María Helena Garibotti^[1]

Introducción

Este trabajo se propone analizar la crisis de la industria textil argentina a principios de la década de 1950 a partir del análisis de documentos de la época y datos estadísticos oficiales. Entre 1950 y 1953, la industria textil atravesó una caída del consumo, de la inversión, del empleo, del volumen físico producido y de la productividad. La magnitud y la duración de la caída de la actividad de la rama textil entre 1950 y 1953 refieren más a una depresión que a una recesión. Mientras que la recesión implica una caída de la actividad económica por dos trimestres consecutivos, la depresión se caracteriza no solo por superar los dos trimestres consecutivos sino por la magnitud de la caída. A lo largo de este trabajo nos proponemos dilucidar las manifestaciones y las causas de la crisis de la industria textil argentina, ponderando no solo la evolución sectorial (consumo, inversión, producción y productividad) sino también la reacción de los actores frente a la crisis, así como el contexto internacional de la segunda posguerra.

La situación crítica que atravesó la industria textil a principios de los años cincuenta se dio en un contexto caracterizado por una doble situación de crisis que operaba en paralelo en dos niveles: el plano externo e interno. Por un lado, la crisis textil a nivel mundial a raíz de la saturación de la demanda que implicó una mayor presión por parte de los socios comerciales de la Argentina a favor de la importación de textiles que no eran absorbidos por el mercado internacional. Por otro lado, la crisis de la industria textil local afectada no solo por la caída del consumo por efecto de la inflación, sino también por la crisis más general de la economía argentina a causa de la primera crisis de la balanza de pagos de la posguerra. La restricción externa implicó una menor disponibilidad de divisas para el financiamiento de las importaciones de insumos clave entre 1948 y 1952, situación que afectó el ritmo de producción de la industria. En consecuencia, la crisis de la industria textil constituiría un estudio de caso relevante en tanto expresión sectorial de los desafíos que enfrentaba el conjunto de las ramas manufactureras tradicionales en el marco de la industrialización sustitutiva de importaciones durante la década del cincuenta.

La primera parte de este capítulo analiza las manifestaciones de la crisis: la caída del consumo y de la producción de textiles para uso personal y del hogar. La segunda parte del capítulo analiza las causas de la crisis desde la perspectiva de los empresarios textiles. Desde la perspectiva empresarial, los problemas que aquejaban a la industria textil giraban en torno al control de precios, los controles cambiarios, el problema de los costos de producción y la caída de la productividad. Tanto el encarecimiento de la mano de obra por aumentos salariales como la caída de la productividad a causa del ausentismo o desgano obrero constituían los motivos de queja recurrentes por parte de los empresarios industriales. De esta manera, distinguiremos las manifestaciones concretas de las causas coyunturales y estructurales de la crisis que afectó a la rama textil a inicios de los años cincuenta.

La crisis de la industria textil a principios de la década de 1950

En 1946, el porcentaje de la participación de la industria textil sobre el total de la industria manufacturera era del 12,4 %.^[2] Durante el primer peronismo, el crecimiento del sector textil estuvo liderado por la rama algodonera, que experimentó un período de auge, seguida por la fabricación de hilados y tejidos de rayón. Hasta comienzos de la década de 1950, la industria textil lideró el crecimiento del sector manufacturero con tasas del 9 % anual, cifra que casi duplicaba a la media del sector manufacturero (Díaz Alejandro, 1975, p. 220). Sin embargo, a partir de ese momento, otras ramas industriales como la química y la metalmecánica comenzaron a registrar un comportamiento más dinámico y lideraron el crecimiento sectorial mientras que la textil inició un período de estancamiento a raíz de la contracción de la demanda (Belini, 2009 y 2017).

Consumo

Durante los primeros años del gobierno peronista (1946-1955), las políticas económicas expansivas basadas en la distribución del ingreso y el incremento de los salarios reales habían ampliado la capacidad de consumo del mercado doméstico. En este contexto, industrias clave como la rama indumentaria conocieron una notable expansión. En 1950, el consumo per cápita promedio de textiles en el país duplicaba el resto de los países latinoamericanos. En Buenos Aires, la venta de indumentaria se había cuadruplicado entre 1946 y 1952 (Milanesio, 2014, p. 147). Este incremento se debió a la combinación de los aumentos de los salarios reales de los trabajadores, especialmente los obreros industriales, alentados por las políticas económicas y laborales del peronismo.

Sin embargo, las sequías de 1949/1950 y 1951/1952 generaron una merma en la oferta de bienes agropecuarios y el consiguiente incremento del precio de los artículos alimenticios, principal rubro del presupuesto familiar. Ello derivó en una disminución de la partida presupuestaria destinada al consumo de confecciones textiles para uso doméstico o indumentaria. El año 1950 constituyó un punto de inflexión en tanto que la caída de las ventas y el aumento de los costos de producción generaron el inicio de un período de recesión. La crisis de la industria textil se manifestó a través de una caída en el consumo del rubro vestimenta en el mercado interno a principios de los años cincuenta. El debilitamiento de la demanda de artículos textiles generó una profunda crisis en el sector, particularmente afectada por el ascenso de la inflación interna estimada en un 31 % para 1949 y 39 % para 1952 (Vitelli, 1988). Las primeras manifestaciones de la crisis del sector textil comenzaron a evidenciarse hacia los últimos meses de 1950 y perduraron hasta profundizarse en la segunda mitad del año 1952.^[3] La crisis de la industria textil generada por un descenso en las ventas provocó una acentuada paralización de la comercialización de textiles y la acumulación de stocks sin posibilidades de colocación en el mercado que obligó a un descenso del ritmo de producción.

Esta contracción de la demanda se acentuó en 1951, agravando la situación de iliquidez que afectaba a los establecimientos textiles.^[4] En términos de volumen físico, las ventas de ese año fueron un 14 % menos que las de 1947 a pesar de que la población se había incrementado en un 6 % durante el mismo período.^[5] Por otra parte, debido a las restricciones al comercio de importación, la industria textil no pudo mantener un nivel más o menos estable de producción dada la asignación insuficiente de permisos previos de cambio para la importación de insumos y repuestos clave.

En 1952, el consumo por habitante disminuyó con respecto al año anterior (4,53 contra 5,03 kg).^[6] En este contexto, los márgenes de ganancia de los empresarios textiles se redujeron en un 41 % en el transcurso de cinco años (1947-1951).^[7] Ello trajo como contrapartida dificultades financieras y una caída de la inversión en el sector. A pesar de la asistencia financiera de la banca oficial hacia la industria textil, los fondos se habían destinado durante los años iniciales de la posguerra a solventar los gastos corrientes de los establecimientos fabriles (salarios, materias primas e insumos y saldo de deudas) sin un correspondiente incremento en la inversión y renovación de capital (Girbal-Blacha, 2003; Rougier, 2001; 2007).

El debilitamiento de la demanda doméstica generó una profunda crisis en el sector. Desde el discurso oficial, se alegaba que la contracción de la demanda obedecía a la internalización del mandato gubernamental a favor de una mayor austeridad en el consumo. Según lo anunciado por propio presidente Perón en el IV Congreso Nacional de la Unión de Trabajadores Textiles de 1952, dado el aumento del consumo de textiles a raíz del incremento de la capacidad de compra entre 1946-1951, las necesidades habían sido satisfechas y por ello no existía el mismo nivel de gasto en vestimenta personal que antaño. En este contexto, el presidente aseguraba que la recesión que afectaba a la industria textil era consecuencia de la asimilación por parte de los consumidores del mandato del Plan Económico de 1952 de “producir y ahorrar”.^[8] Por otra parte, el llamado a consumir menos en vestimenta tenía como fin hacer frente a la especulación de los empresarios en un contexto de aumento de la inflación interna.^[9]

En cambio, desde la perspectiva de los empresarios textiles se destacaban otros factores como causantes de la contracción de la demanda. Según la Federación Argentina de Industrias Textiles, la caída de las ventas de manufacturas textiles en el mercado interno se debía a la conjunción de una multiplicidad de factores adversos:

a) Repercusión del aumento de otros rubros del costo de vida, especialmente los comprendidos en el rubro “alimentación”, restando capacidad de compra de otros bienes al público consumidor;
b) Acentuada orientación al ahorro: las reiteradas exhortaciones oficiales en el sentido de incrementar los ahorros evitando despilfarros habían influido en el ánimo de los adquirientes en potencia, en forma tan acentuada que evidentemente habían dado resultados más amplios que los previstos y deseados, reduciéndose las compras drásticamente.
c) Leve disminución en el nivel de ocupación: esta, a la vez causa y efecto, producía una disminución apreciable en el volumen de compras, al restar poder adquisitivo en magnitud equivalente a la de menor ocupación.
d) Reducción de las compras de organismos estatales, las que configuraban un consumo de volumen importante;
e) El vuelco en el mercado de importantes volúmenes de artículos importados en cumplimiento de convenios comerciales firmados en años anteriores contribuyó a agudizar el difícil momento por el que atravesaba el mercado. La importación de textiles osciló en 1951 en alrededor de 900.000.000 de pesos, que se desplomaron en el mercado en momentos en que mermaban las compras.
Todos los factores adversos mencionados que gravitaban en el mercado textil se unieron a los derivados de la legislación para comprometer seriamente el panorama.^[10]

Entre las circunstancias ajenas a la industria derivadas de la legislación vigente se hallaban no solo las regulaciones sobre precios y comercialización de textiles que cercenaba la liquidez de los empresarios, sino también “la política restrictiva en materia de despidos y suspensiones seguida por las autoridades, la que impedía ajustar la mano de obra ocupada a las condiciones de la demanda”.^[11] En pocas palabras, la caída de las ventas de las confecciones textiles era atribuida mayormente a causas ajenas a la industria como lo era el impacto de la sequía y su efecto sobre el poder de compra de los asalariados o los desaciertos en la gestión de la política económica por parte del gobierno. A pesar del inicio de la reactivación económica hacia 1953, la industria instalada seguía sin operar a plena capacidad.^[12] Recién a mediados de 1954 la industria textil comenzó a recuperarse bajo el impulso del mercado interno y la autorización de importaciones en el marco de los acuerdos comerciales bilaterales vigentes.

De todas formas, conviene advertir que algunas de las críticas adjudicadas a la gestión gubernamental eran más bien consecuencia de condicionantes externos impuestos por la situación de la industria textil en el contexto internacional. La crisis del rubro confecciones textiles por la caída del consumo en el mercado doméstico coincidió con una crisis de la industria textil en el mercado internacional a raíz de una sobreproducción generalizada que derivó en la saturación de los mercados y caída de la demanda. A principios de los años cincuenta, el subconsumo de hilados y tejidos generó una acumulación de stocks en los grandes centros internacionales ante una demanda insuficiente para absorberlos.^[13] La saturación mundial del consumo de textiles afectó principalmente a los oferentes tradicionales como, por ejemplo, la industria británica y japonesa. Ello generó la paralización del mercado internacional del algodón y de la lana, así como la caída de los precios generando desaliento entre los proveedores de materias primas. La resistencia del mercado internacional a absorber la producción británica destinada a la exportación derivó en acumulación de excedentes, el descenso de los precios de las manufacturas textiles y el cierre de establecimientos fabriles.^[14] La saturación de la demanda de confecciones textiles en el mercado internacional era en parte reflejo no solo del restablecimiento de la provisión de manufacturas textiles por parte de los oferentes tradicionales luego de la Segunda Guerra Mundial, sino también de la mayor oferta de países exportadores de artículos textiles competitivos de procedencia asiática en el comercio mundial. A modo ilustrativo, la crisis de la tradicional industria algodonera de Lancashire, destinada a la elaboración de vestimenta, sufrió la pérdida de mercados tradicionales a raíz del aumento de la oferta de materias primas y manufacturas textiles competitivas asiáticas en los años cincuenta en paralelo a la profundización de procesos de industrialización sustitutiva y políticas proteccionistas en defensa de la industria nacional que cercenó la recepción de textiles británicos en mercados de ultramar que anteriormente habían sido destinatarios habituales de las manufacturas inglesas (Singleton, 1986; Ocampo 2004). La crisis de los artículos textiles tradicionales también obedeció a cambios en la demanda tras la aparición de fibras sintéticas que ofrecían alternativas más económicas y resistentes que superaban la estandarización de las manufacturas elaboradas con fibras naturales.

En este contexto de exceso de oferta de manufacturas textiles en el mercado internacional, resultaba particularmente intensa la presión de los principales socios comerciales y oferentes de materias primas y confecciones textiles, como Brasil y Gran Bretaña, para garantizar la concesión de permisos previos de cambio a favor de las importaciones de estos artículos como condición para asegurar la colocación de las exportaciones argentinas en mercados externos, cada vez que se renovaban las cláusulas de los convenios comerciales bilaterales bajo principios de compensación. El 15 de septiembre de 1952, el presidente Perón recibió en Casa de Gobierno a delegados sindicales de industria textil. En dicha ocasión, Perón expuso fuertes críticas al manejo del crédito por parte de los empresarios textiles:

La crisis textil no es una cosa de la Argentina; es del mundo entero. Hay países altamente industrializados en el orden textil que han tenido que cerrar el 50 por ciento de sus establecimientos. Por otro lado, en todos los convenios que firmamos nos quieren vender productos textiles. Es una cosa muy común. Hay una crisis generalizada en el mundo.^[15]

Producción

A principios de los años cincuenta, la saturación de la demanda doméstica y los altos costos de producción generaron una caída del consumo de manufacturas textiles. Entre 1950 y 1953, el volumen físico de la producción de la rama textil descendió significativamente. La recesión en la industria textil se prolongó hasta 1953 inclusive, momento en que la industria tocó el punto más bajo del período, constatándose en ese año una caída del número de obreros ocupados, de los salarios y del volumen físico de la producción (véase cuadro 1). A mediados de 1954, la industria textil comenzó a recuperarse bajo el impulso del mercado interno.

Cuadro 1. Volumen de la Producción, empleo, hora obrero trabajada y productividad en la industria textil, 1943-1955.
En números índices 1943: 100

Año	Obreros empleados	Salarios	Volumen físico de la producción	Hora obrero trabajada	Productividad
1943	100	100	100	100	100
1944	110	115	113	109	104
1945	116	118	122	110	111
1946	125	134	134	116	116
1947	132	162	137	119	115
1948	141	209	151	129	117
1949	143	219	157	132	119
1950	143	210	153	131	117
1951	145	178	151	134	113
1952	137	157	124	119	104
1953	122	145	123	108	114
1954	123	164	131	112	117
1955	123	157	139	113	123

Fuente: Anuario Estadístico de la República Argentina. 1957, Buenos Aires, 1959. Referencias: productividad: producto por hora obrero trabajada. La serie de salarios fue deflactada por el IPC (1943), tomado de Javier Villanueva, The Inflationary Process in Argentina, Buenos Aires, Instituto Di Tella, 1966.

La crisis sectorial también se manifestó en una retracción del porcentaje de participación de la rama textil sobre el total de las actividades manufactureras. La caída de la producción estuvo estrechamente relacionada con una caída en el consumo de manufacturas textiles durante el primer peronismo en un contexto de agotamiento de las ramas industriales de la primera etapa de la ISI.

En relación con la productividad de la mano de obra, se advierte una caída pronunciada entre 1950 y 1952. En 1952, la productividad alcanzó un nivel similar al del año 1943 (año base de referencia), tal como lo muestra el cuadro 1. La retracción de la productividad se daba en un contexto de incremento de los costos de producción provocados por la política salarial del gobierno. Mientras que la productividad se retraía al índice vigente diez años atrás, los salarios habían aumentado 10 veces respecto al mismo año de referencia.

Los actores socioeconómicos frente a la crisis

La agudización de la crisis en 1952 condujo a revisiones de las políticas de promoción sectorial implementadas en los años previos. En un informe elaborado por el Ministerio de Asuntos Técnicos del 26 de septiembre de 1952 titulado “Consideraciones sobre la actual situación de la industria textil”, las autoridades enumeraron una serie de factores que habían contribuido a la crisis de la industria textil. En relación con el régimen de fomento sectorial, concretamente a la política crediticia del Banco Industrial, el informe criticaba la política oficial por haber favorecido a los “aventureros de la industria” sin proyecciones productivas a largo plazo.^[16] Asimismo, se advertía con preocupación cómo “las pequeñas fábricas —huérfanas de vinculaciones— fueron casi totalmente absorbidas por los grandes establecimientos o consorcios textiles”.^[17]

En cuanto a la administración del comercio exterior, el informe advertía una situación muy parecida a lo acontecido en materia crediticia: las grandes industrias habían sido las más favorecidas por la política oficial. Según el informe, la administración del comercio exterior había reforzado el predominio de las grandes fábricas textiles sobre las pequeñas que elaboraban tejidos solamente (o sea sin hilandería) al garantizar el “otorgamiento de permisos de exportación de materia prima (hilados) casi en su totalidad a los grandes fabricantes con elaboración de hilados (hilanderías) como así comerciantes mayoristas y otros importadores ajenos a la industria que ejercieron de tal manera un monopolio evidente en detrimento de las tejedurías carentes de hilanderías”.^[18] Además, se denunciaba que la misma situación se reiteraba en la distribución de las cuotas de materia prima (hilados) importada por el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), en perjuicio de los pequeños fabricantes. Por otra parte, se advertía cómo la importación de tejidos por el IAPI y el régimen de distribución y colocación implementado perjudicaba a las pequeñas fábricas de tejidos provocando su paralización mientras el mercado consumidor absorbía las mercaderías o tejidos importados. Por último, denunciaba cómo “los grandes establecimientos hicieron que aumentaran fabulosamente sus gastos de organización inflándolos a cifras siderales con la consiguiente e irremediable elevación del precio de costo, sin preocuparse para nada de la calidad de la mercadería producida cuyo índice fue muy bajo” provocando “inflación en los precios de venta” mientras que “los probables beneficios de sabrosos dividendos” eran “llevados al exterior muy especialmente por los que fueron beneficiarios de permisos con uso de divisas”. Concluía el informe que “si algún día se investigara la evasión de divisas producida por tal medio se llegaría a conclusiones muy desagradables”.^[19]

Desde la perspectiva gubernamental, la crisis se atribuía principalmente a la implementación de la política oficial que favoreció al empresariado textil concentrado al beneficiarlo con la asignación de divisas y a la incapacidad estatal para disciplinar a aquellos actores que cometían infracciones al régimen de cambio. Asimismo, se les adjudicaba la responsabilidad por la inflación en los precios de venta dada su escasa propensión a la compresión de sus márgenes de ganancia o a mejorar la eficiencia de los procesos productivos. Por otra parte, los grandes establecimientos habían sido más favorecidos en la concesión de permisos de cambio en detrimento de los pequeños. Tal como se ha visto, las empresas más grandes integraban el desmontado de la materia prima, la producción de hilados y tejidos. Para revertir esta situación que perjudicaba a los establecimientos más pequeños, sobre todo aquellos vinculados exclusivamente a la producción de tejidos, las soluciones aconsejadas por el informe en materia de administración del comercio exterior eran racionalizar la exportación para descongestionar al mercado (saturado por una caída de la demanda del mercado interno en un contexto inflacionario), facilitar el ingreso de divisas o productos que necesitaba el país y la abolición de la importación de tejidos cuya elaboración efectuaba la industria nacional.^[20] También se sugería la creación de una cooperativa con apoyo estatal para la instalación de una gran hilandería común en la zona de producción de la materia prima para solucionar los problemas de importación para las fábricas pequeñas que dependían de las grandes hilanderías. Se suponía que la cooperativa suministraría la materia prima no solo en cantidades suficientes sino también en precio inferior al de las hilanderías particulares.^[21]

En este contexto, desde los ministerios del área económica se invitó a participar de la sesión del Grupo Económico del 21 de octubre de 1952 a los representantes de los fabricantes y comerciantes de la industria textil.^[22] En dicha reunión, los empresarios textiles identificaron varios factores de incidencia negativa sobre la actividad del sector como la falta de crédito, el impacto del Plan Económico de 1952 sobre el consumo de artículos textiles, el mantenimiento de decretos y disposiciones sobre la comercialización y congelamiento de precios en un contexto de aumento de costos, la superposición impositiva, el incremento de “stocks” y la reducción de los márgenes de ganancia. En relación con la administración del comercio exterior y el control de cambios, los empresarios reclamaron al gobierno por “el vuelco en el mercado de fuertes contingentes de artículos textiles importados, similares a los de producción nacional” así como “la imposibilidad de realizar exportaciones de artículos textiles (…) por los tipos de cambio vigentes”.^[23] En efecto, las exportaciones se veían afectadas por el atraso cambiario. El desaliento de las exportaciones estaba vinculado con la tendencia a la apreciación de los tipos de cambio durante el gobierno peronista (Díaz Alejandro, 1981, p. 6). La aceleración de la inflación, en paralelo a la persistencia de cotizaciones relativamente estables, provocó una tendencia a la sobrevaluación de los tipos de cambio reales (indicador del poder de compra de una moneda frente a otra) que perjudicó la competitividad de las exportaciones.

Los principales reclamos de los industriales textiles giraban en torno a cuestiones vinculadas a la falta de permisos de importación para los repuestos de la rama, la carga impositiva, el incremento salarial y de los aportes patronales, el ausentismo obrero y la caída de la productividad de la mano de obra en los establecimientos fabriles que derivaban en reservas insuficientes y el retraimiento de nuevas inversiones.^[24] En este contexto, las entidades empresariales apelaron al gobierno para implementar medidas que ayudaran a atravesar la crisis de la industria textil entre las que figuraban la derogación del régimen de limitación de precios, la ayuda crediticia, la asignación de permisos previos de cambio para el aprovisionamiento de las materias primas, insumos y maquinarias requeridas por la industria, el fomento de las exportaciones de artículos textiles y la racionalización del trabajo “mediante la eliminación de las disposiciones legales que la traben o la imposibiliten y la adopción de métodos de trabajo más modernos”.^[25]

Control de precios

Una de las principales críticas de los industriales textiles giraba en torno a la regulación estatal de precios finales de los bienes de consumo en un contexto de aumento de los costos de producción. Desde la perspectiva empresarial, se insistía en la incompatibilidad de un régimen de congelamiento de precios con costos variables “por motivos ajenos al contralor empresario y estrechamente vinculados a la economía del país”.^[26] Durante el decenio peronista, la comercialización de los artículos textiles fue sometida a una regulación estatal de los precios dada la incidencia del rubro vestimenta sobre el costo de vida de los sectores populares.^[27] El control de precios se llevó a cabo a través de medidas que fueron alternándose a lo largo de los años que básicamente consistían en acuerdos con las cámaras empresarias para la reducción de precios, la fijación de precios máximos o el establecimiento de regímenes de utilidades máximas (Belini, 2009). En materia de control de precios, la industria textil se encontraba regida por disposiciones establecidas en los decretos N.° 32.506/47; 15.717/48; 4995/49; resolución del Ministerio de Industria y Comercio N.° 1165/50, Decreto 9578/52 y Resolución de dicho Ministerio 687/52; los decretos N.° 24.574/49 y 5245/52 entre otras disposiciones complementarias y sucesivas modificaciones que congelaban los precios de los artículos de primera necesidad con destino al consumo interno como las confecciones textiles destinadas a la indumentaria personal y para el uso del hogar. La finalidad de estas medidas enunciadas en sus considerandos era la eliminación del agio y la especulación, limitando los precios de las mercaderías mediante la fijación de utilidades máximas a las empresas traducidas en porcentajes fijos sobre ventas anuales y regulación racional de la producción y distribución de las mercancías suprimiendo intermediaciones innecesarias. El 28 de abril de 1949 se creó por decreto la Dirección de Vigilancia de Precios y Abastecimiento dependiente del Poder Ejecutivo Nacional. El objetivo de esta dependencia estatal era la vigilancia y contralor del cumplimiento de las leyes de represión al agio y la especulación. Desde entonces, el cumplimiento de la normativa contemplada en las disposiciones de las leyes 12830, 12983 y 13492 en relación con la represión al agio, la fijación de precios y de abastecimiento quedaba bajo el control del Ministerio de Industria y Comercio.^[28] En 1950 este Ministerio resolvió que las mercaderías destinadas a indumentaria personal y sus complementos, así como los artículos textiles destinados al uso del hogar y todas las materias primas utilizadas en su elaboración, quedaban sujetas al régimen de control de precios.^[29] A fines de ese año, con la resolución N.° 1832/50 del 28 de diciembre, el Ministerio de Industria y Comercio fijó precios máximos para artículos de indumentaria personal, “respetando los márgenes de ganancias que deben existir en el comercio y permitiendo a la vez una contención efectiva e inmediata de los precios”.^[30] Resoluciones posteriores comunicaron sucesivas modificaciones sobre la comercialización de textiles a lo largo de los años, excluyendo del régimen de control de precios a determinadas prendas textiles por su impacto nocivo sobre la actividad industrial y el empleo obrero.^[31] Por Resolución N.° 926 del 2 de agosto de 1951, el Ministerio resolvió que los importadores, fabricantes y mayoristas que operaban en Capital Federal o Gran Buenos Aires no podían modificar los precios máximos de las mercaderías vendidas al interior del país.^[32] A principios de 1952, determinó que el precio de venta al público para determinadas mercaderías sería uniforme en todo el país y su marcación debía efectuarse sobre la misma mercadería por los productores o fabricantes, en forma indeleble y visible.^[33] En el marco del Plan Económico de 1952 orientado a mantener el equilibrio entre precios y salarios^[34], el Decreto N.° 5245 del 15 de marzo de ese año dispuso el congelamiento de precios y límites máximos para artículos esenciales destinados al consumo interno, entre las que se hallaban mercaderías destinadas a la indumentaria personal y artículos textiles para uso del hogar con algunas excepciones.^[35] Según la nueva normativa sobre el régimen de comercialización de textiles, el “equilibrio de precios y salarios” imponía “la necesidad de disponer medidas tendientes a que un considerable volumen de mercaderías destinadas a la indumentaria personal y sus complementos, como así también de artículos textiles destinados al uso del hogar, lleguen al público a los precios más económicos posibles”.^[36] A lo largo de 1952 continuaron emitiéndose resoluciones relativas al control de precios sobre indumentaria que complementaban las disposiciones anteriores.^[37]

Las entidades empresariales manifestaron en reiteradas ocasiones su oposición al control de precios ya que, en un contexto de aumento de los costos de producción, generaba una reducción de los márgenes de utilidad.^[38] En consecuencia, la posición de los industriales textiles condicionó las negociaciones sobre mejoras salariales a la autorización gubernamental de incluir las nuevas remuneraciones en los precios de venta de los artículos textiles.^[39] Asimismo, los empresarios textiles sostenían que el congelamiento de precios y la limitación de ganancias obstruían el mejoramiento técnico y generaban una progresiva descapitalización.^[40]

En 1952, tras numerosas gestiones efectuadas por organizaciones empresarias (la Federación Argentina de Industrias Textiles, la Confederación del Comercio, la Cámara de Grandes Tiendas y Anexos, la Cámara de la Industria del Calzado, la Cámara de Industrias y Comercios con Sucursales, la Cámara de Comerciantes Mayoristas, el Centro de Importadores y Mayoristas de Tejidos y Anexos, el Centro de Importadores de Paños y Casimires, la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, la Cámara de Comercio del Casimir, la Federación Lanera Argentina, entre otras), el gobierno decidió modificar el régimen sobre la comercialización de textiles y dejar “librados al libre juego de la oferta y la demanda” a los precios de la indumentaria personal, textiles destinados al uso del hogar y las materias primas utilizadas en su elaboración, en tanto que “el estado actual del abastecimiento de los citados artículos, como asimismo la tendencia de los precios que rigen su comercialización, indica que pueden mantenerse normalizados por vía de la libre competencia”.^[41] La eliminación del control de precios por limitación de utilidades a porcentajes máximos admitidos mediante resolución N.° 819/52 del Ministerio de Industria y Comercio constituyó motivo de satisfacción para las entidades empresariales del rubro textil.

A pesar de las regulaciones oficiales, el resultado no fue el esperado ya que el rubro vestimenta continuó aumentando su precio, lo que generó, en consecuencia, un incremento significativo del costo de vida. El descontento por parte del gobierno ante esta situación quedó reflejado en los discursos presidenciales, como lo fue aquel pronunciado por Perón el 1.º de diciembre de 1953 en Casa de Gobierno en el marco de una audiencia que concedió a los representantes de las federaciones regionales de las provincias, de los territorios nacionales y de la Capital Federal, de las federaciones específicas y de las confederaciones de la Producción, de la Industria y el Comercio, agrupadas en la Confederación General Económica de la República Argentina. En aquella ocasión, tras criticar severamente el aumento de precios de los artículos textiles y el consecuente aumento del costo de vida, Perón sostuvo:

Ustedes saben que no le vamos a sacar el cuero a los textiles acá…pero vamos a hablar de todo lo que sabemos. Las más grandes fortunas que se han amasado en la República Argentina son la de los textiles en estos últimos diez años. ¿Hay alguno de ustedes que duda de eso? En la época de las “vacas gordas” del 44, 45, hasta el 51, casi, fueron los mejores años para ellos. Está bien que después, con el Plan Económico, hubo dos años de retracción. Pero, ¿qué significa eso frente a los cinco años anteriores de “jáuja”? Y, el comercio es así; algunas veces va bien y otras no. Entonces, es lógico que si para mantener el equilibrio les pedimos un pequeño sacrificio a los hombres que han sido favorecidos por la fortuna, creo que no estamos pidiendo nada del otro mundo; estamos pidiendo comprensión y colaboración, buenamente, para que resolvamos un problema que, de lo contrario, se nos puede traducir en un descontento popular que nos llevaría a tomar medidas desagradables, como sería la congelación de precios, comprar en los mercados extranjeros más barato aquello que nosotros estamos fabricando y vendiendo más caro.
Yo estoy de acuerdo que el pueblo se sacrifique para consolidar una industria inicialmente más cara y ponerla en una situación próspera en el país. Pero en lo que no estoy de acuerdo es en que se establezca una mala calidad y altos precios permanentemente. Eso no lo va a permitir el pueblo y cuando el pueblo no lo acepta, el “cabeza de turco” soy yo. Yo soy quien después tiene que tomar las medidas, porque soy instrumento de ese pueblo.^[42]

Finalmente, Perón exhortó a la CGE para que mediara en la solución del problema de los precios de la indumentaria. El resultado de estas medidas no fue el esperado en tanto que el rubro textil siguió impulsando el crecimiento del costo de vida (Belini, 2009, p. 150).

Posteriores resoluciones reimplantaron la regulación de precios sobre textiles entre 1953 y 1955 ante el alza de precios que afectaba el “equilibrio entre precios y salarios”. En diciembre de 1953, la resolución N.° 1973 del Ministerio de Industria y Comercio estableció el congelamiento de precios para los fabricantes de hilados y tejidos de lana, algodón y rayón y sus mezclas, destinadas a la indumentaria personal o al uso del hogar, a través de la obligación de venderlos a un precio que no superara el vigente al mes de noviembre de 1952.^[43] Dicha resolución implicaba una modificación substancial del régimen de libertad de precios con declaración anual de beneficios implantado por la Resolución N.° 819/52. Ante esta situación, los representantes de la industria textil expusieron ante las autoridades económicas todos los argumentos sobre la inconveniencia del retorno a un sistema de márgenes de utilidad y de congelamiento de precios. Según la Federación Argentina de Industrias Textiles:

Es imposible hablar de congelación de precios en una industria cuyos costos se ven incrementados constantemente por aumentos en distintos rubros, particularmente en materias primas —acaso de la industria lanera—, fuerza motriz, combustibles, anilinas, transportes y otros de no menor importancia, máxime tratándose de una industria que trabaja con márgenes de utilidad muy reducidos y muchas veces soportando pérdidas como consecuencia de condiciones desfavorables del mercado. […]. Con un mercado interno suficientemente abastecido que actúa como regulador de precios, no existe peligro alguno de su elevación excesiva como consecuencia de un régimen de mayor libertad […].
La industria deberá, pues, seguir insistiendo hasta llevar a las autoridades nacionales el convencimiento de una política más liberal no acarrearía perjuicios a la masa consumidora y en cambio contribuiría a alentar las inversiones en la actividad textil y, por ende, la consecución de uno de los principales objetivos del Superior Gobierno: el desarrollo y afianzamiento de la industria del país.^[44]

En este contexto, la Federación Argentina de Industrias Textiles advertía con preocupación

… el retorno a un régimen de contralor de precios en su forma más severa: la congelación de estos a una fecha determinada, colocó a la industria en una muy delicada situación que se agravó con la iniciación de la discusión de los nuevos convenios colectivos de condiciones de trabajo y salarios, dada la consiguiente alza de estos.^[45]

Tras el reinicio de los convenios en abril de 1954, las gestiones derivaron soluciones favorables a la entidad empresaria a través de la Resolución N.° 882/54 que modificó el régimen anterior y autorizó una adaptación de los precios en un porcentaje representativo de la incidencia de “los mayores salarios y cargas sociales” sobre los precios de venta.^[46] Finalmente, al no haber sido derogada, continuó en vigencia la resolución N.° 819 del 25 de noviembre de 1952 que volvió a la libertad de precios con determinadas limitaciones (es decir, siempre que no se opusiera a las Resoluciones 1973/53 y 882/54), contemplando en buena parte las aspiraciones de los empresarios industriales.^[47]

Permisos previos de cambio para las importaciones textiles

Otro reclamo de los empresarios giraba en torno a la insuficiente asignación de permisos previos de cambio para la importación de insumos, maquinaria y repuestos para la industria textil.^[48] La agudización de la restricción externa entre fines de 1948 y 1952 afectó la disponibilidad de divisas para garantizar el financiamiento de las importaciones esenciales demandadas por la industria textil. A pesar de la aceleración del proceso sustitutivo de importaciones desde la década del treinta, la industria textil aún dependía de la importación de maquinarias, repuestos e insumos clave. Si bien el criterio de asignación de las divisas disponibles establecido por el BCRA fue “una aplicación preferencial al pago de aquellas importaciones de materiales y elementos indispensables para el normal desenvolvimiento de las actividades del país y para las necesidades del consumo” que no pudieran “ser atendidas en el mercado interno por la industria argentina”,^[49] el sistema de permisos previos de cambio no siempre aseguró la asignación de divisas para satisfacer las necesidades de la industria textil. Durante el gobierno peronista se importaban principalmente hilados (de seda natural o artificial; de lana; de algodón); tejidos (de seda natural o artificial; de lana; de algodón) y medias (seda o mezcla; lana o algodón). Si bien en un principio la acumulación de los stocks como consecuencia de la disminución de las ventas durante la crisis atenuó la gravedad del problema del abastecimiento, a medida que iban consumiéndose comenzó a sentirse nuevamente la falta de insumos clave importados.

Desde mediados de 1948, la falta de permisos de cambio para la importación de agujas y repuestos para la industria de medias, tejidos de punto y máquinas rectilíneas de punto constituyó uno de los reclamos recurrentes por parte de los empresarios textiles. Ante la agudización de las restricciones a las importaciones, la Asociación Textil Argentina impulsó reiterados reclamos a las autoridades económicas ante la demora en la asignación de permisos de cambio para remediar la escasez de insumos, repuestos y maquinaria que afectaba a la industria textil, particularmente hilados de algodón.^[50] En las notas remitidas a las autoridades, los reclamos de las entidades de representación empresarial convergían con las organizaciones gremiales obreras para que el BCRA asegurara los permisos de cambio correspondientes como condición necesaria para mantener la actividad fabril y evitar desocupación de los trabajadores textiles.^[51] Asimismo, la Asociación Textil Argentina advertía su preocupación en torno a las cláusulas de los acuerdos comerciales bilaterales bajo principios de compensación que garantizaban la importación de artículos textiles que competían con la industria nacional como condición para asegurar la colocación de las exportaciones argentinas en mercados externos.^[52] La coyuntura crítica indujo tanto a entidades patronales como obreras a aunar esfuerzos y reclamar en forma conjunta ante las autoridades para evitar la paralización de las fábricas.^[53]

En relación con la industria del algodón, la asignación de permisos de cambio para la importación de hilados no producidos en cantidad o calidad suficiente por la industria nacional era particularmente sensible a las fluctuaciones en la disponibilidad de divisas. El aprovisionamiento de hilados finos de algodón que no se elaboraban en cantidad o calidad suficiente por la industria nacional era constantemente demandado por las máquinas de las tejedurías locales. La importación de hilados, en consecuencia, era necesaria para la preservación de la actividad y ocupación de la industria textil. Aun así, la asignación de divisas para las importaciones textiles distó de ser constante y generó reiterados intercambios entre la burocracia estatal y los empresarios.

En una sintonía similar, la industria de la seda denunciaba la escasez de materia prima como uno de los problemas que más afectaba la producción manufacturera. Concretamente, se denunciaba la falta de permisos de importación acordados por el BCRA para introducir al país el hilado de rayón necesario para el normal desenvolvimiento de la industria, situación que derivó en numerosas gestiones de entidades representativas de la rama de la seda ante las autoridades competentes. Los empresarios textiles exigían mayor celeridad a la autorización de los trámites para la concreción de las operaciones del comercio importador que perjudicaban el normal ritmo de la producción.^[54]

Ante la agudización de la restricción externa entre 1949 y 1952, el gobierno advirtió la necesidad de tomar medidas que estimularan el ingreso de divisas a la economía. En este sentido, se buscó fomentar las exportaciones textiles hacia zonas comerciales donde los intercambios tuvieran lugar en divisas libres o convertibles a través de la liquidación de divisas a tipos de cambio más remunerativos (Garibotti, 2021). Ello suponía un desafío no menor para la colocación de los excedentes de la industria textil dada la saturación de la oferta de manufacturas textiles en el mercado internacional. En consecuencia, en un contexto general caracterizado por la saturación del consumo de textiles, existía una mayor presión por parte de los países compradores de las exportaciones de la Argentina para que esta le comprara sus excedentes como contrapartida por sus ventas, imponiendo la inclusión de bienes no esenciales (como manufacturas textiles) en los convenios comerciales para los que la Argentina no tenía necesidad y que competían con la producción local como condición de reciprocidad en el intercambio bilateral. Por otra parte, los crecientes costos de producción restaban competitividad a los artículos nacionales en el mercado externo. Paralelamente, la resistencia oficial frente a la necesidad de actualizar las cotizaciones vigentes en un contexto inflacionario derivó en un atraso cambiario que contrarrestó las medidas de fomento a las exportaciones de bienes industriales.

Otra de las medidas adoptadas en el marco de la escasez de divisas para financiar importaciones fue la disposición del Banco Central de autorizar la importación de materias primas textiles a través del régimen “sin uso de divisas” que permitía efectuar el pago de las transacciones con proveedores externos a partir de fondos propios radicados en el exterior. Sin embargo, desde las entidades de representación empresarial, se denunciaba que tal resolución distaba de aportar soluciones a los reclamos sectoriales, en tanto que, según argumentaban, los industriales no estaban en condiciones legales para realizar importaciones sin uso de divisas, lo cual los obligaba a adquirir las materias primas importadas a través de intermediarios considerados “personas u organizaciones ajenas a la industria” pero que disponían de los medios necesarios para efectuar las operaciones de importación, interviniendo en ellas siempre que pudieran “ganar márgenes de ganancia interesantes, aumentando así, aún más, los precios ya de por sí altos que tiene que pagar el industrial si desea continuar con su establecimiento”.^[55]

Por otra parte, los altos costos de producción y la sobrevaloración de la moneda a raíz del atraso cambiario horadaban la competitividad de las manufacturas textiles argentinas. A raíz de estas limitaciones, las gestiones de la Federación Argentina de Industrias Textiles ante los funcionarios públicos reiteraban las solicitudes a favor de la adopción de medidas de fomento a las exportaciones de artículos textiles como salida de la crisis ante la saturación de la demanda doméstica.^[56] Según la Federación Argentina de Industrias Textiles,

… la colocación de nuestros productos en el exterior constituye una válvula de escape para la producción de la industria que no es asimilada por el consumo interno, creando serios problemas a la industria que no está en condiciones de financiar grandes stocks, a la vez que contribuye a solucionar los problemas del país en materia de divisas.^[57]

Asimismo, a fin de acelerar al máximo las operaciones, se sugería una participación más activa de los empresarios industriales en el proceso de elaboración de medidas económicas vinculadas al comercio de exportación así como en la renegociación de los convenios bilaterales. En materia cambiaria, la Federación Argentina de Industrias Textiles proponía la liquidación del 50 % de las divisas obtenidas en concepto de exportaciones al tipo de cambio libre oficial^[58] y la creación de un organismo representativo de los industriales textiles para asesorar técnicamente a las reparticiones del Estado en relación con el régimen de las exportaciones.

Los costos de producción y la productividad

Durante la crisis, los empresarios demandaron del gobierno mayor asistencia crediticia para compensar los crecientes gastos de explotación. Entre las causas del aumento de los costos de producción se destacaban, en primera instancia, los incrementos salariales respaldados por la política oficial, así como los gastos operativos correspondientes a reposición de insumos y repuestos.

El aumento de los costos de producción en parte se relacionaba con la canalización del comercio exterior a través de acuerdos bilaterales basados en principios de compensación. La administración del comercio exterior suponía controlar importaciones condicionando sus valores a los saldos disponibles emergentes de las exportaciones realizadas. Así fue como se establecieron grupos de países a los cuales la Argentina debía dar preferencia en las compras. Ahora bien, este criterio preferencial de socios comerciales tuvo serias implicancias sobre la industria textil, tal como lo exponía la editorial de Argentina Textil en su publicación de octubre de 1947:

Este criterio hasta cierto punto restrictivo, pero que en algunos casos se justificaba, tuvo derivaciones directas para la industria textil, no en lo que se refiere a los productos propiamente dichos, sino que orientó obligatoriamente la compra de gran número de maquinaria, equipos, implementos, etc hacia ciertos países exportadores, que si bien las cumplimentaban, lo cierto es que carecían de una serie de perfeccionamientos con relación a otras creaciones más avanzadas, amén de los precios encarecidos y dificultades en las entregas.^[59]

En breve, la reorientación del comercio exterior hacia países con los cuales la Argentina mantenía saldos favorables o había firmado acuerdos comerciales bilaterales bajo principios de compensación obligaba a importar maquinaria e insumos textiles desde países que no garantizaban aprovisionamientos en calidad y precios favorables, afectando la competitividad de la industria nacional y encareciendo los costos de producción que ya venían incrementándose por el aumento de los salarios reales avalado desde el gobierno.

Por otra parte, la caída de la productividad de la mano de obra era un motivo recurrente de reclamo por parte de los empresarios, tal como lo evidenciaban las publicaciones Gaceta Textil y Argentina Textil que en reiteradas ocasiones denunciaban el incremento del ausentismo obrero en los establecimientos fabriles en paralelo a la creciente elevación de los costos de producción derivados de la política salarial homologada desde el gobierno en un contexto de congelamiento de los precios de los artículos textiles.^[60]

No obstante, a pesar de los crecientes costos de producción en materia de contratación de personal, las remuneraciones obreras pesaban menos en términos relativos en comparación con otras ramas industriales del sector manufacturero. Según se desprende de declaraciones públicas de la Federación Argentina de Industrias Textiles de 1950, en plena recesión que afectaba a la rama textil,

… se registraba en casi todos los establecimientos un pronunciado éxodo de brazos y muy escasa afluencia de personal nuevo en razón de los mayores salarios abonados en otras industrias, lo que conjuntamente con las elevadas cifras del ausentismo ocasionaban paralizaciones de máquinas por falta de mano de obra con el consiguiente resentimiento de la población y el lógico aumento de los costos […].^[61]

Entre fines de los años cuarenta y principios de los cincuenta, durante las negociaciones por la actualización de las remuneraciones, los obreros textiles firmaban acuerdos en los que se ataba el salario al presentismo, pero desligando los aumentos de salarios de los incrementos en la productividad (Schiavi, 2013). En una nota titulada “Problemas de la Industria Textil” de la revista The Review of the River Plate se identificaba como una de las principales causas de la crisis de la industria textil a la disparidad existente entre salarios en aumento y productividad declinante.^[62] Según esta publicación, la causa de la recesión de la industria textil en parte se explicaba por la disparidad creciente entre la producción por hombre-hora trabajada y el costo/salario por obrero empleado. El artículo concluía que, en tanto que la baja de los salarios no era la solución para revertir dicha disparidad, la única alternativa era un incremento de la productividad por hora trabajada. No obstante, dada la situación de sobreproducción, se abogaba por una política gubernamental que contribuyera a una organización más eficiente, es decir, a una racionalización del empleo y la producción.^[63]

Por otra parte, el aumento de la productividad en el rubro vestimenta, con la consecuente reducción de los costos de producción, tendría un impacto positivo sobre el poder de compra de los salarios reales en tanto dinamizador del consumo interno. En este sentido, la necesidad de incrementar la productividad fue una cuestión central desde el discurso gubernamental y en las relaciones entre capital y trabajo. Sin embargo, las negociaciones salariales no estuvieron atadas a niveles de productividad (Jáuregui, 2004; Schiavi, 2013).

Sin embargo, el período 1949-1952 dejó en evidencia que la restricción externa y la inflación interna habían puesto en jaque el esquema distributivo del trienio 1946-1948. Por lo tanto, continuar la política distributiva implicaba necesariamente moderar el consumo doméstico (a través de apelaciones oficiales a favor de la austeridad), así como aumentar la productividad y producción de bienes a repartir. La búsqueda de medidas consensuadas entre representantes del trabajo y del capital —los dos actores necesarios para lograr un incremento de la productividad a partir de una organización más eficiente de los factores de producción— daba cuenta de una redefinición de fuerzas, es decir, un proceso de reconfiguración de la interacción entre actores socioeconómicos que el mismo Estado proyectó desde 1952. Desde el punto de vista de las relaciones entre Estado y los sectores económicos, el Plan Económico de 1952 “implicó un cambio en el lugar que ocupaba el Estado, que pasó a ser el custodio de una estructura institucional que buscaba funcionar como ámbito de discusión para que los actores socioeconómicos propusieran políticas concretas” (Sowter, 2016, pp. 81-82). Desde esta perspectiva, el gobierno buscaba “correrse” del foco del conflicto sociopolítico pues ahora eran los actores (sindicatos, por un lado, empresarios por el otro) los que debían resolver los problemas en común acuerdo y luego elevar propuestas al gobierno. En definitiva, la industrialización por sustitución de importaciones habría incrementado el empleo y el consumo sin una correspondiente eficiencia en la utilización de los factores productivos. Las políticas económicas e industriales del peronismo estaban, en gran medida, subordinadas a la política salarial y a la redistribución del ingreso (Brennan y Rougier, 2013). A partir de la segunda presidencia peronista se inició una campaña, desde el Estado y desde los sectores empresariales, destinada a incrementar la productividad de los trabajadores y que continuó en los gobiernos posteriores a 1955 (Jáuregui, 2012).

En el marco del Plan de Emergencia Económica anunciado por el Poder Ejecutivo en febrero de 1952 con miras a restablecer el equilibrio entre los precios y los salarios, se firmó el convenio con la Asociación Obrera Textil el 28 de marzo de ese año y para empleados de la industria textil el 7 de mayo con una duración de dos años a partir del 1.° de marzo de 1952.^[64] Hacia 1954, momento en el cual comenzaba a flexibilizarse el congelamiento de salarios estipulado por el Plan de Emergencia Económica de 1952, resurgieron los conflictos en la rama textil en el marco de la negociación convenios colectivos de trabajo (Schiavi, 2013). En términos generales, desde el movimiento sindical se bregaba por preservar las condiciones de trabajo y el aumento de los salarios, reivindicaciones que chocaban con las aspiraciones de empresarios y autoridades que buscaban condicionar tales aumentos en función del incremento de la productividad en los establecimientos fabriles. A fines del segundo mandato presidencial de Perón, la necesidad de incrementar la productividad adquirió mayor centralidad en el discurso gubernamental y en las relaciones capital-trabajo. En cambio, los principales reclamos de los trabajadores textiles durante los conflictos en establecimientos industriales eran el aumento de salarios y el mejoramiento de las condiciones de trabajo.

La elevación de los niveles de productividad mediante la racionalización del trabajo con miras al abaratamiento de costos constituía un reclamo recurrente entre las entidades de representación empresarial. En este contexto, el 25 de septiembre de 1954 partió del aeropuerto de Ezeiza una nutrida delegación integrada por miembros de instituciones gremiales de la industria textil y representantes estatales y sindicales de nuestro país. La delegación estaba conformada por representantes de la Federación Argentina de Industrias Textiles, Asociación Obrera Textil y del Ministerio de Trabajo y Previsión. Dicha delegación tenía el propósito de visitar en los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Italia, España e Inglaterra varios establecimientos del ramo textil industrial, con el fin de estudiar en esos ambientes los diversos métodos y procesos de elaboración empleados en dichos países para incrementar la productividad y racionalizar el trabajo en las fábricas. Según la Federación Argentina de Industrias Textiles, el viaje tenía como objetivo

… la comprobación directa de los adelantos alcanzados en otros países de manufactura más desarrollada que el nuestro, servía para orientar a los trabajadores y empresarios en una tarea de productividad y racionalización, se habría alcanzado el anhelado objetivo perseguido por los mismos de incrementar el salario real del obrero y la productividad de las empresas por un método sano, técnicamente concebido que, sin duda alguna, incidiría beneficiosamente sobre la economía nacional.^[65]

Con motivo de su partida, se celebró un acto durante el cual hizo uso de la palabra Federico Grether, el presidente de la Federación de Industrias Textiles Argentinas, quien auguró éxito a los delegados de la entidad en la misión por cumplir, destacando asimismo que, por vez primera y por iniciativa de los representantes del capital y del trabajo, integraban una comisión conjunta con funcionarios del Estado para realizar en el exterior estudios tendientes a lograr la implantación local de nuevos métodos de productividad y el conocimiento en la práctica de distintas normas de racionalización aplicadas a las actividades en los establecimientos textiles. Por último, Andrés Framini, dirigente sindical de la Asociación Obrera Textil, emitió palabras de agradecimiento para las autoridades de la entidad patronal, que propiciaba ese viaje, expresando también que veía con agrado el entendimiento a que se había llegado entre representantes patronales y obreros con vistas a un método de labor que habría de resultar beneficioso para ambas partes y a la postre para los altos intereses nacionales.^[66] A fines de 1954, la Federación Argentina de Industrias Textiles se jactaba de ser la primera entidad gremial en encarar la realización de estudios concretos sobre productividad y racionalización en la industria textil.^[67]

En el marco del Congreso de la Productividad y el Bienestar Social, la apelación a aumentar la productividad de la industria textil adquirió centralidad entre los discursos oficiales y los propios empresarios para reducir los costos de producción y los precios finales de las manufacturas textiles. El 16 de marzo de 1955, en un acto de los industriales textiles en la Bolsa de Comercio y como adhesión a las jornadas del reciente Congreso de la Productividad y Bienestar Social, R. Federico Grether, en su carácter de presidente de la Federación de Industrias Textiles Argentinas, emitió un discurso en el que exaltaba la necesidad de incrementar la productividad en los establecimientos fabriles:

Nuestra industria encara con optimismo este movimiento que tendrá su concreción tangible en el Congreso de la Productividad y Bienestar Social. Lo encara con optimismo y con profunda esperanza. Las condiciones actuales de comercialización de los productos textiles, que la industria soporta desde hace ya varios años, bajo diferentes regímenes de regulación de precios, se deben principalmente al hecho de que la creciente demanda de artículos que la misma elabora, producidos por la elevación del standard de vida de nuestro pueblo, ha sido y es superior a la oferta de dichos artículos, produciéndose en consecuencia un cierto desnivel en el mercado. Es elemental suponer que un incremento de la productividad en el cual contribuyen con lealtad y buena fe por igual patrones y trabajadores, habrá de permitir que dicho desnivel desaparezca, y por efectos de la lógica disminución de los costos que traerá aparejada, se puedan lograr precios competitivos que posibiliten la derogación de las disposiciones que traban la libre comercialización en el mercado interno.^[68]

Los datos disponibles sugieren que la recuperación e incremento de la productividad entre 1953 y 1955 no se debió a la incorporación de mayor cantidad de obreros empleados (por el contrario, el censo industrial de 1954 registró una caída del 4 % en el empleo de la rama en relación con 1950), sino a un leve incremento de la cantidad de horas por obrero trabajadas entre 1952 y 1954 (Gráfico 1).

Gráfico 1. Volumen de la Producción, empleo, hora obrero trabajada y productividad en la industria textil, 1943-1955.
En números índices 1943: 100

Fuente: Gráfico elaborado con base en la información provista por el Anuario Estadístico de la República Argentina. 1957, Buenos Aires, 1959.

El 3 de octubre de 1951, la Federación Argentina de Industrias Textiles había solicitado la autorización gubernamental a favor de los establecimientos textiles de todo el país para trabajar los días sábados, domingo y feriados, así como para emplear al personal femenino mayor a 18 años entre las 6 y las 22 horas durante todo el año bajo el argumento de promover una mayor y mejor producción para satisfacer “la gran demanda de artículos”. El motivo esgrimido, ciertamente sorprendente en el marco de una depresión sectorial, podría deberse a la búsqueda de una mayor flexibilización de las normas laborales como respuesta a la crisis. Finalmente, la solicitud contó con una respuesta favorable desde el Ministerio de Trabajo y Previsión a través de la resolución N.° 2 del 9 de enero de 1952.^[69] De todas formas, problemas estructurales como la insuficiente provisión de energía eléctrica para garantizar el funcionamiento de los establecimientos fabriles constreñía disposiciones como la precedente orientada a promover un incremento de la producción y de la productividad.^[70] Las restricciones al consumo de energía eléctrica dispuestas por el Ministerio de Industria y Comercio obligaron a una reconfiguración de los horarios de trabajo.^[71]

Sin embargo, tras alcanzar el pico en 1951, la cantidad de horas por obrero trabajadas permaneció constante entre 1954 y 1955 mientras que la productividad mejoró. Por lo tanto, la recuperación de la productividad de la industria textil se debió más bien a un incremento de la fuerza motriz instalada por obrero, tal como lo demuestra el cuadro 2.

Cuadro 2. Evolución del número de establecimientos, obreros ocupados, fuerza motriz instalada y valor de la producción de la industria textil, 1946-1953. Años seleccionados

	1946	1948	1950	1953
Establecimientos	2061	2529	2956	5597
Obreros	117.110	140.651	153.876	145.228
Empleados	9466	13.794	16.250	17.341
Total personal	127.161	155.227	170.965	164.521
Fuerza motriz en H. P.	169.466	219.189	301.141	361.967
Fuerza motriz por obrero	1,44	1,55	1,95	2,49
Valor de producción*	1.838.970	3.198.201	5.596.788	9.877.628
Porcentaje sobre el total de la ind. manufacturera	12,4	14,5	15,5	12,6

Fuente: Belini, Claudio (2003), p. 260. Elaboración sobre la base de los Censos Industriales de 1946, 1948, 1950 y 1954. Referencias: * en miles de m$n.

En efecto, la clave para un crecimiento en la productividad radicaba en un crecimiento de tipo intensivo, donde el mayor rendimiento de los factores de producción estuviera acompañado de una mayor capitalización. Sin embargo, esta modernización productiva a base de una mayor capacidad instalada exigía una intensificación del consumo energético. Las restricciones al consumo de energía requeridas por el aumento de la capacidad instalada revelaron la dificultad para garantizar la potencia requerida por la industria textil, generando desafíos y limitaciones a su modernización.

Algunas consideraciones finales

La coyuntura crítica que debió atravesar la economía argentina entre 1949 y 1952 puso en evidencia los desafíos a los que se afrontaba la industria textil. Por un lado, los condicionantes externos derivados de la depresión de la demanda internacional y la restricción externa que afectaba la disponibilidad de divisas requeridas para la importación de insumos, maquinaria y repuestos. Por otro lado, desde el plano interno, la saturación de la demanda doméstica, los altos costos de producción y el atraso cambiario que afectaba la competitividad de la producción textil local.

La saturación del mercado doméstico y el subconsumo del rubro vestimenta producto del aumento de los precios internos impulsó medidas gubernamentales tendientes a fomentar las exportaciones de los excedentes a partir de 1950 concediendo tipos de cambio más favorables. No obstante, el ingreso de nuevos competidores en el mercado internacional, como los países asiáticos; la deficiente organización y baja productividad de las plantas nacionales; la respuesta tardía de los empresarios a propiciar cambios en ese sentido en tanto que consideraban que el problema por resolver era principalmente el aumento de los costos laborales y el atraso cambiario contrarrestaron los esfuerzos oficiales. Por otra parte, la modernización del proceso productivo requería la provisión de energía en potencia suficiente para mantener en funcionamiento los establecimientos fabriles y garantizar previsibilidad a las inversiones a favor de una mayor capitalización para mejorar el rendimiento de los factores de producción. Los cortes en el suministro eléctrico generaban serias limitaciones a las iniciativas a favor de un incremento de productividad a partir de la modernización de los equipos.

En suma, la crisis evidenció las limitaciones de la industria textil que a la vez constituía la expresión sectorial de los desafíos que enfrentaba el conjunto de las ramas manufactureras tradicionales en el marco de la industrialización sustitutiva de importaciones durante la década del cincuenta: la dependencia de la demanda de un mercado interno protegido hacia donde orientaba mayormente su producción pero sus limitaciones al momento de insertarse competitivamente en mercados externos o su dependencia de equipos y maquinaria importados.

Fuentes

Revistas y semanarios

Argentina Textil

Economic Survey

Gaceta Textil

Revista Textil

The Review of the River Plate

Documentación oficial

Actas del grupo Económico, 1952-1954.

Anuario Estadístico de la República Argentina. 1957, Buenos Aires, 1959.

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Banco Central de la República Argentina, Memoria Anual. 1946, Buenos Aires, 1947.

Banco de Crédito Industrial de la República Argentina, Informe sobre propósitos y necesidades, informa sintético N.º 16, Producción de tejidos de algodón, 1954.

República Argentina, Censos Industriales de 1946, 1950 y 1954. Dirección Nacional de Investigaciones, Estadística y Censos. Varios años.

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