Víctimas expertas, víctimas testigos

Felipe Magaldi^[1]

Las reflexiones que dan origen a este capítulo tienen como punto de partida el Ciclo Memoria, Movimientos Sociales y Derechos Humanos (MMDDHH), evento realizado en la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) y coordinado por el antropólogo José Sergio Leite Lopes, durante el primer semestre de 2019. Su objetivo fue propiciar debates en torno a las políticas públicas de memoria, verdad, justicia y reparación en Brasil y en América del Sur, precisamente en el primer año del gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), un gobierno pro-dictadura, más que meramente negacionista. Con la participación de más de sesenta conferencistas en sesiones abiertas al público general, que se llevaron a cabo todos los viernes entre marzo y julio, se discutieron las consecuencias de las últimas dictaduras cívico-militares en la región, desde los años ochenta hasta la actualidad.^[2] La conformación de las mesas tuvo un carácter marcadamente híbrido, incluyendo no solo a investigadores del tema, sino también a gestores, militantes de derechos humanos, familiares y sobrevivientes de la represión. Cabe destacar que, en este campo regional, estas categorías suelen entrelazarse, como veremos más adelante.

El “caso argentino” —es decir, la transición a la democracia en ese país, luego de su última dictadura cívico militar (1976-1983)— adquirió relevancia desde la organización misma del evento, reproduciendo un interés más amplio de ese campo mixto de actores sociales desde una perspectiva brasileña. Como es sabido, a diferencia de Brasil, que hasta hoy mantiene vigente su ley de amnistía, Argentina logró anular los indultos concedidos a los represores en los años ochenta y retomar el camino de la justicia en la década del 2000, especialmente a partir del gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007). Además, desarrolló una serie de medidas, como la recuperación de dos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio como sitios de memoria y promoción de los derechos humanos, la creación de archivos y la instauración de feriados nacionales, así como el pedido oficial de perdón por parte del Estado, entre otras acciones. Aunque el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) impulsó iniciativas de corte revisionista —como el polémico fallo del 2×1, que proponía reducir las penas de represores condenados en juicios por delitos de lesa humanidad—, las políticas de memoria conquistadas dejaron una marca indeleble. Como demostró la politóloga Cristina Buarque de Hollanda, el caso argentino tiende a ser percibido como un modelo entre los agentes de derechos humanos en Brasil, en contraposición con la supuesta letargia nacional (Hollanda, 2018).

Uno de los puntos destacados en el Ciclo MMDDHH fue la noción de reparación —una suerte de cuarto elemento, complementario a las banderas de memoria, verdad y justicia— y, en particular, sus desarrollos en Argentina. En ese país, las leyes reparatorias se consolidaron principalmente durante la década de 1990,^[3] en el marco de las recomendaciones internacionales de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estas incluyeron compensaciones económicas y patrimoniales destinadas a personas que estuvieron detenidas, así como a familiares de personas asesinadas o desaparecidas. Posteriormente, se extendieron a personas nacidas en contexto de privación de libertad, menores cuyos padres fueron detenidos por motivos políticos o que sufrieron la sustitución de su identidad (Guembe, 2006; Guglielmucci, 2015; Tello, 2018). En ese proceso, se fue configurando una construcción social abierta e inconclusa en torno a la definición y los límites de la categoría de víctimas del terrorismo de Estado: ¿quiénes son y cómo reparar sus daños? (Vecchioli, 2001).

Esas reparaciones pecuniarias no excluyeron otra serie de mecanismos surgidos posteriormente, mencionados por los actores de ese campo de luchas como constitutivos de lo que se denominan reparaciones, o más específicamente, reparaciones simbólicas o integrales (Schneider, 2019). Entre ellas, se destacaron las políticas públicas de atención psicológica a dichas víctimas, en las que se desarrolló una novedosa articulación entre los campos de la salud mental y los derechos humanos, incluyendo la creación de dispositivos de acompañamiento terapéutico para testigos durante los juicios por delitos de lesa humanidad.

Aunque ya existían grupos de atención en salud mental en los principales movimientos sociales surgidos tras el retorno a la democracia,^[4] fue la primera vez que este tipo de servicio pasó a formar parte de una política pública estatal. Esto reforzó la comprensión de las consecuencias del terrorismo de Estado a través del lenguaje del trauma e instauró una nueva forma de reparación, entendida como psíquica o psicológica. Sin embargo, dicha reparación, como veremos desde la perspectiva de sus impulsores, no se presentó como una forma patologizante de abordar los daños de la represión, sino, por el contrario, como una manera de otorgar un lugar político a las víctimas, concebidas desde entonces, en el lenguaje especializado, como víctimas testigos. Sus propios expertos, a su vez, en muchos casos habían sido también víctimas de la represión, en calidad de familiares o sobrevivientes. Aunque no se autodenominaran de ese modo de forma explícita, podríamos definirlos aquí como víctimas expertas, para dar cuenta de la superposición de ambas condiciones.

Una de las principales protagonistas de esa forma novedosa de concebir la condición de víctima y sus posibles formas de reparación fue la Lic. Fabiana Rousseaux, psicoanalista, co-creadora del Plan Nacional de Acompañamiento y Asistencia Integral a Querellantes y Testigos Víctimas del Terrorismo de Estado (2007), y primera directora del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa” creado en 2008 e institucionalizado en 2009, en Argentina. Ambos dispositivos tuvieron como objetivo brindar atención psicológica a las víctimas del terrorismo de Estado durante la reanudación de los juicios por crímenes de lesa humanidad, ocurrida bajo el gobierno de Néstor Kirchner a partir de 2003, e influyeron en la creación de organismos similares en Brasil, como el proyecto “Clínicas del Testimonio” de la Comisión de Amnistía (2013-2016), entre otras repercusiones regionales. Por ese motivo, Rousseaux fue una de las invitadas más destacadas al evento organizado en la UFRJ. Además de psicoanalista, proviene de una familia de militantes políticos y es hija de un desaparecido de la última dictadura cívico-militar, lo que refuerza la doble condición ya mencionada en este trabajo como característica distintiva de ese campo.

En el Ciclo MMDDHH, Rousseaux participó en la mesa Reparación: testimonio, escucha y reconocimiento, integrada también por la antropóloga argentina Mariana Tello (UNC), la historiadora y politóloga brasileña Dulce Pandolfi (UFRJ) y la psicóloga clínico-institucional brasileña Vera Vital Brasil (Clínicas del Testimonio). El encuentro fue coordinado por el autor del presente capítulo.^[5] Las conferencias tuvieron por objetivo debatir las diversas nociones de reparación surgidas en Argentina y Brasil desde los años 1990. Las múltiples formas de experiencia de las indemnizaciones —como culpa o modo de reconstrucción del mundo y de la propia lucha política— se evidenciaron en las exposiciones de Tello y Pandolfi, científicas sociales. A su vez, la crítica a la exclusividad de la reparación económica y la necesidad de crear dispositivos de habla y escucha para el sufrimiento quedaron claras en las voces de las expertas psi. Esa necesidad, en su visión, no viene sin dos debidos cuidados: el testimonio en el ámbito judicial debe ser reparador y no revictimizante; de allí la importancia de brindar apoyo psicológico.

Es necesario recordar que las narrativas orales en primera persona sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura cívico-militar argentina estuvieron presentes desde los primeros juicios tras la redemocratización, como el Juicio a las Juntas (1985). Sin embargo, su propósito inicial era corroborar pruebas judiciales para condenar a los verdugos. En este sentido, no eran entendidas por sus protagonistas como una forma de reparación. Por otro lado, las ya mencionadas leyes reparatorias, surgidas desde los años 1990, tampoco consideraban el testimonio dentro de su alcance, enfocándose en compensaciones económicas en un nuevo contexto de impunidad. La tríada reparación-víctima-testimonio fue articulada solamente en ese nuevo contexto de intersección entre salud mental y derechos humanos en el ámbito estatal.

Es posible profundizar en la comprensión de esos recorridos desde una entrevista con la Lic. Fabiana Rousseaux, realizada luego del Ciclo MMDDHH, que quedó transcrita pero no fue analizada hasta ahora.^[6] Mi posterior participación en los proyectos de investigación comparada sobre la condición de la víctima en Argentina, desarrollados en el IDAES-UNSAM y coordinados por los científicos sociales Sebastián Pereyra y Diego Zenobi, que dieron origen a este libro, constituyó una oportunidad única y cualificada para la discusión del material. Se trata de un punto de partida para un estudio más amplio sobre la articulación entre los efectos de las dictaduras militares y los campos de la salud mental y de los derechos humanos en el Cono Sur, que prevé la realización de más entrevistas con profesionales y beneficiarios de las políticas en cuestión, con el objetivo de comprender su difusión en otros contextos de violencia, más contemporáneos (como violencia institucional, de género, entre otras).

Desde la escucha de una trayectoria específica en la entrevista biográfica, fue posible subrayar: 1) el compromiso político de los profesionales que, como en el caso analizado, también han vivido experiencias límite; borrando –pero no haciendo desaparecer– las categorías de expertos y víctimas; 2) la crítica a la noción misma de víctima (en su aspecto neutro o pasivo), entendiéndolas en cambio como víctimas testigos.

Desde el punto de vista analítico —y crítico— de las ciencias sociales de los países centrales, la progresiva participación de profesionales de la salud mental en distintos contextos de violencia desde el último cuarto del siglo XX tuvo como uno de sus efectos la patetización del mundo, es decir, una psicologización de la política que coloca el sufrimiento como principio explicativo por encima de las desigualdades (Fassin, 1999). Sin embargo, nos preguntamos si esa explicación sería suficiente para el caso latinoamericano, donde también se reivindica una politización de la psicología y un compromiso político por parte de los profesionales psi (Zenobi, 2020). Surgen, así, algunas especificidades de este campo en relación con las teorías globales y más generalizantes sobre el surgimiento de la era de la víctima y la introducción de las experticias psi en la atención a las víctimas de la violencia, en un contexto en el que la diferencia entre víctima, experto y militante político se encuentra constantemente tensionada.

Una sanadora herida: de víctima a víctima experta

La entrevista con Fabiana Rousseaux tuvo por propósito reconstruir su trayectoria familiar y profesional, hasta llegar a su trabajo en el Plan Nacional de Acompañamiento y Asistencia Integral a los Querellantes y Testigos Víctimas del Terrorismo de Estado y en el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa” (2009-2016). Ella nos cuenta que eligió estudiar Psicología en la Universidad de Buenos Aires debido a su fuerte interés en el “problema de lo social, para llamarlo de un modo muy general” desde niña. Explica, además, que proviene de una familia de militantes políticos. Su padre desapareció al mes y medio del golpe de 1976. En su visión, el fuerte “compromiso social y político” de su familia, incluyendo una “formación soviética”, fue determinante para sus pasos profesionales posteriores. En su narrativa, desde el inicio, psicología y política jamás estuvieron separadas.

También destaca que su propia vivencia durante la dictadura fue determinante. Empezó su militancia en la escuela secundaria, en un escenario de “silenciamiento social” impactante, que dificultaba justamente el “asunto social”, demandando un extremo cuidado, en un contexto de riesgo de vida. Señala también un impacto de las desapariciones en la familia y en el cotidiano, que se tornan ambas desarticuladas, exigiendo una lucha por la “sobrevivencia simbólica”:

Creo que todo eso, a su vez, fue lo que forjó en muchos hijos, no solamente en mí, porque lo veo en la actualidad, una capacidad de, primero, estar en condiciones muy extremas haciendo algo con eso, tratando de no perderse rotundamente en eso. Y luego, una necesidad imperiosa de poder entender (Entrevista a Fabiana Rousseaux, 05/2019).

Según Rousseaux, fue esa necesidad imperiosa la que la llevó, en lo personal, a elegir la carrera de psicología. El inicio de su universidad no fue en plena democracia, sino en el “postdictadura”, en 1985. Para ella, durante el gobierno de Alfonsín aún se percibían las marcas del terrorismo de Estado, de una dictadura que había sido contundente en sus métodos de implantación del terror. De a poco, en el contexto universitario, la militancia política comenzó nuevamente: una posibilidad de reconstrucción colectiva que hasta entonces no había sido vivida, en un contexto privilegiado para salir del ostracismo. Rousseaux también menciona recitales y la posibilidad de salir a las calles. Como entrevistadores, justamente allí la indagamos sobre cómo se dio el contacto con el psicoanálisis, un saber supuestamente practicado en ámbitos privados y cerrados, como las clínicas, lo que iba a contramano de sus propias inquietudes.

Ella admite que, para quien se interesaba por los temas sociales, inicialmente no encontraba ningún nexo con esos temas en el psicoanálisis, sobre todo en el caso de las escuelas francesas: “yo me acuerdo que estaba en esa división, habitaba esa división”. Por un lado, se interesaba por todas las materias que tenían que ver con lo social en la facultad, como salud pública y comunitaria. Simultáneamente, comenzó un grupo de estudios fuera de la universidad, donde abordaban temas psicoanalíticos desde un punto de vista más social. “Encontré ahí un cruce que me parecía que ya no era tan, no estaba tan desarticulado (…) y desde ese momento empecé a tratar de llevar al terreno de lo social algunos conceptos de psicoanálisis”. Aunque circuló por instituciones oficiales, buscaba la formación con ese interés social.

Para Rousseaux, durante la dictadura circulaba un chiste que hacía referencia a quienes se dedicaban al psicoanálisis lacaniano. El chiste decía que estos se habían “metido para adentro” y pasaron toda la dictadura leyendo una obra inentendible, sin enterarse de lo que ocurría en el país. Esta broma, además de tener un tono irónico, generaba tensión entre quienes tenían intereses sociales, ya que implicaba una crítica a la desconexión entre ciertos sectores intelectuales y la realidad política del momento. Entre los estudiantes de esa época, esta cuestión se tomó en serio y se tornó objeto de intensos debates: ¿cómo vamos a leer el psicoanálisis?

En ese momento, además del dilema de intentar reconectar el psicoanálisis con lo social, se evidenciaba como problema su propia trayectoria familiar. Al mismo tiempo que venir de un contexto politizado la llevó a interesarse por una práctica de salud mental más social, también le impidió, en un primer momento, trabajar directamente con la cuestión del terrorismo de Estado y, en particular, con sus víctimas. Nuevamente, ella “habitaba” esa tensión, relativa a la autoridad objetiva de la profesión, pero también a sus propios afectos respecto al asunto. En palabras de la entrevistada:

Yo soy de las personas que piensan a esta altura de mi recorrido y de mi vida que la condición de víctima o la condición de alguien que pasó por una experiencia traumática no autoriza necesariamente a entender eso o a trabajar con eso. Por esa razón, durante muchísimos años, a pesar de que, por supuesto, por historia y porque hacía un proceso simultáneo de formación, digamos, profesional, de formación política, y lo entiendo es que me había pasado a mí en mi historia, durante muchos años me dediqué a leer, a estudiar, a pensar algunas vueltas, pero no quería trabajar directamente en el territorio de las víctimas de terrorismo de Estado. No encontraba el modo de estar allí sin ser tragada por eso, vamos a decirlo así (Entrevista a Fabiana Rousseaux, 05/2019).

En ese sentido, evitando trabajar inicialmente con el tema, pero manteniendo su interés en lo social, se dedicó a trabajar en los bordes, con “aquellos que han sido excluidos por otras razones”. Comenzó desempeñándose en instituciones con menores marginalizados y en contextos marcados por la psicosis, como hospitales psiquiátricos y centros para jóvenes. Con el tiempo, sin embargo, comprendió que esa exclusión también era una consecuencia del régimen dictatorial, particularmente por la devastación que este había provocado en las instituciones de salud mental y en las formas de abordar la locura y la marginalidad: “si hay exclusión hay más locura”, lo que le permitió reflexionar sobre el vínculo entre ambas: “de hecho, esto me sirvió mucho, digamos, también para luego aplicar algo de esto, la evaluación del daño en los casos de personas que se presentaban ante el Estado para reclamar una reparación”.

Su recorrido profesional estuvo acompañado por su propio análisis personal, y fue en ese espacio donde tomó la decisión de trabajar clínicamente con los casos relativos al terrorismo de Estado: “creo que la razón fundamental por la cual yo me autoricé, después de muchos años de escribir incluso sobre estos temas, pero sin trabajar directamente clínicamente con ellos, fue en mi espacio analítico donde tomé la decisión de comenzar a hacerlo”. Ubica ese momento de decisión entre 1998 y 2000, cuando empezó a involucrarse de manera directa con esta problemática desde la clínica. En ese período, se creaban redes internacionales y regionales (latinoamericanas) de atención psicológica a víctimas de violaciones a los DDHH en los años 1990, que luego se involucrarían con el Estado en los 2000.

Los cuestionamientos que plantea la entrevistada no deben entenderse como incoherencias en su biografía, lo que correspondería a una simple reproducción de las ilusiones de continuidad biográfica, según la conceptualización de Pierre Bourdieu (1986). Por el contrario, esas tensiones revelan un carácter productivo. La dialéctica entre la concepción de un saber más neutro y alejado del social —predominante en las instituciones de psicoanálisis lacaniano de los años 80— y la concepción de una práctica politizada se fue resignificando progresivamente en su trayectoria.

No obstante, la condición de víctima, compartida tanto por la analista como por sus posteriores analizados, continúa manifestándose como un cierto obstáculo. La decisión de brindar apoyo psicológico a las víctimas del terrorismo de Estado —cuando la propia entrevistada se reconocía también en esa condición— es presentada como un hito en su proceso analítico personal, pero puede asimismo interpretarse desde una perspectiva sociológica: en contextos donde atravesar experiencias límite se convierte en capital simbólico para la construcción de expertices, como la Argentina postdictatorial, particularmente entre las décadas de 1990 y 2000 (Vecchioli, 2019).

Para la psicología analítica, a su vez, la idea de un sanador herido no es nada nueva: tiene sus raíces en la mitología griega, especialmente en la figura de Quirón, el centauro sabio que, tras ser herido por una flecha envenenada, no podía sanar su propia herida pero adquirió una profunda capacidad para curar a otros. Carl Gustav Jung –un referente marginal y tal vez ausente en ese campo de debates– retomó esta imagen en su obra para describir el proceso terapéutico, señalando que el analista solo puede guiar al paciente hasta donde él mismo puede llegar en su propio camino de sanación. Así, el sufrimiento personal no solo no invalida la capacidad de ayudar, sino que puede ser precisamente la fuente de una empatía transformadora (Jung, 1963). Sin entrar en la larga discusión sobre la validez o no de las ideas arquetípicas, podemos entender las dificultades de aceptación de una imagen similar en un contexto moderno, que presupone alguna suerte de purificación y separación de los dominios. Como mostraremos en la siguiente sección, el proceso de transformación de la entrevistada en una sanadora herida no estuvo exento de rupturas y tensiones desde el punto de vista de nuestra interlocutora, poniendo de manifiesto la presunta diferenciación entre dos vocaciones: la de la ciencia y la de la política (Weber, 2004). La convicción de neutralidad axiológica del científico (o de la psicóloga) se ve tensionada con la responsabilidad de considerar las consecuencias prácticas de sus actos.

Heridos sanados: de víctimas a víctimas testigos

En la segunda parte de la entrevista, buscamos comprender cuáles fueron los caminos que llevaron a Rousseaux a la participación en las políticas estatales de reparación y, en particular, a la fundación del Centro Ulloa. “¿Cuáles fueron las dificultades, el convencimiento —imagino— de que la cuestión clínica es relevante dentro del campo de la reparación?”, preguntamos. Hasta ese momento, las reparaciones eran principalmente de carácter económico y patrimonial. La escucha clínica era ofrecida por las organizaciones de derechos humanos, pero no existía una política pública al respecto.

Antes de incorporarse al Estado, la entrevistada ya contaba con una trayectoria de diez años en el ámbito clínico privado. Como vimos en el apartado anterior, la apertura a la atención a los pacientes que habían sido víctimas del terrorismo de Estado se dio progresivamente a partir de ese dispositivo. Durante ese período, además de su práctica clínica, comenzó a desarrollar una producción teórica significativa a partir de esa experiencia particular, escribiendo textos y presentando su trabajo en congresos. Para Rousseaux, esta etapa fue clave en su proceso de “autorización” para abordar clínicamente estos temas, lo que más adelante habilitaría también su ingreso al ámbito estatal. De manera paralela a su trabajo clínico, la entrevistada también se dedicó a la investigación.

Esta elaboración teórica fue fundamental para pensar y sostener las demandas clínicas que comenzaba a recibir, especialmente de un grupo de hijos e hijas de desaparecidos/as. En este contexto, tomó una decisión personal clave: renunciar a la militancia política dentro del colectivo H.I.J.O.S.^[7] en el momento de su surgimiento. Según sus propias palabras: “las dos cosas no se podían (…) es algo que requiere una renuncia”. Su elección se basó en la convicción de que no era compatible ejercer como psicoanalista de estos jóvenes y, al mismo tiempo, ocupar un lugar de identificación política en el mismo ámbito:

Una cosa es participar en algún ámbito, otra cosa es conocer y circular por determinados territorios donde nos cruzamos, y otro tema es jugarse la identificación del militante político en el ámbito de los hijos y, además, ser analista de los hijos (Entrevista a Fabiana Rousseaux, 05/2019).

La entrevistada consideraba que no era posible compatibilizar el rol de analista con una identificación política activa en el colectivo H.I.J.O.S., y que su renuncia a la militancia permitió establecer un encuadre clínico claro y éticamente sostenido. Aquí se manifiesta la ruptura a la que hicimos referencia en el apartado anterior, lo que demuestra que, si bien es posible ser víctima y experto al mismo tiempo, ello no implica que no deban existir límites.

Además, señala un factor generacional relevante: la mayoría de los hijos de desaparecidos en Argentina pertenece a una generación más joven, con una diferencia de entre diez y doce años. Ese desfase generacional hizo que algunos de los hijos mayores, como ella, fueran considerados referentes por los más jóvenes en distintos espacios. En ese sentido, comenzó a recibir numerosas consultas de hijos de desaparecidos que, hacia los años 2003 y 2004, manifestaban no poder hablar de lo que les ocurría. Aquí se evidencia la conformación de una comunidad moral y, al mismo tiempo, una diferenciación atravesada por el nivel de experiencia, lo que genera cierto distanciamiento necesario en un contexto en el que la condición de víctima es compartida.

En ese contexto se produce un hecho decisivo para la entrevistada: en marzo de 2004, con la asunción del gobierno de Néstor Kirchner, el presidente ingresó por primera vez a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) acompañado por sobrevivientes. El 19 de marzo retiró los cuadros de los represores en un acto simbólico, y el 24 de marzo se abrieron las puertas de la ESMA al público. Para Rousseaux, ese discurso y ese gesto presidencial constituyen un acto fundacional de un nuevo terreno ético en la Argentina en relación con los derechos humanos y la memoria del terrorismo de Estado. Fue ese acontecimiento el que la llevó a tomar la decisión de trabajar junto al Estado en esta temática.

El impacto del acto en la ESMA y los relatos que venía escuchando impulsaron a la entrevistada a desarrollar un proyecto orientado, en un primer momento, a brindar asistencia específica a hijos e hijas de personas desaparecidas. Estos jóvenes enfrentaban obstáculos significativos en los servicios públicos de salud mental: al buscar atención, recibían respuestas deslegitimadoras por parte de algunos profesionales, tales como “pasaron muchos años”, “¿para qué hablar de eso ahora?” u “olvidalo, te hace mal”. Este tipo de respuestas llevaba a interrogar qué concepción del sujeto sostenían quienes las emitían.

Con el objetivo de garantizar el acceso a esta asistencia no solo en Buenos Aires, sino en todo el país, Rousseaux consideró que la única forma viable era inscribir el proyecto en una estructura estatal. En ese contexto, el entonces Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, llevaba un año en funciones. Una de las coordinadoras del área dedicada a la asistencia a grupos vulnerables era psicoanalista y había trabajado previamente en el Movimiento Solidario Salud Mental, una experiencia de acompañamiento a familiares de personas desaparecidas que funcionó en la Argentina a fines de los años setenta y comienzos de los ochenta. Esta coincidencia favoreció el encuadre institucional y la viabilidad del proyecto dentro del ámbito estatal.

Rousseaux propuso un proyecto que, en ese momento, no existía dentro de la estructura del Estado. A diferencia de lo que suele ocurrir —cuando los programas se diseñan primero y luego se elige quién los dirigirá—, su iniciativa surgió desde fuera, sin estar institucionalmente prevista. Precisamente por eso, la experiencia dejó una huella significativa: fue un proceso marcado por el carácter inédito de la propuesta y por los desafíos que implicó abrir un espacio para algo no contemplado por las estructuras formales. Para Rousseaux, ese recorrido inverso le otorgó una potencia particular al proyecto. No nació de una planificación previa, sino como respuesta a una necesidad vivida con fuerza. Fue impulsado por alguien que, en ese momento, tenía el deseo de que esa iniciativa no llegara únicamente a hijos e hijas con acceso a analistas, escuelas, universidades o espacios de militancia política, sino también a muchos otros y otras jóvenes, en distintas partes del país, que estaban por fuera de esos circuitos.

En un principio, el proyecto estuvo dirigido específicamente a los hijos e hijas de personas desaparecidas. Sin embargo, la entrevistada señala que la demanda de escucha provenía también de otros sectores, como sobrevivientes y familiares de los desaparecidos. Relata que, en ese momento, comenzaba a abrirse un nuevo clima político y simbólico en la Argentina. Se empezaban a abrir las puertas de la ESMA^[8] y de otros centros clandestinos de detención; el Estado comenzaba a reivindicar públicamente la lucha de los desaparecidos, algo inédito hasta entonces, incluso después de años de democracia. Por primera vez, hablar y reencontrarse con esa historia se volvía posible en un marco de legitimidad institucional.

En ese contexto, se aprobó el proyecto y se comenzó a trabajar en un seminario de formación vinculado a los juicios públicos. Sin embargo, mientras el trabajo avanzaba, se reabrieron las causas judiciales, y el primer juicio oral tuvo lugar en la ciudad de La Plata. Fue entonces cuando desapareció el testigo Julio López (2006), lo que marcó un punto de inflexión. A partir de ese hecho, el panorama se transformó profundamente. Lo que en un principio era una intervención acotada pasó a desarrollarse en un contexto de creciente tensión e incertidumbre. En pocos días, recibieron cientos de llamados de sobrevivientes —no solo desde distintos puntos del país, sino también desde el exterior—, todos conmocionados y atemorizados por la desaparición de un nuevo testigo. Muchos de ellos, que estaban por declarar en los juicios, comenzaron a cuestionarse si continuar adelante era seguro.

Fue en ese escenario crítico que la entrevistada y su equipo mantuvieron una reunión con el Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde, y con los equipos encargados de la protección de testigos. De ese encuentro surgió la responsabilidad de diseñar un plan de acompañamiento para los testigos en los juicios, una tarea que marcaría un antes y un después en su recorrido:

las demandas de empezar a acompañar en los juicios hicieron que veamos luego la necesidad de asistir, además de acompañar, que es un dispositivo específico el acompañamiento, primero que lo pensábamos de un modo muy profundo, es decir, bueno, no vamos a acompañar solo el momento en que la persona va a declarar, hay que acompañar lo previo, hay que acompañar el acto y hay que acompañar lo post. Y eso implica entonces otra estructura y tenemos que, si lo asumimos con responsabilidad en el Estado, tenemos que pensar cómo vamos a atajar las consecuencias que tiene hablar de eso (Entrevista a Fabiana Rousseaux, 05/2019).

Esa comprensión más profunda del acompañamiento a las llamadas víctimas testigos condujo al reconocimiento de que también era imprescindible brindar asistencia emocional y psicológica a quienes decidían declarar, ya que testimoniar implicaba revivir traumas profundos, con consecuencias que no podían ser desatendidas por el Estado. De este modo, el plan inicial fue ampliándose. Las demandas crecían y, con ellas, también el trabajo, los dispositivos de intervención y los equipos necesarios para sostener una política pública que estuviera a la altura de lo que implicaba dar voz a la memoria en el marco de un juicio.

A partir de todo ese proceso, emergió la necesidad de crear un centro específico que pudiera dar una respuesta sostenida a las múltiples dimensiones del acompañamiento y la asistencia. Por resolución de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), se creó el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”^[9] (res. n° 1.271/2009). Actualmente, esa institución es responsable de proponer y desarrollar políticas públicas de asistencia integral y reparación, inicialmente orientadas a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, y luego ampliadas a personas afectadas por hechos de violencia institucional en democracia. Ofrece atención directa a víctimas y familiares, brindando contención emocional, tratamientos psicológicos y psiquiátricos, orientación social y acompañamiento judicial. Aunque su sede está en CABA, coordina una Red Nacional de Acompañamiento junto a autoridades provinciales, el sistema de salud y organizaciones civiles. Además, supervisa las Juntas Médicas requeridas por leyes reparatorias (Nº 24.043/1991 y Nº 25.914) y realiza investigaciones y actividades de formación para profesionales en salud mental, derecho y ciencias sociales (Secretaría de Derechos Humanos, 2008, 2009, 2011).

Para la entrevistada, el plan de acompañamiento desarrollado originalmente no solo marcó un hito a nivel nacional, sino que comenzó a replicarse en varios países de la región, dado que muchos de los testigos que participaron en los juicios no residían exclusivamente en la Argentina. El dispositivo, nacido de una urgencia concreta, se transformó en un modelo regional de intervención y cuidado.

Para Rousseaux, lo que faltaba era el compromiso efectivo del Estado, asumiendo la responsabilidad de sus propios actos al incorporar estas políticas dentro de su estructura institucional. Este fue un punto fundamental y motivo de un fuerte debate inicial entre los equipos que ya venían trabajando en la temática y los nuevos actores provenientes del Estado. La desconfianza hacia el Estado representó un obstáculo común en toda la región, dado que el Estado había implementado políticas de terror. La pregunta clave era: ¿cómo puede reparar un Estado que representa al mismo aparato que violó todos los derechos? Para Rousseaux, la reconstrucción del vínculo entre el Estado y las víctimas testigos constituyó una etapa crucial. No se trataba solo de implementar una política adecuada, sino de crear un espacio auténtico de reconocimiento e inscripción histórica, que trascendiera lo formal para convertirse en una práctica real y efectiva.

Se evidencia cómo, en la narrativa biográfica en cuestión, el encuadre de las víctimas no las ubicó en un lugar despojado de agencia. La idea de que el Estado no es una entidad monolítica, sino un conjunto variable de procesos históricos, constituyó un argumento clave para incluir las voces de sobrevivientes y familiares en los juicios.

Consideraciones finales

En este capítulo, buscamos analizar la trayectoria de la psicoanalista Fabiana Rousseaux en términos antropológicos, es decir, acompañando los significados atribuidos por la propia actora social a sus itinerarios profesionales. En primer lugar, examinamos los dilemas en torno a su doble condición de profesional de la salud mental e hija de una persona desaparecida en la Argentina postdicatorial: ¿es posible habitar ambas condiciones, ser experta y víctima? En su narrativa, la respuesta es afirmativa, pero es en cierto sentido un punto tejido cuidadosamente a lo largo del tiempo.

La autorización para trabajar en un área que tocaba su propia historia familiar —la atención a otros familiares de víctimas del terrorismo de Estado, especialmente hijos e hijas— estuvo vinculada, en su narrativa, a su propio análisis personal, pero también exigió quiebres, como la salida de la agrupación H.I.J.OS.. El imperativo de objetividad y neutralidad de una ciencia distanciada deja lugar a una construcción mutua, constante e inestable entre clínica y política, donde es necesario establecer ciertos límites —no solo operativos, sino, sobre todo, éticos.

En la segunda parte de la entrevista exploramos el recorrido de la psicoanalista hacia su participación en las políticas estatales de reparación y la fundación del Centro Ulloa, destacando su trayectoria previa en el ámbito clínico privado, donde atendía a víctimas del terrorismo de Estado, así como su producción teórica a partir de esa experiencia. Impulsada por la necesidad de brindar asistencia a los jóvenes hijos e hijas de personas desaparecidas, propuso un proyecto estatal innovador, que luego se amplió para incluir el acompañamiento psicológico de testigos en los juicios, especialmente a partir de la desaparición de Julio López.

En los términos de la entrevistada, este proceso derivó en la creación del Centro Ulloa, convertido en modelo regional de atención integral. Sin embargo, también puso de manifiesto las dificultades inherentes a las políticas de reparación estatal, dadas las responsabilidades históricas del propio Estado como perpetrador. Se subrayó, además, la importancia de concebir a las víctimas como víctimas testigos, así como la complejidad del acto de testimoniar, que puede tener un efecto reparador o, por el contrario, revictimizante, y que requiere necesariamente de un acompañamiento profesional especializado.

En ambas partes se propone una concepción de víctima que no corresponde simplemente a una imagen pasiva o neutral. Por el contrario, se trata de víctimas implicadas políticamente: en primer lugar, la propia profesional, y luego, quienes reciben su atención en el marco de una política pública de salud mental. Pero esa implicación no implica ausencia de límites: el quiebre de la psicoanalista con un movimiento social y la propia tensión de las víctimas respecto a la imagen del Estado —antes opresor y ahora reparador— son ejemplos de la persistencia de esas tensiones.

Reflexionar sobre las nociones nativas de víctima y reparación en ese contexto constituye un camino privilegiado para situar las especificidades sudamericanas de la relación entre salud mental y derechos humanos después de las últimas dictaduras. Elegir la trayectoria de una psicoanalista clave para el análisis de este campo se reveló como un punto de partida significativo.

Referencias bibliográficas

Bourdieu, P. (1986) “A ilusão biográfica”. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 62-63, pp. 69–72.

Fassin, D. (1999) “La patetización del mundo. Ensayo de antropología política del sufrimiento”. En Vigoya, M. V. y Ariza, G. G. (orgs.). Cuerpo, diferencias y desigualdades. Colombia: Centro de Estudios Sociales.

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