Desafíos para y desde el INTA

Luis Caballero y Diego Ramilo

Introducción

El presente artículo se propone reflexionar desde la experiencia institucional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) respecto de los desafíos y nuevos escenarios generados por la emergencia de la agricultura familiar (AF) como sujeto social agrario, su consolidación política y su reconocimiento institucional a niveles nacional y global, desde la perspectiva de la formulación y gestión de políticas públicas en una institución pública orientada a promover la innovación sociotécnica en el ámbito del sistema agroalimentario.

La emergencia de la AF como sujeto social, económico y político es un fenómeno relativamente reciente en el debate agroalimentario nacional y global, ocurrido centralmente en los últimos 20 años. No refiere a “nuevos” sujetos o “nuevas” prácticas sociales, sino –por el contrario– a la reconfiguración de debates históricos sobre la cuestión agraria y el desarrollo a partir del surgimiento del concepto de agricultura familiar como síntesis envolvente de un conjunto de identidades y prácticas (campesinas, indígenas, de colonos, pequeños productores, productores familiares, chacareros, trabajadores rurales sin tierra y demás).

Estas identidades y prácticas, que vienen cargadas de historias y sentidos en el debate social-agrario latinoamericano, en las últimas décadas cobraron un nuevo protagonismo político-institucional en el marco de fuertes transformaciones y crecientes debates a nivel mundial sobre el sistema agroalimentario global, su gobernanza y sus consecuencias socioambientales tras la revolución verde.

Las políticas públicas (PP) y el debate con relación al sistema agroalimentario argentino no están exentos de estos procesos y fue en ese marco que, en 2014, Argentina sancionó la Ley Nacional N.º 27.118 de Declaración de Interés Público y Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, en consonancia con el Año Internacional de la Agricultura Familiar declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas del inglés de Food and Agriculture Organization).

Es en ese marco que nos proponemos dar cuenta de los principales desafíos que –en nuestra opinión– enfrenta la política institucional con relación a la agricultura familiar, campesina e indígena (AFCI) y su rol en la promoción de sistemas agroalimentarios sustentables. En primer lugar haremos un repaso por los enfoques predominantes en la política institucional del INTA durante distintos períodos de su historia, buscando ponerlo en diálogo con la acción de los sujetos agrarios y el proceso la irrupción del concepto de AF a nivel global, y el desarrollo de institucionalidad y PP para la AFCI en Argentina.

En segundo término –a partir de recuperar este recorrido histórico– plantearemos algunos desafíos a futuro para la política institucional vinculada con la AFCI y la sustentabilidad de los sistemas agroalimentarios, desde la interseccionalidad^[1] de la AF en relación con el derecho a la alimentación, la seguridad y la soberanía alimentaria, y otros temas que se desprenden de esa agenda, como la crisis ambiental y el cambio climático (CC), la agroecología, el rol de las mujeres y jóvenes, el asociativismo y la economía popular.

Con este artículo esperamos aportar elementos y puntos de vista para la reflexión y el debate institucional sobre las PP para la AFCI, a la luz de las características y problemáticas territoriales e institucionales propias del INTA, en busca de contribuir a la generación de una mirada institucional transdisciplinaria y con capacidad –comprensiva y de acción– frente a la complejidad de los procesos de desarrollo.

Le agradecemos profundamente a la Plataforma de Políticas Públicas por la invitación a participar en esta reflexión colectiva y particularmente a Diego Taraborrelli por su paciente dedicación, no siendo responsables por las opiniones aquí vertidas.

1. Políticas y sujetos

En ciencias sociales, las PP^[2] son definidas como el conjunto de acciones y omisiones que expresan una determinada modalidad de intervención del Estado con relación a una cuestión que concita la atención, el interés o la movilización de actores de la sociedad. En este sentido, las PP expresan la toma de posición del Estado respecto de determinada cuestión, la cual no puede ser concebida prescindiendo de la acción de otros sujetos. La acción del Estado no es homogénea ni monolítica y tiene una característica distintiva en términos de su capacidad de repercusión social, lo que convierte a este en una institución fundamental. Sin embargo, ese ejercicio no puede concebirse por fuera de la acción de otros actores sociales, ya que estos son capaces de disputar sentidos, buscar la imposición de determinados intereses particulares o visibilizar demandas socialmente problematizadas.

Las PP conforman las condiciones en las cuales los sujetos desarrollan su “ser y hacer” social –sus actividades económicas, sociales, culturales y políticas, entre otras–, pero a la vez son condicionadas por estas. En determinados contextos, las PP impulsan y favorecen determinadas prácticas y sujetos, creando condiciones para su perdurabilidad intertemporal. Sin embargo, también existen contextos en los cuales la acción colectiva confronta y disputa, no sin contradicciones, la hegemonía establecida en el vínculo Estado-sociedad.

En este sentido, creemos que la reflexión institucional sobre PP y AF debe partir de una genealogía que –aunque de modo veloz y resumido– permita poner en contexto cómo se ha configurado la relación entre (qué) sujetos y (cuáles) políticas institucionales, de modo predominante, en distintos momentos de la historia del INTA, con relación a cómo se han ido configurando y transformando simultáneamente los debates sobre el sistema agroalimentario y la emergencia de la AF en ellos.

Distintos autores –entre ellos, Alemany, 2002 y 2011; Carballo González, 2007; Catullo, 2020; Gárgano, 2012; Gras y Hernández, 2016– han aportado elementos o propuesto una caracterización sobre distintos períodos de la historia del INTA en función de cuáles han sido los paradigmas sociotécnicos y quiénes los sujetos sociales agrarios predominantes para la política institucional. A partir de estos antecedentes y de nuestra propia reelaboración, buscamos poner en diálogo esta reflexión con la perspectiva del surgimiento de la AF como sujeto y su productividad político-institucional.

Esquemáticamente presentamos esta relación en el siguiente cuadro:

Cuadro 1: Periodización

Período	Contexto nacional y global	Enfoques y sujetos predominantes para el INTA	Antecedentes e hitos con relación a la AFCI
Previo al INTA			-Código Agrario (Artigas, 1815): primer intento de reforma agraria en América Latina. -Revolución Mexicana (1910): reforma agraria. -Argentina, 1912: Grito de Alcorta. Nace la Federación Agraria Argentina (FAA).
1956-1976: desde la creación del INTA hasta el inicio de la última dictadura cívico-militar	-Nivel mundial: Guerra Fría, con la organización bipolar del mundo. En los países occidentales, ciclo de los “30 años dorados” del capitalismo. Políticas macroeconómicas keynesianas, estado de bienestar y derechos universales, pilares de la sociedad salarial.	-Política institucional organizada bajo el paradigma educativo o desarrollista. -Se trabaja principalmente con productores medianos (chacareros pampeanos). Prima una visión modernizante de la ruralidad, centrada en aspectos productivos. Objetivos de generación y transferencia de tecnología como vía para incrementar la productividad y contribuir al desarrollo nacional y al financiamiento de la ISI.	-Desde mediados del siglo xx: distintas experiencias de revoluciones y/o reformas agrarias en América Latina (Venezuela, 1945; Guatemala, 1952; Bolivia, 1953; Cuba, 1959; Brasil, 1961; Honduras, 1962; Chile, 1962 y 1970; Ecuador, 1964, y Perú, 1969, entre otras.
	-Nivel nacional: desarrollismo. Modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI). -Alternancia institucional entre períodos de democracia proscripta y gobiernos militares.	-Concepción “bancaria” de la educación y extensión (Freire). “Desarrollo de la comunidad” con eje en fortalecer la familia rural a través de estrategias particulares con amas de casa (Hogar Rural) y jóvenes (Clubes 4A). -Proyecto institucional: ocupación territorial (más de 200 agencias de Extensión), desarrollo de cultura extensionista y gestión centralizada.	-Argentina, décadas de 1960 y 1970: nace el Movimiento Rural de Acción Católica y, posteriormente, el Movimiento Agrario Misionero (MAM) y las Ligas Agrarias, con fuerte arraigo en Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y Santa Fe. -Década de 1970: nace la “sociología rural” como disciplina agraria, fuertemente marcada por los debates respecto de la racionalidad distintiva de las explotaciones agropecuarias (EAP) “familiares”, “chacareros” o “colonos”.
1976-1991: desde el inicio de la última dictadura cívico-militar hasta el comienzo del Plan de Convertibilidad (con Domingo Cavallo como ministro de Economía)	-Nivel mundial: profundas transformaciones en la economía (auge del neoliberalismo) y en el régimen agroalimentario global en particular. Globalización y transnacionalización, boom de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y consolidación y profundización de la revolución verde. En América Latina: crisis de deuda y Consenso de Washington. -Nivel nacional: la política económica de la dictadura puso en crisis el modelo de ISI. Apertura y liberalización financiera. Cambio de régimen de acumulación. Terrorismo de Estado: destrucción y desarticulación de los procesos organizativos, gremiales y sindicales. Posteriormente a 1983: regreso de la democracia, expectativa social y política.	-Política institucional organizada bajo el paradigma transferencista o de la revolución verde. -Cambio de audiencia, de la familia al productor. Eje: modernización por difusión de paquetes tecnológicos. Experimentación adaptativa. Extensión centrada en la región pampeana y cultivos de exportación. Desarme de equipos con perfil social, desaparecidos y cesanteados. -Mediados de los ochenta: Proyecto INTA II: desburocratización, regionalización, descentralización, participación (consejos) e integración. De la planificación central a proyectos regionales. Mayor desequilibrio entre investigación y extensión. Financiamiento por campañas. Pérdida de autarquía presupuestaria. -Nueva audiencia: minifundio (1987).	-Con el regreso de las democracias en América Latina comienzan los procesos de “resurgimiento campesino” y “resurgimiento indígena” (Moyo y Yeros, y Mançano Fernandes y otros). Brasil: a inicios de los ochenta nació el Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra (MST). -Argentina, con el regreso a la democracia (1983): conjunto de organizaciones no gubernamentales, como el Instituto de Cultura Popular (INCUPO), la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ) y el Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (INDES), entre otras, y sectores sociales de la Iglesia (Prelatura de Humahuaca, Pastoral Social Diócesis Iguazú y demás), que son pioneras en el trabajo con comunidades rurales y sujetos (hoy) de la AFCI. En 1986: multitudinaria protesta Grito de los Juries, que posteriormente, en 1990, dio lugar al nacimiento del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase). -1988: la Organización de las Naciones Unidas crea el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas del inglés Intergovernmental Panel on Climate Change), con el objetivo de estudiar y hacer recomendaciones sobre esa temática y sus impactos socioeconómicos.
1991-2001: desde el inicio del Plan de Convertibilidad hasta la crisis y el levantamiento popular de diciembre de 2001	-Nivel mundial: auge del neoliberalismo, globalización y transnacionalización de la economía, hegemonía del Consenso de Washington. -Nivel nacional: fuertes ajustes y transformaciones estructurales a partir del Plan de Convertibilidad. Apertura, desregulación, privatización, y reforma y “achique del Estado”.	-Política institucional organizada bajo el paradigma privatizador. -Recorte presupuestario: entre el 25 % y el 30 % del personal, puesto en disponibilidad. Precarización laboral, privatización y tercerización de la extensión. -Financiamiento de la extensión a cargo de otros organismos (Ministerio de Desarrollo Social, y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación).	-A nivel global, auge de los movimientos de alterglobalización y nacimiento de la Vía Campesina. -Proceso de resurgimiento campesino e indígena en América Latina: movimiento continental del Grito de los Excluidos (1992). Levantamiento zapatista (1994). Nacen la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA).
	-“Nueva cuestión social”: crecimiento sostenido del desempleo, precarización, pobreza e indigencia como fenómenos estructurales. Nuevos movimientos sociales: “piqueteros”, “movimientos de trabajadores desocupados”, auge de la economía popular y nuevas formas de organización social ante la crisis.	-En el marco del auge de las políticas sociales focalizadas se organizan programas con estrategias diferenciadas “por audiencias”: Prohuerta para población con necesidades básicas insatisfechas (NBI), Minifundio para campesinos y pequeños productores, Cambio Rural para agro-pymes, y transferencia tecnológica a través de proyectos regionales, programas nacionales y convenios de vinculación tecnológica para medianos y grandes productores y la agroindustria. -1997: se crea el Programa para Productores Familiares (PROFAM), aunque sin ejecución por falta de presupuesto.	-Roma, 1996: Cumbre Mundial de la Alimentación. Seguridad alimentaria (FAO) contra soberanía alimentaria (movimientos sociales). -Argentina, 1993: creación del Programa Social Agropecuario (PSA) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPYA), antecedente central para las PP para la AFCI. Resurgen organizaciones, como el Movimiento Agrario Misionero (MAM), y aparecen otras nuevas, como el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha, la Red Puna y demás. Fines de los noventa: Mesa Nacional de Organizaciones de Productores Familiares, primera experiencia de articulación nacional de la AFCI. -Inicios de la década de 2000: creación de la Red Especializada de Agricultura Familiar (REAF) del Mercosur, como espacio de articulación y debate entre gobiernos y organizaciones sobre PP para la AF. Este hecho constituye la introducción formal del concepto de la AF en las PP.
2002-2015: desde la crisis y el levantamiento popular de diciembre de 2001 hasta diciembre de 2015 (transición presidencial de Cristina Fernández de Kirchner a Mauricio Macri)	-Nivel mundial: período caracterizado por el creciente peso de la economía china en el escenario global, desplazando los protagonismos de Estados Unidos y Europa. Disputas por la hegemonía global, multipolaridad y bloque económico Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS). Ciclo internacional de altos precios de commodities. A partir de 2008, crisis financiera por burbuja de las hipotecas subprime en Estados Unidos. -En América Latina: ciclo de gobiernos populares y progresistas. Nueva institucionalidad de la “Patria Grande” (Unión de Naciones Suramericanas [UNASUR] y Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños [CELAC]). -En Argentina: recuperación económica pos-2001, recomposición de los ingresos populares, nuevas PP, ampliación de derechos e inclusión por el consumo. -2008: conflicto por la resolución N.º 125 del Ministerio de Economía y Producción de la Nación (retenciones): reabre la “grieta” peronismo/antiperonismo. -Deterioro económico, presión inflacionaria y corridas cambiarias.	-Nueva etapa institucional bajo el paradigma del desarrollo territorial. -Se crean nuevas herramientas y plataformas para abordar la cuestión de la AF y el desarrollo territorial: Coordinación Nacional de Extensión, Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (PROFEDER), Plan Estratégico Institucional 2005-2015, Programa Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la AF, creación del CIPAF y sus cinco institutos de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (IPAF) por macrorregión, Programa Nacional de Apoyo al Desarrollo de los Territorios, Proyectos Regionales con Enfoque Territorial (PRET) y Cambio Rural II (inclusivo de la AFCI), entre otras. -Inclusión programática e institucionalidad a nuevos sujetos sociales-agrarios (AFCI). Rediseño de la cartera institucional bajo el paradigma del desarrollo territorial. Nuevos temas en la agenda: agroecología, acceso a la tierra y al agua, derechos de la AFCI, comercialización y economía social solidaria, soberanía alimentaria y demás. -Recomposición presupuestaria y desarrollo de estructura: aumento y rejuvenecimiento de la planta de personal profesional, incorporación de nuevas disciplinas (contra la historia exclusiva de ingenieros agrónomos y médicos veterinarios), creación de nuevas estaciones experimentales agropecuarias (EEA), agencias de extensión rural (AER) e IPAF.	-Auge de los conceptos de AF y territorio en las PP de gobiernos y organismos multilaterales (FAO, REAF, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura [IICA], Banco Mundial [BM] y Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural [RIMISP], entre otros). Auge del debate global sobre AF y alimentación. 2007: Naciones Unidas crea la función de relator de Derecho a la Alimentación. 2011: la FAO –bajo la dirección de José Graziano da Silva– da un fuerte impulso a la AF y una apertura global a los debates sobre agroecología y soberanía alimentaria. Creación del Comité Internacional de Planificación (CIP) como un espacio de participación de movimientos campesinos del mundo dentro de la FAO. 2014: declarado por la FAO como Año Internacional de la AF. -En Argentina, creciente institucionalidad de la AF en las PP. En 2006 es publicado Los pequeños productores en Argentina (Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios [PROINDER]-IICA), un estudio que representará un hito en términos de la caracterización y cuantificación del sujeto AFCI durante este período. -Otros hitos: 2006: la SAGPYA crea el Foro Nacional de la Agricultura Familiar. 2008: creación de la Subsecretaría de AF en el ámbito de la SAGPYA. 2013: creación del Consejo de la AFCI en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGYP) de la Nación. 2014: Ley Nacional de Reparación Histórica de la AFCI. -Simultáneamente, desde estos años surge un fenómeno particular de conformación de cátedras libres de Soberanía Alimentaria (CALISA) en universidades nacionales, que va extendiéndose y llega a conformar una red con 50 universidades y facultades a nivel nacional.
2015-2019: presidencia de Mauricio Macri	-A partir de fines de 2015 se da un nuevo contexto político-institucional a nivel nacional, con un cambio drástico de la orientación en las PP. Restauración conservadora, vuelta atrás en derechos y beneficios redistributivos que los sectores populares habían alcanzado. Las PP quedan sujetas a las prioridades del programa de ajuste macroeconómico. -Fuerte aumento del precio de los alimentos y otros bienes de primera necesidad para el consumo popular. Incremento de la pobreza y la vulnerabilidad social. -Una particularidad de este período es el desembarco –como funcionarios responsables de PP en distintas áreas de gobierno– de personas que anteriormente se desempeñaban como gerentes (o CEO, siglas del inglés chief executive officer [director ejecutivo]) de empresas de esos mismos sectores en la actividad privada o como representantes de esas cámaras o grupos empresariales.	-Período caracterizado por el paradigma de la restauración corporativa. -Salvo algunos temas de prioridad para la gestión, es un lapso de fuerte restricción de la actividad institucional. Reducción presupuestaria, presión al despido de 800 trabajadores y retiro voluntario. Cierre de distintas EEA y sedes del IPAF. Recorte y reorientación de Cambio Rural, volviendo a excluir a la AFCI. -Paradójicamente, ante el desguace de las PP para la AFCI del Ministerio de Agroindustria (MINAGRO) se abre una oportunidad de rediseño y ampliación de Prohuerta. Nuevas herramientas (Proyectos Especiales, Grupos de Abastecimiento Local de Alimentos, Programa de Autoconstrucción de Cisternas Rurales y demás) y mayor presupuesto (en la relación histórica) la convierten en la única PP para la AFCI durante este período. -Esta situación permite mantener abiertas y activas a agencias y equipos de extensión, ante la desfinanciación y el parate casi absoluto del resto de las herramientas programáticas del INTA durante esta etapa.	-Más impulso y reconocimiento global a la AFCI: Naciones Unidas proclama el período 2019-2028 como Decenio de la AF, reconociendo así que más del 90 % de las explotaciones agrícolas del mundo pertenecen a la AF y producen más del 80 % de los alimentos. 2018: la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de Derechos Campesinos. -Informes del IPCC reconocen la responsabilidad de la acción humana en el CC. Mayor preocupación y movilización a nivel global por la crisis climática, con fuerte protagonismo de la juventud. Relevancia del rol de la AFCI y la agroecología como modelos para proveer alimentos contribuyendo a enfriar el planeta y reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). -Argentina después de 2016: nuevas identidades y sujetos en la AFCI. Horticultores de cordones periurbanos (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra [UTT] y Movimiento de Trabajadores Excluidos Rural [MTE Rural]), mayormente migrantes bolivianos, arrendatarios sin tierra. Con organización colectiva y una innovadora protesta social (verdurazos) reconfiguran el debate de la AFCI y las PP. Desarrollan redes de comercialización, almacenes, mercados mayoristas, colonias agroecológicas, fábricas de bioinsumos y otras infraestructuras colectivas que les permiten fortalecer su proceso organizativo, productivo y de comercialización agroecológica. -2019: Foro por el Programa Agrario Soberano y Popular. Con agenda acordada, rearticula el concepto de la AFCI, ampliándolo incluso por alianzas con otros actores: cooperativas agropecuarias (Federación de Cooperativas Federadas [FECOFE]), redes de comercializadoras y red de CALISA.

2. Desafíos de las políticas institucionales para la AFCI

Dado el recorrido descripto, el nuevo período político-institucional abierto en nuestro país a partir de diciembre de 2019 presentó grandes desafíos para el INTA respecto de cuál será su contribución a las PP para la AFCI. Contra lo que pueda parecer una cuestión de opiniones personales, lo anterior es –ante todo– el imperativo legal de cumplir con “valorizar la agricultura familiar en toda su diversidad, como sujeto prioritario de las políticas públicas que se implementen en las distintas esferas del Poder Ejecutivo Nacional” (inciso f del artículo 3.º de la ley N.º 27.118).

Este trabajo se centra aquí estrictamente en los desafíos para el INTA a partir de dos conjuntos de ideas generales que buscan ser un primer –e inacabado– disparador para la reflexión y el debate.

2.1. Aspectos operacionales de la gestión de las PP para la AFCI

Argentina es todavía –INTA mediante– uno de los pocos países de la región que mantienen en un mismo ámbito institucional sus sistemas de investigación y extensión agroalimentaria. El trabajo en esas áreas, como componentes identitarios del INTA, cuenta con más de 60 años de experiencia y desarrollo de capacidades institucionales. La capilaridad territorial de las oficinas y los equipos profesionales, que cubren todo el suelo argentino, y la cultura institucional de interacción constante con los actores del territorio convierten al INTA en la plataforma institucional estatal con mayor potencialidad a nivel nacional para aportar a la formulación y gestión de PP tendientes al desarrollo de la AFCI.

Sin embargo, el recorrido realizado por la historia institucional también deja a la vista que existen innegables debilidades y desafíos pendientes. El enfoque de la innovación sociotécnica, como coconstrucción e interfase dialógica entre los sujetos y los dispositivos institucionales de investigación y extensión, orientación que el INTA ha asumido expositivamente desde el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2005-2015, aún requiere de mucha energía y creatividad para ser operacionalizado efectivamente en prácticas institucionales concretas.

Lo anterior se complejiza todavía más si referimos particularmente a la AFCI como sujeto de derecho de la política institucional. A pesar de haber importantes avances en el reconocimiento de la AFCI por parte del INTA (como hemos visto, se han registrado en distintos contextos históricos, no sin vaivenes y contramarchas), el saldo muestra la persistencia y continuidad de un statu quo institucional que ubica a la AFCI en un lugar marginal –o subordinado– del hacer institucional con relación a los otros sujetos sociales agrarios.

Lo anterior se observa en múltiples aspectos: en la participación y representación en los consejos de todos los niveles, en la asignación específica de profesionales –investigación y extensión– y de recursos presupuestarios a los temas-problemas particulares de la AFCI (y respetando la singularidad de enfoque que requiere su abordaje), en la priorización de temas-problemas propios de la AFCI entre los asuntos de investigación y desarrollo tecnológico priorizados por la institución en sus distintos niveles, en las trayectorias laborales predominantes de las y los profesionales que ocupan los cargos jerárquicos y gerenciales, entre otros ámbitos. La política institucional hacia la AFCI requiere ser jerarquizada y profundizada, lo cual ha sido reconocido en el pasado y también actualmente por nuestras máximas autoridades.^[3]

Jerarquizar y fortalecer las capacidades, los recursos presupuestarios y los equipos de investigación-extensión que trabajen sobre los temas-problemas específicos de la AFCI es uno de los desafíos indispensables en este sentido. Fortalecer los existentes y generar nuevos canales permanentes, ágiles y efectivos de participación, articulación, diálogo y retroalimentación del hacer institucional del INTA con los sujetos colectivos de la AFCI, así como con otras instituciones que desarrollan acciones y/o PP, constituye también otro desafío indispensable. Y al mismo tiempo nos demanda dejar de lado cierta cultura institucional endogámica que tiende a priorizar discusiones y procesos “intraintianos” por sobre la realidad externa a la institución,

Por último, abordar los problemas estructurales de la AFCI requiere disponer –propiamente o en articulación interinstitucional– de herramientas programáticas, enfoques teórico-metodológicos y recursos presupuestarios adecuados para llevar adelante PP que efectivicen el imperativo de “interés público y reparación histórica de la AFCI” tal cual establece la norma vigente (N.º 27.118).

2.2. Aspectos relativos a la orientación estratégica de las PP para la AFCI

Finalmente se esbozan algunas ideas a partir de la evolución del “estado del arte” en las prácticas y los debates sobre la AF –tanto en nuestro país como a nivel global– y acerca de los desafíos que de eso se desprenden con relación a la orientación estratégica de las PP institucionales para la AFCI.

El recorrido histórico se intenta reconstruir en la primera sección da cuenta de cómo se ha creado y recreado el sujeto de la AF. Las distintas definiciones de AF de hace 20 años –cuando surgió el concepto– ya han quedado atrasadas. Incluso, la definición de AFCI de nuestra misma ley vigente está desactualizada. No nos referimos a que esos sujetos y esas identidades no constituyan hoy el sujeto de la AF, sino, por el contrario, que la AF como sujeto colectivo ha desarrollado una potencia política que la trasciende a sí misma y su propia práctica. La potencia política de la AF como sujeto colectivo lleva a que nuevos actores y realidades sociales aparezcan en la narrativa y los debates relacionados, en Argentina y a nivel global.

Durante el siglo xx, los temas centrales de los debates sobre el sujeto de la AF hacían eje –mayormente– en la lucha o la defensa de esas familias sobre su tierra, en los modos de producir, las tecnologías disponibles (o no) y los destinos de esa producción, así como en los ingresos, las condiciones de vida y las estrategias extraprediales que podían desarrollar. Cuando la acción colectiva lograba darles escala y visibilizarlos como cuestiones socialmente problematizadas, los debates entonces podían pasar a la esfera de temas como las políticas o los proyectos de reforma agraria, de fijación de precios sostén, de financiamiento público para producciones cooperativas o de estrategias colectivas de comercialización. Por supuesto, todos estos temas-problemas siguen vigentes y siendo parte de la agenda de trabajo que la AF demanda del Estado y las PP.^[4]

Sin embargo, el debate político hoy sobre la AF –en Argentina y el mundo– trasciende esos temas y se da de cara a la sociedad como un todo. Cuenta con una amplia repercusión y un gran interés incluso en la población urbana antes habitualmente no interesada por los debates agroalimentarios, fruto de un fuerte protagonismo militante de los jóvenes, pero se configura como un “hecho social total”^[5] que simultáneamente pone en cuestión la alimentación, el modelo agroalimentario hegemónico y sus consecuencias ambientales y climáticas.

Esta nueva realidad reconfigura el debate social sobre la AF y las PP, y expresa lo que aquí llamamos la interseccionalidad de la AF: agricultura familiar, derecho a la alimentación, emergencia ambiental y cambio climático, agroecología, consecuencias sociales y ambientales del modelo agroalimentario global dominante y soberanía alimentaria son distintas “puertas de entrada” a un mismo debate social y político.

Lo anterior –creemos– constituye un desafío medular en términos de la orientación estratégica de las PP para la AFCI en cuanto a una institución como el INTA. Lejos de pretender dar aquí una respuesta que cierre el debate, lo único que finalmente queremos aportar es que la realidad parece anticiparnos que no alcanzará con “soluciones mínimas”. Por su rica historia institucional, por la potencia de su capacidad profesional y de su capilaridad territorial, el INTA debe recuperar el terreno perdido, ponerse a la altura del estado del arte del debate y ser parte en las PP para la AFCI.

La AFCI, sus organizaciones y sectores cada vez más crecientes de la sociedad demandan a las PP que la AF pueda consolidarse como proveedora de alimentos sanos y saludables en el marco de un proceso de “transición verde y justa” que permita revertir las consecuencias del modelo vigente de producción y consumo, que compromete las condiciones actuales de vida y las posibilidades para las futuras generaciones. Una política institucional con una orientación estratégica que reconozca la complejidad transdisciplinar y la interseccionalidad política que caracterizan a la AF puede hacer valiosos aportes a estas PP para la AFCI, en nuestro país y durante este periodo.

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