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8 Cruces entre la aceptación y la resistencia

Reflexiones socio-técnicas sobre las políticas públicas para el hábitat rural oesteño

Antonela Lucía Mostacero

Introducción

Uno de los principales interrogantes de toda política pública tiene que ver con su impacto y con el cumplimiento de los objetivos planteados. Todos los actores involucrados depositan numerosas expectativas respecto a los alcances de programas y proyectos, ya sean los organismos de financiamiento, las instituciones o reparticiones que acceden a los diferentes créditos, las personas que ejecutan las acciones en campo o las familias destinatarias. En muchos casos se habla de éxito o fracaso, del funcionamiento o no de las intervenciones que frecuentemente involucran cambios tecnológicos.

En el oeste pampeano, desde la década de 1990, se iniciaron intervenciones estatales en el hábitat rural del paraje Paso Maroma, las cuales estuvieron destinadas a reacondicionar o mejorar diferentes aspectos de las unidades domésticas. Como se desarrolló en el cuarto capítulo, las tipologías domésticas del oeste de La Pampa, los puestos, presentaron hasta finales de siglo XX características propias del tipo arquitectónico conocido como rancho. Algunas definiciones de rancho se asociaron directamente con las viviendas de planta rectangular y cubierta de una o dos aguas construidas con materiales naturales de la región de implantación (De Aparicio, 1931). Otras descripciones afirmaron que eran autoconstruidas y pertenecientes a grupos familiares dedicados a actividades económicas primarias (Instituto de Investigaciones de la vivienda, 1969) o que los locales/piezas abrían directamente hacia el exterior, sin pasillos (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010). Históricamente, este tipo de arquitectura doméstica fue considerada por el Estado como algo a transformar para que los grupos campesinos pudiesen acceder al “progreso” (Barada, 2017; Sesma, Mandrini, Cejas, Quevedo y Huerta, 2019; Tomasi, 2021). En Argentina, estas miradas estuvieron enraizadas en los discursos positivistas de fines de siglo XIX y las valoraciones higienistas y moralistas de principios de siglo XX que asociaban al tipo rancho con valoraciones de inmoralidad, falta de higiene y estigma de “mala vivienda” (Liernur, 2014; Pereyra y Quevedo, 2020). El caso de La Pampa fue similar al resto del país. La mayoría de las intervenciones destinadas al hábitat rural implicaron cambios significativos en las técnicas constructivas, los materiales escogidos y la distribución organizacional de los espacios domésticos (Mostacero, 2021).

Asimismo, con la reforma de la Constitución Nacional en 1994, en la que se incorporan los servicios públicos en los derechos y garantías de los habitantes del país (Dal Santo, 2020), se acentuaron las acciones que extendiesen la provisión de energía, caminos y agua potable en los espacios rurales. En América Latina, la dificultad de ser incorporadas a las redes de abastecimiento energético fue una de las mayores vulnerabilidades de las zonas rurales dispersas e implicó la dificultad de acceder a servicios básicos como internet, iluminación, la conservación de alimentos y su cocción, entre otras (Ibáñez Martín, Guzowski y Maidana, 2020). En este sentido, en los últimos treinta años en el oeste de La Pampa se detectaron algunas intervenciones que tuvieron como objetivo reducir la brecha existente entre la población urbana y la rural respecto del acceso a estos derechos.

No obstante, la existencia de políticas o intervenciones en materia del hábitat rural no implicó necesariamente el cumplimiento de los objetivos que se pretendían alcanzar, ni el éxito o fracaso de los cambios tecnológicos impulsados. La mayoría de las propuestas de este tipo provienen de tradiciones de transferencia de tecnología, con soluciones predefinidas, razón por la cual son numerosos los casos en que estas innovaciones no son apropiadas por los grupos a quienes son destinadas (Fressoli, Garrido, Picabea, Lalouf y Fenoglio, 2013).

En general, las características intrínsecas de la tecnología son insuficientes para resolver las relaciones problema-solución y se requiere de la conformación de alianzas socio-técnicas que involucran a todos los actores en el proceso de construcción de funcionamiento de una propuesta (Fressoli, Garrido, Picabea, Lalouf y Fenoglio, 2013). En este marco, las contradicciones, negociaciones y resignificaciones suscitadas por estos cambios tecnológicos forman parte de acciones de resistencia y de flexibilidad interpretativa que ponen en práctica las familias destinatarias de las políticas públicas (Garrido, Thomas y Becerra, 2018).

En continuidad con los intereses de esta publicación colectiva, en este capítulo se profundiza en tres políticas públicas relacionadas con el hábitat rural que fueron aplicadas en la zona de Paso Maroma, departamento Limay Mahuida, en el oeste de La Pampa (Argentina). Para ello se seleccionaron tres casos de estudio: El Plan de Mejoramiento Habitacional y Saneamiento Ambiental – Viviendas Rancho en el departamento Limay Mahuida en 1997, los refugios para caprinos gestionados y ejecutados en el marco de la segunda etapa de PROINDER (2008) y la implementación del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales en el año 2012. Desde un enfoque socio técnico se indaga en las alianzas socio-técnicas que permitieron la puesta en práctica de las iniciativas y se intentará reflexionar acerca de la aceptación y la resistencia sociales respecto del cambio tecnológico que implicó cada intervención.

Consideraciones teórico-metodológicas

Las formas de analizar las políticas públicas han sido ampliamente discutidas a partir de los años noventa debido a las fuertes transformaciones del Estado en el contexto de la globalización (Fontaine, 2015). Desde la perspectiva de los actores de financiamiento internacional, se ha priorizado la realización de evaluaciones de impacto como una forma de medir los resultados de los proyectos de desarrollo. La mayoría de ellas se apoyan en determinar un escenario contrafactual, construido con diseños experimentales y cuasi experimentales, y combinar técnicas cuantitativas y cualitativas que permitan triangular los resultados y determinar si los efectos de las políticas fueron los deseados (Baker, 2000; Gertler, Martínez, Premand, Rawlings y Vermeersch, 2017). A fines de siglo XX, se retomaron con fuerza las políticas que involucraban la implementación de tecnologías apropiadas (Thomas, 2012). Estas partían de una concepción lineal con criterios de planificación, diseño, implementación y medición de resultados en parámetros cuantificables en un análisis posterior de impacto.

En lo que concierne a las políticas de desarrollo rural en Argentina, desde esta perspectiva se realizaron seguimientos de los procesos de cambio tecnológico en sistemas de pequeños productores agropecuarios incentivados por proyectos de ONG e iniciativas de política pública de diferentes reparticiones públicas (Cáceres, Silvetti, Ferrer y Soto, 2006). Estudios en esta línea concluyeron que en estas dinámicas intervienen factores técnico-productivos, así como una profusa red de relaciones sociales donde se disputan lógicas y prácticas de agentes que pretenden mejorar su posición en el campo socioeconómico en que desarrollan su vida cotidiana (Cáceres et al., 2006).

En el caso de las políticas habitacionales, muchas veces nos encontramos con procesos de cambio social donde las tecnologías desempeñan un papel prioritario. Desde el constructivismo social se ha debatido sobre el funcionamiento y no funcionamiento de las tecnologías, analizándolas en un marco socio histórico situado, con foco en el papel que juegan las personas en los procesos de cambio tecnológico (Bijker, 1995). Desde esta perspectiva, el “fracaso” o el “éxito” de un artefacto técnico y sus significados no son propiedades inherentes a éste, sino que están supeditadas a factores sociales (Bijker, 2005). Una aproximación socio-técnica nos permite analizar más allá de las materialidades y observar las formas en que se producen las tecnologías, los marcos ideológicos implícitos en su creación y circulación, y los sentidos que les asignan los actores que participan de su puesta en práctica (Garrido, Thomas y Becerra, 2018). Diversos grupos sociales conceden sentidos diferentes a un mismo objeto, el que termina por representar múltiples artefactos en el marco de lo que se define como “flexibilidad interpretativa” (Thomas, 2008). La inserción de cambios tecnológicos y la transferencia de objetos desde un contexto sistémico a otro nuevo implica procesos de transducción; es decir, la aparición de nuevos sentidos que pueden sumarse a la supuesta identidad del significante y/o modificar la percepción sobre esta (Thomas y Dagnino, 2005).

La mayoría de las políticas que intervienen en el hábitat rural de Argentina involucran transferencia de tecnología, ya sean técnicas, materialidades, modelos de organización y/o conceptualizaciones del espacio. Generalmente, estas son gestadas en ámbitos que ostentan poseer un saber legitimado, conformadas en centros de poder político, económico o académico. Es por ello que estos cambios tecnológicos suscitan mecanismos de resistencia y/o resignificación en el marco de las alianzas socio-técnicas que se tienden en torno al funcionamiento o no de esas tecnologías (Garrido, Thomas y Becerra, 2018). Aun así, en aquellas intervenciones o acciones llevadas a cabo con mayor participación o en co-construcción con los grupos que serán beneficiarios, es posible detectar la existencia de equivocaciones en las formas de comunicación y en los marcos ontológicos que entran en juego (Archetti, 1999; Pazzarelli, 2016).

Los intereses de este último capítulo giran en función de las resistencias y los procesos de resignificación que se dieron en torno a los cambios tecnológicos de tres políticas públicas sobre el hábitat campesino del oeste de La Pampa. La detección de las negociaciones, adaptaciones, tensiones sociales y simbólicas que aparecen en torno a nuevos significantes creados por agentes externos que irrumpen en la zona con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias. Se coincide con Thomas y Dagnino (2008) cuando expresan que los efectos de la transducción de los cambios tecnológicos no son ni buenos ni malos, sino que son parte de los procesos de construcción socio-técnicas que consolidan o no el funcionamiento de la tecnología en un marco socio histórico situado.

El desarrollo de este trabajo está guiado por un diseño metodológico cualitativo con triangulación de fuentes (Vasillachis de Gialdino, 1992). En primera instancia, se combinó el análisis y recopilación de antecedentes publicados acerca del tema con la revisión de documentación escrita y audiovisual de diversas reparticiones del gobierno nacional y provincial. Se tuvieron en consideración datos estadísticos provinciales y nacionales y artículos periodísticos de prensa escrita y online. Posteriormente, se realizaron entrevistas a funcionarias y funcionarios públicos del Ministerio de Desarrollo Social de La Pampa, el Centro Regional La Pampa-San Luis del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Secretaría de Agricultura Familiar, la Dirección de Planificación y Proyectos de la Secretaría de Energía y Minería de La Pampa, entre otras reparticiones. Asimismo, se realizaron salidas de campo con observación participante y registro gráfico en los puestos del sector entre los años 2018 y 2022.

La zona de Paso Maroma, muchas veces enunciado como un paraje, comprende alrededor de 15 puestos que se localizan próximos a un histórico paso sobre el río Atuel en el departamento Limay Mahuida. Los límites de este territorio han sido construidos local y regionalmente y, según la percepción individual de cada persona que lo enuncia, pueden entrecruzarse con los límites del sector aledaño Paso de los Algarrobos y al mismo tiempo incluir o no los puestos próximos a la posta sanitaria de Árbol de la Esperanza. En la Figura 24 se selecciona un recorte tentativo, que al entender de la autora se corresponde con la mayoría de las interpretaciones relevadas en campo, aunque se reconoce la convivencia de recortes diversos.

Figura 24. Sector de estudio

Fuente: Elaboración propia (2023) con información georreferenciada de la Dirección Provincial de Catastro de La Pampa, el Instituto Geográfico Nacional y del software satelital de acceso libre Google Earth 2023.

En el cuarto capítulo se describieron numerosas intervenciones que atravesaron el hábitat campesino del oeste de La Pampa, algunas alcanzaron a mayor número de puestos y pertenecieron a políticas públicas sólidas y específicas, mientras que otras fueron puntuales o no estaban integradas a un plan habitacional específico. El trabajo de campo permitió seleccionar tres casos de estudio de entre estas muchas experiencias. La selección priorizó casos donde fuese posible reconocer los actores que Lattuada, Nogueira y Urcola (2014) caracterizan como frecuentes en los programas destinados al desarrollo rural en Argentina: “los organismos internacionales de financiamiento; el Gobierno nacional a través de sus diferentes agencias; los Gobiernos provinciales a partir de estructuras políticas y técnicas; los técnicos de campo; y los destinatarios en forma individual u organizada” (p.239). Sumado a esto, se priorizó que cada caso hubiese sido ejecutado con reparticiones estatales diferentes y cuyas acciones implicaran cambios tecnológicos en el hábitat rural de la población local.

Tres experiencias de política pública sobre el hábitat rural de Paso Maroma

A continuación, se brindará una breve descripción de tres casos de política pública destinada al hábitat rural del oeste de La Pampa. El hábitat campesino y, en particular, el puesto del oeste de La Pampa como una de las arquitecturas domésticas más utilizadas en la zona, se componen de edificaciones, espacios abiertos y relaciones que competen a lo doméstico y a lo productivo. Pensar en el hábitat rural implica observar esa integralidad funcional que representa una de sus mayores diferencias con el hábitat urbano. Como se dijo anteriormente, las intervenciones detectadas tuvieron como preocupación y área de acción diferentes recortes del puesto. Por esta razón, se escogieron tres políticas públicas que actuaron en diversas áreas del objeto de estudio: residencial, productiva y energética.

Plan de Mejoramiento Habitacional y Saneamiento Ambiental – Viviendas Rancho

Hasta finales de la década de 1980, la mayoría de las arquitecturas domésticas fueron construidas con tierra y entramados vegetales, mediante el uso de técnicas locales como el chorizo, la quincha o la mampostería de adobe (Mostacero, 2021a). Como se expresó en el cuarto capítulo, en esta época los Estados nacional y provincial iniciaron políticas de reemplazo de viviendas, con argumentos sanitaristas, impulsando el uso de materiales industrializados para la ejecución de unidades habitacionales (Mostacero, 2023). En 1997 el Ministerio de Bienestar social de La Pampa inició el Plan de Mejoramiento Habitacional y Saneamiento Ambiental – Viviendas Rancho en el departamento Limay Mahuida en 1997. Estas unidades fueron proyectadas, gestionadas y construidas en el marco de una acción que involucraba a los sectores de Chos Malal (departamento Chicalcó) y Emilio Mitre (departamento Chalileo).

Posicionada en los marcos teóricos más bien transferencistas de la época, la propuesta fue desarrollada por equipos técnicos profesionalizados que integraban el Ministerio y que poseían conocimiento de la zona y sus complejidades, debido a experiencias previas en el sector, como la construcción de los centros comunitarios de Chos Malal y Emilio Mitre. Esto implicó que los proyectos partieran del tipo urbano más utilizado para la construcción de viviendas en los pueblos, pero advirtiesen modificaciones que los equipos consideraron adecuadas para las formas de vivir en los puestos de la zona.

El programa arquitectónico estándar incorporaba dos habitaciones, un comedor-cocina y un baño que abrían directamente hacia una galería semicubierta (Figura 25). Sin embargo, en profesionales a cargo del proyecto relataron en entrevistas que la propuesta admitía algunos cambios de acuerdo a la preferencia de las familias, como podían ser la reducción de habitaciones o la eliminación del baño incorporado al conjunto compacto.

Figura 25. Esquema tipo de vivienda propuesta

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Durante las obras se tomó mano de obra local para contribuir a la economía zonal, aunque los oficiales calificados se llevaron desde Santa Rosa. La mayoría de las familias aceptó el modelo propuesto por el equipo, que fue replicado en varios puestos del departamento Limay Mahuida.

Refugios para cabritos

El siguiente caso integró un Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER) desarrollado durante 2008 y 2009 en las zonas rurales de los parajes Paso Maroma, Chos Malal y puestos rurales de Puelén, en provincia de La Pampa.

Esta intervención formó parte de una continuidad de proyectos llevados a cabo en el sector por un trabajo conjunto entre el Programa Social Agropecuario (PSA) y el INTA, iniciado a mediados de la década de 1990. Estos proyectos se enmarcaron en lo que Lattuada, Márquez y Neme (2012) caracterizaron como “Programas de apoyos integrados “a demanda”[1], para resolver situaciones de vulnerabilidad económica y social relacionadas al retroceso de intervención estatal y la apertura neoliberal de la economía nacional.

Los equipos técnicos, ya consolidados, poseían un recorrido de trabajo de campo prolongado en sitio y venían realizando esfuerzos conjuntos para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población desde un enfoque productivo, aunque sin dejar de lado el apalancamiento de lo social. En este camino de acciones en territorio, tanto INTA como PSA interactuaron en diversas oportunidades con otros actores como el Ministerio de Bienestar Social de La Pampa o la Escuela Hogar N° 157 de Puelén. En 2007, durante la etapa adicional de PROINDER, el equipo decide elaborar un proyecto para la construcción de refugios para cabritos y cierre de corrales. Al igual que el caso anterior, el proyecto y su materialización fueron formulados por el equipo técnico.

Desde las primeras acciones en el sector, una de las preocupaciones principales del grupo de trabajo fue mejorar la sanidad animal e incrementar el desempeño reproductivo del sistema productivo caprinero de la zona (Bedotti y Sánchez Rodríguez, 2002). Desde el diagnóstico inicial, el cuidado de los chivitos durante los primeros meses era primordial para mejorar la tasa de mortalidad. Al respecto, un técnico afirmaba: “La idea inicial era fundamentalmente para los cabritos, porque son los que más sufren, viste? Sobre todo si hay alguna parición de invierno… que… entonces… tiene que tener bajo techo porque si no se mueren (R.D., 2021)[2]”. Es por ello que se comenzó a alentar la construcción de refugios, algo que no era usual en la zona.

La propuesta técnica (Figura 26) consistió en refugios de 12 m por 6 a 8 m, con estructura de rollizo de álamo, cerramientos verticales de canto de álamo y cubierta de canto de álamo con un film de polietileno y una capa de suelo cemento como cobertura final. Los cercos de corral se propusieron de cantos de álamos enterrados de punta a modo de palo a pique y atados entre sí con alambre dulce.

Figura 26. Corral y refugio instalado en el sector de Paso Maroma

Fuente: Fotografía de la autora (2021).

La búsqueda de los materiales fue realizada con la intención de reducir costos y abarcar la mayor cantidad de unidades posible. El subsidio solicitado incluía presupuesto para la mano de obra. Con la intención de que ese monto también quede para las familias, se capacitó a algunos miembros de cada paraje para la construcción de los refugios.

Proyecto de Electrificación Rural en Mercados Rurales (PERMER)

La problemática del acceso a la energía en las zonas rurales ha sido considerada una deuda pendiente del Estado argentino desde los inicios de la planificación y expansión de la red eléctrica del país durante la década de 1960 (Schmukler y Garrido, 2016). La posibilidad de llegar con el tendido del servicio a las poblaciones dispersas siempre fue desalentada por la gran inversión requerida, por ello la idea de abastecer esta demanda con equipos solares fue tomando fuerza a finales de 1990 (Russo, 2009). En 2006 La Pampa se suscribió a un convenio marco con la Secretaría de Energía de la Nación para adherirse al Proyecto de Electrificación Rural en Mercados Rurales (PERMER) (Ley Nº 2255, 2006). Este programa se concreta tras un convenio de préstamo del Estado nacional con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la gestión de un aporte no reembolsable del Fondo Global del Medio Ambiente. Este programa contemplaba la posibilidad de utilizar los fondos para: estudiar los usos energéticos actuales en las áreas rurales dispersas, características y determinación de posibles beneficiarios, evaluación de la factibilidad de proveer sistemas individuales para provisión del servicio energético, acceso a artefactos que provean el servicio con energías renovables y difusión de las opciones en el mercado rural (Ley Nº 2255, 2006).

En 2011, después de dilaciones administrativas, se inició la primera etapa en las zonas rurales de la provincia y se designó a la Administración Provincial de Energía como Unidad Ejecutora Provincial por parte de La Pampa. Ésta estuvo encargada de la instalación y control del suministro de sistemas de generación solar en viviendas rurales y edificios rurales públicos. Desde 2021 esta tarea fue trasferida a la Subsecretaría de Energías Renovables, dependiente de Secretaría de Energía y Minería de la provincia (Decreto Nº 244/21, 2021). El programa tuvo tres etapas de acción hasta el momento, la primera de ellas pretendió cubrir la totalidad de las viviendas rurales del oeste de La Pampa y se instalaron 861 equipos en el sector (Figura 27).

Figura 27. Etapas del PERMER en la provincia de La Pampa

Fuente: Elaboración propia (2022) con información georreferenciada de la Dirección de Planificación y Proyectos de la Subsecretaría Provincial de Energías Renovables de La Pampa, la Dirección Provincial de Catastro de La Pampa, el Instituto Geográfico Nacional y del software satelital de acceso libre Google Earth 2022.

Las familias del sector de estudio recibieron los sistemas de generación solar durante la primera etapa. El paquete contempló la pantalla solar, un equipo para el interior de la vivienda con la batería y el regulador de carga de la pantalla, la instalación domiciliaria de cinco bocas de iluminación interior (en algunos casos también en semicubiertos) y un adaptador para reemplazar pilas en radio y cargar teléfonos celulares. El diseño y características de los sistemas fueron determinados por el programa en lo que se suele llamar “paquete cerrado”

Los equipos fueron entregados a las familias bajo un acuerdo de comodato con la condición de que la vivienda estuviese habitada. La adquisición e instalación de los sistemas fue licitada por el Estado nacional y el posterior mantenimiento, control, retiro y reubicación quedó a cargo de la Unidad ejecutora provincial.

Cruces en la flexibilidad interpretativa: entre la adaptación y la resistencia

Se coincide con Thomas (2012) cuando explica que el funcionamiento o no funcionamiento de un artefacto o tecnología es el resultado de la coordinación de diversos elementos heterogéneos implicados en alianzas socio técnicas. Es posible hablar de artefactos, normativas, conocimientos, ideologías, actores sociales, instituciones, recursos, entre otras variables. Muchas veces estas alianzas no se concretan o se dificultan por distintas razones y las propuestas son rechazadas por parte de los actores; en otros casos el funcionamiento de la innovación tecnológica se concreta, aunque admite una cierta flexibilidad interpretativa respecto de los sentidos asignados a ella (Thomas, 2008).

Construcción de programa de viviendas

La construcción de las viviendas en Paso Maroma trajo consigo no sólo cambios tecnológicos, también modificó la forma de ver y construir los propios espacios domésticos (Mostacero, 2020). Asimismo, el funcionamiento de estas nuevas viviendas supuso varias negociaciones entre los actores.

La propuesta habitacional modelo cumplía con los requerimientos deseables para una vivienda desde la práctica hegemónica de la política habitacional estatal de la época: programa de cocina, dos habitaciones y baño interior, construcción vía húmeda con mampostería encadenada y cubierta metálica, ejecución tercerizada con sistema llave en mano (Barreto y Lentini, 2015). No obstante, tras relevamientos y experiencia de trabajos en zonas de similares características, el equipo técnico tomó el compromiso de realizar cambios en las clásicas tipologías urbanas, para adecuarlas a las prácticas particulares de uso de la población rural.

Una profesional a cargo de estas tareas comentaba que “Reuniones con ellos primero (…) Lo más importante es lo que ellos quieren y cómo lo quieren y dónde lo quieren” (A. E., arquitecta). Al respecto se manifestó “viste que ellas son hilanderas… tejedoras, la mayoría… tenían los telares. Entonces para que pongan los telares. Viste que ellos conciben la vivienda de otra manera… entonces un poco para que, si estabas en la cocina, salieras directamente, si estabas en la habitación, salieras directamente…”. De esta forma, todos los espacios del prototipo abrían hacia una galería que pretendía albergar las funciones de la enramada, uno de los espacios semicubiertos característicos (Mostacero y Comerci, 2019). Asimismo, las familias tenían la opción de reducir la cantidad de habitaciones o de suprimir el baño, en los casos en que rechazaban su utilidad expresamente.

La mayoría de las familias aceptó el modelo original propuesto, que se replicó en los puestos de la zona[3]. Sobre intervenciones de este tipo, Pelli (2004) aseveró que la mayoría de las personas que acceden a una vivienda de plan público, al no elegir ni diseñar cómo sería su vivienda encuentra en las modificaciones y ornamentaciones a su alcance un medio de expresión personal y una forma de identificarse con su casa. Es en estas numerosas modificaciones donde podemos observar uno de los tipos de resistencia más claros: la resignificación de tecnologías.

La mayoría de las galerías fueron cerradas para poder albergar uso de cocina-comedor y reutilizar el espacio de comedor como una habitación más. Las familias prefirieron construir nuevas enramadas alrededor de las unidades, todas ellas de mayores dimensiones que la galería, como es costumbre local. Sumado a esto, en todas las cocinas, tanto aquellas que quedaron como en el modelo inicial o las galerías devenidas en cocina, las familias anexaron un fogón a leña con chimenea para calefaccionar y cocinar[4].

Asimismo, la aceptación de la organización espacial de la intervención no implicó la invalidación de las lógicas propias. La mayoría de las piezas construidas posteriormente abren directamente hacia el exterior o hacia la enramada (Figura 28). Las modificaciones son resistencias que reivindican las concepciones espaciales locales y forman parte de las negociaciones de los grupos para adaptar el funcionamiento de la vivienda del Estado a la vida cotidiana. Una de las pobladoras hablaba de la ampliación de su cocina como algo que embelleció la vivienda: “La hicimos más grande, ahí tenemos la estufa (…). No era tan linda. Te digo ahora… Quedó re linda. A todos les gusta mi casa (B.A., 2019).

Figura 28. Vivienda ampliada en Paso Maroma

Fuente: Fotografía tomada por la autora en 2022.

Lo mismo se podría decir que sucedió con los baños en el interior del espacio doméstico. La utilización de estos quedó reservada para las visitas o para el lavado del cuerpo, mientras que los baños exteriores o las letrinas continuaron utilizándose durante el día para el resto de los usos. Al respecto, una pobladora comentaba entre risas: “Porque antes viste cómo era la gente… un baño por allá, otro por allá (…). Y es lo mismo. Yo tengo un baño allá afuera… y tengo acá adentro el otro (B.A., 2022)”.

Poseer baños múltiples es reconocido como una ventaja para las familias porque les permite utilizar la escasa agua de uso doméstico disponible en forma más eficiente. Esto permite comprender que hubo una adopción/aceptación de las viviendas en tanto artefactos materiales, pero eso no implicó la aceptación de los sentidos e intereses simbólicos relacionados a “las formas de habitar” que se encontraban detrás de este cambio tecnológico.

Por otro lado, las unidades fueron construidas con materiales industrializados y otros no tanto (como es el caso de los ladrillos comunes) e hicieron uso de técnicas no tan conocidas por las personas de la zona. La innovación tecnológica que representaron las viviendas implicó también un cambio en la valorización de saberes respecto de la construcción, sus técnicas y las materialidades. El funcionamiento de esta intervención se fortaleció con la incorporación de personas de cada familia como mano de obra en los grupos de trabajo. Este espacio de participación fue interpretado por las familias como una forma de aprender estas prácticas hegemónicas de la construcción en ámbitos urbanos (Mostacero, 2023). Al respecto un poblador decía en 2021: “Yo los vi hacer, yo los ayudaba. Ahí aprendí a trabajar un poco mejor. Y después ya construí todo eso, todo esto (M.B., 2021)”. La adopción de este cambio tecnológico para construir las casas fue generalizada, ya que la mayoría de las ampliaciones posteriores se efectuaron con estas prácticas.

Tras la finalización de la obra, la demolición de las casas existentes no era obligatoria, aunque sí fue recomendada. El funcionamiento de las viviendas trajo consigo la aceptación de los materiales industrializados y sus técnicas asociadas. Ahora bien, este consenso se dio junto a la convivencia de las casas existentes, de tierra y entramados, las viviendas asignadas por el Estado provincial y las construcciones posteriores con materiales industrializados (Figura 35). Esta coexistencia permitió una complementariedad de usos, un incremento de los espacios domésticos disponibles y una mayor comodidad para las familias, que en esa época eran en su mayoría numerosas. Este proceso de sucesión de casas podría ser interpretado como una solución/propuesta alternativa que expresa una resistencia al cambio propuesto por el programa, que pretendía el reemplazo inmediato de las construcciones con tierra y entramados[5] (Figura 27).

Figura 29. Convivencia de materiales y técnicas en un puesto de la zona

Fuente: Fotografía tomada por la autora en 2021.

Los cambios de usos en las arquitecturas con tierra evidenciaron resignificaciones de los propios artefactos, que, por más que su valoración como práctica tecnológica haya disminuido en favor de otras, adquirieron valor simbólico para la historia de la familia y nuevos valores de uso doméstico. Como se analizará en el caso de los refugios, las técnicas de tierra y entramados se continuaron utilizando en construcciones accesorias a la casa principal.

A diferencia de lo que ocurrió con las espacialidades, el cambio respecto a las materialidades de las arquitecturas entró en pocos años en lo que Bijker (1993) llamaría un proceso de clausura. Las flexibilidades respecto de la interpretación de los materiales industrializados y sus técnicas asociadas disminuyeron y se constituyeron como práctica dominante frente a las materialidades con tierra. No obstante, aun fue posible detectar resistencias discursivas, donde se rescatan valoraciones positivas de las tecnologías con tierra como el confort térmico y su resistencia a los vientos (Mostacero, 2023). En esa línea, una vecina expresaba en 2022: “Los chorizos le digo… se puede caer cualquier cosa de coso, pero eso no se va a caer, no. Mirá… no hace mucho… quince días… que llovió… se vino un viento, sacó un tamarindo así de raíz, y cayó… todo. Y la casita ni la movió! (F.B., 2022)”.

Refugios

Hasta la década de 1990, la construcción de refugios para chivas no formaba parte de los artefactos productivos comprendidos en el espacio peridoméstico de los puestos. El estudio de Bedotti (2000) en sectores de los departamentos Puelén y Limay Mahuida describieron que la mayoría de las explotaciones poseían dos corrales y carecían de reparos techados. Con el inicio de las políticas de desarrollo rural del Programa Social Agropecuario (PSA) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), se impulsaron desde el Estado nacional cambios tecnológicos que fortalecieran a las familias de las pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias, haciendo énfasis en aquellas que estuvieran en riesgo de abandonar la actividad productiva (Lattuada, Nogueira y Urcola, 2014).

Los refugios para caprinos analizados en esta sección del trabajo se gestaron en la segunda etapa del Programa de desarrollo de pequeños productores agropecuarios (PROINDER). Para ese entonces, los equipos técnicos habían puesto en práctica varios proyectos e intervenciones tecnológicas relacionadas con la sanidad del ganado y la mejora de la vida doméstico-productiva en los puestos del oeste. Por diversos canales los equipos técnicos habían alentado el techado de corrales para encerrar los cabritos. Entre ellos podemos nombrar las visitas, la difusión de recomendaciones en la revista Ecos del oeste y en los encuentros regionales de productores y productoras. Sin embargo, en 2007 surge la posibilidad de conseguir financiamiento de Nación para construir recintos techados y corrales en los puestos del sector.

El caso de los refugios es un ejemplo que podría sumarse a muchos otros estudiados, donde los técnicos y técnicas de INTA cumplen un rol fundamental para la articulación de los programas con los grupos familiares (Lattuada, M., Nogueira, M.E. y Urcola, M., 2014). Las negociaciones entre estas personas y familias suelen ser fundamentales para el funcionamiento o no de las intervenciones. Por esta razón, la continuidad del trabajo de campo de los equipos de asesoría y la existencia de vínculos personales, incluso afectivos, entre estos y las familias puede ser considerada como una parte importante dentro de las dinámicas socio-técnicas gestadas alrededor de la innovación tecnológica propuesta.

El diseño fue hecho por el equipo de INTA. La propuesta contemplaba una superficie techada de dimensiones mayores (12 m x 6 a 8 m) que los bretes, las separaciones del corral más pequeñas utilizadas para la entrega y encierre de los cabritos (Bedotti, 2000). Además, implicaba utilizar técnicas constructivas diferentes a las que se habían utilizado por generaciones para la construcción de cercos y enramadas exteriores: la jarilla parada o palo a pique, la técnica de cajón y la enramada para cubiertas (Mostacero, 2022). En cambio, la estructura de estas construcciones sería con rollizos de álamo y los cerramientos, tanto verticales como horizontales, estarían construidas de cantoneras álamo conseguidas a muy bajo precio en Colonia 25 de Mayo[6].

La gestión y ejecución fue coordinada por personal del PSA y las intendencias, quiénes decidieron que la construcción de los refugios y corrales la realizara algún integrante de la familia o alguien de la zona que pudiese tomar el trabajo, a quienes se los capacitó específicamente para ello. Al respecto una pobladora contaba: “Nos dieron todo, los hizo mi hijo. Les pagaron a los chicos para que lo hicieran ellos (C.A., 2021)”. La intervención fue bien recibida por los grupos familiares, que vieron con buenos ojos la ampliación de corrales a disposición. Sin embargo, aparecieron ciertos cruces en la flexibilidad interpretativa de estos artefactos.

Los refugios estuvieron pensados con medidas específicas que, a criterio de los y las técnicas, cumplían con los requerimientos de las majadas. Nunca se contempló la posibilidad de achicarlos o modificarlos. Sin embargo, como algunos pobladores aprendieron a montarlos, del mismo modo tenían la posibilidad de desmontarlos. De esta forma, algunos refugios comenzaron a achicarse cuando algunas cantoneras de cerramiento comenzaron a deteriorarse. En uno de los casos el refugio fue dividido en dos cuando el núcleo multifamiliar lo hizo (Figura 28). C.A. contaba en 2021: “Ves que está cerrado todo acá? Ese pedazo se lo di a mi hija (…) el corral… y aquel (el refugio) también era más grande. Se lo di a… a mi hija porque se llevó sus chivas”. Hablamos acá de una resignificación de usos, de ser un artefacto con valor utilitario a tener un valor simbólico y material. Lo que para el equipo técnico pertenecía al puesto, para esta familia pertenecía quienes pertenecieran las cabras. Si parte de la majada se iba, parte del refugio también.

Figura 30. Interior del refugio intervenido

Fuente: Fotografía de la autora (2021).

Asimismo, otros actores que participaron en esta alianza socio-técnica le asignaron sentidos diferentes a los refugios, que excedían los utilitarios. Las intendencias, involucradas en la gestión de las intervenciones, también utilizaron estos artefactos para sostener y detentar su poder de acción en el territorio (así como su poder de no acción) en la selección de familias beneficiarias. Como observa Comerci (2011) para el caso de las zonas de Chos Malal y La Humada, los municipios, encarnados en las figuras de intendente o intendenta y concejales, poseen redes de poder desde donde se canalizan fondos provinciales y nacionales y muchas veces los utilizan para mejorar su imagen socio-política.

No obstante, la forma de construir los refugios y nuevos corrales no fue adoptada como única solución admisible. Muy por el contrario, la mayoría de los refugios y corrales construidos en años posteriores, así como los reparados, han sido construidos con las técnicas de cajón y jarilla parada, como se venía trabajando anteriormente (Figura 29). La disponibilidad de maderas finas en el monte y la posibilidad de recolectarlas a medida que se desarrollan el resto de las actividades doméstico-productivas, es una ventaja que priorizan las familias. La esbeltez de estas maderas las hace mucho más aptas para la continuidad de los sistemas constructivos locales. Sumado a esto, la utilización del palo a pique y la técnica de cajón han probado sobradamente satisfacer los requerimientos para cercar corrales y espacios semicubiertos y pertenecen al compendio generalizado de conocimientos regionales. En algunos casos, se observó el uso de pallets de madera, pero esta solución podría relacionarse con intervenciones posteriores a las que presenta este trabajo.

Figura 31. Técnicas varias conviviendo en un corral con refugios de la zona

Fuente: Fotografía tomada por la autora en 2022.

Esta resistencia en el uso de las técnicas constructivas propuestas convivió, sin embargo, con la adopción del cambio tecnológico entendido como el requerimiento de una configuración espacial que contribuya a la protección de los cabritos y mejora de la productividad. Las ventajas de utilizar reparos techados fueron valoradas positivamente por las familias, quienes comenzaron a techar la mayoría de sus bretes. De igual manera, la necesidad de refugios comenzó a aparecer como una demanda de la mayoría de las familias puesteras de esta y otras zonas hacia los actores comprendidos en ámbitos de política y gestión territorial (Figura 30).

Figura 32. Mapeo de problemas realizado por integrantes de la Cooperativa La Comunitaria de Santa Isabel durante el Plenario Regional MTE Rural Mendoza, La Pampa y Buenos Aires

Fuente: Fotografía tomada por la autora en 2022.

Una muestra de eso pudo evidenciarse en el Plenario Regional MTE Rural Mendoza, La Pampa y Buenos Aires, realizado en junio de 2022 en Santa Isabel. En este espacio de encuentro, integrantes de más de treinta puestos del oeste de La Pampa plantearon como uno de los problemas más importantes del sector la falta de refugios. Esta situación es por demás interesante si se piensa que hace tres décadas este artefacto casi no era requerido ni utilizado por las familias y hoy se presenta como una práctica viable y hegemónica en relación a la obtención de mayor confort para las cabras y sus crías.

La introducción de las pantallas solares

Numerosos análisis sobre el impacto y los logros del Programa PERMER rescatan la extensión de la cobertura y la flexibilidad que se tuvo para realizar modificaciones que mejorasen su implementación en las provincias (Russo, 2009). El trabajo de Shmuckler y Garrido (2015) analiza la trayectoria socio-técnica del programa a nivel nacional y la pondera como la construcción de un nuevo modelo de acceso a la electricidad rural con energías renovables pensado para las particularidades de la extensión geográfica argentina.

La implementación del PERMER en los puestos tuvo un carácter más transferencista que los anteriores casos, ya que los usos y disposición de los circuitos venían predeterminados, los instaló personal técnico externo y no se involucró a las personas en el proceso de colocación. Hasta ese momento la iluminación de los hogares se realizaba con lámparas a kerosene o alcohol, velas y fogón o fuegueros a leña. Sin embargo, la mayoría de los integrantes de los grupos estaban familiarizados con el uso de las instalaciones y artefactos eléctricos por poseer energía eléctrica en las casas del pueblo y/o haber asistido a alguna escuela hogar de la región con los mismos servicios.

Personal del sector de la Subsecretaría de Energías Renovables (SSER) reconoce que los servicios de energía eléctrica eran una seria deuda que tenía el Estado para con la población rural. Al respecto, una funcionaria comentaba “si bien son equipos básicos, porque te permiten iluminación solamente, no te permite refrigeración, sí les da a ellos un cambio de vida (F.G., 2022)”. Esta apreciación se corresponde con la de muchas familias, que manifiestan una extensión horaria de la vida cotidiana, la posibilidad de las niñeces de poder realizar la tarea escolar por las noches, cargar el celular y mantenerse en contacto con personas conocidas y del pueblo, e incluso acceder a internet mediante estos dispositivos. La unidad ejecutora provincial ha designado un técnico específico para resolver los conflictos y reclamos que puedan ocasionarse y es esta persona con quién se contactan las familias cada vez que realizan un reclamo por problemas en el servicio. Los testimonios sobre el cambio tecnológico suelen ser positivos y ninguna familia hasta el momento ha rechazado la concesión. Así y todo, es posible detectar cruces interpretativos en las prácticas relacionadas a este cambio tecnológico.

Una de las tensiones constantes entre los equipos de prestación y mantenimiento del servicio y las familias tiene que ver con el “correcto uso” de los equipos. Desde la SSRE se explica que las baterías son pequeñas y sólo admiten la prestación de iluminación de 4/5 bocas y un enchufe para carga de celulares y de radio satelital. De esta forma, las baterías tendrían una vida útil de 4 años. Sin embargo, en la mayoría de los casos los reclamos para recambio suelen realizarse cada 2 años. La situación suele ser vista por el equipo técnico como un mal uso o una falta de comprensión por parte de las familias acerca de cómo deben usarse las baterías.

En cambio, es posible pensar esto como una resignificación de la tecnología adoptada. La instalación, más allá de las funciones “acordadas”, permite a las familias acceder a otro servicio de gran valor social como es la televisión. Numerosas familias han adquirido un inversor de corriente y una antena de televisión satelital para poder conectarse con la información de Argentina y el mundo, así como acceder a entretenimiento y ofertas culturales de todo tipo. Esto se suma a la posibilidad de poder encender los vehículos cuando su batería se agota, algo que suele suceder frecuentemente en el campo y que a muchas familias les cuesta reponer debido a su valor económico (Figura 31). Desde la unidad ejecutora provincial relacionan este sobreuso con el hecho de que la prestación posible es menor a la requerida para los usos domésticos. En consecuencia, personal entrevistado ha expresado que existe el interés de poder cubrir en futuras etapas del programa la disponibilidad de energía para usos productivos de los puestos. Esta incongruencia entre las posibilidades que brinda la propuesta y la realidad doméstico-productiva del hábitat rural ha sido ampliamente cuestionada (Mandrini, Cejas, Rolón y Di Bernardo, 2018).

Figura 33. Usos simultáneos de los equipos

Fuente: Fotografías tomadas por la autora en 2019 y 2021.

Por su parte, los equipos instalados ocuparon un espacio físico significativo dentro del espacio doméstico de las casas. Esto implicó la aparición del uso simultáneo como mueble de apoyo en las cocinas y o comedores. Así, diferentes objetos comenzaron a ser depositados o ubicados en ellos, sea en la unidad inferior como en el tablero de control (Figura 33).

La propiedad del kit es otra cuestión sobre la que aparecen percepciones encontradas. Oficialmente los equipos están en comodato para usuarios que habitan las viviendas rurales, no son adjudicados. Sin embargo, la figura de comodato no se encuentra dentro de los marcos usuales del sector, razón por la que las pantallas son percibidas como propias. En algunas ocasiones, al dejar el campo las familias han retirado el equipo y lo han trasladado al pueblo. En otras, al abandonar el puesto no han informado al personal de la SSER sobre la ausencia y han dejado los kits indefinidamente allí. Algunos vecinos comentaron incluso sobre el ocasional retiro del equipo del templo por parte de un pastor, que luego debió ser reemplazado por un generador a combustible.

La aceptación del artefacto en sí, no implica la aceptación de todas las condiciones y las normas de uso propuestas por actores ajenos al sector (algunas incluso pautadas desde la propia selección del paquete a comprar u otorgar o de fabricantes que jamás supieron cuál era el destino final del producto). Es en este sentido que es posible identificar la resistencia y las tensiones existentes en esta alianza socio-técnica que está en funcionamiento con todas estas contradicciones.

Consideraciones finales

La existencia de acciones de resistencia a innovaciones tecnológicas invita a reconocer que estas propuestas no son las únicas ni necesariamente las mejores formas de cambio tecnológico y social, sino una de las posibles (Garrido, Thomas y Becerra, 2018). A los fines de este trabajo interesó mostrar las negociaciones y variables que están en juego en la implementación y aceptación de estos tres programas ejecutados en la zona de Paso Maroma.

Los casos estudiados, a pesar de ser propuestas transferencistas, han tenido una aceptación significativa por parte las familias. Las innovaciones fueron incorporadas a los marcos socio-técnicos locales sin mayores problemas y se encuentran en uso permanente. Gran parte de las alianzas con las personas del lugar fueron tejidas con los equipos técnicos que trabajaban en campo y que conocían en mayor o menor medida las características de la zona de trabajo. Sin ánimos de romantizar, es importante resaltar el rol de estas personas que, desde su participación individual, intentaron establecer negociaciones con sus escalafones superiores y canalizar los financiamientos para abordar las problemáticas de estas zonas dispersas en un contexto de priorización de las cuestiones urbanas o de explotaciones rurales con mayor excedente productivo.

La mayoría de las resistencias se traducen en resignificaciones de las tecnologías, aceptación de los artefactos en convivencia con sistemas tecnológicos propios y rechazo o no reconocimiento de pautas de funcionamiento recomendadas. La intervención de las viviendas implicó el inicio de prácticas hegemónicas por reemplazo de las materialidades existentes, como fue el caso de la construcción con materiales industriales para construcción de la unidad residencial. Sin embargo, la propuesta funcional y de organización de las viviendas no fue integrada a los marcos de configuración del espacio doméstico del puesto. En el segundo caso, fue el concepto de solución espacial lo que se adoptó e impuso como práctica social importante, más no su conformación material en sí. En el último caso, el no reconocimiento de las pautas de uso y aceptación en comodato de los kits con instalación de pantalla solar, habla de la resistencia a reglas impuestas por otros actores. No obstante, la intervención fue sumamente valorada como un aporte a la comodidad de la vida doméstica.

Evaluar los resultados de una política pública que involucra cambios tecnológicos requiere de metodologías que indaguen en las alianzas socio-técnicas logradas, así como en los sentidos y las prácticas micro de las personas que intercambiaron y acordaron en el ámbito doméstico de intervención. Iluminar estas tensiones y la coexistencia de interpretaciones sobre los objetos, las tecnologías y sus marcos conceptuales implícitos posibilita reconocer a las familias como actores con agencia suficiente para poder proponer sus propias alternativas y acuerdos a la hora de aceptar o resistir a los cambios. Indagar en estas resistencias es fundamental para la elaboración de futuras políticas públicas habitacionales en un ámbito polifuncional como es el puesto del oeste de La Pampa.

Agradecimientos

Se agradece a las familias del oeste de La Pampa por abrirme las puertas de sus casas tan cálidamente y permitirme indagar sobre en sus prácticas cotidianas de habitar. Asimismo, se extiende la gratitud a las personas que, por su función pública o pertenencia a equipos técnicos, estuvieron involucradas en las tres intervenciones comprendidas en este análisis y contribuyeron con sus testimonios al presente trabajo.

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  1. Para conocer más sobre estos proyectos, dirigirse a los primeros capítulos de esta compilación.
  2. Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron siglas diferentes a los nombres reales de las personas entrevistadas, con el objetivo de garantizar su anonimato. No obstante, todas ellas han brindado su conformidad a la realización de las entrevistas, previo conocimiento del posible uso de este material para el desarrollo del trabajo de investigación que la autora lleva en curso.
  3. En el trabajo de campo sólo se detectaron dos excepciones: un caso en que sólo se construyó una habitación y un segundo caso en que la familia eligió que le finalicen una casa de mampostería que habían iniciado, en lugar de construir el prototipo de cero. Esta última tuvo grandes problemas de asentamiento diferencial entre etapas constructivas, lo que se tradujo en patologías constructivas serias y la posterior inutilización de la edificación por razones de seguridad.
  4. Las viviendas estaban provistas de cocinas a gas envasado, pero el precio de este insumo representa un gran gasto en comparación con la cocción a leña, sobre todo si tenemos en cuenta que esta última está al alcance de la mano de las familias.
  5. Los discursos estatales y sanitarios de la época responsabilizaban a la construcción con tierra por la proliferación del vector de la enfermedad de Chagas. Estudios posteriores demostrarían que los factores de riesgo no tenían relación directa con las materialidades y las técnicas, sino con un conjunto de variables relacionadas al mantenimiento edilicio (Rolón, Olivarez, Dorado y Varela Freire, 2016).
  6. Colonia 25 de Mayo es una localidad del departamento Puelén, la más poblada del oeste de La Pampa, con 8507 habitantes para el censo 2010 (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010).


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