El servicio exterior en Japón durante el gobierno de Venustiano Carranza

Introducción

La renuncia de Victoriano Huerta Márquez el 15 de julio de 1914 y su posterior exilio del país abrió de nuevo un largo proceso de transición dentro de la administración pública del Estado mexicano. Venustiano Carranza de la Garza, como líder del ejército constitucionalista, estuvo a cargo del Poder Ejecutivo a partir del 13 de agosto de ese mismo año hasta el 30 de abril de 1917. Con los intervalos generados por la decisión de la Convención de Aguascalientes, Carranza fue destituido por Eulalio Gutiérrez Ortiz (mismo que abandonó la Ciudad de México en enero de 1915), posteriormente fue designado Roque González Garza^[1] (quien se exilió en Estados Unidos después de la derrota de Francisco Villa ante Álvaro Obregón) y finalmente Francisco Lagos Cházaro, que cesó sus funciones el 10 de octubre de 1915.

La existencia de gobiernos duales en la primera etapa del constitucionalismo, que reclamaban el control del Poder Ejecutivo, fue el resultado de las disputas entre villistas, zapatistas y carrancistas. A pesar de lo anterior, Estados Unidos no reconoció el gobierno de facto de Carranza hasta el 18 de octubre de 1915; un año después lo hizo Japón. En el marco de la nueva Constitución, promulgada el 5 de febrero de 1917, se organizaron elecciones, en las cuales resultó ganador la facción constitucionalista, que ya se estableció legalmente.

A pesar de que Carranza estaba al frente de un gobierno que inicialmente no había logrado consolidarse ante la persistencia de un clima de inestabilidad política, consideró como una prioridad estratégica realizar cambios dentro del servicio exterior de carrera y tomar el control de las representaciones diplomáticas en ultramar, nombrando funcionarios leales al proyecto constitucionalista. Algunos diplomáticos mexicanos habían sobrevivido al cambio de los regímenes de Porfirio Díaz Mori y Francisco I. Madero, otros habían sido nombrados por Huerta, pero unos cuantos más habían mantenido sus asignaciones en el exterior. Frente a esa situación, para el carrancismo era crítica la necesidad de cambiarlos inmediatamente, aún ante el clima de una frágil gobernabilidad. En el marco de la formación del gobierno provisional, se designó a Isidro Fabela, que era oficial mayor, como encargado del despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).^[2] En ese contexto, Fabela notificó, vía cablegrama el 21 de agosto de 1914, al cuerpo diplomático mexicano en el exterior, su inmediato cese de funciones. Esa medida correspondía a la necesidad de reorganizar el servicio exterior de acuerdo con los proyectos de la “revolución” y supuestamente proveería de los fondos necesarios para el retorno a México de los exfuncionarios.^[3]

Japón era una plaza muy importante. Existen diversas investigaciones sobre el tema de la compra de armas del gobierno de Huerta a la empresa Mitsui Bussan,^[4] y las vicisitudes tanto por la entrega de la mercancía como por el pago. Ante la necesidad de obtener fuentes de abastecimiento de pertrechos militares, no sólo frente a los intentos de recuperar el poder por parte de los huertistas, sino también ante los escenarios de ruptura e insurrección de los grupos otrora aliados (como los que representaban Francisco Villa y Emiliano Zapata), Carranza instruyó a Manuel C. Téllez Acosta, cónsul de México en la ciudad de Kobe, que fuera el medio para dar a conocer el citado decreto y solicitar la renuncia al ministro Luis G. Pardo, responsable de la Legación de México en Japón, y de Joaquín Enrique Salazar, cónsul general de México en Yokohama.

Lo anterior generó diferentes grados de resistencia, tanto por parte de Pardo como de Enrique, que habían sido funcionarios públicos con larga experiencia. El primero era personal de carrera que tenía una trayectoria como secretario en la embajada de México en Estados Unidos, en Japón y en otros países europeos, además de haber sido ministro en Guatemala después de ser responsable del protocolo para la “introducción de embajadores”. El segundo también había trabajado por largo tiempo en la SRE como empleado meritorio sin remuneración hasta lograr su ingreso formal en esa dependencia federal. Es decir, ambos conocían muy bien los procedimientos para sustituir, poner en disponibilidad o incluso solicitar la renuncia a un diplomático mexicano.

Frente a ese impasse y el recorte financiero para el pago del mantenimiento de la Legación o consulados, así como de los emolumentos del personal acreditado en el exterior desde la caída de Huerta, se despachó como agente confidencial al coronel Manuel Pérez Romero para retomar el control de la representación diplomática mexicana en Tokio y atender los “asuntos pendientes” sobre el tema de las armas de la compañía Mitsui Bussan.

La presente investigación se centra en los casos de Luis G. Pardo (que ya ha sido abordado en otras investigaciones, como la de Gabriel Rosenzweig^[5] y Mario Ramírez) y Joaquín Enrique Cerecero, los cuales son muy ilustrativos sobre el periodo de incertidumbre que vivieron los funcionarios mexicanos acreditados en Japón en la mitad del segundo decenio del siglo XX. Ambos representan dos ejes centrales en la argumentación del presente documento, pero se van a abordar también otros más, como el de Pablo Herrera de Huerta y particularmente el de Juan B. Rojo.

En general, la rebeldía en las ciencias sociales se ha relacionado con una forma de acción del comportamiento humano en la que una persona o un grupo emprenden actitudes o comportamientos contra el statu quo, con el deseo de cambiar o replantear los mecanismos de funcionamiento de la sociedad. A nivel personal, ese mismo concepto se liga a la desobediencia de una orden o el incumplimiento de una obligación o de una directiva, emanada por una entidad superior dentro de la estructura jerárquica donde se inserta el individuo.

Con base en lo anterior, para efectos del contenido del presente capítulo, se analizarán tres niveles de rebeldía expresada por parte del servicio exterior mexicano frente a un abrupto cambio de gobierno, en medio de una clara incertidumbre política por las luchas de facciones que buscaban el poder después del exilio de Huerta. El primero se refiere a una rebeldía pasiva o regresiva, según la cual inicialmente hubo algún grado de resistencia para acatar las nebulosas directivas que demandaba el gobierno de Venustiano Carranza, pero al final fueron aceptadas. En segundo lugar, la rebeldía total, es decir, la que se resiste a aceptar las órdenes por la percepción de provenir de un poder no constituido legalmente y carente de representación jurídica. Por lo que la oposición es absoluta y se mantiene firme sin cambio alguno. Por último, lo que podría denominarse (con todas las licencias del caso) como rebeldía por orfandad, de acuerdo con la cual desaparece un gobierno de manera abrupta y el nuevo grupo en el poder invita a continuar en sus funciones a los representantes diplomáticos o consulares, pero por lealtad al Ejecutivo anterior se resisten a aceptar esa oferta. En todos los casos el precio pagado por esa conducta fue diverso, mientras algunos fueron “perdonados” por los nuevos valores revolucionarios y se reintegraron a sus funciones diplomáticas, otros más sufrieron el ostracismo y el desligarse del servicio exterior mexicano.

Rebeldía pasiva

Luis G. Pardo ingresó al servicio exterior mexicano en 1893, siendo su primera adscripción como tercer secretario de la Legación de México en Japón durante la administración de Porfirio Díaz. En el gobierno de Francisco I. Madero, fue designado como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en Japón,^[6] en sustitución de Ramón G. Pacheco. En el trascurso de la administración de Huerta, recibió a la comisión especial para agradecer la participación de Japón en las fiestas del Centenario de la Independencia de México, para lo cual tuvo que notificar los diversos cambios que hubo de sus responsables^[7] hasta la designación de Félix Díaz, con el que tuvo una intensa comunicación que derivó en la cancelación de su visita a Japón. Por último, fue nombrado el embajador Francisco León de la Barra, quien logró concluir de manera exitosa la comisión de agradecimiento que era obligada por el protocolo.^[8]

Imagen 1. Luis G. Pardo

Fuente: El Mundo Ilustrado, Tomo I, año XIII, núm. 24, 10 de junio de 1906, p. 3.

Al parecer, Pardo se enteró del decreto de cese para el personal diplomático a través de una carta y de un periódico que por “accidente” pudo leer.^[9] No obstante, se registra una visita el 3 de noviembre de Manuel C. Téllez, cónsul en Kobe, donde le indicaba que por órdenes de Isidro Fabela, encargado del despacho de la SRE, debía de entregar la Legación, lo cual se negó a hacer en una primera instancia hasta no recibir una comunicación oficial.

Tres días después de la demanda de Téllez, la convención de Aguascalientes había decidido nombrar a Eulalio Gutiérrez Ortíz, el primero de los tres personajes que tuvieron calidad de presidentes provisionales. Carranza rompió con la convención y salió de la Ciudad de México; instaló su gobierno en Veracruz, con lo cual se inició un escenario de guerra civil que derivó en el triunfo de los constitucionalistas.^[10]

Mario Ramírez Rancaño argumenta que en el encuentro de Pardo con Téllez le había solicitado que la instrucción oral notificada de parte de Fabela la hiciera por escrito, para que por el mismo medio él ofreciera una respuesta. Pardo recibió la ratificación de la demanda de Téllez por parte de la Cancillería mexicana, pero condicionó su entrega al envío de recursos financieros para el pago de salario del personal de la Legación y del reembolso de los recursos erogados para su mantenimiento.

Durante ese lapso de tiempo, Téllez fue con la Mitsui Bussan para solicitar que le prestaran 2,000 yenes, que usó para salir en el buque Nippon Maru el 4 de diciembre de 1914 desde Yokohama rumbo a México vía San Francisco, de modo que dejó abandonado el Consulado de México en Kobe (donde había estado en funciones desde 1911) y también la recepción de la Legación mexicana en Japón.^[11] Es posible que Téllez haya decidido que era necesario retornar a la ciudad de México por dos motivos. Por un lado, acatar la disposición de cese del personal del servicio exterior y ponerse a la disposición de la SRE. Por el otro, tener información de primera mano de la situación del país, además de informar directamente a Fabela, o al responsable en turno de la Cancillería mexicana, lo acontecido en Japón sobre la entrega-recepción de la Legación y el Consulado General.

En ese marco, se origina el nombramiento del coronel Manuel Pérez Romero el 9 de febrero de 1915^[12] como enviado diplomático en misión especial, para lo cual se designa también a Téllez, como secretario, seguramente por su conocimiento previo de Japón y de la situación sobre la compra de las armas que había hecho Huerta; quizá fueron elementos claves para su nueva encomienda y retorno a Japón.^[13]

Ante ese contexto de plena incertidumbre política, Pardo le escribía a Fernando Iglesias Calderón (responsable de la SRE bajo el gobierno de Gutiérrez) para solicitar instrucciones y refrendar la petición hecha por los carrancistas de dejar de ser representante diplomático de Japón. Ante esa circunstancia, decidió a inicios de febrero de 1915 que se retiraría de ese país asiático. Pardo lo refería así:

… en vista que no he recibido ningunas instrucciones de esa Secretaría, a pesar de haber solicitado por cuantos medios y conductos me ha sido dado, y siéndome ya imposible sostenerme por más tiempo aquí pues se me han agotado por completo mis recursos para no encontrarme en una situación penosa y que a la vez perjudicaría el prestigio del país dada la posición oficial que aquí he desempeñado, he comunicado a este gobierno, que doy por terminada (mi) misión, por carecer de personalidad para representar a México en este Imperio, una vez que no estoy en relación con el gobierno de mi país.^[14]

Además, Pardo notificaba también que la Legación quedaría a cargo del primer secretario, Efrén Rebolledo, no sólo por la confianza que él tenía depositada en esa persona, sino también porque no había recibido ninguna notificación para ser relevado de su cargo. El ministro seguramente hizo sus cálculos y consideró que era más pertinente acatar la orden independientemente de los vaivenes políticos existentes en México. En realidad, no tenía más remedio que entregar la representación diplomática a Rebolledo, ya que él era el único que podía ser el encargado de negocios debido a que Téllez ya había salido a México. Pardo refería que “si el Señor Téllez no se hubiera ido desde hace dos meses, a él le hubiese entregado en virtud de las órdenes que él recibió”.^[15]

El diplomático mexicano también había pedido un préstamo a Mitsui Bussan por la cantidad de 900 pesos para el pago de los intérpretes, la renta del terreno que ocupaba la Legación y otros gastos menores, y refería que no había recibido sueldos desde agosto de 1914. Además, informaba la solicitud a esa empresa japonesa para que también pudieran asistir a Rebolledo y al canciller José Pinal y Blanco, acreditado desde 1911 como canciller en el Consulado en Yokohama, lo cual refirió de la siguiente manera:

Igualmente he rogado a los señores Mitsui que ayuden a los mexicanos que aquí quedan a que regresen a México, pues como han sido funcionarios oficiales mexicanos redundaría en descrédito de México la aflictiva situación en que se encuentran. Los señores Mitsui bondadosamente me han ofrecido ayudar a los señores Rebolledo, Enrique y Pinal para que regresen por el vapor del mes entrante que va a Salinas Cruz; pero el primero de estos señores permanecerá aquí en espera de instrucciones.^[16]

Por último, Luis G. Pardo presentaba, de manera abierta, un reclamo por el injusto tratamiento que se hizo al personal diplomático y consular acreditado en Japón, apuntando que como servidores públicos debían de desempeñar sus funciones independientemente del grupo que estuviera en el poder. Además, recalcaba que estaban sujetos a ser transferidos o removidos siempre y cuando hubiera claras indicaciones al respecto y de acuerdo con el reglamento de la SRE. Respecto de lo cual le asistía absolutamente la razón, y en ese sentido lo refería en los siguientes términos:

… por razón de nuestros empleos desde hace varios años, no hemos tenido ningún(a) participación en los asuntos políticos, y por lo tanto, no alcanzamos a comprender la razón por la que la administración del Sr. Carranza nos ha tratado con tanta injusticia. Indudablemente, que estaba en su derecho de relevarnos de nuestras funciones; pero tenía el deber de comunicarnos nuestro cese tan luego como lo acordó, pagándonos nuestros sueldos, así como los viáticos que nos concede la ley para regresar a nuestra patria. No siendo en nada culpables, no merecíamos que se nos dejase abandonados, sin recursos…^[17]

La salida de Luis G. Pardo de Japón hacia España abrió uno de los momentos más bochornosos dentro de la historia de las relaciones internacionales de México en ese país asiático. El cónsul general, Joaquín Enrique, apuntaba esas anomalías que habían sucedido en la representación diplomática después de que la dejaran en manos de Rebolledo. El exministro, antes de abandonar Tokio, hizo un remate de sus muebles personales y un residente inglés apellidado “Drabble” los había comprado. En un acuerdo posterior con Rebolledo, le permitió vivir en la residencia de la Legación a cambio de pagar su mantenimiento. Joaquín Enrique Cerecero lo referiría así:

Drabble compró una gran parte de los muebles del Sr. Pardo, en el remate público que de ellos se hizo; vino a vivir a la casa, paga la luz, el agua potable, un mozo, el jardinero y la comida suya y del Sr. Rebolledo. Esto es público y notorio en Tokio y por esa razón puse a usted un cablegrama el 20 del pasado en que le decía yo a usted que era conveniente se me ordenara recoger la Legación. Yo habría participado de la humildad de mi mesa al Sr. Rebolledo quien hubiera seguido ocupando los tres cuartos que actualmente ocupa en la casa de la Legación y habría cesado el escándalo porque no es lo mismo que un mexicano divida con otro su pan a que un mexicano –Secretario de Legación– esté atenido a un extranjero.^[18]

El cónsul mexicano denunciaba el problema de que un extranjero estuviera a cargo del mantenimiento de la residencia oficial mexicana en Japón, pero se sumaba el hecho de que también Rebolledo había solicitado apoyo a la Mitsui Bussan para que le prestara 680 yenes para cubrir, supuestamente, los gastos indispensables para la Legación correspondientes de febrero a mayo de 1915.

Imagen 2. Legación de México en Japón

Fuente: SRE, Fototeca Amalia González Caballero, C4_S2107-2137.

Cuando arribó a Tokio el coronel Manuel Pérez Romero, en su calidad de agente confidencial del gobierno de Carranza, en mayo de 1915 se encontró con diversas anomalías; sobre el préstamo de Rebolledo refería:

No puse objeción a este crédito por ahora, aceptándolo como un hecho ya realizado; pero reservando expeditos los derechos del gobierno para rechazarlo o no en su oportunidad; según convenga y sea de justicia, al abocarme al conocimiento del negocio que se me confió con la Mitsui Bussan Kaisha.^[19]

Asimismo, Pérez Romero hizo mención en su reporte sobre el inesperado inquilino extranjero en la Legación. Rebolledo le confesó que, ante el hecho de no tener medios de subsistencia, había accedido a alojarlo a cambio de que él cubriera los gastos de subsistencia de los dos y de la Legación. El enviado de Carranza, también refería que “esto igualmente lo acepté como cosa realizada, pero inmediatamente manifesté al señor Rebolledo que su huésped debería desalojar el edificio de la Legación, tomando para hacerlo solamente el tiempo indispensable”.^[20]

Pérez Romero indicaba que Pardo envió una nota al ministro de Asuntos Exteriores, Katō Takaaki, para notificar su partida y solicitaba una entrevista para dar a su conocimiento que el encargado de negocios de la Legación sería Efrén Rebolledo. No obstante, esta no se le concedió. El enviado confidencial carrancista apuntó que el gobierno japonés sabía claramente de la posición de Pardo frente a la nueva administración carrancista y de que “carecía de cualquier representación”, en ese sentido se dispuso a retirar a la Legación mexicana en su directorio de representaciones diplomáticas en Tokio.^[21]

Por su parte, Efrén Rebolledo regresó a México en junio de 1915 en el Chiyo Maru. Antes de su partida, había solicitado a Pérez Romero que intercediera con la Cancillería mexicana para el pago del salario que se le adeudaba y de los viáticos respectivos. No obstante, el diplomático mexicano le indicaba que debido a que él había continuado sirviendo como miembro del servicio exterior con el “gobierno usurpador”, su petición se observaba difícil de ser aceptada.^[22]

Además, el agente confidencial de Carranza ponía de relieve que de acuerdo con los reportes remitidos sobre la conducta de Rebolledo (que incluso lo calificaba de “reaccionario”),^[23] la SRE sería la indicada de resolver lo que pudiera estimar conveniente. Además, advertía a sus superiores que personalmente investigaría sobre el citado préstamo personal por parte de la compañía japonesa y, sobre todo, que no fuera contabilizado al aparente adeudo que tenía la zaibatsu con el gobierno mexicano.

No obstante los reportes enviados desde Tokio, Efrén Robolledo logró convencer al gobierno constitucionalista de que aceptara su postulación como diputado en el Congreso, siendo las primeras después de entrar en vigor la Constitución de 1917. Durante la sesión de instalación, hubo una moción contra él por imputarle el hecho de que colaboró con el gobierno de Huerta, e incluso se leyó una poesía leída por el mismo Rebolledo durante la visita de Francisco León de la Barra a Japón donde se hacían referencias adulatorias al dictador Huerta.^[24] Hasta se le acusó de que estando en Japón no había reconocido a la administración carrancista.

Sobre la primera denuncia, no negó ser el autor del poema y afirmó que se equivocó pero que era perdonable su error.^[25] En relación con la segunda imputación, justificaba que estaba en un país lejano a mil quinientas leguas de distancia de México, donde no había mucha información, por lo que no “tenía un conocimiento perfecto de las condiciones en que se encontraba la República”.^[26]

Además apuntaba que ante la partida de Luis G. Pardo, él estuvo a cargo de la Legación mexicana y cuando llegó el coronel Pérez Romero, le hizo entrega de esta de manera “casi quijotesca” a pesar de que el exministro, al parecer, le había indicado no hacerlo. Rebolledo, en una suerte de justificación, apuntaba que “sin cobrar sus sueldos, ni viáticos” regresó a México, donde se presentó ante Jesús Acuña, responsable de la SRE, diciendo:

Yo soy Efrén Rebolledo, hice entrega en Tokio de la Legación, según las órdenes que a ese respecto recibiera y ahora estoy aquí para que se me siga un juicio si he cometido algún acto indebido o me resultaran algunas responsabilidades.^[27]

Con gran dramatismo, Rebolledo compartía con sus compañeros diputados su propia versión de los hechos sobre su papel durante los meses posteriores a la caída del gobierno de Huerta, cuando se suspendieron el pago de salarios y los recursos financieros para las funciones de la representación diplomática mexicana en Tokio. En lo referente a la indicación de que Pardo le instruyera “no entregar la Legación”, es muy poco improbable a menos que haya sido una indicación verbal. Sin embargo, carecía de sentido ya que el entonces ministro confesó que deseaba hacerlo, pero la intempestiva salida de Téllez se lo impidió.

Imagen 3. Efrén Rebolledo

Fuente: AHD-AHGE, expediente 5-4-46 (II).

Rebolledo más bien lo usó para convencer a sus compañeros diputados del Partido Liberal Constitucionalista y los otros pocos miembros de otras fuerzas políticas, como una forma de refrendar su adhesión a la causa revolucionaria ya que se le acusaba de “clericalista” o conservador. Su oratoria y vehemente defensa tuvieron sus dividendos, pues logró revertir la amplia oposición para calificar su nombramiento (obtuvo 93 votos a favor y 73 en contra).^[28] Permaneció en la Cámara de Diputados, de la cual fue después presidente, hasta el 31 de agosto de 1918, posteriormente se reintegró al servicio exterior siendo acreditado en Chile y luego en España, lugar en donde falleció a finales de 1929.^[29]

La buena fortuna de Rebolledo no fue la misma para su exjefe, ya que siguió cumpliendo, con breves interrupciones, labores en el servicio público. Rosenzweig apunta que Pardo, después de su residencia en la Península Ibérica, regresó junto con su hermana, que había quedado viuda a México en agosto de 1916, y fue detenido a su arribo en Veracruz por órdenes de Gerzayn Ugarte, secretario particular de Carranza,^[30] luego fue puesto en libertad y casi un año después regresaría a Barcelona.^[31] Por largo tiempo de manera infructuosa estuvo reclamando a los gobiernos de turno el reembolso de 4,800 pesos de los viáticos erogados por su salida de Japón, los cuales le fueron reiteradamente negados.

Rebeldía total

Joaquín Enrique Cerecero nació en el Distrito Federal el 17 de septiembre de 1872, ingresó a la Secretaría de Relaciones Exteriores el 18 de junio de 1893, y allí desempeñó varios puestos, desde meritorios hasta que tuvo un contrato remunerado. Después de un tiempo, como miembro del servicio civil de carrera, fue nombrado por el presidente Porfirio Díaz Mori como cónsul general de México en Yokohama, Japón, en abril de 1908. La SRE argumentaba, como una justificación para que desempeñara ese puesto en el exterior, que

El Sr. Enrique es un empleado antiguo que goza de la confianza de la Secretaría; sabe inglés, francés e italiano, un poco de alemán; conoce al derecho internacional y el patrio; ha despachado desde hace mucho tiempo lo relativo a China y al Japón; particularmente en lo que se relaciona con sanidad e inmigración.^[32]

El nombramiento fue ratificado el 7 de mayo de 1908 por el Senado de la República. A su arribo a Japón, Enrique mandó una notificación de su llegada el 26 de junio al canciller mexicano, Ignacio Mariscal, en la cual le indicaba que de manera provisional se había instalado, junto con su familia, en el Gran Hotel, donde también instalaría provisionalmente las oficinas del Consulado.^[33]

La administración del Consulado General por parte de Enrique no tuvo mayores problemas, salvo en una auditoría solicitada por la SRE donde se encontró un pequeño déficit de 286 yenes en las cuentas, cantidad que fue reintegrada por Enrique al día siguiente. No obstante, después del arqueo se consideró que debería haber una multa de tres días a cargo de sus haberes y acompañado de un severo extrañamiento.^[34]

Después de la caída de Díaz y la llegada de Francisco I. Madero, no hubo cambios en el Consulado General. Aún más, después de su asesinato, Enrique recibió una notificación el 6 de marzo de 1913 por parte de Francisco León de la Barra, como responsable del Poder Ejecutivo interino, en la que se le notificó su nombramiento como cónsul general de México en Managua, Nicaragua. Además se le informaba que ya se había nombrado a su sucesor.

Imagen 4. Joaquín Roberto Guadalupe Enrique Cerecero

Fuente: AHD-AHGE, “Expediente Personal de Joaquín Enrique”, L-E-1987.

León de la Barra apuntaba que la designación de Enrique en Nicaragua sería de manera temporal, mientras se le pudiera designar a otro consulado de igual rango, pero que en tanto hubiera una vacante, le ofrecían una compensación por la diferencia de salarios durante el tiempo en que permaneciera en Managua.^[35] No obstante, el diplomático mexicano remitió un mensaje justificando su permanencia en Japón debido a una supuesta enfermedad de su esposa, por lo que solicitaba quedarse en Yokohama, si bien apuntaba que estaba dispuesto a asumir sus funciones consulares en Managua ante la imposibilidad de permanecer en ese país asiático.^[36]

La solicitud fue atendida y se canceló su traslado a Nicaragua. El subsecretario de SRE, Carlos Pereyra, lo justificaba basado en la imposibilidad de trasladarse desde Yohokama para asumir sus funciones en Nicaragua, por lo que con el ánimo de “conciliar los intereses privados de los empleados públicos con las necesidades del servicio, se ha dispuesto ya una nueva combinación consular”.^[37]

El tiempo pasó y todo indicaba que los intereses de Joaquín Enrique de permanecer en tierras japonesas se habían logrado de manera exitosa. Lo anterior se comprobó ya que se mantuvo en funciones durante el tiempo de vida del régimen del dictador Huerta. Las comunicaciones fluidas y la asignación de recursos para el mantenimiento del Consulado General y su salario se detuvieron en el verano de 1914.

En noviembre de 1914, Manuel C. Téllez también se presentó (como lo había hecho con Luis G. Pardo, que había sido parte del comité de ingreso cuando se incorporó a la SRE) notificando su cese con base en el acuerdo de agosto del mismo mes. Las mismas circunstancias nutrían las dudas iniciales del todavía ministro Pardo, las cuales compartía el cónsul general sobre la gobernabilidad en México y quiénes realmente detentaban el poder en el país. Ya se ha citado el tema de las incertidumbres de las facultades del gobierno carrancista, que prácticamente estaba refugiado en el puerto de Veracruz y, ante la efímera administración de Eulalio Gutiérrez, era un hecho que la estabilidad del país estaba en vilo.

El coronel Manuel Pérez Romero llegó a Yokohama a principios de mayo de 1915 junto con Téllez. Luego de su arribo, el 10 del mismo mes, le mandó una notificación en la cual le solicitaba la entrega de la oficina consular a Joaquín Enrique, ya que se había designado a José Pinal y Blanco (que estaba trabajando en el Consulado General) como su encargado. Enrique le respondía a Pérez Romero de la manera siguiente:

En debida respuesta y con profunda pena tengo la honra de decir a usted que no puedo cumplir con lo que ordena, porque he creído y creo que es mi deber ineludible, considerando la tremenda responsabilidad que pesa sobre mí por ser el único funcionario mexicano reconocido por este Gobierno, permanecer en mi puesto hasta que el gobierno del Japón convenga en reconocer una autoridad si no igual, mayor que la mía, a fin de que al resignar mi cargo tenga mi patria un conducto autorizado para comunicarse con este Imperio… Espero y deseo vivamente que dentro de breve tiempo el Gobierno de este Imperio reconozca al de nuestra patria y llegando el caso, gustoso entregaré mi puesto al Representante de la República, si mis servicios ya no fueren útiles.^[38]

La respuesta a Pérez Romero afirmaba que no se le había entregado de manera escrita ningún documento o poder que indicara esas instrucciones.^[39] Joaquín Enrique se mantuvo firme en su decisión, el nuevo agente confidencial apuntaba que había hablado varias veces con él para tratar de convencerlo de que “liquidara su responsabilidad” que tendría con el gobierno, “quedando con derechos expeditos para regresar a la República”.^[40]

Asimismo, el todavía cónsul mexicano también envió carta para Carranza, en la cual le indicaba que estuvo pendiente de la llegada de su enviado especial, quien fue recibido a su arribo al puerto de Yokohama donde le presentó, en el Hotel Oriental, al cuerpo consular de otros países y luego los invitó a su domicilio para una cena. Enrique afirmaba que habló con Téllez reiterándole su intención de ayudarlo en lo que considerara conveniente. Además, indicaba que su conducta le parecía contradictoria, ya que personalmente lo había ayudado en momentos “terribles para él”, y que en la parte final del gobierno huertista, Téllez había escrito algunos artículos defendiendo a Huerta y se había expresado de manera “virulenta” contra la revolución.

Joaquín Enrique arremetía contra Téllez dudando de su lealtad, argumentaba que Pinal y Blanco había sido manipulado por él, y le advertía que

No se puede confiar, Señor General, en personas que como Téllez esperan que triunfe la revolución para adherirse a ella; así ha de esperar y se declarará por el enemigo de la Revolución si éste llegara a vencer; o como Pinal, que solamente piensa en el dinero, dejando a un lado los ideales que todo hombre debe amar y defender.^[41]

El largo mensaje de Enrique a Carranza fue profético en lo que respecta a Pinal y Blanco (véase capítulo 2), mismo que había mandado una notificación al cuerpo consular y a las autoridades japonesas, además de realizar inserciones en los periódicos sobre que él era el nuevo responsable de los asuntos consulares, lo cual generó incertidumbre y sorpresa en Japón. Apuntaba Enrique que en su calidad de decano del cuerpo consultar, por sus siete años de residencia en Yokohama, podría haber sido el conducto para no sólo explicarle los pasos que se debían realizar para que su misión fuera exitosa en Japón, sino también presentarlo en ciertos “círculos sociales y oficiales”, y advertía que “El Sr. Pérez Romero no va a ser reconocido porque hay mil circunstancias que obligan al Japón a no reconocer luego al gobierno constitucionalista”.^[42]

La franqueza de Joaquín Enrique era demoledora. De nuevo, acertó en definir que Pérez Romero no sería reconocido bajo la figura de “agente confidencial” y así sucedió. Mientras tanto, de igual forma que Luis G. Pardo, la situación financiera de Joaquín Enrique y su familia de cinco (tres mujeres y dos hombres), junto a su esposa, era crítica, lo cual le había obligado a reducir su vida social pero manteniendo la atención a las actividades oficiales. Por último, le reiteraba a Carranza su deseo de trabajar por su patria y si lo consideraba conveniente podría solicitarle a un amigo mutuo, José E. Sánchez, referencias sobre su persona.

La carta y otras comunicaciones de Enrique fueron ignoradas. De igual forma, mandó un mensaje a Isidro Fabela, donde reiteraba lo antes escrito al jefe del Gobierno provisional y añadía el hecho de que consideraba que solamente la SRE era la facultada para darle de manera escrita instrucciones de acuerdo con los reglamentos de esa dependencia. Además, le reiteraba que, ante la falta de reconocimiento del gobierno constitucionalista, él era hasta ese momento, la única autoridad para entablar comunicaciones oficiales con el gobierno de la provincia de Kanagawa y las centrales en Tokio, debido al hecho de que no había responsable de la Legación después del retiro de Luis G. Pardo.

Por esas razones, debía permanecer en su puesto y solicitaba instrucciones, así como información de lo que acontecía en el país.^[43] Incluso infería que, con la venia de Fabela, podría interceder con su red de contactos entre los funcionarios japoneses para “procurar” el reconocimiento del gobierno constitucionalista, debido a que era el decano del cuerpo consular de los países extranjeros acreditados en Yokohama. Por último, ofrecía sus buenos oficios en la misión de Pérez Romero para recuperar los supuestos medio millón de dólares que la Mitsui Bussan debía por la no entrega de las armas solicitadas por Huerta, contratos de los cuales él tenía copia.^[44]

Fabela ignoró también esa comunicación y el ofrecimiento de su mediación. Bajo los dichos de Enrique Cerecero, los comentarios “malévolos” y “ofuscados”^[45] de Téllez habían logrado su propósito de desacreditarlo con el gobierno constitucionalista. La notificación de Pérez Romero a Fabela indicaba lo esperado. Por un lado, apuntaba que Joaquín Enrique se había negado a entregar la oficina del Consulado General ostentándose, de manera arrogante, como funcionario en funciones en tanto que Japón no reconociera al gobierno constitucionalista. Por el otro, comunicaba que le había dado instrucciones a Pinal y Blanco de que enviara a los otros consulados y a los periódicos la notificación del nuevo responsable de los asuntos consulares de México en Japón.^[46]

Además, refería que había mandado una nota verbal al Ministerio de Asuntos Exteriores, por la cual les comunicaba que con fecha de octubre de 1914, Enrique había sido cesado de sus funciones y que no se les informó por “circunstancias de carácter extraordinario” de las cuales “ya conocían”. La dependencia japonesa asumió la estrategia de “ver y esperar” sin dar respuesta inmediata a Pérez Romero, el cual se quejaba de no tener ninguna reacción a sus peticiones de remover el escudo consular y la bandera nacional de la oficina de Joaquín Enrique ubicada en el Bluff #179.^[47]

En el segundo mensaje del agente confidencial a la Cancillería japonesa, fechado el 22 de mayo, trataba de explicar que tenía el respaldo del gobierno provisional de Carranza, con lo cual buscaba validarse como un interlocutor acreditado y con capacidad de negociación con Japón. Lo expresaba de la siguiente manera:

Vuestra Excelencia está seguramente bien al tanto de las causas que llevaron al pueblo mexicano a iniciar el movimiento revolucionario de que origina el actual gobierno y ya que por el triunfo de sus armas, el pueblo va reconquistando su independencia y su libertad por el espíritu de sus leyes, mi Gobierno se preocupa en preparar el terreno para extender y estrechar sus relaciones amigables con las naciones extranjeras, entre las cuales considera de gran importancia las que ligaron con estrechos vínculos de paz y perpetua amistad al Imperio del Japón con la República mexicana, muy honroso pues será para mí comunicar a vuestra excelencia, las mías de la revolución en las ocasiones que lo demande.^[48]

El representante carrancista notificó que, en una nueva inserción en los periódicos, se comunicaba a la opinión pública japonesa que “el Sr. Enrique no es agente del Gobierno Mexicano y que todos los actos consulares en que como tal intervenga son nulos y de ningún valor”.^[49] Es decir que ya no tenía prerrogativas para realizar actos consulares. La prensa japonesa con asombro publicaba el hecho de la existencia de dos consulados generales de México en Yokohama. El primero, en la citada calle Bluff #179, a cargo de Joaquín Enrique, y el segundo, en Yamashita-cho #72, a cargo de José Pinal y Blanco, que entró en funciones el 10 de mayo de 1915.^[50] Bajo una interpretación específica de Pérez Romero, hacía referencia a que Pinal y Blanco ya no requería el exequátur puesto que había estado acreditado con el nombramiento de canciller en el Consulado General de Yokohama.

La reacción de Joaquín Enrique no se hizo esperar; a través de un abogado, J. E. de Becker, hizo publicar en el Japan Advertiser una nota de desmentido de la inserción pagada por Pérez Romero indicando que las aseveraciones contenidas eran falsas y oprobiosas.^[51] Además interponía una demanda de difamación ante los tribunales japoneses.

Ante esa situación, Romero Pérez contrató a otro abogado, S. Horiye, el cual le indicaba que por acuerdo del gobierno mexicano, el señor Enrique había sido cesado en su responsabilidad como cónsul general en Yokohama. Empero, el abogado solicitaba al coronel una notificación escrita (todavía inexistente de manera particular) del cese de sus funciones consulares, y que en efecto había sido notificado. Además, agregaba que era necesario probar jurídicamente sobre las competencias de quienes emitieron esa cesantía y sus facultades.^[52]

En pocas palabras, Horiye requería probar que el régimen constitucionalista era un gobierno de facto en México, por el hecho de que todavía Tokio no había emitido algún reconocimiento a Carranza y había que demostrar que sus facultades eran, conforme al derecho, legales para ejercerlas.

Para el protocolo diplomático japonés, no existía la figura de “agente confidencial”, por lo que se trataba a Manuel Pérez Romero como un virtual ciudadano mexicano residente en Tokio. Incluso cuando llegaron las respuestas de las frecuentes misivas del coronel (que literalmente “no tenía quién le escribiera”) fue a nombre de Efrén Rebolledo, oficialmente reconocido como encargado de negocios de la Legación. Con un tono de molestia por ese desconocimiento de sus atribuciones políticas por parte del gobierno constitucionalista, recibió noticias poco gratas. En la primera, el Ministerio de Asuntos Extranjeros le notificó que a menos que Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia reconocieran al gobierno de Venustiano Carranza, Japón no lo haría ya que esos países tienen más intereses en México. La segunda le informó que no podía establecer relaciones oficiales ni “trabar relaciones oficiales con el representante de un gobierno que no es tal para Japón”;^[53] tercero, que por esas circunstancias no le podía conceder el exequátur a José Pinal y Blanco como había solicitado.

Era interesante el hecho de que, con la ausencia de esas pruebas, la razón jurídica la tenía claramente Joaquín Enrique. Incluso, el abogado recomendaba que la solución más viable (para evitar un larguísimo litigio en los tribunales japoneses) era lograr “una transacción” con él para que se desista de la acusación. Ya que se le solicitaría a Pérez Romero comparecer en el tribunal y que era altamente probable que el demandante fuera el ganador, lo cual daría lugar a un gran escándalo.

Aún más, Horiye le explicó detalladamente, según la doctrina del derecho internacional, que para el Ministerio de Asuntos Exteriores, Enrique todavía era reconocido como cónsul en funciones de acuerdo con lo siguiente:

… el cambio de gobierno de un país, cualquiera que sea la causa, no basta a poner fin a la misión de un cónsul y, segundo, que no estando reconocido por el de Japón nuestro gobierno, se consideran como no existentes las notificaciones que sobre el particular le ha dirigido esta Legación.^[54]

Casi de manera desesperada, Pérez Romero consideró solicitar a Ōnodera Toshio, corresponsal del periódico Asahi en México y una suerte de intermediario al servicio del gobierno mexicano,^[55] además de a un grupo de personas conocidas de él que pudieran testificar, ante un hipotético juicio, sobre el hecho de que el gobierno provisional de Carranza tenía el control político del país. Pero su abogado consideraba que sus declaraciones podrían ser desechadas por la corte ante los pocos márgenes de comprobación de sus dichos. Para ese momento, se justificaba que los constitucionalistas controlaban (para junio de 1915) la capital del país, el 78 por ciento del territorio nacional, habitado por el 90 por ciento de la población de México.^[56]

Además, la idea de Pérez Romero de usar la salida de Luis G. Pardo como precedente para solicitar el retiro de Joaquín Enrique no fue viable. De nuevo, el abogado le reiteraba las diferencias entre el personal diplomático (destinado a las actividades políticas) y el consular (orientado a procesos administrativos y comerciales). El despacho de abogados contratados por Pérez Romero tuvo que seguir investigado en la doctrina jurídica internacional, ya que no había ningún precedente en Japón sobre esa problemática; el resultado fue que el cambio de un gobierno no modifica per se las competencias de las funciones consulares y si el gobierno de un Estado sufriera algún cambio no se requeriría de un nuevo exequátur, que se refiere a la autorización otorgada por un Estado para que agentes de otra contraparte puedan realizar sus funciones encomendadas.^[57]

El posible juicio podría generar un precedente jurídico y Pérez Romero advertía que pudieran derivarse facultades de “supervisión” por parte del gobierno japonés de los nombramientos de funcionarios consulares acreditados en su territorio.^[58] Con ese escenario, el agente confidencial, ante la posibilidad de ser citado por los tribunales, recomendó el 17 de agosto de 1915 “clausurar” la Legación y el Consulado General y retornar a México a todo el personal acreditado en ellos. Sin embargo, antes de tener respuesta afirmativa a esa petición (a Pinal y Blanco se le nombró canciller encargado en el Consulado de Kobe),^[59] Pérez Romero salió (junto a Manuel Téllez) el 17 de agosto con dirección a China para atender el otro tema pendiente sobre la Legación mexicana que estaba a cargo de Pablo Herrera de Huerta. El diplomático carrancista llegó a Pekín el 8 de septiembre e inicialmente pensó que la entrega y recepción de la Legación de México en China sería prácticamente un trámite ya que conocía de antaño al encargado de negocios ad ínterin.^[60]

Al igual que Joaquín Enrique e inicialmente Luis G. Pardo, Herrera de Huerta compartía su duda sobre la calidad y durabilidad del gobierno constitucionalista, por lo que también manifestó su reticencia a entregar los asuntos de la Legación al agente confidencial de Carranza, con el argumento de que “… en tanto que en nuestro país ‘no exista un gobierno reconocidamente constituido’ y reciba de él órdenes expresas y directas sobre el particular”.^[61]

El coronel Pérez Romero, en su reporte, adicionaba otros argumentos sobre el dicho de Herrera de Huerta (acreditado como tercer secretario en China desde el 7 de julio de 1904) de no haber tenido ningún conocimiento oficial sobre el cambio de gobierno en el país ni haber sido cesado por los conductos establecidos. Con amplia desilusión Pérez Romero informaba a la SRE que

En la larga conferencia que con el señor Herrera de Huerta tuve, procuré convencerlo de lo poco razonable que es su determinación en vista de la situación extraordinaria por que ha venido pasando nuestro país; y sólo cuando estimé inútil insistir, creyéndolo absolutamente resuelto a no cumplimentar la orden de esa Secretaría me despedí…^[62]

El encargado de negocios de México en China respondió a la copia del oficio que le había dejado Pérez Romero, en donde el encargado de la Cancillería mexicana de turno le indicaba las instrucciones que debía realizar en China. Herrera de Huerta se dio a la tarea de responder de manera precisa y puntual, lo que puede sintetizarse de la siguiente manera:

1. En efecto, el gobierno de México, que había sido parte de la sociedad internacional, dejó de existir a mediados de agosto de 1914, no obstante no se ha logrado organizar una estructura gubernamental permanente, de acuerdo con la normatividad jurídica vigente.
2. Se observa una lucha de facciones políticas y partidos (incluido el constitucionalista) que combaten entre sí e impiden formar un “gobierno legal”. Ante ese hecho, México es una nación pero no es un Estado, y de acuerdo con el derecho interno e internacional es esa forma de organización política la única que puede nombrar y revocar a sus representantes diplomáticos en ultramar, mientras que un partido político carece de tales facultades.
3. Por ende, si las Legaciones mexicanas son entregadas a los “agentes confidenciales” de un “partido” político, pondría ipso facto fin a las relaciones jurídicas oficiales entre los “Estados extranjeros y los representantes diplomáticos mexicanos del Estado reconocidos por ellos; La nación quedaría excluida así de la Comunidad internacional”.^[63]

Con base en la clara inestabilidad política de México, los argumentos de Herrera de Huerta fueron contundentes (convergentes con lo expuesto por el abogado de Pérez Romero) sobre la dudosa legalidad del gobierno provisional de Carranza, respecto de que no tenía atribuciones constitucionales para acreditar agentes diplomáticos que lo representaran y mucho menos las de remover a los existentes, que habían sido designados conforme a la normatividad jurídica. Asimismo, de acuerdo con Herrera de Huerta, en cuanto se organizara un gobierno constitucional y funcionaran los tres poderes del Estado mexicano (cualquiera fuera el “partido” en el poder), los representantes diplomáticos y consulares en el extranjero deberían acatar sus instrucciones, rendir cuentas de sus actos y su gestión conforme al derecho. Esas amplias argumentaciones dieron margen a varias interpretaciones dentro de los funcionarios carrancistas, que destacaron el hecho de que Carranza era una autoridad legítima ya que en el momento de la insurrección contra Huerta era gobernador de Coahuila, y como autoridad legítima se levantó en armas, no como un partido político, frente al gobierno usurpador, lo cual le daba legitimidad con base en el artículo 128 de la Constitución de 1857.^[64]

En México, el gobierno constitucionalista hacía lo posible para ejercer presión a través de la Legación China a México (como lo había hecho en Japón en el caso de Joaquín Enrique) para desconocer a Pablo Herrera de Huerta sobre la base de notificaciones enviadas al encargado de negocios, Hu Chen Ping.^[65] No obstante, hasta que se logró el citado reconocimiento por Estados Unidos en octubre de 1915, el gobierno chino decidió cancelar el exequátur, lo cual se logró exitosamente a principios de octubre de 1916, por lo que Herrera de Huerta tuvo que dejar el cargo.^[66]

Después del fracaso en China, regresó a Tokio para atender los problemas pendientes. Su abogado le informó que el tribunal del distrito de Yokohama lo requería en una audiencia, que ante su ausencia se había decidido posponer hasta su regreso a Japón.^[67] Mientras tanto, con amplio retraso en las comunicaciones, Fabela le respondió al coronel mexicano hasta el 10 de septiembre de 1915 (en ese momento el gobierno provisional ubicado en Veracruz), apuntando que la SRE endosaba absolutamente el comportamiento seguido por Pérez Romero en la atención del tema de la negativa de Enrique de entregar el Consulado General, y le informaba que se harían las gestiones frente a las autoridades japonesas para que se procediera a su desconocimiento y se hiciera entrega de los archivos y pertenencias de la oficina consular.^[68]

Frente a ese escándalo mediático y ante el hecho del juicio interpuesto al agente confidencial de Carranza, el gobierno japonés, que había mantenido una posición de “ver y esperar”, decidió el 11 de octubre emitir un decreto sobre la cancelación del exequátur a Joaquín Enrique y publicarlo en el Diario Oficial el 14 de octubre de 1915. En una nota del periódico Yokohama Boyeki Shimpo, un día después, se refrendaba que el canciller José Pinal y Blanco era el encargado del Consulado General de México en Yokohama; ante el reportero de ese diario, refería que

Por orden del gobierno del general Carranza abrí esta oficina el 10 de mayo último, y, como entonces en México todavía no estaba restablecido el orden, quedó aquí un consulado del gobierno anterior, pero los asuntos consulares yo los he estado despachando. El gobierno Imperial ha hecho lo acertado en quitar el Exequátur dado al cónsul anterior…^[69]

De acuerdo con Pérez Romero, consideraba que la decisión de Tokio fue influida por tres factores: 1) las acciones de cabildeo por parte de su abogado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y por el hecho de que estuviera involucrado en tribunales un representante diplomático acreditado en su territorio; 2) el arribo del señor Taketomi, secretario de la Legación japonesa en México, que supone pudo dar información más precisa de la situación política de México; y 3) los resultados de la conferencia celebrada el 9 de octubre por representantes de los gobiernos sudamericanos^[70] en Washington sobre sus tareas de mediación con los Estados Unidos, que fueron transmitidas a Japón. Puede agregarse otro más, que fue que los representantes diplomáticos japoneses en Washington habían informado del inminente reconocimiento por parte de Estados Unidos al gobierno de Venustiano Carranza, hecho que se hizo público el 19 de octubre.

Ante esa noticia, Pérez Romero fue llamado a México (casi inmediatamente después de su regreso de China) y se apresuró a embarcarse el 23 de octubre de 1915. También es de mencionar que la pérdida de exequátur a Joaquín Enrique aparentemente cancelaba la posibilidad de continuar en el litigio de la demanda y sobre todo la posibilidad de ganarla. El abogado de Pérez Romero apuntaba que ante esa notificación había “sobreseído la demanda por difamación”.^[71] No obstante, no fue así. En una comunicación del 6 de noviembre, Manuel C. Téllez, ahora sí como secretario de la Legación designado por la Cancillería mexicana y oficialmente encargado de negocios, notificó que Pinal y Blanco había sido citado por el tribunal del distrito de Yokohama para aclarar hechos sobre la demanda de difamación contra Joaquín Enrique, por considerarlo cómplice de ese hecho. El nuevo encargado de la agencia consular mexicana ahora era el blanco de la estrategia jurídica y se le recomendaba que fuera acompañado por un abogado y que declarara “exclusivamente la verdad concreta”.^[72]

A partir de aquí aparentemente toda la atención y energía de Téllez se concentró en denunciar a Joaquín Enrique Cerecero ante la SRE, enviando extensos reportes. Se reiteraba la negativa del excónsul de entregar los archivos por el hecho de no existir en México ningún gobierno formalmente constituido. Además refería la sorpresa de los diplomáticos latinoamericanos acreditados en Japón ya que sus gobiernos ya habían reconocido a la administración carrancista.^[73]

En función de los cambios del entorno político en México con la escisión del grupo revolucionario, los problemas con la convención de Aguascalientes, Téllez especula que Joaquín Enrique medía las opciones que mejor pudieran “cuadrar con su deber y sus intereses” y ante esa situación de incertidumbre, se sumaba su endeble “situación pecuniaria” por no ser una persona con el respaldo de una fortuna y por tener una familia numerosa, por lo que sospechaba que vivían al “día”.^[74]

El secretario de la Legación infería también que el comportamiento no se debía a razones políticas (aunque él y Pérez Romero acusaron a Pardo y a Enrique de deseosos de aprovechar el movimiento encabezado por Doroteo Arango), sino más bien de tipo “moral” por el “hábito del empleo” por largo tiempo desempeñado y por la “confusión” para enfrentarse a una situación imprevista; en ese sentido:

animado acaso por la esperanza de que la facción reaccionaria encabezada por Arando (sic), que en aquella época estaba enseñoreada de la capital de México, de donde llegaban noticias muy poco satisfactorias para nuestra causa, le reconociera calidad de cónsul, pues, como ya he indicado, el ex ministro Pardo estaba haciendo algunas gestiones encaminadas a ese fin, gestiones que en lo absoluto abortaron.^[75]

A continuación Téllez enumeraba, por lo que él sabía o le habían informado, que Joaquín Enrique había estado usando de manera irresponsable los recursos financieros del Consulado General en Yokohama, llevando a cabo sus funciones de manera cuestionable y realizando acciones que ponían en entredicho “el decoro nacional”. Ante la ausencia de la solvencia económica, supuestamente Enrique usó la cantidad de 1000 yenes que estaban destinados para el pago que se le debía a la Yoyo Kisen Kaisha por el “flete de un crecido número de renuevos de plantas que pidió la Secretaría de Fomento”.^[76]

Imagen 5. Manuel C. Téllez y familia

Fuente: New York Times, 8 de marzo de 1925.

También informó que la Mitsui Bussan les prestó dinero a Pardo y a Enrique, omitiendo que a él también, así como a Rebolledo. Además, el diplomático mexicano apuntaba que antes de su regreso a Japón se entrevistó con el señor Yamada, jefe del departamento de máquinas (encargado del tema de la venta de las armas), para informarle que el gobierno de México no reconocería los adeudos futuros de esos exfuncionarios que sin carácter oficial hicieran a su nombre. A pesar de lo anterior, la zaibatsu japonesa siguió proporcionando dinero a Enrique con recibos que indicaban las cantidades registradas, las cuales serían restablecidas al recibir los sueldos no cubiertos por parte del gobierno mexicano.^[77]

El secretario de la Legación continuó narrando que la salida de Pardo de Japón posiblemente desconcertara a Enrique, e incluso él mismo esparció la noticia de su retorno a México, para obtener dinero de la Mitsui Bussan, ya que el exministro habría solicitado apoyo a esa empresa para que facilitara los pasajes de regreso de Enrique y su familia. El hecho es que supuestamente compró los boletos con destino a Manzanillo para Enrique y los seis miembros de su familia. El excónsul se retractó y reclamó a la Toyo Kisen Kaisha el reembolso de los pasajes, que inicialmente se negó hacerlo pero, de acuerdo con Téllez, Enrique los amenazó con que no les daría la documentación consultar requerida para su arribo a las costas mexicanas. Al final le regresaron 2,400 yenes para evitar mayor retraso para que zarpara el buque de Yokohama.^[78]

El funcionario diplomático se preguntaba cómo era posible que, si Joaquín Enrique tenía una situación financiera tan limitada, contratara a J. E. de Becker, uno de los abogados con más renombre en esa época, para representarlo en la demanda contra Pérez Romero y José Pinal y Blanco. La respuesta tenía que ver con una persona de apellido Reichier que era el dueño del inmueble ubicado en Bluff #179 donde estaba el Consulado General en Yokohama. Ante el retraso del pago de la renta, fue a solicitar su liquidación a Pérez Romero, quien negó su competencia para poder atender a su solicitud. En ese sentido, Téllez deducía que en represalia a esa negativa, decidió aliarse con Enrique para que ante el escándalo mediático que generaría una demanda por difamación, la Cancillería mexicana decidiera saldar la deuda y de paso pagara los salarios que adeudaban al excónsul general. La anterior conjetura se reforzaba en el hecho de que Becker era el abogado de Reichier, y también en la idea de que un juicio de desalojo sería largo y oneroso, sin la certeza de que se recuperara el monto total del adeudo.^[79]

Por último, Téllez advirtió a la SRE que cuando fuera reconocido el gobierno de Carranza, se enfrentaría a dos demandas. Por un lado, los pagos vencidos por el alquiler de Bluff #179. Por el otro, el salario correspondiente como cónsul general de Joaquín Enrique de julio de 1914 hasta el 11 de octubre de 1915, fecha en que se le cancela el exequátur.^[80] Aquí, Téllez reconoce de manera tácita que Enrique era el agente consular acreditado y vigente a pesar del nombramiento de Pinal y Blanco como encargado de la misma oficina.

En ese contexto, Joaquín Enrique se negaba a regresar los archivos del Consulado General, seguramente por la incertidumbre del pago de sus salarios vencidos. Téllez mandaba otra notificación a México en la que apuntaba que para finales de enero de 1916 no había tenido éxito en su recuperación. Además, argumentaba sobre la posibilidad de implementar una acción judicial para que Enrique retornara los bienes bajo su custodia que eran propiedad de la nación. La respuesta de la Cancillería apuntaba que, ante el llamado que se hizo a Pérez Romero a la ciudad de México, se trataría de resolver todos esos puntos pendientes.^[81]

En ese escenario, sobre la opción de contrademandar a Joaquín Enrique, el secretario de la Legación realizó consultas a finales de enero de 1916 con el viceministro del Ministerio de Asuntos Exteriores, Kijūrō Shidehara. El funcionario japonés le recomendaba por el momento abstenerse de emprender una acción legal contra Enrique ya que la Legación o el Consulado General no tenían oficialmente personalidad ante el gobierno japonés, e incluso no estaba asignado un ministro residente, ya que Pérez Romero no había sido acreditado como tal y se encontraba fuera de Tokio. La Cancillería mexicana le recomendó esperar, puesto que Pérez Romero retornaría a Japón como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario previo a la manifestación de “persona grata” por parte del gobierno japonés.

No obstante, el 6 de marzo de 1916, Téllez contrató al abogado John Gadsby para proceder a una demanda contra Joaquín Enrique. La SRE le recomendó que actuara con reserva para evitar un mayor escándalo, pero que no negociara en ningún sentido y no reconociera ningún adeudo para el gobierno mexicano que pudiera presentar el demandado o sus “patrocinadores”.^[82]

Los intentos frenéticos de Téllez no tuvieron éxito para convencer a Joaquín Enrique del retorno de los archivos y tampoco hay evidencias de que la demanda legal contra él haya tenido éxito. Aquí se abren varias razones sobre las acciones reiteradas por parte del diplomático mexicano. Por un lado, se consideraba inaceptable el comportamiento de Joaquín Enrique de negarse a entregar a José Pinal y Blanco los archivos y propiedades del Consulado General de México en Yokohama. Por el otro, es posible que los motivos estuvieran en el plano personal, ya que eran funcionarios que por largo tiempo habían estado en Japón y quizá el tener una percepción diferente de la legitimidad del gobierno de Venustiano Carranza generó una animadversión insalvable entre ellos. Como ya se hizo mención, Enrique refería que en momentos difíciles había ayudado a Téllez y que junto a Pinal y Blanco, los consideraba como “traidores”.

El destino de Joaquín Enrique Cerecero para reingresar al servicio público estuvo marcado. El excónsul mexicano mandó una notificación el 19 de agosto de 1920 a Adolfo de la Huerta, que pensaba que era el responsable de la SRE, misma que fue respondida por su secretario particular, quien le informaba que a inicios de 1920 había consultado con Salvador Martínez de Alva, secretario de la Legación mexicana, sobre su situación en Japón, un año después en 1921 se hizo entrega de los archivos que estaban en su resguardo. Con esa acción, Enrique tenía la esperanza de que con los buenos oficios del diplomático mexicano pudiera la Cancillería mexicana considerar designarlo primer secretario en la Legación o de nuevo cónsul general en Yokohama. Esa posibilidad quedó socavada cuando recibió en mensaje fechado el 14 de septiembre de 1922 que le indicaba: “le manifiesto que no es posible concederle su reingreso al cuerpo consular mexicano, en virtud de que esta Secretaría prescindió de sus servicios porque no los consideraba lo suficientemente satisfactorios”.^[83]

La negativa para considerar su reincorporación a la SRE puede comprenderse no sólo por su ampliamente documentada oposición contra el gobierno constitucionalista y su negativa a entregar los archivos consulares, sino también por el destino político favorable tanto para el coronel Manuel Pérez Romero como para, en especial, Manuel C. Téllez. Ambos lograron capitalizar las alianzas políticas con el grupo de poder en turno. El primero fue nombrado ministro en la Legación de México en Noruega y Suecia después de su gestión diplomática en Japón. Mientras que el segundo fue designado embajador de México en Estados Unidos con el gobierno de Plutarco Elías Calles, posteriormente llegó a ser secretario de Gobernación y secretario de Relaciones Exteriores. Ante ese escenario, las posibilidades de Joaquín Enrique de tener un cargo como funcionario consular o diplomático fueron nulas. Otros tuvieron más suerte, como Pablo Herrera de Huerta, diplomático en rebeldía, quien logró reintegrarse exitosamente en julio de 1919 al cuerpo diplomático para volver a ser acreditado en la oficina diplomática en Pekín, el mismo Pérez Romero presentó una carta de recomendación en ese sentido.^[84]

Joaquín Enrique consiguió trabajo en Yokohama en un despacho de comercio exterior con un ciudadano español apellidado Pérez. Sus dos hijas mayores (María Soledad Enrique Salazar y María Rosa Enrique Salazar) también fueron empleadas para aportar al ingreso familiar. Sin embargo, en 1923 la desventura caería sobre su familia. El 1 de septiembre de ese mismo año, el gran terremoto de Kantō^[85] no sólo destruía su hogar, sino que también cobraría la vida de sus tres hijas (las dos antes mencionadas y María Luisa Enrique Salazar). Ante esa tragedia no tuvo más remedio que regresar en calidad de damnificado. En una entrevista a un periódico de Seattle durante su transbordo para dirigirse a México, Enrique apuntaría que su futuro sería muy incierto, sus parientes habían perdido todo su patrimonio durante la revolución, por lo cual daría cualquier cosa para permanecer en Estados Unidos.^[86] Es desconocido cuál fue la suerte de Joaquín Enrique durante su difícil y azaroso regreso a la Ciudad de México.

Rebeldía por orfandad

El año de 1919 fue muy complejo en el ámbito político en México. El 1 de junio, Álvaro Obregón anunciaba su postulación para las elecciones presidenciales. La polarización se profundizó no sólo con los otros generales revolucionarios y con el mismo Venustiano Carranza, que había elegido a Ignacio Bonillas, embajador de México en Estados Unidos, candidatura que se oficializó en la Convención Nacional de Partidos Civilistas en su reunión celebrada del 20 al 23 de febrero de 1920.^[87] Frente a las desavenencias cada vez más profundas, con el régimen carrancista se inició la rebelión obregonista en el marco del Plan de Agua Prieta, donde se hizo un llamado para desconocer a Carranza.^[88] El 7 de mayo salió de la capital con dirección a Veracruz; durante su complejo trayecto, las vías ferroviarias fueron inhabilitadas, por lo que el presidente, con un grupo de colaboradores, se internó en la sierra de Puebla. Llegó así al poblado de Tlaxcalantongo, donde el 21 de mayo fue asesinado.

La ciudad de México fue ocupada por las tropas de Pablo González, se designó un gobierno provisional y se nombró a Juan Sánchez Azcona como responsable de la SRE. En todo ese contexto, se insertan las vicisitudes del ministro Juan B. Rojo, que había sustituido a Manuel Pérez Romero como responsable de la Legación de México en Japón. Rojo recibió su nombramiento el 11 de octubre de 1919^[89] cesando su anterior cargo de consejero de la Embajada de México en los Estados Unidos a cargo de Bonillas, que era su suegro.

Imagen 6. Juan B. Rojo y el embajador Ignacio Bonillas (al centro)

Fuente: Biblioteca del Congreso. Consultado en https://www.loc.gov/pictures/item/2016867585/.

El 30 de diciembre de 1919 Rojo salió, junto con su esposa Dolores Cecilia Bonillas, con dirección a Yokohama en el buque mercantil Korea Maru.^[90] A su llegada, en una entrevista con el Asahi Shimbun, refería que

Creo que entre México y Japón, hay muchos puntos mutuos en los caracteres de las dos razas, clima y de las costumbres muy parecidas… Teniéndome gran interés y la intención de progresar mucho más que ahora en las relaciones comerciales de dos países, trabajaré y esforzaré en ese sentido después de tomar mi cargo… Anteriormente existían entre Japón y México las relaciones más amistosas que hoy, pero por los diversos motivos se han alejado desde entonces, de lo que estamos muy sentidos.^[91]

El distanciamiento entre México y Japón referido por Rojo es posible que se deba al tardío reconocimiento del gobierno constitucionalista y las vicisitudes que había tenido su antecesor en la Legación de México en Japón. Asimismo, la nota periodística apuntaba el hecho de que la representación diplomática mexicana había estado sin ministro residente, desde la salida de Pérez Romero un año antes, y que el Consulado General no tenía a ningún encargado, por lo que su prioridad sería atender esos temas y fortalecer la amistad entre los dos países.

A finales de marzo, Rojo reportaba que todavía no había obtenido el exequátur por parte del Ministerio de Asuntos Extranjeros de Japón. Es posible que ante el escenario de una nueva inestabilidad política, se hubiera retenido su beneplácito hasta no esclarecer la suerte del gobierno de Carranza. Ante la noticia de la salida de Carranza de la Ciudad de México, Rojo le remitió un telegrama a Sánchez Azcona apuntando que “cuando termine legalmente (el) gobierno constitucional (del) presidente Carranza, considero terminará mi misión para dejar nuevo orden de cosas (para que tenga) entera libertad (de) nombrar representantes”.^[92] Las razones eran obvias por su cercanía con Ignacio Bonillas y su lealtad al carrancismo, pero sobre todo era una protesta silenciosa por la forma en que se había perdido al líder del constitucionalismo.

No obstante, el gobierno japonés notificó que podía recibir de manera oficial las cartas credenciales del ministro Rojo (ya el 28 de enero se le había informado el reconocimiento oficial de sus funciones como representante diplomático de México de manera provisional), pero en lugar de que la ceremonia la presidiera el emperador Taisho –que por cuestiones de salud estaba fuera de Tokio– lo hacía el príncipe heredero, Hirohito, que recibió al diplomático mexicano el 14 de abril de 1920 a las 10:45 a. m.^[93]

Rojo esperó para que se oficializara el nombramiento como presidente provisional de Adolfo de la Huerta (1 de junio al 30 de noviembre de 1920), para notificar la conclusión de su misión diplomática en Japón debido a la “desaparición (del) gobierno que representaba”.^[94] En respuesta Juan Sánchez Azcona, que ya era el encargado de la SRE y posteriormente fue nombrado embajador de México en España, apelaba a su amistad para esclarecer si realmente deseaba retirarse del servicio exterior mexicano o si presentaba su renuncia para que las nuevas autoridades pudieran tener libertad de elegir a su sucesor, reiterándole que sus servicios a la nueva administración serían muy valiosos.^[95] No obstante ese virtual endoso para continuar en sus funciones diplomáticas, Juan B. Rojo refrendaba su deseo de retirarse y retornar a México para seguir su práctica de abogado, y con fecha de 24 de junio se formalizó su separación del cargo.

La decisión de Rojo no fue del agrado de la Cancillería mexicana, que adoptó una posición hostil hacía él, negándole los viáticos que por reglamento le correspondían para su retorno a México. Tampoco se le autorizó la exención de impuestos para su menaje e incluso su remuneración. Se le aplicó el viejo adagio: “al no estar conmigo, estás contra mí”. Es de considerarse que para el nuevo gobierno pudiera ser benéfico a sus intereses tener personas cercanas al carrancismo (al menos en una primera instancia) para salvar las crecientes sospechas del “parricidio” que se le imputaba a Álvaro Obregón.

En ese contexto, Rojo consideraba un deber moral desistir de continuar con la administración de transición de De la Huerta; lo anterior se refrendaba de la entrevista con el ministro Hanihara Masanao, donde informaba que su retirada de Japón como el ministro responsable de la Legación de México se debía a causa de “dignidad personal” y que dejaba a Salvador Martínez de Alva,^[96] pero omitió en acreditarlo oficialmente como encargado de negocios^[97] de la representación mexicana, posiblemente como reacción a las actitudes de la Cancillería mexicana.

El yerno de Bonillas regresaba a un México diferente. El obregonismo estaba imponiéndose como proyecto en el país, institucionalizaba su presencia en la emergente vida política borrando la huella de su antiguo aliado, Venustiano Carranza. Rojo, a bordo del Katori Maru, le escribía a Adolfo de la Huerta, en su calidad de presidente interino, y le señalaba que

Teniendo fe en la sinceridad del llamamiento de Ud., a todos los mexicanos, sin distinción de partidos, para que vuelvan a la patria a reconstruir la gran familia nacional, me dirijo de regreso a esa capital para dedicarme al ejercicio de mi trabajo profesional. Como es conocimiento de Ud., renuncié al puesto de ministro plenipotenciario de México en Japón y China… si fuera yo un hombre que viera la conveniencia que me reportan mis actos, bien hubiera podido aprovechar la oportunidad para aferrarme a un puesto honroso… Sin embargo renuncié porque consideré que mi puesto debería ocuparlo una persona enteramente identificada con el nuevo gobierno… Como no busco notoriedad de ninguna clase, he querido obrar de una manera serena, como que solo me ganan los sentimientos de delicadeza y de cumplimiento del deber… Yo creo que Ud., señor presidente, en su fuero interino, respetará más a los que obramos así, que a los… de última hora, que están en acecho de la ocasión de calentarse a cada sol que va naciendo.^[98]

La misiva y las peticiones de Rojo fueron ignoradas por Miguel Covarrubias, en su corta gestión al frente de la SRE, pero también por sus sucesores. En un mensaje enviado a Miguel Alessio Robles, secretario particular de De la Huerta, refrendaba que su solicitud “por razones de moralidad y de disciplina no me encuentro inclinado a revocarla”.^[99] Los pedidos del exministro del reembolso de 4,800 pesos por los gastos erogados por él para su regreso y de su familia fueron de nuevo desatendidos por la Cancillería mexicana. Aquí el concepto clave fue “disciplina”, la cual –desde la perspectiva de Covarrubias– Rojo no observó al ser invitado por el nuevo gobierno para continuar sus funciones diplomáticas en Tokio, lo cual declinó de manera inflexible. Eso lo convertía también en un diplomático en rebeldía.

Juan B. Rojo regresó a su práctica de abogado, después fue funcionario en la Secretaría de Gobernación durante la presidencia de Emilio Portes Gil, para después ser magistrado en el Poder Judicial. Su suegro, Ignacio Bonillas, y fiel amigo de Venustiano Carranza se retiró de la vida pública radicando en Sonora hasta su fallecimiento en 1942.

Reflexiones finales

El cese de todos los funcionarios diplomáticos y consulares durante el inicio del gobierno provisional de Venustiano Carranza generó alta incertidumbre que iba a la par con los vaivenes políticos que sufría México en esos momentos tan volátiles. Tanto el personal del servicio exterior que era retirado como los designados en las nuevas responsabilidades compartían el ambiente de dudas que generaba el nombramiento de dos responsables del Poder Ejecutivo.

Manuel Pérez Romero como agente confidencial era, en realidad, un enviado con una misión política pero sin representación diplomática ante la inexistencia del necesario reconocimiento por parte del protocolo y una práctica diplomática en ese momento. Desde su llegada a Japón, tuvo que enfrentar severas vicisitudes que día a día se incrementaban. Pérez Romero solicitaba casi medio millón de dólares por la compra que había hecho la dictadura huertista a la Mitsui Bussan y que no se habían reembolsado completamente, al final de cuentas eran otras cifras en los cálculos de la zaibatsu japonesa, por lo que sólo logró la devolución de 100,000 dólares. Juan T. Burns mandó una notificación de que recibió esa cantidad en un sobre de la Comisión Unida Mexicana Americana, fechado el 29 de diciembre de 1916, en la estación de ferrocarriles de Pennsylvania.^[100] Kerber apunta que Pérez Romero no sólo carecía de representatividad diplomática sino también de información sobre los entretelones de la compra de armas a la Mitsui Bussan.^[101]

Los problemas derivados por la recepción de la Legación mexicana en Tokio en virtual abandono y subarrendada a un extranjero, la negativa inicial de Pardo para entregar la representación diplomática y la larga disputa con Joaquín Enrique por desconocer su autoridad de representar a un gobierno legítimo seguramente ocuparon mucha de su atención y energía. De igual forma, Pablo Herrera de Huerta, encargado de negocios en China, que aportó argumentos claros y contundentes desde la perspectiva jurídica, aumentaba la presión de Pérez Romero para poder cumplir cabalmente la encomienda encargada por Venustiano Carranza, misma que se dio plenamente cuenta de que no podía realizarla a menos que fuera oficialmente un representante diplomático con el beneplácito de Japón y de China.

Es interesante preguntarse por qué la Mitsui Bussan fue fuente de préstamos ilimitados para los diplomáticos mexicanos acreditados en Japón después de la caída del gobierno de Victoriano Huerta. Se pueden citar varias razones. En primer lugar, por el largo conocimiento que tenían del cónsul Joaquín Enrique, que había llegado a Japón en 1908, de Efrén Rebolledo y del ministro Pardo, que también habían forjado relaciones cercanas con esa corporación japonesa, por lo que podían ser sujetos confiables para “prestar” los recursos financieros que necesitaban en momentos de incertidumbre. Segundo, ligado a lo anterior, ellos habían sido instrumentales para facilitar la compra-venta de armas para Huerta, por lo que había una manera de retribución por sus buenos oficios. Incluso, Enrique Cerecero afirmaba tener copias de los contratos. Tercero, la Mitsui Bussan sabía que el tema de las armas sería un punto a tratar con el nuevo gobierno en México y que incluso la venta de pertrechos militares podría ser un negocio lucrativo, por lo que no perdía nada en apoyar a los diplomáticos mexicanos en penuria.

Como ya se apuntó, Pérez Romero a regañadientes reconocería parte de los adeudos solicitados por Pardo, Rebolledo y Enrique desde el momento en que se encontraba en funciones diplomáticas y consulares hasta la emisión del decreto de cese al cuerpo diplomático. No obstante, no hay evidencias de que se haya realizado la devolución de los préstamos, salvo el caso de Téllez, a quien le fueron otorgados los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda para ser transferidos a la Mitsui Bussan.^[102] Es posible que la compañía japonesa los colocara a fondo perdido o fueran “debitados” cuando hizo el pago de los citados 100,000 dólares al gobierno mexicano.

El caso de Juan B. Rojo se suma al escenario de un intempestivo cambio de gobierno y sobre todo del asesinato del responsable del Poder Ejecutivo. Entonces, la incertidumbre se marcaba, ya no en el inicio del gobierno constitucionalista como fue el caso de Pardo, Rebolledo y Enrique, sino en su abrupto final. Rojo, al ser yerno de Bonillas, tenía claro que no era éticamente posible seguir en su cargo diplomático (a pesar de las peticiones de que continuara). La mano de Obregón estaba detrás de la muerte de Carranza, por lo que se solidarizaba con su suegro, que fútilmente había sido convencido de ser el relevo para continuar el proyecto constitucionalista.

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