Desde el Protocolo de Palermo
hasta las leyes abolicionistas de la prostitución

Cecilia Varela^[1]

La campaña anti-trata ha adquirido en los inicios del siglo XXI un alcance global, a través de su movimiento entre espacios nacionales y supranacionales de la mano de un activismo feminista transnacional. Como una preocupación relativa al crimen organizado transnacional y la cuestión migratoria, una definición del delito de “trata de personas” fue plasmada en el Protocolo de Palermo de Naciones Unidas en el año 2001. Estados Unidos, por su parte, jugó un papel importante en la difusión de la campaña anti-trata al incluir en su propia legislación mecanismos de monitoreo de las políticas llevadas adelante por otros países, principalmente en lo que se refiere a los fines de explotación sexual.^[2] Si bien el Protocolo incorporaba la explotación laboral (trabajos forzados o esclavitud), el estatuto de la oferta de servicios sexuales ganó centralidad desde sus inicios en la construcción misma de la noción de “trata de personas” y en el espinoso asunto del consentimiento. El documento final constituyó una solución de compromiso entre los actores involucrados con distintos posicionamientos en torno a la prostitución:

Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. (…) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas (…) no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados.^[3]

Así, se concluyó que el consentimiento de las víctimas mayores de edad resultaría inválido (“viciado” en el lenguaje judicial) de mediar las condiciones enunciadas (“medios comisivos”).^[4] A partir de su redacción, el protocolo ha sido la herramienta fundamental para la tipificación del delito en muchísimos contextos nacionales. Argentina no ha quedado por fuera de esta “ola” de reformas y desde el año 2007 una colisión heterogénea de organizaciones impulsó exitosamente varios procesos de reforma legal que ampliaron el espectro de prácticas que pueden perseguirse como “trata de personas” y “explotación sexual”, que fueron incluso más allá de lo establecido por el Protocolo de Palermo. En pocos años el movimiento local adhirió al abolicionismo de la prostitución y logró amplias resonancias por fuera de la comunidad de emprendedores iniciales.

En este trabajo me propongo analizar la configuración singular que adquirió la campaña en la Argentina durante el período 2008-2012, esto es, desde la sanción de la primera ley de trata en 2008 hasta su reforma en 2012. Esta campaña de carácter global adquiere matices en cada contexto en tanto su proceso de vernacularización exige la producción de marcos de interpretación capaces de movilizar recursos e interpelar actores en contextos culturales específicos por fuera de la original comunidad de activistas comprometidos (Merry, 2006; Cheng, 2011). ¿Cuáles fueron los marcos de interpretación de la “trata de mujeres” que modeló el movimiento anti-trata local? ¿Qué estrategias, repertorios de protesta y símbolos fueron movilizados que permitieron ampliar sus adhesiones desde una pequeña comunidad activista a un asunto que conmocionó a la opinión pública y convocó a las sensibilidades sociales más amplias? ¿Qué estrategias desplegaron las organizaciones para desarrollar acciones de lobby parlamentario logrando movilizar casos y coyunturas a su favor? Para responder a estas preguntas me interesa abordar las narrativas desplegadas por los actores sociales movilizados que permitieron delinear los contornos del problema público en una etapa inicial y los procesos que dieron lugar a la sanción de la primera ley de trata en 2008 y su reforma posterior en un sentido ya plenamente abolicionista de la prostitución en 2012.

Esta etapa del proceso de vernacularización que abordo aquí se caracteriza por la propiedad sobre el problema público,^[5] es decir, “la capacidad de crear la definición pública de un problema e influir sobre ella” (Gusfield, 2014: 76) que ganaron las organizaciones de la sociedad civil para definir los contornos del problema. En el análisis busco dar cuenta de las narrativas en competencia movilizadas por estos actores en esta etapa inicial, destacando al paradigma trata-desaparición como aquel que resultó más exitoso a la hora de interpelar un público más amplio y convertirse en la narrativa dominante en torno a la trata de personas con fines de explotación sexual. También me interesa revisar los procesos a través de los cuales estos actores aumentaron su capacidad de presión para la definición de leyes.

La estrategia metodológica articuló observación participante en eventos anti-trata, debates parlamentarios, entrevistas a sus activistas y análisis de documentación (diarios de sesiones, proyectos de ley, foros de correo electrónico y redes sociales).

La glocalización de la campaña

En Argentina los primeros casos denunciados como “trata sexual” se vinculan a la migración de mujeres dominicanas en la década del noventa, cuyas trayectorias ofrecían elementos que permitían una lectura en esa clave e incluso despertaron algún revuelo mediático e institucional en el año 2001 (Varela, 2012). La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) publicó un informe sobre la migración dominicana a la Argentina en el que documentaba las precariedades de ese proceso migratorio (OIM, 2003) e impulsó una serie de programas de asistencia y capacitación en trata de personas financiados por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Por su parte, en el año 2004, Mujeres en Igualdad (MEI), una organización del movimiento de mujeres con vínculos internacionales, impulsó la creación de la Red No a la Trata. Este grupo se organizó a través de una lista de intercambio electrónico y fue integrado inicialmente por organismos gubernamentales, no gubernamentales y otras organizaciones del movimiento de mujeres con el objetivo de intercambiar información e instalar el tema en la agenda pública. Ese mismo año MEI coordinó el seminario “No a la trata” en el Congreso de la Nación con la convocatoria a funcionarios del poder ejecutivo y judicial, integrantes de fuerzas de seguridad, diputadas y diputados, militantes del movimiento de mujeres y especialistas en género. El documento acordado en aquella oportunidad condensa una serie profusa de preocupaciones en torno a la explotación sexual y la trata de mujeres y niñas. Sobre el reconocimiento de la tradición abolicionista local y la ratificación de la Argentina del Protocolo de Palermo producida en el 2002, los firmantes reclaman la sanción de leyes que penalicen la acción de tratantes y proxenetas y la aplicación de las leyes y convenciones internacionales relacionadas con la trata de personas. El documento asume una continuidad no problemática entre la tradición abolicionista local (inaugurada por la ley Palacios y expresada también en la ratificación por parte de la Argentina de la Convención de 1949)^[6] y el Protocolo de Palermo y exige la creación de instrumentos jurídicos de acuerdo a la nueva legislación internacional. No son audibles aún ciertas voces que rechazarán la tipificación propuesta en Palermo y reclamarán una legislación que profundice la posición abolicionista

Entre los años 2005 y 2007 el programa “Fortalecimiento Institucional para la lucha contra la trata de personas en Argentina” de OIM recorrió el país difundiendo las definiciones del Protocolo de Palermo y diseminando el paradigma emergente de la trata pero también sembró algunas controversias. En el transcurso de sus actividades algunas organizaciones participantes de la Red No a la Trata cuestionaron duramente el enfoque adoptado por OIM y abrieron una línea de discusión que cobró centralidad en el posterior debate legislativo. Así, militantes del abolicionismo histórico local como ATEM y CATW^[7] vieron revitalizada la vieja discusión sobre el estatuto de la oferta de servicios sexuales y comenzaron a cuestionar la distinción conceptual establecida entre proxenetismo y trata con fines de comercio sexual y en general toda la línea conceptual del protocolo de Palermo que permitiría trazar una distinción entre prostitución libre y forzada.

Ya en tratamiento legislativo algunos proyectos que buscaban modificar el tipo penal, las organizaciones comenzaron a presionar cada vez más a las/los legisladores a través de reuniones y declaraciones públicas. Cuando en diciembre de 2006 el Senado aprobó por unanimidad un dictamen que replicaba la definición del Protocolo de Palermo, el arco completo de las organizaciones locales rechazó el proyecto de ley por considerarlo insuficiente. La Red No a la Trata dirigió un documento a las/los senadores/as y diputados/as en el que expresaba su repudio sosteniendo que “cualquier definición de trata debe decir claramente que el delito se configura aunque la víctima haya presentado su consentimiento, cualquiera sea su edad”. La introducción de los medios comisivos en el tipo penal para los casos que involucraran mayores fue presentada como un obstáculo para la persecución del delito en la medida en que “haría recaer la carga de la prueba sobre las víctimas”. Este cuestionamiento no revestía un carácter meramente técnico-jurídico,^[8] sino que se vinculaba más profundamente con posicionamientos ideológicos en lo relativo al estatuto de la prostitución. Así, si atendemos a la ley como un espacio de disputas en el cual se crean representaciones, esto es, la dimensión simbólica de la ley (Segato, 2003), la expresión propugnada (“aun con el consentimiento de la víctima”) buscaba consagrar la idea de que la prostitución constituye per se una forma de violencia contra las mujeres, no admitiendo como posibilidad que la migración de una mujer adulta a los fines de insertarse en el mercado del sexo pudiera ser expresión de una decisión voluntaria. El debate central –no explicitado todas las veces– radicaba en la consagración de la perspectiva abolicionista en la nueva legislación. Así, la inclusión de la expresión “aún con el consentimiento de la víctima” tanto como la indiferenciación entre víctimas mayores y menores, emergió en primer lugar como una demanda desde las feministas de trayectoria abolicionista y se extendió luego a todo el arco de las organizaciones anti-trata.

Si el abolicionismo histórico logró hegemonizar e imprimir sus demandas en el emergente movimiento anti-trata local, como veremos, no logró dominar del todo una narrativa del problema que se mantuviera leal a sus preocupaciones como feministas en torno a la prostitución. En 2007 las feministas abolicionistas se congregaron en una campaña autónoma que bautizaron “Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución” (en adelante, la “Campaña”). Buscaban, así, evitar el lenguaje de la “trata” para insistir en un arco más amplio de circunstancias por las cuales las personas llegaban a la prostitución ligadas a la desigualdad de género, no diluir la cuestión entre otras formas de explotación laboral e incidir en la emergente agenda con una perspectiva que presentara a la prostitución como una forma de violencia patriarcal. Además de esta Campaña integrada por feministas de tradición autónoma, durante ese mismo año se formalizaron un conjunto de ONG anti-trata.^[9] Utilizo el término “anti-trata” para dar cuenta de un campo heterogéneo de organizaciones sociales con distintas trayectorias, experiencias formativas y formas organizativas, cuyo rasgo común fue proponerse acciones de visibilización y combate hacia la trata de personas. Solo una parte minoritaria de los participantes y militantes de estas organizaciones provenía del feminismo y de un abolicionismo que denominamos “histórico”.

El movimiento anti-trata en Argentina: de la cuestión dominicana a las “desaparecidas de la democracia”

Finalmente, la hipervisibilidad que conquistó la cuestión “trata” se vinculó al despliegue de una narrativa que construyó exitosamente un marco de interpretación sobre casos tanto de años previos como contemporáneos que denominaremos “trata-desaparición”. Este marco de interpretación fue movilizado inicialmente desde una ONG feminista, la Casa del Encuentro.^[10] Desde esta perspectiva, la trata resultaba asociada al secuestro y las prostitutas eran imaginadas como las “desaparecidas de la democracia”. La clave “trata-desaparición” se capilarizó rápidamente entre la militancia feminista como modo de tematizar la trata de personas y, en última instancia, cualquier forma de comercio sexual. Las sensibilidades que despertó el caso de María de los Ángeles Verón, desaparecida en Tucumán en el año 2002 y la lucha de su madre, Susana Trimarco, por encontrarla fueron clave en la construcción de este paradigma.

Vale decir que en el momento de la desaparición de Marita en el año 2002 la categoría “trata” no se encontraba aún diseminada y el caso fue tematizado inicialmente como un secuestro y desaparición vinculado a una red de prostíbulos en el norte del país. La investigación judicial tuvo escasos avances, mientras Susana Trimarco denunciaba públicamente la complicidad de los poderes políticos locales y presionaba en espacios gubernamentales para obtener apoyos. La atención que se le prestaba al caso desde estos espacios se vinculaba a programas de trabajo contra la “impunidad”, término que servía mayormente para aglutinar esfuerzos contra violencia institucional y disputar la agenda securitaria por aquel entonces.^[11]

Finalmente, en momentos en que el caso parecía encaminarse hacia el olvido, los ojos del Departamento de Estado de Estados Unidos se posaron sobre la historia de Marita Verón. En marzo de 2007 Trimarco viajó invitada a Estados Unidos para recibir el premio “Mujeres de Coraje” por su lucha contra la trata de personas. Este reconocimiento produjo efectos y movimientos inmediatos en el emergente movimiento anti-trata local. Pocos días después de la ceremonia, la Casa del Encuentro convocó a la primera manifestación pública en el Congreso de la Nación por la cuestión de la trata de personas bajo la consigna “aparición con vida de las mujeres desaparecidas en democracia y castigo a los responsables” en el quinto aniversario de la desaparición de Marita.

La consigna elaborada fundía la retórica del movimiento de derechos humanos en la Argentina con el emergente lenguaje de la trata y buscaba interpelar a un gobierno que por aquel entonces hacía suyas las demandas históricas por “memoria, verdad y justicia”. La anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en el año 2003 había reabierto 20 años más tarde cientos de causas judiciales contra los represores a lo largo de todo el país. La creación del Museo de la Memoria en la ex Escuela de Mecánica de la Armada en el año 2004 fue el símbolo de la apertura de un nuevo proceso político que anunciaba una reparación histórica por la impunidad de los años precedentes. Estas iniciativas le habían valido al gobierno un creciente apoyo dentro del campo de los organismos de derechos humanos y sectores progresistas. En este contexto, Susana Trimarco adhería a la marcha y apuntaba contra el gobierno nacional en los medios locales: “el Gobierno habla de los desaparecidos del 70, pero de los desaparecidos en democracia no dice nada. Falta un compromiso político con el tema” (Carbajal, 2007). Por su parte, la figura de Trimarco evocaba un sujeto político paradigmático de la Argentina democrática: madres que elaboran sus tragedias personales en un pasaje de lo privado a lo público articulando política, parentesco y valores familiares.

Las movilizaciones por las “desaparecidas en democracia” se convirtieron en un ritual mensual para el emergente movimiento anti-trata que apelaba a repertorios de protesta y lenguajes gestados en el movimiento de derechos humanos en la Argentina. Las manifestantes portaban pancartas con foto y nombre de las jóvenes “desaparecidas” mientras caminaban en ronda alrededor del Congreso de la Nación. Así, emulaban las movilizaciones de las Madres de Plaza de Mayo, quienes al portar las imágenes de sus hijos e hijas afirmaban positivamente sus existencias negadas por los represores (Longoni, 2010). En el cierre de cada protesta se declamaban los nombres de las jóvenes desaparecidas y el público allí reunido respondía ante cada uno de ellos “¡presente!” y finalmente “¡ahora y siempre!”. La organización confeccionó también su propia bandera con la consigna “Por las mujeres desaparecidas. Aparición con vida de las víctimas de la trata secuestradas para la prostitución. Castigo a los responsables y a sus cómplices”, y comenzó a recolectar firmas para solicitar al Congreso Nacional que declarara la trata de personas como un delito de lesa humanidad. Estas iniciativas congregaban activistas de distintas procedencias y activaban vínculos con las primeras legisladoras abiertamente declaradas feministas por aquellos años,^[12] quienes encontraron en la trata sexual una causa central.

Sin embargo, la posibilidad de comenzar a sensibilizar a un público más amplio se potenció cuando la casa del Encuentro logró posicionar una representación cuantitativa del problema que llegó a los medios nacionales con la legitimidad de una experticia consolidada. Así, en eventos públicos y medios de comunicación sostenían la existencia de 700 mujeres desaparecidas a manos de redes de trata en nuestro país. En otro lugar, hemos abordado la lógica de esta política de cifras que no obedecía a ninguna estrategia consistente basada en evidencia empírica (Varela-Gonzalez, 2015). Vale decir, entonces, que esta cifra valía sobre todo como “lugar de memoria”^[13] que portaba ecos del lenguaje de derechos vernáculo y permitía conectar con la legitimidad alcanzada con las cifras de desaparecidos y desaparecidas durante la última dictadura militar. ¿Cómo cuestionar en la Argentina una cifra de desaparecidos?

Además del caso Verón, fueron paulatinamente incorporados al paradigma-trata desaparición los nombres de otras jóvenes desaparecidas en circunstancias no esclarecidas, ausencias ahora tematizadas como el producto del accionar de “redes de trata”. Los casos de Marita Verón, Fernanda Aguirre (desaparecida en 2004) y Florencia Penacchi (desaparecida en 2005) conformaron la tríada fundamental en los primeros años.^[14] Esos casos que tuvieron una gran cobertura en la prensa presentaban algunas características comunes: jóvenes blancas, madres o estudiantes, abruptamente desaparecidas de un seno familiar que las reclamaba. Se trataba de “víctimas perfectas” que se ajustaban a un conjunto de estereotipos de género tradicionales, en los cuales la inocencia sexual y la pasividad son características centrales (Doezema, 2010; Vance, 2012).

Otro denominador común fue que las circunstancias de las desapariciones nunca fueron esclarecidas y los cuerpos no fueron hallados. Así, estos casos fueron tematizados como “trata” no tanto por los indicios o pistas firmes que indicaran un destino en el comercio sexual, sino por los misterios que los envolvieron. Los asuntos percibibles como “trata” fueron desplazándose así desde las trayectorias migratorias de mujeres afrodescendientes vinculadas al mercado sexual –cuidadosamente documentadas por OIM (2003)– hacia las misteriosas desapariciones de jóvenes blancas reclamadas por una red de parentela. La hipervisibilidad que adquirieron estos casos contrasta también con los infructuosos intentos de la Campaña por colocar en la agenda nacional la desaparición de Andrea López, una prostituta humilde desaparecida en el año 2004 en La Pampa. Por este camino, en Argentina el término “trata” fue perdiendo la conexión que sostiene en la mayoría de los países con los procesos migratorios y movilidades vinculadas al mercado sexual y asociándose mucho más a las “desapariciones” de jóvenes mujeres que encarnan figuras de respetabilidad sexual. La consigna “las están desapareciendo para que sean tus putas” se multiplicó en graffitis callejeros y redes sociales, evocando asociaciones automáticas entre “desaparición” y “prostitución” y provocando alarma entre las más jóvenes en grandes centros urbanos.

Al presentar el secuestro como la forma de inserción predominante en el mercado sexual, este paradigma reforzaba la idea de que ninguna mujer realizaría trabajo sexual sin que mediara alguna forma extrema de violencia. En segundo lugar, al presentar la ausencia de cada joven como el resultado de una “desaparición” bajo la hipótesis de un delito de “trata”, se desestimaban interpretaciones alternativas como la posibilidad de un abandono voluntario del hogar tanto como se reafirmaba a la familia nuclear como el espacio más seguro.^[15] Como señala Gusfield (2014), las categorías simbólicas desplegadas para construir un problema público están ligadas a los tipos de responsabilidad política asignados. Así, por ambos caminos, el sistema penal emergía como la herramienta más adecuada para intervenir en ambos asuntos y como el horizonte de justicia.

Pero, además, el término “desaparición” contiene una singular connotación en el campo político argentino. No solamente remite a la ausencia de rastros del paradero de una persona (como en inglés el término missing), sino que también es un significante que condensa la experiencia histórica del terrorismo de Estado. La figura del “desaparecido”, además de resultar el símbolo que ha permitido responsabilizar al Estado en ausencia de los cuerpos, se encuentra íntimamente ligada en su genealogía histórica a la idea de víctima inocente. Es decir, constituye una forma de recusar las responsabilidades que los individuos puedan haber tenido –bajo la forma de su compromiso político– con los sucesos en los que se han visto involucrados (Crenzel, 2008). Así, el símbolo de la “desaparición” permitía proyectar 30 años más tarde una nueva serie de inocencias.

Por un lado, creaba un lugar para que las mujeres en el comercio sexual –cuya reputación había sido siempre cuestionada– pudieran ser pensadas como víctimas de delitos sin que ninguna sanción moral se interpusiera en su acceso a la justicia. En su revés, si la figura del “desaparecido” como víctima inocente evaporaba el compromiso político del militante, la representación de la víctima de trata como “desaparecida” descansaba en el borramiento de la experiencia sexual. Como ha señalado Pecheny (2013), despolitización y desexualización se presentan como movimientos articulados. De algún modo, el precio pagado para desplazar la censura moral sobre aquellas mujeres sospechadas de desbordar los límites de la normatividad de género requirió negar su experiencia sexual (Varela, 2020).

En el Congreso: del Protocolo de Palermo a las leyes abolicionistas de la prostitución

En marzo de 2008, momentos por los que se iniciaba la emisión en horario central de Vidas Robadas, una telenovela basada en el caso Marita Verón,^[16] la Cámara de Diputados retomó el debate sobre la ley de trata en el Congreso de la Nación. Como vimos, el proyecto aprobado por el Senado desataba fuertes críticas por parte de las organizaciones en virtud de la distinción efectuada entre víctimas mayores y menores. Así, las organizaciones desplegaron varias estrategias para impedir su aprobación: circularon cartas de repudios por redes sociales y la prensa, convocaron a protestas públicas y pusieron en marcha acciones de lobby entre las legisladoras y los legisladores. Un elemento novedoso y controversial fue la convocatoria realizada por algunas organizaciones al primer “escrache” a un prostíbulo en el día previo al tratamiento de la ley, una forma de protesta completamente ligada a los símbolos y acciones propias de las demandas de “memoria, verdad y justicia” por los crímenes de la última dictadura militar. Con fuertes cánticos y consignas contra el proyecto que se debatiría en la cámara al día siguiente, la concurrencia que incluía a tres legisladores nacionales irrumpió dentro del prostíbulo “con el objeto de liberar a las víctimas” y obtener pruebas judiciales, mientras las mujeres escapaban por distintos accesos y arribaban los patrulleros. Sobre los muros del establecimiento, los/las activistas escribieron la frase “ninguna mujer nace para puta”. El acto logró repercusión en la prensa, y despertó alguna crítica en soledad de Sonia Sánchez, una activista abolicionista ex prostituta, por la sobreexposición a la que habían sido sometidas las mujeres.^[17]

Si durante el proceso en el Senado habían dominado las referencias al Protocolo de Palermo y los informes del Departamento de Estado como palabra autorizada sobre el problema, en esta nueva discusión aparecen nuevos actores en la disputa por los contornos del problema: las organizaciones anti-trata. Su interlocución necesaria es mencionada por varios de los legisladores en el recinto y a través de su autoridad se coloca en cuestión la definición proveniente del Protocolo de Palermo y toda la problemática del consentimiento. Así, esta vez el proyecto oficialista que replicaba la definición de trata del Protocolo de Palermo no logra una votación unánime como en el Senado y cosecha 35 votos en contra y 7 abstenciones.

Luego de su aprobación, las organizaciones anti-trata solicitaron su inmediata modificación. La demanda central era quitar toda referencia a un eventual consentimiento de las mayores de edad bajo el argumento de que la nueva ley “invertía la carga de la prueba” y ponía en manos de la víctima la tarea de probar su falta de consentimiento. Más allá de todos los procesos judiciales que comenzaron a darse esos años sostenidos en una interpretación abolicionista de la legislación (Varela, 2013), la armonización de la normativa nacional con el protocolo de Palermo era presentada por las organizaciones como un retroceso más que un avance en la posibilidad de atender a la cuestión de la trata y la explotación sexual.

A menos de dos años de sancionada la ley 26.364 fueron tratados en la Cámara de Diputados varios proyectos para su reforma que obtuvieron dictamen, aunque no lograron llegar al recinto. Participaron de la discusión de los proyectos tanto la emergente experticia anti-trata de burocracias estatales recientemente creadas como parte de la política pública^[18] como integrantes de organizaciones anti-trata y familiares de víctimas. Además de la ley 26364, la discusión comienza a avanzar en torno a la redefinición de todos los delitos referentes a la oferta de servicios sexuales del Código Penal, promoción y facilitación (Art. 125 y 126) y explotación (Art. 127), movimiento que muestra que las demandas abolicionistas habían ganado lugar en la agenda legislativa. El reclamo nuevamente era que la ley estableciera claramente que ningún consentimiento fuera posible en la oferta de servicios sexuales. El Senado, por su parte, inició el debate sobre los proyectos de modificación hacia el 2011, para lo cual son nuevamente convocados y convocadas los mismos actores. Aunque la discusión ya gravitaba en torno a una modificación de todos los delitos de prostitución, las organizaciones de trabajadoras sexuales, activas en nuestro país desde la década del 90 (Justo Von Lurzer, 2008; Hardy, 2010), nunca fueron convocadas.

En agosto del 2011 Candela Sol Rodríguez Labrador, una niña de 11 años, desapareció cerca de su casa en Hurlingham. El caso obtuvo gran repercusión en los medios de comunicación en los días inmediatos a su desaparición, había predominado la hipótesis de que la niña habría sido captada por una red de trata de personas que pudiera haberla trasladado fuera del país. Red solidaria y Missing Children lanzaron la jornada “48 horas por Candela” que involucró a una serie de figuras del espectáculo local que acapararon horas de pantallas de televisión pidiendo colaboración y denuncias para ubicar a la niña bajo esa principal hipótesis. El caso se transformó en un espectáculo que las y los televidentes siguieron minuto a minuto a través de los móviles de televisión apostados sobre la casa familiar, nuevamente con una madre que adquiría centralidad en la demanda de su búsqueda. Con el correr de los días, aparecieron elementos que conectaban a la familia con redes de ilegalismos y parecían indicar un ajuste de cuentas o secuestro por parte de personas que la familia conocía. Finalmente, el cuerpo de la niña fue hallado por unas cartoneras 10 días después, el 31 de agosto, en un terreno próximo al domicilio de la familia. La identificación del cuerpo en el mismo baldío por la madre de Candela fue transmitida en vivo por los canales de televisión, escoltada por el gobernador y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.^[19] La noche anterior al espectacularizado hallazgo, el Senado buscó dar respuesta a la fuerte conmoción en la opinión pública y dio media sanción por unanimidad a un proyecto que modificaba la ley de trata de acuerdo a las demandas establecidas por las organizaciones anti-trata. Esto suponía no solo una ampliación del tipo penal de trata de personas sino también una modificación que compelía a los delitos de facilitación y promoción (Art. 125 y 126) y explotación (Art. 127) con un sentido plenamente abolicionista de la prostitución.

Durante el año 2012 se inició el tratamiento de la media sanción en Diputados en las comisiones de Legislación Penal y Mujer, Adolescencia y Familia pero la discusión no pudo llegar al recinto. Si bien se había logrado un predictamen que recogía en buena medida las propuestas de algunas burocracias anti-trata como UFASE, y organizaciones como el INECIP y el CELS,^[20] las discusiones de política sexual se profundizaron (Porterie-Romano, 2013). Existía acuerdo en eliminar el consentimiento y la diferencia entre víctimas mayores y menores en el delito de trata, pero esta vez emergieron algunas voces que, al menos, no daban por descontada la modificación de los delitos de promoción y facilitación de la prostitución tal como lo había hecho el Senado y buscaban crear algún espacio en la legislación para el ejercicio del trabajo sexual autónomo. De hecho, se trató esta de la única oportunidad en que las trabajadoras sexuales pudieron participar de la discusión legislativa. Así, en esta etapa las posiciones parecen alejarse cada vez más y las propuestas abolicionistas, por su parte, también se profundizan. Algunas diputadas con activos lazos con el movimiento anti-trata local proponen avanzar aún más iniciando la discusión sobre la penalización del cliente de prostitución y la prohibición de los lugares de consumo de prostitución.^[21] Así, durante el año 2012 la discusión se detiene en las comisiones y ningún dictamen logra llegar al recinto

Ya cerrado el período de sesiones ordinarias, se conoció el fallo absolutorio a los acusados por el secuestro de Marita Verón, 10 años después de su desaparición. El tribunal reconoció la existencia de un circuito de explotación sexual, pero absolvió a los imputados del secuestro por el beneficio de la duda. El caso había logrado una enorme repercusión y su resolución generó un fuerte clima de indignación social, movilizaciones en varios centros urbanos del país y expresiones de repudio de todo el arco político. Poco se dijo en aquellas jornadas sobre las pésimas condiciones en las que se había desarrollado la investigación judicial. La sentencia que no consideraba el delito de “trata” –ya que al momento de su desaparición la ley 26364 no se encontraba vigente– logró ser exhibida por las organizaciones anti-trata como la prueba cabal de todo lo que habían anticipado en años anteriores en sus críticas: el delito de trata debía modificarse ya que los jueces “no escuchaban a las víctimas”.

A su vez, el fallo se producía en un contexto de fuertes disputas abiertas entre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el poder judicial por un proyecto de reforma de la administración de justicia. El Ejecutivo nacional que hasta ese momento no promovía activamente la reforma de esos tipos penales, trazó vinculaciones entre el fallo y la necesidad de democratizar el poder judicial, y convocó a sesiones extraordinarias. Con celeridad y por fuera de la discusión que se había llevado durante ese año en la cámara, las diputadas y diputados de todos los bloques se apresuraron en aprobar la media sanción proveniente del Senado sin realizar ninguna modificación. Así, por unanimidad fueron reformados los tipos penales del delito de trata de personas, promoción y facilitación y explotación sexual y se subieron las penas previstas de acuerdo a las demandas que las organizaciones anti-trata habían formulado en los años precedentes. La exclusión de los medios comisivos y el establecimiento explícito de que el consentimiento de la mujer resulta irrelevante, intentó constituirse en un cierre definitivo de la posibilidad de trazar alguna distinción entre prostitución forzada y libre.

Así, estos dos eventos, el caso Candela y el escándalo en torno al fallo del caso Verón funcionaron como catalizadores de todo el lento y laborioso trabajo de lobby parlamentario que fueron realizando a partir del año 2008 las organizaciones de la sociedad a través de su activa participación en las comisiones, la organización de conferencias, congresos, protestas callejeras, declaraciones públicas y el posicionamiento de la cuestión en los medios de comunicación. En el primer evento, la celebritizacion^[22] fue clave para ganar atención del público amplio y vincular emocionalmente a las personas con el caso a través de una estrategia observada en muchos contextos en relación a la trata sexual (Haynes 2014; Majic 2019). Las causas “sexuales”, asuntos que desatan emociones intensas y articulables fácilmente a narrativas melodramáticas, resultan especialmente atractivas para las celebrities que pueden ubicarse rápidamente en el lugar de las y los rescatistas y promover identificaciones de sus audiencias con ese rol.

El caso Verón no fue ajeno a esta lógica. La telenovela del año 2008 fue un éxito televisivo y su capítulo final se emitió en un Teatro Ópera repleto donde elenco, público y la misma Susana Trimarco compartieron un espectacular final en el que los malvados traficantes fueron derrotados. Algunos de los actores de la tira como Soledad Silveyra, cuyo personaje se inspiraba en Susana Trimarco, se convirtió en una figura recurrente en los eventos anti trata e incluso participó en capacitaciones al poder judicial sobre el tema. El galán de la novela, Facundo Arana, fue también uno de los portavoces centrales de la demanda por la aparición de Candela. Actores y actrices de la novela accionaban los discursos anti-trata y circulaban, así, entre ficción y realidad.^[23]

Así, cuando llegó la noticia de la sentencia absolutoria por el caso Verón se trataba solamente de encender la mecha de un reguero de pólvora. Si las pruebas jurídicas en torno a la culpabilidad tal vez no estaban construidas en la escena judicial, la legitimidad social del caso y su causa asociada era inapelable entre el público. En un contexto de gran conmoción social, un fallo judicial que no consideraba el delito de trata logró, sin embargo, ser presentado por las organizaciones anti-trata como la demostración última de la necesidad de reformar esa ley y la figura del consentimiento fue eliminada.

Conclusiones

Entre los años 2004 y 2008, al compás de las presiones del Departamento de Estado de Estados Unidos que demandaba una nueva ley de trata, emergió en la Argentina un movimiento local abocado a la lucha contra la trata de personas. ONG profesionalizadas en temas de género, colectivas feministas autónomas y organizaciones articuladas con la Iglesia Católica –acompañadas por partidos de la izquierda trotskista– conformaban una heterogénea coalición que alertaba por un aumento de la trata de personas y demandaba procesos de reforma legal. Si en un principio el movimiento reclamaba la adecuación a los estándares internacionales del Protocolo de Palermo, el abolicionismo local encontró exitosamente una oportunidad para revitalizar los debates en torno al comercio sexual, tema que había salido de agenda luego de la discusión de la estatuyente de la Ciudad de Buenos Aires en 1994 al derogarse los edictos policiales. A partir de la media sanción de la primera ley de trata en el 2006 el movimiento en su conjunto se embarcó en una fuerte discusión sobre los términos del Protocolo y reclamó la sanción de leyes netamente abolicionistas.

Por su parte, los caminos por los cuales se vernacularizó la campaña anti-trata en la Argentina muestran el éxito de una narrativa ligada a las políticas de la memoria del pasado reciente. Mientras que las presiones del Departamento de Estado de Estados Unidos y los programas activados por OIM otorgaron el impulso inicial, la campaña anti-trata logró rápidamente delinear un curso propio inscribiéndose en un linaje de luchas locales. La idea de “desaparecidas en democracia” constituía un símbolo político indisputable, tanto por su espesor en la historia argentina como por la “estructura de coyuntura” (Sahlins, 1977) en la que se ponía en circulación, esto es, un contexto en el cual el gobierno hacía suyas las demandas históricas de “memoria, verdad y justicia” del movimiento de derechos humanos.^[24] Si la evocación a la figura del “desaparecido” había constituido en los años de la transición democrática una forma de disputar las perspectivas negacionistas, tres décadas más tarde constituía un símbolo político consolidado que permitía a los emprendedores anti-trata modelar un marco de interpretación familiar para un público amplio por fuera de la comunidad inicial de activistas.

Así, la metáfora trata-desaparición proveía un símbolo poderoso que permitía a los/las activistas abrirse paso en terrenos que habían resultado previamente hostiles a las demandas del movimiento feminista y de mujeres, tanto como al proyectar nuevas “inocencias” modelaba víctimas acordes a modelos de género tradicionales. La visibilidad que adquirieron aquellos casos donde la inocencia sexual era una pieza central contrasta con el rápido olvido en el que cayeron las iniciales preocupaciones en torno a la migración de dominicanas, una movilidad vinculada al mercado sexual cuyas precariedades habían sido sostenida y empíricamente documentada (OIM, 2003). Al diseminarse la narrativa como un modo de comprender las trayectorias de las jóvenes que abandonaban su hogar, el paradigma propuso, además, una radical inversión de las perspectivas feministas que habían situado los mayores peligros para las mujeres dentro del ámbito doméstico/privado.

Entre las resonancias de la narrativa trata-desaparición el abolicionismo logró colar su agenda para marcar como ilegítimo el consentimiento de las mujeres en los intercambios sexo-económicos. El lugar que fueron ganando mediante una constante presión en el debate legislativo contrasta con el silenciamiento de las voces de las trabajadoras sexuales, quienes terminaron siendo las “desaparecidas” de la conversación en ese período. He intentado abordar, entonces, tres elementos: el trabajo político de articulación y presión de actores inicialmente heterogéneos, la producción de marcos de interpretación que en tanto evocaban capas de la memoria histórica lograron trascender las fronteras de la inicial comunidad activista, y los casos que permitieron conectar emocionalmente al gran público con la causa.

Como en el caso Verón, también en otras oportunidades las leyes han quedado asociadas a un nombre propio devenido caso emblemático. Gayol y Kessler (2018) sostienen que en la historia política argentina las “muertes que importan” han sido centrales para construir demandas sociales y delimitar responsabilidades tanto de las ciudadanas y ciudadanos como del Estado. Las muertes (y aquí agregaríamos las desapariciones) devienen casos a partir de un encuadre ligado a la coyuntura social y política y a los actores movilizados, es decir, resultan de una intelección de los eventos en la que logran quedar inscriptos los malestares de un tiempo. En este trabajo he intentado destacar tanto la exitosa producción de una matriz de interpretación por parte de los emprendedores anti-trata, una capaz de sensibilizar y vincular emocionalmente a un público amplio, pero también el trabajo de lobby político y articulación entre actores heterogéneos que lograron establecer las bases del debate legislativo en un período de pocos años. Luego, las “muertes que importan” y los eventos conectados a su judicialización que conmocionaron a la opinión pública produjeron las coyunturas necesarias para que ese trabajo político precipitara una transformación radical de las leyes de prostitución en nuestro país.

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Fuentes

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