Fronterización, soberanía desafiada y legalidad extraterritorial en la pesca del atún

Celia Ruiz de Oña Plaza^[1] y Víctor Manuel Velázquez Durán^[2]

Introducción: soberanías desafiadas en las fronteras oceánicas

El siglo XXI ha presenciado la creciente importancia de los océanos no solo como espacios de biodiversidad y recursos naturales, sino también como nuevas fronteras extractivas, de gobernanza y de luchas por la justicia social. El modelo dominante de desarrollo de espacios marinos, rotulado bajo el concepto de Blue Growth o Crecimiento Azul ofrece una visión optimista de cómo los recursos oceánicos pueden ser utilizados para lograr un desarrollo sostenible (Barbesgaard, 2018; Havice y Zalik, 2019). Sin embargo, esta narrativa a menudo oscurece las complejidades y contradicciones inherentes a la gestión de los océanos.

En este marco, las nuevas formas de gobernanza y regulación de los espacios oceánicos están reconfigurando profundamente las concepciones tradicionales de territorialidad y soberanía estatal. Como señalan Havice y Zalik (2019), se presencia la emergencia de “fronteras oceánicas” que implican procesos epistemológicos, jurisdiccionales y de mercantilización del espacio y los recursos marinos. Estas dinámicas desafían la noción westfaliana de soberanía territorial exclusiva y demandan nuevos marcos conceptuales para entender la gobernanza de los océanos en el siglo XXI.

La reconceptualización de la soberanía estatal en el contexto de los recursos oceánicos revela una nueva realidad donde las fronteras tradicionales y los conceptos estáticos de territorialidad son constantemente desafiados (ibídem). Esta nueva comprensión de la soberanía, moldeada por la naturaleza móvil de los océanos y los intereses del capital global, se caracteriza por su fluidez y dinamismo (Havice, 2018).

Un aspecto central de estas transformaciones es la creciente tensión entre lo territorial y lo transnacional en la regulación de los espacios marítimos (Foley y Havice, 2016; Havice, 2018). Por un lado, los estados buscan reafirmar su control sobre Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) y sobre recursos pesqueros móviles que entran y salen de estas zonas exclusivas y atraviesan múltiples fronteras jurisdiccionales. Por otro, emergen nuevos regímenes transnacionales de gobernanza, como los esquemas de ecocertificación, que trascienden las fronteras nacionales

En este escenario de constante negociación y redefinición, los Estados se ven obligados a negociar con actores no estatales, como corporaciones transnacionales y organizaciones no gubernamentales de certificación, para mantener su soberanía de formas novedosas y adaptativas. Emerge así lo que Vandergeest y Unno (2012) denominan “nueva extraterritorialidad” en la gobernanza oceánica. Sin embargo, estos procesos no implican simplemente una erosión de la soberanía estatal, sino una reconfiguración compleja de la misma que crea nuevas geografías de gobernanza que trascienden los límites territoriales tradicionales (Havice, 2018; Hung y LienHavic, 2022).

La movilidad inherente de los recursos marinos, junto con la fluidez del capital global y la necesidad de una soberanía más flexible, están impulsando innovaciones institucionales que redefinen constantemente los límites espaciales y conceptuales del control estatal sobre los océanos (Havice, 2018). Esta soberanía móvil y adaptativa permite a los Estados mantener su influencia en un entorno marino dinámico, negociando continuamente su autoridad frente a actores no estatales y frente a las cambiantes realidades ecológicas y económicas del océano (Hung y Yu-Hsiu, 2022).

En este contexto, y bajo los discursos políticos de la sustentabilidad, la ecocertificación transnacional de productos pesqueros, como el atún, emerge como un nuevo actor en la gobernanza de los océanos, y plantea desafíos a las nociones tradicionales de soberanía estatal, a la vez que genera nuevas tensiones en la gestión de los recursos marinos compartidos.

Este capítulo analiza el caso específico de la frontera marítima entre México y Guatemala, una zona rica en biodiversidad pero también marcada por la presión pesquera y la presencia de flotas internacionales. En los mares territoriales de la costa de Chiapas, México, la industria atunera está experimentando una transformación significativa debido a la implementación de la certificación del Marine Stewardship Council (MSC), una de las más preeminentes iniciativas de ecocertificación transnacional (Ponte, 2006, 2008, 2012; Foley y Havice, 2016). A partir del análisis de la ecocertificación del atún por la MSC, se busca comprender cómo este mecanismo de gobernanza extraterritorial redefine la gestión de la frontera y de qué manera desafía la soberanía estatal mexicana. Este fenómeno plantea interrogantes cruciales sobre la gobernanza de los recursos marinos y las dinámicas de poder en las zonas fronterizas marítimas.

El posicionamiento teórico-metodológico del presente artículo se centra en los diálogos entre la Geografía Política Crítica, la Economía Política, la Ecología Política y el estudio de los mares y océanos como espacios socialmente construidos.

A diferencia de la Geografía Política Clásica, que se centraba principalmente en estudiar el poder ejercido de manera vertical por parte del Estado en el territorio que comprende su jurisdicción, la nueva Geografía Política Crítica (NGPC) desarrolla un estudio más complejo del poder, argumentando que su reproducción en la sociedad es compleja, fragmentada y multipolar. En otras palabras, la geografía política ha dejado de estudiar la centralidad absoluta del Estado, para reconocer múltiples centralidades y/o nodos de actores y grupos que ejercen formas específicas del poder, en distintas escalas territoriales (Nogué y Vicente, 2001; Taylor y Flint, 2018; Smith, 2020).

La Economía Política permite comprender cómo se distribuyen los costos y beneficios de las ecocertificaciones instrumentadas en las cadenas de valor pesqueras, con el fin de identificar a los actores que concentran los mayores beneficios de las estrategias de valorización de los recursos pesqueros y, al mismo tiempo, evidenciar las distintas formas de exclusión y/o marginalización de la diversidad de agrupaciones de pescadores artesanales en los proyectos de certificación (Ponte, 2008, 2012; Ponte et al., 2011).

Por su parte, la Ecología Política nos permite comprender la influencia de las relaciones de poder en los procesos de gobernanza marina-oceánica; la gama de injusticias ambientales que se producen ante las marcadas asimetrías de poder en los procesos de toma de decisiones; las narrativas que emergen para legitimar determinados instrumentos de gestión de los recursos marinos (Áreas Naturales Protegidas, Ecocertificaciones), así como las variadas trayectorias de gobernanza que se producen en función de los dispositivos tecnológicos e institucionales que despliegan actores con amplios recursos de poder sobre los mares y océanos (Bennett, 2019).

En este sentido, el presente capítulo coincide con el argumento de Anderson y Kimberley Peters (2014) de que los mares y océanos no son espacios vacíos o no lugares; por el contrario, son una construcción social e institucional incesante en la cual diversos actores sociales colaboran o compiten por la apropiación de los recursos marinos y pesqueros (Steinberg y Peters, 2015; Ntona y Schroder, 2020). Los diversos procesos de apropiación de los recursos marino-pesqueros dan lugar a distintas territorialidades y fronteras sobre los océanos: 1) Fronteras jurisdiccionales que marcan el área de influencia de la autoridad de una entidad legalmente constituida, como son las ZEE que definen los Estados-Nación para reclamar sus derechos de propiedad en el territorio marino; 2) Las Fronteras Extractivas que marcan los límites de la extracción de recursos marinos por parte de agentes públicos y privados, y que se sustentan en regulaciones estatales o transnacionales; 3) Las Fronteras Tecnológicas que se configuran a partir de las técnicas y procesos que desarrollan actores con amplios recursos económicos para acceder a áreas consideradas previamente como inalcanzables por la distancia o la profundidad, en donde se articulan cadenas productivas transnacionales de recursos altamente valiosos; 4) Las Fronteras de la Conservación Ambiental o Ecofronteras Oceánicas, que se refieren a áreas geográficas delimitadas por los Estados-Nación, Instituciones multilaterales u ONG nacionales-transnacionales destinadas a la conservación de los ecosistemas y recursos marino-costeros; y 5) Las Fronteras Simbólicas, que son producto de las experiencias, las prácticas, los conocimientos ancestrales y la apropiación cultural de diversos grupos sociales (Havice y Zalik, 2019; Hung y Yu-Hsiu, 2022).

Bajo este marco de discusiones, nuestro trabajo busca responder a las siguientes preguntas de investigación relacionadas con la instrumentación de ecocertificaciones en contextos territoriales marino-costeros particulares: ¿de qué manera la certificación MSC está redefiniendo las fronteras marinas más allá de los límites legales establecidos por el Estado mexicano? ¿Cómo influye la materialidad del océano, incluyendo las corrientes marinas y la migración del atún, en las formas de territorializar el mar y en el control de las fronteras nacionales? ¿Qué implicaciones tiene la certificación MSC para la soberanía del Estado mexicano en sus aguas territoriales? ¿Cómo están respondiendo los pescadores artesanales a su exclusión del sistema de certificación y qué estrategias de adaptación están desarrollando?

A través de un análisis crítico de la literatura sobre ecocertificación y gobernanza de los océanos y con base en el análisis de fuentes documentales, entrevistas con diversos actores del sector, incluyendo representantes de empresas pesqueras, capitanes de barcos atuneros y pescadores artesanales, así como observaciones directas de las operaciones pesqueras, se busca desentrañar las implicaciones de la ecocertificación en la frontera marítima México-Guatemala y en torno a un recurso, el atún, de importancia mundial, pero también clave en la seguridad alimentaria de las poblaciones pesqueras de la zona.

Argumentamos que la ecocertificación transnacional del atún, impulsada por actores no estatales, se ha constituido como una forma de “regulación no estatal” que permite a ciertos grupos privados y organizaciones reclamar autoridad sobre los recursos pesqueros altamente móviles que fluyen a través de múltiples jurisdicciones. Estos actores se articulan con redes globales de producción e impulsan formas extraterritoriales de gobernanza oceánica que desafían y cuestionan los límites fijos y estáticos de soberanía estatal sobre los mares y océanos.

Buscamos también comprender cómo las múltiples materialidades del océano desafían y redefinen las formas tradicionales de territorialización estatal y obligan a los Estados a adoptar enfoques innovadores y flexibles de “territorialización azul” (Havice, 2018; Hung y Lien, 2022) y “soberanía graduada” (Ong, 2006) para imponer su soberanía y gestión sobre recursos marinos móviles o inaccesibles –hasta no hace mucho– como el lecho marino y sus minerales. Concluimos que, si bien las certificaciones pueden contribuir a la sostenibilidad ambiental, también pueden generar nuevas formas de “fronterización” extractiva del mar, donde actores no estatales adquieren mayor poder e influencia en la gestión de los recursos, con potenciales impactos en la soberanía de los Estados y en la equidad social de las comunidades pesqueras locales.

El texto se organiza de la siguiente manera: primero, presentamos una revisión teórica sobre la naturaleza fluida de las fronteras marinas y las críticas a los procesos de ecocertificación transnacional. Luego, examinamos en detalle el caso de la certificación del Marine Stewardship Council (MSC) en la industria atunera de Puerto Madero, Chiapas,^[3] analizando cómo este mecanismo reconfigura las fronteras marinas y las dinámicas de poder. Prestamos especial atención al impacto de la certificación en los pescadores de pequeña escala y a la tensión entre la soberanía estatal y la gobernanza extraterritorial. Finalmente, concluimos reflexionando sobre cómo las ecocertificaciones están produciendo nuevos procesos de fronterización en el mar, redibujando no solo fronteras geográficas, sino también fronteras de recursos, de mercantilización y de conservación. Argumentamos que estos procesos están creando una forma de “soberanía oceánica híbrida” que combina elementos de gobernanza estatal, privada y transnacional, desafiando las nociones tradicionales de soberanía territorial y creando nuevas geografías de poder en el espacio marino. A través de este análisis, buscamos desentrañar las complejas dinámicas que surgen en la intersección de la ecocertificación transnacional, la soberanía estatal y las realidades locales en la frontera marítima México-Guatemala.

La naturaleza fluida de las fronteras marinas: un desafío para la soberanía estatal tradicional

La conceptualización tradicional de las fronteras estatales, fundamentada en la noción westfaliana de soberanía territorial, se enfrenta a desafíos significativos en el ámbito marino. La naturaleza fluida, tridimensional y dinámica de los océanos desafía la aplicación directa de los principios de demarcación territorial que han sido predominantes en la gobernanza terrestre. Como señalan Steinberg y Peters (2015, p. 247), “el mar tiene una profundidad tridimensional; tiene forma material como (más a menudo, pero no siempre) un líquido; y está en constante movimiento”. Este escenario complejo exige una reconsideración profunda de cómo se ejerce y se mantiene la soberanía estatal en los espacios marítimos.

La movilidad inherente de los recursos marinos, ejemplificada por las poblaciones de peces migratorios como el atún, trasciende las fronteras geopolíticas establecidas. Esta característica pone de manifiesto la inadecuación de los enfoques tradicionales de gestión de recursos basados en límites fijos, a semejanza de los procesos de demarcación terrestre. Havice y Zalik argumentan que “a medida que los estados utilizan reclamos soberanos para producir territorio o hacer reclamos sobre cosas o espacios que están en movimiento y abarcan fronteras políticas, desestabilizan y reformulan las divisiones orientadas nacionalmente entre costa y mar, doméstico y extranjero” (2019, p. 128).

Existe una disputa constante entre los Estados-Nación por el reclamo de su soberanía sobre determinadas áreas geográficas de los océanos, disputa que alcanza su máxima expresión en las zonas transfronterizas. La lucha por controlar el acceso al recurso marino se expresa en el continuo reacomodamiento de las fronteras extractivas de recursos pesqueros de alto valor para el mercado internacional (Steinberg, 2009; Steinberg y Peters, 2015). Los vacíos legales e institucionales de los gobiernos facilitan la apropiación y el control de los recursos marinos por parte de flotas industriales de pesca, situación que pone de manifiesto cómo las fronteras extractivas continuamente se están expandiendo o reconstruyendo; es decir, que son fronteras elásticas que están en constante movimiento (Havice, 2018; Havice y Zalik, 2019; Hung y Yu-Hsiu, 2022).

El caso del atún, como especie marina altamente migratoria, ejemplifica cómo los recursos marinos generan nuevas fronteras y procesos de territorialización ante la incesante disputa entre actores por el control de estos recursos, que atraviesan múltiples jurisdicciones. Sin embargo, la protección efectiva de los mismos requiere que los Estados negocien y cedan parcelas de su soberanía en favor de regímenes de gestión transnacionales.

En un intento por ejercer la autoridad soberana, los océanos llevan un tiempo siendo objeto de procesos de fronterización que implican la demarcación y gestión de áreas marítimas bajo la jurisdicción de un Estado, entre los que se incluyen la creación de ZEE y de áreas de conservación marina. A través de estas demarcaciones, los Estados buscan extender la soberanía estatal más allá de las fronteras terrestres tradicionales. Esto conlleva, no obstante, una considerable inversión en tareas de vigilancia y control que entraña desafíos a la autoridad estatal, particularmente ante la inmensidad de las zonas marítimas a controlar y la movilidad del recurso marino.

La materialidad fluida de los océanos invita entonces a reflexionar sobre las múltiples configuraciones que adquiere la soberanía territorial del Estado-Nación, y sobre cómo múltiples actores estatales y no estatales generan estrategias para controlar y aprovechar recursos pesqueros altamente móviles como el atún (Bear y Eden, 2014; Havice, 2018). Lo anterior se expresa en la superposición de distintas territorialidades y fronteras sobre el mar que, a menudo, entran en conflicto.

Esta realidad cuestiona la noción de zonas marítimas desterritorializadas o completamente vacías (Havice y Zalik, 2019). Por el contrario, los espacios oceánicos son escenario de constantes intentos de control y apropiación por parte de diversos actores y grupos de interés, particularmente en relación con los recursos pesqueros móviles. En este contexto, la pregunta clave no es si existen procesos de territorialización en el océano, sino cómo se desarrollan los múltiples procesos de apropiación, territorialización y reterritorialización del espacio marino-oceánico en diversos contextos geográficos (Steinberg, 2015; Havice, 2018). Estos procesos, englobados bajo la noción de “territorialización azul”, aluden a la necesidad de los Estados de aplicar estrategias tecnológicas y ecológicas diferenciadas para controlar eficazmente los recursos y proteger los ecosistemas marinos.

En conclusión, en el siglo XXI, los Estados se ven obligados a navegar un complejo entramado de intereses, actores y dinámicas ecológicas que trascienden los límites tradicionales. Como afirman Havice y Zalik, “la materialidad de los océanos influye en todos estos procesos oceánicos emergentes e intersecantes a través de los cuales se abordan y rehacen los ‘bordes’ de los océanos” (2019, p. 220). El desafío radica en desarrollar modelos de gobernanza que puedan reconciliar la necesidad de proteger los intereses nacionales con la realidad de un espacio marino interconectado y en constante flujo. Esto implica no solo una adaptación de las estructuras legales y políticas, sino también una evolución en la forma en que se conciben la autoridad y la responsabilidad en los océanos del mundo.

Las críticas a los procesos de ecocertificación transnacional

La emergencia de nuevos actores en el escenario marítimo, como las corporaciones transnacionales y las organizaciones no gubernamentales involucradas en la certificación ecológica, introduce nuevas capas de complejidad en la delimitación de las zonas de control estatal. Vandergeest y Unno (2012, p. 1) argumentan que esto crea “soberanías desagregadas y diferenciadas”, donde el poder de decisión sobre los recursos y las prácticas marinas se distribuye entre una multiplicidad de entidades, lo que se constituye en una forma de desafío a la noción de soberanía estatal exclusiva.

Además, la tendencia de los Estados a favorecer a las flotas industriales que cuentan con ecocertificaciones, como en el caso de la pesca del atún destinada a los mercados del Norte Global, revela una tensión fundamental en el ejercicio de la soberanía marítima. Por un lado, los Estados buscan afirmar su control sobre los recursos dentro de sus ZEE. Por otro lado, la presión por adherirse a estándares internacionales y acceder a mercados globales los lleva a ceder parte de su autoridad regulatoria a esquemas de certificación privados.

Lo anterior conlleva una privatización del océano, en sus múltiples dimensiones —recursos, espacio, gobernanza y conocimiento—, que representa otro vector de transformación de la soberanía estatal en el mar. Este proceso, al transferir derechos y responsabilidades a actores privados, puede erosionar la capacidad del Estado para ejercer un control efectivo sobre sus dominios marítimos. Sin embargo, como señala el análisis interdisciplinario de la privatización oceánica (ver Schlüter et al., 2020), este fenómeno no debe ser visto de manera simplista como positivo o negativo, sino que requiere una evaluación matizada que considere sus múltiples implicaciones sociales, económicas y ecológicas.

Un concepto teórico central a la crítica de las ecocertificaciones es el de “extraterritorialidad legal moderna” (Vandergeest y Unno, 2012). Este término describe cómo las certificaciones crean espacios regulatorios que trascienden las fronteras nacionales, desafiando así la noción westfaliana de soberanía estatal. Como argumentan Vandergeest y Unno, estas certificaciones “replican aspectos de la extraterritorialidad legal de la era colonial” (2012, p. 358), puesto que llegan a establecer una forma de autoridad que opera más allá del control directo de los Estados-Nación. La imposición de estándares desarrollados principalmente en el Norte Global a productores del Sur Global evoca lo que los críticos ven como una “misión civilizadora” moderna (ibídem), y apunta al potencial de las ecocertificaciones para replicar dinámicas de poder neocoloniales (Freidberg, 2007).

El resultado de estos procesos es que las ecocertificaciones pueden facilitar el control de los recursos marinos por parte de actores poderosos del Norte Global y detonar procesos de “acaparamiento de océanos” (Barbesgaard, 2018; Andriamahefazafye, 2020; Andriamahefazafye et al., 2020). A través de estos procesos de control del acceso a los recursos y espacios marinos, actores con menor poder de decisión política y con capacidades tecnológicas limitadas, como el sector de la pesca artesanal, pueden quedar excluidos de sus territorios locales de pesca (Ferreria et al., 2022; Márquez, 2022). Como señalan Foley y Havice, “la privatización de la gobernanza a través de la certificación transfiere el derecho más fundamental del colectivo al dominio privado: el derecho a gobernar” (2015, p. 25). Esto puede llevar a la exclusión de actores locales de los procesos de toma de decisiones que afectan directamente sus medios de vida (Foley y McCay, 2014).

La narrativa de inadecuación estatal que subyace a muchas de las justificaciones para la certificación transnacional es particularmente problemática (Foley y Havice, 2016; Nyiawung y Foley, 2024). Al retratar a los Estados del Sur Global como incapaces o no dispuestos a proporcionar protección adecuada a los recursos naturales o a los trabajadores, las ecocertificaciones justifican una intervención externa que puede socavar la soberanía nacional. Esta dinámica refleja lo que Ong (2006) ha llamado “soberanía graduada”, donde el poder regulatorio se distribuye de manera desigual entre actores estatales y no estatales.

La asimetría de poder inherente a los procesos de certificación también se manifiesta en lo que se podría llamar “imperialismo epistémico” (Freidberg, 2007; Jentoft y Chuenpagdee, 2022). Las certificaciones a menudo privilegian formas de conocimiento y prácticas de gestión occidentales en el establecimiento de estándares globales, asociadas con instituciones científicas y reguladoras occidentales (Vandergeest y Unno, 2012; Hung y Lien, 2022; Nyiawung y Foley, 2024). Este fenómeno no solo perpetúa las jerarquías de conocimientos coloniales, sino que también puede llevar a la implementación de estándares que no son apropiados o efectivos en contextos locales específicos y que no logran capturar completamente las complejidades de los ecosistemas locales y las prácticas tradicionales de gestión de recursos (Velázquez y Rosales, 2022).

En este contexto, las organizaciones certificadoras, a menudo radicadas en el Norte Global, tienen el poder de definir qué constituye una práctica sostenible o ética (Stratoudakis et al., 2016). Lo anterior puede desplazar o desvalorizar los conocimientos locales. Son estas organizaciones las que delimitan lo que se podría denominar “territorios de certificación” bajo su supervisión. Estos espacios regulatorios especiales, gobernados por estándares establecidos por organizaciones no gubernamentales o corporaciones transnacionales, operan en una zona gris de gobernanza global (Foley y McCay, 2014; Hung y Yu-Hsiu, 2022) que plantea serias cuestiones sobre la legitimidad democrática y la rendición de cuentas.

En conclusión, mientras que las ecocertificaciones transnacionales se presentan como soluciones innovadoras a los desafíos de la gobernanza ambiental global, una revisión de la literatura crítica indica que pueden perpetuar y exacerbar las desigualdades existentes en el sistema internacional. Las certificaciones se constituyen en una especie de “regulación no estatal” que permite a ciertos actores y grupos, principalmente privados, reclamar su autoridad sobre los recursos pesqueros que fluyen a través de múltiples escalas y jurisdicciones. Estos actores se articulan con redes globales de producción, e impulsan formas extraterritoriales de gobernanza que cuestionan los límites “fijos” y “estáticos” de los Estados-Nación sobre los mares y océanos. Esto significa que los Estados por sí mismos no tienen la soberanía “absoluta” sobre el control y el aprovechamiento de especies marinas móviles y sobre los flujos de capital en el amplio espacio oceánico. No obstante, las certificaciones ambientales se pueden constituir también como estructuras regulatorias complementarias a los marcos legales y normativos de los gobiernos, que contribuyen al control y aprovechamiento sustentable de los recursos marinos móviles (Vandergeest y Unno, 2012; Foley y McCay, 2024; Foley y Havice, 2016). La “extraterritorialidad legal moderna” que encarnan estas certificaciones plantea desafíos significativos a las nociones tradicionales de soberanía estatal y democracia. Pero, ¿cómo se manifiesta esta extraterritorialidad legal en territorios costeros y marinos particulares?

La ecocertificación transnacional del atún: ¿un nuevo actor en la gobernanza de la frontera marítima?

El caso del atún en el Océano Pacífico Oriental ofrece un ejemplo ilustrativo de las nuevas fronteras oceánicas y las transformaciones en la gobernanza marítima. La pesca del atún en esta región ha sido históricamente un espacio de disputa entre diferentes actores estatales y no estatales. La creación de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) en 1949 representó un primer intento de establecer un régimen de gobernanza transnacional para gestionar este recurso móvil que atraviesa múltiples jurisdicciones nacionales (Girard y Santibáñez, 2017). Sin embargo, la expansión de las ZEE a 200 millas náuticas en la década de 1970 introdujo una nueva capa de territorialidad en la que los procesos jurisdiccionales, epistemológicos y de mercantilización se entrelazan en la gestión de un recurso marino transfronterizo (Havice y Zalik, 2019).

La certificación MSC surgió en respuesta a las directrices impuestas por la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) a las cadenas de valor del atún en las aguas del Pacífico americano. Sin embargo, la gobernanza de la CIAT está determinada por la gran influencia de los empresarios atuneros estadounidenses en la definición de una agenda “sostenible” para el atún en la región. En contraste, en México, las directrices de sustentabilidad de la CIAT se implementan a través de la Alianza del Pacífico para el Atún Sustentable (PAST), organización respaldada por empresarios industriales atuneros del norte del país que concentran los recursos gubernamentales destinados a esta actividad y los beneficios económicos de la cadena de valor (Velázquez et al., en prensa).

El Marine Stewardship Council (MSC) es una organización internacional sin fines de lucro que ha desarrollado un sistema de certificación para la pesca sostenible. Fundado en 1996 como una colaboración entre el World Wildlife Fund (WWF) y Unilever, el MSC se estableció con el objetivo de crear incentivos económicos basados en el mercado para promover prácticas pesqueras sostenibles a nivel global (Foley y Havice, 2016; Foley, 2017). La certificación MSC se ha convertido en uno de los estándares más reconocidos en la industria pesquera, operando a través de un sistema de evaluación independiente que verifica si una pesquería cumple con los criterios de sostenibilidad establecidos por la organización. Estos criterios abarcan aspectos como la salud de las poblaciones de peces, el impacto de la pesca en el ecosistema marino y la efectividad de los sistemas de gestión pesquera (Foley, 2017).

El proceso de certificación MSC implica una evaluación rigurosa por parte de auditores externos y, una vez certificada, una pesquera puede utilizar la ecoetiqueta MSC en sus productos. Esta etiqueta permite a los consumidores identificar y elegir productos pesqueros que provienen de fuentes sostenibles.

Además de su enfoque en la sostenibilidad ecológica, el MSC también busca influir en las prácticas de mercado y en las políticas gubernamentales relacionadas con la pesca (Foley, 2017). A lo largo de los años, la organización ha logrado atraer a cientos de pesqueras a su programa y ha asegurado compromisos de importantes minoristas en Norteamérica y Europa para adquirir productos certificados por MSC (Havice, 2018).

Aunque el MSC es una organización no gubernamental, su trabajo está estrechamente alineado con las regulaciones y principios de gestión pesquera desarrollados por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), lo que subraya su papel en la gobernanza transnacional de los recursos marinos (Foley, 2017)

Varias pesqueras de atún en el Pacífico Oriental han buscado la certificación MSC, lo que ha implicado, en primer lugar, la delimitación de áreas marinas en las que operan las flotas certificadas, en lo que se podría denominar “territorios marinos sustentables”. En estos espacios, las flotas certificadas requieren de ajustes en las prácticas de pesca y gestión para cumplir con los estándares globales. Por ejemplo, la introducción de sistemas de monitoreo satelital y observadores a bordo representa una frontera epistemológica que ha transformado cómo se conoce y visualiza la actividad pesquera en el océano abierto, en la gobernanza oceánica, donde el conocimiento científico y las prácticas de auditoría juegan un papel crucial en la definición de la “sustentabilidad” (Foley y McCay, 2014; Foley y Havice, 2016). Estas tecnologías han permitido nuevas formas de vigilancia y control que trascienden los límites territoriales tradicionales, en un claro ejemplo de “nueva extraterritorialidad” (Vandergeest y Unno, 2016; Havice y Zalik, 2019). Así, la definición de los límites de estas áreas, su control y supervisión implican la creación de procesos de fronterización que buscan acotar el espacio marino y reterritorializarlo bajo criterios de sustentabilidad, que no se corresponden necesariamente con las fronteras nacionales, sino que se definen por criterios ecológicos y de mercado. Este fenómeno refleja la mercantilización de la sostenibilidad y la creación de nuevas geografías de valor en el espacio oceánico (Havice y Zalik, 2019).

Breve caracterización de la pesquería de atún en México

A nivel mundial, México ocupa el lugar 15 en producción de atún, estableciendo que dos de cada 100 toneladas que se generan en el mercado son resultado del esfuerzo pesquero de la flota mexicana. En 2020, la producción fue de 118 mil toneladas en peso vivo, 3,2% más que el año anterior, cuyo valor se traduce en dos mil 20 millones de pesos mexicanos (98.691.874,80 dólares estadounidenses) (SADER, 2022). La pesca de atún en México se realiza en la ZEE, así como en aguas internacionales del Océano Pacífico Oriental (DOF, 2023). El atún mexicano se vende enlatado en supermercados y mercados nacionales, así como en filetes y congelado a restaurantes. Los principales países a los que se exporta son Japón, España y Estados Unidos de América (SAGARPA, 2015).

En el estado de Chiapas solo existe un puerto pesquero llamado Puerto Chiapas, en el municipio de Tapachula, en la frontera con Guatemala, que tiene una longitud de atraque de 235 m. En este puerto se encuentra una empresa industrial procesadora de conservas de atún que concentra gran parte de la captura de atún en las aguas del Pacífico que hacen parte de la frontera marítima México-Guatemala. Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Abastecimiento (SAGARPA, 2015), el 99% de las embarcaciones que descargan atún en las costas chiapanecas son embarcaciones ribereñas artesanales, lo que pone de manifiesto que, a pesar del elevado número de embarcaciones menores utilizadas para la captura de atún, los pescadores artesanales son los menos representados en las iniciativas de sustentabilidad enfocadas a la cadena de valor de este producto en Chiapas.

Las principales especies de atún capturadas en Chiapas para el período 2006-2014 son: atún aleta amarilla (122.654.155,99 kg) seguida del barrilete/atún aleta azul (14.803.610,64 kg), mientras que el atún aleta azul produce el menor peso vivo (246.015 kg). Estas especies se capturan en el Océano Pacífico Oriental Tropical (SAGARPA, 2015).

La estructura de gobernanza de la cadena de valor del atún enlatado tiene serias implicaciones socioecológicas en las regiones marítimas y costeras de Chiapas donde se extrae el recurso atunero, ya que los supermercados ofrecen el producto atún todo el año en sus establecimientos, y las empresas procesadoras ejercen una fuerte presión sobre los pescadores para extraer la mayor cantidad de atún posible a un bajo costo. Esto se expresa en una fuerte sobreexplotación del recurso atunero y en el deterioro de los entornos y hábitats marinos donde prospera el atún.

En este contexto, han surgido varias innovaciones socioecológicas en los diferentes nodos y escalas geográficas de la cadena de valor del atún. En el último eslabón de la cadena, los supermercados, generalmente situados en países industrializados, utilizan su poder de mercado para imponer la certificación MSC (Marine Stewardship Council) a lo largo de la cadena. Posteriormente, en el nodo de procesamiento del atún, las empresas situadas cerca de los lugares de captura de los túnidos, como Chiapas, se ajustan a los requisitos de los mercados finales y exigen a los pescadores la certificación MSC para formar parte de su red de proveedores. Por último, en la base de la cadena se encuentran los pescadores de atún con características técnicas, productivas, sociales y organizativas muy diversas, desde grandes flotas industriales hasta las pequeñas embarcaciones de pesca artesanal ribereña, las cuales responden de diferentes maneras al proceso de certificación (Spruyt, 2000; Freidberg, 2007; Havice y Campling, 2017).

Importantes empresas procesadoras de atún de Sinaloa, en el norte de México, abogaron por la certificación MSC del atún aleta amarilla del Pacífico mexicano, que abarca alrededor del 70% de la captura y procesamiento en México. La certificación implica a las Federaciones Regionales de Cooperativas titulares de concesiones de la CONAPESCA –Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura– y a inversores de escala moderada. Sin embargo, las cooperativas de Chiapas quedaron fuera, según un portavoz de la Secretaría de Pesca de Chiapas, lo que llevó a respaldar las actividades industriales en el Pacífico chiapaneco y a marginar a los pescadores locales de pequeña escala de las ventajas de la certificación MSC. Esta observación fue hecha por un representante de la Secretaría de Pesca del estado de Chiapas (entrevista realizada en la oficina de pesca en Puerto Madero, Tapachula, el 17 de diciembre de 2022).

La cadena de valor del atún en México muestra una dinámica de poder desigual, fuertemente influenciada por la sede de la CONAPESCA en Mazatlán, Sinaloa, en donde se concentran las bases de operaciones de las empresas atuneras mexicanas. En este contexto, los grandes empresarios del negocio atunero del norte de México ejercen un importante control político y económico, influyendo en las políticas y acuerdos del sector pesquero para su propio beneficio. Por el contrario, los pescadores de Chiapas carecen de representación y tienen una participación mínima en la toma de decisiones sobre las políticas públicas que afectan a la cadena de valor del atún (Velázquez et al., en prensa).

Desafortunadamente no todos los pescadores chiapanecos tienen los recursos económicos para pagar la certificación del MSC, pues la mayoría de ellos son pescadores artesanales con escasos recursos, y terminan vendiendo su atún a empresas que sí cuentan con la ecoetiqueta para poder exportar. Además, la ecoetiqueta del MSC permite que las grandes embarcaciones atuneras del Norte de México (aparte de las camaroneras) entren a las aguas de Chiapas para capturar el recurso atunero.

El hecho de vivir en una región fronteriza nos dificulta mucho participar en las decisiones que se toman en Mazatlán. Todas las políticas y acuerdos pesqueros tienen que pasar por la oficina de la CONAPESCA en Mazatlán, y para nosotros es prácticamente imposible ser escuchados, porque no podemos viajar hasta allá, y como no estamos en un centro pesquero importante en el país, a las autoridades no les interesa mucho voltear para acá. (Pescador de atún del Estado de Chiapas, Puerto Madero, Tapachula, 12 de diciembre de 2022)

Aunque la CIAT organiza encuentros anuales para incorporar las perspectivas e intereses de los diversos actores en el sector atunero del Pacífico americano, sus iniciativas y regulaciones enfrentan desafíos significativos para adaptarse a la amplia diversidad de contextos ecológicos, sociopolíticos y económicos en los cuales se lleva a cabo la pesca del atún a nivel regional y local.

En cuanto a los Comités Estatales de Pesca, propuestos por el Gobierno mexicano como un mecanismo institucional para fomentar la participación de los pescadores locales y regionales en las decisiones del sector atunero a nivel nacional, su consolidación es limitada debido a la falta del apoyo económico necesario para su funcionamiento y a la coordinación limitada entre las cooperativas pesqueras y la CONAPESCA.

En definitiva, en el sector atunero mexicano prevalece una toma de decisiones centralizada y vertical, con una exclusión generalizada de los pescadores locales de pequeña escala. La certificación beneficia principalmente a las grandes empresas atuneras, privando a los pescadores más pequeños de las ventajas económicas y el acceso sostenible al mercado que promete la certificación. Los desequilibrios de poder dificultan el establecimiento de mecanismos transparentes y responsables que puedan distribuir los beneficios de forma equitativa entre los distintos actores de la cadena de valor del atún a nivel nacional, regional y local (Velázquez et al., en prensa).

Procesos de fronterización en los mares en la frontera marítima México-Guatemala

El papel de las certificaciones ecológicas en la configuración de las fronteras marinas en la frontera marítima México-Guatemala

El caso del atún en el espacio fronterizo ilustra de manera clara las dinámicas de las nuevas fronteras oceánicas y las transformaciones en la gobernanza marítima discutidas arriba. En esta zona transfronteriza, en la que se superponen varios regímenes fronterizos, la pesca del atún se ha convertido en un escenario complejo donde se entrelazan cuestiones de soberanía nacional, legalidad internacional y sostenibilidad ambiental.

En el espacio marítimo transfronterizo Chiapas-Guatemala confluyen flotas pesqueras industriales de atún certificado del norte de México, pescadores ribereños de los municipios costeros del sur de Chiapas y de municipios fronterizos guatemaltecos, flotas industriales camaroneras y de pesca del tiburón nacionales y extranjeras, así como flotas ilegales que navegan sin permiso en el espacio de la ZEE. Hay, además, áreas delimitadas de conservación marina y zonas marítimo-costeras bajo alguna figura de conservación.

La naturaleza difusa e informe de la frontera marina no facilita su identificación ni su gestión político-administrativa. Sin embargo, la frontera marina se concibe como elemento indispensable de control de recursos estratégicos para la economía nacional mexicana, tal y como señala una autoridad aduanera del único puerto industrial chiapaneco, Puerto Madero:

Mucha gente no sabe que los países tienen fronteras en los mares, igual o más importantes que las que están en tierra. Aquí en el mar las fronteras protegen recursos estratégicos como el atún, el cual es muy importante para la economía nacional y la seguridad alimentaria de los mexicanos. (Autoridad de Puerto Madero, 8 de agosto de 2024)

La porosidad de la frontera marina es un factor clave que acentúa la disputa geopolítica y económica de los recursos marinos. Según esta autoridad de Puerto Madero: “Embarcaciones centroamericanas ingresan continuamente a las aguas nacionales. Se han observado también embarcaciones de Estados Unidos, Asia (China, Filipinas, Indonesia), Costa Rica, Ecuador, etc., que ingresan en la ZEE para buscar el atún”.

Es interesante notar que los capitanes de las flotas atuneras entrevistados señalaron que una gran parte de sus capturas se realizan en la zona limítrofe de la ZEE, en donde hay una gran abundancia de atún, y en donde existe una mayor competencia por el recurso con embarcaciones extranjeras.

En los límites de la ZEE hay una competencia fuerte por el atún porque son aguas más profundas con temperaturas más bajas, en donde la corriente norecuatorial jala mucho atún desde Sudamérica hasta Norteamérica, pasando por Centroamérica. El atún aquí en la frontera está en riesgo, es vulnerable, porque las embarcaciones foráneas ingresan a la ZEE buscando el atún, que es un recurso muy preciado y valorado en el mercado. (Tripulante de embarcación atunera, Puerto Madero, 7 de agosto de 2024).

La riqueza en nutrientes de estas aguas y la presencia de importantes bancos atuneros atraen flotas industriales que persiguen este recurso, y evidencian como las características oceanográficas y biológicas del atún influyen en la geopolítica de la pesca en la región. Sin embargo, la posición periférica y transfronteriza de esta zona y su lejanía de los centros de gestión federal ubicados en el Pacífico norte mexicano abren la posibilidad para que las flotas certificadas ocupen el vacío legal dejado por la ausencia del Estado.

Los mares de Chiapas son muy ricos en atún. Desafortunadamente la CONAPESCA está muy lejos de aquí, ellos están en Mazatlán y no pueden supervisar como se desarrolla la pesca de atún en todo el Pacífico de México. Entonces la certificación juega un papel importante para observar y vigilar las prácticas de los barcos atuneros en la zona fronteriza, cuidar el recurso de las embarcaciones ilegales y reforzar la vigilancia en los límites de la ZEE. (Ingeniero de navegación de flota atunera, Puerto Madero, agosto de 2024)

La vigilancia de la frontera jurídico-política se equipara a la vigilancia de la frontera extractiva del atún, y es la ecocertificación la que otorga autoridad y legitima tanto la extracción del atún (sustentable) como el control y vigilancia de posibles flotas invasoras.

No es solo un tema de mercado, sino también de cuidado y control del recurso atunero aquí en la frontera. La certificación nos confiere la autoridad de aprovechar el recurso atunero aquí en la zona fronteriza y, como empresa, el deber de desarrollar prácticas sustentables de pesca del atún. Al estar certificados comprobamos que somos una empresa responsable, que cumplimos con las leyes nacionales e internacionales y que, por tanto, tenemos el derecho a acceder el atún aquí en la zona fronteriza marina. (Capitán de barco atunero, Puerto Madero, agosto de 2024).

En esta dinámica, en la que hay una percepción de amenaza externa frente a las flotas ilegales y extranjeras que buscan capturar un recurso concebido como mexicano, la certificación del Marine Stewardship Council (MSC) juega un papel central. Se entiende como herramienta multifacética que cumple tanto funciones de mercado como de patrullaje nacional. Como explica un ingeniero de una embarcación atunera:

La certificación tiene varios propósitos: salvaguardar el recurso atunero en la frontera Sur, proteger el atún de las embarcaciones foráneas, diferenciarse en los mercados, insertarse en los mercados internacionales, y delimitar una zona de pesca exclusiva del atún, un polígono de pesca certificada al interior de la ZEE. (Puerto Madero, 10 de agosto de 2024).

La vigilancia de estas fronteras marítimas se convierte en una tarea compartida entre el Estado y los actores privados. El mismo capitán añade: “Si vemos alguna anomalía en el mar cuando estamos capturando el atún, por ejemplo alguna embarcación ilegal que está pescando el atún dentro de la ZEE que le corresponde a México, lo reportamos inmediatamente a las autoridades”. Esta declaración ilustra cómo las empresas pesqueras certificadas asumen un rol de vigilancia, complementando –y en cierta medida reemplazando– a la autoridad estatal en estas áreas remotas.

La justificación moral de la certificación se basa en una narrativa de “Estado deficiente”, que alude a lo que Vandergeest y Unno (2012) describen como discursos neocoloniales e imperialistas en los esquemas de certificación. Estos autores argumentan que existe un “imperio de las certificaciones” que refuerza relaciones históricas de dominación en el sistema-mundo, perpetuando asimetrías de poder arraigadas.

El gobierno mexicano es incapaz de vigilar y proteger el atún en las fronteras del voluminoso océano Pacífico. No cuenta con la tecnología necesaria para monitorear las prácticas de pesca de las embarcaciones atuneras nacionales y extranjeras. (Ingeniero de embarcación atunera, Puerto Madero, 10 de agosto de 2024)

Yo creo que nuestra presencia aquí es fundamental porque somos los únicos que estamos vigilando aquí la frontera marina, pues las autoridades mexicanas difícilmente pueden venir hasta acá. El mar es inmenso y necesitamos mucha coordinación para cuidar las fronteras. (Capitán de barco atunero, Puerto Madero, agosto de 2024)

Además, se promueve la narrativa de que los sujetos y objetos de los territorios marinos necesitan ser protegidos y que las agencias certificadoras y ONG transnacionales (a menudo vistas como “salvadores blancos”) son las entidades idóneas para ofrecer dicha protección. Este discurso justifica la producción de territorios certificados a través de una legalidad extraterritorial, lo que permite a estas organizaciones extender su influencia más allá de las fronteras nacionales tradicionales (Vandergeest y Unno, 2012).

En este contexto, los mercados de los países industrializados imponen las certificaciones como un mecanismo de dominación, regulación y subordinación a los actores del Sur Global. Este proceso instrumentaliza las prácticas de los actores locales de acuerdo con los estándares de certificación establecidos externamente.

En esencia, este enfoque crítico sugiere que los esquemas de certificación, lejos de ser herramientas neutrales para la sustentabilidad, pueden funcionar como instrumentos que perpetúan estructuras de poder global preexistentes, reconfigurando la soberanía y el control sobre los recursos marinos en favor de actores transnacionales del Norte Global.

La certificación del MSC en este contexto ejemplifica lo que Havice y Zalik (2019) describen como la reconfiguración de la soberanía estatal en los mares. Este proceso se caracteriza por la emergencia de actores no gubernamentales que reclaman autoridad sobre el control y aprovechamiento del recurso atunero, así como en la ejecución e implementación de las regulaciones sobre la pesca del atún. Como resultado, las empresas atuneras adquieren un rol central en la aplicación de regulaciones para el aprovechamiento sustentable del atún, lo que desafía la noción tradicional de soberanía estatal. En consecuencia, el Estado-Nación ya no ostenta la soberanía absoluta sobre el control de sus mares y los recursos estratégicos como el atún, sino que se ve obligado a compartir y negociar su autoridad con estos nuevos actores en un complejo entramado de gobernanza marítima.

Impacto de la ecocertificación en pescadores de pequeña escala en la costa del Pacífico chiapaneco

La certificación del MSC en la pesca del atún en la frontera marítima México-Guatemala ha tenido un impacto significativo en los pescadores ribereños, y pone de manifiesto las tensiones entre la pesca industrial certificada y la pesca artesanal local. El sistema de pesca ribereño en esta región se caracteriza por su pequeña escala y su importancia para la economía y la alimentación local.

La Asociación de Pescadores Ribereños Langostas del Pacífico, con sus 20 socios, ejemplifica este sistema productivo atunero artesanal. Operan embarcaciones de longitud máxima de 10 metros, capturando aproximadamente una tonelada anual por embarcación. Su área de pesca se extiende desde los 40 km hasta los 120 km de la costa, muy por dentro de la zona donde pescan las grandes flotas certificadas. La importancia del atún para estos pescadores va más allá de lo económico, como lo explica uno de ellos:

Una parte del atún que nosotros capturamos lo guardamos para el alimento en nuestras casas. La carne del atún es muy rica en proteínas. Es una bendición que nosotros podamos pescar el atún en estas aguas, y que podemos llevarlo a casa para la alimentación de nuestros hijos. (Puerto Madero, agosto de 2024)

Los pescadores artesanales comercializan su captura en los mercados locales y regionales, como explica uno de ellos: “El atún es un producto muy valioso para nosotros. Lo vendemos cortado y fresco aquí en las palapas a donde llegan muchos clientes de Tapachula y compradores de varios municipios de la costa de Chiapas”. Esta venta directa les permite obtener un mejor precio por su producto: “Muchos clientes vienen buscando específicamente el atún. Es un producto muy nutritivo y aquí lo dejamos barato ($ 160/kilo)”.

Con la llegada de las flotas atuneras certificadas, las comunidades de pesca ribereña del atún fueron excluidas de sus áreas de pesca atunera y automáticamente declaradas ilegales al no contar con la certificación. Esta situación detonó todo un proceso de resistencia ante las nuevas regulaciones sustentables que favorecían a las grandes flotas certificadas y ponían en peligro las necesidades de subsistencia de las comunidades pesqueras locales.

Varias asociaciones aquí nos movilizamos para que no nos prohibieran pescar atún y barrilete. Un diputado de Tapachula nos ayudó para que CONAPESCA nos permitiera pescar el atún como pesca incidental, y así que no nos multen en capitanía de puertos o que nos confisquen el producto. (Puerto Madero, agosto de 2024)

Los pescadores artesanales han tenido que luchar por mantener su acceso al recurso atunero frente a las presiones de la pesca industrial certificada. Un miembro de la asociación relata esta lucha:

CONAPESCA intentó prohibirnos pescar el atún, porque no contamos con un permiso para pescar el atún o el barrilete, como sí lo tienen las grandes flotas atuneras. Ellos cuentan con permiso y derechos exclusivos de pesca de atún aquí en toda esta zona marina. Incluso están certificados internacionalmente como pescadores reconocidos de atún. Sin embargo, varias asociaciones aquí nos movilizamos para que no nos prohibieran pescar atún y barrilete. (Puerto Madero, agosto de 2024)

Esta movilización resultó en un acuerdo informal que les permite cierto espacio para su actividad. Este acuerdo, aunque precario, representa un intento de coexistencia entre la pesca industrial certificada y la pesca artesanal local.

También logramos acordar que las grandes flotas atuneras respeten una zona de pesca de atún para los pescadores ribereños, entre 40 km y 120 km, en donde se puede encontrar el atún. Las grandes flotas atuneras no tienen permitido ingresar ahí. Ellos pescan más allá de 120 km y hasta 320 km, donde está el límite de la ZEE.

Sin embargo, la certificación del MSC ha creado una nueva forma de exclusión para estos pescadores artesanales. Como señala uno de ellos:

La verdad la certificación del MSC es un lujo que no podemos pagar los pequeños pescadores. ¡Es un sueño imposible! Solo las grandes embarcaciones atuneras pueden pagar la certificación porque exportan el producto y los clientes en Estados Unidos y Europa piden esa certificación.

Esta realidad subraya las desigualdades inherentes al sistema de certificación, que favorece a los grandes actores industriales en detrimento de los pescadores de pequeña escala. Esta marginación no solo afecta su acceso a mercados más lucrativos, sino que también pone en cuestión la narrativa de sostenibilidad promovida por la certificación MSC.

En resumen, la certificación del MSC en la pesca del atún en la frontera marítima México-Guatemala ha tenido un efecto paradójico en los pescadores ribereños. Por un lado, ha reforzado su marginación en el sector pesquero, excluyéndolos de los mercados de exportación y legitimando la presencia de grandes flotas industriales en aguas tradicionalmente utilizadas por la pesca artesanal. Por otro lado, ha provocado una movilización y organización de estos pescadores para defender su derecho a pescar y su papel en la economía y la seguridad alimentaria local. Esta situación de resistencia y reacomodamiento de la pesca artesanal del atún ilustra las complejidades y contradicciones de los esquemas de certificación global cuando se aplican en contextos locales con diversas escalas de producción y diferentes relaciones con los recursos marinos.

Entre la soberanía estatal y la gobernanza extraterritorial: apuntes sobre la reconfiguración de las fronteras marinas

El manejo y control de la captura del atún en la frontera marítima de México con Guatemala pone de manifiesto cómo las nuevas formas de gobernanza oceánica, ejemplificadas por la certificación del MSC, están reconfigurando las nociones tradicionales de soberanía y territorialidad. Este proceso implica la creación de nuevas fronteras extractivas basadas en discursos de sustentabilidad, la redefinición de la autoridad estatal en el mar y la exclusión de actores locales de menor escala. Al mismo tiempo, se evidencia cómo estos actores locales no son pasivos, sino que se movilizan y negocian para mantener su acceso a los recursos marinos vitales para su subsistencia y cultura. Todo esto ocurre en un contexto de competencia internacional por recursos marinos valiosos y móviles que demuestra la complejidad de la gobernanza oceánica contemporánea.

La certificación MSC en la industria atunera de Puerto Madero funciona como un mecanismo complejo que reconfigura las fronteras marinas, redefine las relaciones entre actores estatales y privados, genera dinámicas de poder y exclusión, interactúa con la materialidad del océano y exacerba las tensiones entre la pesca industrial y artesanal. Aunque se presenta como una herramienta de sustentabilidad, en realidad opera como un instrumento de gobernanza transnacional con profundas implicaciones para la soberanía estatal, la equidad en el acceso a los recursos y la gestión sostenible de los océanos.

Este mecanismo de gobernanza transnacional cumple múltiples funciones que van más allá de ser un simple instrumento de mercado. Por un lado, legitima la presencia y operación de las grandes empresas atuneras en la ZEE de México. La certificación MSC también contribuye a la creación de “territorios certificados” dentro de la ZEE, estableciendo áreas de pesca exclusiva para las empresas certificadas. Este proceso de fronterización no solo es físico sino también simbólico, ya que diferencia entre prácticas de pesca consideradas “sustentables” y “no sustentables”. De manera paradójica, sirve como una herramienta para reforzar la soberanía del Estado mexicano sobre el recurso atunero en una zona fronteriza compleja de la mano de agentes privados.

Para el Estado, la certificación del atún se torna una herramienta estratégica que permite establecer alianzas con las principales empresas industriales del sector atunero, lo que le facilita mantener un control indirecto sobre esta industria altamente redituable para el Gobierno federal. De esta forma, la relación entre el Estado mexicano y las empresas atuneras certificadas revela una compleja dinámica de colaboración y competencia en la gobernanza de los recursos marinos. Existe una clara alianza estratégica basada en intereses económicos compartidos y en la necesidad de control territorial. Sin embargo, ante la limitada capacidad del Estado para vigilar la vasta ZEE, las empresas certificadas asumen un papel de vigilancia delegada. Esta situación crea una forma de soberanía compartida, donde la certificación genera una autoridad que trasciende las fronteras nacionales, complementando y desafiando simultáneamente la soberanía estatal.

La implementación de la certificación MSC ha generado claras dinámicas de poder y exclusión en la industria pesquera local. Las grandes empresas atuneras concentran el poder económico y tecnológico, poseen flotas de gran capacidad, plantas de procesamiento y acceso a mercados internacionales. En contraste, los pescadores artesanales quedan marginados del sistema de certificación.

Esta división se refleja en un acceso diferenciado a los recursos marinos y en las narrativas de legitimación utilizadas por las empresas certificadas, que justifican su posición privilegiada en términos de sustentabilidad y responsabilidad. No obstante, los pescadores artesanales han desarrollado estrategias de resistencia y adaptación, como la formación de asociaciones y la negociación de zonas de pesca específicas. Queda por explorar, si este achicamiento de las áreas de pesca de atún de los pescadores tradicionales es suficiente para mantener el nivel de captura ante la cada vez más numerosa presencia de flotas industriales en la zona.

Las diferencias entre la pesca industrial certificada y la pesca artesanal generan tensiones significativas en el espacio costero-marítimo del Pacífico chiapaneco, cuya expresión se exacerba en la frontera marítima entre el Estado mexicano y el guatemalteco. Estas tensiones se manifiestan en la escala de operación, en el acceso a mercados, en la tecnología y capacidad de afectar el medio marino; también en la instrumentalización de las narrativas de sustentabilidad que favorecen la pesca industrial del atún frente a la valoración cultural; y en la delimitación de una rezonificación del mar con potenciales implicaciones de restricción a caladeros.

Mientras las empresas certificadas operan a gran escala y acceden a mercados internacionales, los pescadores artesanales se limitan a mercados locales y regionales. Frente al prestigio internacional que otorga la certificación, a menudo el pequeño pescador es objeto de narrativas que lo retratan como menos regulado, o directamente como una amenaza a la sustentabilidad. La definición de qué y quién es sustentable deja al margen al pescador tradicional. La sustentabilidad se concibe y equipara entonces de manera exclusiva a las prácticas de pesca de las flotas atuneras certificadas. Esta negación y borrado de las prácticas tradicionales de pesca atunera en la costa chiapaneca son resultado directo del apoyo ofrecido por el Estado a la certificación internacional, mientras establece sanciones a las pesqueras locales, activamente excluidas de los procesos de certificación.

Finalmente, el Estado busca a través de la ecocertificación un mecanismo para reforzar el control del atún en la zona fronteriza. Esto, no solo a través de la delegación de funciones de vigilancia y control fronterizos en manos de embarcaciones atuneras; sino también a través de las narrativas identitarias nacionalistas que califican al atún “como nuestro atún, como propiedad de la nación mexicana y en riesgo de que nos lo roben” (comentario extraído de las conversaciones mantenidas con personal de las empresas atuneras y capitanes de barcos atuneros). Esto es particularmente relevante ante la incesante presencia de embarcaciones ilegales, y permite al Estado reclamar su soberanía sobre el atún en los límites fronterizos marinos de manera más efectiva.

Este proceso contribuye a lo que podría denominarse una “fronterización del mar”. Mediante la delimitación de un polígono de pesca exclusivo para el atún certificado, el Estado crea nuevas fronteras marítimas basadas no solo en límites geográficos tradicionales, sino también en prácticas de pesca certificadas. Esta estrategia permite al Estado extender su influencia y control más allá de las fronteras terrestres convencionales, creando nuevos espacios de gobernanza en el ámbito marino.

En este contexto, se ha observado una alianza estratégica entre el Estado mexicano y las grandes empresas atuneras certificadas. Esta relación se caracteriza por una delegación de facto de las responsabilidades de vigilancia y control de la ZEE a las empresas privadas, una situación que surge debido a la limitada capacidad del Estado para monitorear eficazmente estas vastas áreas marinas. Esta dinámica plantea interrogantes sobre la naturaleza cambiante de la soberanía estatal en los espacios oceánicos.

La implementación de la certificación MSC ha generado una clara división entre los actores de la industria pesquera. Las grandes empresas atuneras, con capacidad financiera y técnica para obtener y mantener la certificación, disfrutan de un acceso privilegiado a los recursos pesqueros y a los mercados internacionales. En contraste, los pescadores artesanales se encuentran marginados de este sistema, enfrentando barreras significativas para acceder a la certificación y, por ende, a mercados más lucrativos. Esta situación ha exacerbado las desigualdades existentes en el sector pesquero.

En esencia, la certificación del atún se convierte en un instrumento que el Estado utiliza para reafirmar y redefinir su soberanía en el mar en coalición con agentes privados que ejercen funciones públicas, a la par que el Estado se pliega y adapta a las exigencias del mercado global como forma de mantener el control sobre sus recursos marinos estratégicos a lo largo de la cadena de valor de los mismos.

Reflexiones finales

La investigación sobre la certificación del Marine Stewardship Council (MSC) en la pesca del atún en México revela una compleja reconfiguración de las fronteras marinas y de las dinámicas de poder en la industria pesquera que evidencia cómo las ecocertificaciones están efectivamente redibujando las fronteras en el mar en al menos las tres dimensiones identificadas por Havice y Zalik (2019): a) en las fronteras de recursos la certificación MSC crea nuevas delimitaciones en el océano basadas en quién tiene derecho a explotar los recursos atuneros. Esto se materializa en la creación de “polígonos de pesca certificada” que funcionan como nuevas fronteras de facto en el mar; b) en las fronteras de mercantilización: la certificación establece nuevas fronteras entre lo que se considera “atún sostenible” y lo que no, creando así nuevas formas de valorización y mercantilización del recurso marino; c) en las fronteras de conservación: al establecer estándares de “pesca sostenible”, la certificación también dibuja nuevas líneas entre áreas “protegidas” y áreas de explotación, reconfigurando así las nociones de conservación marina.

La materialidad fluida del océano añade una capa adicional de complejidad a esta reconfiguración de la soberanía y las fronteras. El movimiento constante de las aguas y la migración de las especies marinas desafían los intentos de establecer fronteras fijas. Esta realidad ecológica subraya la tensión inherente entre la fluidez del medio marino y los intentos de imponer estructuras de gobernanza rígidas (Bear y Eden, 2014). Las ecocertificaciones y las políticas estatales impulsan un proceso de fronterización del mar bajo lógicas terrestres de control y soberanía sobre un medio que fundamentalmente las resiste. Este proceso de producción de nuevas fronteras en el mar se manifiesta en varios niveles: 1. En el de las fronteras legales, a través de la delimitación de la ZEE y de la creación de “territorios certificados” dentro de ella; 2. En torno a la emergencia de fronteras tecnológicas, definidas mediante el uso de sistemas de geoposicionamiento y vigilancia satelital para monitorear y controlar el espacio marino; 3. En la dimensión biofísica delimitada por fronteras ecológicas, que se configuran en torno a las zonas de pesca demarcadas por la presencia y movimiento de poblaciones de atún.

Esta fronterización está destinada a ser parcial y constantemente desafiada. La fluidez del medio marino, la movilidad de sus recursos y la dificultad de vigilancia constante crean lo que se podría llamar “fronteras porosas” o “fronteras fluidas”. En este contexto, el atún emerge no solo como un recurso a ser explotado, sino como un agente activo en la configuración de fronteras marinas y en los procesos de fronterización. Las migraciones del atún, influenciadas por corrientes oceánicas y cambios en la temperatura del agua, efectivamente “dibujan” fronteras móviles que las flotas pesqueras y los sistemas de certificación intentan seguir y controlar. La presencia o ausencia de atún en ciertas áreas marinas influye directamente en cómo se configuran los “territorios certificados” y las zonas de pesca.

En conclusión, las ecocertificaciones están produciendo una forma de “soberanía oceánica híbrida” (Foley, 2017) que combina elementos de gobernanza estatal, privada y transnacional. Esta hibridación desafía las nociones tradicionales de soberanía territorial y crea nuevas geografías de poder en el espacio marino. Al mismo tiempo, reproduce formas de exclusión y jerarquía que tienen ecos de relaciones coloniales pasadas y que operan todavía en un eje geopolítico Norte-Sur (Vandergeest y Unno, 2012; Velázquez y Rosales, 2022; Nyiawung y Foley, 2024).

En torno al dilema de cómo las ecocertificaciones están modificando la soberanía estatal en el medio fluido del mar y redibujando fronteras (cuestionamiento central de este capítulo), argumentamos que, en la frontera marítima entre México y Guatemala, las certificaciones están creando un nuevo régimen de gobernanza extraterritorial que reconfigura la soberanía estatal mexicana, graduándola y compartiéndola con actores privados y transnacionales. Este proceso está redibujando las fronteras marítimas no solo en términos geográficos, sino también en términos de acceso a recursos, valorización de productos marinos y conceptualizaciones de conservación. Todo esto ocurre en el contexto fluido y dinámico del océano, que constantemente desafía los intentos de imponer orden y control sobre sus aguas.

Esta reconfiguración tiene implicaciones profundas para la gestión de los recursos marinos, en términos de equidad en el acceso a estos recursos y en el ámbito de las relaciones de poder entre estados, corporaciones multinacionales y comunidades locales. Plantea preguntas cruciales sobre la naturaleza de la soberanía en la era de la gobernanza ambiental global y sobre cómo se pueden conciliar las demandas de sostenibilidad con las necesidades de justicia social y autodeterminación local.

En sintonía con los trabajos de Velázquez y Rosales (2022), Eko et al. (2024) y Nyiawung y Foley (2024), esta investigación evidencia que la implementación de la certificación del MSC del atún adquiere una dinámica de gobernanza específica en la frontera marítima México-Guatemala, un espacio donde confluyen actores con disímiles recursos económicos, tecnológicos y de poder en la estructuración de la cadena de valor del atún, y en donde las lógicas del mercado global se imponen en la delimitación de “fronteras extractivas” o “territorios certificados” basados en un discurso de sustentabilidad que margina las prácticas, conocimientos e intereses de los pequeños pescadores artesanales ribereños.

En última instancia, esta reflexión nos lleva a cuestionar la viabilidad a largo plazo de los modelos actuales de gobernanza marina basados en certificaciones y delimitaciones rígidas. Sugiere la necesidad de desarrollar nuevos paradigmas de gestión y conservación que sean más acordes con la naturaleza fluida y dinámica del medio marino, a partir del reconocimiento de la agencia (no humana) de las especies marinas y de la interconexión fundamental de los ecosistemas oceánicos más allá de las fronteras humanas impuestas.

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