La crisis de 1890 en la transformación de la vitivinicultura mendocina

Agustina Rayes^[2] y Patricia Olguín^[3]

Finalmente, si al presente divisamos sombras de agobiante tristeza, que oscurecen el gran cuadro general de todos los negocios de la Provincia, hasta proyectarse sobre el movimiento normal de la renta pública, causando los trastornos consiguientes, podemos, empero, afirmar con satisfacción orgullosa que la potencia financiera de la Provincia saldrá en breve triunfante de estas pertinaces y rudas pruebas, trayendo el mejoramiento de su malestar económico, que decaerá quizás con rapidez, tan pronto como realicemos fuera de acá la exuberante cosecha de nuestros viñedos (Provincia de Mendoza. Mensaje del gobernador de la Provincia al abrir el primer período de sesiones ordinarias de la Honorable Cámara Legislativa en 27 de abril de 1891. Mendoza: Tipografía del Eco de Mendoza, 1891, pp. 11-12).

Introducción

El colapso de 1890 provocó una crisis tan profunda que dio lugar a un nuevo orden económico. Desde entonces, la relación entre la nación y las provincias adquirió una dinámica distinta, que derivó en un “federalismo económicamente menos inestable” (Gerchunoff, Rocchi y Rossi, 2008) y financieramente más centralizado (Alonso, 2010; Marichal Salinas, 2010). A las disputas por el reparto de los recursos que, desde décadas anteriores, venían librando las dirigencias porteñas y las de las provincias más pobres, se sumaron las negociaciones por la distribución de los costos de la crisis. Nuevos acuerdos permitieron diseñar una reforma institucional enfocada en la reinserción de la economía pampeana en el mercado internacional y en el desarrollo de las regiones alejadas del puerto de Buenos Aires en torno a manufacturas y otros productos orientados al mercado interno. Así, algunas actividades económicas tradicionales como la producción de vino en Mendoza o la de azúcar en Tucumán, que venían siendo estimuladas por políticas públicas de modernización, promoción y protección desde la década de 1870, otorgaron fuentes adicionales de riqueza a los Estados provinciales.

Si bien las causas, los mecanismos de transmisión a la economía real y las consecuencias de la crisis nacional han sido largamente debatidos en la bibliografía especializada (Cortés Conde, 1989; Della Paollera y Taylor, 2003; Gerchunoff, Rocchi y Rossi, 2008), sus efectos en las provincias son menos conocidos. La experiencia tucumana ha sido posiblemente la más explorada, en particular su relación con el despegue posterior de la industria azucarera, su capacidad para generar recursos fiscales y la distribución de los beneficios obtenidos (Sánchez Román, 2005). En el caso de Mendoza, las contribuciones se han ocupado de describir la situación fiscal y el endeudamiento público y de analizar su vínculo con el devenir de la crisis en la provincia (Varo, 1986), de examinar el funcionamiento y el rol del Banco Provincia de Mendoza en la transformación vitivinícola (Suplee, 1988; Mateu, 1995) e indagar en los problemas en la producción y el comercio de vinos, así como en los cambios en el trabajo y en las condiciones de vida de las familias (Prieto y Chorén, 1990; Fernández, 2001; Richard Jorba, 2012; Olguín y Bragoni, 2020). Recientemente, se han estudiado los resultados de las políticas proteccionistas a la industria naciente mediante el cálculo de la tasa de protección efectiva al vino (Olguín y Rayes, 2023). Sin embargo, estos avances solo han explicado parcialmente la dinámica de la crisis económica en Mendoza, los mecanismos de contagio a la economía real y sus efectos positivos en el despegue vitivinícola.

Este capítulo se propone estudiar, entonces, el impacto de la crisis de 1890 en la agroindustria vitivinícola mendocina, colocando el foco no solo en los resultados negativos en el nivel de producción, empleo y recaudación fiscal, sino también en las ventajas surgidas por el orden institucional que emergió a partir de la reorganización de los factores que la habían precipitado (sobreendeudamiento público, sobreexpansión del crédito, insuficiencia de la recaudación fiscal, estructura económica en transformación). Sobre la base de un conjunto variado de fuentes, integrado por estadísticas comerciales, vitivinícolas y acerca de la economía de Mendoza, leyes aduaneras, informes de la Comisión Revisora de Avalúos y Aranceles de 1894, documentación de ministerios y mensajes de gobernadores de Mendoza, se han construido indicadores económicos y financieros.

El trabajo se organiza en cuatro secciones. La primera aborda brevemente los principales rasgos de la crisis nacional. La segunda describe la situación de la agroindustria del vino en los momentos previos a la crisis y examina el impacto de la coyuntura crítica en la economía provincial. Por último, la tercera analiza las respuestas que dieron los Estados nacional y provincial.

La crisis de 1890 en la economía argentina

La crisis financiera que se inició en 1890 tuvo un fuerte elemento político en su desarrollo, tal como ocurrió con otras grandes crisis de la economía argentina en el siglo xx (Míguez, 2011, p. 264). Sobreendeudamiento, crisis fiscal y bancaria y depreciación monetaria fueron los rasgos principales de aquella coyuntura, que finalmente conllevó transformaciones productivas internas que alentaron las perspectivas generales de crecimiento en las décadas siguientes (Cortés Conde, 1989; Della Paolera y Taylor, 2003; Regalsky, 2011a, p. 291).

Cuando Miguel Juárez Celman asumió la presidencia de la Nación en 1886, existía internamente un clima de optimismo acompañado por un contexto internacional de recuperación de las inversiones, fundamentalmente británicas, que llegaban crecientemente a la Argentina, frente a las expectativas de crecimiento económico que auguraba la integración de la economía nacional a los mercados exteriores como proveedora de productos primarios. Caracterizado como un desarrollista antes de que existiera siquiera la definición en la literatura (Duncan, 1983; Gerchunoff, Rocchi y Rossi, 2008, p. 81), aquel abrazó el expansionismo estatal acumulando problemas monetarios y financieros, entre los que sobresalieron la Ley de Bancos Garantidos de 1887 y la frenética expansión del tendido ferroviario, además de la emisión de cédulas hipotecarias. Lo primero implicó la autorización a entidades financieras públicas o privadas a emitir billetes toda vez que estuvieran respaldados con bonos nominados en oro con garantía de la Nación, multiplicando la emisión de dinero y los créditos en el interior del país. Anunciado como un paso previo al regreso a la convertibilidad suspendida en 1885 mientras crecieran los depósitos en oro, en rigor generó mayor masa monetaria inconvertible, presionando al alza el premio del oro. Este fenómeno ha sido interpretado como un experimento de descentralización política que dio a las provincias autonomía política y financiera (Alonso, 2010). Lo segundo significó la emisión a gran escala —o desmedida— de títulos que se colocaron en mercados europeos.

En el marco de la caída de precios de los productos exportables y del aumento de la tasa de descuento del Banco de Inglaterra, se complicó el estado de la balanza de pagos del país. En efecto, la cuenta comercial, que era deficitaria desde 1883 (Rayes, 2018, p. 45), no pudo equilibrarse inmediatamente porque las importaciones se mantuvieron firmes debido al rezago en el ajuste de ingresos y a las emisiones de moneda para postergar el ajuste de cuentas (Ford, 1969, p. 160). La desaceleración en el flujo de préstamos hacia la Argentina incrementó la prima del oro desde 1889, cuando las entradas de capitales extranjeros disminuyeron ante la desconfianza de los mercados internacionales sobre el devenir de la economía nacional (Regalsky, 2011b, p. 183), encareciendo el pago de los servicios de deuda (puesto que estaban fijados en oro y se mantuvieron constantes) y dificultando, a la vez, la venta y colocación de nuevos valores argentinos en Londres, lo que afectó especialmente a la casa Baring.

El colapso financiero profundizó una crisis política latente que terminó con un levantamiento revolucionario y la posterior renuncia de Juárez Celman y su reemplazo por el vicepresidente, Carlos Pellegrini. Al mando de los destinos de la nación, este se inclinó por políticas económicas menos expansivas. Sin embargo, cuando en noviembre de 1890 la casa Baring Brothers, que tenía una cartera llena de títulos argentinos invendibles, tuvo que ser salvada por un consorcio de bancos fomentado por el Tesoro y el Banco de Inglaterra (Ferns, 1992), se aceleró la depreciación monetaria. Fue la evidencia de que aquella entidad no socorrería las finanzas argentinas y que era más bien el Estado argentino el que debía salvar a Baring, lo que desató una ola de venta de valores en la bolsa de Buenos Aires, el derrumbe de sus cotizaciones y también del precio de las propiedades. Si hasta entonces predominaba la fuga hacia el oro, empezó una fuga hacia el dinero líquido en general y el retiro masivo de depósitos. Durante todo el proceso de la crisis de los noventa, el peso moneda nacional perdió casi dos tercios de su valor (Álvarez, 1929, p. 122). Ello tuvo efectos en el sistema bancario, monetario, impositivo y, naturalmente, en los sectores productivos y en la distribución del ingreso.

Primero, la depreciación del peso afectó a las principales entidades bancarias. El retiro de depósitos impactó inicialmente en las grandes entidades oficiales de Buenos Aires y terminó por extenderse a la banca provincial y a casi toda la banca privada, con muy pocas excepciones. El Banco de la Provincia de Buenos Aires ingresó en cesación de pagos y se le declaró una serie de moratorias que lo dejaron fuera de juego hasta los primeros años del siglo xx. Tras intentos de salvataje, el Banco Nacional —que había sido fundado por Sarmiento en 1874— fue finalmente liquidado, mientras que la arquitectura financiera fue reorganizada a partir de la creación del Banco de la Nación Argentina en 1891, sobre las ruinas de las dos entidades mencionadas (Moyano, 2023: 18). Algunos bancos provinciales fueron reorganizados y convertidos en agentes financieros de los estados locales, los cuales los utilizaron para financiar sus déficits públicos a través de la emisión de letras de tesorería y para otorgar préstamos a las actividades económicas regionales que promovían, como la agroindustria vitivinícola (Suplee, 1988; Mateu, 1995).

Un efecto de largo plazo fue el fin de una corta experiencia de “federalismo financiero”, a partir de la cual en el futuro las provincias vieron enormemente limitada la posibilidad de endeudarse en el exterior para financiar sus planes de desarrollo (Marichal Salinas, 2010).

Segundo, el gobierno de Pellegrini no solo canceló el esquema de bancos garantidos, sino que lo reemplazó por la Caja de Conversión, un organismo estatal que en los primeros años solo pudo emitir sin respaldo. No obstante, como la caída del sistema bancario esterilizó una gran masa de depósitos que quedaron indisponibles, hubo una fuerte contracción monetaria y crediticia que frenó la depreciación cambiaria (Cortés Conde, 1989). Fue recién hacia 1895, con la mejora en la balanza de pagos y la renegociación de los compromisos con los acreedores externos (Rocchi, 2011), que pudo descender paulatinamente el tipo de cambio.

Tercero, los impuestos al comercio exterior —especialmente a las importaciones de bienes— continuaron siendo la principal fuente de recaudación del Estado nacional (Rayes, 2021a: 129). Además, es importante recordar que la recaudación de los aranceles al intercambio de bienes, que venía siendo cobrada en pesos moneda nacional, desde 1891 se exigió que la mitad fuese pagada en pesos oro y a partir de 1892 se estableció completamente en pesos oro. Se restituyeron los impuestos a las exportaciones, que habían estado vigentes hasta 1886 y afectaban principalmente a las provincias del litoral. Se crearon gravámenes internos sobre los alcoholes, cervezas y tabacos, cuyas industrias se encontraban en expansión gracias a las limitaciones que las leyes aduaneras infligían a sus similares importados. Incluso, existieron controversias con los gobiernos provinciales, como las que se dieron con el de Mendoza frente al incremento del impuesto interno nacional a los alcoholes, al mismo tiempo que las autoridades locales colocaban impuestos específicos al vino (Coria y Ferrari, 2002).

Finalmente, en cuanto a las distintas actividades económicas, evidentemente la depreciación del peso argentino favoreció a los sectores exportador y sustitutivo de importaciones. Por su parte, las ramas manufactureras, que venían creciendo desde la década de 1880 y luego de una caída inicial por la contracción monetaria y salida de migrantes, lejos de estancarse con la crisis del noventa, se aceleraron. La pérdida de valor de la moneda, sumada al aumento de las barreras arancelarias, fueron posiblemente los factores principales que promovieron una industria que se expandió a un ritmo sostenido durante el último decenio decimonónico (Hora, 2010: 225). Cabe también mencionar que la maduración de las inversiones realizadas en la década previa a la crisis, junto con la caída de precios internos y de los salarios reales y la restitución de los mecanismos de ajuste de la balanza de pagos del patrón oro, contribuyeron a este crecimiento (Míguez, 2008: 237-240).

El sector vitivinícola y el impacto de la crisis

En 1890, la agroindustria vitivinícola de Mendoza se encontraba en la etapa inicial de un proceso de transformación que habían encarado sus dirigencias políticas en busca de fuentes alternativas de riqueza, una vez que la organización del Estado nacional y el cambio en las condiciones del mercado chileno terminaron por eclipsar los modestos beneficios que habían ofrecido la producción de vino artesanal de variedades criollas y, sobre todo, la ganadería comercial y la actividad cerealera.^[4] En las dos décadas previas, se puso en marcha un conjunto de políticas para lograr la plantación de nuevos cultivos y la construcción de bodegas con técnicas modernas de fabricación a fin de competir con los vinos importados de Europa. Brevemente, se apostó por el asesoramiento agronómico y enológico, exenciones impositivas, subsidios a las plantaciones y regulación del recurso hídrico. Igualmente, los agentes políticos mendocinos ejercieron fuertes presiones en el Congreso Nacional para lograr el establecimiento de aranceles a los vinos importados y buscaron conectar a la provincia a la red ferroviaria nacional; en efecto, la llegada del ferrocarril a Mendoza en 1885 facilitó el traslado de los vinos a las principales ciudades y centros poblados del país y redujo significativamente el costo del flete interno, el tiempo y las condiciones de transporte, si se los compara con los correspondientes a los carros tirados por animales (Supplee, 1988; Coria e Iñones, 1994; Coria y Ferrari, 2002). Las autoridades nacionales también promovieron la “industria naciente” por su potencialidad para contribuir al ahorro de divisas mediante la sustitución de importaciones; de hecho, así lo expresó el propio presidente Julio Argentino Roca al inaugurar la exposición interprovincial en Mendoza en 1885. No obstante, los beneficios que surgirían de la confluencia de estos elementos tardaron en materializarse. En 1888, el gobernador Tiburcio Benegas informó sobre el avance de las plantaciones de viñas, el aumento de la producción de vinos y la decadencia de la exportación de ganado y la producción de cereales, pero la recaudación impositiva todavía dependía de estas últimas actividades. Ese mismo año, se concretó la creación del Banco de la Provincia de Mendoza con el anhelo de que proveyera el crédito necesario para el desarrollo vitivinícola.^[5]

Inicialmente, la crisis financiera nacional golpeó al Banco de la Provincia de Mendoza, que había sido creado en 1888 en el marco de la ley de bancos garantidos y los beneficios de una ley provincial que otorgaba desgravaciones impositivas, a partir de un empréstito que había sido contratado en 1888 con la casa Cahen d’Anvers y otras sociedades en París, por intermedio de la casa Bemberg y gracias a las gestiones realizadas por Roca. En efecto, el banco no pudo hacer frente al pago de los servicios (6 % anual) y amortizaciones (1 % anual) correspondiente a una deuda de 5 millones de pesos oro (Mateu, 1995, pp. 121-124). Al igual que para otras provincias que desarrollaron acciones similares, este compromiso significó una carga demasiado pesada para sus exiguos ingresos en un contexto de restricción crediticia. El monto total o conjunto de empréstitos parciales contraído por estas jurisdicciones con banqueros y prestamistas europeos no era presumido por las autoridades nacionales. Según el propio Carlos Pellegrini, solo se enteraron de la magnitud de esos compromisos cuando los representantes de las casas Otto Bemberg y Cahen d’Anvers golpearon las puertas de las oficinas del Ministerio de Hacienda.^[6] Desde entonces, comenzó una negociación entre ambas esferas del gobierno para el traspaso de las deudas externas provinciales a la nación, pero, en el caso de Mendoza, el convenio recién se concretó el 28 de agosto de 1900, luego de que el Banco fuera oficializado en 1899.^[7]

Al estallar la crisis, el mismo temor al caos económico y social que invadió al presidente Pellegrini afectó al gobernador Oseas Guiñazú. El primero se propuso rescatar al Banco Nacional y, junto con este, al Banco Hipotecario y la Municipalidad de la Capital; el segundo intentó hacer lo mismo con la banca provincial, mientras que ambos buscaron arreglar el pago de la deuda externa con los acreedores. Enfrentaron, así, un problema fiscal ya que no podían responder a los compromisos externos sin grave perjuicio para el funcionamiento de la administración, en un contexto en el cual el precio del oro estaba aumentado, se habían cortado las fuentes de financiamiento del déficit público y descendía la recaudación impositiva. En palabras del presidente, todas las rentas habían desaparecido como recurso positivo bajo el peso de los vencimientos apremiantes de los servicios de la deuda externa. El gobernador informó que solo se pudo cubrir el 4.° cupón por 175.000 pesos oro, correspondiente al primer semestre de 1890. En efecto, los servicios de la deuda habían dado un salto muy significativo en 1889 y se habían mantenido en valores muy elevados en 1890. Sobrevino, entonces, la cesación de los pagos externos en 1891 y 1892, aunque se realizaron pagos menores en concepto de deuda interna.^[8] Como se mencionó anteriormente, en 1900 la deuda externa fue transferida al Estado nacional. En virtud del acuerdo, el saldo de la deuda (integrado por un capital de 4.896.074,83 de pesos oro, intereses atrasados correspondientes a 1891 y 1892 de 513.372 de pesos oro e intereses devengados desde 1893 a 1900) fue cancelado por el gobierno central. Esta quedó reducida a 650.000 de pesos oro (con un servicio de 4 % de renta y 0,5 % de amortización anual) y fue garantizada por el impuesto de contribución territorial.^[9]

Si el impacto de la crisis financiera en Mendoza fue similar al que afectó a la nación, la salida adoptada por la primera fue casi idéntica a la elegida por la segunda: la emisión de billetes de tesorería, que en el primer caso fueron amortizados en la Oficina de Crédito Público y en el segundo en la Caja de Conversión. Pellegrini consideraba que era el único recurso posible, “un medio fatal pero indispensable”. Las primeras letras provinciales fueron emitidas en 1892 (ley de 28/11/1892) y amortizadas trimestralmente desde 1893 (mediante la incineración de la cantidad líquida percibida de las rentas afectadas a ese objeto). Luego, los rescates continuaron a un valor constante que aumentó recién en 1896. En 1895 y 1898, se emitieron otras series (leyes 25/04/1895 y N.° 74 del 2/05/1898). Al 31 de diciembre de 1900, la emisión de letras alcanzaba los 1.762.505 pesos, la amortización los 493.032 pesos y restaban en circulación 1.269.473 pesos. En definitiva, constituyeron una cuasi moneda más que títulos públicos, ya que no devengaban intereses. Según la legislación, debían ser recibidas como moneda legal por su valor escrito por el Banco de la Provincia y por las oficinas públicas en pago de impuestos fiscales, municipales, de agua o cualquier otra deuda de ese origen (Coria y Ferrari, 2002, pp. 16-17).^[10]

Por otra parte, las respuestas del gobierno de Mendoza a la crisis incluyeron un fuerte ajuste fiscal, basado en la reducción del gasto público y el incremento del ingreso a través del aumento o la creación de impuestos al vino. La recaudación, que se componía principalmente de los gravámenes al papel sellado, patentes fiscales, contribución directa y otras entradas, se había reducido un 20 % en 1890 respecto del año anterior (las desgravaciones impositivas a las plantaciones de vid otorgadas con anterioridad habían limitado el impacto de la actividad vitivinícola en la recaudación). Se decidió entonces aplicar impuestos específicos al vino. El impuesto “patente de bodegas”, que en 1889 y 1890 tenía un canon de 12 ctvs. por hl producido, desde 1891 se transformó en “impuesto a los frutos del país” (que se separó de la ley de patentes) y elevó su valor a 0,40 ctvs. por hl producido; en 1895 y hasta finales de la década, aumentó a 0,50 ctvs. por hl vendido (despachado) (Coria y Ferrari, 2002, p. 11). En este marco, se inscribió el establecimiento de un impuesto interno nacional a los alcoholes y al tabaco, que comenzó a cobrarse en 1891. El nuevo tributo fue justificado con un argumento jurídico según el cual la ley sobre importaciones castigaba a las bebidas alcohólicas y cerveza, y no había razón para eximir de una contribución a los artículos similares producidos en el país. Se consideraba que estos constituían ya una industria “poderosa y floreciente”, que podía soportar perfectamente un gravamen “módico” como el que se proyectaba. El Poder Ejecutivo Nacional colocó una tasa que consideraba baja para los alcoholes para evitar el fraude (pagarían 0,15 ctvs. de moneda legal mientras que su similar importado pagaría 0,20 pesos oro, es decir, unas cuatro veces más).^[11] A su vez, persistía la dificultad de cobro. Así, por ejemplo, mientras que al 31 de diciembre se recaudaron tributos sobre 67.000 bordalesas, la estadística del Ferrocarril Gran Oeste Argentino arrojó una exportación de la Provincia de 130.000. Esta situación de evasión fiscal fue denunciada frecuentemente por las autoridades provinciales, y daba cuenta de la imposibilidad de las primeras oficinas de estadística de contabilizar y registrar el número de viñas plantadas y de hectolitros de vino producido. Por su parte, los empresarios manifestaron sus quejas frente a los mayores impuestos y su preocupación por el freno en la producción de vinos, a la vez que tomaron iniciativas para crear las primeras asociaciones gremiales (Olguín, 2024).^[12]

En 1893, el gobernador Pedro Anzorena afirmaba que los recursos no aumentaban en la misma proporción que los gastos porque la “perturbación económica”, que pesaba sobre Mendoza, estaba muy distante de desaparecer y dificultaba la percepción regular de los impuestos. Entendía que la depreciación de los principales productos agrícolas de la provincia en los mercados del litoral y del ganado en Chile era un síntoma alarmante, porque obligaba a conservar estancadas las producciones o realizarlas a bajo precio. Esperaba entonces que los ingresos resultantes fueran insuficientes para cubrir los consumos y debiera apelarse a las remesas de billetes de c/l, empeorando la situación. Del mismo modo, afirmó que el comercio sufriría por la disminución en los consumos, las industrias por su paralización y el trabajo se reduciría a lo indispensable, contribuyendo todas estas circunstancias a complicar la situación económica del pueblo y del gobierno. Sin embargo, advirtió síntomas claros de recuperación y activación de la obra pública. El resultado fiscal, que había mostrado un déficit en 1892, se volvió superavitario de 1893 a 1898.^[13]

Las reformas institucionales y la mejora de las condiciones internacionales dieron lugar a la recuperación de la economía nacional a partir de 1895. Si bien el desorden financiero había dejado una deuda externa todavía pendiente de arreglo y cancelación para el Estado provincial, este había obtenido el control del Banco Provincia, y con este había ganado un agente financiero para emitir letras de tesorería que —desde 1893— permitieron financiar sus presupuestos. Pero también había conseguido un instrumento para otorgar créditos a los miembros de la élite tradicional y nuevos emprendedores de origen inmigrante que estaban interesados en invertir en el negocio vitivinícola (Suplee, 1988; Mateu, 1995), de manera similar a lo que había ocurrido en Tucumán con la industria azucarera (Sánchez Román, 2005). En 1891, del total de 873.479 pesos otorgados en préstamo, el 45 % correspondía a créditos hipotecarios y el 55 % a créditos simples. Si bien con el impacto de la crisis sus operaciones se vieron limitadas, continuó otorgando préstamos al sector vitivinícola, aunque de manera discontinuada y a pesar de las denuncias sobre irregularidades (Mateu, 1995, p. 126).

La nueva producción de vinos dinamizó la economía por su llegada en mejores condiciones y a menor precio a otros mercados de consumo del territorio nacional, lo cual permitió la multiplicación del empleo y el comercio y la ampliación de la base y recaudación tributaria. Aunque, por un lado, la especialización vitivinícola volvió más vulnerable a la economía provincial frente a los accidentes climáticos y las plagas de la vid o a los cambios en el consumo de vinos; por el otro, ofreció una fuente de recursos tributarios propios que dieron autonomía a los gobiernos provinciales respecto de la administración central. Para las dirigencias políticas, la vitivinicultura

… solo necesita para prosperar que haya tranquilidad pública, facilidades de crédito, protección a su industria vinícola que impida la falsificación de sus productos en el resto de la República y que la naturaleza que sabe devolver con mano pródiga el trabajo del que cultiva el suelo, no lo arrase cuando llega el fruto, con alguna de las plagas que en los últimos años han esterilizado el esfuerzo de todos.^[14]

La dinámica de la crisis, la recuperación y el crecimiento de la producción vitivinícola pueden apreciarse en la composición de la recaudación impositiva (considerada una proxy de la producción) y la evolución de sus valores.

Gráfico 1. Recursos fiscales de origen propio de la provincia de Mendoza, 1892-1899 ($ oro)

Elaboración propia sobre la base de Provincia de Mendoza (1906, p. 22; 1916, p. 232).

El peso preponderante que la actividad vitivinícola cobró en la estructura económica provincial y los ingresos fiscales es evidente en el Gráfico 1. No solo se aprecia el ritmo de crecimiento que adquirió el sector (de la mano de la reactivación de la economía nacional y el aumento sistemático y significativo del consumo per cápita) sino también la especialización de la economía regional. La recaudación del impuesto a los frutos del país (vinos), que solo había representado el 8 % del total de los ingresos provinciales en 1894, escaló al 18 % en 1895 y al 23 % en 1896; al final de la década, alcanzó el 28 %.^[15] De modo que esta evidencia refuerza el argumento según el cual la salida de la crisis de 1890 marcó el despegue de la agroindustria vitivinícola de Mendoza. Igualmente, constituye un contrapunto con la industria azucarera tucumana, que en el trienio 1895-1897 sufrió su primera crisis de sobreproducción (Sánchez Román, 2005).

Los Estados nacional y provincial frente a la crisis

Como se anticipó, las consecuencias inmediatas del colapso financiero de 1890 (depreciación de la moneda, escasez de crédito y circulante, colapso bancario) produjeron un freno en las importaciones. Los sesgos de la estructura productiva argentina hacia la exportación agropecuaria habían colocado en el centro de la escena las discusiones sobre la necesidad de conseguir insumos y bienes manufacturados por vía de la importación para sostener el crecimiento económico, incluso mucho tiempo antes del estallido de la crisis. La política arancelaria ocupó un lugar central en el debate, aun cuando la preeminencia del librecambio como idea y doctrina, las necesidades del erario público y el escaso desarrollo del sector industrial dificultaron cualquier manifestación proteccionista hasta mediados de la década de 1870 (Chiaramonte, 2012). A partir del decenio de 1880, los diputados y senadores del —llamado— Interior propusieron medidas para salvaguardar las producciones de sus regiones (Llach, 2007, pp. 161-175), preocupados también por asegurar nuevas fuentes de ingresos a los Estados provinciales (Balán, 1978; Richard Jorba, 2000; Coria y Ferrari, 2002). Estas disposiciones fueron descriptas como “más desarrollistas” en relación con las que se habían asumido en el pasado (Hora, 2009).

En ese marco, las discusiones sobre el arancelamiento a los bienes de consumo tomaron nuevos bríos. Se trataba de una de las principales categorías de las importaciones. En efecto, aunque tendieron a perder participación relativa, todavía hacia mediados de la década de 1890 este tipo de artículos constituía entre la mitad y dos tercios del valor total importado. En esa amplia categoría, destacaron las bebidas, solo superadas por los textiles y los alimentos (Vázquez Presedo, 1971, pp. 76-78). Dentro de las bebidas, sobresalió la demanda por el vino común ofrecido por socios europeos. A continuación, mostramos la evolución de los principales orígenes y de las cantidades importadas.

Gráfico 2. Participación relativa (en %) de las procedencias del vino común importado por la Argentina y cantidades importadas
(en miles de hectolitros), 1885-1896

Elaboración propia con base en Fernández (2001, p. 527).

Del gráfico anterior, observamos dos cuestiones en torno a 1890. Por un lado, más allá de las fluctuaciones de la segunda mitad del decenio de 1880, las importaciones de vinos comunes tendieron a crecer. Tras la crisis del noventa, disminuyeron notablemente, a tal punto que en los mejores años de la última década decimonónica no superaron prácticamente la mitad de las cantidades importadas durante los picos de 1887 o 1889. Por otro lado, Francia fue la principal procedencia del vino común hasta 1890, representando aproximadamente el 40 % de las cantidades, seguida por España, que significaba un tercio. A partir de 1891, destacó Italia, llegando a concentrar más de la mitad de las importaciones, secundada primero por Francia y luego por España, orígenes que tuvieron una participación similar.

Las fluctuaciones en los volúmenes y en los orígenes de los vinos importados quizás estén ligadas a su arancelamiento. Los gravámenes a los vinos comunes tradicionalmente habían sido ad valorem, llegando a niveles del 40 % desde 1878. En 1883 fueron incluidos entre los productos que tributaban aranceles específicos. Se acordó inicialmente el pago de 5 centavos por cada litro, lo que aumentó a 6 centavos dos años más tarde y a 8 centavos a partir de 1890. Esa fue la barrera que perduró por décadas. Sin embargo, cabe decir que la ley aduanera de 1892 introdujo la novedad de un arancel adicional de un centavo por litro, por grado que excediera el límite de fuerza alcohólica de 18 grados. Entonces se detalló que el tributo suplementario se destinaría exclusivamente a aumentar los fondos de la —recientemente creada— Caja de Conversión. Aunque esta aclaración desapareció de las subsiguientes leyes de aduanas, el impuesto adicional persistió con algunas reformas, como la rebaja del tope a 16 grados en 1893 y a 14 grados en 1894. Ello afectó en particular a los vinos españoles en relación con los italianos y, sobre todo, a los franceses, desatando un conflicto diplomático que terminó con la adopción de un modus vivendi entre la Argentina y España (Fernández, 2004).

La discusión sobre el arancelamiento de los vinos se filtró en la Comisión Revisora de las Leyes Aduaneras y las Tarifas de Avalúos que el Poder Ejecutivo convocó en 1894 a fin de informar sobre la situación de distintos sectores económicos tras algunos años de la crisis del noventa. La Comisión Revisora fue una novedad en la historia institucional del país. El cuerpo, compuesto por un plantel variado de hombres ligados al sector público pero también al ámbito privado,^[16] debatió sobre la materia. En síntesis, existió preocupación por lograr un equilibrio entre las barreras necesarias para resguardar de la competencia foránea a determinados artículos producidos localmente y evitar que tasas altas fomentaran el fraude aduanero (Rayes, 2021b). Por aquellos años, las discusiones sobre el proteccionismo tuvieron eco dentro del Poder Legislativo (Rocchi, 1998, p. 150); en efecto, un tercio de las sesiones se abocaron al tratamiento del azúcar y los vinos.

La Subcomisión de Bebidas consideraba que, al tratarse de artículos que no satisfacían necesidades primordiales, debían ser menos liberales en la fijación de los gravámenes, máxime cuando algunos de ellos eran fabricados en el país y, por tanto, sujetos a impuestos internos. Sin embargo, dadas las probables represalias de socios comerciales, a los que los agroexportadores les temían (Vázquez Presedo, 1979, p. 215), fueron invitados a exponer no solo productores vitivinícolas en nombre de Mendoza y Cuyo, como Francisco Uriburu e Isaac Chavarría, sino también los ministros plenipotenciarios de España e Italia en Buenos Aires, el presidente de la Cámara de Comercio Francesa y expertos, como el jefe de la Oficina de Química Nacional, Pedro Arata.^[17]

La conclusión de la Comisión Revisora fue aumentar el límite de graduación de la fuerza alcohólica de 14° a 18°,^[18] ya que los vinos españoles (y algunos italianos) requerían de mayor graduación para su transporte transoceánico para evitar la fermentación. Para esa resolución, se tomó en cuenta que los vinos españoles eran más baratos que los italianos y los franceses y que el mismo derecho los ponía en desventaja, pudiendo provocar represalias por parte del gobierno español. Luego, el Congreso Nacional decidió que el límite debía elevarse, pero a 17°.^[19]

Estas precisiones sobre la evolución de los aranceles no resuelven, sin embargo, el nivel de protección. En este sentido, en otro trabajo reconstruimos distintos elementos para considerar sus efectos sobre la producción vitivinícola. Para obtener un precio cost, freight, insurance (CIF), estimamos el precio promedio de los vinos españoles, franceses e italianos ponderado según la participación relativa anual de cada uno de los orígenes y el flete marítimo desde Burdeos, Marsella, Génova y Barcelona, de acuerdo a la procedencia de las importaciones de cada año. Como la moneda argentina permaneció inconvertible desde 1885, calculamos el tipo de cambio del peso oro, que era la moneda usada para las transacciones internacionales, con la lira italiana y, desde 1895, con un promedio ponderado que incluyó también a la peseta española y al franco francés. Además, tomamos de las fuentes disponibles los avalúos y los precios del vino a los consumidores de la plaza de Buenos Aires (Olguín y Rayes, 2023).

Gráfico 3. Arancel específico, precio CIF, precio de vino al consumidor en plaza de Buenos Aires y cotización del peso oro en liras, francos y pesetas, 1886-1896

Elaboración propia sobre la base de leyes aduaneras; Rayes et al. (2020, p. 32); El Comercial (1886-1887); República Argentina (1891a-1896); Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Ufficio di Statistica Agraria (1914, pp. 60, 64-67); Bunge (1918, p. 143); Olarra Jiménez (1968, pp. 182-183); Barrio (2010, pp. 28, 186); Federico y Tena-Junguito (2016).

El gráfico anterior muestra que en 1886 y 1887 el precio del vino en Buenos Aires era muy superior al precio CIF (considerado siempre luego del costo del flete) más el arancel específico. De manera que la protección era irrelevante porque igualmente los productos nacionales eran mayores que los internacionales. La agroindustria nacional se encontraba en una etapa incipiente y el consumo interno se abastecía principalmente de vinos europeos. Esta situación cambió con la crisis. En 1891, la producción había aumentado y los precios habían bajado. A pesar de la caída del precio internacional y de la apreciación del peso oro respecto del promedio ponderado de las monedas de los países de origen de las importaciones, los aranceles al vino se incrementaron reforzando el efecto protector de las nuevas condiciones de la economía nacional (frente a la escasa incidencia de los insumos importados). A partir de 1894, esta situación se profundizó. Se observa, entonces, que sin dicho derecho el vino local no podía competir con las importaciones. En suma, la mayor competitividad del producto nacional se debió a la caída de su precio y al aumento del impuesto, producido a partir de la crisis del noventa. Esta evidencia refuerza la idea de Roca de que la protección arancelaria era el principal incentivo para la expansión de la producción nacional.

Cabe señalar dos cuestiones: por un lado, que el avalúo, cuya relevancia en este caso es solo como referencia porque a los vinos se les aplicaban gravámenes específicos y no ad valorem sobre los valores oficiales, tendió a estar por debajo del precio CIF hasta 1892, cuando lo sobrepasó. Por el otro, notamos que inicialmente la depreciación de la moneda nacional en relación con las monedas de los oferentes internacionales reforzó las barreras a las importaciones frente a la caída del precio internacional (que operó en sentido contrario) durante coyunturas críticas, como el bienio 1890-1891.

De manera complementaria, los elementos anteriores permitieron estimar la tasa equivalente ad valorem a una tasa específica por volumen (arancel/precio CIF) y la tasa de protección efectiva neta de la apreciación o depreciación del oro, entendida como lo primero más el efecto de la apreciación (negativo)/depreciación (positivo) del oro (tasa de variación porcentual anual).

Cuadro 1. Tasas de protección al vino común de mesa, 1886-1896 (%)

Año	Tasa equivalente ad valorem a una tasa específica por volumen (arancel/precio CIF)	Protección efectiva neta de la apreciación/depreciación del oro
1886	61	62
1887	66	64
1888	68	75
1889	65	97
1890	83	114
1891	100	154
1892	132	118
1893	145	141
1894	146	156
1895	79	75
1896	75	61

Elaboración propia sobre la base de las fuentes apuntadas en el Gráfico 3.

Al convertir los aranceles específicos en ad valorem de acuerdo al precio CIF que reconstruimos, notamos que los primeros implicaron una tasa sobre los segundos de más del 60 % en el último lustro de la década de 1880 y de más del 100 % a partir del siguiente decenio. Ello se explica por la suba del gravamen a partir de 1890 pero también por la caída del precio internacional del vino, cuya recuperación desde 1895 hizo que el arancel, intocado, fuera menos protector, aunque todavía por encima de los niveles iniciales. Por su parte, la tasa de protección efectiva neta es congruente con los resultados anteriores, solo que, además del comportamiento de los derechos específicos al vino y del precio de las importaciones, refleja la barrera protectora del tipo de cambio, con tendencia a depreciarse durante el periodo, excepto en algunos años (y la nula incidencia de insumos importados). De hecho, cabe señalar que este indicador es muy sensible al punto de partida, o sea, a la variación de la moneda argentina en relación con la de sus socios comerciales de año a año.

Las tasas de protección, crecientes a partir de la crisis de 1890, están por encima de las más altas consensuadas en términos ad valorem, fijadas entre el 50 % y el 55 %. En este sentido, suponemos que, aunque tal vez no hubiera cabal entendimiento de la protección real por parte de los tomadores de decisiones tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, es probable que supieran que estaban por encima de las que se consideraban razonables para la época. En efecto, una estimación contemporánea sobre la tasa de protección se realizó con la información proporcionada por los boletines de la Cámara Española de Comercio y Navegación de Buenos Aires. El ejercicio estuvo acotado a los vinos que llegaban de España en 1894, a 18 grados, y que debieron pagar el adicional por grado del límite fijado en 14. El resultado fue que la incidencia de los derechos aduaneros sobre el precio internacional CIF era de 126,5 v% (Fernández, 2004, p. 119). En este sentido, suponemos que la crisis de 1890 habilitó, al menos por unos años, la suba de aranceles no solo para proteger a un sector productivo regional sino también por razones fiscales, ya que aranceles superiores implicaban menor salida del oro y, en caso de que las importaciones arribaran, mayor recaudación.

Finalmente, como se puede seguir en el siguiente gráfico, constatamos que la evolución de la tasa de protección efectiva tuvo impacto en el desempeño del volumen importado de vinos comunes, ya que las cantidades tendieron a descender cuando subió la barrera protectora.

Gráfico 4. Tasa de protección efectiva neta (en %) e importación (en miles de hectolitros) de vino común de mesa, 1886-1896

Elaboración propia sobre la base de las fuentes apuntadas en el Gráfico 3.

La información disponible —aunque parcial y fragmentaria— da cuenta de la naturaleza y la magnitud de la transformación vitivinícola en Mendoza. El área sembrada con vid en la provincia pasó de 4721 hectáreas en 1887 a 19.694 en 1900. La elaboración de vinos aumentó de 47.000 hl a 669.200 en el mismo período. La contracara de la expansión de la producción nacional fue la caída de las importaciones de vinos comunes en cascos. Asimismo, el tejido productivo incluía un abanico de pequeños, medianos y grandes bodegueros y exhibía un amplio rango de producción que iba de pocos hectolitros a varios miles de hectolitros. Por su parte, el consumo per cápita en el país (estimado como la relación entre consumo total de vinos nacionales y producción total) acompañó este proceso y escaló de 31 litros en 1895 a 64,6 litros en 1913.^[20]

Gráfico 5. Producción provincial y nacional estimada e importación de vinos (miles de hl) y superficie cultivada con vid en Mendoza (ha), 1886-1899

Elaboración propia sobre la base del Centro Vitivinícola Nacional (1914, p. XXV); Martín (1992, p. 258) (producción de vino de Mendoza estimada a partir de rendimientos de la vid para 1887-1899).

En el Gráfico 5 se aprecia que, a medida que aumentaba la producción de vinos (que seguía el ritmo sostenido del incremento de las hectáreas plantadas con vid), caían las importaciones. Justamente, el principal derrumbe se observa durante la crisis (en 1891) y probablemente coincidió con la maduración de las inversiones de la década previa; a partir de entonces, las importaciones no pasaron la barrera de los 720.000 hl. Por el contrario, cayeron cada vez más hasta perforar el piso de los 520 hl en 1899. Entonces, el volumen de la producción nacional —que había recibido el estímulo de las políticas públicas de promoción y el proteccionismo arancelario— estaba en condiciones de satisfacer el total de la demanda de los inmigrantes de origen europeo en una etapa de rápida expansión del consumo nacional. Se había completado el proceso de sustitución de importaciones de vino e iniciado una etapa de progreso y expansión de la vitivinicultura argentina que, en la víspera del primer centenario de la República, se ubicaría entre los principales países productores de vino del mundo.

Conclusiones

Para cerrar estas páginas, conviene integrar la coyuntura de la crisis del noventa en una perspectiva de más largo plazo. La historiografía ha reconocido que la vitivinicultura se transformó, al menos para las dirigencias políticas mendocinas, en una apuesta productiva desde el decenio de 1870 frente al derrumbe de otras actividades económicas vinculadas al comercio con Chile y otras provincias del país, que terminaron por consolidar la escasez de circulante y la penuria fiscal del Estado provincial. El sector vitivinícola mendocino se desarrolló, en parte, por los cambios en la oferta local (a partir de nuevas plantaciones de vid, técnicas modernas de cultivo y elaboración de vinos, organización del sistema de riego, exenciones impositivas y crédito público) y la creciente demanda nacional de los inmigrantes de ultramar (que coincidió con el período de mayor cantidad de ingreso de personas). Pero también el sector se favoreció, además de estas políticas públicas de promoción y de la conexión ferroviaria, de un fuerte intervencionismo estatal que tuvo como elemento central los gravámenes a los artículos extranjeros con los que competía.

Vista en este marco, la crisis aceleró un proceso de transformación que estaba en ciernes. Si observamos los indicadores del sector, notaremos que tanto la producción de vinos como el área cultivada con vid crecían previo a 1890 y —a pesar de los beneficios impositivos otorgados— la mayor actividad económica había comenzado a repercutir en la recaudación del impuesto a las patentes de bodegas. En este clima de optimismo, el Estado provincial contrató un empréstito en el exterior para crear el Banco de la Provincia de Mendoza, cuya principal función era impulsar el desarrollo vitivinícola.

Al sobrevenir el colapso, las autoridades provinciales se enfrentaron a la imposibilidad de hacer frente al pago de los servicios de la deuda externa. La crisis financiera devino en crisis económica cuando los efectos comenzaron a advertirse en la caída de la producción, el empleo y los ingresos fiscales. Las voces de los nuevos y reconvertidos empresarios también se levantaron para solicitar apoyo. Sin embargo, un análisis minucioso de la dinámica económica entre 1891 y 1894 muestra que el crecimiento en la producción de vinos se dio como respuesta a la caída de importaciones luego del cimbronazo inicial, reacción esperable dadas la depreciación del tipo de cambio, la salida de los circuitos financieros internacionales y la necesidad de equilibrar la balanza comercial. Cabe notar la existencia de cierta correlación entre la performance de las importaciones de vinos comunes y la suba de los aranceles —justificada inicialmente por razones fiscales. A pesar de las barreras “naturales” impuestas por la depreciación de la moneda, la caída del precio internacional del vino y el costo del flete, el proteccionismo fue reforzado con un aumento significativo en los gravámenes. La tasa efectiva aumentó y permaneció muy alta (alcanzó el 156 % en 1894), esto es, en relación con su evolución histórica, y mucho más aún con las de otros países. Luego de 1895, los volúmenes importados nunca recuperaron los niveles previos, dando la posibilidad a los vinos de Mendoza de expandirse hacia centros de consumo alejados de la región circundante.

El saldo de la crisis dejó elementos positivos en el plano fiscal. La gravedad de la situación habilitó —por ley provincial— la colocación de un impuesto específico al vino (que implicó un aumento de m$n 0,12 por hl cobrado por patente de bodegas en 1890 a 0,40 del nuevo impuesto a los frutos del país en 1891), que pronto se convirtió en el principal recurso de origen propio del Estado de Mendoza. Asimismo, el congreso estableció el mismo año un impuesto nacional a los alcoholes (aunque con una alícuota menor). En este sentido, parece claro que los esfuerzos que los estados central y provincial hicieron por apuntalar al sector fueron retribuidos, más temprano que tarde, vía ingresos fiscales.

La resolución de los conflictos abiertos por la cesación de pagos de la deuda externa redundó en beneficios para el estado provincial. Gran parte del capital que había sido constituido con fondos del empréstito fue destinado a aumentar la oferta de préstamo a inversores vitivinícolas y a financiar los presupuestos públicos mediante la emisión de letras de tesorería, aun en la etapa inicial de la crisis; entretanto, los pagos a los acreedores se mantenían suspendidos. Recién en 1900, el gobierno provincial concretó un acuerdo con el nacional para la transferencia de las obligaciones externas. De modo que la provincia ganó un instrumento financiero, cuya única contraprestación durante la vigencia de la crisis, probablemente, fue la aceptación del cobro de impuestos internos al vino por parte de la nación.

Finalmente, sabemos que la crisis de 1890 dio lugar a un nuevo orden económico que perduraría hasta la Gran Depresión de 1930. Las reformas institucionales implementadas potenciaron las condiciones externas e internas favorables para la expansión vitivinícola, sobre la base de un proceso exitoso de sustitución de importaciones que dotó a la economía provincial de nuevas fuentes de riqueza e ingresos públicos. Se cumplieron entonces los anhelos de las dirigencias políticas que veían en la producción de vino la única actividad capaz de conseguir el progreso económico y social de Mendoza.

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