de interpretación, la controversia que presento involucra una apreciación sobre la magnitud de la inundación a partir de la contabilización de la cantidad de víctimas fatales. La controversia sobre el número de víctimas fatales no es exclusiva del caso de la inundación de la ciudad de La Plata. El mismo problema que significó establecer la cantidad de víctimas fatales se puede encontrar en otras latitudes y como resultado de otros eventos climáticos. Un ejemplo de ello es el caso del desastre de Vargas en 1999 en Venezuela (Altez y Revet, 2005). En este trabajo los autores se preguntan cómo la manera de contabilizar las muertes y de presentarlas sirve para construir una interpretación del desastre, una representación de la tragedia. En el caso de las inundaciones de La Plata la sospecha fue constitutiva de la controversia por la cantidad de muertos e involucró a un amplio conjunto de actores tales como expertos, jueces, inundados, periodistas, peritos, etc. Las causas de las muertes y los límites temporales a considerar estuvieron en el centro del debate entre los damnificados organizados en asambleas y las voces gubernamentales.

Los elementos de la sospecha

A pesar de la intención del gobierno provincial de dar por cerrada la cuestión de la contabilización de muertos y desaparecidos, desde la justicia provincial se abrió una investigación. Algunos funcionarios judiciales habían realizado recorridas por los hospitales, por la morgue de la ciudad y también habían cotejado la lista oficial con las llamadas del 2 de abril realizadas al 911.^[8] Según sus registros había irregularidades en las listas presentadas oficialmente. Por ejemplo, había personas fallecidas el mismo día de la inundación que no aparecían en la lista oficial. En un hospital cercano a La Plata encontraron seis cuerpos cuya causa de muerte podía tener relación con el temporal. En la morgue encontraron un cuerpo que no figuraba en el listado oficial. Estas muertes aparecían como “muertes negadas”.^[9] Se difundió la idea de que la confusión y la improvisación frente al desastre habían dado lugar a escenas bizarras como aquella según la cual una misma persona enterró dos veces a su padre.^[10] Así fue como comenzaron a circular ideas tales como “encubrimiento” y “ocultamiento”. Según las investigaciones de la justicia, frente a la cifra oficial de 51, los muertos eran 62.

Los motivos centrales para el desarrollo de las sospechas sobre el “ocultamiento” de fallecidos, fueron tres. En primer lugar, la existencia de personas desaparecidas que no formaban parte de la contabilidad oficial. Algunas personas contaban sus experiencias personales de búsqueda de sus parientes desparecidos:

en la esquina de la casa de mis viejos el agua me llegaba hasta el cuello… era un río de montaña que arrastraba todo, autos, árboles, muebles. Cruzo la calle con una soga que logramos atar de un poste al otro. Incluso había un camión cisterna de bomberos que ya no podía avanzar… y no tenían bote. Entonces me entero de que mi viejo no está en la casa. Ahí empieza el calvario.^[11] 

Ese “calvario”, imagen religiosa que denota una sucesión de obstáculos y dificultades, se inició los días posteriores al 2 de abril, cuando bajó el agua y se hicieron visibles los daños, los cuerpos y se dibujó el escenario “de guerra”. Ante los casos de familiares que no estaban muertos, pero que tampoco aparecían entre los sobrevivientes, irrumpió en la post-inundación la categoría de “desaparecido”:

Salí a buscar a mi viejo entre los cuerpos muertos, que aparecían en las calles como si fuera una guerra. Había un montón de gente desesperada como yo. Llegué a la esquina de 34 y 25, a una cuadra de donde apareció después el cuerpo de mi viejo… Más tarde fui a la morgue y al centro de evacuados, pero no estaba. Ahí renació la esperanza de que estuviera vivo. Lo dimos por desaparecido, empezamos la búsqueda, mi hermana salió en televisión. Fue una búsqueda nacional.^[12]

Como parte de aquel “calvario”, los familiares de personas desaparecidas debían recorrer una serie de espacios y circuitos que resultaron comunes a todos ellos: hospitales, cementerios, morgues… Ese fue el itinerario que este hombre recorrió para encontrar a su padre desaparecido. Ese camino hace visible la manera a través de la cual se fueron encontrando los familiares de las víctimas fallecidas. En un documento producido por la Asociación de Familiares de Víctimas de la Inundación (AFAVI) se dice que:

nuestros seres queridos quedaron bajo el agua. A algunos los vimos irse. A otros los encontramos en sus casas. A otros, salimos a buscarlos. Caminamos de un barrio a otro, con agua en los zapatos, en las rodillas, en la cintura. Con la incertidumbre de no saber. Circulamos por las morgues y los hospitales. La ruta tarde o temprano fue la misma para todos morgue, sepelio y cementerio.^[13]

AFAVI es un grupo conformado por parientes de personas muertas por la inundación, que comenzaron a tomar contacto al encontrarse en aquellos lugares por los que circulaban buscando a sus desaparecidos. Así fue como varios de ellos se conocieron y trabaron vínculos que luego contribuirían a conformar la Asociación. Se trata de una asociación cuyo principio de reclutamiento – la sangre – vuelve a aparecer, esta vez en democracia, como un criterio que recuerda a quienes se movilizaron en el contexto de la dictadura en la denuncia y búsqueda de las víctimas de las desapariciones forzadas realizadas por el gobierno dictatorial (Vecchioli, 2001).

La segunda cuestión relevante en torno al debate sobre la cantidad de víctimas fatales giró alrededor de las causas de muerte. La preocupación por las causas de muerte involucra dos cuestiones. En primer lugar, se denunció la existencia de certificados de muerte confeccionados de manera irregular. En efecto, otra de las dificultades para confeccionar una adecuada nómina de víctimas estuvo relacionada con la causa de muerte que era informada oficialmente a través de la partida de defunción. Un caso investigado por la justicia ilustra bien esta situación. La hija de un anciano ahogado durante la inundación, había aguardado sin éxito a que las autoridades policiales fueran a retirar el cadáver de su padre. Pasadas cinco horas de espera, el cuerpo finalmente fue retirado por una empresa funeraria, velado y cremado. La médica que intervino en la emisión del certificado de defunción atribuyó su muerte a una causa “no traumática”, a los fines de agilizar la entrega del cuerpo, pese a que el hombre había muerto ahogado.^[14]

Para comprender mejor lo que planteamos es importante señalar cómo son confeccionados los certificados de defunción. Existe un circuito burocrático por el cual deben pasar los cuerpos de las personas fallecidas. Este circuito comienza con la constatación de un cuerpo hallado en la vía pública. Si la muerte es “traumática” se realiza una autopsia, se lo sepulta, se lo anota en el registro de las personas y se emite un certificado de defunción. De ahí puede tener diferentes destinos: el cementerio, el crematorio o su reserva en la morgue. En este caso, ante la espera del médico forense que no llegaba y el paso del tiempo, los familiares decidieron llevarse al familiar muerto por su cuenta a una casa de sepelios y conseguir un certificado ilegal “trucho” que certificara una “muerte por paro cardiorrespiratorio no traumático”. De esta manera se evitaba todo el recorrido burocrático previo y las correspondientes diligencias judiciales, con lo cual la gestión del cuerpo fallecido era más simple y rápida. Esta forma de lidiar con la cuestión tuvo como consecuencia que algunas muertes no quedaran registradas como “muertes traumáticas” causadas por la inundación. Así, en el certificado de defunción de aquel hombre no figuraba una muerte derivada del ahogo, sino una enfermedad prevalente. Según las investigaciones de la justicia, estos casos se repiten en, al menos, cuatro oportunidades.

Uno de los funcionarios judiciales que trabajaban en la investigación orientada a definir la cantidad de muertos propuso trazar una conexión, un paralelismo, entre la gestión irregular de los cuerpos durante la inundación y la tramitación irregular de cuerpos durante la dictadura militar. Según él esto era posible porque aún había “resabios” de aquellas épocas que aún estaban presentes en el funcionamiento de la policía y el poder judicial:

Si es la policía el órgano [responsable] de contabilizar las víctimas fatales de un temporal, entonces los criterios sanitarios pasarán a ser netamente criminales. Únicamente causas penales, y el resto silencio o fallecimiento ajeno a la tragedia. Si tenemos en cuenta que esas burocracias policiales siguen siendo resabios intocados del pasado (…) para cumplir con esa decisión de mantener una cifra, su brazo ejecutor echará mano a las formas espurias de certificar provenientes del pasado (…). Habrá confusión, distintas listas, muertes dudosas certificadas por médicos particulares, cuerpos cremados sin haber pasado por la morgue cuando pudo haber signo de trauma… (Axat, 2013: 73)

Esta cuestión de la manipulación de los certificados de defunción en el contexto de la dictadura a la que se refería el funcionario judicial ha sido analizada por Sarrabayrouse (2011). Allí la autora muestra cómo en el caso de la morgue judicial durante la dictadura se sucedieron un conjunto de irregularidades en el tratamiento de los cadáveres a través del análisis de los pasos burocráticos que debía cumplir ese organismo.

Siguiendo con la discusión sobre las causas de muerte, un segundo tema fue si se consideraba o no como muertes producidas por la inundación a aquellas que no habían sido “muertes por inmersión” o electrocución. La sospecha era que en la nómina oficial sólo habían sido incluidos los ahogados y algunos electrocutados y que faltaba contabilizar a quienes habían muerto, por ejemplo, producto de golpes o de otras causas.^[15] Uno de estos casos se volvió emblemático: fue el de Ada Teresa Rodríguez de Castro, la vecina de la madre de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La propia presidenta hizo mención a su vecina de 94 años cuando anunció un paquete de ayuda económica para los afectados de la inundación en cadena nacional. Ella relató su caso señalando que su vecina había aparecido muerta luego de la inundación. Sin embargo, Ada no estaba incluida en la lista de víctimas ya que su muerte se debía a razones de salud, a un paro cardio-respiratorio “no traumático”. La sospecha que circuló fue si Ada habría muerto ahogada, es decir, si su caso respondía a la emisión de certificados “truchos” o no. Asimismo, en un hospital se produjeron tres muertes como resultado de la interrupción del servicio eléctrico a causa de la inundación del subsuelo donde se encontraban los grupos electrógenos de emergencia. Por lo tanto, surgía la pregunta sobre si esos muertos debían o no integrar la lista de fallecidos a causa de la inundación.

Desde la versión oficial del gobierno provincial se sostenía que además de las 51 muertes que ya habían reconocido, había otras 37 muertes producidas en el mismo período temporal pero que no eran causadas por la inundación. No todos los muertos del día 2 de abril habían muerto como resultado del siniestro climático, según el gobierno.^[16] Desde la perspectiva estatal, una cuestión fue morir “durante” la inundación y otra fue morir “por” la inmersión o electrocución causada por la inundación. Esta posición estaba basada en una discontinuidad entre una cosa y otra. En cambio, desde la perspectiva de quienes sospechaban y denunciaban, había una continuidad entre una cuestión y otra: morir “durante” la inundación implicaba haber muerto “por” la inundación.

Fue en este contexto que se desató un debate sobre qué muertes debían ser y no ser caracterizadas de ese modo. La cuestión fue sintetizada por un muy reconocido periodista que desde un diario nacional se refirió al “Macabro debate” y se preguntaba:

¿La información se refiere a la cantidad de muertes que se produjeron en la inundación o por la inundación? ¿Incluye a las víctimas que fallecieron en los hospitales? ¿Cómo se computan los indocumentados que habrían sido arrastrados por las aguas?^[17]

Fue por ello que algunas voces que se alzaron sostenían que no era clara la metodología de conteo, que no había criterios comunes y homogéneos en los que confiar, por lo cual la desconfianza se estableció como la mirada dominante sobre el tema de los muertos.

Las movilizaciones por “Verdad y justicia” para los inundados

Como señalé, por cruzarse en cementerios y morgues, pero también en virtud del conocimiento interpersonal por ser vecinos, se habían comenzado a conformar algunos grupos que realizaban demandas y que responsabilizaban al gobierno nacional, provincial y municipal por diferentes temas. Entre ellos, AFAVI incluía a familiares de los fallecidos pero, en cambio, las asambleas estaban conformadas en función de la vecindad, según cada barrio. Este es el caso de la Asamblea del barrio Parque Castelli cuyos vecinos comenzaron a reunirse en la plaza del barrio a fin de reunir información y de organizar su reclamo por asistencia:

aquel día en el barrio y en gran parte de la ciudad se había producido un gran apagón de varias horas. A pesar de que muchos vecinos no se animaron a abandonar sus casas, unos 40 se hicieron presentes en la esquina. Fue una reunión breve y desordenada. Algunos vecinos decidieron cortar la intersección de las calles 25 y 65 para protestar, para ello utilizaron los muebles podridos que aun abundaban en las veredas (Asamblea Parque Castelli, 2014: 159-160).

Fue en este marco que los vecinos, ahora asambleístas, se comenzaron a dar formas organizativas, a distribuir roles y a delinear estrategias. Así se estableció que hubiera “encargados por manzana” que tenían la tarea de convocar a más vecinos:

yo era la encargada de mi manzana y entonces iba y tocaba timbre y decía “Hola, yo vivo acá nos vamos a juntar a las cinco de la tarde”. Al principio íbamos a buscar agua o lavandina o un colchón, era simplemente intercambiar información de las cosas más básicas… (Entrevista a Cintia, asambleísta de Parque Castelli, 2017).

El mismo proceso se fue dando en otros barrios. En el marco de las necesidades y del descontento con la gestión gubernamental, además de los vecinos del barrio Parque Castelli, se fueron agrupando los vecinos de Tolosa, Parque Sicardi, Villa Garibaldi, Parque Saavedra y Barrio Norte, Los Hornos, San Carlos, 19 de Febrero, Villa Elisa, Las Quintas, el Peligro… Entonces, como puede verse, se fueron configurando dos tipos de agrupamientos: el grupo AFAVI, familiares, en base al principio de la sangre y los grupos de damnificados, organizados sobre todo en virtud de la cuestión territorial. Entre estos grupos hubo puntos de encuentro tanto como de desencuentro a lo largo de los años.

En este contexto, la cuestión de las sospechas sobre el número de muertos fue parte de la consigna que movilizaron estos colectivos. Así fue como la discusión alrededor de las causas de la muerte se transformó primero en una controversia (Pereyra, 2013) y luego, por el accionar de familiares y asambleístas, en un reclamo. En un principio la acción colectiva tomó la forma de manifestaciones más o menos espontáneas que se dirigieron al centro de la ciudad, donde se encuentran las instituciones de gobierno.

La primera acción de protesta se produjo el día 16 de abril cuando unas 300 personas entraron al Concejo Deliberante. El inicio de la sesión estaba pautado para 15 hs. Entre 200 y 300 vecinos decidieron entrar al Concejo Deliberante para exigir información sobre el número de muertos por la inundación y reclamaron la renuncia de los funcionarios municipales. Este enojo se manifestó recuperando una consigna de protesta tan familiar durante la crisis del 2001 en Argentina: “que se vayan todos”.^[18] Esta consigna expresaba cierto hartazgo hacia la clase política responsabilizándola por lo sucedido. Si bien había una distancia muy grande entre el 2001 y el 2013 ya que ni la situación económica era la misma ni la crisis de representación política era un tema de discusión, la expresión “que se vayan todos” estaba ahí. Fue un primer marco con el cual los actores trataron de explicar y explicarse de quién era la responsabilidad. Ese día la sesión legislativa no pudo realizarse, el intendente no llegó al recinto y los vecinos decidieron retirarse para continuar su protesta en la calle.^[19] El 18 de abril se convocó una manifestación en la misma plaza en la que se criticó nuevamente al intendente y se produjo el tercer cacerolazo a nivel nacional contra el gobierno de Cristina Kirchner conocido como el “18A”.

El 2 de mayo se realizó la primera movilización organizada que incluyó la participación de asambleas de diferentes barrios y políticos opositores y fue llamada “la marcha de paraguas y velas”, de la que participaron unas 3000 personas.^[20] Las distintas asambleas participantes del acto sintetizaron sus reclamos en seis puntos: esclarecimiento del número real de víctimas; juicio y castigo a los responsables políticos; subsidios y resarcimiento de los bienes perdidos; suspensión por un año de impuestos y tasas para el partido de La Plata, Berisso y Ensenada; inmediata ejecución de obras hidráulicas bajo el control y participación de las asambleas vecinales; derogación del actual Código de Reordenamiento Urbano (COU); esclarecimiento de lo sucedido en la misma fecha en YPF.^[21] En esta ocasión, además, se realizó un acto frente al palacio municipal que incluyó diferentes oradores. Uno de ellos afirmó:

Hoy nos hacemos presentes en la Plaza porque creemos que solo la movilización hará posible que se escuche nuestro reclamo. Porque siendo miles en las calles demostramos que el pueblo de La Plata está de pie luchando por reconstituir lo que la desidia destruyó.^[22]

Tal como puede verse, transcurrido el primer mes luego de la inundación, el reclamo de los asambleístas era tanto de un pedido de asistencia como de una denuncia y pedido de esclarecimiento, de “verdad y justicia”. Luego del acto, la manifestación se dirigió hasta el edificio de la gobernación y la legislatura provincial. Como una manera de continuar el reclamo, desde las asambleas se estableció realizar marchas una vez por mes.

De las sospechas a las investigaciones profanas: el caso del “censo”

Además de las formas de movilización colectiva señaladas, desde la asamblea de Parque Castelli se impulsaron diferentes mecanismos y dispositivos para conocer la verdad. Me pregunto ¿qué efectos tiene la desconfianza en un marco de incertidumbre creado por las consecuencias de una tragedia? ¿Cómo es que investigaciones profanas impulsadas por personas “comunes”, “no expertas”, pueden ser movilizadas en búsqueda de verdad? Como señala Barthe (2017) el compromiso de los grupos afectados puede tener como consecuencia que se impulsen actividades a partir de las que se busque “demostrar” el problema que los afecta (Barthe, 2017). La noción de “investigación profana” refiere a este tipo de búsquedas o investigaciones que realizan los propios afectados. Pueden tener varios objetivos, tales como relevar nuevos datos que se consideran no incluidos en las investigaciones oficiales o aportar nuevas perspectivas sobre un caso. El objetivo puede ser cuestionar la versión oficial de los hechos.

Pasadas algunas semanas de la inundación, la existencia de “escondidos”, la posibilidad de que existiera un número mayor de muertos no registrados, era una certeza para los asambleístas. Los integrantes de la asamblea del barrio Parque Castelli tenían un vecino de la zona que había muerto durante la inundación, pero que no figuraba en el listado suministrado por el gobierno. Los vecinos comenzaron a sospechar de la causa de muerte informada oficialmente (“paro cardiorrespiratorio no traumático”) porque era la misma con la cual se había calificado a muchas muertes durante el día de la inundación y los días posteriores. Por otra parte, al dar por finalizado el conteo oficial el gobierno provincial concluyó que las edades de los muertos oscilaban entre los 20 y los 90 años y que entre ellos no había menores de edad. Sin embargo, entre vecinos y asambleístas circulaban otras versiones. Como me dijo Alicia, una jubilada inundada que pude entrevistar, había “chicos ahogados y cientos de cuerpos apilados en la morgue” (Entrevista a Alicia, 2017). Este tipo de situaciones dejaban varias decenas de personas fuera de los listados, por lo cual vecinos y asambleístas las miraban con desconfianza. Basados en este tipo de experiencias los integrantes de diferentes asambleas impulsaron la confección de una nómina, un listado propio, a partir de la realización de un “censo” barrio por barrio. Así fue como se articuló entre diferentes asambleas un trabajo colectivo que tuvo como fin contribuir a la causa por “verdad y justicia por los inundados”. En ese marco, ellos comenzaron a hacer recorridas por sus respectivos territorios. Según las experiencias que recuperaban a través de sus recorridas y de las charlas con vecinos fueron produciendo su propia contabilización, incorporando nuevos fallecidos.

Al estudiar el proceso de creación de la nómina de víctimas del terrorismo de Estado presente en el Parque de la Memoria, señala Vecchioli (2001) que la misma no fue un resultado natural del terror de Estado. En cambio, el proceso de confección de ese tipo de nóminas muestra todos los signos de una lucha por las clasificaciones sociales en disputa. En el caso de las inundaciones, a lo largo de ese proceso los vecinos que participaban de las asambleas comenzaron a poner en cuestión los criterios que debían tenerse en cuenta para incorporar a las personas al listado de muertos oficiales, es decir, para definir quiénes eran las víctimas de la inundación. En este caso, la categoría en disputa era la de “fallecidos por la inundación”. Una vecina que participaba en la asamblea de Castelli decía:

después de la inundación falleció un matrimonio por intoxicación con bacterias. Los reconocidos en este barrio son diez personas que están en el listado, pero sabemos que hay otros que no entraron… a un asambleísta nuestro después le agarró un ACV y falleció al tiempo (Entrevista a Cintia, asambleísta de Parque Castelli, 2014).

Amparados en sus sospechas sobre la nómina oficial y a través del contraste que les ofrecía su propia experiencia cercana, los asambleístas consideraron que no bastaba con limitarse al día en que se desató la inundación ni al día siguiente, sino que el rango temporal debía ampliarse. No sólo debían ser incluidas aquellas personas muertas que habían fallecido el mismo día 2 de abril, sino que se debía tener en cuenta también a quienes murieron tiempo después. Como efecto de este modo de entender la cuestión, las muertes por la inundación se extendían varios días más allá del 2 de abril. Por otra parte, creían que debía incluirse a quienes habían muerto por causas que sólo en apariencia no tenían relación con la inundación, como por ejemplo, la infección causada por bacterias. Así, debía considerarse a quienes murieron tiempo después a causa de lo que, ellos consideraban, eran efectos posteriores de la inundación: infecciones, depresión o un accidente cerebrovascular (ACV). Entonces, la nueva nómina de fallecidos surgida del censo barrial mostró significativa diferencia en relación a la oficial: “ante la certeza de que el número de víctimas fatales oficial (51 muertos) no era real, armamos nuestro listado… y la cifra subió a más de 70” (Entrevista a Laura, asambleísta de Parque Castelli, 2014).

Las sospechas surgidas de la información que circulaba en la prensa, del accionar de la justicia, de la propia experiencia cercana y los resultados del censo barrial contribuyeron a la búsqueda de la verdad y a darle visibilidad a esos muertos que, para los asambleístas, estaban “escondidos” por el gobierno.

Conclusiones: ¿quiénes son los muertos por la inundación?

En este capítulo intenté mostrar que en el marco de las inundaciones ocurridas en La Plata en 2013, la desconfianza tuvo un efecto productivo. Al reclamo inicial relacionado con la asistencia y la búsqueda de ayuda y paliativos para la situación de los damnificados, se sumó progresivamente el reclamo por “verdad y justicia” promovido tanto por las asambleas barriales así como por la AFAVI. Para todos ellos el ocultamiento de fallecidos, la existencia de “escondidos”, era una certeza. Y en ese camino produjeron narraciones, impulsaron el censo y produjeron pruebas. Como puede verse a lo largo de este proceso, existe una relación entre la “causa política” por la que se lucha y una cierta “política de las causas” que puede comprender prácticas de investigación, expertas o legas, la producción de testimonios y narraciones, etc. (Barthe, 2017).

Este campo de controversia puso en evidencia una disputa por la autoridad para definir el número de muertos y la magnitud de la tragedia. El Estado fue cuestionado desde diferentes lugares. Desde adentro del propio Estado cuando un sector del poder judicial puso en tela de juicio el número oficial de muertos. Desde afuera, cuando las víctimas y damnificados elaboraron sus propios datos, sus propias hipótesis, sus propias narraciones, utilizando tanto fuentes oficiales así como su propia experiencia e investigaciones sobre lo ocurrido.

La disputa central entre el gobierno y los damnificados que mencionamos fue quiénes debían ser considerados víctimas. Por un lado, estuvo discutida la cuestión de las causas de muerte. ¿Debían considerarse muertos por la inundación a las personas electrodependientes que fallecieron en aquel hospital? ¿Y a quien sufrió un paro cardíaco o murió por una infección bacteriana? Pero también estuvo en cuestión el asunto de los límites temporales. Los asambleístas proponían que el plazo temporal a tener en cuenta para definir a las víctimas debía ser más amplio que la limitada consideración de la noche de la inundación y el día posterior. ¿Debían considerarse muertes por la inundación las de quienes fallecieron en los días siguientes? ¿En los meses siguientes? Para los asambleístas, haber muerto durante la inundación implicaba haber muerto “por” la inundación, porque había múltiples causas de muerte que no quedaron registradas adecuadamente. Al mismo tiempo, el hecho de morir “por” la inundación se extendía en el tiempo, más allá del día de la “lluvia excepcional” del 2 de abril y del día siguiente. De esta forma ellos ponían en cuestión las categorías que el Estado usaba para clasificar a quienes consideraban víctimas de la inundación: aquellas personas que habían muerto en la noche del 2 y 3 de abril y cuya causa hubiera sido por inmersión o electrocución. Mientras que los criterios locales mostraban una continuidad entre las causas y la temporalidad de las muertes, la perspectiva oficial implicaba un corte, una discontinuidad entre una cuestión y la otra. Así fue cómo en este contexto ciertos números circularon y fueron cambiando de magnitud a partir del trabajo de los actores.

Las sospechas y la incertidumbre iniciales se transformaron con el paso del tiempo en una certeza que buscó ser confirmada a través del “censo”. En un escenario plagado de desconfianzas, las investigaciones profanas lanzadas por los asambleístas movilizados los convencieron de que sus sospechas estaban bien orientadas. Como vimos a lo largo de este capítulo, la idea de “ocultar a los muertos” o de “cuerpos escondidos” no se redujo a la literalidad, esto es a la operación material de ocultar cadáveres, sino que se vinculó con un cierto manejo de las operaciones de registro y de conteo de las víctimas fatales.

Referencias bibliográficas

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Fuente

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