Una experiencia interdisciplinaria de análisis y aportes a las políticas públicas en la Facultad de Agronomía de la UBA

Gimena Camarero, Julián Monkes, Joaquín Pérez Martín y Patricio Straccia

1. Introducción

El presente capítulo analiza la creación y la trayectoria del Grupo de Estudio y Trabajo en Políticas Agropecuarias (GETPA) de la Facultad de Agronomía de la UBA, como un espacio interdisciplinario interclaustro que fue gestándose a partir de diversos hitos de la discusión en políticas agropecuarias y que funciona desde 2019. A lo largo de las siguientes páginas se presenta, en primer lugar, una breve caracterización del abordaje teórico que desde el GETPA se ha ido adoptando respecto de lo que se entiende como política pública. A continuación se caracterizan e identifican los principales hitos que en el marco de la discusión política agropecuaria fueron dando lugar a la creación del GETPA. Para finalizar se brindan la perspectiva y la experiencia del GETPA, antes de cerrar el capítulo con las principales reflexiones que han surgido a lo largo de su escritura.

En línea con una ya clásica definición de Oszlak y O’Donnell (1995 [1981]), entendemos a la política pública como los “conjuntos de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores en la sociedad civil” (p. 112).

Esta definición es complementaria a la postulada por Subirats et al. (2008), según quienes “toda política pública apunta a la resolución de un problema público reconocido como tal en la agenda gubernamental [y que] representa pues la respuesta del sistema político-administrativo a una situación de la realidad social juzgada políticamente como inaceptable” (p. 33).

Ambas postulaciones dejan entrever que la política pública no es únicamente la “toma de posición” estatal sobre una situación socialmente problematizada, sino fundamentalmente un proceso (Muller, 2006; Roth-Deubel, 2008). Cómo se construye socialmente ese problema, qué alternativas son definidas como posibles –y cuáles son efectivamente seleccionadas– y qué instrumentos de política son deseables para alcanzar los objetivos definidos, entre otras dimensiones, también constituyen parte del proceso de producción de una política pública.

A su vez, toda “toma de posición” por parte del Estado no es aislada, uniforme ni permanente: las políticas públicas son procesos situados en contextos espacio-temporales singulares, son nudos en un tejido social que se destacan dentro de una secuencia más amplia de interacciones. Y es que los múltiples agentes estatales (y ya no “el Estado” como res [“cosa”] monolítica) no juegan solos, aun cuando ocupen posiciones predominantes en estas arenas: en toda política pública hay actores de la sociedad civil que se encuentran atravesados por la problemática a tratar y que también inciden en el proceso, relacionándose con los actores estatales e influyendo en su definición. Estas relaciones pueden ser de cooperación o de antagonismo, según la complementariedad o la contradicción entre los intereses de cada uno. Así, en su conjunto, las políticas públicas son los resultados dinámicos –aunque no siempre coherentes– de estas conflictivas relaciones que favorecen la ocurrencia de interpenetraciones entre Estado y sociedad civil (Oszlak y O’Donnell, 1995 [1981]).

En términos tanto analíticos como pragmáticos, hoy en día resulta evidente que la construcción de políticas públicas es un espacio de lucha. Comprender los procesos de producción de políticas públicas vinculadas con los sectores agropecuario, agroalimentario y agroindustrial requiere reconocer estas como un campo de disputa (Bourdieu y Wacquant, 1995; Shore y Wright, 2005). Identificarlas como un campo de fuerzas de carácter dinámico en el que múltiples actores sociales –ubicados en posiciones desiguales y atravesados por relaciones de poder– buscan incidir en los procesos de formulación, sanción e implementación de una política.

Por lo tanto, en este capítulo entendemos a las intervenciones estatales como procesos socialmente construidos y negociados por los actores que luchan por imponer su lógica y definir en cada caso cuál es el problema, cuáles son los objetivos por lograr o cuáles los instrumentos a utilizar en las fases tanto de producción como de sanción de las políticas públicas.

Esto también cuenta para las etapas de implementación de los programas definidos por las políticas en el territorio, en las cuales intervienen los actores encargados de la ejecución de las políticas –técnicos, extensionistas, decisores y autoridades políticas, jefes de agencia y demás– y actores de la sociedad civil, sujetos afectados por la política en cuestión, beneficiarios, entre otros.

Las políticas públicas pueden ser analizadas bajo diferentes perspectivas. Uno de los esquemas conceptuales más difundidos postula que cada política tiene un desarrollo secuencial –o ciclo– que consta de cinco etapas sucesivas: 1) la definición de un problema social y su inclusión en la agenda gubernamental (definición del problema y definición de los objetivos de política), 2) la programación legislativa y reglamentaria de la intervención pública con las decisiones pertinentes (definición de instrumentos de política, formulación y sanción de la norma), 3) la implementación del programa político-administrativo a través de planes de acción y de actos formales, 4) la evaluación de los efectos generados por la implementación de la política (impactos) y 5) la reformulación de la política en caso de que se considere necesario (Martínez Nogueira, 1995; Subirats et al., 2008).

En general, el esquema de ciclo resulta un marco analítico útil para comprender los procesos de diseño y gestión de las políticas públicas en Argentina, aunque eso no quita la posibilidad de que en ocasiones se salten ciertas etapas.

Diagrama 1: El ciclo de las políticas públicas

Fuente: elaboración propia con base en Martínez Nogueira, 1995, y Subirats et al., 2008.

El sector científico puede realizar aportes sustantivos a través del análisis de las políticas públicas producidas por el Estado. Esto generalmente ocurre mediante artículos o informes académicos que construyen conocimiento acerca de los procesos sociales, económicos, políticos o administrativos puestos en marcha por las diferentes políticas. Este tipo de estudio suele ser de carácter retrospectivo y puede servir como insumo para la evaluación de los resultados de las políticas públicas.

Otra forma de participación del ámbito científico en estos procesos es el asesoramiento profesional explícitamente solicitado por los tomadores de decisión en momentos particulares (Martínez Nogueira, 1995; Subirats et al., 2008). Pero, además, el sector puede buscar involucrarse por iniciativa propia en el proceso de producción de las políticas y acercarse a los espacios donde estas se definen, para aportar su perspectiva desde el entendimiento de que la práctica académica es situada y que las investigaciones son apropiadas solo si son científica y socialmente relevantes.

Para detallar de manera gráfica la contribución del sector científico a las políticas públicas podemos retomar las etapas del ciclo y señalar algunos ejemplos en el marco de diferentes políticas agropecuarias, agroalimentarias y agroindustriales:

1. En la etapa de definición del problema social a resolver, el sector científico puede contribuir realizando diagnósticos de situación de múltiples aristas del problema identificado, que en el caso de las políticas agropecuarias pueden incluir estudios sociales, económicos, productivos y ambientales. Por ejemplo, reconocer qué inconvenientes identifican que tienen las poblaciones rurales o cuáles son las relaciones de poder existentes al interior de las distintas comunidades que serán beneficiarias son elementos necesarios para construir el problema de cada política (Feito, 2004). Además, el sector científico puede identificar una cuestión particular que no haya sido abordada en la agenda pública o política y contribuir así a su problematización social, como ha sido el caso del estudio de la desertificación en zonas áridas y semiáridas (Paruelo y Aguiar, 2003) o el de los impactos multidimensionales de las transformaciones en el agro pampeano (Lombardo et al., 2007) o –más ampliamente– la expansión de la frontera agrícola (Gras y Hernández, 2013).
2. En la etapa de formulación, el sector científico puede asesorar a los tomadores de decisión sobre aspectos relacionados con su área de experticia para definir tanto objetivos como instrumentos de política. Esto se puede realizar a través de un análisis del contexto de formulación en términos histórico-procesuales, como lo ha hecho Pérez Martín (2021) en su trabajo sobre la cuestión logística y comercial en el abastecimiento de alimentos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). También puede producirse a través de la participación activa del sector académico en las instancias de debate de la letra de una norma, como ocurrió en las discusiones para la formulación de las leyes de Semillas y de Humedales. Complementariamente, también puede suceder a partir de la demanda explícita de algún poder estatal para analizar el estado de situación en un caso concreto y así definir objetivos e instrumentos de política, como sucedió en Salta –a instancias de la Corte Suprema de Justicia– frente al avance de la deforestación (Paruelo et al., 2009).
3. En la etapa de implementación, el sector científico puede realizar estudios de monitoreo o de evaluación de procesos para comprender de qué manera son aplicados los programas o planes en territorios y grupos poblacionales concretos, como lo hacen Fernández et al. (2017) al analizar la incidencia de las políticas sectoriales en la forestalización de un área del Delta Bonaerense. En este punto es necesario tener en cuenta que las políticas no se transfieren de forma estática e inmutable. Como plantean Peck y Theodore (2010), las políticas producidas a ciertos niveles son luego reproducidas y resignificadas por los diversos actores intervinientes –estatales y beneficiarios– en los lugares específicos de aplicación, de modo que son continuamente transformadas (Long y Long, 1992; Rodríguez Bilella, 2004; Feito, 2005).
4. En la etapa de evaluación puede solicitársele asesoramiento profesional al sector científico para estudiar las consecuencias de las políticas públicas una vez transcurrido cierto plazo mínimo desde su implementación. Estas evaluaciones, idealmente, se realizarían en comparación con el estudio diagnóstico previo a la implementación de cada política, pero esa información no siempre está disponible. En este grupo es posible incluir estudios vinculados con las dimensiones ambientales (Aguiar et al., 2018), socioproductivas (Cáceres et al., 2006), económicas (Garriga y Rosales, 2008) y culturales (Rodríguez Bilella y Delgado, 2008) de una política pública, entre otras.
5. Finalmente, todos los estudios científicos mencionados hasta el momento permiten orientar el rumbo a tomar para la reformulación de las políticas (Martínez Nogueira, 1995; Subirats et al., 2008).

Diagrama 2: Ejemplos de contribuciones científicas al ciclo
de las políticas públicas

Fuente: elaboración propia.

Vemos entonces que el sector científico puede realizar aportes en las diferentes etapas del proceso de producción de políticas públicas, sea en las instancias de formulación, sanción, implementación o evaluación. Pero también puede ser una parte activa y fundamental en ellas.^[1] Esto se evidencia con claridad en todo el proceso político vinculado con la Ley de Bosques, en el cual el sector académico contribuyó a la definición del problema de política y a la proposición de instrumentos concretos, participó a través de los mecanismos institucionales existentes, analizó la implementación de la norma realizada por cada provincia e incluso propuso elementos a considerar no solo para la reformulación de la propia ley, sino también para las restantes normas de presupuestos mínimos de protección ambientales que le siguieron.

2. La “125”, el conflicto que politizó y allanó el camino para la emergencia del GETPA

La formulación y gestión de políticas agropecuarias en Argentina en los últimos años ha quedado marcada por la “crisis de la [resolución N.º] 125”, la cual se desarrolló en 2008 a partir de un largo e intenso conflicto entre el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández (2007-2015) y un sector de productores agrícolas, mayoritariamente agrupados en las organizaciones gremiales que conformaron la Mesa de Enlace.

Como es sabido, el conflicto se originó a partir de la introducción de cambios en el impuesto que grava las exportaciones agrícolas, para establecer la definición de una alícuota variable en función de los precios internacionales (las retenciones móviles). En la práctica, esto implicaba un incremento de la alícuota existente al momento de la cosecha de los principales cultivos alcanzados por la medida (Ministerio de Economía y Producción de la Nación, 2008).

Este conflicto se extendió por varios meses y cambió definitiva y sustancialmente la arena política nacional, tanto en términos generales como en las dimensiones específicas que hacen a los procesos de producción de las políticas agropecuarias y agroalimentarias. En definitiva, ese gravamen expuso tensiones políticas e ideológicas históricas.

De esta forma, a partir de esa crisis apareció una serie de cuestiones que empezaron a trazar los grandes lineamientos de la agenda público-privada para el diseño, la implementación y la gestión de políticas agropecuarias. Estas se originaron en las transformaciones socioterritoriales sucedidas a nivel tanto rural como urbano en las últimas décadas en Argentina, con eje en las reformas neoliberales de 1990 y la crisis de 2001.

Así, una de las cuestiones que pareció haber dejado entrever este conflicto fue una nueva dinámica rural-urbana en la construcción de políticas públicas aplicadas al agro, los alimentos y el ambiente. Esta dinámica respondía, por un lado, a la necesidad de abordar el modelo agrario –en términos espaciales y sectoriales– con cada vez menos establecimientos agropecuarios y mayor concentración de capital y producción. En cambio, la concentración de la población, la pobreza y la demanda de alimentos y de servicios provistos por el sector agropecuario tiene lugar casi exclusivamente en la ciudad.

En consecuencia, la primera cuestión que apareció en la agenda fue el precio de los alimentos en el mercado interno y la seguridad alimentaria de los argentinos. Este asunto cobró aún más relevancia en un contexto global de incremento y volatilidad del precio de los alimentos a escala global, a partir de 2007 (FAO, 2021b), que fue complementado y retroalimentado con una situación inflacionaria local de larga data.

En definitiva, siendo Argentina el tercer país más importante en exportaciones agroalimentarias a nivel mundial (FAO, 2021a), superavitario en términos productivos, a excepción casi exclusivamente de las frutas tropicales y algunos otros productos de muy bajo consumo, los precios internos de los alimentos resultan, entre otros elementos, de la transmisión de las cotizaciones internacionales. A su vez, dado que los ingresos de la población en general no están anclados a esta dinámica, los hogares fueron viendo una progresiva reducción de su capacidad de compra y del acceso a una dieta adecuada.

Otra cuestión cuya centralidad se reforzó a partir de la crisis en 2008 fue la importancia que tienen las exportaciones agroalimentarias para el crecimiento económico y el desarrollo nacional, en términos de acceso a dólares para financiar importaciones y otros gastos en esa moneda. En el promedio de los últimos cuatro años, los complejos exportadores pampeanos –de cereales, oleaginosas, carnes y lácteos– alcanzaron el 50 % del total de las exportaciones nacionales, mientras que, si se suman los restantes sectores de las economías regionales (frutas, hortalizas, miel y tabaco, entre otros), el peso en el total exportado asciende al 63 % (INDEC, 2021).

En este sentido, las distintas políticas macroeconómicas y comerciales necesariamente tienen un vínculo muy directo con la situación de la producción agropecuaria y agroalimentaria, en especial con la inserción en el mercado externo.

Por último, se debe destacar la emergencia de los actores del “otro campo”, principalmente compuesto por productores de la agricultura familiar, campesina e indígena, como lo destaca Berger (2018). Se trata de un heterogéneo conjunto de actores productivos con una importante participación en algunos sectores –hortícolas, florícolas, frutícolas, caprinos, ovinos y demás– y ampliamente extendidos a lo largo del territorio rural de nuestro país, pero que no eran afectados directamente por la implementación de la resolución N.º 125/2008.

En este contexto, y en línea con el impulso brasileño en el ámbito del Mercado Común del Sur (Mercosur) de las políticas de la agricultura familiar y el programa Hambre Cero, en nuestro país se institucionalizaron espacios político-institucionales para la segmentación de las políticas agropecuarias (Marcos y Berger, 2019), mientras que se pusieron en marcha políticas como el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (Nogueira et al., 2017), junto con programas de asistencia técnica desde el INTA y de financiamiento de proyectos productivos desde el ministerio (Neiman, 2010; Nogueira y Urcola, 2014). En simultáneo empezaron a instalarse discusiones ambientales y la agenda de la soberanía alimentaria (Carballo, 2017), que de ser una proclama originada dentro de los movimientos campesinos pasó a ser considerada una referencia urbana de las principales críticas a los sistemas agroalimentarios.

Estos tres elementos –identificados como cuestiones de interés público y de disputa política en el contexto de la “125”– se han ido sosteniendo y fortaleciendo como ejes ordenadores de las políticas agropecuarias de los gobiernos populares de Argentina. En el sentido contrario, en el gobierno de Mauricio Macri, las desregulaciones implementadas, una serie de devaluaciones y un nuevo esquema de retenciones implementado generaron un escenario de menor conflictividad con los actores concentrados del campo. Sin embargo, fruto del retroceso de las políticas para la agricultura familiar, se dinamizaron la protesta y la organización del “otro campo” (Pérez y Urcola, 2020).

Amén de estas diferencias, la política agropecuaria y agroindustrial de un país generalmente se ordena a partir de ciertos ejes, pero toma forma a través de una multiplicidad de políticas –muchas ellas de carácter sectorial– con objetivos e instrumentos específicos, las cuales son formuladas y ejecutadas por una diversidad de organismos estatales.

En algunos casos se buscará promover el impulso a ciertas actividades económicas y la generación de empleo, como ocurre –por ejemplo– con las políticas de promoción implementadas a través de la Ley Ovina y Caprina. En otros se favorecerá la adopción de innovaciones tecnológicas, especialmente a través del INTA como un instituto que trabaja en su desarrollo y transferencia.

También se buscarán la disminución del impacto ambiental y la regulación de ciertos modos de producción, como puede resultar de la implementación de la Ley de Bosques. Y en otras ocasiones se procurará garantizar la inclusión y sustentabilidad de los pequeños y medianos actores sectoriales, así como de los campesinos y las comunidades indígenas, y promover el arraigo territorial, como ocurre con ciertas políticas orientadas específicamente a la agricultura familiar.

En última instancia, las decisiones para la implementación de las políticas deberán administrar sus impactos considerando los ganadores y perdedores de cada determinación.

Como en toda política pública, en la construcción de políticas agropecuarias inciden numerosos actores no estatales interesados en ser parte e influir en los procesos de formulación, sanción e implementación, dada la relevancia y el alcance de las cuestiones en discusión. Es por eso que existe una tensión permanente entre los actores sectoriales –como los productores, las empresas, las organizaciones gremiales y los organismos– y los actores estatales, cuyos intereses sectoriales e individuales son puestos en juego en las instancias de diálogo público-privado.

A su vez, muchas veces se minimiza la importancia de encuadrar las políticas agropecuarias dentro de un plan de gobierno y de la política macroeconómica, producto de la tensión previamente mencionada que profundizó una polarización que hasta 2008 se hallaba latente.

Así, no pensar las políticas públicas dentro de un esquema más amplio e interdependiente supone no construir como problema ciertas dimensiones estructurales. O –dicho en otras palabras– focalizarse solo en cuestiones sectoriales y coyunturales inevitablemente implica la perpetuación del statu quo. Cabe destacar que, en reiteradas oportunidades, el encuadre dentro de un plan estratégico existe, pero al no tener la correlación de fuerzas necesarias para llevarlo a cabo terminan implementándose políticas públicas aisladas y se pierde la potencia de hacerlo coordinadamente.

Como se puede observar, la “crisis de la 125” ha dejado abiertos varios desafíos por delante. En primer lugar ha cuestionado la capacidad de los gobiernos peronistas de ser un interlocutor político válido para el diseño y la implementación de políticas agropecuarias. A su vez ha limado la legitimidad para la intervención estatal en las dinámicas de los mercados agropecuarios, alegando una supuesta eficiencia, competitividad y transparencia en la gestión privada por sobre la pública, tal como señalan Patrouilleau y Alonso (2018).

En este proceso también se ha limitado la capacidad creativa y de innovación para el diseño de políticas agropecuarias, acotando la discusión a la dicotomía intervención/liberalismo, la cual en muchos casos es dada sin mayor profundidad ni complejidad.

Cabe señalar también que este conflicto tuvo lugar más de diez años después de haberse aprobado el primer cultivo transgénico de soja, evento que cambió para siempre al agro pampeano, su modelo productivo, la estructura social agraria, su dinamismo y representaciones gremiales.

Ese “campo” en 2008 ya no era el mismo que tradicionalmente se caracterizó como la oligarquía terrateniente, sino que ahora también lo componen los pooles de siembra, las empresas proveedoras de insumos que acaparan los diferentes mercados, los terratenientes devenidos rentistas y los contratistas rurales, entre otros, así como esa multiplicidad de actores subsumidos bajo el paraguas de la “agricultura familiar”.

Por ende, las políticas agropecuarias y la interacción entre los actores privados y estatales tampoco debían serlo. Consecuentemente, las capacidades estatales para conducir un proceso de desarrollo rural y agropecuario –y en particular para intervenir en las dinámicas económicas– luego de un proceso fuertemente desregulador y privatizador terminaron implosionando, en el marco de una fuerte demanda global por los commodities agrícolas que le imprimía un dinamismo nunca visto a la región pampeana.

En este proceso, la recreación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en 2009, el lanzamiento del Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) y la promoción de políticas con foco en las economías regionales, el desarrollo rural y la agricultura familiar, fueron algunos de los emergentes.

Sin dudas, este conflicto ha tenido un enorme impacto en diversas entidades estatales vinculadas con el mundo agropecuario, y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) no fue la excepción. Posiblemente, el GETPA podría ser identificado como un emergente tardío de la “crisis de la 125”, ya que el primer antecedente que aglutinó a este grupo interclaustro con el fin de reunir posiciones experimentadas alrededor de la discusión por una nueva Ley de Semillas –para la cual se convocó formalmente a opinar a la FAUBA– se dio en 2019.

De todas formas, desde 2008, la FAUBA se ha ido abriendo crecientemente a los debates estructurales y coyunturales sobre asuntos sociales y políticos del agro y el ambiente en todos sus claustros. Esto ha generado un terreno propicio para que la institución se empiece a abrir a los debates sobre la política agropecuaria.

A su vez, el perfil de los estudiantes de la FAUBA ha ido diversificándose fuertemente a partir de la creación de nuevas carreras, como la Licenciatura en Ciencias Ambientales, la Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica y la Tecnicatura en Turismo Rural, además del relanzamiento de la Maestría en Economía Agraria y de la Maestría en Desarrollo Rural.^[2]

Esto fomentó una perspectiva crítica y analítica sobre el modelo productivo y permitió ampliar la mirada acerca de los asuntos de interés público alrededor de la cuestión agropecuaria, agroindustrial y ambiental, a pesar de la falta de jerarquización del empleo público y las carreras profesionales en los distintos niveles de gobierno y organismos –a excepción de lo que pasa en el INTA– como destino profesional de los egresados.

3. La perspectiva del GETPA

El GETPA fue creado en 2019 con el objetivo de generar un ámbito propicio para debatir, estudiar y trabajar sobre la estructura, dinámica e inserción del sector agropecuario en la sociedad, su posicionamiento en el sistema agroalimentario, las vinculaciones entre los actores sociales, sus lógicas productivas y sus consecuencias sobre el capital natural. Se trata, pues, de discutir el modelo agropecuario actual, las políticas públicas que lo sostienen y su impacto en el conjunto de la sociedad y el ambiente.

En sus dos años de existencia ha realizado diversos encuentros de formación interna sobre políticas agropecuarias tanto coyunturales como históricas, y ha realizado dos charlas abiertas sobre la estatización del grupo agroindustrial Vicentín y la hidrovía Paraguay-Paraná. Estas dos disertaciones han sido las más vistas del canal de Youtube de la FAUBA, lo cual demuestra una fuerte demanda de la comunidad por escuchar el aporte que puede hacer una institución del peso de esta sobre temas coyunturales. Además, sus integrantes han tenido una activa participación en los debates sobre políticas centrales para el sector agropecuario, como las leyes de Semillas y de Humedales.

El GETPA reúne a docentes-investigadores, graduados y estudiantes de la FAUBA. A pesar de que su composición mayoritaria es de ingenieros agrónomos, presenta una fuerte impronta interdisciplinaria ya que reúne a docentes de las cátedras de Economía Agraria, Genética, Botánica Sistemática, Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información, Ecología, Dasonomía, Cultivos Industriales, Fruticultura, Fitopatología, Cerealicultura, Fertilidad y Fertilizantes, y Extensión y Sociología Rurales y de Sistemas Agroalimentarios.

También nuclea a estudiantes y licenciados en ciencias ambientales, una antropóloga y un estudiante de ciencia política. Incluso es heterogéneo en términos de participación institucional, pues entre sus integrantes hay personas que actualmente ocupan cargos jerárquicos en direcciones del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de Agricultura de la Nación y en el INTA.

Asimismo convoca a quienes hoy trabajan exclusivamente en la facultad pero han tenido experiencias previas en las instituciones señaladas. Esto permite tener una mirada integral de la discusión, con investigadores y docentes experimentados y contactos en diversas instituciones que enriquecen los debates.

Como se observa, el GETPA reúne muchas perspectivas y recorridos distintos. Por esa razón, en una encuesta interna se les consultó a sus integrantes qué los motiva a participar y el aporte que creen que puede brindar un grupo de discusión sobre políticas agropecuarias en el seno de la academia, de forma que la escritura de este ensayo no refleje únicamente la mirada de quienes lo escribimos, sino del grupo en su totalidad.

A raíz de esas preguntas, uno de los integrantes desarrolló cuál fue el disparador para la conformación del GETPA:

Me acuerdo de que en un momento se estaba discutiendo la Ley de Semillas [arrancó en 2016 y concluyó con la organización de una actividad institucional sobre el tema en 2018] y nos pedían gente para ir a las comisiones de Diputados a exponer una posición. Creo que ese evento nos terminó de decantar la necesidad de conformar un colectivo en el que podamos incorporar los aportes y las visiones de distintos profesionales y estudiantes interesados en estos temas. La idea de presentarse en estas instancias como GETPA de la FAUBA es más potente, porque incluye opiniones, debates y miradas desde múltiples perspectivas, y no la de un único ‘profe’ referente.

A raíz de ese suceso se empezó a dar forma al GETPA. En líneas generales, el objetivo de los grupos de estudio y trabajo es generar un espacio de encuentro entre docentes e investigadores que trabajan una misma temática en particular. La actividad realizada en esos grupos no cuenta dentro de la labor como docentes-investigadores, ya que la misma resolución que les da origen plantea que los integrantes se pueden reunir con otros colegas de otras cátedras, “además de su trabajo docente específico”.

En ese sentido, quienes integran el GETPA participan en estas instancias de forma voluntaria, dedicando tiempo adicional al profesional en interiorizarse sobre la gestión y el desarrollo de las políticas públicas del sector agropecuario. En esta línea, dos de los integrantes del GETPA plantearon la importancia de este involucramiento en la política, entendiéndola como una herramienta de transformación con la cual hay que comprometerse personal y académicamente.

Uno de ellos planteó al respecto:

Los grupos de estudios generan un ámbito de discusión y reflexión muy valioso. Se abren oportunidades de intercambio que el círculo disciplinar más próximo no puede proveer. Esto es particularmente importante en el caso de un grupo que tiene como motivación central la discusión de políticas para el sector agropecuario.

Y el otro resaltó:

Mi motivación viene dada porque entiendo a la política como una herramienta de transformación. Considero que el sistema agroalimentario nacional necesita que lo repensemos incorporando nuevos conceptos y paradigmas. Considero que eso se logra con intercambio de opiniones, entender las miradas de otros y generando los espacios donde todo esto ocurra.

Más allá del compromiso que demuestran los integrantes, también se buscó indagar en la cualidad de los aportes que pueden tener para con las políticas públicas en materia agropecuaria. En su mayoría, las respuestas se orientaron a (re)pensar aspectos técnicos en el modelo de producción agropecuario.

Entre ellos se destacan las siguientes visiones:

1) Interés y conocimiento en prácticas agrícolas que regulan los contenidos de carbono orgánico de los suelos, como rotaciones, inputs (aportes) de carbono al suelo, importancia del carbono orgánico del suelo para mitigar el efecto del cambio climático. Relevancia de las banquinas no cultivadas para cuidar la biodiversidad, de la que dependemos no solo los seres humanos, sino también el cultivo del lote agrícola aledaño.
2) Colaborar con aquellos integrantes que interactúan con funcionarios y representantes para articular en políticas [normas, leyes y organización] que promuevan a los que trabajan en el campo como medio de vida. Para los que trabajan en el campo como una industria, las políticas deberían asegurar la perpetuidad de los recursos naturales en ambientes marginales y la mitigación de los daños en ecosistemas sacrificados a la agricultura [sensu lato] industrial.
3) Tener un espacio de discusión para pensar y aplicar los conocimientos vigentes para mejorar la producción agrícola a escala regional. Mejoras que apunten a una producción inclusiva donde el Estado controle/regule el uso de agroquímicos y también tenga incidencia sobre los cultivos que se cultivan, pensando en rotaciones que mantengan los contenidos de carbono orgánico a través de, por ejemplo, cultivos de cobertura.

A pesar de que las mayorías de las respuestas son de índole técnica, resulta pertinente destacar que mayoritariamente se orientan a discutir el modelo de producción desde una perspectiva ambiental. En este sentido, se pueden pensar al menos dos elementos que empujaron a las personas a cuestionarse estos aspectos.

Por un lado se encuentran los crecientes cuestionamientos ambientales de la sociedad civil al modelo productivo, en especial sobre el sistema de producción, distribución y consumo de los alimentos. Por otro, la misma composición de la comunidad de la facultad ha ido cambiando en los últimos años, como se ha dicho anteriormente, lo que generó una cohorte de estudiantes –en muchos casos, de procedencia urbana– con críticas e intereses muy disimiles a los tradicionales.

Esto ha despertado el interés de diversos actores de nuestra facultad y nuestra universidad, y ha permitido abrir una serie de espacios para discutir y construir conocimiento sobre temas que hace unos años eran totalmente ajenos a la agenda de nuestra universidad, como la agroecología y la soberanía alimentaria.

Ahora bien, es interesante reflexionar acerca del procesamiento de estos debates que se dan en el espacio público. Al respecto, uno de los integrantes hipotetizó por qué estos temas han sido excluidos de la agenda del conocimiento científico, ante lo cual propuso que es necesario profundizar el debate para transmitir que la realidad es más compleja que las posiciones dicotómicas que muchas veces se presentan en la discusión pública.

Expresó: “Fundamentalmente puede aportar a generar visiones alternativas que permitan generar un debate que por ahora solo plantean voces extremas y basadas en una utopía de mundo sin impactos o efectos secundarios. Por ser extremas, esterilizan ese debate”.

En consonancia, se puede ver que este renovado interés en generar espacios de reflexión para buscar respuestas a las problemáticas que aparecen en la sociedad también permite problematizar la formación de aquellos estudiantes que pasan por las facultades de Agronomía, y en particular la de la UBA, que es la más importante en términos de producción académica y estudiantes que la eligen:

Me preocupa que, en la FAUBA y en general dentro del país, parecería haber una única mirada del sector agropecuario centrada en la maximización del rendimiento biofísico y maximización del ingreso. En términos ambientales, únicamente se preocupa por la degradación de la ‘productividad del suelo’, dejando de lado otros aspectos, como los cambios en la biodiversidad.

La preocupación de este integrante es compartida por el resto del grupo y, en definitiva, es la segunda razón de su conformación, la cual implica discutir hacia adentro de la universidad cómo se forma a los estudiantes y a qué modelo es funcional ese tipo de formación.

De esta manera se puede observar este doble juego que existe entre la política y la educación: a raíz de discusiones políticas en el debate público, los estudiantes acarrean nuevas demandas que empujan a docentes e investigadores a repensar los contenidos pedagógicos y de investigación, y a su vez generan motivación para involucrarse en ese debate público para compartir sus hallazgos y aportar elementos para generar políticas públicas.

Atentos a esto, resulta pertinente preguntarse cuál es concretamente el aporte que se puede hacer desde la academia y más aún en la FAUBA, donde la dimensión técnico-agronómica tiene mucho peso, a diferencia de la económica, sociocultural, ambiental o política, cuya existencia –aunque presente– todavía está en desarrollo.

Algunas de las respuestas que surgieron a este interrogante son estas:

1) Creo que puede aportar una visión integral y muy rica sobre cuál es el rumbo que deben tomar las políticas públicas del sector agropecuario por un desarrollo nacional que abogue por la redistribución de recursos y el desarrollo sustentable de los agroecosistemas. Creo que por su conformación puede generar antecedentes científicos base para generar propuestas de políticas públicas.
2) Poner a la Facultad de Agronomía también al servicio de lo que necesita la gente, a partir del diálogo continuo y fluido con los organismos del Estado. El GET puede contribuir en la formación de cuadros técnicos con una visión integral, investigadores comprometidos con la realidad de la sociedad en la que se desenvuelven, una comunidad académica organizada en función de resolver desafíos pendientes en materia de desarrollo agropecuario: producción de alimentos, ordenamiento territorial y muchos otros temas que son de interés de la facultad y también de la sociedad en general.
3) Quisiera creer que [puede aportar] propuestas que se materialicen en hechos concretos que modifiquen la realidad no solo del sector en forma amplia, sino específicamente de la población que está inmersa en una situación de extrema vulnerabilidad. Y con esto me refiero a que el GET debería aportar sin duda alguna a generar un paquete de herramientas que disminuyan el hambre en nuestro país. Creo que todos los temas son interesantes, pero pocos tan prioritarios como este.

De estas intervenciones se desprende la voluntad de los integrantes de producir conocimiento y construir argumentos que representen aportes concretos para la producción de políticas públicas a favor de un sistema agroalimentario más justo y sustentable. Sin embargo, muchas veces, esta motivación queda trunca por diversas razones. Entre otras, detectamos las siguientes:

1. La falta de capacidad de articulación con actores que se encuentran en la política institucional.
2. La escasez de tiempo para aportar a estas discusiones, considerando que todo ese trabajo no es reconocido formalmente por el sistema científico-tecnológico.
3. La inexperiencia y el desconocimiento de los espacios de gestión pública que tiene la mayoría de las personas que hacen una carrera académica.
4. La diferencia entre los tiempos de la producción de conocimiento académico y las necesidades cotidianas de la política.

A estas acotaciones se añaden las limitaciones estructurales de la institución académica en la que nos encontramos desarrollando esta experiencia. El GETPA es un espacio que excede a la institución. Es fruto de la voluntad y del esfuerzo de muchas personas comprometidas por poner el conocimiento al servicio de la construcción de una mejora en las políticas agropecuarias.

Esto presenta una serie de limitaciones; en particular, la capacidad de generar vínculos con los actores que ocupan lugares de gestión, ya que, en la actualidad, los contactos existen porque hay integrantes del grupo que ocupan espacios de gestión y hay otros que tienen vínculos por haber ocupado esos espacios en diferentes momentos.

Al respecto, resulta pertinente plantear la necesidad de que las instituciones académicas empiecen a abrirse a los ámbitos gubernamentales, recibir sus demandas e intentar dar cauce a posibles soluciones para estas:

La FAUBA tiene infinidad de aportes para hacerle a la sociedad a través de las políticas del sector agropecuario, pero tiene serias falencias para la articulación hacia adentro de la facultad y para con los distintos organismos del Estado. Un espacio institucional que pueda articular esas potencialidades y ponerlas a disposición de lo que necesite la política, o recibir demandas específicas de los distintos organismos y brindar respuestas a partir de lo que puedan ofrecer las cátedras e institutos de investigación, podría contribuir de gran manera a la resolución de problemáticas estructurales que tiene nuestro país.

4. Reflexiones finales

El GETPA constituye un espacio en el cual confluyen desde estudiantes hasta investigadores de larga trayectoria, así como docentes que se han volcado a la gestión pública en el ámbito de las políticas agropecuarias. A su vez es un medio de donde emerge una gran diversidad de elementos –sociales, económicos y ambientales, por nombrarlos genéricamente– alrededor de lo rural y agropecuario. Es, por otra parte, un espacio de análisis crítico sobre la realidad de los distintos elementos incluidos y de construcción propositiva de políticas públicas.

En definitiva, es un espacio donde el aporte, el conocimiento, la experiencia y la mirada de sus integrantes se entrelazan para colaborar en la construcción de lineamientos para la producción de políticas públicas en pos de un sistema agroalimentario más justo y sustentable.

La “125” –como se ha dicho– dejó una huella en distintos ámbitos de la vida política argentina, y el universitario no es la excepción. Los investigadores y docentes de las universidades somos influenciados por las problemáticas sociales a la hora de plantear nuestras preguntas de investigación. No somos ajenos al contexto que atraviesa el país.

En el marco del paradigma científico decimonónico suele construirse la idea de que los integrantes de la academia son neutros y están escindidos de las políticas que rigen en nuestra sociedad. Esto no solo proviene de una herencia positivista a la hora de construir conocimiento, sino también del falso supuesto de que los intelectuales se hallan “en una torre de marfil”, por encima de las problemáticas y las penurias de la sociedad (Shapin, 2012).

Más aún, esto se observa en mayor medida en las instituciones que tienen una impronta más técnica o tecnológica de los procesos productivos, como es el caso de la Facultad de Agronomía, donde los espacios institucionales para involucrarse en la realidad social suelen limitarse a la participación en proyectos de extensión bajo esquemas generalmente transferencistas.

De esta forma, las políticas agropecuarias y la interacción política tienen incidencia en el debate público y en el ámbito universitario, donde las y los estudiantes agitan nuevas demandas, y empujan a docentes e investigadores a repensar los contenidos pedagógicos y de investigación. A su vez, esto se retroalimenta generando motivaciones para ofrecer los resultados o análisis académicos al debate público y, en particular, a la construcción de políticas públicas.

Sin dudas, la academia crítica de nuestro país –y probablemente de toda Latinoamérica– ha problematizado en gran medida esto, fundamentalmente debido a la existencia de la universidad pública de acceso irrestricto y no arancelada, que de manera descentralizada ha permitido el acceso de las familias trabajadoras a esas instituciones.

Esta característica no garantiza que los profesionales que se formen en esas instituciones sean más sensibles a las políticas públicas para que mejoren la vida de las grandes mayorías populares, pero sí genera las condiciones para que esas problemáticas percolen en esas instituciones y empujen a la misma en dirección a la obtención de respuestas y soluciones a ellas.

El desarrollo de una carrera académica es muy exigente y requiere de un ritmo de investigación y publicación que muchas veces compite con el involucramiento en la elaboración de las políticas públicas que se podrían implementar a raíz de lo que se investigó.

El hecho de que no haya reconocimiento para aquellos investigadores que aportan a las políticas públicas puede ser un desincentivo. No es casualidad que a este grupo hayan empezado a armarlo investigadores consagrados y con carreras muy fructíferas, mientras que los más jóvenes –por más que tengamos el interés y la motivación– encontramos mayores dificultades para asignar nuestro tiempo y recursos a hacer aportes en ese sentido. Eso mismo lleva a que muchas personas muestren su interés en participar pero que no puedan concretarlo por carecer del tiempo para hacerlo, en un contexto profesional cada vez más competitivo (De Paepe et al., 2021).

Como mencionamos en el desarrollo del trabajo, en el proceso de involucramiento en las políticas agropecuarias también surgen reflexiones e inquietudes que retroalimentan el rol docente y estudiantil. Por lo cual resulta pertinente repensar el paradigma convencional de la educación bancaria (Almanza-Vides et al., 2018), que piensa a las universidades como espacios de formación de estudiantes atomizados que deben acumular una serie de criterios y recetas que aplicarán una vez recibidos.

Es necesario poner en valor la función social de la educación y de la generación de conocimiento, entendiendo que ningún proceso educativo y académico se da en un vacío social. En otras palabras, esto nos imprime una responsabilidad ineludible como egresados y trabajadores de la universidad pública: contribuir a una comunidad académica organizada en función de resolver desafíos pendientes en materia de desarrollo agropecuario.

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