De los “hechos de tránsito” a las políticas municipales de seguridad vial

Javier Barranco^[1]

El 16 de junio de 2008, en horas de la medianoche, un conductor que corría una “picada callejera” en una de las arterias más importantes de la localidad de San Martín^[2] atropelló y mató a Matías Emanuel Cardozo.^[3] Este hecho pasó a ser conocido como el “Caso Matías Cardozo”.

Si, por un lado, se puede argüir que las muertes ocasionadas en siniestros viales son consideradas en primera instancia para su recuento estadístico, también es cierto que en ocasiones estas generan conmoción social e interés público, e incluso pueden llegar más lejos aún y generar así un impacto político. A este respecto, “las muertes que importan” analizadas por Sandra Gayol y Gabriel Kessler (2018) se caracterizan por generar un impacto en la opinión pública. Los derroteros de dichas muertes catalizaron cambios e interpelaron a los poderes públicos para dar respuestas a las demandas que estas presentaron. Gabriel Kessler (2009) plantea, a su vez, que la inseguridad vial abona a la inseguridad entendida como categoría general y polisémica, puesto que en dicha relación tienen lugar, entre otros aspectos, la repetitividad de los eventos, la permanencia en el tiempo de las altas tasas de ocurrencia y la tematización de esta problemática en los medios de comunicación. El autor advierte que por añadidura la inclusión de la cuestión vial en la configuración de la inseguridad “contribuye a la preocupación pública por temas hasta entonces casi ausentes […] lo que favorece la constitución de un espacio más plural de deliberación y de disputa en torno a la definición del problema” (ibid.: 87).

Las muertes que producen casos resonantes pueden favorecer la interacción e implicación entre actores movilizados y poderes públicos. En este sentido, Sebastián Pereyra y Luisina Perelmiter (2025) brindan una mirada renovada sobre la relación entre el Estado y los movimientos sociales. Para estos autores, el activismo de base de los grupos, sin excluir el empeño que en ocasiones llevan adelante personas individuales, es clave en la disponibilidad de herramientas que un gobierno oportunamente dispone para la elaboración de políticas públicas. Pero lo verdaderamente novedoso de esta mirada es el valor de los saberes y las experiencias de los individuos puestos “al servicio” de una causa como una caja de herramientas. Los autores proponen la noción de activismo institucional entrelazado. Su particularidad radica en que, por un lado, los activistas convocados por alguna instancia estatal no son parte de comunidades de expertos, sino activistas sociales de base o grupos de afectados. Por el otro, estos activistas pasan a ocupar espacios en organismos públicos creados específicamente para los movimientos, y ello con la clara intención de replicar su experiencia adquirida como parte de la sociedad civil. Esto genera un impacto directo en la dinámica organizacional del Estado y los movimientos, que se traduce en la regeneración de las capacidades de infraestructura y legitimidad tanto en uno como en otro caso.

Habiendo presentado los conceptos que enmarcan esta investigación, el capítulo se estructura de la siguiente manera. Se inicia con los episodios que hacen a la emergencia de un caso resonante, su problematización y el análisis del tipo de activismo al que este dio lugar. Posteriormente, se examinan las políticas municipales de seguridad vial y el impacto que el caso tuvo sobre su producción e implementación. Finalmente, el capítulo concluye con una reflexión sobre la relación entre los familiares de la víctima y el gobierno municipal, y una evaluación del Caso Matías Cardozo como parte del problema público de la seguridad vial.

La emergencia de un caso resonante. Movilización, activismo de base y acercamiento político

Matías Cardozo, un joven de 22 años, fue atropellado durante una “picada callejera”. Las declaraciones de los testigos confirmaron la carrera, la cual, según se indicó, había comenzado sobre la avenida Presidente Perón a unos 500 metros del lugar del hecho, antes de su intersección con la avenida Dr. Ricardo Balbín (Ruta Nacional 8).

Hacia finales de la primera década de los años 2000, las picadas callejeras eran recurrentes en la localidad de San Martín. La existencia de talleres mecánicos especializados en la preparación de autos de carrera era una señal de esta práctica. Las avenidas locales se utilizaban como escenarios para estas competencias clandestinas, que contaban con cierto nivel de organización y aval policial.

La respuesta inicial al incidente no provino de la policía, sino de los amigos de Matías, quienes salieron a buscar testigos e indicios que pudieran identificar al responsable de la muerte. La intervención de los medios de comunicación fue fundamental para la recopilación de testimonios, logrando reunir a unos 20 testigos, en su mayoría vecinos que presenciaron el hecho. De igual modo, los medios colaboraron en la visibilización del homicidio asociado a la realidad de las carreras clandestinas en San Martín; ocasionaron una inmediata repercusión pública y promovieron la atención puesta en el hecho, todo lo cual convirtió la muerte del joven en un caso resonante.^[4]

El 1 de julio, y a 15 días del hecho, el por entonces intendente del Municipio de San Martín y el padre de la víctima apuntaron ambos contra las picadas callejeras: uno reclamando su erradicación inmediata, el otro prometiendo “todo lo que estuviera a su alcance para que no haya más picadas”.^[5] Ese mismo día se realizaría la cuarta marcha con la asistencia de más de un centenar de personas. La intensidad de la convocatoria iba en aumento con el correr de los días. Al cumplirse el primer mes de su muerte, familiares y amigos de Matías ya habían realizado cinco marchas para pedir justicia, modalidad de protesta que repetían los días “16” de cada mes. El 16 de agosto, dos meses después, se reiteraba el pedido de justicia con una marcha que recorrió las principales calles del centro de San Martín. Algunas figuras de renombre como Juan Carlos Blumberg^[6] participaron del evento y se hicieron eco de la protesta: “Uno tiene que acompañar este caso en el que una familia ha perdido a un hijo por negligentes que andan en la calle. […] Con las marchas hemos logrado muchas cosas”, afirmó Blumberg en dicha ocasión.^[7] Asimismo, agrupaciones como Madres del dolor (Rebollar, 2019) y padres de víctimas de Cromañón,^[8] le otorgaban entidad colectiva al flagelo que había golpeado a la familia Cardozo y convocaban gente en su apoyo ya que, en palabras de Noemí -la madre del joven fallecido-, “todos saben lo que es perder a un hijo”.

A las innumerables marchas se les sumaron una variedad de actividades que visibilizaban cada vez más, no solo el caso, sino también el problema que amenazaba la vida de los vecinos de esta localidad: el de las picadas clandestinas.

Las caras visibles de ello fueron Noemí Cardozo y su organización estandarte –Malditas Picadas (en adelante, MP)–, creada a la semana de la muerte de su hijo. “Era un grupo de chicos, jóvenes, todos amigos de Matías, que desde el principio le pusieron mucha fuerza a lo que hacían; entonces surge como un lugar de pertenencia; yo creo que a ellos les daba más fuerza llamarse ‘organización’”.^[9]

Cabe destacar que al hacer referencia a “su organización”, Noemí da cuenta de la existencia del activismo de base (Pereyra y Perelmiter, 2025) de la familia Cardozo –que como “víctima en duelo” (Weed, 1990) también asume ese rol en virtud de su vínculo con el difunto y en nombre del mismo–. La expresión “a la semana” es recurrente en Noemí al hablar del nacimiento de MP, ya que a pesar del dolor y la conmoción se empezó a trabajar desde un primer momento, en apoyo mutuo con el grupo de jóvenes que prontamente halló donde identificarse: la organización y la causa social.

MP nació por un pedido de justicia, pero no fue ese su único objetivo: urgió además sensibilizar para luego concientizar. Su campaña nunca dejó de estar entre las proclamas denunciatorias y un vehemente llamado de atención política, para lograr erradicar las picadas callejeras primero, y una invitación a que luego se produjera un verdadero cambio social y cultural en lo que a seguridad vial concierne: “al muy poco tiempo estuvimos en la calle trabajando y pensando en erradicar las picadas; ese fue el trabajo”.^[10]

El primer gesto político importante del intendente de aquel entonces fue la aprobación de una ordenanza municipal en referencia a la Campaña Nacional Estrellas Amarillas (Nocetti, 2020). La misma hacía efectivo el proyecto de pintar una estrella amarilla –la primera en el partido de San Martín, y a pedido de familiares y amigos de la víctima– con el nombre “Matías”, al cumplirse un año de su muerte. Con la asistencia de las autoridades municipales, la presentación de la insignia se realizó el 16 de junio de 2009 en el lugar preciso donde Matías encontró la muerte el año anterior.

Ese mismo año, MP y otras organizaciones de familiares de víctimas presentaron el Foro Comunitario por los Derechos de la Víctima (FOCODEVI), una iniciativa en el ámbito de la defensa de los derechos humanos y la asistencia a víctimas en Argentina. Se trata de un espacio colaborativo que se propuso impulsar una mayor consideración y participación de las víctimas en los procesos penales y asimismo incidir en la reforma judicial en pos de cambios estructurales más allá de las respuestas individuales. Opera como una coalición o una red que reúne las experiencias, los recursos y los esfuerzos de las distintas asociaciones de víctimas que conforman el foro. En declaraciones acerca de la conformación de la entidad, el abogado de la familia Cardozo dejaba en claro las competencias que les correspondían a organizaciones como MP: “impulsar, analizar y proponer al Estado políticas públicas tendientes a lograr el cumplimiento efectivo de los derechos de la víctima, con el compromiso también de hacer un seguimiento de su ejecución y de seguir su permanente actualización”.^[11]

La familia Cardozo venía buscando apoyo político. Esta búsqueda excedía los límites del ámbito local y aspiraba a alcanzar un marco institucional para los derechos de la víctima y de sus familiares. En 2010, MP acudió al Senado de la Nación para reunirse con legisladores, políticos y autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). El propósito del encuentro fue el de delinear una reforma del Código Penal en lo relativo a los “accidentes de tránsito”, más precisamente, relacionados con homicidios culposos y lesiones graves. Para ello, hubo que esperar hasta la promulgación de la Ley 27.347 del año 2016. No obstante la ley fue recibida con descontento por los familiares ya que no incorporaba la tipificación de muertes como “hechos viales” y además se eliminaba la figura de “dolo eventual”, y en su lugar se incorporaba la de “homicidio culposo agravado” bajo el concepto de “culpa temeraria”. La culpa, a diferencia del dolo, no implica conciencia ni voluntad en el daño que se quiere causar. Esa diferencia suele tener un impacto en las penas que se pueden obtener. 

Este cambio de actitud de la familia frente a la política y el Estado fue evidenciándose en el proceso de constitución del caso.

Siempre con la bandera de [Matías] Pato al frente, nunca un partido político, pero con el tiempo sí, nos fuimos dando cuenta… Fuera del Estado, nosotros no podíamos lograr ni un solo cambio. […] Esto tiene que quedar como una política pública porque si no, no sirve de nada. El Estado como institución, no como partido político (Entrevista a Noemí Cardozo, 12/2019).

En la siguiente sección se verá que el activismo que aquí se mostró fue convergiendo progresivamente en una alianza estratégica con el Estado municipal en torno a una gramática del bien común (Boltanski, 2000; 2016).

Conformación de la Mesa Intersectorial y gestión local de la seguridad vial

A partir de su asunción como intendente del Municipio de San Martín en diciembre de 2011, Gabriel Katopodis convocó a Noemí Cardozo para trabajar mancomunadamente en aquello que urgía erradicar: el problema de las picadas callejeras. Noemí ya venía trabajando no solo por lo que le había sucedido a su hijo, sino para la visibilización y concientización de la “violencia vial” que significaba la presencia de carreras clandestinas en las calles de San Martín. Ella describió la actitud de Katopodis como “el acompañamiento desde el Estado”:

Ya éramos superconocidos como ONG. Fue en 2011 que gana Katopodis. Él, ni bien gana las elecciones, y como conocía toda nuestra movida, lo que hace es llamarnos y decirnos: “Bueno… como Estado quiero hacer lo que están haciendo ustedes; quiero acompañarlos, pero desde el Estado” (Entrevista a Noemí Cardozo, 12/2019).

Aquel acercamiento fue cristalizando en una adhesión duradera que nunca dejó de caracterizarse por la aproximación estrecha y personalizada entre Gabriel Katopodis y Noemí Cardozo, aspecto que redundó en la puesta en marcha de una batería de medidas para hacer frente a la inseguridad vial imperante por aquellos años. El entrelazamiento de estos dos actores, tuvo su corolario en el compromiso institucional y en la disponibilidad de las herramientas estatales que concretizaron las políticas de seguridad vial del Municipio. En diciembre de 2012, hizo su aparición el primer hito de gobierno en la materia: la Mesa Intersectorial de Erradicación de la Violencia en el Tránsito.

Esto fue sumándose; yo no te puedo decir que surgió todo junto; nosotros comenzamos a disponer (y a usar) las herramientas del Estado a partir de 2012, pero todo se fue implementando de a poquito. A la Mesa se empiezan a acercar todos, de ahí nace: jueces, fiscales, jueces de faltas… el Estado es el ejecutor de todo, de los programas, de cada uno de los operativos… tiene que estar el Estado; nosotros somos los “picaseso” (Entrevista a Noemí Cardozo, 12/2019).

Con la creación de la Mesa Intersectorial, se incorporó el problema de la inseguridad vial como prioridad de gestión. Así, en el contexto local, la impugnación a las picadas callejeras fue atendida a través de los instrumentos político-institucionales del gobierno distrital: San Martín es hoy un municipio libre de picadas callejeras organizadas. El desarrollo de este plan de gobierno integral incluyó además diversas problemáticas del tránsito y se robusteció con la incorporación de múltiples actores. El abordaje de esta problemática debía ir más allá de la mera regulación del tránsito, lo que asimismo incluía tratar la presencia de picadas callejeras y otras manifestaciones de violencia en el tránsito del municipio. Todo ello sin olvidar que la gestión municipal debía adecuarse a las normativas de tránsito provinciales y nacionales.

Los primeros años de la Mesa Intersectorial

El principal objetivo de la Mesa Intersectorial de Erradicación de la Violencia en el Tránsito fue reducir el número de víctimas por hechos viales. La denominación “violencia en el tránsito” implicó la necesidad de una respuesta más integral, política y orientada a la justicia, similar al enfoque adoptado para otras formas de violencia, como la de género. El enfoque “intersectorial” reconocía que ninguna entidad individual, como la policía de tránsito, podía resolver esta problemática por sí sola, aspecto que por ello requeriría la colaboración entre diversos niveles de gobierno –incluso más allá del local–, la sociedad civil y, potencialmente, el sector privado.

El Acta Constitutiva surgió de común acuerdo entre el intendente y su gobierno, junto con familiares de víctimas de tránsito y distintas organizaciones entre las que se destacó MP encabezada por Noemí Cardozo. La misma fue firmada por el subsecretario de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades del Municipio, por diferentes ONG, representantes del Poder Judicial, de Seguridad Vial y familiares de víctimas de tránsito, entre otros.

Aunque en retirada, las picadas callejeras aún estaban presentes dentro del municipio por aquel entonces, razón por la cual la Mesa Intersectorial no podía dejar de incluirlas como uno de los asuntos que debía ser atendido con premura. Las acciones de prevención fueron ideadas luego de realizar un mapeo de los lugares más críticos del distrito, allí donde se produce la mayor cantidad de siniestros y donde se organizan las “picadas callejeras”. Para esta identificación, visibilización y erradicación de las “picadas” fue necesaria la implementación de programas concretos a través de instrumentos institucionales que se fueron consolidando con el decurso de los años.

Para el mes de abril de 2013 ya se habían realizado cuatro reuniones de la Mesa Intersectorial en las que se planificaron acciones específicas, como la aprobación del “nuevo parte de procedimiento policial en tránsito”. A través del mismo se consensuó con el Ministerio Público Fiscal la creación de un Mapa de Siniestralidad que obtuviera la mayor cantidad de datos en hechos viales con miras a la implementación de políticas preventivas. Otro mecanismo institucional de impacto relevante fue el programa “Acompañamiento en el proceso de duelo”, destinado a los familiares de víctimas de tránsito, con el apoyo permanente de psicólogos y abogados. En este sentido, San Martín se destacó como el primer municipio en ofrecer un “taller gratuito de Proceso de Apoyo al Duelo para Familiares de Víctimas”, reconociendo así el trauma psicológico y emocional causado por la violencia vial, más allá de los daños físicos y materiales que esta genera.

El espíritu de este importante instrumento político-institucional fue el de “modificar ciertos hábitos de los actores que hacen al tránsito –conductores y peatones– y alentar un cambio cultural para erradicar la violencia”.^[12] La apelación a este cambio de conductas quedó fundamentada cuando el Municipio de San Martín –Subsecretaría de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades y Dirección General de Educación–, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la organización MP lanzaron un proyecto de educación vial destinado a las escuelas del distrito, con cursos de un cuatrimestre en los tres niveles de gestión (inicial, primario y secundario) tanto pública como privada. Asimismo, el proyecto consideró la oferta de cursos de capacitación a los inspectores de tránsito, quienes comenzarían a formar parte de los numerosos operativos semanales de control vehicular –junto a la Policía Bonaerense y Gendarmería Nacional– y de verificación del cumplimiento de las leyes de tránsito y de la documentación requerida.

El intendente Gabriel Katopodis encabezó las diversas iniciativas, entre las que se destaca la educativa, que incorporó cursos de concientización a los programas escolares.

Estamos poniendo en marcha esta Mesa que debe ser el marco de una política pública más potente e integrada, con el objetivo de generar conciencia en todo el Municipio en relación al tránsito y la violencia que hoy lo rodea. Tenemos el compromiso de entrar en las escuelas con una política fuerte que permita garantizar la presencia de contenidos, sensibilización y concientización sobre el tema.^[13]

En efecto, dicha consolidación hubo de fortalecerse en el marco del Plan de Seguridad Vial del Municipio de San Martín. Esta política integral, concebida como una idea inacabada, comenzó a afianzarse cuando un decreto, promulgado en mayo de 2013, tuvo como iniciador al propio intendente Gabriel Katopodis y establecía un acuerdo de participación y el compromiso de gestión entre el Municipio de San Martín y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

El segundo período de gobierno del intendente Katopodis (2015-2019) se caracterizó por una inversión significativa y estratégica en políticas y obras de seguridad vial, focalizadas en la modernización y expansión de la infraestructura urbana que tenían como objetivo principal el ordenamiento del tránsito y la prevención de siniestros viales. La construcción de pasos bajo nivel y los proyectos de repavimentación, iluminación LED, señalización y semaforización de varias avenidas fueron ejemplos de la puesta en valor de la infraestructura vial del distrito. Por otra parte, la incorporación de tecnología de punta contribuyó al fortalecimiento de controles y operativos de tránsito que de manera permanente impactaron sobre la seguridad de San Martín.

Una de las obras importantes, la Central Unificada de Tránsito, se inauguró a fines de 2016. Allí, la Dirección de Tránsito y Transporte del Municipio comenzó a centralizar todos los trámites de esta área, lugar asimismo destinado a la concientización y educación en el contexto de las charlas sobre normativa vial y conducción responsable para quienes tramitan la licencia de conducir. La extensa superficie del edificio permitió asimismo la construcción de la “ciudad en miniatura para conocer las normas de tránsito”, donde semanalmente los niños del nivel inicial aprenden sobre señalética y conductas en un circuito infantil de educación vial. Otra de las modalidades educativas es la referida al “Programa de Educación Vial”, ocasión en que la organización MP acude a las escuelas para impartirla a los jóvenes.

Participación de familiares de víctimas de tránsito en las políticas de seguridad vial

En calidad de funcionaria pública del Municipio de San Martín, Noemí Cardozo oficia de coordinadora del “Programa de Educación Vial”; brinda colaboración en los operativos de tránsito desplegados semanalmente y es parte organizadora para la conmemoración de las fechas alusivas a la seguridad vial. No obstante, su trabajo excede el ámbito local. Noemí participa regularmente en los debates provinciales y nacionales sobre la cuestión de la seguridad vial. Tuvo y tiene injerencia permanente junto a familiares de víctimas de todo el país en la modificación y elaboración de leyes viales y penales a nivel nacional y subnacional.

Es de este modo como el caso Matías Cardozo fue influyente en varias de las cuestiones que tienen vigencia en la agenda actual de seguridad vial en todos los niveles gubernamentales. Un ejemplo interesante es el de los homenajes a las víctimas de tránsito y la transformación de la campaña Estrellas Amarillas, ahora consideradas como parte de la señalización vial.

Las estrellas son solicitadas por los familiares directos de las víctimas y, a través de nuestra Organización, nos ocupamos de hacer el pedido formal al Municipio quien gestiona el cartel estrella y la pintura. La fecha de instalación del cartel es pactada con los familiares de la víctima y, el día estipulado, se realiza una ceremonia de inauguración y pintada en el asfalto, con cierre o corte de calles a cargo de agentes de tránsito.^[14]

La gestión municipal promovió además la celebración de fechas conmemorativas como “Primavera sin Estrellas Amarillas”, el Día Nacional de la Seguridad Vial –cada 10 de junio– y el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales –tercer domingo de noviembre–. Cada una de estas fechas es una oportunidad para la visibilización, pero sobre todo espacios para la concientización y la educación vial. En el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales del año 2014, el gobierno municipal y la organización MP descubrieron un monumento con una placa en la que podían leerse los nombres –entre ellos el de Matías– de los “muertos por la violencia vial”. Dos años más tarde llegaría otro reconocimiento oficial para la organización MP, declarada “Entidad de bien público” por el Municipio de San Martín.

En 2017, MP y otras organizaciones de familiares de víctimas impulsaron una modificación de la ley de tránsito de la provincia de Buenos Aires, la que finalmente se aprobó con varias de las demandas que presentaron las organizaciones civiles. De este modo, cualquier iniciativa en la temática vial o en torno a ella tenía la impronta de las organizaciones de familiares de víctimas. MP jamás dejaría de estar presente en cada una de las demandas hechas a los poderes públicos. En junio de 2020 la provincia de Buenos Aires conformó el Consejo de Víctimas en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, integrado a su vez por familiares de víctimas de diferentes ciudades de la provincia. Además de brindar asistencia, el Consejo Asesor comenzó a debatir el proyecto de una ley de víctimas provincial, que finalmente se sancionó en enero de 2021. Noemí Cardozo es en la actualidad parte integrante y asesora de la Comisión de Tránsito del Consejo de Víctimas, y desarrolla su trabajo a diario en uno de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJUS) que tiene la localidad de San Martín.

Todo esto le daba un impulso con proyección nacional tanto a la organización MP como a la labor de Noemí Cardozo, quien no tardó en formar parte del grupo “1” (Derechos Humanos y Justicia) del Comité Consultivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Bertranou, 2013). Así, esta entidad comenzaría a involucrarse en problemáticas puntuales señaladas por aquella y otras organizaciones civiles a nivel nacional: la incorporación de las estrellas amarillas en los exámenes teóricos para obtener la licencia de conducir; la creación de una línea de atención directa a las víctimas de siniestros viales; campañas para denunciar las picadas callejeras y desincentivar el uso de vehículos “tuneados”; el proyecto de “Ley de Alcohol Cero”, entre otras.

En el Día Internacional de la Seguridad Vial del año 2021, el gobierno nacional lanzó un plan de obras orientado a reducir los siniestros viales en todo el territorio argentino. En el acto oficial, Noemí Cardozo fue una de las principales oradoras, y aprovechó la ocasión para señalar la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y los familiares de víctimas de tránsito en el problema de la seguridad vial:

Hoy estamos dos mamás acá, pero a nivel país somos muchísimas familias y organizaciones que vienen trabajando y acercándose al Estado, para poder aportar nuestro granito de arena. Trabajamos en gestiones anteriores; estamos también colaborando en esta gestión, en la que vemos con mucha alegría que se están logrando muchísimas cosas y que se está dando una visibilización a la problemática de siniestros viales. […] Por eso es que queremos que se siga impulsando la ley de picadas, que ya está presentada en el Senado, que la recibió el ministro; también la ley de alcohol cero, que es algo que hace muchos años que también se viene pidiendo, porque el alcohol es algo que siempre está involucrado en los siniestros; también leyes que se están aportando para modificar el Código Penal. Todo eso, entendemos que va a ayudar a que se sigan salvando vidas; de eso se trata: de salvar vidas todos los días.^[15]

El año 2023 inició con la promulgación de la “Ley de Alcohol Cero al volante”, que tuvo la participación principal de los actores de los poderes públicos y de distintas organizaciones civiles, entre ellas MP.

La organización MP, la Mesa Intersectorial y el Plan de Seguridad Vial ilustran en términos conceptual y empírico la noción de activismo institucional entrelazado, “un subtipo específico de activismo institucional que enfatiza la relación entrelazada entre los movimientos y el Estado” (Pereyra y Perelmiter, 2025: 10).

Este tipo de relación entrelazada se inició con la asunción de Gabriel Katopodis y desde el punto de vista del trabajo político, de la gestión municipal y de la apertura del Estado a la sociedad civil marcó un punto de inflexión para la historia del caso y para su propio gobierno. El intendente, que conocía ya el activismo de Noemí y su organización, los convocó para trabajar desde el Estado, dando crédito al valor de su trabajo. Así, el reconocimiento oficial de estos actores implicó su incorporación institucional y la puesta a disposición de los recursos estatales para continuar con su labor, lo que implicó asimismo ganar legitimidad en tanto que activistas por la cuestión vial. La visión de los familiares de víctimas de tránsito estuvo siempre presente, y en su cargo como ministro de Obras Públicas de la Nación (2019-2023), Katopodis la extendió e incorporó a nivel nacional:

Este Día de la Seguridad Vial es para nosotros de reflexión, pero también de compromisos de gestión. Hoy anunciamos junto al ministro Alexis Guerrera un mapa de 277 obras e inversiones, planificado de forma integral para fortalecer la presencia del Estado […]. Esta es la lucha que vienen llevando adelante muchas familias y organizaciones, que nos convoca a la responsabilidad individual, pero también a ser un gobierno mejor y más articulado para que la Argentina pueda ir reduciendo estos hechos tan dolorosos.^[16]

El caso Matías Cardozo demostró que el Estado municipal pudo conducir un proceso de reforma basado en innovaciones ligadas al vínculo con la sociedad civil. De este modo, se logró crear institucionalidad: el proceso de integración del activismo de base de Noemí Cardozo y su organización al funcionamiento del Municipio de San Martín transformó el Estado a nivel local, articulando con escalas provinciales y nacionales.

Reflexiones finales

El Caso Matías Cardozo fue “una muerte que importa”, que suscitó indignación y conmoción social; pasible, por otra parte, de interés político y a partir de allí impulsora de cambios. Fue, ante todo, un mediador determinante en la generación de políticas públicas del Municipio de San Martín. Noemí Cardozo y la Organización MP plasmaron esta mediación en un compromiso estrecho y duradero con la gestión municipal de Gabriel Katopodis. La articulación mediadora entre estos actores tan disímiles se tradujo en un proceso sostenido de cambios y de transformación institucional a nivel local.

Este proceso de transformación lo fue también para Noemí Cardozo, quien con la reconversión de su rol de familiar de víctima pasó al activismo con miras a un verdadero cambio social. Noemí comprendió que la justicia por la muerte de su hijo no era suficiente y que era preciso cambiar el estado actual de las cosas, utilizando los instrumentos institucionales. Su compromiso se materializó en la creación de “Malditas Picadas” y, posteriormente, en una estrecha colaboración con el gobierno municipal. Además de su participación activa en el delineamiento de políticas, Noemí es en la actualidad funcionaria, es decir, que parte de sus tareas se vinculan con la propia implementación de políticas públicas. Su experiencia previa en la concientización desde la calle fue recuperada y “puesta al servicio” de este cambio social e institucional. Al describirse a sí misma –y a su organización– como la “picasesos”, indica de manera explícita su rol de constante presión para que el Estado cumpla con sus compromisos. Ello demuestra que, si bien el Estado es el ejecutor, la sociedad civil y sus representantes tienen un papel activo y en ocasiones decisivo en la definición e implementación de las políticas.

En efecto, la potencialidad del activismo de base se halla en la intermediación entre la sociedad civil y el Estado. Noemí Cardozo se convirtió en un nexo fundamental para la interacción de los familiares de víctimas y las organizaciones con el gobierno municipal. La desingularización del dolor para convertirse en una causa en torno a un bien común demuestra un empoderamiento de la sociedad civil. La experiencia de Noemí y la organización MP demuestra el poder de la sociedad civil para generar cambios y movilizar al Estado.

Referencias bibliográficas

Bertranou, J. (2013) “Creación de agencias especializadas, capacidad estatal y coordinación interinstitucional. El caso de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Argentina”. Perspectivas de Políticas Públicas, (4), pp. 11-39.

Boltanski, L. (2000) El amor y la justicia como competencias. Tres ensayos de sociología de la acción. Buenos Aires: Siglo XXI.

Boltanski, L. (2016) Enigmas y complots. Una investigación sobre las investigaciones. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica Argentina.

Calzado, M. (2008) Discursos y castigo. Campañas de ley y orden: los reclamos de la seguridad en la Cruzada Axel. Tesis de maestría. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.

Gayol, S. y Kessler, G. (2018) Muertes que importan. Una mirada sociohistórica sobre los casos que marcaron la Argentina reciente. Buenos Aires: Siglo XXI.

Kessler, G. (2009) El sentimiento de inseguridad en la Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI.

Latté, S. (2023) “Una crítica etnográfica a las teorías de la acción colectiva basadas en el acontecimiento”. En Zenobi D. (ed.). Víctimas: debates sobre una condición contemporánea. Buenos Aires: Teseo Press.

Lemieux, C. y Vilain, J. (2023) “Lo que la llegada de la figura de la víctima nos enseña sobre las transformaciones de la sociedad”. En Zenobi D. (ed.). Víctimas: debates sobre una condición contemporánea. Buenos Aires: Teseo Press.

Nocetti, C. (2020) No sumes una estrella más al cielo. Las Estrellas Amarillas como visibilizadoras de muertes por incidentes viales. Tesis de Licenciatura. Buenos Aires: Universidad Nacional de San Martín.

Pereyra, S. (2023) “Comentarios”. En Zenobi D. (ed.). Víctimas: debates sobre una condición contemporánea. Buenos Aires: Teseo Press.

Pereyra, S. y Perelmiter, L. (2025) “Entangled institutional activism. Political experimentation in public management during Néstor Kirchner’s government in Argentina”. Critical Policy Studies, DOI: 10.1080/19460171.2025.2514598

Rebollar, A. I. (2019) Mucho más que dolor y lazos de sangre: el activismo de las víctimas en la Asociación Madres del Dolor. Argentina: Editorial Dunken.

Weed, F. J. (1990) “The Victim-Activist role in the Anti-Drunk Driving Movement”, Sociological Quarterly, 31(3), pp. 459-473.

Zenobi, D. (2014) Familia, política y emociones. Las víctimas de Cromañón entre el movimiento y el Estado. Buenos Aires: Antropofagia.

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