Sebastián Pereyra^[1] y Diego Zenobi^[2]

Hablar de “víctimas” resulta una cuestión habitual en nuestras vidas cotidianas. Si bien se trata de una palabra que nos resulta de lo más familiar, es un término que comenzó a utilizarse recién en el siglo XIX para designar a ciertas personas y grupos sociales (Lamarre, 2021). Hoy en día las formas de ser víctima son numerosas y diversas. Las víctimas ya no lo son sólo de las grandes violencias históricas, sino que nuestra realidad se encuentra habitada por víctimas de cuestiones corrientes, cotidianas, nada extraordinarias. Y con frecuencia esas víctimas se agrupan, denuncian, reclaman, dan su propia versión de los hechos y acusan a los responsables de sus desgracias, exigiendo formas de reparación. El presente libro tiene por objetivo estudiar esas dinámicas de movilización. Los capítulos que integran este volumen permiten observar los alcances que tienen los procesos de organización y acción colectiva contemporáneos en los que la condición de víctima tiene una importancia crucial.

Como producto de una relación histórica marcada por el terror y la violencia estatal, en el caso latinoamericano nos encontramos con una abundancia de trabajos sobre víctimas de la violencia de Estado. Sus reclamos han sido incorporados a las políticas públicas y a la sensibilidad social general. Hoy en día nos encontramos, en cambio, frente a una pluralidad de víctimas heterogénea y conflictiva que nos interpela. En este escenario, este libro trae una serie de trabajos que brindan una exploración sobre casos en los que las víctimas son producto de situaciones de lo más diversas (explosiones, malas prácticas médicas, inundaciones, trata de personas, maltrato animal, incidentes viales, delito urbano, etc.); algunos capítulos refieren a situaciones de gran repercusión y envergadura mientras que otros abordan hechos locales y de menor alcance público.

La posibilidad de imaginar conexiones transversales entre diversos tipos de temas, casos y procesos nos remonta a la ubicuidad de la condición de víctima que, como se verá a lo largo de los diferentes capítulos, está presente de forma evidente e indiscutida en algunos casos mientras que en otros es objeto de debate y controversia. En efecto, tal como ha mostrado parte de la bibliografía temática que ha abordado la condición de “víctima” como algo que debe ser explicado antes que como una variable explicativa, la misma no se deriva de modo directo de determinadas situaciones de trauma, daño o sufrimiento. En cambio, tales circunstancias abren procesos en los cuales la atribución de la categoría puede ser imputada, reclamada o discutida.

Al ofrecer una muestra variada de temas y casos abordados desde distintos enfoques disciplinarios y estilos de investigación, esta obra colectiva apuesta a realizar una contribución a la apertura hacia nuevos temas, problemas e indagaciones sobre las formas de movilización colectiva impulsadas por víctimas.^[3]

Entre la celebración y la desconfianza

Los movimientos de víctimas vienen siendo estudiados de modo más bien episódico al menos desde la segunda mitad del siglo XX. En diferentes regiones del planeta estos colectivos se configuraron de formas específicas. Estas configuraciones particulares responden a la historia propia de cada “espacio global” o “campo” de víctimas (Dodier, 2009; Gatti, 2017). Estas expresiones refieren a los entramados sociales que se constituyen al trazar conexiones y desconexiones entre diferentes tipos de víctimas, cuando unas u otras se identifican entre sí o, al revés, cuando se reflejan como contrapuestas, espejadas.

En el caso de EE. UU., a partir de la década de 1960 se consolidó el llamado “movimiento de víctimas” impulsado por un incremento en las tasas de criminalidad que provocó una intensa reacción de indignación pública. Fue en esa época cuando se promovieron las primeras encuestas nacionales de victimización y se sentaron las bases para la financiación de programas de asistencia a víctimas (Vitiello, 2023; Young y Stein, 2004). En ese país, también la llamada segunda ola de los movimientos feministas y de mujeres desempeñó un papel central al llevar a escrutinio público la relación entre victimización y violencia sexual y doméstica, impulsando la creación de los primeros centros de crisis por violación en 1972 (Matthews, 2005).^[4] En ese escenario se fueron articulando y consolidando las demandas de los diferentes activistas y organizaciones que fueron dando forma al movimiento (Weed, 1990). Durante la década de 1980, el denominado “movimiento de víctimas” experimentó un proceso de expansión y legitimación significativa integrando tanto a sectores feministas como a grupos conservadores vinculados a políticas de “ley y orden” que impulsaban una retórica centrada en el refuerzo del orden punitivo.

El surgimiento de movimientos de víctimas en Europa se configuró con dinámicas y características propias, especialmente a partir de la década de 1970. A diferencia de la situación en EE. UU. que se originó en gran medida a partir de la movilización de víctimas de delitos violentos y una retórica centrada en el reforzamiento del orden punitivo, en Reino Unido, por ejemplo, las primeras iniciativas fueron impulsadas principalmente por profesionales del sistema penal (Manikis, 2019). Estos actores privilegiaron un enfoque centrado en el desarrollo de políticas de asistencia a las víctimas antes que en la reivindicación de derechos o en demandas de carácter retributivo.^[5] El perfil de la víctima dominante fue el de las víctimas de delitos urbanos. A diferencia de EE. UU. en este país hubo una presencia menos importante del activismo feminista y el respaldo institucional y el financiamiento público para los programas de asistencia se desarrollaron de manera más paulatina y con menor intensidad. Por su parte, el caso francés registra una relevancia de los casos vinculados a “dramas sanitarios” y a contaminación, las llamadas “catástrofes socio-técnicas” (Callon y otros, 2001). Por un lado, en su vertiente ambiental, se trató de casos que involucraron contaminación por amianto o asbesto, por el descarte de desechos industriales, filtraciones de radiación o desechos en centrales nucleares o plantas químicas. Este tipo de eventos han estado marcados también por una relación no tan estudiada entre la victimización y el despliegue de causas ambientales o ecologistas (Vegh Weis y White, 2020).

Por otra parte, en su vertiente terapéutica, se trató de casos como los de las transfusiones con sangre infectada por VIH o la administración de hormonas de crecimiento contaminadas que se volvieron objeto de problematización y controversia por parte de expertos y de las poblaciones afectadas. Estos casos dieron lugar a asociaciones, problematizaron y reformularon los vínculos de los pacientes con el sistema médico y sanitario y articularon demandas jurídicas y reclamos de reparación (Barbot y Dodier, 2023). Otro de los temas que ha concentrado el interés de los análisis en países europeos está vinculado con los movimientos de víctimas del terrorismo (Truc, 2021). Por ejemplo en España, ha sido muy relevante el movimiento de víctimas de ETA o bien de los atentados en la estación de metro de Atocha.^[6] Como puede verse, el escenario europeo no es nada homogéneo y responde fuertemente a particularidades nacionales.

Por su lado, la movilización de víctimas en América Latina ha emergido a partir de una multiplicidad de experiencias de sufrimiento y demandas de justicia, vinculadas originalmente con la denuncia de la violencia estatal. En el caso argentino, el movimiento por los derechos humanos surgido durante la última dictadura militar (1976-1983) constituyó un punto de inflexión fundacional. La dinámica del movimiento de derechos humanos mostró, al igual que el caso norteamericano, la importante capacidad de organización colectiva e intervención política que pueden tener los movimientos de víctimas y alcanzó un notable nivel de reconocimiento tanto por parte de la sociedad civil como del estado.

En las últimas décadas, la movilización contemporánea se ha diversificado notablemente (Gayol y Kessler, 2018; Pita y Pereyra, 2022; Vecchioli y Martinelli, 2017). Así, han pasado a ocupar un lugar en la agenda pública las víctimas de violencia policial e institucional, delitos comunes e inseguridad, siniestros viales, violencia de género y los damnificados por una serie de catástrofes y tragedias públicas —como el incendio de Cromañón, el choque del tren de Once, inundaciones, atentados terroristas, problemas de salud pública o accidentes aéreos (Pita y Pereyra, 2020).

Algo similar se registra en varios países de América Latina. En México, los movimientos de víctimas han denunciado diversas formas de violencia asociadas a la militarización de la seguridad pública como en el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Ciudad Juárez y en el de la violencia contra personas migrantes o involucradas en economías ilegales, incluyendo desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, femicidios (Bizberg, 2015; López, 2017; Modonesi y Pineda, 2022). También hay estudios que muestran la organización y movilización de víctimas en catástrofes tales como terremotos o explosiones (Jaramillo, 2020). En Brasil se han constituido colectivos de familiares en respuesta a la violencia institucional (Birman y Pereira Leite, 2004), a los crímenes violentos contra niños —como en el caso de Altamira— (Lacerda, 2014), así como frente a episodios de negligencia estatal en eventos públicos, como el incendio de la discoteca Kiss (Dias de Siquiera y Víctora, 2018). También se han movilizado en torno a la violencia de género —como en el caso paradigmático de Maria da Penha— y a la ejecución extrajudicial de menores en situación de calle, como en la masacre de la Candelária (Kuwahara, 2015). En Colombia, la categoría de víctima ha sido movilizada por diferentes sectores sociales como minorías étnicas y pueblos originarios (Jimeno, 2010) y las madres de asesinados han encabezado denuncias por las llamadas ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como “falsos positivos” (López, 2019). A pesar de la diversidad de escenarios y reclamos, estos movimientos tienden a converger en torno a un rechazo a la impunidad y a una demanda por el esclarecimiento de los casos, el enjuiciamiento de los responsables, el despliegue de formas de compensación o reparación y el desarrollo de políticas de memoria.

En el caso de América Latina los familiares, y en particular las madres de las víctimas, han tenido un lugar fundamental en el impulso y en el reconocimiento de los movimientos. En ese sentido puede decirse que la situación de esa región guarda más afinidad con la de EE. UU. y menos con la de los países de Europa, tanto en cuanto a los tipos de víctimas movilizadas, así como en relación al impacto a nivel estatal de sus demandas.

Estos movimientos que han llevado a las víctimas a la centralidad de la vida pública despiertan expectativas diferentes. Desde una perspectiva que celebra este “surgimiento” en contextos diversos y particulares, se entiende que aquella presencia contribuye a la transparencia de los estados autoritarios, a la resistencia de los sectores subalternos, a la construcción de memoria, a la dignidad y al reconocimiento de quienes sufrieron la violencia. En cambio, quienes se muestran preocupados por los efectos del “paradigma victimista” (Pitch, 2024) y condenan la “tiranía de las víctimas” (Garapon y Salas, 2007) denuncian el llamado “giro punitivo” que, según sostienen, sería promovido por algunos de aquellos colectivos. La condena y la celebración, de las que aquí tomamos distancia analítica, son dos posturas que pueden ser problematizadas y complejizadas. Sobre todo cuando forman parte de los esquemas analíticos de las ciencias sociales, en la medida en que pueden conducir a opacar la posibilidad de conocer mundos sociales diversos, alternativos, conflictivos, y acaso incómodos para los propios investigadores.

La política de las víctimas

En este libro entendemos la política de las víctimas en su doble dimensión. Por un lado, la política implica una dimensión productiva: incumbe el despliegue de una serie de acciones orientadas a establecer la relevancia o importancia de ciertos objetos, relaciones sociales, problemas, cuestiones, etc., en una determinada arena. Esta mirada supone entender a la política en un sentido creativo, relacionado con la importancia que las personas dan a sus asuntos (Graeber, 2018). A su vez, implica un carácter agonístico cuando ellas se involucran en procesos de confrontación. Entonces se cruzan con la política al desplegar diversos repertorios orientados a sostener algún tipo de reclamo o demanda pública. Y ello tanto en relación con las instituciones formales del sistema político como más allá de las mismas. De acuerdo con esto, aquí nos preguntamos cómo estudiar la política de las víctimas, esto es, aquellos procesos políticos contenciosos a través de los cuales ellas y quienes las rodean definen cuáles son las cuestiones por las que vale la pena movilizar tiempo y energías en organizarse y manifestarse públicamente. A continuación sistematizamos cuatro dimensiones relevantes a fin de contribuir a la indagación en torno de aquella pregunta: La unificación de la causa; La fuerza del evento y la ruptura biográfica; La ambigüedad de las emociones y La “politización” y sus límites.

La unificación de la causa

Cuando hablamos genéricamente de movimientos de víctimas solemos confrontarnos con situaciones en las cuales las personas afectadas utilizan esa categoría como criterio de identificación y como base para una identidad colectiva. Pero muchos trabajos han señalado la distancia que existe entre la condición de víctima en términos abstractos y las víctimas realmente existentes. Sabemos que la víctima, como arquetipo, sólo existe como referencia desde un punto de vista exterior, pero el mundo social nos muestra la existencia de una multiplicidad de víctimas de distinto tipo y de distinto orden. Las personas o los grupos son siempre víctimas de algún suceso, víctimas específicas de casos y situaciones que las atraviesan. Expedientes judiciales donde se investigan y tratan los hechos en cuestión, la búsqueda de personas en casos de desapariciones, las especificidades de una catástrofe o tragedia particular, muestran que los reclamos de las víctimas están atados al caso que, originalmente, definió su condición. Las víctimas que se movilizan suelen reclamar por cuestiones particulares y específicas que organizan de modo continuo las energías de la movilización. Además de quienes se movilizan por haber vivido el daño en carne propia, también se encuentran los familiares-víctimas. Madres, padres, hermanas/os de personas fallecidas que levantan la voz para reclamar a la vez en primera y en tercera persona, es decir, por quienes se vieron afectados de modo directo por el daño, pero también por ellos mismos que sufren en virtud de su vínculo con quienes experimentaron el daño en forma directa.

Las víctimas y quienes se movilizan con ellas desde diferentes roles, suelen recurrir a un repertorio de confrontación que ubica los rasgos personales, las historias de vida y las relaciones interpersonales como clave para quebrar el anonimato y la indiferencia en relación con lo ocurrido. La personalización de los modos de reclamo –expresada muchas veces en la utilización de nombres propios– tiene consecuencias también sobre quienes pueden ser los portavoces de los reclamos. En muchos casos, no sólo las víctimas tienen nombre y apellido, sino que madres, padres, amigos pueden hablar en su propio nombre. En ocasiones ellos se transforman en figuras notables, en referentes políticos, en líderes de opinión.

Cuando las formas de compromiso se vinculan al desarrollo de causas y problemas que trascienden los casos particulares suelen cobrar importancia las redes que ligan a las víctimas entre sí, por ejemplo en campos como derechos humanos, violencia institucional o violencia de género. Resulta adecuado explorar con detalle las diferentes modalidades de construcción de redes y los elementos que favorecen o traban esas dinámicas. Por ejemplo, los espacios burocráticos estatales y de terapia son muchas veces espacios de cruce. Encontrarse haciendo trámites, compartir relatos y sentimientos sobre lo sucedido, en breve, circular por esos lugares contribuye a que las personas tomen contacto y se identifiquen como iguales o con intereses comunes.

En ese sentido, quienes se movilizan por casos que a priori podrían ser considerados como de naturaleza totalmente diferente pueden, sin embargo, participar de una misma causa pública por la que movilizarse. Ello ocurre cuando las propias víctimas encuentran puntos comunes y afinidades, trazan conexiones y establecen alianzas; por ejemplo, es el caso de quienes denuncian situaciones de contaminación ambiental o violencia de género y exigen que estas sean tratadas como vulneraciones a sus derechos humanos; esto también puede verse cuando se da la convergencia en actos públicos conjuntos entre las víctimas de hechos de tránsito y las víctimas de un desastre, un incendio o una explosión, ambas luchas unificadas bajo la consigna de la lucha “contra la impunidad”.

Otros casos nos muestran que las víctimas no son portavoces directos de los reclamos, sino, en cambio, el sujeto de derechos al que las demandas o las causas del movimiento apelan de modo principal. En estos casos las víctimas ocupan el lugar de “base social” a ser representada. Abers y von Bulow (2025) muestran, por ejemplo, el modo en que un grupo de militantes y profesionales constituyó un movimiento en representación de las víctimas de covid-19 en Brasil, apelando a una movilización de sus derechos. También es el caso de quienes se organizan para reclamar por la afectación de derechos de los animales, entendidos como personas no humanas que deberían ser tratadas como víctimas de explotación por parte de los humanos.

Estas situaciones muestran que lejos de constituir un “grupo” o “colectivo” por sí mismo y de un modo más o menos automático y evidente, en muchos casos, las personas que han sufrido un daño constituyen un colectivo desde la mirada de quienes se presentan como sus portavoces, sus representantes (Bourdieu, 2005). Esto tiene el doble efecto de reificar al “grupo” así como el de investir a los representantes que hablan por ellos. La identificación como víctima en términos colectivos es producto de un trabajo de unificación y de homogeneización (Lefranc y Mathieu, 2023; Vecchioli y Rebollar, 2019), necesario para la continuidad de los grupos que reclaman.

La fuerza del evento y la ruptura biográfica

La literatura temática y también los puntos de vista de las propias víctimas así como de los profesionales que se vinculan con ellas (psicólogos, abogados, trabajadores sociales, pero también biólogos, ingenieros o médicos) han reforzado la idea de que los movimientos de víctimas tienen su origen en acontecimientos disruptivos. Eventos críticos tales como desastres naturales, humanos o tecnológicos, pero también crisis políticas o económicas, introducen alteraciones o disrupciones en las biografías personales y colectivas (Das, 1996). Al otorgar centralidad analítica al evento, se ha destacado que esas situaciones transforman, modifican y alteran las condiciones existentes de forma que generan nuevas posibilidades, y producen y legitiman transformaciones de estatus y jerarquías (Kapferer, 2010; Visacovsky, 2011). A su vez esos acontecimientos pueden producir jerarquizaciones entre víctimas, en la medida en que algunas de ellas están conectadas con grandes violencias históricas como genocidios o terrorismo de estado, etc., mientras que otras están conectadas con situaciones que son entendidas como “menores”, “personales” antes que históricas y colectivas, como puede ser en el caso de los hechos de tránsito, el delito urbano, etc.

A partir de estos acontecimientos disruptivos, las víctimas pueden comprometerse con una causa. La expresión “compromiso político” se refiere al modo en que ellas despliegan formas de militancia o activismo (Pereyra y Berardi Sparani, 2022).^[7] Aunque activismo y militancia a menudo se usan indistintamente, representan dos enfoques distintos de la movilización. La militancia se caracteriza por una dedicación profunda y constante, a menudo ligada a organizaciones formales como partidos o sindicatos, implicando una confrontación y un compromiso vital con la causa. En contraste, el activismo se asocia más bien con acciones colectivas ocasionales o esporádicas, llevadas a cabo en el contexto de movimientos sociales, ONG u otros grupos informales de la sociedad civil. A pesar de estas diferencias, en la práctica, las formas de militancia y activismo a menudo se entrelazan y coexisten (Modonesi, 2016).

De acuerdo con la idea de la política como una lucha por establecer qué es el valor, esto es, qué es lo socialmente necesario, cuáles son aquellas metas merecedoras de un proyecto vital (Graeber, 2018), el compromiso con una causa implica, entonces, un trabajo destinado a valorizar temas, relaciones, personas, etc., por las que vale la pena movilizarse. Acciones tales como protestar, negociar con funcionarios del poder ejecutivo y judicial, las declaraciones públicas a la prensa, los vínculos con dirigentes políticos son todos elementos relacionados con el compromiso de las víctimas. Esto implica la construcción de vínculos interpersonales: “comprometerse” es comprometerse no sólo con una causa, sino con otras personas que forman parte de las configuraciones sociales en las que se inscriben quienes demandan públicamente.

S. Latté (2023) señala que especialmente en casos de catástrofes, pero también en hechos de alcance menor o más específico, al intentar explicar el origen de estas formas de movilización se tiende a enfatizar el carácter omnicomprensivo del acontecimiento. Dado el impacto evidente del acontecimiento disruptivo, este suceso definiría por sí mismo las unidades que se movilizan (las personas que se identifican rápidamente como víctimas). Además, generaría de manera espontánea lazos de solidaridad entre quienes lo sufrieron y su efecto sería tan profundo que esas víctimas encontrarían motivos inmediatos y suficientes para organizarse y actuar juntas. Desde ese enfoque, el evento suele concentrar todas las fuerzas y energías explicativas haciéndonos perder de vista las mediaciones que existen entre acontecimiento y movilización. Sin embargo, si el evento crítico es inscripto en el largo plazo, la crisis puede ser tratada como la continuación de un sistema de relaciones y propiedades sociales preexistentes, ahora bajo condiciones diferentes (Latté, 2023). En ese sentido, en ciertas situaciones puede resultar productivo pensar en los efectos de esos acontecimientos como reacomodamientos de sistemas de relaciones que ya estaban allí y que siguen operando ahora bajo condiciones renovadas. En cuanto a las trayectorias de compromiso, si en lugar de destacar el evento prestamos atención a la continuidad, veremos que así como solemos prestar atención a las víctimas que se transforman en activistas o militantes, también podemos encontrarnos con frecuencia que los referentes de los movimientos de víctimas suelen ser personas con recorridos previos en el mundo de la militancia o del activismo que han devenido víctimas y que actúan con portavoces que contribuyen a la unificación de la causa y a la homogeneización del grupo (Weed, 1990).

Considerar que el evento no conduce a una renovación radical de las razones para manifestarse no significa relegarlo a la condición de un epifenómeno. En efecto, las situaciones críticas alteran la estructura de las configuraciones en las que se despliega la acción colectiva y redefinen las normas a las que deben ajustarse los actores sociales. El evento modifica la jerarquía relativa de los recursos valiosos, de la preferencia por las arenas judiciales y mediáticas, corrige los códigos de discurso, etc. A la luz de estas transformaciones, como sostiene Jaques Lagroye (1990) la crisis no es simplemente una ruptura, sin más, sino que expresa la continuación de un sistema de relaciones bajo condiciones diferentes.

Este escenario da cuenta de las variaciones entre las posiciones que destacan la continuidad y aquellas que enfatizan en la fuerza del evento (Fassin y Bensa, 2002). Se trata de dos posturas que no son excluyentes y que pueden echar luz sobre aspectos de un mismo caso o sobre casos diferentes.

La ambigüedad de las emociones

Parte de los estudios sobre víctimas ha enfatizado el lugar del dolor y el sufrimiento en los procesos de victimización contemporáneos. Muchos casos muestran a las víctimas, sus aliados o incluso a sus antagonistas señalando que el dolor, el sufrimiento o el padecimiento representan un “piso” de reconocimiento y legitimidad que difícilmente es discutido o contestado. Cuando se imponen la indignación, la bronca o el dolor, estas cuestiones parecen constituirse en el motor de la movilización. La acción colectiva apoyada en categorías emocionales como dolor, sufrimiento, trauma, orgullo, pasión o indignación suele ser tratada como una dimensión central para la comprensión de los movimientos de víctimas entendidos como “comunidades de sentimiento” (Jimeno, 2010). Sin embargo, muchos trabajos señalan también que las emociones forman parte de un vocabulario de motivos que está sujeto a ajuste y negociación por parte de los implicados (Goodwin, Jasper y Polletta, 2001). Al mismo tiempo que permiten expresar el compromiso con la causa política de los sufrientes, las emociones también pueden deslegitimarla al ser recibidas bajo la forma de manifestaciones irracionales amenazantes. Esa ambigüedad hace posible que las emociones sean puestas en juego como un lenguaje que permite tanto atacar como defender a las víctimas en los contextos contenciosos en que ellas se expresan. De modo tal que lo emocional es el insumo a través del cual las víctimas, pero también sus detractores y críticos, construyen posiciones de igualdad y diferencia entre aquellas que son nombradas como “pasivas”, “emocionales”, “frías”, “moderadas”, “irracionales”, “violentas”, etc. En lugar de dar por sentada la centralidad de lo emocional, resulta necesario indagar cómo lo afectivo llega a configurarse como un clivaje significativo que estructura las dinámicas contenciosas de los campos políticos (Zenobi, 2020).

En ciertos contextos, la expresión de las emociones es socialmente valorada y puede generar reconocimiento. Esto sucede cuando quienes se movilizan consideran que la ira, la indignación o el dolor funcionan como un lazo común que diluye las diferencias entre los llamados “activistas del dolor”. En estas situaciones se observa a las víctimas con compasión y se las legitima, partiendo de la premisa de las “emociones movilizadoras”: aquí, sufrimiento, bronca e indignación se constituyen en la argamasa que une a las víctimas y les otorga legitimidad pública. Ahora bien, si como analistas asumimos de antemano que el registro afectivo es el fundamento que explica la acción colectiva de los sufrientes —como si necesariamente los uniera y los igualara—, corremos el riesgo de perder de vista los conflictos, tensiones y diferencias que también emergen entre las propias víctimas en torno a lo emocional.

La situación opuesta aparece cuando la atribución de emocionalidad se utiliza como un recurso de descalificación hacia un adversario, convirtiéndose en una fuente de descrédito. En el caso de las víctimas que se manifiestan en el espacio público con demandas concretas, es frecuente que sus opositores políticos las acusen de ser “traumatizadas”, de estar “en busca de venganza” o de actuar “enceguecidas por el dolor”, sugiriendo así que carecen de argumentos válidos. Frente a estas imputaciones, las víctimas rechazan ser definidas como emocionales y exigen ser reconocidas como actores racionales, desplegando de manera cotidiana importantes esfuerzos por obtener dicho reconocimiento. En este escenario, un enfoque que coloque el dolor y el sufrimiento en el centro del compromiso de las víctimas activistas puede resultar problemático, ya que la presuposición de lo emocional como dimensión clave corre el riesgo de reproducir las mismas formas de descalificación de las que ellas buscan distanciarse.

Finalmente, existe un tercer escenario que plantea desafíos adicionales para el análisis de lo emocional en contextos de confrontación: la definición misma sobre si una conducta es emocional o no lo es también puede ser un asunto disputado. Afirmar que una acción tiene un origen afectivo puede implicar su deslegitimación, mientras que en otros casos puede funcionar como signo de autenticidad y veracidad, en tanto lo emocional se percibe como algo que “desborda” o excede la capacidad de cálculo y simulación (Lutz, 1986). En los campos que estudiamos, las disputas acerca de qué comportamientos son emocionales y cuáles no lo son se convierten, en sí mismas, en parte de la contienda (Zenobi, 2020).

La “politización” y sus límites

Como parte de la mirada habitual sobre las movilizaciones de víctimas, las investigaciones sobre el tema suelen poner en juego el concepto de “politización” como un modo de hacer referencia a la dimensión pública, colectiva, contenciosa, del daño, el sufrimiento y la denuncia. Ello involucra modalidades de racionalización, el desarrollo de formas de compromiso político y el despliegue de carreras militantes.

La politización puede comprenderse en términos de la articulación entre una “causa política” y la conformación de una “política de las causas” (Barthe, 2010). Este proceso supone la convergencia entre las víctimas movilizadas y los profesionales, cuyos saberes se convierten en un insumo estratégico para la formulación de demandas. Los procesos de responsabilización implican, en este marco, definir una etiología del daño, es decir, identificar su naturaleza y atribuirlo a un responsable a partir de criterios provistos por los especialistas (Barthe, 2010). En ámbitos como los conflictos por contaminación y salud, las poblaciones afectadas enfrentan la necesidad de demostrar relaciones causales, lo que exige tanto establecer responsabilidades como movilizar saberes técnicos y recursos colectivos. La politización, en consecuencia, habilita la construcción de vínculos causales y contribuye a visibilizar los daños, sus orígenes y sus responsables.

Sin embargo, otros casos también muestran la preocupación de las víctimas por la “politización”. En estos casos la noción de politización hace referencia a cuestiones que se diferencian de aquel uso difundido entre las ciencias sociales y habla del interés de los actores sociales por establecer fronteras con la actividad política. Tal como señala Lagroye (2017), la “politización” de las actividades sociales, los grupos, los temas o las profesiones, en tanto proceso de redefinición de prácticas, fronteras, espacios y objetivos, plantea un problema de legitimidad y es objeto de valoraciones morales. De hecho, en medios sociales muy diversos pero muy concretos, a un lado y otro del Atlántico se observa que la politización es vista como una cuestión problemática que genera inquietudes, distancias y conflictos (Elias, 1993). En este marco, resulta relevante dar cuenta de las distinciones que las personas realizan para diferenciar lo que es político de aquello que no lo es.

La perspectiva práctica de los actores sociales sobre la política está fundamentada sobre evaluaciones morales que sancionan ciertos usos a definir según casos y contextos. Siguiendo estas ideas podríamos hacer lugar a aquellas situaciones en las que la politización –una evaluación moral negativa de la política– genera conflictos y escozores. Cuando la política está disponible para ser usada, pueden surgir acusaciones de parte de quienes creen que algunos integrantes de sus propios movimientos pretenden “usar” la política de modos inadecuados buscando satisfacer “intereses egoístas” o “partidarios”. Se dirá que no están usando la política en función de alcanzar “justicia” o un elusivo “bien común”. Entonces, en esos casos, “politización” es una categoría que movilizan los actores sociales que expresa una evaluación moral negativa de algunas conductas. Por este motivo, con frecuencia las víctimas rechazan e impugnan la “politización” potencialmente contaminante de sus demandas consideradas como “puras”. Estos conflictos suelen tener derivas inesperadas y pueden conducir a cismas y rupturas que generan nuevas facciones, grupos y movimientos. En resumen, como cualquier otro concepto, politización o despolitización no son neutros, sino que los juicios sobre estas cuestiones suelen hacer de ellos conceptos normativos (Lagroye, 2017).

Siguiendo esta idea, podríamos hacernos preguntas sobre las formas en que las víctimas se relacionan con la política según como ellas mismas lo entienden, pero también con aquello que ellas definen como no político (Jeffery y Candea, 2006; Candea, 2011), ya que ambas cuestiones son un insumo relevante en la producción de relaciones de cooperación, pero también de conflicto.

Las partes y el todo: la estructura de este libro

Los capítulos que contribuyen a esta indagación colectiva se organizan en cuatro ejes principales que representan preguntas recurrentes en relación a los procesos de movilización de víctimas. Estos ejes son: Causalidades, denuncias y responsabilización; La organización del descontento; Reparar a las víctimas y, finalmente, Movimientos, estado y políticas públicas.

Al primer eje lo denominamos Causalidades, denuncias y responsabilización. El mismo se centra en las modalidades que asume la formulación de denuncias en los procesos de movilización. Aquí nos interesa identificar la producción de responsabilidades causales y políticas. Asimismo, se propone indagar de qué manera se movilizan saberes, aprendizajes, dispositivos, “investigaciones profanas”, a fin de ofrecer pruebas que muestren la relación de causalidad entre ciertos hechos y la afectación que se denuncia. Se explora el doble juego entre el modo en que el padecimiento de violencias da lugar a denuncias públicas y al modo en que esos sufrimientos son resignificados en (y modelados por) esos contextos contenciosos.

El capítulo de Sebastián Pereyra muestra que las condiciones a partir de las cuales las víctimas pueden formular denuncias y reclamos pueden ser muy diferentes entre sí. El texto focaliza en un caso marcado por la desaparición de una persona y se interroga por el modo en que ese hecho impacta en dicho proceso. La incertidumbre generada por la desaparición implicó en este caso que los repertorios de denuncia cobren una centralidad fundamental para poder configurar una hipótesis sobre lo ocurrido y defender esa hipótesis frente a la opinión pública y en la arena judicial.

La incertidumbre, esta vez en el marco de una catástrofe como fue la inundación en la ciudad de La Plata en 2013 también es el centro del argumento del capítulo presentado por Favio Josin. El autor aborda la incertidumbre y las sospechas alrededor de las cifras sobre la cantidad de muertos que se transformaron primero en una controversia y luego, por el accionar de familiares de los fallecidos y vecinos organizados en asambleas, en una denuncia del “ocultamiento” de los muertos. Esto impulsó investigaciones “profanas” a través de las que se cuestionaron las operaciones de registro y de contabilización oficiales de las víctimas fatales. Así fue como, a lo largo de la denuncia, diferentes cifras circularon y fueron cambiando de magnitud a partir del trabajo colectivo. En ese escenario la sospecha y la incertidumbre fueron fundamentales para entender los procesos de organización, movilización y reclamo a los que la inundación dio lugar.

Si bien resulta habitual tratar a los reclamos y demandas de las víctimas como si estuvieran siempre asociados a la organización y acción colectiva, en muchos casos, las demandas se estructuran en relación con casos particulares que tienen, más bien, la forma de escándalos. Esta es, con frecuencia, la situación cuando se trata del mundo médico, de casos en los que determinados pacientes sufren algún daño en relación con prácticas o intervenciones médicas. El capítulo Joaquín Molina propone una exploración de ese problema a partir de una mirada sobre el universo de la cirugía estética. Casos resonantes y denuncias relativas a daños producidos por ese tipo de intervenciones médicas son un campo relativamente inexplorado en nuestro medio y en el cual se registran procesos de victimización. Molina muestra que las denuncias públicas realizadas en torno de ciertos casos resonantes están orientadas tanto por aquello que es denunciado en ese ámbito como un modelo de opresión de género, así como por las disputas jurisdiccionales al interior del campo profesional de la cirugía estética. Este doble juego estructura la comprensión pública sobre los daños sufridos por las víctimas y moldea las formas en que estas experiencias de sufrimiento se resignifican en contextos contenciosos, dando lugar a demandas de justicia y a iniciativas de regulación profesional.

Finalmente, la pregunta por los modos de definición y enmarcamiento de las denuncias y los reclamos aparece también en el capítulo de Natalia David y Diego Zenobi. Allí los autores analizan la dinámica de algunos movimientos activistas veganos locales y se preguntan por los procesos de expansión de los sujetos que pueden ser considerados víctimas. En este caso el compromiso con la causa animalista implica un trabajo de valorización de los animales como personas no humanas. Los autores abordan las prácticas concretas desplegadas por los activistas como las pegatinas, las charlas públicas o la contrapublicidad, mecanismos de sensibilización que contribuyen al aprendizaje de las competencias propias de ese tipo de activismo. Allí se observan los debates y controversias generadas por esos dispositivos que exponen el sufrimiento animal y funcionan como una línea de clivaje entre diferentes grupos del movimiento.

El segundo eje se denomina La organización del descontento y aborda las modalidades de organización que promueven quienes se encuentran en situaciones de “riesgo”, “vulnerabilidad”, “abuso” para denunciar, reclamar o protestar por las condiciones que los afectan; allí se presta atención especial a las dinámicas que adquieren estos colectivos organizados alrededor de víctimas, afectados, pacientes, etc. El capítulo de Abril Joskowicz analiza un caso de amplia repercusión como fue el del choque de un tren contra un freno de contención, conocido como “la tragedia de Once”. La autora analiza las trayectorias de dos portavoces del colectivo conformado tras ese hecho a fin de reclamar por lo sucedido. Allí se muestra cómo en un caso la experiencia y saberes previos de uno de ellos contribuyeron a ubicarlo como referente público del mismo y explican la relevancia de su papel en la homogeneización del grupo. Asimismo Joskowicz aborda el caso de una madre que gracias a su experiencia y capital como “familiar” inició una trayectoria ascendente de inserción en el campo de la política profesional. En estos recorridos se observa cómo en diferentes contextos y a través del tiempo, las nociones acerca de “la política” cambiaron de sentido. “Política” fue un término movilizado tanto para hacer referencia a la “corrupción” cuando se trató de acusar a los responsables del hecho, así como para explicar el compromiso partidario que haría posible promover el bien común y “cambiar las cosas desde adentro”.

El problema de la organización colectiva muchas veces se produce en un universo de fronteras porosas entre la política contenciosa y el mundo asociativo. Dos capítulos de este libro muestran de modo claro el funcionamiento difuso y a veces móvil entre esas fronteras. Constanza Ucci y Juan Gregoric estudian una organización que nuclea a familiares de niños con Trastorno Específico del Lenguaje. Por un lado, la asociación estudiada muestra un perfil propio del mundo asociativo en el cual compartir información y brindar asistencia y acompañamiento a familias que atraviesan ese tipo de situaciones resulta un elemento crucial. Sin embargo, la dinámica de la organización sólo se comprende si se incorpora la dimensión confrontativa, aquella que pone en el centro una causa y determinados reclamos y demandas, es decir, una vocación de transformación social. Al acompañar a las familias nuevas, la intervención de la asociación, dicen los autores, permite redistribuir el saber-poder entre familias y especialistas. Al mismo tiempo, el impulso de iniciativas legislativas y la crítica a los modos de gestión pública de diversos trastornos y de la discapacidad muestran la importancia que tiene esta variable en la vida de la organización.

La cuestión del acompañamiento, también está presente en el capítulo de Eyal Rajzman que aborda la organización de las víctimas de abuso sexual infantil en un contexto de movilizaciones feministas en ascenso. El texto muestra la relevancia de los espacios y situaciones en los que quienes han sido víctimas de abusos pueden narrar sus experiencias. Esto hace posible el trabajo colectivo en torno de los aspectos emocionales, algunos de los cuales son enfatizados mientras que otros entendidos como negativos deben ser superados. La narración pública de las situaciones de sufrimiento y superación muestra una apelación contextual ora a la condición de “víctima”, ora a la de “sobreviviente”. Esto coloca a los activistas al mismo tiempo –según el autor que recupera la imagen mitológica de Jano– de cara al pasado y de cara al futuro: como víctimas inocentes en virtud del evento crítico sufrido y como sobrevivientes activos de frente a la lucha pública que impulsan.

El tercer eje se titula Reparar a las víctimas y se centra en el problema de la evaluación de los daños sufridos y de las modalidades a través de las cuales sería posible remediar, compensar o restablecer la situación de quienes han vivido la violencia. La reparación habitualmente se plantea como un tema de índole jurídica y económica. En esos casos se vuelve central el problema de la valuación y de los modos moralizados de circulación del dinero bajo la forma de indemnizaciones, pagos, compensaciones, etc. Frente a esta identificación más o menos espontánea con los procesos indemnizatorios –producto de la identificación con el lenguaje jurídico que en ocasiones permea inadvertidamente al de las ciencias sociales–, creemos que es posible problematizar los múltiples sentidos sociales que puede adquirir la reparación: simbólica, psicológica, económica, integral, estética, moral, subjetiva, etc. (Michel, 2021). Allí resulta crucial el rol de las intermediaciones de expertos y profesionales quienes mensuran, diagnostican y proponen cómo debe concretarse esa reparación. Si bien resulta habitual que estas cuestiones sean abordadas desde las ciencias sociales a partir del estudio de las decisiones y procesos estatales oficiales y de las políticas públicas este libro muestra que también son un elemento crucial de las modalidades que adquiere la movilización de víctimas.

El capítulo elaborado por Felipe Magaldi transita entre las formas de reparación “simbólica”, “psicológica” e “integral”. El mismo muestra que en el ámbito de los derechos humanos, muy significativo para el contexto local y regional, la reparación tiene una historia marcada por la implicación de las víctimas en la definición de sus alcances. El análisis de la trayectoria de una víctima del terrorismo de estado, hija de un desaparecido, que también es profesional de la psicología y militante de derechos humanos, muestra la articulación de la tríada reparación-víctima-testimonio articulada en el contexto de la intersección entre salud mental y derechos humanos en el ámbito estatal. Allí se observan las tensiones inherentes a las posibilidades de reparación cuando el estado es considerado como el responsable del daño sufrido.

Por su parte, el capítulo de Luciano del Hoyo estudia otro caso complejo y de alta repercusión como es el del hundimiento del submarino ARA San Juan. En ese caso la política de reparación tiene un anclaje claro y bien definido en una ley de la Nación que establece criterios específicos para indemnizar a las familias. Además de mostrar que existe una verdadera tradición local en el desarrollo de este tipo de políticas para casos de gran envergadura como este, el análisis permite ver que la reparación es un proceso más amplio y negociado de lo que puede verse a primera vista. El tratamiento de la ley es en sí mismo una arena de negociación donde se disputan visiones opuestas sobre la cuestión en la cual los familiares de las víctimas hacen pesar las propias. Por otro lado, la ley viene a inscribirse en una serie de intercambios previos y más amplios entre las familias y el Estado en el que reparar implica muchas otras cosas además de la compensación económica, como, por ejemplo, el acompañamiento a las familias o el reconocimiento a la labor profesional de los submarinistas.

Finalmente, el capítulo de Lucía Giambroni analiza cómo se estableció en el país un mecanismo de reparación económica para casos de femicidio. El texto muestra la importancia de la movilización feminista para el impulso y la definición de los alcances de la ley que propicia ese tipo de reparaciones. Pero también permite ver que en estos casos –muchas veces más cotidianos, de menor repercusión– la reparación termina relativamente alejada del daño sufrido por las víctimas y de las condiciones que lo explican. El estudio del programa RENNyA (Régimen de reparación económica para niñas, niños y adolescentes) implementado por la ley permite observar un desplazamiento desde el foco inicial centrado en los femicidios hacia una política de protección de las “víctimas colaterales”, esto es, de las infancias y adolescencias.

Por último, el cuarto eje focaliza en Movimientos, estado y políticas públicas. Habiendo destacado en los ejes previos las relaciones recíprocas entre movimientos y el estado, este eje explora los cruces e interacciones entre militantes, activistas, políticos y funcionarios. El modo en que se vinculan las intervenciones de los movimientos, sus activistas o sus simpatizantes con los procesos legislativos, burocráticos o judiciales que contribuyen a la producción de leyes, reformas institucionales, programas, etc., procesos que pueden canalizar, transformar o “utilizar” las demandas o los conflictos en los que éstas se inscriben.

El capítulo de Cecilia Varela ofrece una perspectiva sistemática en el mediano plazo sobre la relación entre el desarrollo local de un movimiento anti-trata y el despliegue de formas de regulación legal y el desarrollo de políticas públicas en la materia. El texto muestra de modo claro la complejidad y heterogeneidad que tuvo el desarrollo del movimiento anti-trata en el país. Los “resultados” de política pública sólo se vuelven comprensibles si atendemos a esa diversidad. Así, mientras que las dinámicas internacionales explican el impulso que adquirió el tema en las últimas dos décadas, el contenido y la orientación de las políticas locales requieren ver el impacto de casos resonantes ligados a la explotación sexual y el rol que jugaron algunos sectores del feminismo vernáculo para impulsar una mirada abolicionista como modo de abordaje de la cuestión.

El trabajo de Javier Barranco nos permite incorporar otra temática que es central para el tipo de análisis que este libro se propone. Se trata de un incidente vial que se cobró la vida de un joven en una localidad del Gran Buenos Aires. El capítulo explora el enorme impacto que este caso –a través de la movilización de la madre y amigos del joven– tuvo en términos de transformación de las políticas de seguridad vial. Los vínculos entre la madre –devenida en activista, integrada a una red de familiares y designada para ocupar un cargo público– y dirigentes políticos locales hacen comprensibles los efectos que produjo la movilización. El desarrollo de políticas de prevención así como el despliegue de un dispositivo de atención a víctimas fueron posibles gracias a esos vínculos e interacciones que articularon actores movilizados, política local y políticas públicas.

Finalmente, el capítulo de Victoria Igol que cierra el libro analiza el proceso de aprobación y puesta en funcionamiento de la llamada “Ley de víctimas” de 2017. En particular se interroga por el rol que cumplió la Campaña “Para que no te pase” llevada adelante por un grupo de personas vinculadas a muertes violentas ocurridas en situaciones muy diferentes. La ley que consagra una serie de derechos específicos para víctimas del delito no puede ser comprendida como el resultado o el impacto lineal producido por la Campaña. En cambio, todo el proceso muestra el lugar que tuvieron las víctimas movilizadas en relación con expertos y funcionarios en diversas instancias que incluyen la discusión pública, el proceso legislativo y la implementación de políticas. Según la autora, la campaña no fue solo un espacio de demanda, sino también un canal para que sus protagonistas ingresaran en circuitos de representación institucional a partir del capital que supone la experiencia de victimización.

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Las víctimas y los movimientos que ellas impulsan son, hoy en día, una realidad recurrente. Este libro se pregunta por la especificidad y particularidades de este tipo de procesos de movilización. Los capítulos que forman parte de este volumen colectivo contribuyen a trazar los contornos de un mapa habitado por la heterogeneidad y la diversidad. A partir de la investigación empírica en la que se fundamentan los diversos textos, el libro identifica algunos ejes analíticos que permiten poner en relación casos y temáticas de lo más disímiles. En conjunto, los textos que forman parte de este volumen aportan pistas concretas que contribuyen a abordar la política de las víctimas, cuestión que se revela como un aspecto central de la vida de nuestras sociedades actuales.

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