Tensiones entre una ciudadanía formal y real en el oeste de La Pampa

Pilar Galende Villavicencio

Introducción

Este trabajo busca indagar en las tensiones que operan entre el status jurídico de los derechos sexuales y reproductivos y su ejercicio efectivo por parte de las mujeres del oeste pampeano, haciendo foco en la idea de ciudadanía pendiente para analizar y comprender las políticas de Estado destinadas a garantizar su cumplimiento desde un enfoque de derechos humanos. Se asume para ello una perspectiva interseccional, en reconocimiento de que los determinantes sociales, fundamentalmente el género, la clase y la raza (Breilh, 1996) convergen en experiencias singulares de opresión o privilegio, genera diferentes tipos de desventajas y/o discriminación, y que dicha convergencia impacta en situaciones de oportunidades y acceso a derechos.

Se toma como anclaje territorial para el análisis, al paraje rural Chos Malal, situado en el extremo oeste de La Pampa, espacio fronterizo con la provincia de Mendoza, alejado de las rutas y centros de salud (Figura 17, en el capítulo 5). A diferencia del Este provincial, el ambiente del oeste es semiárido, sus suelos son semidesérticos, sus recursos hídricos escasos y sus pobladores y pobladoras concentran los peores indicadores de desarrollo económico y social. El oeste representa, así, el sector más postergado de la sociedad pampeana, en una provincia que se asume como próspera pero que guarda profundas asimetrías socioeconómicas. Las desigualdades que se expresan a nivel del territorio dan cuenta de las brechas en el desarrollo que existe entre las distintas regiones.

Esta heterogeneidad territorial es el resultado de un patrón dispar de asentamiento, acompañado de un gran desequilibrio en la distribución de la riqueza y las oportunidades de bienestar material. Así, al recorrer el interior del territorio provincial, aflora otro mapa de profundas inequidades. Según el Censo de 2010, en el departamento de Chicalcó la pobreza asciende a un 17,5% de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas, cuando en la provincia es del 3,8% y el hacinamiento crítico es el mayor de toda la provincia, con 11,1 % para un 3,4% total de La Pampa (INDEC, 2010).

Chos Malal es un paraje rural de difícil acceso por la distancia en medios materiales y simbólicos hacia las localidades de Puelén y La Humada, Algarrobo del Águila y Santa Isabel. La presencia estatal se manifiesta principalmente a través de planes de obras públicas, que han mejorado caminos, tendido eléctrico y, recientemente, llegada de internet a las instituciones locales, representadas por la Escuela primaria N° 260, un salón de usos múltiples y una posta sanitaria, que cuenta con atención de enfermería permanente y médica quincenal. Su población, totalmente rural, se encuentra agrupada en los llamados puestos en los que crían ganado caprino y elaboran artesanías en tejido, en un ambiente marcado por la aridez y el aislamiento.

Las transformaciones del espacio producto del crecimiento económico de la provincia no se reflejan en este borde fronterizo del oeste, donde sus habitantes aún sobreviven con la puesta en acción de distintas estrategias de reproducción social asociadas con la cría de animales. Como señala Comerci (2015), puede observarse que mientras la economía de mercado se despliega rápidamente en el Centro y Este provincial, al oeste persisten prácticas productivas y vinculares de comienzos del siglo XX, como los mercadores ambulantes (mercachifles) que garantizan a los/as puesteros/as el acceso a bienes de consumo a cambio de las producciones familiares, generalmente con intercambio de dinero, pero en ocasiones mediante la vieja práctica del trueque. Así, el trabajo tiene como objetivo reconocer y analizar el ejercicio de derechos en este espacio rural, donde la asumida universalidad de las políticas de Estado entra en tensión con las particularidades que delimitan el territorio y los modos de habitarlo que experimentan allí las mujeres.

Metodológicamente, el estudio se enmarca en un abordaje cualitativo para recuperar las experiencias de profesionales de salud que asisten la zona, recopiladas mediante observación participante en terreno, como medio ideal para examinar críticamente los conceptos teóricos y anclarlos a realidades concretas (Guber, 2011) y entrevistas en profundidad, en tanto herramienta que favorece más que otros dispositivos el diálogo intersubjetivo. El trabajo de campo y las entrevistas se realizaron entre los años 2021 y 2022 y se buscó preservar la identidad de las personas.

Como fuentes secundarias, se recurrieron a datos estadísticos y entrevistas brindadas por el Programa provincial de Salud Sexual y Procreación Responsable. Este programa tiene bajo su órbita la difusión de información y provisión de insumos para el ejercicio autónomo de estos derechos en toda la provincia. Como anclaje temporal, se toma como referencia el surgimiento de dicho programa en el año 2004, como momento bisagra en el reconocimiento de la salud sexual y reproductiva como política pública de Estado.

Como puede apreciarse en la Figura 21, entre sus objetivos principales figuran el acceso a métodos anticonceptivos e información que permita la toma de decisiones autónomas sobre la salud reproductiva y el disfrute de una sexualidad placentera y libre de violencias, entre otros.

Figura 21. Folleto del Programa sobre derechos sexuales y reproductivos

Fuente: https://bancos.salud.gob.ar/bancos/materiales-para-poblacion/tags/derechos-sexuales-y-reproductivos/

A continuación, se presentan las políticas públicas que regulan la salud sexual y reproductiva en un diálogo entre los marcos legales conquistados con su aplicación en el espacio local. Luego, se analizan las condiciones para el ejercicio de estos derechos entre las mujeres puesteras del paraje Chos Malal, haciendo hincapié en las intersecciones entre género, pobreza y territorialidad, y por último, se incorpora la noción de ciudadanía en tanto categoría válida para pensar las tensiones que subyacen a la brecha entre las políticas públicas y la apropiación subjetiva de derechos en contextos particulares de reproducción social.

Derechos sexuales y reproductivos: de los marcos normativos a las políticas públicas en la provincia de La Pampa

La salud sexual y reproductiva fue definida en tanto derecho por primera vez en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (en adelante CIPD) en El Cairo (1994) y reafirmada en Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing (1995, p. 35) como:

Un Estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia.

A diferencia de enfoques anteriores que enfatizaban la regulación y el control poblacional como objetivo demográfico, la CIPD incluyó como eje central la perspectiva de derechos humanos para abordar las decisiones en la esfera sexual y reproductiva bajo la noción de autonomía. Además, la CIPD legitimó el concepto de derechos reproductivos y resaltó el papel de los Estados en la garantía de los mismos. También, la CIPD incluyó una serie de acuerdos sobre aspectos centrales para lograr el real ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y el desarrollo, como la reducción de la pobreza y de las desigualdades socioeconómicas, generacionales y étnicas, la promoción de la salud y los derechos reproductivos, y la participación de los/as adolescentes, adultos/as mayores, los pueblos indígenas y personas migrantes, entre otros grupos de la población cuyos derechos sexuales y reproductivos han sido muchas veces negados (Yon Leau, 2013).

Si bien las demandas por estos derechos comenzaron en nuestro país durante los años setenta, la conquista -en el plano jurídico de las normas que garantizan su cumplimiento efectivo- se inscribe en el proceso de retorno de la democracia y de las luchas crecientes de los movimientos de mujeres y disidencias, que persisten hasta la actualidad. La provincia de La Pampa ha sido pionera en Argentina en el reconocimiento formal de los derechos sexuales y reproductivos por parte del Estado. Ya en 1991, tres años antes de la CIPD, sancionaba la primera ley de derechos reproductivos del país (Ley 1.363,1991) que dio lugar al primer Programa Provincial de Procreación Responsable. Este programa buscaba garantizar el acceso a anticoncepción reversible en todo el territorio. Por primera vez, una norma planteaba un derecho que no había tenido existencia previa en el lenguaje jurídico: el derecho a decidir sobre las pautas reproductivas (Di Liscia, 2015). Esta ley fue impulsada en la legislatura pampeana por una diputada justicialista, Silvia Gallego, en sintonía con una demanda creciente de las mujeres a regular su fertilidad.

Aun cuando el concepto de derechos sexuales y reproductivos no entraba en vigencia, ya la CEDAW (ONU, 1979) incorporaba la idea de que los Estados debían adoptar medidas apropiadas para eliminar la discriminación hacia las mujeres en la esfera de la atención médica, incluida la planificación familiar. Sin embargo, la implementación efectiva de esta ley fue deficiente. La Iglesia católica no había logrado evitar su aprobación, pero había ganado otra batalla: el silencio en su difusión, su tímida implementación en la capital y su ocultamiento en el interior provincial (Di Liscia, 2015). Recién en 2004, momento en que estos derechos adquieren status legal mediante la sanción de la Ley Nacional N° 25.673/2002 y la entrada en vigencia del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y su relativo provincial, el acceso a los métodos anticonceptivos fue mejorando, con provisión de nuevos insumos y su mayor difusión en todo el territorio. También la provincia de La Pampa se adelantó a la Nación en el reconocimiento al derecho a la anticoncepción permanente. En 2003, el debate llega a la legislatura pampeana a partir de un caso testigo (el caso “Carmen”), impulsado por el colectivo “Mujeres por la Solidaridad”, y por la presencia pública de militantes socialistas, sindicalistas, asistentes sociales y médicos/as del hospital público (Di Liscia, 2015) aprobándose por unanimidad la Ley sobre el Ejercicio de las Actividades de Salud (Ley 2.079, 2003), donde se incluyó en el artículo 17 la realización de ligadura de trompas de Falopio y vasectomía. Allí es tratada como un derecho humano fundamental que debe ser considerado como objetivo social y su realización exige la intervención del Estado como responsable principal (Moldován, 2012). Su aprobación fue fuertemente resistida por representantes de la Iglesia católica, llegando un sacerdote a expresar públicamente: “el útero es de Dios” (Di Liscia, 2015, p. 24). Años más tarde, con la sanción de la Ley Nacional de Contracepción Quirúrgica (Ley 26.130, 2006) algunas barreras se eliminaron, pero su cumplimiento continuó siendo restringido hasta el presente y atravesado por fuertes estereotipos de género sobre los cuidados reproductivos.

Por último, no puede desconocerse que la lucha de las mujeres pampeanas por los derechos sexuales y reproductivos alcanzó un hito significativo para la ciudadanía: en 2007 La Pampa se convertía en la primera provincia argentina en reglamentar por ley los abortos no punibles. Su sanción se argumentaba como una manifestación del derecho a la igualdad, la privacidad, la libertad y autonomía de las mujeres y como una cuestión central de salud pública (Zaikoski, 2015). A pesar de que la misma fue aprobada en la legislatura casi por unanimidad, las presiones eclesiásticas fueron mayores y en inicios del 2008 la ley fue vetada.

La ciudadanía se organizó en respuesta y conformó el Foro No al Veto, que si bien no alcanzó el cometido de dar marcha atrás con la medida, propició la organización de los movimientos sociales en torno a esta demanda. Recién en 2012, luego del reconocido fallo de la Corte Suprema de la Nación conocido como F.A.L., La Pampa obtuvo finalmente una normativa para la regulación de los abortos legales mediante la Guía Provincial de Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Resolución 656, 2012 y su modificación por Resolución 1.789, 2018). Finalmente, en 2020 se sancionó la Ley Nacional 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), cuya implementación en todo el territorio pampeano se encuentra en un proceso aún abierto.

En síntesis, puede decirse que las “políticas del cuerpo” (Yon Leau, 2013; p. 6), es decir, aquellas políticas públicas destinadas a garantizar el ejercicio de la autonomía física sobre el cuerpo, la sexualidad y la reproducción, fueron ampliándose en un proceso sinuoso e inacabado de disputas simbólicas y políticas en torno al derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes que continúa hasta la actualidad. Así, el enfoque interseccional resulta un marco ineludible de análisis del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, que invariablemente constituyen un campo de tensión en el que el cuerpo de las mujeres y sus posibilidades de tomar decisiones se hallan sujetas a la convergencia de numerosos factores, que deben interpretarse no tanto como una sumatoria de cargas, sino más bien como marcadores sociales que actúan de forma dinámica, fluida y flexible a partir de contextos históricos particulares, en relaciones de poder situacionales y según privilegios y procesos estructurales de opresión (Couto et al., 2019). Como se desarrolla en el siguiente apartado, las desigualdades experimentadas por las mujeres del paraje Chos Malal en el ejercicio pleno de estos derechos se encuentran condicionadas por la intersección de tres dimensiones fundamentales: el género, la pobreza y la territorialidad en un espacio de borde.

En clave territorial: los derechos y las mujeres puesteras de Chos Malal

Desde el análisis interseccional, se entiende al territorio como una noción no sólo geográfica sino también social y subjetiva. Como señalan Comerci y Mostacero (2021) citando a Haesbaert (2018), los procesos de territorialización se construyen como fruto de las interacciones entre las relaciones sociales de poder por el control del espacio que supone al mismo tiempo, una dominación concreta y simbólica.

El proceso de territorialización en Chos Malal guarda algunas singularidades. Como analiza Comerci (2020), las tierras que conforman el paraje se han mantenido en tensión entre la desposesión inicial de los pueblos originarios que habitaban la zona a las conflictividades por el avance de la propiedad privada vinculada a la explotación petrolífera y la actividad ganadera que caracterizan la etapa actual. Luego de las campañas militares contra los pueblos originarios, estas tierras fueron vendidas a propietarios lejanos a la vez que espontáneamente, sobrevivientes indígenas y familias mestizas y criollas se asentaban en la zona, para vivir del pastoreo de animales conformando los llamados puestos.

Desde entonces el espacio pastoril, ha permitido a las familias autosustentarse mediante la producción caprina, la caza, la elaboración de artesanías y la recolección. Sin embargo, a pesar de la presencia de descendencia originaria Mapuche-Ranquel-Pehuenche entre sus habitantes, las familias no se identifican como tales. Cuando a fines de la década de los ochenta, personas foráneas intentaron desalojar a sus habitantes de hecho, el Estado pampeano adquirió dos lotes donde se ubican la mayor parte de los puestos del paraje Chos Malal, por lo que las familias pasaron a ser poseedoras de la tierra fiscal.

Actualmente, residen en el paraje Chos Malal unas 150 personas, agrupadas en unos cuarenta puestos. Algunas son de edades avanzadas, mayores a 60 años, y han pasado toda su vida en la zona. Sin embargo, son la menor parte: los y las jóvenes de entre 20 y 50 años representan la mayor proporción y 39 del total tienen 18 años o menos. Si bien en los años noventa se iniciaron mejoras habitacionales en la zona, la llegada de servicios básicos como el tendido de la luz eléctrica y el gas envasado sólo se registran en las viviendas aledañas a las instituciones del paraje, mientras en los puestos persisten el uso de leña para la calefacción y la cocina, así como el uso de paneles solares para la generación eléctrica. Con respecto al agua, un camión cisterna provee al paraje de agua potable para el consumo, aunque muchas familias utilizan agua de pozo para los animales y otros usos domésticos.

Se registra movilidad entre el paraje y el pueblo de La Humada, ubicado a 60 km de ripio (Figura 17) donde realizan trámites administrativos, consultas médicas, cobro de asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones y acceso a los bienes de consumo que no llegan al paraje con la venta ambulante, son pocas las personas que se van por razones de estudio terciario. Sólo dos residentes del paraje completaron una formación superior y regresaron a la zona: una docente y una enfermera. Además, los y las adolescentes permanecen internos/as en el pueblo durante la semana donde se encuentra la escuela secundaria más próxima al paraje.

De este modo, las condiciones de reproducción social que suponen para las mujeres habitar el espacio rural tienen un impacto directo en términos de oportunidades y acceso a derechos. Si bien los estudios de género en el campo de los derechos sexuales y reproductivos han avanzado significativamente en las últimas décadas al calor de las conquistas legales que regulan su ejercicio, son escasos los trabajos que dan cuenta de estos derechos entre las mujeres rurales.

De acuerdo con un balance realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre los avances y desafíos de América Latina con respecto a los acuerdos de la CIPD, nuestra región es la que más ha avanzado en la suscripción de tratados internacionales de derechos humanos y cuenta con un importante desarrollo de marcos constitucionales, legales y de políticas públicas en materia de acceso universal a la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, la puesta en práctica de estas normativas y lineamientos de política, especialmente en el caso de las mujeres rurales jóvenes, enfrenta aún una serie de obstáculos, producto fundamentalmente de las persistentes desigualdades sociales que caracterizan al espacio rural (Yon Leau, 2013).

Algunos de los aspectos comunes entre las mujeres que habitan el espacio rural son la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados, la baja incidencia en los mercados formales, su baja participación laboral, un desigual uso del tiempo y además, la invisibilización de su trabajo (CEPAL, 2020), condiciones que también se reproducen en el oeste pampeano. Al respecto, García (2021) señala cómo el Estado pampeano ha abordado a las mujeres en proyectos productivos fomentando su participación y liderazgo en el apoyo a emprendimientos familiares, pero bajo un enfoque de vulnerabilidad social más que de titularidad de derechos. Esta visión que impregna las políticas públicas hacia el territorio responden, como bien analiza Escobar (2014), a una concepción de desarrollo de matriz neoliberal, basada en una representación social de salvación de grupos vulnerables, la cual ha sustentado políticas focalizadas y ha tenido impacto en toda la región a partir de los años noventa.

En relación al área de estudio, puede observarse que en todo el Departamento de Chicalcó la división sexual del trabajo se halla bien documentada. Mientras las mujeres son crianceras de ganado menor, tamberas, entre otras, los hombres se dedican al manejo del ganado mayor, a las denominadas recorridas del campo y, visiblemente, a las relaciones sociales. Además de las tareas mencionadas, las mujeres también recogen leña, hilan, tiñen y tejen, trabajos que realizan en un contexto de gran hostilidad climática y de marcado aislamiento social. Sus jornadas se extienden desde bien temprano hasta altas horas, siendo aún más sacrificadas durante el período de parición de los animales, donde trabajan casi 19 horas del día (Dillon, García y Cossio, 2003).

Sin embargo, desde esta perspectiva se despolitiza el problema de la desigualdad y oculta las cuestiones de poder y conflictos que atraviesan las relaciones entre varones y mujeres. Apelando a esta concepción, el género, en tanto relaciones de poder, se convierte para las puesteras en un factor productor de desigualdad. En este sentido, los/as entrevistados/as, coinciden en que -a pesar de los avances en materia de derechos para las mujeres-, persisten en una posición subordinada en los puestos:

La mujer está muy sometida acá, hay mucha violencia (…) Ella por ejemplo tiene que hacerse una colonoscopia, como hace 6 meses que le salió mal el estudio, pero no la deja ir, la tiene presa, como que no tiene que salir y tiene que estar para todo, tiene que ir a buscar la leña, va con el balde de 10 litros a buscar el agua al pozo, todo lo tiene que hacer ella (enfermera, 2021).

Hay mucho machismo, la violencia está re contra naturalizada en las mujeres, pero no denuncian, porque piensan con quien me voy a quedar, a dónde voy a ir, no tienen a quien recurrir (…) ellas hacen todo, trabajan más que el hombre (obstétrica, 2022).

Yo no sé si es la falta de información, las mujeres son muy sumisas, todo le consultan al marido, es como que le dan poca importancia a cuidar su cuerpo, por ahí le pedís un turno para el mes que viene y no va, le dan mucha importancia a lo que dice el marido más que nada (enfermera, 2022).

Conviene señalar que las estrategias de reproducción social de las familias dependen en gran parte de las labores femeninas productivas y reproductivas, con las que contribuyen, por un lado, con su rol relevante en el reaseguro de la subsistencia y, por otro, resultan funcionales en el mantenimiento de los costos de producción con su trabajo doméstico gratuito y su trabajo productivo no remunerado. Las tareas de cuidado se encuentran naturalizadas entre las mujeres y les pertenecen absolutamente, tanto en la crianza de sus hijos e hijas, del cuidado de la familia y también de los animales (Dillon, García y Cossio, 2005).

En términos de autonomía económica, podría afirmarse que las mujeres en se encuentran severamente rezagadas, ya que la sobrecarga de trabajo no remunerado se asocia a la mínima inserción en los circuitos económicos formales y la baja disponibilidad de sus ingresos al interior de las familias. Algunas mujeres se encargan de la comercialización de los animales a chivateros que recorren los puestos para comprar el ganado. Otras venden los productos de sus tejidos al Mercado Artesanal de la provincia, que representa su único comprador. Sin embargo, se trata de ingresos inestables, que no les permiten planificar la economía familiar ni proyectarse en otros planos de su desarrollo personal (Figuras 22 y 23).

Figura 22. Mujer hilando con uso

Fuente: fotografía tomada por la autora (2021).

Figura 23. Telar campesino

Fuente: fotografía tomada por la autora (2021). 

Las crisis económicas inciden en sus vidas de modo singular, ya que no sólo agudizan la pobreza sino también obligan a reconfigurar las dinámicas familiares, como la expulsión de jóvenes hacia áreas urbanas (que otrora ayudaban en las tareas productivas y reproductivas) y la migración de los hombres hacia otras regiones en búsqueda de trabajo, recargando aún más sus ya extensas jornadas laboral y de cuidados. La baja calidad de vida como determinante social de la salud impacta en las mujeres de modo particular, agudizando las dificultades de acceso a bienes materiales y simbólicos y, por tanto, limitando sus oportunidades. La desigualdad en relación al género, profundiza aún más su rol de cuidadoras, con pocos márgenes en el uso del tiempo para el cuidado de su propia salud. Al respecto, afirman las entrevistadas:

Yo veo muchísima pobreza, si bien se presentan bien a la consulta lo ves en la ropa, muy desgastada, es imposible que se compren una medicación, a veces me pasa con los óvulos si no hay en el centro de salud, no tienen medios ni para comprarse una crema (obstétrica, 2022).

Ellas están todo el día en la casa, la mayoría por los animales, cuidan los hijos, hacen las cosas de la casa (…) por ahí tienen un turno para la ginecóloga y no van porque se tienen que quedar cuidando los animales, ellas quedan para un segundo plano (enfermera, 2021).

La escasa presencia del Estado en servicios médicos, sumado al factor territorial que implica grandes distancias a recorrer y en malas condiciones de tránsito, conforman una situación de extrema vulnerabilidad para la salud de estas mujeres. Si bien los/as profesionales de salud destacan la construcción de un centro de salud público en el paraje en el año 2013 como un cambio fundamental en el acceso a la atención, el estado de los caminos sigue siendo un elemento determinante en el proceso salud-enfermedad-atención. Dicho centro cuenta con dos enfermeras que se rotan semanalmente y recorren la zona, garantizando atención sanitaria básica y coordinando turnos programados en La Humada, que cuenta con una obstétrica y un médico generalista, que reciben a toda la población rural de la zona. Allí, las mujeres realizan el test de Papanicolau (PAP), acceden a los métodos anticonceptivos reversibles (la ligadura tubaria por tratarse de un método quirúrgico debe derivarse a centros de mayor complejidad), tratamiento de infecciones de transmisión sexual y, cuando concurre el mamógrafo móvil (por lo general una vez al año), hacen la senografía.

Sin embargo, para recibir atención ginecológica deben trasladarse hasta la ciudad de Victorica, ubicada a 251 km de La Humada. Además, por tratarse de la única médica especialista en la zona, en su ausencia las mujeres son derivadas directamente a la capital provincial, Santa Rosa, un viaje estimado en más de 5 horas. Otras prácticas comunes en la atención de la salud reproductiva como la ecografía tampoco se realizan en la zona y deben coordinarse para dichos centros urbanos. Si bien algunas familias cuentan con vehículo propio, la coordinación de turnos en coincidencia con el transporte público y el estado óptimo de los caminos suele representar un obstáculo para la salud de las mujeres. Así, la escasez de recursos humanos, sumado a las dificultades de accesibilidad geográfica, configuran barreras materiales-simbólicas para el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, como dan cuenta el siguiente relato:

Yo voy a La Humada una vez al mes, tengo montón de pacientes, 20, 25, por ejemplo, la otra vez tenía programada una chica para ponerle el implante y había llovido, así que el camino imposible, así que a esperar oootro mes más, pasan esas cosas (obstétrica, 2022).

Con los PAP nos pasa que ahora la obstetra no tiene turnos porque tiene muchas embarazadas, entonces hay que mandarlas a Victorica, cuando vino el camión^[1] tuvimos un alivio pero las mujeres no son de entrar fácil, no querían ir, son muy sumisas (enfermera, 2022).

Se recorren los puestos y se coordinan los turnos para La Humada, a las mujeres la llevamos en la ambulancia, hasta 3 entran, pero sí, los caminos suelen ser un tema, es difícil el acceso porque es muy pedroso, tiene mucho serrucho (enfermera, 2021).

Con respecto a la coordinación de turnos, se informa a la población del paraje los días de atención a través de radio FM que la mayoría sintoniza en los puestos. Son valoradas por los/las profesionales el mejoramiento de la comunicación por la llegada de internet al centro de salud que facilita la derivación de pacientes y la adquisición de una camioneta ambulancia 4X4 que permite recorrer los tramos de ripio con más facilidad.

A pesar de que estas dificultades condicionan el acceso a los métodos anticonceptivos, todas las entrevistas develan una incorporación en aumento de la demanda de cuidados reproductivos por parte de las mujeres, sobre todo las más jóvenes, y una progresiva disminución de los embarazos no intencionales en la zona en comparación con épocas anteriores, que vinculan con el impacto económico en la subsistencia familiar:

Yo veo que las mujeres de 40, 45 años tenían entre 8 y 10 hijos, ahora en cambio 4 o 2, ya no está incluso rentable tener más de tres chicos, se cuidan (obstétrica, 2022).

Sobre todo, con el Diu y el implante fue cambiando mucho, en 2018 fue el último nacimiento en Chos Malal, recién ahora en octubre de este año hubo otro nacimiento y se espera en febrero otro de gemelos (…) ellas vienen por los métodos, como que ya no pueden tener más de 2 o 3 hijos, la parte económica no está para eso (enfermera, 2021).

Una preocupación surgida de las entrevistas es la discontinuidad de la provisión de anticonceptivos inyectables de uso trimestral ya que, por tratarse de un método de larga duración, es preferido entre las mujeres que regresan a las zonas rurales más alejadas. En relación a esto, referentes del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable explican que los faltantes se vinculan al cese de provisión por parte de la Nación por razones de costos y que la provincia no puede acceder por compra propia ya que los laboratorios no le venden en forma directa. Sin embargo, estas negociaciones en torno a las licitaciones de este insumo impactan de modo diferencial entre las mujeres del oeste, ya que obligan a reconfigurar sus estrategias de cuidados, discontinuando el uso del método o eligiendo otros como las pastillas, que según los datos del sistema informático de salud fueron las más solicitadas.

En cuanto al aborto, no se registran en el Programa solicitudes de tratamientos farmacológicos para esta práctica, lo cual coincide con la visión de los/as profesionales de salud acerca de la ausencia de una apropiación subjetiva del derecho a la interrupción del embarazo como decisión autónoma sobre la reproducción, que parece aún sujeta a controversias entre las mismas mujeres, en la que se manifiesta la penetración de valores religiosos y morales vinculados al evangelismo predominante en la zona:

Tuve algunas consultas, pero no, como está tan instalada la iglesia, por ahí consultan, pero se arrepienten, está el tema del miedo a la confidencialidad también, no he tenido IVE en Chos Malal (…) la iglesia es fuerte, me pasó con una chica adolescente que había tenido y cuando hablamos para ponerse el implante la mamá se negó porque dijo que era el demonio (obstétrica, 2022).

Yo la verdad no tenido consultas, por ahí sí lo han pensado y han dicho que no, todas van a la iglesia acá (…) hay dos iglesias (evangélicas) pero medio que todos son pastores acá, le dan mucha importancia a lo que van a decir la familia, lo que les dice el pastor incluso si tienen violencia les dice “tenés que aguantar, cómo te vas a separar” (médico, 2022).

Con respecto a las adolescentes, surgen datos que dan cuenta de la vulnerabilidad de esta población en relación a sus derechos. Por un lado, la naturalización del abuso sexual aparece en todos los relatos como uno de los aspectos más difíciles a trabajar para los/as profesionales de salud. Aunque la tendencia general en la provincia es la disminución del embarazo no intencional en esta etapa de la vida, en el Departamento de Chicalcó los porcentajes de gestaciones en la adolescencia son de los más altos de la provincia y en 2021 llegaron al 25 % del total, para un promedio provincial de 7,63% (ver cuadro 3).

Cuadro 3. Porcentaje de madres adolescentes 2021, Provincia de La Pampa

RESIDENCIA HABITUAL	TOTAL MADRES	MADRES ADOLESCENTES	PORCENTAJE DE MADRES ADOLESCENTES
TOTAL LA PAMPA	3603	275	7,63
DEPTO. CHICALCO	12	3	25,00
La Humada	7	2	28,57
Algarrobo del Águila	5	1	20,00

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Estadística Sanitaria (2021).

Aunque no se cuenta con datos estadísticos específicos sobre Chos Malal en este aspecto, los relatos permiten comprender las vivencias de las adolescentes en relación a su sexualidad y reproducción:

La mayoría de los casos de Chos Malal son por abuso, porque son personas adultas, no son una pareja adolescente, es un adulto, extrafamiliar, cuñado, tío (…)en Chos Malal a los 15, 16 años ya te casás, a los 18 ya están maternando y ya están casadas (…) el año pasado llegó a la guardia una adolescente de 15 años, con dolor de panza y estaba para tener…muy naturalizado está, la hermana de esa chica también había sido por abuso a los 11 años, el chiquito debe tener ya 4 o 5 años (obstétrica, 2022).

Es por costumbre, ya las mismas madres les dicen a los 13, 14, 15 ya te tenés que juntar, ya te tenés que casar, por ahí te dicen ellas “yo no me quiero casar, quiero seguir la escuela”, pero son las mismas madres que les dicen eso (médico, 2022).

Por último, es de destacar que, a pesar de los avances en la provisión de servicios de salud en la zona, persisten en los puestos prácticas ancestrales de autoatención que son relatadas por los/as profesionales, así como documentadas en otros trabajos, especialmente la preparación de remedios caseros con ingredientes del monte como prácticas habituales de cuidado en la resolución de problemas comunes (Dillon, García y Cossio, 2005; Comerci, 2015).

En síntesis, los relatos y las fuentes revisadas permiten visualizar un territorio de singular complejidad donde los discursos y prácticas del sistema de salud entran en tensión con las cosmovisiones y saberes de las familias productoras para la garantía de los derechos de las mujeres según el paradigma de los derechos humanos y los compromisos del Estado en esa agenda, lo cual abordaremos en el siguiente apartado según la noción de ciudadanía.

Tensiones entre una ciudadanía formal y real: la ciudadanía pendiente

Si bien los grandes avances en estos marcos normativos pueden reconocerse como una ampliación de derechos ciudadanos, su goce efectivo por parte de las mujeres se encuentra a la vez condicionado por un conjunto de variables que ajustan su ejercicio a una heterogeneidad de situaciones, a la cuales podemos pensar como ciudadanías pendientes. Para Brown (2007), los derechos sexuales y (no) reproductivos constituyen un nudo estratégico para la conquista de una ciudadanía plena para las mujeres. Partiendo de la concepción arendtiana de ciudadanía en tanto derecho a tener derechos, cuestiona la noción contractualista de ciudadanía que presupone un individuo libre, portador de derechos y obligaciones, miembro de una comunidad política determinada, concepción fundante de la modernidad, pero excluyente de las mujeres. Esta noción marshalliana de ciudadanía en tanto un status que implica derechos, encuentra un límite en las desigualdades sociales y las diferencias culturales que impiden su ejercicio. En ese sentido, la categoría de género resulta clave para comprender la brecha entre la ciudadanía formal y real.

Para Astelarra (2002), la ciudadanía se halla estructurada por las diferencias de género que atraviesan las relaciones personales entre hombres y mujeres, la división del trabajo y la distribución de recursos y poder. En su análisis aporta cómo la universalidad de la noción de ciudadanía, basada en la noción de derechos individuales iguales para todos, entra en tensión con el particularismo que caracteriza la diversidad de las/los ciudadanos concretos. Es decir, para ser universal la ciudadanía ha excluido a las mujeres, pero también a todos los proyectos sociales que se derivan de las actividades privadas.

En esta misma línea de análisis, resultan pertinentes incluir las discusiones en torno a igualdad y diferencia para pensar las nociones de individuo y ciudadanía. Sasoon (1998) afirma que en el pensamiento político liberal el individuo es un ser autónomo cuya condición ciudadana se basa en su relación con la norma legal y por ende, su igualdad se asienta en la eliminación de las diferencias, ya sea estatus social, género, raza, posición socioeconómica, etc. La llamada igualdad de oportunidades así pensada resulta de la afirmación de que las diferencias entre individuos no deberían impedirles competir entre sí bajo el mismo sistema de normas. Se construye así una jerarquía entre lo universal, lo público, la igualdad como conceptos dominantes y lo particular, la diferencia, lo privado como aspectos subordinados.

Recuperar el concepto de ciudadanía para pensar el acceso a derechos en contextos singulares como lo es el paraje rural Chos Malal, resulta oportuno para dar nombre a las experiencias que transitan las mujeres en sus territorios en diálogo con las obligaciones asumidas por el Estado argentino en materia de derechos humanos, como ya fue analizado. Estas ciudadanías pendientes dan cuenta de la insuficiencia de la adscripción a derechos que supone la legalidad de los mismos y tensionan a imaginar nuevos trazos políticos que permitan a las puesteras ejercer efectiva y activamente su ciudadanía real.

Si las mujeres del oeste pampeano tienen derecho a tener derechos, la sola afirmación de la igualdad de oportunidades sin resaltar las desiguales condiciones que materializan sus posibilidades reales de ejercer su autonomía física resulta una abstracción a revisar. Es decir, ¿de qué modo podemos abordar las complejidades que denotan el abuso sexual infanto-juvenil a la vez que declaramos la universalidad del derecho a gozar de una sexualidad libre de violencias? ¿Cómo se resuelven las contradicciones entre las prácticas normatizadas y la realidad concreta de ciudadanas pampeanas despojadas de toda experiencia de derecho? Estas y otras preguntas, más que la búsqueda de una respuesta, exigen pensar los bordes entre los Estados y las ciudadanías reales sin recostarse en miradas coercitivas o relativistas. Al respecto, Rita Segato (2011, p. 19) realiza algunos aportes de valor desde su pensamiento feminista decolonial:

Ciertamente, a pesar del carácter permanentemente colonial de sus relaciones con el territorio que administra, un buen Estado, lejos de ser un Estado que impone su propia ley, será un Estado restituidor de la jurisdicción propia y del fuero comunitario, garante de la deliberación interna(…)lo que no es otra cosa que la devolución de la historia(…)el argumento relativista debe ceder lugar al argumento histórico, de la historia propia, y de lo que he propuesto llamar pluralismo histórico, que no es otra cosa que una variante no culturalista del relativismo.

En síntesis, las discusiones en torno a la concepción de ciudadanía, los derechos universales y el reconocimiento de las diferencias se mantiene en tensión, pero como reconoce Jelin (1996) el concepto de ciudadanía es un buen lugar para desarrollar el análisis de las luchas por la ampliación de derechos, como procesos de permanente construcción y cambio.

Reflexiones finales

La conquista de la ciudadanía formal ha sido necesaria pero no suficiente para garantizar la salud sexual y reproductiva de todas las ciudadanas pampeanas, ya que como señala Di Liscia (2015), los derechos sexuales y reproductivos constituyen un campo de tensión en el que el cuerpo de las mujeres es disputado y sometido a prácticas médicas, dogmas religiosos, reglas morales, intereses económicos y controversias políticas. En el caso analizado, la convergencia de la desigualdad de género con la pobreza y los factores vinculados al territorio, configuran un escenario de singular vulnerabilidad para las mujeres en cuanto a su salud. Asimismo, la poca disponibilidad de datos desagregados territorialmente invisibiliza sus realidades y se inscribe también en la reproducción de tales desigualdades.

La perspectiva interseccional se vuelve fundamental, no sólo para el análisis sino también para las estrategias en la implementación de las políticas hacia las mujeres en el territorio. Surge preguntarse ¿Cómo fortalecer el proceso de su autonomía en tanto derecho a tomar decisiones sobre el cuerpo y la salud, en un contexto donde las desigualdades analizadas se suman a una resignificación de los roles femeninos producto del peso de la costumbre?

La construcción de una ciudadanía plena para todas las mujeres implica el desafío de pensar políticas públicas que reconozcan las diferencias y agudicen sus capacidades estratégicas de responder a sus particulares necesidades que, en el caso analizado, reviste la complejidad de abordar lo territorial en un contexto situado, caracterizado por la desigualdad social y de género.

En ese sentido, el fortalecimiento de los equipos de salud pública que asisten la zona, constituye un paso ineludible para garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en condiciones de equidad. Retomando las palabras de Segato (2011), parece necesario además recuperar las voces de las propias mujeres, en reconocimiento de sus historias individuales y colectivas, en un territorio que como hemos visto guarda años de despojos múltiples y cuya conformación identitaria conserva rasgos patriarcales profundos. Un Estado que dé cuenta de estas huellas seguramente estará en mejores condiciones de programar políticas públicas sin imposiciones ni omisiones de carácter culturalista ni folclórico.

Agradecimientos

Se agradece a los/as profesionales que brindaron sus testimonios y experiencias, a Rosario Peletay por su cálida recepción en Chos Malal y referentes del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable y Adolescencia por su predisposición y el aporte de valiosa información para este trabajo.

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