Ignacio Alonso, Débora Barrera y Diego Taraborrelli
Presentación
La vinculación de los organismos de ciencia y tecnología con el desarrollo es relevante tanto en los círculos de investigación académica como en las comunidades de práctica de política pública que se nutren de sus reflexiones. Asimismo, las problemáticas que se afrontan son un desafío que interpela a estas instituciones en su rol y posición respecto de las políticas públicas, específicamente en el modo en que se relacionan y realizan o implementan contribuciones.
Basados en la experiencia de trabajo en organismos de ciencia y tecnología –universidades e institutos nacionales de investigación agropecuaria– nos propusimos hacer un aporte en este campo de estudio y praxis. Creemos que, por la temática y la calidad de los textos aquí reunidos, este libro resulta pertinente para pensar la vinculación de estos organismos con las políticas públicas, lo que es otra forma de abordar una cuestión clásica sobre cómo es la relación entre la generación de conocimientos y las políticas. Con ese fin convocamos a 34 autoras y autores, que representan una pluralidad de voces de distintas procedencias disciplinarias, geográficas e institucionales de producción de conocimiento, a reflexionar sobre estos temas, proponer enfoques y metodologías, problematizar conceptualizaciones, sistematizar experiencias y analizar casos concretos de políticas.
Para lograr ese cometido, la atención se enfocó en las problemáticas que atraviesan los territorios, los laboratorios y las oficinas de esas instituciones. En estas páginas se brindan aportes a los procesos de innovación productiva y social que no solo ofrecen herramientas conceptuales, sino que también exponen saberes y experiencias que coadyuvan a los ejercicios de implementación. Al mismo tiempo, esta obra abona la promoción de espacios colaborativos interinstitucionales y fortalece las capacidades para la generación de redes que articulen las actividades de los organismos públicos de ciencia y tecnología con centros académicos de excelencia. Para eso procuramos poner a disposición del público general, y de la comunidad académica en particular, elementos que interpelen posiciones y promuevan un diálogo productivo en la discusión de por qué, cómo y para qué abordar las políticas públicas en un instituto de ciencia y tecnología.
En este sentido, proponemos una conceptualización que da cuenta de una triple posición de estos organismos con relación a las políticas públicas. En primer lugar, en cuanto organismos públicos, pueden pensarse como una política promovida y sostenida por los Estados. En segundo término, el componente de extensión de algunos de estos organismos forma parte de esa estrategia y en muchas oportunidades se consuma mediante la gestión y la implementación de políticas públicas, donde su presencia y capilaridad territorial resultan invaluables para hacer presente al aparato estatal. Y, tercero, el compromiso de estas instituciones con el aporte al proceso de formulación de las políticas públicas. Es decir que, desde esta triple posición, estos organismos forman parte de una política, pero en ocasiones también las implementan y frecuentemente realizan contribuciones para la formulación de mejores intervenciones estatales. En este sentido, el contenido de este libro dialoga –a través de reconocidos expertos en las temáticas y desde distintas perspectivas– con esas tres posiciones.
El contenido
Si bien la multiplicidad de enfoques y temáticas permite abordar flexiblemente el contenido de este libro según el interés particular del lector, con base en los criterios utilizados para la compilación proponemos una lectura que recorra su integralidad. Esta obra se divide en dos secciones. En la primera, de carácter esencialmente teórico, brinda aportes conceptuales y metodológicos que contribuyen a la reflexión sobre el análisis del Estado y de las políticas públicas en los organismos de ciencia y tecnología. En la segunda, de carácter empírico, sistematiza y analiza diversas experiencias tomando casos de políticas públicas que permiten poner en valor prácticas, enfoques e intereses de organismos de ciencia y tecnología con desafíos similares.
A la primera sección del libro, “Aportes conceptuales y metodológicos para el abordaje de las políticas públicas”, que reúne contribuciones teóricas de expertos y referentes temáticos, podemos subagruparla en tres duetos y un texto que nos abre la puerta a la parte siguiente.
Los dos primeros capítulos enmarcan el sentido general del libro. Estas contribuciones problematizan –cada una a su modo y con su estilo– el carácter técnico de las políticas públicas y ponen en evidencia lo político en las políticas, al tiempo que advierten sobre los riesgos de aplicar técnicas o metodologías de análisis sin una previa reflexión crítica. De hacerlo, sostienen, se corre el riesgo de reproducir las posiciones de poder preexistentes sin aportar a un desarrollo justo y equitativo que las interpele.
El primer capítulo está escrito por el politólogo Carlos M. Vilas (UNLa). Elegimos comenzar con él no solo por su reconocida trayectoria como investigador y funcionario, sino también porque su texto condensa claramente relevantes reflexiones disciplinares sobre conceptos claves para quienes deseen adentrarse en el trabajo intelectual o el ejercicio práctico con las políticas públicas. El artículo ofrece una lectura del panorama general del campo de estudios de las políticas públicas desde la Ciencia Política, haciendo énfasis en su carácter político y problematizando su dimensión pública. Vilas logra, a través de una breve historización, inscribir la emergencia de conceptos y enfoques con relación a distintos contextos (geo)políticos, ideológicos y económico-financieros, y dar cuenta de una tendencia analítica hacia la descontextualización. En sus páginas ilustra con ejemplos concretos la pertinencia de conceptos del análisis de políticas, como descentralización, racionalidad, capacidades estatales, orientación, técnica y política, efectividad, intersectorialidad, poder infraestructural y autonomía enraizada, entre otros. Creemos que esta lectura conceptual brinda una oportunidad e invita a profundizar y a estar advertidos acerca de qué hablamos cuando hablamos, por ejemplo, de la gobernanza en los territorios, tan en boga actualmente.
A continuación, Andrés Kozel (CONICET-UNSAM) y Diego Taraborrelli (UNQ) nos proponen pensar los aportes que se pueden hacer desde las disciplinas anticipatorias a las políticas públicas, las cuales tienen la posibilidad de jugar un rol en su programación, planificación o diseño. Estos autores –mediante la figura del saber “ventrilocuizado”– ofrecen una reflexión que advierte sobre un modo de producción intelectual que reproduce acríticamente los discursos, de manera que es hablado por otros actores, y el saber experto se reduce a una “modulación mal conducida”, precisándolo a través de técnicas, metodologías o directamente vaciándolo de contenido en pos de la neutralidad valorativa. El texto nos invita a recapacitar sobre los esfuerzos de las disciplinas anticipatorias o los estudios del futuro para buscar fuentes exógenas de legitimidad y los efectos sobre una práctica que suele tener una necesaria vocación utilitaria para su producción. Frente a esta actividad intelectual “domesticada”, ellos proponen algunos modos y disposiciones que permitan afrontar honestamente las tensiones y los peligros de quienes buscan aportar, desde las disciplinas anticipatorias, a las políticas públicas. Creemos que este artículo es un gran aporte porque indaga en un modo de construir futuro que trabaja sobre sus representaciones, lo cual –como los mismos autores observan– es otra forma de hablar del deseo, en este caso de los deseos sociales y sus manifestaciones.
El segundo dueto nos ofrece herramientas conceptuales para la planificación y el trabajo con políticas públicas en un organismo de ciencia y tecnología, ambos desde el enfoque teórico del análisis sociotécnico. El capítulo escrito por Lucas Becerra, Hernán Thomas y Paula Juárez (UNQ) continúa poniendo el acento en la cuestión central que hemos mencionado: la relación entre conocimiento y políticas. Los autores trabajan este nexo a través de la vinculación entre la ciencia, la tecnología, la innovación y el desarrollo. Con el propósito explícito de realizarles aportes a instituciones del ámbito de la ciencia y la tecnología, consideran que la sociedad está tecnológicamente construida y que la tecnología está socialmente conformada. Desde allí, ante la pregunta sobre los modos de generar una dinámica de innovación de desarrollo inclusivo y sustentable, exponen sobre las falacias de racionalidad y sobre la relación entre problema-solución que inciden en los procesos de diseño de políticas. Basados en una lectura de Carlos Matus, ofrecen herramientas para incorporar una planificación situada, que responda a una resolución de problemas reales. Con un estilo provocador, contrastan diferencias conceptuales y convocan a la reflexión sobre la práctica de extensión y la implementación de políticas, revisando los supuestos del modelo lineal de innovación y sus racionalidades asociadas.
La colaboración de Silvana López (INTA-EEA Bariloche) retoma y prosigue con las preocupaciones de los autores anteriores acerca de la necesidad de un trabajo situado y de la pertinencia del enfoque sociotécnico. La autora nos ofrece una propuesta metodológica para reflexionar sobre el modo en que se articulan las políticas públicas con las instituciones de ciencia y tecnología, puntualmente en el caso del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Para eso toma aportes de ese enfoque y va más allá, mediante una operación historiográfica que posibilita articular el tiempo y el espacio para contextualizar los fenómenos sociales vinculados a la ciencia, la tecnología y el desarrollo. Este énfasis en situar el trabajo con las políticas, considerando las variables que construyen su propia temporalidad y espacialidad, ofrece herramientas para inscribir las políticas públicas en procesos concretos donde adquieren un sentido que permite dimensionarlas y ponerlas en perspectiva.
El tercer dueto presenta dos textos que tienen, como preocupación principal, la institucionalización del ingreso de la evidencia en los procesos de políticas públicas. En el primero, Fernando Jaime (UNAJ-UBA) y Penélope Vaca Ávila (UNAJ-UNSAM) brindan elementos para comprender a qué se llama Políticas Basadas en Evidencia. Los autores presentan los modelos prácticos predominantes a nivel internacional y proponen un camino propio para la Argentina. La cuestión central del capítulo es comprender cómo son los arreglos institucionales para incorporar la evidencia en el proceso de toma de decisiones. Una de las grandes contribuciones de estos autores es que logran exponer una indagación con altos niveles de abstracción de un modo realista, tomando en consideración los problemas comunes de la incorporación de evidencia acerca de “lo que funciona” en políticas públicas, los principales métodos y los riesgos de utilizarlos de manera acrítica.
En el siguiente capítulo, Pablo Andrés Curarello (INTA-EEA Catamarca) dialoga directamente con las preocupaciones planteadas por Jaime y Vaca Ávila. En este artículo, el autor se enfoca en la evaluación de impacto y sus potencialidades en un instituto de ciencia y tecnología. Sin dejar de atender las cuestiones clásicas de la materia, como el problema de la atribución causal, propone una estrategia y metodología para realizar el pasaje a una gestión por impacto. Pensando en la aplicación de su propuesta metodológica, Curarello presenta un anexo con referencias bibliográficas que permiten profundizar en las distintas dimensiones de la cuestión, lo que resulta un aporte significativo para quienes deseen adentrarse en la temática.
El capítulo final de esta primera sección realiza aportes sobre el modo en que se aborda la complejidad de los problemas públicos, más precisamente sobre cómo se construye conocimiento relevante respecto de sistemas complejos. Escrito por Javier Flax (UNGS), el texto se propone alentar la presentación de argumentos socialmente situados –en su complejidad, pertinencia y relevancia– haciendo dialogar los saberes expertos con el derecho a la participación y a la información pública. En este sentido, el autor convoca a utilizar la interdisciplina como método principal en la construcción de la información. Así, interroga acerca de cómo se piensan los problemas públicos, cómo se construyen, con qué conocimientos y con quiénes. Manifiesta que este modo de generar información posibilita una mejor argumentación y deliberación en torno a las políticas públicas y sus controversias. Este capítulo aporta elementos para abordar la relación entre conocimiento y políticas atendiendo a los modos de construcción de la información de interés público y su utilidad en distintos contextos y niveles. No es lo mismo producir conocimiento en un laboratorio, tranqueras adentro o a nivel regional, variando a diferentes escalas espaciales. Los actores involucrados, las dimensiones y las dinámicas entrelazadas en los distintos niveles de análisis demandan considerar su complejidad para las intervenciones públicas.
En la segunda sección de la compilación, “Casos de análisis y sistematización de experiencias”, se ofrecen análisis de distintas políticas y sistematizaciones de experiencias desde ámbitos ligados a la investigación.
Algunos capítulos de este libro pueden leerse como un caso de análisis y también como un aporte conceptual o metodológico: el escrito por Patricia Aguirre (UNLa) probablemente es aquel donde esto se ve más claro. Dada esta particular polivalencia pedagógica, elegimos comenzar esta sección con su artículo, lo que sirve de transición para presentar los casos empíricos. El abordaje propuesto para enfocarse en la política alimentaria argentina es erudito, fruto de su gran trayectoria en la materia, y –parafraseando a Charles Tilly– creemos que leer su texto puede ser una experiencia de aprendizaje incluso para aquellos que no poseen un interés particular en el caso de esta política. La autora es antropóloga y nos invita a recorrer la cuestión de la alimentación dando cuenta de su complejidad, para luego aproximarse a la política en cuestión. Aguirre reconstruye la problemática, analiza distintos enfoques y propone una interpretación y un horizonte de trabajo. Esto lo realiza haciendo dialogar conceptos de antropología, historia, geografía, nutrición, ecología, derecho, política y sociología, y contextualizando la cuestión a distintos niveles. El trabajo logra exponer los trazos gruesos del proceso en marcha y los problematiza, y de esta manera no solo inscribe la cuestión a nivel de subsistema de política pública, sino que haciendo dialogar distintas disciplinas también brinda herramientas para dimensionarla en sus aspectos socialmente más relevantes. Permite pensar la producción de alimentos como un evento humano, un “hecho social total”, que excede a una conceptualización en torno a la producción de commodities y la pone en perspectiva del derecho humano básico a la alimentación y de nuestra forma de organización como sociedad.
Continuamos esta sección con dos textos que interrogan la (des)conexión de los sistemas de investigación con los problemas sociales a través de la sistematización de dos experiencias.
En el segundo capítulo de esta sección, Miguel Sierra Pereiro (INIA Uruguay) e Isabel Bortagaray (UDELAR Uruguay) se abocan explícitamente a la relación entre la generación de conocimiento y las políticas públicas. Los autores dan cuenta de un momento histórico de articulación del sistema científico con el Poder Ejecutivo en la República Oriental de Uruguay para afrontar la crisis desatada con la pandemia de COVID-19. El capítulo contextualiza el caso a través de distintos enfoques que logran identificar los diferentes momentos de las políticas de ciencia, tecnología e innovación en América Latina en general y en Uruguay en particular. Desde allí indaga en el poder transformativo que jugó en los momentos más álgidos de la pandemia, cuando la incertidumbre regía el tratamiento del problema público. Los autores se preguntan por el rol transformador del conocimiento, para el cual la pandemia funcionó como catalizador, y dejan planteado el interrogante de si esto puede significar una nueva política de ciencia, tecnología e innovación en estrecha cercanía y coordinación con los problemas del desarrollo. El caso es sumamente ilustrativo del modo en que se articularon los actores del mundo del conocimiento con decisores políticos para responder a un desafío vital urgente. Las preguntas expuestas y la novedad de una experiencia inédita a la altura del momento histórico muestran que son posibles otras configuraciones distintas a las anquilosadas inercias institucionales.
En estrecho diálogo con las preocupaciones expuestas en la contribución de Sierra y Bortagaray, el capítulo escrito por Gimena Camarero, Julián Monkes, Joaquín Pérez Martín y Patricio Straccia (FAUBA) da cuenta de la creación y la trayectoria del Grupo de Estudio y Trabajo en Políticas Agropecuarias (GETPA) de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La sistematización de esta experiencia particular desde un organismo académico ilumina algunas cuestiones importantes respecto del rol del sector científico y los procesos sociopolíticos. Por un lado, las autoras y los autores explicitan cómo puede aportar el sector científico en las distintas fases del proceso de las políticas públicas. Por otra parte, es interesante observar cómo el GETPA podría ser identificado como fruto de un momento histórico particular, un emergente tardío de la “crisis de la [resolución N.º] 125”, que amplió sus miradas y fomentó la creación de este grupo interclaustro con una perspectiva crítica y analítica sobre el modelo productivo. En este caso, como ellos mismos exponen, las preocupaciones académicas y biográficas se vieron interpeladas por la historia del país en una crisis que conmovió el orden social habilitando nuevos (re)posicionamientos de distintos actores, entre ellos el sector científico. El texto habilita preguntas pertinentes para aquellos que producen conocimiento científico, fundamentalmente sobre la necesidad de una producción situada histórica y espacialmente. El trabajo de Camarero, Monkes, Pérez Martín y Straccia tiene la virtud de mostrar un camino posible para este desafío.
Las particularidades de los primeros tres capítulos de esta sección abren la puerta para adentrarse en el análisis de distintas políticas y sistematizaciones de experiencias desde ámbitos ligados a la investigación. A partir de aquí se presenta una serie de textos que giran explícitamente en torno al rol del INTA y su participación en la implementación de políticas públicas concretas. Tomamos este organismo como un caso que –por su inserción social, territorial y productiva, y su conjugación de actividades de extensión e investigación a lo largo y ancho de toda la Argentina– amerita una atención particular para la temática convocante.
El capítulo de Luis Caballero (INTA-Transferencia y Extensión) y Diego Ramilo (INTA-CIPAF) interpela directamente al INTA en cuanto política pública, la primera de las tres posiciones de los organismos de ciencia y tecnología que presentamos al inicio de esta introducción. Los autores ofrecen una sistematización y reflexión sobre las políticas para la agricultura familiar, campesina e indígena, y plantean los desafíos para –y desde– esta institución. El texto hace dialogar las caracterizaciones de estos actores en los distintos momentos históricos con las políticas desplegadas y sus enfoques. Esta explicitación del vínculo entre actores y políticas, que resulta pertinente para inscribirlas en procesos sociales y políticos amplios, en última instancia es lo que permite dar cuenta del carácter político de la política. Es de destacar también que la contextualización que se propone no solo es histórica; apelando al concepto de interseccionalidad –desarrollado por el movimiento feminista– conecta políticamente los desafíos de la agricultura familiar con los de la seguridad y la soberanía alimentaria, el cambio climático, las cuestiones de género, la juventud y la economía popular, entre otros. De este modo, los autores realizan un análisis histórico de la política para este sujeto social, económico y político con relación a las políticas globales, nacionales y de la institución. Dada la persistencia de la agricultura familiar, campesina e indígena como sujeto subordinado en la política institucional, creemos que el texto interpela profundamente el rol del INTA como política para la ruralidad argentina ante el tamaño de los desafíos a los que se enfrenta el desarrollo rural.
A continuación, Carla Arizio y Silvina Lewis (INTA-IIRB) presentan un caso paradigmático del rol de la institución en el aporte a la implementación de políticas públicas: la contribución a la operativización de la Ley de Cannabis Medicinal. A través del análisis del caso, reflexionan sobre la necesidad de vincular las instituciones de ciencia y tecnología con otros actores sociales y políticos para lograr aportar al diseño de las políticas e incidir efectivamente en sus procesos. La experiencia presentada ilustra un proceso virtuoso de innovación institucional que busca estar a la altura de los desafíos que surgen de nuestra sociedad. El capítulo pone en valor la generación de conocimiento con sustento científico orientado a aportar insumos y criterios para las políticas. Del mismo modo, las autoras exhiben las dificultades encontradas y proveen elementos para contribuir al aprendizaje institucional, entre los que se destaca la necesidad de llevar adelante una acción coordinada con otros actores tanto sociales como políticos.
El capítulo siguiente fue escrito por un colectivo de integrantes de la red de recursos fitogenéticos, zoogenéticos y microbianos (INTA-REDGEN): María Rosa Lanari (EEA Bariloche), María Beatriz Formica (EEA Marcos Juárez), Raquel Defacio (EEA Pergamino), Mariana Ferreyra (EEA Salta), Daniel Bedotti (EEA Anguil), Alejandro Perticari (AER Concarán), Paula Calvo (EEA Alto Valle), Carlos Reising (EEA Bariloche) y Leonardo Gallo (EEA Bariloche). Ofrece un análisis de la política argentina sobre el patrimonio genético del país, lo que incluye las regulaciones sobre el acceso, el uso y el monitoreo de los recursos y su conservación. Para eso ponen en perspectiva las normativas nacionales y los acuerdos internacionales suscritos por el país, y analizan el rol del sistema científico en torno a la conservación de la diversidad genética, puntualizando en los aportes del INTA. La contribución de la red visibiliza la importancia de la cuestión considerando los aportes desde el sistema científico, pone en valor el rol de los actores sociales y estatales para la temática, y también señala vacancias y propone recomendaciones de política. Un punto que las autoras y los autores destacan –y que nos gustaría subrayar– es la importancia de la conservación no solo ex situ, en bancos de germoplasma, sino también in situ, en sistemas naturales y productivos. Este enfoque obliga a articular acciones entre los actores sociales, especialmente los campesinos y los pueblos indígenas, y los marcos regulatorios. Otra vez, la explicitación del vínculo de los sujetos con las políticas pone en evidencia el carácter político de estas, al poder reconstruir conceptualmente la vinculación de las definiciones técnicas con actores concretos que ocupan una posición en el orden social.
Por su parte, el capítulo escrito por Sergio Osvaldo Pena (INTA-EEA Chubut) ofrece un ejemplo claro del tipo de aporte que puede hacer el INTA a la formulación e implementación de políticas públicas para un sector de importancia histórica, territorial y productiva. A través del análisis de la Ley Ovina, el autor ofrece un panorama de la inserción de la actividad en la cadena global de valor, contextualizando históricamente las regulaciones e intervenciones para la actividad ovina en Argentina. Así, analiza el proceso de la política pública recorriendo los espacios de discusión y exhibiendo el entramado político de la política donde se procesan las diferentes problemáticas que hacen al sector.
La contribución de María Noelia Salatino (CONICET/EEA Mendoza-San Juan) indaga en los modos en que se conceptualizó el trabajo agrario desde el INTA entre 2010 y 2020. Si decimos que una de las posiciones del organismo respecto de las políticas es implementar y contribuir a la formulación de estas, resulta pertinente dar cuenta de los modos en que esta institución problematiza la cuestión; es decir, ¿cómo se piensan el trabajo y los trabajadores agrarios desde el INTA?, ya que esto condiciona y tiene efectos en la política institucional. La autora repasa las principales transformaciones que sufrió el trabajo agrario en las últimas décadas y la diversidad de las modalidades que asumió el empleo en la ruralidad argentina, e identifica los distintos enfoques institucionales considerando cómo se conjugan los niveles que los restringen y posibilitan otros: macro (Estado nacional), meso (INTA) y micro (el trabajo concreto territorial y profesional de los agentes). La propuesta es particularmente interesante, pues pone en perspectiva al organismo con el accionar más amplio del aparato estatal y de las acciones concretas de sus agentes.
Para finalizar, el capítulo escrito por Gustavo Tito (INTA-UNAJ) y Diego Taraborrelli (UNQ) propone una sistematización de un período en la gestión de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA-AMBA). Pone en valor la innovación que significó la decisión de institucionalizar la presencia del INTA en un territorio periurbano, con sus lógicas propias y diferencias respecto de la ruralidad a la que se encuentra más habituada esa institución. Además –como venimos mencionando– hace hincapié en un aspecto fundamental de las políticas públicas: el Estado no gestiona solo o no puede hacerlo independientemente de la sociedad si quiere lograr resultados satisfactorios. Los autores destacan la necesidad del proceso de construcción de alianzas sociales y políticas dentro de los territorios para construir y concretar los objetivos propuestos. El artículo expone un ejemplo concreto de la llamada “gobernanza”, que Vilas señaló como “el” modo de llevar a cabo las funciones del gobierno. Los autores sugieren que comprender las políticas de esta forma, insertas en un contexto de interacción entre distintos actores, permite escapar de una suerte de “positivismo normativo” donde se sostiene que las leyes necesarias para la gestión ya están dispuestas, pero que no se aplican o que simplemente no se implementan. Esto permite (re)pensar las leyes, las políticas y las instituciones, con sus reglas formales e informales, como instrumentos a ser utilizados y movilizados por actores concretos en función de sus intereses particulares.
Reflexiones a modo de cierre
Los capítulos de este libro comulgan con la pluralidad de enfoques, disciplinas, procedencias geográficas, asuntos e instituciones. Si bien cada una de las contribuciones representa aportes valiosos per se, cuyos contenidos son responsabilidad de las autoras y los autores, entre ellas comparten elementos comunes de insoslayable relevancia. En primer lugar coinciden en la preocupación respecto del modo en que se relacionan la gestión del conocimiento, los actores sociales y las políticas públicas. También participan implícita y explícitamente de postulados básicos para el análisis de las políticas públicas, entre los que se destaca la idea de que los problemas públicos son constructos sociales. Esto equivale a decir que los problemas no están ahí para ser descubiertos, sino que su definición forma parte de un proceso político en el que participan distintos actores con diferentes intereses específicos.
Asimismo nos interesa específicamente destacar dos ejes que atraviesan las dos secciones del libro. Por un lado, la comprensión común de los procesos de las políticas públicas como interacciones entre actores sociales y políticos que exceden los ámbitos de generación de conocimiento. Y, derivado de eso, la pertinencia de los abordajes interdisciplinarios para intervenir en los problemas públicos complejos. La necesidad de un abordaje que dialogue e incorpore conocimientos articulando distintos enfoques disciplinares y saberes es un desafío frecuente para el abordaje de los problemas públicos. Si bien no es algo sencillo de realizar, es un esfuerzo que deben llevar adelante aquellos interesados en comprender las dinámicas sociales, identificar y construir los problemas, e implementar las políticas públicas. En estos casos, que ponen “al Estado en acción”, se trata también de una interacción concreta con otros actores, sociales y políticos. Esto es así porque cuando hablamos de políticas hablamos de cuestiones públicas y su comprensión demanda un esfuerzo por hacer dialogar elementos de las distintas dimensiones en torno a la cuestión. El caso del INTA, para el cual tenemos varios ejemplos en esta compilación, creemos que es singular, ya que se trata de una institución que posee una posición privilegiada para asumir ese desafío. No es exclusivamente un organismo de ciencia y tecnología orientado a la generación de conocimiento y tampoco es solo una unidad ejecutora del aparato estatal. Se ubica en un lugar intermedio, participando en ambas instancias de los procesos de política pública y en su conducción –consejo directivo– involucra a actores públicos y privados. Por otra parte, cuenta con una amplia inserción territorial a través de casi 450 unidades distribuidas a lo largo y ancho del país, por lo que frecuentemente se enfrenta con los problemas del desarrollo de nuestro país, dando como resultado un elemento único del Estado argentino. No obstante, como se observa en varios de los trabajos en estas páginas y es de nuestro interés resaltar, en este caso y en general, el Estado no procede solo, sino que necesariamente interactúa con actores no estatales.
Estos textos ofrecen elementos para enriquecer las reflexiones institucionales sobre por qué y para qué analizar políticas públicas desde un organismo de ciencia y tecnología, y acerca de los modos de intervención. No buscamos en estas páginas proveer recetas universales, válidas en todo tiempo y lugar, ni que las diferencias de enfoques, miradas o metodologías se anulen, sino que nuestro deseo es que esas contribuciones motiven reflexiones y enriquezcan los análisis y las prácticas cotidianas. Fundamentalmente, porque estas diferencias son las que permiten iluminar los puntos ciegos dentro de la multiplicidad de miradas, que siempre tienen a sus espaldas aquello que no pueden comprender. Ninguna perspectiva, incluso las que se presentan como omnicomprensivas, puede dar cuenta de la totalidad de la realidad social y de sus dinámicas a fin de derivar o decantar diseños de políticas, sino que se desarrollan en función de una preocupación y un problema particular. Por eso se propone y se invita a utilizar y cuestionar los conceptos y experiencias presentados, de manera de servirnos de ellos para comprender e intervenir mejor en la realidad en la que nos desenvolvemos y construimos cotidianamente, que es donde se plasman los arreglos sociopolíticos provisorios que saldan en la práctica estas diferencias.
Por todo lo expuesto, consideramos que este libro colectivo constituye un aporte para repensar el abordaje de las políticas públicas en los institutos de ciencia y tecnología. Está claro, en ese sentido, que estos organismos no solo deben promover la competitividad del sector productivo, sino que además tienen una demanda preexistente, que es la de fomentar la inclusión social incorporando a todos los actores de los territorios en la apropiación de las nuevas tecnologías. Es por eso que este tipo de aporte se torna fundamental para revitalizar las discusiones sobre las políticas públicas desde los territorios, las oficinas y los laboratorios. Dada la calidad de las contribuciones inéditas que presenta esta compilación, consideramos que este libro constituye una contribución relevante para el público interesado, independientemente del conocimiento previo sobre la temática.
