Una mirada desde la historia

Ana A. Teruel^[1]

Introducción

En este capítulo^[2] se propone tratar la conformación de la frontera entre los territorios de la Argentina y Bolivia, en el momento de las fundaciones de las ciudades emblemáticas a ambos lados de la línea divisoria: La Quiaca y Villazón, respectivamente, en las primeras décadas del siglo XX. Se parte de la necesidad de pensar los procesos históricos con un abordaje que supere las líneas divisorias entre Estados. Contrariamente, las historias nacionales, en general, han estado poco atentas a la necesidad de ampliar el foco de observación a los territorios adyacentes a las líneas divisorias internacionales. Si bien es cierto que la frontera separa territorios con distintas pertenencias estatales, lo es también que sobre ella se asientan relaciones económicas y sociales que se encargan de borrar dicha línea divisoria. En esta lógica, la frontera deja de ser solo una línea y se transforma en un espacio formado por las múltiples relaciones y procesos históricos que en él se desarrollan.

La frontera, entonces, puede ser abordada como una región histórica, analizando las relaciones que, como parte, establece con el todo. Justamente, una de las bondades del recorte regional como instrumento analítico es que permite percibir procesos que las denominadas historias nacionales soslayan. En particular, esto es útil al abordar el siglo XIX, cuando el Estado nacional en los países latinoamericanos es aún un proyecto o bien está en construcción y los procesos que lo originan son de índole inter e intrarregional (Teruel, 2008; 2020). Desde una mirada disciplinar, interesa destacar la historicidad de tales espacios regionales de frontera, evitando situaciones anacrónicas que llevan a retroproyectar la actualidad al pasado.

La fundación de las ciudades de La Quiaca (1907, Jujuy, Argentina) y Villazón (1910, Potosí, Bolivia) en las tierras altas, al comenzar el siglo XX, es significada como un hito en el dinamismo que imprimió a la frontera el ciclo del estaño en Bolivia –que reemplazó al ciclo de la plata–. A la vez, del lado argentino del territorio, la producción de azúcares en los ingenios de Jujuy y Salta –modernizados en el último tercio del siglo XIX– incentivó el avance sobre la “frontera interna” en las tierras bajas y en el territorio chaqueño. A comienzos del XX, el circuito de captación de braceros para la zafra de la caña de azúcar movilizaba población desde la Quiaca/Villazón hasta Yacuiba, en ambos márgenes de los respectivos territorios nacionales. Así, se constituía una región, activada y unida por el ferrocarril, caracterizada por dos polos económicos: la minería del sur boliviano dominada por la empresa de Aramayo y Francke, y la producción de azúcar de los ingenios La Esperanza, Ledesma y, más tarde, San Martín del Tabacal.

Este capítulo comienza con algunas apreciaciones sobre el concepto de frontera y explicita el abordaje de la misma, entendida como región histórica cuya constitución es dinámica y variable. Se revisan los hitos fundamentales en el trazado de la línea divisoria entre ambos Estados y, a continuación, las homogeneidades y heterogeneidades ecológicas, históricas y étnico-culturales de las “tierras altas y bajas” de esa frontera. En la segunda parte del texto se presentan las circunstancias históricas que contribuyeron a la constitución de esa frontera como una región y su vinculación con los polos de dinamismo económico: la producción de estaño del sur boliviano, por una parte y, por otra, el desarrollo de la agroindustria azucarera en el noroeste argentino, que incentivó el avance colonizador de la frontera oriental y el desplazamiento masivo de sus pobladores para ofrecerse como mano de obra. La llegada del ferrocarril y, aunque en escala numérica modesta, el arribo de inmigrantes ultramarinos atraídos por las posibilidades que abría la región, son algunos de los signos de los tiempos modernos. Casas comerciales con filiales en Europa, libras esterlinas junto a la moneda boliviana, elites educadas en las metrópolis nacionales y en las capitales europeas, son elementos que ponen en cuestión la idea de marginalidad que suele atribuirse a las fronteras. A la par, entre la mayoritaria población indígena, el problema del acceso a la posesión y propiedad de la tierra de las antiguas comunidades tuvo manifestaciones en común a ambos lados de las respectivas naciones, provocando movimientos sociales cuya interpretación sería débil si el análisis se detuviera en la línea delimitadora del territorio nacional. El capítulo se cierra con reflexiones relativas a la pertinencia y necesidad de introducir a la frontera, en tanto concepto-objeto-región, en las historias nacionales.

La frontera como región

La palabra frontera, en términos territoriales, suele referir a los límites entre Estados, a la línea demarcatoria del territorio de Estados formalmente constituidos. El término tiene también otra acepción en las ciencias sociales, especialmente entre quienes investigan la historia de los Estados nacionales en su expansión sobre territorios a conquistar, sobre los que no tiene efectivo dominio. Así se plantea una distinción entre línea divisoria interestatal y área de expansión interna del Estado. La distinción en inglés entre border y frontier alude a esa dualidad (Grimson, 2000). Así border refiere a la línea divisoria entre Estados formalmente constituidos, en tanto frontier alude a una frontera en expansión: la de un Estado nacional sobre una sociedad aborigen a dominar.

En los hechos, tal como se afirma en un trabajo propio anterior (Teruel, 2020), ambos tipos de frontera coexistieron cuando se trataba de territorios bajo dominio indígena y, a la vez, disputados entre distintos países o imperios. Entre otros, fue el caso del Gran Chaco, en Sudamérica, espacio bajo dominio de variadas etnias indígenas que hasta principios del siglo XX constituyó frontera interna para Bolivia, la Argentina y Paraguay (Langer, 2002; Teruel, 2005). A la vez, era una frontera internacional en disputa entre los tres países (Capdevilla, 2011). Otro ejemplo es el de ciertas áreas actuales de los Estados Unidos que España controlaba durante la colonia (fundamentalmente Texas y California). Esa extensión hacia el norte de la América hispana fue entendida como una zona fronteriza (frontier) de contacto hispano-indígena, así como un espacio (borderland) en el que los españoles compitieron por el control del continente con franceses, ingleses y sus descendientes americanos (Weber, 2005). En ese sentido, es interesante y de utilidad interpretativa la propuesta de Herzog (2918) al postular que, tanto en el caso de frontera interna como interestatal, se trata de fronteras de posesión, pues es la posesión lo que se dirime y está en juego en la frontera.

La idea de frontera con el indígena como una mera línea divisoria de sociedades desconectadas entre sí comenzó a ser modificada en las últimas décadas del siglo XX cuando historiadores latinoamericanistas y antropólogos devolvieron su historicidad a las sociedades indígenas y propusieron reconectar los vínculos y las historias que la tradición colonial, por un lado, y las historiografías nacionales, por el otro, habían desconocido. Entonces, dichas fronteras comenzaron a ser tratadas como regiones de contacto y relaciones interétnicas.

Estas nuevas perspectivas fueron abriéndose paso de la mano del cultivo de la historia regional y de la incorporación de la región como instrumento analítico en las ciencias sociales. En la década de 1970, comenzó a perfilarse una propuesta conceptual que tuvo impacto en los estudios históricos de América Latina: la región vinculada a la dinámica del capital. Se trata de un modelo referido a una determinada dimensión de la organización espacial con relación a las formas históricas en que la sociedad, cada modo de producción y formación social estructura su espacio (Bandieri, 2001). El caso más ilustrativo, por su trascendencia teórica, fue el del uso que hizo Carlos Sempat Assadourian, en las décadas de 1970 y 1980, del concepto de espacio económico como instrumental metodológico para los estudios históricos. Los espacios económicos debían reconstituirse, sostuvo, a través de un análisis empírico que atendiera a las relaciones políticas, económicas y sociales –y en especial a la circulación de mercancías– que se modificaban en cada período histórico. Así, el espacio colonial que denominó “peruano” era visto en un proceso histórico de integración y desintegración regional (Assadourian, 1982).

Por otra parte, rescatamos desde los estudios de economía política, el concepto de regiones transfronterizas, que Dilla Alfonso y Breton Winkler (2018, p. 20) definen como “sistemas espacio/temporales multidimensionales y multiescalares que abarcan territorios contiguos bajo jurisdicciones nacionales diferentes”. También, desde una óptica de la planificación regional, se ubica una aproximación similar como espacio regional fronterizo, en cuya lógica la frontera deja de ser solo una línea y se incluye en el espacio formado por las relaciones desarrolladas en su interior (Meza Monge, 2016).

En definitiva, encarar el estudio de las regiones de frontera, tanto en el caso del sentido de frontier como en el de border, implica desplazar el foco de análisis del centro (estatal) a una supuesta periferia. En un trabajo anterior (Teruel y Elbirt, 2020) se descartó la idea de periferia en favor del concepto extracéntrico, acuñado por Ana Teresa Martínez (2013) en estudios culturales. A diferencia de la noción de periferia, lo extracéntrico posibilita abordar la región en sus relaciones con otros posibles núcleos, más allá de la vinculación con la metrópoli. Ello permite jugar con la frontera concebida como borde (desde el centro del Estado nacional), tanto como parte de una región como en relación con otros posibles centros.

Trazado de la línea fronteriza argentino-boliviana

La extensa línea que delimita las respectivas soberanías estatales de la Argentina y Bolivia, de 742 km de extensión, traza un recorrido desde el cerro Zapalieri (punto tripartito entre Chile, Bolivia y la Argentina) hasta Esmeralda (hito tripartito entre Paraguay, Bolivia y la Argentina). En ese recorrido hay actualmente tres aglomeraciones urbanas, ciudades gemelas fundadas en el siglo XX^[3] y emplazadas a cada lado de la Argentina y Bolivia, respectivamente: La Quiaca/Villazón, Aguas Blancas/Bermejo y Profesor Salvador Maza/Yacuiba. Estos centros actualmente concentran el grueso de la población que reside sobre el límite internacional, así como las actividades dinamizadoras de la frontera.

La línea de frontera es resultado de un largo proceso de delimitación que se inició en la década de 1820 con el fin de las Guerras de Independencia y la formación de los nuevos Estados. La demarcación operó sobre los antiguos límites jurisdiccionales de la Intendencia de Potosí y la Real Audiencia de Charcas con la Intendencia de Salta del Tucumán pertenecientes al Virreinato del Río de la Plata. El linde divisorio, determinado por el río y la posta de “Laquiaca”, señaló luego la separación entre las “provincias de arriba o del Alto Perú” –actual Bolivia– y las “provincias de abajo” –actual Argentina–.

Tras la independencia de la República de Bolivia, separada en 1825 de las Provincias Unidas del Río de La Plata, se estableció sobre esa línea la nueva frontera internacional. Sin embargo, los vínculos familiares, sociales y económicos no se interrumpieron, al igual que los circuitos comerciales dinamizados por la producción minera del sur boliviano y la vinculación con el mercado mundial a través del puerto boliviano de Cobija, en el océano Pacífico (Conti, 2011).

La victoria de Chile en la Guerra del Pacífico (1879-1884), produjo un reordenamiento territorial tras la pérdida de los territorios del litoral por parte de la derrotada Bolivia –suerte que también corrió Perú–. Ello aceleró el proceso de delimitación a través de la firma de pactos y acuerdos bilaterales con Chile y la Argentina. Así en 1889, el Tratado Quirno Costa-Vaca Guzmán dispuso la redistribución de la puna de Atacama entre la Argentina, Chile y Bolivia y la cesión de la porción territorial de Bolivia a la Argentina a condición de conservar sus derechos sobre Tarija. Otro hito importante fue el tratado de Carrillo-Diez de Medina, de 1925, que señalaba al cerro Zapaleri como punto occidental de arranque de la línea internacional, fijando como límite en la zona de Tarija las aguas del río Bermejo hasta su confluencia con el río Grande de Tarija. Quedaba también resuelta la disputa territorial de Yacuiba, reconocida definitivamente bajo jurisdicción boliviana. Asimismo, en dicho tratado se estipulaba que el cantón boliviano de Toldos pasaría a integrar territorio argentino. Finalmente, en 1941 el protocolo Rothe-Ostria Gutiérrez estableció en el tramo del río Pilcomayo entre D’Orbigny y Esmeralda, el límite oriental definitivo entre ambos países.

Este relato sintético que proporciona Salinas (2023) presenta más de un siglo de tratados y negociaciones y pone en evidencia el largo proceso de construcción de las pertenencias nacionales. Ello advierte sobre el hecho de que, a comienzos del siglo XX, la frontera interestatal era aún una entidad maleable y difusa en la que las identidades nacionales y los territorios que pertenecían a cada Estado aún no eran claros, como puede verse en el mapa representado en la Figura 1.

Figura 1. Espacio fronterizo argentino-boliviano. Áreas disputadas, principales acuerdos diplomáticos y trifinios

Fuente: Benedetti (2014, p. 32).

Tierras altas y tierras bajas en la frontera

En la extensa línea de frontera, desde el oeste hacia el este, el descenso de la altura sobre el nivel del mar provoca diferentes condiciones naturales que permiten distinguir entre tierras altas y tierras bajas, cada una con su historia y características peculiares.

Las regiones altas corresponden, grosso modo, a la región de puna, colindante entre la provincia de Jujuy, en Argentina, y el sur del departamento de Potosí, en Bolivia.^[4] Con una altura de alrededor de los 3.800 msnm, la región presenta salinas y lagunas salobres, con una gran cantidad de aves acuáticas, como los flamencos. En la denominada puna seca la vegetación característica es la estepa, con arbustos bajos, con pastos duros y espinosos, con suris y vicuñas (Benedetti, 2023). Allí se encuentran las ciudades de La Quiaca y Villazón.

Luego de traspasar la serranía de Santa Victoria, con 5.000 msnm, comienza el descenso hasta los 600 m en las tierras bajas, correspondientes a la provincia de Salta, en la Argentina, y a las de Avilés, Arce y Gran Chaco, en el departamento de Tarija, Bolivia. Es la región de selva de montaña o yungas, que desciende hasta la planicie chaqueña. Allí se encuentran las actuales ciudades gemelas de Bermejo-Aguas Blancas y Yacuiba-Salvador Mazza.

La diferenciación entre tierras altas y bajas no refiere únicamente a características naturales, sino a particulares procesos históricos y poblacionales. Mientras las tierras altas fueron en tiempos prehispánicos y coloniales las regiones más pobladas, con diferentes etnias andinas de pueblos agricultores que vivían en aldeas con compleja organización social y política, las regiones más selváticas de tierras bajas, y las lindantes con el Chaco, fueron frontera de guerra, tanto en tiempos anteriores a la conquista hispana, como durante la colonia y el siglo XIX.

Las tierras bajas

El fraile misionero de Nuestra Señora de las Angustias de Zenta, en las proximidades de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, refería hacia el año 1800 que “por tres partes está rodeado de bárbaros infieles: por el Norte está la nación Chiriguana; por el Sur los matacos; por el Este los tobas, y por el Oeste los cristianos de Humahuaca” (Tamajuncosa, 1971 [1836], p. 146). Efectivamente, en el siglo XIX la región era aún un frente de colonización abierto hacia el este y por lo tanto frontera en los dos sentidos del término: como border era una frontera internacional, mientras que en el sentido anglosajón de frontier, era una frontera interna con un territorio indígena a dominar por parte de ambos Estados nacionales.

Según testimonios de mediados del siglo XIX, ambas bandas de los ríos Bermejo y Pilcomayo estaban pobladas predominantemente por aborígenes de la familia mataco-mataguayo (wichis, entre ellos) y, con mayor concentración sobre el Pilcomayo, “tierra adentro”, se encontraban los poblados de la familia guaycurú. En las partes más fértiles de la frontera, el borde selvático de yungas, comenzaban a acrecentarse los asentamientos de agricultores de origen tupí-guaraní, a los que los conquistadores denominaron chiriguanos.

Algunos wichis y weenhayek mantuvieron sus tolderías próximas a los poblados de la colonización e, inclusive, en las misiones franciscanas del Colegio de Propaganda Fide de Tarija. San Francisco del Pilcomayo (1860) y San Antonio del Pilcomayo (1863) fueron las misiones establecidas para los tobas (qom) y matacos (weenhayek), respectivamente. A la vez, desde el Colegio de Propaganda Fide de San Diego, en Salta, se fundaban otras más al sur, sobre el Bermejo, mayoritariamente con población wichi.

En proximidad con los poblados de la colonización habitaban también los chiriguanos (ava guaraní), cercanos a Tartagal en el actual territorio argentino, pero concentrados principalmente del actual lado boliviano. Descendientes de migrantes guaraníes cuyo desplazamiento fue contemporáneo, o aún anterior, a la llegada de los europeos, se asentaron en las estribaciones andinas de Bolivia, dominando y fusionándose con los chané. Ya en el siglo XIX varias de sus aldeas fueron incorporadas a las misiones franciscanas del Colegio de Tarija: Itaú (1845), Chimeo (1849), Aguairenda (1851), Tarairí (1854), Macharetí (1869) y Tiguipa (1872), que no llegaron a impedir las migraciones hacia la frontera argentina, desplazamiento de población que se acrecentó a medida que aumentaba la demanda de mano de obra en los ingenios azucareros de la provincia de Jujuy.

El avance en esta línea de colonización se aceleró en la denominada “era del progreso”, preocupada por la nacionalización efectiva de los confines del territorio nacional. En 1883, desde Bolivia, Daniel Campos llevó a cabo una expedición bordeando el río Pilcomayo hasta su confluencia con el Paraguay. El correlato del lado argentino fueron pequeñas campañas desde la década de 1870 coronadas por la acción bélica emprendida por el general Benjamín Victoria en 1884, que estableció una línea de fortines sobre el río Bermejo.

El pueblo de Yacuiba, en disputa con la Argentina hasta 1897, era el más importante en la frontera de las tierras bajas. Eudoro Calbimonte, perito boliviano en la demarcación limítrofe, afirmaba que luego del terremoto que sufrió en 1898, solo había con residencia fija entre 350 y 400 personas que habitaban unas 82 casas dispersas en 34 manzanas.^[5] El Censo de 1900 registraba 1.388 habitantes, cifra que posiblemente se alcanzaba sumando la población flotante de wichis, chorotes y guaraníes que asistían en tiempos de trabajo.^[6]

La definición de la línea demarcatoria fue una constante preocupación y punto de fricción, pues recién en 1925, con el tratado Carrillo-Díez de Medina quedó definitivamente aceptada la soberanía de Bolivia sobre Yacuiba, a la vez que la región de Toldos pasaba a jurisdicción argentina. El proyecto conjunto de policía fronteriza para el Chaco “previniendo los ataques de indios y la acción de bandoleros” fue otro de los temas que ocupó a los diplomáticos de ambas naciones,^[7] pues cada vez que se trataba resurgía la cuestión de los límites internacionales sin definir en torno al río Pilcomayo (Teruel y Elbirt, 2020). Por otra parte, los márgenes de este río continuaron dominados por diversas etnias indígenas chaqueñas, hasta finalizada la primera década del siglo XX.

En Bolivia, con el arribo del Partido Liberal al poder –y en el contexto del reconocimiento de la pérdida del Acre, frente a Brasil, y del litoral marítimo, en manos de Chile–, la cuestión territorial sobre el Chaco (pendiente de definición con la Argentina y Paraguay) adquirió interés nacional (Teruel y Elbirt, 2020). Durante la presidencia de Ismael Montes, el nuevo prefecto de Tarija, Leocadio Trigo, fue designado Delegado Nacional del Gran Chaco. Entre 1905 y 1909 su figura fue central en esa frontera. De él, afirma Combès que, a diferencia de quienes lo precedieron en las expediciones al Chaco,

Trigo no explora con fines científicos, para abrir una ruta hacia Asunción, reconocer un territorio ignoto o verificar la navegabilidad del río. Lo mueve el deseo de hacer real la ocupación del suelo boliviano en todo el curso del alto Pilcomayo (Combès, 2019, p. 14).

No era casualidad que su compañero de exploración en 1906 fuera el ingeniero Herrmann, representante de la Casa Studt y Cía. de Berlín, decidida a industrializar y modernizar el Gran Chaco.

Mientras eso sucedía en la frontera boliviana, del lado argentino avanzaba la colonización y, en 1911, el general Rostagno ponía fin a la última campaña al Chaco y prometía hacer de los indígenas industriosos productores agrícola-ganaderos. Sin embargo, los indígenas no tuvieron mejor destino que el de braceros. No fue casual que los inicios de la modernización tecnológica de las haciendas azucareras del oriente de Jujuy y de Salta se produjera a la par del avance del trazado de las líneas férreas y de las campañas de conquista al Chaco.

Las tierras altas

Las tierras altas fueron objeto prioritario de la conquista española. Allí se redujo a los indígenas en pueblos con cabildo y tierras comunales, a la vez que los conquistadores y colonos europeos establecieron haciendas que abastecían al centro minero de Potosí –y luego a otras minas del actual sur boliviano–. La estructura territorial-económica-social más importante durante la colonia en esta frontera fue el Marquesado del Valle de Tojo (Madrazo, 1982), cuyos centros administrativos se hallaban en Tojo –actual Bolivia– y Yavi –actual Argentina– y su inmensa extensión de tierras en la zona de articulación entre las regiones altas y bajas de la frontera (Teruel, 2016). Esta importante estructura territorial, vinculada por el mayorazgo, y poseedora de la encomienda más importante de la región –la de Casabindo y Cochinoca– subsistió hasta la década de 1880 cuando el último heredero del mayorazgo murió y hubo que dividir las tierras entre sus sucesores en Bolivia y la Argentina.^[8]

El fin de la encomienda, en los inicios de los tiempos independientes, no les significó a los indígenas recuperar sus tierras comunales y autonomía, sino que quedaron en calidad de arrenderos^[9] de los descendientes del marqués del Valle de Tojo, que de esta forma trasmutó sus derechos señoriales en territoriales.

Ya establecida la frontera entre ambas nóveles naciones, los tiempos republicanos llegaron con los principios del liberalismo y las propuestas relativas a la desarticulación de las tierras comunales indígenas. Los diferentes ensayos de desamortización en Bolivia, desde las medidas de Melgarejo en la década de 1860, hasta las de fines del siglo XIX, generaron levantamientos que tuvieron su correspondencia en el lado argentino de la frontera. En la puna de Jujuy en 1872 comenzó la agitación en Casabindo y Cochinoca por parte de los arrenderos de Campero, antiguos encomendados del entonces marqués del Valle de Tojo, que denunciaron el despojo de sus tierras. Arreciaron las denuncias de títulos fraudulentos, no solo relativos a las tierras de antigua encomienda, sino a muchas otras propiedades de la región. La ola de reclamos fue seguida de la negativa a pagar arriendos en una escalada in crescendo de enfrentamientos de los arrendatarios contra capataces, autoridades locales y patrones. El conflicto llegó a las armas y se mantuvo hasta 1875 cuando los rebeldes fueron derrotados en la batalla de Quera. Paralelamente en los tribunales de la nación se decidía la suerte de las tierras en cuestión y en 1877 la Corte Suprema de Justicia declaraba expropiadas las tierras de Casabindo y Cochinoca, dejándolas en propiedad de la provincia de Jujuy.

A la par ocurrían otros sucesos que, desde fines del siglo XIX hasta la primera década del siglo XX, auguraban transformaciones socioeconómicas en la región: la formación de un activo mercado de tierras; la llegada del ferrocarril; la reactivación de las expectativas de explotación minera y la formación de nuevos pueblos. La frontera de las tierras altas, alejada de los principales puertos y centros económicos y administrativos de la Argentina, adquirió una inusitada actividad con la fundación de La Quiaca (1907, Jujuy, Argentina), terminal del Ferrocarril Central Norte, y de Villazón (1910, Potosí, Bolivia), desde donde las vías férreas tendrían continuidad a Oruro y La Paz.

Los factores de dinamismo en la frontera a comienzos del siglo XX

La minería

A principios del siglo XX el estaño fue el gran reactivador de la economía boliviana, estimulada por el aumento de la demanda industrial de los países centrales para las aleaciones que requerían los envases de conservas, la hojalata, el papel metálico, entre otros (de Mesa et al., 2003). Los grandes yacimientos del mineral coincidieron, mayoritariamente, con los de plata, lo que facilitó la transición al nuevo boom: estaño, acompañado por el wólfram y el bismuto. El nuevo metal vino de la mano de los barones del estaño: Patiño, Hoschild y Aramayo, que controlaron la economía boliviana hasta la nacionalización de las minas producto de la Revolución de 1952.

Entre estos empresarios nos interesa destacar las figuras de José Avelino Ortiz de Aramayo (Moraya, 1809-París, 1882), Félix Avelino Aramayo (París, 1846-Biarritz, 1919) y Carlos Víctor Aramayo (París, 1889-1981), quienes dominaron la explotación en Chichas, con minas próximas a la frontera. Efectivamente, desde la segunda mitad del siglo XIX, el desarrollo de la minería del sur boliviano tuvo una inyección de capital chileno y británico que, sumado al local, permitió invertir en maquinaria pesada, redes de transporte y procesos de producción modernos que fueron fundamentales cuando se inició la explotación de estaño. Otro factor de modernización fue la presencia de ingenieros de explotación minera, como los hermanos Francke, de Alemania que, asociados a la empresa de Aramayo, formaron la poderosa compañía minera que actuaba en Tupiza (Langer, 1997).

Del lado argentino de la frontera, a diferencia de Bolivia, las expectativas nacionales para insertarse en el mercado internacional no estaban puestas en la minería, lo que no fue obstáculo para que a nivel regional se hicieran varios ensayos de explotación, en especial de oro. La formación de compañías para la extracción de los aluviones auríferos de la puna de Jujuy tuvo un nuevo ímpetu en la primera década del siglo XX. En efecto, los planes de trazado de la línea férrea y el gradual avance de esta desde la ciudad de San Salvador de Jujuy (1890) a Humahuaca (1906), habían alentado algunas inversiones mineras, que veían salvado en el futuro el problema del transporte y comunicaciones. Además de la Orosmayo Dredging Company que instaló dos grandes dragas, con escaso éxito pues los altos costos del carbón mineral no permitieron su funcionamiento; en 1905 operó la United River Gold Dredging Company en el río San Juan, y la Jujuy Gold Dredging Syndicate en Orosmayo, en 1906 (Alonso, 2010). Mejor suerte tuvo la explotación de bórax desde los albores del siglo XX, a cargo de la Compañía Belga, luego fusionada como Compañía Internacional de Bórax, que se instaló en la zona de Salinas Grandes, El Moreno y Guayatayoc, en los departamentos de Tumbaya y Cochinoca (Bovi y Fandos, 2013). Pero no fue sino hasta la década de 1930 que la minería en la puna jujeña se transformó en una empresa rentable y estable, con la fundación de mina El Aguilar y mina Pirquitas (plomo, plata y cinc).

La llegada del ferrocarril

La extensión de la vía férrea del Ferrocarril Central Norte de la Argentina hasta la frontera y de allí hasta el altiplano del vecino país fue motivo de negociaciones y tratados. Estos se iniciaron en 1883 con la firma de un convenio de parte de los ministros de Argentina –Victorino de la Plaza– y de Bolivia –Modesto Omiste– reiterado en 1894 por Telmo Ichazo y Eduardo Costa (Bovi, 2013).

La consulta de documentación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, cuyos resultados se expusieron en parte en Teruel y Elbirt (2020), evidencia un prolijo seguimiento de los trabajos de extensión de las líneas férreas hasta la frontera, su arribo a La Quiaca en 1907 y las múltiples dificultades y oscilantes negociaciones para su trazado desde Villazón hasta Tupiza. La línea férrea argentina a Bolivia es esperada como el advenimiento del Mesías, escribía el vicecónsul argentino en Tupiza en 1908.^[10]

La actividad minera de Bolivia –especialmente la explotación en Huanchaca– había motivado el trazado del ferrocarril al Pacífico que, en 1890, unió el puerto de Antofagasta, en Chile, con Uyuni, en Bolivia, pueblo fundado ese año con el propósito de que fuera un núcleo distribuidor hacia Potosí, Chile y el sur hasta la frontera argentina. Eso explica la preocupación de los diplomáticos argentinos por la competencia con Chile por el control del mercado del sur boliviano, la desconfianza respecto a los procederes del país trasandino y las sospechas de que este ponía obstáculos para la finalización del trazado del ferrocarril de Villazón a Tupiza y de allí a Uyuni.

Si bien el ferrocarril tardó más de diez años en cruzar de La Quiaca a Villazón, diferentes fuentes testimonian que paulatinamente las minas bolivianas de San Vicente, Portugalete, Guadalupe y Atocha comenzaron a canalizar sus exportaciones ultramarinas, vía océano Atlántico, por el Ferrocarril Central Norte desde La Quiaca. Es interesante destacar el aumento del volumen de minerales en las cargas del Ferrocarril Central Norte. Fandos y Bovi (2011) señalan que las cargas crecieron un 91% entre 1910 y 1925, año en el que el ferrocarril llegó a Uyuni. Por la Aduana del Sur boliviana no solo pasaban bismuto, estaño, plomo, antimonio, sino también coca, cueros, colchas de vicuña, café en grano, fruta seca y también libras esterlinas.

Cuando el trazado de la vía férrea desde Villazón llegó a Tupiza, en 1920, y cinco años más tarde se prolongó a Uyuni, quedó conectada una amplia región del norte argentino y el sur boliviano con los puertos chilenos del Pacífico y los del Río de la Plata, en el Atlántico.

La Quiaca se convirtió en un importante centro administrativo y comercial, vinculado a tareas de explotación minera que dinamizaban la economía de la región. Su estación ferroviaria luego se constituyó, además, en un fluido punto de partida y llegada en tren de los jornaleros que se empleaban en la zafra azucarera.

También en la primera década del siglo XX se proyectaba el ramal del Ferrocarril Central Norte que, pasando por los ingenios azucareros del norte argentino, arribó en 1911 a Embarcación (Salta), a orillas del Bermejo, para llegar luego a Yacuiba. La época es coincidente con la modernización azucarera y con el boom salitrero en el Pacífico, generadores, respectivamente, de la demanda de mano de obra para los ingenios y de ganado chaqueño para el comercio regional.

Fundación de La Quiaca y Villazón

El 28 de febrero de 1907 la Legislatura de la provincia de Jujuy aprobó la ley de fundación de La Quiaca y declaraba expropiable y de utilidad pública los terrenos destinados a la estación del ferrocarril y al nuevo poblado. “Su ubicación geográfica y el potencial económico que significaba la pronta conexión ferroviaria con Bolivia convirtieron en poco tiempo a La Quiaca en un importante centro administrativo con la instalación de diversas oficinas y agencias gubernamentales: escuela, oficina de Correos y Telégrafos, Banco de la Nación, Gendarmería, Aduana, y el propio ferrocarril, que consolidaron la presencia estatal en la frontera” afirman Jerez y Salinas (2021, p. 233).

La Quiaca contaba en 1914 con 744 habitantes,^[11] entre los que había extranjeros que establecían casas de comercio y/o adquirían tierras. En unos pocos años se constituyó en el centro urbano más notorio de la puna argentina, cuyo dinamismo estaba estrechamente vinculado al de Tupiza, capital de la provincia boliviana de Sud Chichas.

Del otro lado de la frontera, tres años más tarde de la fundación de La Quiaca, el presidente Eliodoro Villazón inició la adjudicación de lotes en la denominada La Quiaca boliviana y el 20 de mayo de 1910 tuvo lugar la fundación formal del nuevo pueblo con el nombre de Villazón. Su fundación respondía a la necesidad de establecer una aduana y un poblado cercano a la frontera argentina, dado que Tupiza distaba 90 km. Centro de operaciones de la Compañía Aramayo y Francke, Tupiza era la capital de la provincia de Sud Chichas y la ciudad más importante en el sur boliviano, con 1.644 habitantes en 1900.^[12] La fundación de Villazón en 1910 –con alrededor de 626 habitantes en 1916– no logró desplazarla en su rango de ciudad decana, aunque perdió su rol de cabecera en la aduana nacional de Bolivia, que en 1911 se asentó en el nuevo centro urbano.

La mayor parte de la población de Villazón vivía del comercio, el transporte o el empleo en oficinas estatales, entre ellas la aduana nacional. Dado que la región era eminentemente rural e indígena, el núcleo de trabajadores más importante en la zona era el de los mineros, muchos de los cuales a la vez eran campesinos minifundistas, ex comunarios o colonos de hacienda.

Los ingenios azucareros del norte argentino

Como ya se señaló, la economía de Bolivia dependía principalmente de la actividad minera: en el siglo XIX, de la plata, y desde los comienzos del XX, del estaño. También por ello, las regiones más pobladas y activas económicamente eran las de altura, donde se hallaban las minas, mientras que las zonas de valles intermedios como Cochabamba y Tarija eran importantes proveedoras agrícolas y ganaderas. El siglo XX trajo como novedad el interés por Los orientes como se denominaba a las zonas bajas y selváticas y la región chaqueña.

Diferente fue el caso de la Argentina, que había perfilado su economía desde el último tercio del siglo XIX con una marcada orientación atlántica basada en la explotación y exportación agrícola-ganadera centrada en la pampa húmeda. Regiones de otrora gran dinamismo, como la de frontera con Bolivia, integrada a mercados y circuitos comerciales vinculados a las economías de Chile y de Bolivia, fueron quedando marginales dentro del nuevo modelo nacional agroexportador. El destino de regiones como esta se dirimió en su capacidad para integrarse en el modelo nacional, solo viable mediante el acceso a un mercado interno en el que se multiplicaba la demanda de productos de consumo masivo, entre ellos el azúcar (Campi, Moyano y Teruel, 2017).

Si bien la agroindustria azucarera del norte argentino no tenía por principal destino la exportación, sino el mercado interno, para acceder a las zonas más densamente pobladas –las provincias del litoral atlántico que comenzaban a recibir masivamente inmigrantes ultramarinos–, era necesario modernizar el sistema de transporte. Por ello la llegada del ferrocarril, que unió el puerto de Buenos Aires con Tucumán en 1876, fue fundamental. Tras ello no solo despuntó la industria tucumana, sino que también permitió a los propietarios de las antiguas haciendas azucareras de Jujuy y de Salta importar maquinarias inglesas destinadas a modernizar la producción con trapiches de hierro y centrífugas a vapor.

Estas haciendas de los valles bajos de Jujuy y de Salta, habían integrado el sistema colonial de frontera con la región chaqueña. Es más, algunas habían tenido su origen territorial en la desarticulación del sistema de fuertes y misiones religiosas a fines del siglo XVIII, y desde sus inicios se caracterizaron por la acumulación de tierras, perfilándose en el siglo XIX como importantes latifundios (Teruel, 2005). En Jujuy fueron las haciendas de Ledesma y de San Pedro las que adquirieron maquinarias inglesas iniciando el proceso de modernización tecnológica y financiera, conformando sociedades anónimas y nuevas empresas: Ingenio Ledesma S. A. y La Esperanza. A ellas se sumó un tercer establecimiento: La Mendieta. En Salta el pequeño ingenio San Isidro, en Campo Santo, tuvo un recorrido similar, pero fue San Martín del Tabacal, que comenzó a funcionar en la década de 1920 en las proximidades de la ciudad de Orán, el de mayores dimensiones e impacto económico en la región.

La modernización tecnológica posibilitó una mayor capacidad de producción y originó mayor demanda de mano de obra y de tierras para las plantaciones de caña de azúcar. En consecuencia, se incrementó la concentración de la propiedad en torno a los ingenios, al extremo de casi monopolizarla en los departamentos de enclave. Los primeros pueblos en la región surgieron como centros de las haciendas e ingenios, cuya creciente demanda de trabajadores produjo el gran aumento demográfico de comienzos de siglo XX que transformó completamente la región. Esto produjo una serie de cambios, pero también profundizó tendencias anteriores, como el flujo –ahora masivo– de indígenas chaqueños (wichis mayoritariamente) y de la cordillera oriental (ava guaraníes denominados genéricamente chiriguanos), para trabajar en la zafra azucarera. La atracción operó también para quienes llegaban a trabajar en otras zonas y en las actividades terciarias que crecían a la par de los pueblos en formación.

Desde el punto de vista demográfico, la población oriunda de Bolivia, tanto de las tierras altas como de las bajas, representó en Jujuy la mayoría de los inmigrantes desde que los censos nacionales dieron cuenta metódicamente de ellos, a partir de 1869. Al comenzar el siglo XX, significaba el 17% de la población residente en la provincia y en las zonas azucareras superaba el 40%.^[13]

Entre 1932 y 1935 la Guerra del Chaco, que enfrentó a Bolivia y a Paraguay, afectó a población guaraní que quedó en el medio de los dos bandos, lo que ocasionó el abandono de sus lugares de origen. Uno de los destinos elegidos para esta migración fue el Norte argentino, “mbaporenda” –“lugar del trabajo”– (Hirsh, 1999).

Más allá de los núcleos urbanos: la ruralidad y la lucha por la tierra

El surgimiento de los nuevos centros urbanos en las tierras altas y la actividad en torno a ellos, no debe llevar a olvidar que la mayoría de la población de la frontera era rural. A diferencia de la dinámica transformadora en las ciudades, la situación del campesinado indígena se había mantenido sin demasiados cambios.

Bolivia había heredado de la colonia una estructura agraria compuesta de dos unidades básicas: haciendas y comunidades indígenas. Estas últimas no solo eran numerosas, sino que en el siglo XIX aun controlaban una buena parte de los recursos productivos. En las tierras altas de la frontera, los ayllus se concentraban principalmente en los cantones de Moraya (vicecantón Sococha) y Talina, en la jurisdicción de Sud Chichas.^[14] Las leyes de ex vinculación destinadas a parcelar la propiedad comunal indígena, se concretaron allí recién en 1901 (Teruel, 2007). Cuando la operación se llevó a cabo, con la particularidad de que las comunidades no perdieron sus tierras puesto que demostraron tener títulos coloniales de composición, se registró un total de 3.104 cabezas de familia indígenas propietarias. Así el funcionario revisitador actuante reconoció que “los indígenas las obtuvieron mediante compra en la época del coloniaje”, por lo tanto “estas tierras, con sus respectivos poseedores, forman los ayllus y la agrupación de ellos la comunidad, amojonada y alinderada con las propiedades vecinas”.^[15]

Si bien las comunidades mencionadas habían logrado retener sus tierras durante la Revisita de 1901, estas eran pequeñas y solo permitían una agricultura de subsistencia complementada con otros recursos. A la par, las haciendas acaparaban el 85% de la superficie de propiedades registradas en Sud Chichas en el catastro de 1909 y concentraban en su interior 2.612 familias de colonos indígenas, quienes pagaban arriendo a los propietarios de la tierra y les debían prestar servicios obligados (Teruel, 2007). Una de las haciendas más importantes de esta zona era Mojo, de 13.566 ha en manos de la familia Escalier.

En el borde oriental de las tierras altas, en transición hacia las regiones más bajas de bosque de montaña, se encontraban las propiedades de los herederos del marquesado del Valle de Tojo, en ambos lados de la frontera. En Bolivia, su centro estaba en Tojo y se expandía con haciendas muy rentables en el sur de Tarija, donde –a diferencia de Sud Chichas– no había comunidades indígenas con tierras. Del lado argentino, el centro era Yavi, a la vez que tenía haciendas tanto en la puna como en la alta cuenca del río Bermejo, en Santa Victoria (Teruel, 2016).

Fernando Campero, último titular del marquesado del Valle de Tojo, había sido el terrateniente más importante en la frontera, especialmente del lado argentino donde sus dominios fueron motivo de la Rebelión de la Puna de 1872, causada por el conflicto en torno a Casabindo y Cochinoca y por una estructura profundamente asimétrica en la tenencia y propiedad de la tierra. Las características de la ruralidad de la región, dominada por el latifundio y las relaciones señoriales, no eran exclusivas de los dominios de Campero, sino que se extendían a unas pocas e inmensas haciendas. A diferencia del lado boliviano de la frontera, en las tierras de la parte argentina, los indígenas no pudieron mantener su estatus de comunidad reconocida, ni las tierras de lo que habían sido sus pueblos. Su condición era la de arrenderos en las haciendas, equiparable a la de los colonos en Bolivia: pagaban un canon por el uso y ocupación de la tierra y tenían obligación de servicio personal.

Las décadas de 1910 y 1920 fueron proclives a manifestaciones reformistas –así como también revolucionarias– relativas a la propiedad de la tierra. Desde distintos sectores políticos criollos se formulaban críticas a lo que se consideraba abuso del derecho de propiedad, al latifundio, al acaparamiento de tierras. Una oleada de rebeliones estalló en las áreas rurales andinas, en Perú y en Bolivia. En este último país, el movimiento conocido como de “los caciques apoderados” emprendió campañas en defensa de la posesión de la tierra, buscando los títulos coloniales en los archivos y promoviendo deslindes, defendiendo la educación y los derechos de los indígenas, presentando memoriales a las autoridades y difundiendo sus reclamos por medio de periódicos simpatizantes o sus propios boletines Gotkowitz (2011). Si bien su lucha fue fundamentalmente legal y política, algunos estuvieron implicados en grandes rebeliones como la de Jesús de Machaca, en 1921, y la de Chayanta, en 1927.

La frontera no fue ajena a estos movimientos. Hylton (2005) menciona que, luego del alzamiento de Jesús de Machaca en 1921, en los años siguientes varios patrones de fincas del sur boliviano se quejaron de que los colonos se negaban a prestar servicios y pagar rentas, diciendo que las propiedades les pertenecían, situación que remite inevitablemente a lo que ocurría en el lado argentino de la frontera. Allí el reformismo llegó de la mano de un candidato del Partido Radical, Miguel A. Tanco, quien, en el curso de su campaña proselitista, en 1923, organizó una cédula partidaria que asesoraba a los indígenas. En sus demandas a las autoridades y en los reclamos publicados en volantes, pedían que las tierras de los hacendados fueran expropiadas y se entregaran al fisco provincial, como había ocurrido con las de Casabindo y Cochinoca luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de 1877. Fundaban sus demandas en la debilidad de los títulos de propiedad de “los patrones” y exigían que estos demostrasen sus derechos con los títulos originales, negándose hasta tanto a seguir pagando arriendo (Fleitas y Teruel, 2007; 2011). La rebelión en la puna jujeña se extendió durante 1923 y 1924.

Lo interesante en la reconstrucción de las historias a uno y otro lado de la frontera es la sincronía de estos movimientos reformistas rurales. En un trabajo anterior (Teruel y Elbirt, 2022) se dedicaron varias líneas al intento revolucionario iniciado el 16 de junio de 1930 por un grupo armado liderado por Roberto Hinojosa, periodista y cofundador del Partido Socialista Máximo en Bolivia. Este cruzó hacia el pueblo de Villazón desde la frontera argentina, tomó la pequeña localidad y proclamó el inicio de la “revolución socialista-obrero-campesina”. Los hechos se desarrollaron durante cinco días y, según la narración local, los rebeldes asaltaron la aduana, la oficina de correos y telégrafos, y las del ferrocarril, desvalijando sus almacenes. Luego asaltaron la hacienda de José María Escalier, en Mojo, y continuaron hacia Moraya y Salitre donde tuvieron enfrentamientos con fuerzas gubernamentales. Como saldo quedaron dos muertos. Los rebeldes, derrotados, se refugiaron en la Argentina

Cuando Hinojosa se lanzó a la revolución en Villazón, cruzando por territorio de Jujuy, había asumido la gobernación de la provincia argentina Miguel A. Tanco, el reformista del Partido Radical que apoyaba las luchas de los indígenas puneños. Al igual que Hinojosa, Tanco era partidario de las teorías de Henry George que impugnaba la propiedad privada de la tierra. Ya en el gobierno de Jujuy, hizo realidad la ley de expropiación de latifundios improductivos, medida que debía comenzar por aquellos que se habían fundado sobre las tierras que pertenecieron a las comunidades de aborígenes, las que bajo el dominio del Estado no podrían ser vendidas, quedando para el uso de las comunidades que las trabajasen (Fleitas y Teruel, 2007; 2011). Sin embargo, el golpe de Estado de setiembre de 1930 que derribó en la Argentina al gobierno de Hipólito Yrigoyen y puso fin al de Tanco en Jujuy, dejó la ley sin efecto y emplazó en el poder a un gobierno militar represivo. A la vez, Roberto Hinojosa fue arrestado en Buenos Aires.

La sincronía de estos episodios es evidente y, aunque no tengamos documentación que compruebe comunicación entre Hinojosa y Tanco, la lectura de la información sobre estas rebeliones adquiere otro significado cuando se las observa desde la óptica regional de la frontera.

Reflexiones finales

En un trabajo previo (Teruel y Elbirt, 2020), se afirmaba que el amplio espacio a ambos lados de la línea divisoria internacional fue configurándose y reconfigurándose la frontera como región en su doble juego: como diferenciadora de pertenencias estatales y como homogeneizadora de características sociales, económicas, intereses, dificultades y oportunidades. También, que la consolidación de ambos Estados nacionales en el último tercio del siglo XIX se proyectó en la frontera, diferenciando un territorio largamente unido por un pasado común y lazos familiares.

Si bien el fortalecimiento de la presencia estatal fue un factor que no puede obviarse, ello no disminuyó los intereses comunes que provocaron transformaciones conjuntas en el vasto territorio de la frontera. Sin duda el símbolo de esos cambios fue el ferrocarril, seguido de la fundación de las ciudades gemelas (La Quiaca-Villazón) y, finalmente, el trascendente avance de la “frontera interior” hacia el Chaco y el sometimiento y semiproletarización de sus habitantes nativos.

Una mirada de la frontera como región permite integrar en el análisis dinámicas sociales y económicas que, analizadas desde la óptica metropolitana de las historias nacionales, pueden parecer marginales y, sin embargo, adquieren otra dimensión cuando se las enfoca bajo la lupa de la frontera. Así, el desarrollo de la minería de estaño en el sur boliviano y de los ingenios azucareros en el norte argentino pueden ser integrados en un análisis regional, conjuntamente con el trazado de las líneas ferroviarias, el desplazamiento de población y el avance de la colonización sobre las tierras de frontera indígena chaqueña. Asimismo, el conocimiento de los procesos sociales, políticos y económicos en espacios a uno y otro lado de la frontera internacional argentino-boliviana, permite una lectura diferente de las rebeliones, alzamientos y planes reformistas y revolucionarios que ocurrieron en la región de manera sincrónica. En síntesis, cuando se cambia el lugar donde se posa la lupa, el margen puede pasar a ser el centro, y los sucesos que allí ocurren adquieren otra significación.

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