Enfoques y abordajes desde el INTA (2010-2020)
María Noelia Salatino
Introducción
En el sector de trabajadoras y trabajadores agrarios existe una multiplicidad de realidades, lo que responde tanto a la diversidad de producciones que desarrollan a lo largo de nuestro territorio –cítricos, tabaco, vid, tambos, caña de azúcar, frutales y olivos– como a la gran heterogeneidad en las modalidades de contratación y las condiciones de empleo. Por enumerar algunas situaciones, hay un mínimo de trabajadores permanentes y una mayoría de trabajadores temporarios. Muchos se movilizan geográficamente entre diferentes producciones para encontrar empleo y una parte importante combina su ocupación agrícola con actividades en otros sectores, como servicios, comercio, turismo y construcción. A estos se les suman los pequeños productores que trabajan regular u ocasionalmente para otros a cambios de un salario.
Estas diversidades, entre otras, convierten al trabajo agrario en una cuestión compleja de abordar desde el punto de vista tanto de la investigación como de la intervención por parte del Estado en sus diferentes escalas. Del mismo modo, se presentan diversos obstáculos para acceder a información actualizada para dar cuenta de sus características y de las dinámicas del mercado de trabajo[1].
La mirada desde la opinión pública en torno al trabajo agrario parte de una idealización del tesón y el sacrificio que forjan el carácter de aquellas personas dedicadas a tareas agrícolas. De la mano de estos discursos viene la crítica para aquellos que no quieren trabajar en la agricultura y el cuestionamiento a cualquier política –por ejemplo, los planes sociales o de transferencia de ingresos– que “desalienta» a las personas a ocuparse en el sector. Los medios de comunicación, sobre todo durante las temporadas de cosecha, replican noticias sobre cómo las economías regionales se ven perjudicadas por la falta de trabajadores y la pérdida de la “cultura del trabajo”. Otra cuestión recurrente en esas noticias es la urgente necesidad de disminuir la alta incidencia en los costos de producción del sector que tiene el hecho de contratar trabajadores. Ocasionalmente oímos las voces de estos trabajadores y trabajadoras o encontramos alguna noticia que habla de las condiciones informales de empleo, la exposición a riesgos y accidentes de trabajo, las bajas remuneraciones o lo difícil que es conseguir empleo en los meses de invierno.
Desde los organismos de Estado, ya sean académicos, de investigación o de extensión, cuando se habla de los sujetos sociales de la agricultura, por lo general adquiere un mayor protagonismo el productor, un rol secundario se le asigna a la familia rural –las mujeres, la niñez, los jóvenes y demás integrantes– y solo subsidiariamente entran en escena las trabajadoras y los trabajadores. El INTA cumple un rol fundamental en el abordaje de las problemáticas de los sectores agropecuario, agroalimentario y agroindustrial; por lo tanto, también de los sujetos sociales vinculados a esos ámbitos[2]. Partiendo de esta trama surgen las preguntas centrales de este capítulo: en primer lugar, ¿cómo se piensan al trabajo y los trabajadores agrarios desde el INTA?; en segundo término, ¿por qué el INTA debe ocuparse de la cuestión del trabajo en la agricultura? Y finalmente, considerando el Estado a un nivel macro, ¿cómo la agenda pública condiciona la institución y sus valoraciones sobre lo que debe hacer y atender?
Este escrito tiene como objetivo identificar los enfoques del INTA en torno al trabajo agrario en los últimos diez años, con el fin de presentar algunas respuestas a estos interrogantes. Se trata de un estudio exploratorio y descriptivo. El capítulo no pretende ser exhaustivo ni definitivo, sino que busca aportar a una reflexión general sobre cómo el INTA piensa diferentes problemáticas inherentes a la agricultura y aporta al desarrollo de políticas públicas, en este caso vinculadas al trabajo agrario. En la metodología de este análisis se combina el rastreo bibliográfico con la lectura y la sistematización de los convenios, los programas y las actividades desplegadas desde el INTA con relación al trabajo rural y agrícola.
Para situar este análisis, luego de la introducción se presenta una caracterización general del trabajo agrario en la Argentina en las últimas décadas, considerando sus transformaciones más importantes y la legislación que lo regula. Luego se muestra una sistematización de los abordajes del INTA en torno al trabajo agrario en los últimos diez años. Y para concluir se desarrolla una serie de reflexiones.
1. Trabajo agrario en la Argentina en las últimas décadas
En Argentina, los trabajadores agrarios representaron una gran fracción de los ocupados durante parte importante del siglo xx y, si bien en la actualidad han disminuido su peso relativo, muchas personas se ocupan como asalariadas en las actividades agropecuarias de todo el territorio. Según el Censo Nacional de Población, Viviendas y Hogares (CNPVH) de 2010, en Argentina, 1.088.623 personas están ocupadas en la rama de “agricultura, pesca y ganadería”. El 61 % de ellas (660.837) son asalariadas, el 10 % (110.461) son patrones, el 21% (226.329) son trabajadoras por su cuenta y el 8 % (90.996) son trabajadoras familiares[3]. Casi la mitad de los asalariados agrícolas no poseen descuentos jubilatorios, proporción que aumenta considerablemente en algunas provincias (CNPVH, 2010). Si consideramos la información aportada por la Encuesta de Hogares Rurales sobre Niveles de Vida y Producción[4], esta condición se concentra fundamentalmente entre los asalariados temporarios, ya que prácticamente la totalidad se encuentra en esa situación (Neiman, 2012). Estos datos nos acercan a problemáticas estructurales del trabajo en la agricultura, que históricamente se ha caracterizado por un bajo nivel de registro, contrataciones temporales y bajas remuneraciones, lo que repercute en condiciones desfavorables de vida y vulnerabilidad social para esos trabajadores y sus familias.
En las últimas décadas, la agricultura argentina atravesó profundos procesos de reestructuración productiva, principalmente relacionados con el desarrollo a escala global de una nueva estructura de los mercados de productos agroalimentarios, segmentados y altamente diferenciados. Estos cambios impactaron tanto a las producciones para mercado de exportación como a las destinadas a mercados locales, estableciendo así nuevas formas de producir y reconfigurando el desarrollo de producciones tradicionales. Estas transformaciones se dieron a la par de la expansión de la frontera agrícola, remplazando cultivos tradicionales y tierras ganaderas o directamente avanzando sobre nuevas tierras sin cultivar (como bosques, precordillera y otras áreas). No se desplegaron de la misma manera en todo el país, por lo que presentan matices en los territorios, las economías regionales y el entramado agrícola. Algunos sectores se beneficiaron con esos cambios, mientras otros fueron perjudicados o expulsados frente a los nuevos requerimientos que impuso esta agricultura reestructurada.
La reestructuración productiva involucró grandes modificaciones para el trabajo agrícola. Por la extensión de este capítulo, no es posible detallar lo sucedido en todas las regiones del país; no obstante, se describirán las características generales del fenómeno. Esas transformaciones se relacionaron con aspectos cuantitativos, principalmente con la reducción del total de jornales requeridos para cada producción agropecuaria. También, con aspectos cualitativos vinculados con variaciones en las modalidades de contratación y la organización del trabajo, y –además– con la incorporación de innovaciones a nivel técnico y de manejo de cultivos, afectando así el calendario de actividades y de labores requeridas.
Diferentes investigaciones concuerdan en señalar un notable crecimiento del sector de los asalariados en la agricultura argentina (OIT, FAO y UITA, 2007), acompañado de una disminución de las contrataciones permanentes y un aumento de las contrataciones indirectas y temporales (eventuales o no permanentes). Estas transformaciones se encuentran ligadas a la continua mecanización y tecnificación del campo, como también a estrategias empresariales que buscan reducir al mínimo los vínculos laborales con sus trabajadores (Aparicio, 2005; Neiman, 2010; Quaranta y Fabio, 2011; Rau, 2016; entre otros). Como parte de estos cambios creció la presencia de agentes de intermediación laboral, que vinieron a resolver de manera flexible las demandas específicas y eventuales de mano de obra agrícola. Se generalizaron las empresas de servicios agrícolas y de colocación de personal, mientras que figuras clásicas –como la de los cuadrilleros– adquirieron nuevas funciones y responsabilidades, aparte de las referidas a la convocatoria y el reclutamiento (Rau, 2014; Neiman, 2015).
Sumado a esto se encuentra la necesidad de las y los trabajadores del sector de desplazarse geográficamente para encontrar empleo, por lo cual los agentes intermediarios y las redes migratorias toman roles cada vez más importantes. Históricamente, la migración en busca de trabajo se constituyó como una estrategia de reproducción social para los trabajadores agrícolas y sus familias (Bendini, Steimbreger y Radonich, 2007; Aparicio y Benencia, 2016). Los cambios en las formas de producción, el avance de la mecanización en diferentes cultivos (un caso extremo es la soja en la Región Pampeana, pero procesos similares se dieron con la mecanización de la cosecha de la caña de azúcar en Tucumán y el avance reciente en la cosecha de la vid en Mendoza) y el aumento de la proporción de trabajadores agrarios que viven en zonas urbanas son diferentes fenómenos que repercuten sobre las decisiones de migrar de aquellos. Estas prácticas se expresan en desplazamientos pendulares o circulares de diversa duración entre dos o más áreas productoras, en los que las personas pueden combinar oportunidades de empleo local con diferentes destinos migratorios (Quaranta, 2017).
Conjuntamente, estos trabajadores y trabajadoras agrícolas tienen ciclos ocupacionales complejos en los cuales las actividades en el sector agropecuario primario –siembra, cosecha y demás actividades– se combinan con empleos en otros segmentos de la cadena, como los galpones de empaque o acondicionamiento y las agroindustrias. También presentan intermitencia con trabajos en otros sectores de la economía –servicios, comercio y construcción– y períodos de desocupación, cuando el acceso a las políticas de transferencias de ingresos se vuelve clave para sobrellevar esas semanas o meses sin empleo.
En el período seleccionado para este capítulo sucedieron importantes transformaciones en lo respectivo a la legislación del trabajo agrario en Argentina. A fines de 2011 fue sancionada la norma N.º 26.727 del nuevo Régimen de Trabajo Agrario, que remplazó a la antigua Ley N.º 22.248 de Régimen de Trabajo Rural, de 1980. La nueva legislación define el concepto de contrato de trabajo agrario (ya no es trabajo rural) e incorpora la Ley de Contrato de Trabajo (N.º 20.744) como fuente del derecho del trabajo agrario. Detalla, entre otras cuestiones, las modalidades de contratación (permanente, no permanente y permanente discontinua) y fija condiciones sobre las viviendas, los traslados y la alimentación, y las retribuciones y jornadas de trabajo, entre otros aspectos.
En el marco de esas modificaciones se creó el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), como una entidad autárquica en jurisdicción del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El RENATEA absorbió las funciones y atribuciones que hasta ese momento desempeñaba el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), creado por la ley N.º 25.191 de 1999. Entre estas responsabilidades se encuentran la protección de los derechos de los trabajadores agrarios, el registro y el otorgamiento de las libretas de trabajo, la fiscalización y el control, y la facilitación del acceso a la protección social de los trabajadores y sus familias. En resumidas palabras, su misión se define en torno a garantizar el empleo registrado y mejorar la calidad de este en el sector agrario, garantizando así el cumplimiento de la ley N.º 26.727.
Además de estas funciones, el RENATEA tomó un rol fundamental en la generación de información actualizada, promoviendo líneas de investigación y estadísticas. Del mismo modo, se desarrolló una serie de programas orientados a la recalificación laboral, la certificación de competencias y la alfabetización, con el fin mejorar los índices de registración a partir de la calificación de los trabajadores agrarios y sus familias (Iorio, 2020). Estas dos cuestiones serán retomadas en el próximo apartado porque colocaron en la agenda pública temas que determinarían algunos de los enfoques del INTA en torno al trabajo agrario.
En 2015, luego de las elecciones presidenciales mediante las que Mauricio Macri resultó elegido presidente, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de una presentación realizada años antes por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE): determinó disolver el RENATEA y nuevamente le otorgó atribuciones al RENATRE, vigente hasta la actualidad.
En síntesis, en estos últimos años, la agricultura argentina atravesó profundos procesos de reestructuración productiva que impactaron sobre el trabajo y los trabajadores agrarios en aspectos tanto cuantitativos como cualitativos. Además se dieron importantes cambios en la legislación del trabajo agrario. Estas transformaciones instalaron nuevas problemáticas en la agenda pública del sector agropecuario y resignificaron problemáticas tradicionales, determinando también lo que el INTA hace en torno al trabajo agrario. Sobre esto avanzaremos en el próximo apartado.
2. El abordaje desde el INTA en los últimos diez años
En este apartado se presenta una sistematización de los enfoques principales con los que el INTA ha abordado el tema del trabajo agrario y rural. A partir de la revisión de convenios, programas, actividades y otros documentos se identificaron diferentes abordajes en los que es posible agrupar líneas de investigación y extensión desarrolladas desde la institución. A modo de exposición se han organizado estas miradas en cinco enfoques generales: a) el trabajo agrario como factor de producción, b) higiene y seguridad, c) aportes para estudios sobre los mercados de trabajo agrario, d) formación y capacitación para trabajadores agrarios y e) trabajo decente y la perspectiva de derechos. El período recortado para realizar este estudio abarca desde 2010 hasta 2020, momento de disrupción por la pandemia de COVID-19 a nivel mundial.
En este escrito se argumenta que existe una convivencia de estas diferentes miradas, en la cual una perspectiva no supera a otra, y simultáneamente se observan acciones de un tipo o del otro dentro de la institución y sus numerosas dependencias. La relevancia que toma cada uno de estos enfoques se encuentra condicionada a un nivel macro por el rol del Estado y las características de las políticas públicas; en este caso, primordialmente de las políticas agrarias. Esas intervenciones que componen la agenda pública exponen cuál es la percepción de los poderes públicos sobre lo que se debe atender y lo que se debe resolver (Oszlak, 1984). La agenda pública presenta tensiones y es motivo de disputas, y estas contradicciones se reproducen al interior del complejo institucional (Lattuada, Nogueira y Urcola, 2012). De esta forma, a un nivel meso, el INTA –como institución estatal– reproduce estas contradicciones en su interior, lo que se expresa en la preeminencia que tiene un tipo de enfoque sobre otro o el tipo de actividades de investigación, de formación o de extensión que se priorizan. Finalmente, a un nivel micro, en las actividades cotidianas de las experimentales, agencias e institutos, la relevancia de una u otra mirada se encuentra relacionada con la experiencia de los y las agentes en territorio y sus trayectorias profesionales y disciplinares.
Estos tres niveles –macro, meso y micro– condicionan los enfoques sobre trabajo agrario en el INTA, limitando ciertas opciones pero también facilitando otro abanico de posibilidades. A continuación se presentan estos enfoques y se describen sus características principales, mencionando algunos ejemplos. Como se señaló en la introducción, esta clasificación no pretende ser exhaustiva ni definitiva. En lugar de esto, se propone una sistematización que busca aportar a una reflexión general sobre el rol del INTA en las políticas públicas, en este caso relacionadas con el trabajo agrario.
Enfoque A: el trabajo agrario como factor de producción
En este enfoque se reúnen diferentes líneas de acción que tienen como característica común el abordaje del trabajo agrario como factor –costo– de producción. Por ejemplo, en el Plan Estratégico Institucional 2015-2030 (PEI 2015-2030), entre las dinámicas y las tensiones territoriales que se destacan se señala la creciente competencia por el uso de los recursos naturales, como el agua y el suelo, y de la mano de obra que se da entre las actividades agropecuarias y otros sectores, como el industrial, el minero, el hidrocarburífero y el de desarrollo urbanístico. Para esta tensión, el agua, el suelo y la mano de obra quedan en conjunto como recursos por los que se compiten con otras actividades.
En el marco de esta perspectiva se encuentran las estimaciones de demanda de mano de obra y los cálculos de costos realizados para diferentes cadenas o cultivos a lo largo del país. Desde el INTA se ha realizado históricamente este tipo de estudio, lo que incluye también recomendaciones para la reducción de esos costos o para mejorar la productividad de la mano de obra. Vinculadas a esta perspectiva se encuentran las acciones –tanto de extensión como de investigación– implementadas desde la institución, que impulsan el desarrollo, el mejoramiento y el uso de maquinarias y herramientas agrícolas. De modo más o menos manifiesto, estos desarrollos buscan reducir el costo del factor de producción “trabajo” con la incorporación de tecnologías, particularmente aquellas maquinarias y herramientas que reducen la demanda de jornales.
Enfoque B: higiene y seguridad en el sector agropecuario
De acuerdo con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación, la actividad agrícola argentina ocupa los primeros puestos en cantidad de casos notificados por accidentes y enfermedades de trabajo[5]. Para dimensionar la gravedad de esta información hay que considerar los niveles de trabajo no registrado en la agricultura y la importante cantidad de trabajadoras y trabajadores sin coberturas de seguros de riesgos de trabajo que quedan por fuera de ese registro oficial, por lo que las cifras pueden ser aún más alarmantes.
Esta problemática persistente posiciona una perspectiva dentro del INTA en cuanto a los riesgos y la seguridad en el trabajo agrario. En esta mirada se reúne una diversidad de actividades propuestas desde diferentes puntos territoriales, que van desde el uso de maquinaria y la manipulación de pesticidas y fertilizantes, incluyendo primeros auxilios, hasta estudios ergonómicos de las posturas de trabajo en diferentes cultivos.
El foco está en el lugar de trabajo y la prevención de los riesgos de accidentes y el cuidado de la salud como aspectos fundamentales del sistema agroproductivo. Las capacitaciones están dirigidas tanto a los trabajadores como a los productores y también a técnicos, ingenieros y otros profesionales relacionados con la actividad agropecuaria. Esta mirada de higiene, seguridad y ergonomía en el trabajo se impone a la par del impulso que han recibido las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) durante los últimos años.
Enfoque C: aportes para estudios sobre los mercados de trabajo agrario
Por la importancia que tienen los estudios de demanda de mano de obra que realiza el INTA, desde otros organismos de ciencia y técnica, como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y universidades nacionales, recurren a la institución como socio estratégico para realizar investigaciones sobre mercados de trabajo agrarios, condiciones de empleo, migraciones y demás aspectos técnicos. Diferentes estaciones experimentales y agencias de Extensión Rural acompañan el desarrollo de investigaciones, tesis y otros estudios, aportando la presencia territorial y apoyando los trabajos de campo. Estas actividades se insertan también en una agenda pública del Estado nacional que señala la necesidad de generar información confiable sobre las actividades productivas agrarias con presencia de trabajadoras y trabajadores, como se mencionó en el apartado con relación al RENATEA.
Un claro ejemplo de este enfoque es el proyecto “Transformaciones agrarias y demanda de mano de obra en el agro argentino”, coordinado por Guillermo Neiman, en el cual trabajaron conjuntamente el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales – Programa de Investigaciones Económicas sobre Tecnología, Trabajo y Empleo (CEIL-PIETTE), dependiente del CONICET, y el INTA, a través de diferentes estaciones experimentales. Para este estudio, el INTA tuvo a cargo la mayor parte del financiamiento, como también facilitó el trabajo de campo en terreno. En este estudio se analizó la demanda de mano de obra en más de 20 producciones agrícolas y ganaderas de todas las regiones del país. El proyecto tenía como objetivo generar conocimiento sobre la relación entre los cambios productivos, tecnológicos, de escala y de organización que experimentó la actividad agropecuaria argentina en las últimas décadas. Como resultado de este proyecto se publicó el libro Estudio sobre la demanda de trabajo en el agro argentino (2010).
Enfoque D: formación y capacitación para el trabajo
Como ya se mencionó, parte importante de las capacitaciones realizadas en el INTA se encuentran relacionadas con la seguridad y la higiene en el trabajo. No obstante, bajo esta perspectiva “D” se agrupan aquellas actividades de formación y capacitación que se vinculan con la calidad del empleo agrario, tendientes a mejorar las calificaciones de las y los trabajadores y sus condiciones de empleabilidad. La calificación del trabajo es el obstáculo a superar. El PEI 2015-2030 indica que otras de las tensiones territoriales son la continua tecnificación y los cambios en la escala de los sistemas agropecuarios, lo que supone una tendencia a la reducción de la demanda de mano de obra no calificada y un aumento de la calificada. Este direccionamiento confirma lo señalado en el PEI 2005-2015: la producción intensiva para exportación requiere del incremento de mano de obra cada vez más calificada. La posición de la institución sobre el desarrollo rural con enfoque territorial y las funciones de la extensión establecidas en los últimos planes estratégicos fueron la otra pata de estas actividades de capacitación y formación para el trabajo en los diversos territorios del país.
Estas acciones se insertan en una agenda pública del Estado nacional que –desde el Ministerio de Trabajo y otras reparticiones, como el RENATEA– promueve diferentes instancias de capacitación, formación y entrenamientos laborales, donde el INTA actúa como organismo de capacitación y certificador de competencias. Para estas actividades se trabaja en vinculación con municipios, gobiernos provinciales, organizaciones de productores, sindicatos e instituciones educativas. Además aparecieron como socios estratégicos en estas acciones el RENATEA, entre 2012 y 2016, y el RENATRE, a partir de 2015. De forma más reciente, en esta perspectiva se sumaron actividades para grupos vulnerables, como jóvenes, mujeres y pueblos originarios, entre otros.
Por nombrar algunos ejemplos, en esta línea, en 2016 se firmó un convenio con el Ministerio de Trabajo para capacitar a trabajadores rurales, y mejorar su calidad de vida e inserción laboral. Más recientemente, en 2020 estableció un convenio marco de cooperación entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para la implementación de acciones integradas en materia de empleo y formación profesional vinculadas al sector agropecuario (EX-2020-49534964/2020). Estas formaciones están destinadas a grupos vulnerables –priorizando a jóvenes y mujeres– y participantes del Seguro de Capacitación y Empleo, del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, del Programa Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo o de otros programas de empleo administrados por el Ministerio de Trabajo. En este marco se han impulsado entrenamientos laborales en Chaco, Tucumán, Salta, la provincia de Buenos Aires, Formosa, Santa Fe y Corrientes.
Enfoque E: trabajo decente y la perspectiva de derechos
En este grupo se reúnen aquellas líneas de acción desarrolladas por la institución que tienen en común tomar la perspectiva del trabajo decente y que a su vez posicionan al INTA como promotor y garante de derechos. En los últimos años, la agenda de cooperación institucional con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) favoreció la relevancia de este enfoque. Del mismo modo, la mirada sobre el desarrollo rural con enfoque territorial y las instancias de formación ya mencionadas colaboraron con el impulso que tomó la temática dentro de la institución. El crecimiento de este enfoque se encuentra estrechamente relacionado con el avance de la perspectiva de género dentro de la institución[6], así como con las líneas de acción en la prevención y la erradicación del trabajo infantil, y en la promoción del trabajo adolescente protegido en el sector agropecuario.
Esta perspectiva –al igual que la anterior– tiene como sujetos a los trabajadores agrarios, pero no se ocupa exclusivamente de las condicione de empleabilidad o de certificación de competencias, sino que más bien amplía la mirada hacia condiciones estructurales de desigualdad y pobreza que afectan a las y los trabajadores agrarios y sus familias. De acuerdo con la OIT, el trabajo decente significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres (OIT, 2019).
Una característica distintiva de este enfoque es que busca sensibilizar y capacitar a los agentes del INTA sobre la problemática, ampliando capacidades y brindando herramientas para que los agentes, desde el territorio, sean garantes de derechos. En este marco se han realizado encuentros, formaciones y otras acciones en torno al trabajo decente en la agricultura, así como para la prevención del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente. Entre otras acciones se encuentra la participación del INTA en el proyecto “Offside: ¡marcando la cancha! Mejorando las capacidades de los actores del mundo del trabajo y de la agricultura para abordar el trabajo infantil en áreas agrícolas en Argentina”. Como parte de este proyecto, el INTA –junto a la OIT– llevó adelante un estudio que aborda la problemática del trabajo infantil en la ruralidad y el acceso al agua. Y más recientemente se ha desarrollado una capacitación virtual en prevención del trabajo infantil, destinada a agentes en terreno del INTA y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), entre otras organizaciones.
Reflexiones finales
Este escrito tenía como principal objetivo identificar los enfoques del INTA en torno al trabajo agrario en los últimos diez años. En un primer momento se describieron las características generales del trabajo agrario en la Argentina en el marco del proceso de reestructuración productiva. Entre otras cuestiones se destacan la disminución de la cantidad de jornales demandados para los diferentes cultivos, un aumento de la proporción de asalariados y la difusión de formas de trabajo eventuales o estacionales, y cómo la informalidad del trabajo y las bajas remuneraciones representan un problema persistente en las condiciones de vida de las y los trabajadores agrarios y sus familias. También se destacaron los cambios más importantes en la legislación y la regulación del trabajo agrario instaurados con la aprobación de la ley N.º 26.727, en 2011.
Estas transformaciones instalaron nuevas problemáticas en la agenda pública y resignificaron problemáticas tradicionales vinculadas al trabajo en la agricultura argentina, y por lo tanto condicionaron la mirada del INTA con relación al trabajo y los trabajadores agrarios. A partir de la revisión de antecedentes de la institución se identificaron cinco diferentes enfoques en los que es posible agrupar líneas de investigación y extensión desarrolladas. En primer lugar, una perspectiva que toma al trabajo agrario como factor de producción; en segundo término, la perspectiva de higiene y seguridad; tercero, los aportes para estudios sobre los mercados de trabajo agrario; cuarto, el enfoque sobre la formación y la capacitación para trabajadores agrarios, y, finalmente, el trabajo decente y la perspectiva de derechos.
La relevancia que toma cada uno de estos enfoques se encuentra condicionada en un nivel macro por el Estado en cada momento histórico; en un nivel meso, por el rol que el INTA ocupa en esa agenda pública y, en un nivel micro, por las experiencias de las y los agentes en territorio y sus trayectorias profesionales y disciplinares. Estos tres niveles condicionan los enfoques sobre trabajo agrario en el INTA, limitando así ciertas opciones pero también facilitando otras.
Estos enfoques no son sucesivos en el tiempo. Existe una convivencia de las diferentes miradas y simultáneamente se observan acciones de un tipo o del otro dentro de la institución y sus numerosas dependencias. No obstante es plausible destacar que en los últimos años ha tomado impulso el enfoque de derechos, reforzando de esa manera una posición del INTA como institución de ciencia, técnica y extensión que orienta acciones hacia el sector de los trabajadores agrarios y sus problemáticas. Incluso abordando la temática no solo desde el punto de vista de la prevención de accidentes de trabajo o de mejorar las calificaciones de los trabajadores agrarios, sino también como promotor y garante del trabajo decente en la agricultura, lo que incluye la erradicación del trabajo infantil y la promoción del trabajo adolescente protegido.
El desafío principal que se le presenta a la institución es profundizar este enfoque de derechos hasta convertirlo en un eje transversal a todas las medidas de acción e investigación vinculadas al trabajo agrario que desarrolla.
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Magdalena, J. C.; Fernández, D. E., y Santagni, A.: Crisis de mano de obra en la fruticultura post-pandemia, INTA, EEA Alto Valle, C. R. Patagonia Norte, INTA, 2020.
Marcucci, L. M.: “Seguridad en trabajo rural”, 2014. Disponible en https://inta.gob.ar/videos/seguridad-en-trabajo-rural
Paunero, I.: “Medición del esfuerzo físico de los trabajadores durante la cosecha de camotes (Ipomoea batatas L.)”, 2012. Disponible en https://inta.gob.ar/documentos/medicion-del-esfuerzo-fisico-de-los-trabajadores-durante-la-cosecha-de-camotes-ipomoea-batatas-l.
Paunero, I.: “Seguridad, higiene y ergonomía en cultivos intensivos: investigación y capacitación”, 2017. Disponible en https://inta.gob.ar/documentos/seguridad-higiene-y-ergonomia-en-cultivos-intensivos-investigacion-y-capacitacion.
OIT: “Acceso al agua para reducir el trabajo infantil en zonas rurales: un aporte a la innovación tecnológica en la agricultura”, 2021. Disponible en https://www.ilo.org/buenosaires/publicaciones/WCMS_776014/lang–es/index.htm.
RENATRE: “Más de 300 trabajadores rurales y productores capacitados por el INTA y el RENATRE en Río Negro”, 2019. Disponible en https://www.renatre.org.ar/mas-de-300-trabajadores-rurales-y-productores-capacitados-por-el-renatre-y-el-inta-en-rio-negro/.
- El sistema nacional de estadística presenta ciertas limitaciones para medir el trabajo agrícola y agroindustrial. En el caso de los censos nacionales, no permiten captar la temporalidad y la intermitencia de estos trabajadores en diferentes empleos y sectores, aunque dan una aproximación general de la situación de los ocupados en la rama agrícola y brindan como ventaja su representatividad a nivel territorial. Por otro lado, si bien las encuestas de hogares tienen la virtud de ser continuas y tomar distintos momentos del año, con lo cual podrían recoger la estacionalidad del trabajo agropecuario, su período de referencia es muy corto, lo que aumenta el riesgo de subcaptación, además de realizarse solo en algunas ciudades, generalmente las capitales de provincias (Aparicio, 2012).↵
- El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) fue creado el 4 de diciembre de 1956 mediante el decreto ley N.º 21.680/56. En la actualidad cuenta con 15 centros regionales, de los cuales dependen 52 estaciones experimentales agropecuarias y 350 agencias de Extensión Rural distribuidas a lo largo del territorio nacional. Además posee seis centros y 22 institutos de investigación dedicados a diferentes temáticas y disciplinas. ↵
- Para el total de la Argentina, los asalariados de esta rama representan solo el 5 % de los ocupados asalariados a nivel nacional. No obstante, la situación es diferente en cada provincia. En algunos territorios argentinos, la proporción de asalariados ocupados en la agricultura alcanza más del 10 % de los ocupados (CNPVH, 2010).↵
- Esta encuesta fue implementada durante el primer semestre de 2010 y estaba destinada a estudiar aspectos sociodemográficos, inserción laboral, niveles de ingreso y gasto, actividad económica y condiciones de vida de los hogares con residencia rural de las provincias de Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta y Santa Fe (Neiman, 2012).↵
- La Superintendencia de Riesgos del Trabajo realiza el cálculo con base en los trabajadores accidentados notificados por cada 1.000 trabajadores cubiertos. Durante el período analizado para este capítulo, el sector de la agricultura pasó de una incidencia de 90 accidentes cada 1.000 trabajadores en 2010 a 67 cada 1.000 en 2019. Este Índice de Incidencia AT/EP se computa como la cantidad de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales (AT/EP) con al menos un día de baja laboral cada 1.000 trabajadores cubiertos (incluye casos con secuelas incapacitantes con o sin días de baja laboral). Se calcula para el lapso de un año y corresponde a un espacio geográfico determinado –país o provincia– (https://www.argentina.gob.ar/srt/estadisticas).↵
- Un claro ejemplo es la creación de la Plataforma de Equidad de Género y Condiciones de Vida en la Infancia Rural, en la actual cartera programática.↵
- Por cuestiones de espacio no se mencionan todas las fuentes y los documentos consultados para realizar la sistematización, que consistió en la búsqueda en diferentes páginas, priorizando lo publicado en el sitio oficial del INTA: https://www.argentina.gob.ar/inta.↵






