Introducción

Es frecuente y dominante considerar a la comunidad japonesa en México de manera monolítica, dado que prevalece una perspectiva homogénea respecto del comportamiento y actitudes de sus miembros. Se suele escuchar o leer sobre su ética laboral, su impulso emprendedor, su capacidad de asimilación y el respeto al orden jurídico. Lo anterior es verdad, pero con ciertos matices.

En las diferentes oleadas de migrantes japoneses a lo largo del territorio nacional se logró apreciar la alta estima que existía hacia ellos a partir de su cercana convivencia con los integrantes de la localidad de acogida. No obstante, hubo algunos casos –quizá muy pocos– que no necesariamente seguían ese patrón de comportamiento.

En otras investigaciones se ha documentado el bajo índice de casos de japoneses procesados por la justicia penal, pero también se ha estudiado la presencia de algunos indeseables que no sólo infringieron las leyes sino que también hostigaban a su propia comunidad japonesa.^[1]

Asimismo, es necesario poner en contexto la orientación y capacidades de emprendimiento de los residentes japoneses. En efecto, en gran número (sobre todo en las primeras oleadas de inmigrantes) el trabajo arduo y su posterior visión en los negocios fueron claves para poder mejorar su calidad de vida y forjar un patrimonio. Otro grupo aprendió rápidamente que cualquier oportunidad empresarial tenía que estar irremediablemente alineada con la política de las dádivas, el soborno y la corrupción. Es decir, tenían que adoptar las mismas prácticas que se observaban en la vida económica y política en México durante el periodo entreguerras, mismas que se mantienen o han evolucionado hasta la actualidad. Imuro Masao resumía que todo se resolvía con “dinero, dinero y dinero”.

Miembros destacados de la comunidad japonesa entendieron rápidamente que para llevar a cabo sus intereses (alguno de ellos ligados a las políticas militaristas del gobierno de Japón) tenían que operar con la élite política y económica mexicana bajo las ya citadas reglas. Existen diversos testimonios de los residentes japoneses que ejemplifican, en la práctica cotidiana, cómo se corrompía a un servidor público para agilizar un trámite o cómo se le daba una “mordida” a un policía para dejar libre a un infractor a pesar de cometer una falta administrativa e incluso penal (Imuro refiere cómo el coche donde viajaba atropelló a un transeúnte y con 5 pesos, el policía de tránsito permitió que se fueran). El punto de argumentación es que los miembros de la comunidad japonesa no sólo conocían, sino que también operaban con las reglas escritas y no escritas del comportamiento de la sociedad mexicana.

En ese contexto, el presente capítulo presenta casos de estudio de residentes japoneses cuya experiencia de vida en México durante los años previos y posteriores al inicio de la apertura del frente bélico en el Pacífico, en la Segunda Guerra Mundial, tiene elementos comunes: el primero, que se dictó un acuerdo presidencial para la expulsión del territorio nacional a través de la aplicación del artículo 33 de la Constitución mexicana. El segundo, la permanencia –con diferentes rangos de temporalidad– en la prisión ubicada en las Islas Marías; y, por último, comparten la ausencia de una investigación seria y más asertiva por parte de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (DIPS) de la Secretaría de Gobernación para imputar los cargos y comprobar la culpabilidad de los sospechosos para proceder a su destierro del país.

Oikawa y la sospecha endosada

Oikawa Jirō (Juan Jirō Oikawa) ingresó a México por el puerto de Manzanillo el 28 de junio de 1933, posteriormente se radicó en San Luis Potosí por un par de años. En 1938, se trasladó a la Ciudad de México, donde vivió hasta el 18 de mayo de 1940. Viajó temporalmente a Japón, donde conoció en Nagoya al joven Imuro Masao, que trabajaba en una oficina de comercio exterior a cargo de Yasuda Shujirō. Ese encuentro con Imuro derivó en una historia muy peculiar en su vida. El ser usuario del apartado postal 1084 marcó un destino completamente inesperado. Hasta inicios de febrero de 1941, Oikawa no era persona de interés para la DIPS, no existía ningún expediente sobre su persona, solamente había una notificación para “arreglar asuntos de su matrimonio”.^[2] Se puede pensar que, al menos en este momento, los funcionarios de la Secretaría de Gobernación no estaban enterados de que ya estaba en la lista negra de los Estados Unidos (después del edicto 2497 del presidente Franklin D. Roosevelt del 17 de junio de 1941) por haber sido empleado de una comercializadora que tenía Nagabuchi Shorōku con la ya citada casilla de correo, que estaba en vigilancia por parte de los servicios de inteligencia.^[3]

La DIPS emprendió la vigilancia de Oikawa y de su socio Imuro. Como resultado de las pesquisas, se supo que él laboró como jardinero con el licenciado Javier Icaza y posteriormente con Nagabuchi, como ya se apuntó, en la Importadora Mercantil Japonesa S. de R. L., ubicada en la calle República del Salvador #60. Sin lugar a duda, el ser parte de ese despacho comercial le permitió conocer los procesos de importación y exportación dentro del comercio exterior, representar a empresas japonesas en sus negocios en México, además de tener más cercanía con empresarios japoneses de alto nivel, como Tsuru Kisō, presidente de la Compañía Internacional de Comercio, y Katō Heiji, dueño del almacén “El Nuevo Japón”.

Durante su viaje a Japón, Oikawa decidió apoyar a Imuro, que era 10 años menor que él, y como su sempai lo ayudó a ir a México y permanecer allí. De acuerdo con Sergio Hernández Galindo, Imuro emigró de Japón para evitar su enrolamiento en el servicio militar y su posible traslado a China en el marco de la denominada “Guerra de los 15 años”. Además, trabajó en el despacho de Nagabuchi por un tiempo, al parecer como representante de la Kyoto Tojiki Kabushiki Kaisha^[4] de Yasuda Shujirō (con el que había laborado desde los 14 años), y asistía a Oikawa para visitar a clientes que compraban azulejos y porcelana japoneses.^[5]

De acuerdo con Hernández, a Oikawa e Imuro les fue propuesto por Yasuda^[6] convertirse en proveedores de su empresa de azulejos y cerámica, por lo que decidieron salir del despacho y abrir dos negocios: la cristalería “Koya”, ubicada en la calle Madero #84, que tenía como empleados a Julián Medina San Vicente y María Antonieta Lozano; y la sucursal “La Japonesita”, localizada en la calle José María Vigil #6.^[7] Hasta aquí parecía que todo era normal, impulsados por el deseo de independizarse al renunciar a sus trabajos. Empero, el destino les marcaría una ruta inesperada.

Guillermo Moreno había sido profesor de lengua japonesa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México desde inicios de 1930, pero ya en el umbral de los años cuarenta, era el perito encargado de leer y traducir las cartas que los miembros de la comunidad japonesa radicada en México enviaban a su país de origen. El gobierno mexicano se había sumado a las peticiones de Washington para una cercana supervisión de la correspondencia de parte de los residentes en el país de las Potencias del Eje.

Moreno envió un oficio fechado el 6 de enero de 1942 al director general de correos y telégrafos sobre el contenido de unas cartas enviadas por Imuro Masao. Una de ellas, remitida el 26 de noviembre, dirigida a Gotō Goro, residente de la ciudad de Nagoya, Japón, en uno de sus extractos se refería a

En cuanto a que yo haga algo que valga la pena en México, dentro de unos días salgo a matar a balazos a Roosevelt. Después iré a destruir el canal de Panamá. Como esto será cosa segura, le suplico se espere. Aquí no es fácil conseguir pistola y dinamita.^[8]

No obstante, Imuro se contradecía sobre el tema del acceso a las armas de fuego en México. En su carta enviada el 1 de diciembre a Yagi Hideo, residente de Kioto (en donde usa papel membretado con el nombre de “Jirō Oikawa”), afirmaba:

… Ya tengo pistola como Dios manda. Cuando anda uno en la calle le vienen a ofrecer pistolas en venta. Dando unos cincuenta pesos, es fácil hacerse de una. Por lo mismo hay muchos homicidios. Diariamente matan a cinco a diez personas, pero soltando unos mil pesos, no se castiga… Cualquier cosa se arregla con dinero, dinero y dinero…^[9]

Por último, Imuro añadía otros comentarios en su misiva enviada a Kimura Narumi, de la ciudad de Kioto, fechada el 6 de noviembre de 1941, donde argumentaba:

El actual presidente subió al poder con el apoyo de los Estados Unidos, por consiguiente, es un enemigo de Japón. El pueblo lleva muy grabadas en la cabeza las ofensas recibidas de parte de los norteamericanos y de los ingleses hace cerca de cien años…^[10]

Esas declaraciones generaron señales de alerta, en particular la referida al asesinato al presidente de Estados Unidos y la destrucción del canal de Panamá. En otra carta de Imuro, refrendaba esas expresiones y advertía que “ya verás cómo sucederán esas cosas”.^[11]

La notificación escaló a la oficina de Maximino Ávila Camacho, responsable de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, y del general J. Salvador S. Sánchez, jefe del Estado Mayor Presidencial. En un memorándum elaborado en esa oficina, se le imputaba a Oikawa “dedicarse a actividades contrarias a nuestras leyes en materia internacional”^[12] y se le citaba a comparecer para que mostrara su documentación migratoria. La acusación, ligada a que estaba llevando a cabo acciones opuestas a la normatividad jurídica, nunca fue fundamentada y se dio por hecho que estaba implicado en actos ilícitos sin esclarecerlos. Estos dos elementos sirvieron de base para armar su expediente como persona de interés.

La solicitud de Sánchez llegó posteriormente a la DIPS (con el conocimiento del Buró Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés), que avanzó en las indagaciones sobre Imuro y Oikawa. El 26 de mayo de 1942, ante Demetrio Flores Fogoaga, jefe de servicio de contraespionaje, Imuro presentó su declaración, posterior a su detención, que había sucedido un día antes.

En el interrogatorio, Imuro, al mostrarle las cartas escritas por él y explicarle su contenido, comentaba que nunca había tenido ninguna intención de atentar contra el presidente estadounidense o de acometer cualquier daño al canal de Panamá. Imuro refrendaba que los documentos estaban escritos con su puño y letra, pero que había redactado las cartas en tono de broma, ya que tenía una amistad cercana con el Sr. Gotō y que “todo esto lo ha escrito sin ser verdad pues que es afecto a presumir y que no es serio lo que ha escrito”.^[13]

Como resultado del contenido de sus mensajes y de su situación migratoria se supo, porque allí lo había confesado, que, como una forma de permanecer en el país (al que había ingresado el 28 de enero de 1941), contrajo matrimonio con Ofelia Villacaña Ávila, el 10 de abril del mismo año, para lo cual le había pagado la cantidad de 500 pesos (posteriormente Oikawa señaló que en realidad erogó la cantidad de 2000 pesos). Así, el 1 de junio de 1942, se acuerda (bajo las facultades del presidente de la República) la expulsión del país de Imuro, pero también de Oikawa, a los cuales se les aplica el artículo 33 constitucional, por considerar que para ambos casos era “inconveniente su permanencia en el país”.^[14]

A Oikawa se lo consideraba aparentemente sospechoso, en un primer lugar, por ser socio y protector de Imuro, además de aparecer su nombre en las hojas membretadas usadas por su protegido en su correspondencia a Japón. Asimismo, por el hecho de que Oikawa supuestamente compartía no sólo el apartado postal 1084, además se le atribuía el uso del apartado 2180, que estaba registrado a nombre de la Compañía Internacional de Comercio S. A., empresa del Dr. Kisō Tsuru (y se aduce en el reporte que había estado involucrado en el escándalo del contrabando de mercurio a Japón)^[15] y también el apartado postal de Jyōyi Sugawara. Eso generó un comportamiento sospechoso ante los ojos de los servicios de inteligencia mexicanos.

Además, bajo la narrativa de la DIPS, era muy peculiar que después de trabajar como jardinero hubiera pasado a una oficina de comercio exterior con un influyente empresario japonés. De igual forma, se argumentaba que después de su regreso de Japón “vino en condiciones diferentes en cuanto a ocupación y forma de vivir… se consideran bastante peligrosos los dos japoneses”.^[16] Ante la imposibilidad de ejecutar el acuerdo de expulsión debido a las condiciones del transporte marítimo (y por el hecho de la declaración del estado de guerra contra las Potencias del Eje), se les remitió a las Islas Marías hasta que se pudiera cumplimentar lo decretado por el Ejecutivo mexicano. El 19 de junio de 1942 fueron ingresados en esa instalación carcelaria.

En las investigaciones de la DIPS, se acreditaba que María Antonieta Lozano no sólo trabajaba en su negocio sino que también era pareja sentimental de Oikawa, que tenía residencia en la séptima calle de Parque Lira #119, departamento 5, donde, declaraba Imuro, también habitaba, y que ambos habían sido detenidos.

No obstante, Consuelo Fregoso Sedano presentaba una carta dirigida a Miguel Alemán Valdés, secretario de Gobernación, por la cual solicitaba información sobre su esposo, con el que había contraído matrimonio el 5 de abril de 1941, e indicaba que su domicilio estaba en la calle de Miguel Schultz #28, departamento 41. A través de un conocido que colaboraba en esa dependencia, Fregoso logró presentar la misiva donde apuntaba que su marido fue aprendido por razones desconocidas y argumentaba que había sido víctima de “una turbia maniobra de sus propios paisanos” de nombre Gen Miyasaka (cuyo negocio estaba en la avenida San Antonio Abad #327 y se le atribuía una deuda a una casa comercial japonesa por la cantidad de 2,500 pesos) y Heiji Katō, quienes “valiéndose de amistadas hechas a base de dinero con altos empleados del Departamento de Investigaciones Política y Social… pudieron perjudicarlo escudándose por una denuncia completamente falsa…”.^[17]

Oikawa apuntó –a través de la carta escrita por Fregoso– que había demandado el pago a Miyasaka (ya que le atribuyó que estaba en la lista de personas que serían canjeadas por las potencias aliadas) antes de su salida de la Ciudad de México. Por lo que supone que ese personaje tuvo una influencia clara en su detención. Es interesante saber también por qué alguien como Katō tendría diferencias con un empleado de un despacho, a menos que fuera por un asunto de otra índole.

Esa explicación denotaba claramente que Oikawa no tenía la menor idea de los motivos reales de su detención, o al menos no creía que una serie de cartas escritas por su kohai (Imuro) pudieran ser suficientes para privarle de su libertad, y especulaba sobre quiénes podrían tener cuentas pendientes con él así como, al mismo tiempo, gozar del poder suficiente para interceder ante las autoridades mexicanas para su detención y expulsión del país.

Lo anterior se refrendaba en un mensaje enviado a Sugawara Chuzō el 7 de julio de 1942:

La Isla María, antes existía para mí solo en novela o en imaginación y ahora, bajo el ardiente sol de la isla, pienso cómo la suerte de un hombre puede cambiar solo por una falsa denuncia (supongo por muchas razones) de un hombre quien desea mi ausencia para salir del país sano y felizmente… Ud. mejor que nadie sabe, quién soy yo, qué he hecho y cómo yo he vivido, pero la gobernación niega a investigar, niega a creerme y más no quiere oír la verdad… Yo Sr. Sugawara, como todos mis paisanos, quiero a Japón y doy mi vida por la causa de la patria, pero esto, no quiere decir que no quiero a México, mucho menos traicionar a México, digamos si Japón fuera mi madre quien me nació, México es mi madre quien me crio, educó y enseñó a vivir…^[18]

Imagen 1. Oikawa Jirō

Fuente: cortesía de Georgina Oikawa.

Oikawa apuntaba que no lo habían interrogado y que incluso tenía en su poder su tarjeta de migración, a diferencia de otros japoneses que estaban en las Islas Marías. Al mismo tiempo, reconocía que se le aplicaría la expulsión de acuerdo con el artículo 33, pero no hasta el término de la guerra. Además, apuntaba que no le gustaría estar en Japón pues se sentiría “extraño” y “fuera de combate de la vida”. Por último, se preguntaba a sí mismo, “¿yo qué he hecho para que me mandara a la Isla? ¿Acaso yo soy espía? ¿He hecho algún acto de sabotaje? No, y mil veces no”.^[19]

Luis T. Tsuji, representante del Comité de Ayuda Mutua (CAM), remitía un oficio a la Secretaría de Gobernación donde solicitaba que trasladaran a la Ciudad de México a Imuro y a Oikawa (por causas de posible “espionaje”) para que fueran parte del programa de canje de residentes japoneses en México con las “democracias”. En la nota también se solicitaba sumar a Hamaguchi Isaburō y a Hamada Hideo, que estaban acusados por delitos que no habían sido plenamente comprobados. La respuesta fue aparentemente aceptada por J. Lelo de Larrea, responsable de la DIPS, de modo que fueron enviados a la capital del país estando a cargo del CAM por varios meses. Ante el problema de no poder incorporarlos en el programa de canje, fueron convocados de nuevo y enviados a la estación migratoria de Perote el 1 de marzo de 1943, lugar en el que a Oikawa posteriormente se le dio permiso para trabajar en un campo agrícola cercano.

La comunicación de Oikawa con Sugawara se mantuvo de manera frecuente, éste le reportaba sus intentos de liberarlo a través de un importante “general” y de un “licenciado influyente”.^[20] Asimismo, había notificaciones de María Antonieta Lozano, que también refería que a su pareja (de 9 años de convivencia) la habían enviado ahora a Perote, donde se encontraba sufriendo de paludismo y otras enfermedades, por lo cual solicitaba visitarlo en las condiciones que pudieran convenirse.^[21]

En ese contexto, se presentó la solicitud de la National City Bank of New York, sucursal México, a la DIPS para saber la ubicación de Oikawa, ya que tenía en su poder una letra de cambio por un valor de 454.93 dólares expedida por Yasuda Co., fechada el 29 de junio de 1940 (ya vencida desde el 5 de octubre del mismo año), de la cual solicitaba el cobro a Oikawa dado que él era el representante legal de la Importadora Mercantil Japonesa. En efecto, era la misma empresa de Yasuda Shujirō que lo conocía y en la que Imuro había trabajado con él desde niño. La DIPS le respondió que no era posible mandar ninguna información puesto que se trataba de asuntos ajenos a la Secretaría de Gobernación y recomendaba que se hiciera la solicitud vía la Embajada de México en Estados Unidos.

Imagen 2. Familia Oikawa Fregoso

Fuente: cortesía de Georgina Oikawa.

Por su parte, en medio de requerimientos administrativos de su antiguo empleo, Oikawa no se rendía en su empeño para salir de Perote. El 3 de diciembre de 1943, mandó otra comunicación al oficial mayor de la Secretaría de Gobernación en la cual indicaba que él nunca había mezclado asuntos de política interior con otras temáticas, y que desde su llegada a México estuvo trabajado para mantenerse a él mismo y a su familia; por lo que solicitaba a las autoridades mexicanas pudieran reconsiderar su caso, que él aceptaría cualquier condición que se le pudiera ofrecer.^[22]

No obstante, sus peticiones no fueron escuchadas; incluso cuando enfermó y fue hospitalizado en la ciudad de Jalapa en febrero de 1944, el CAM solicitó también la posibilidad de su traslado a la Ciudad de México, ofreciendo un aval para interceder cuando fuera requerida su presencia en la Secretaría de Gobernación. En esta ocasión, el resultado fue positivo, aunque con algunas complicaciones (ya que, por órdenes de un funcionario de Perote, se demandaba su reingreso). Sin embargo, a pesar de su quebrantado estado de salud (durante el trayecto tuvo que ser reanimado) logró llegar a la Ciudad de México.

Como resultado de su enfermedad, Oikawa fue liberado y hasta el término de la guerra residió en la Ciudad de México. Mientras, Imuro siguió en Perote. Luego reingresó a las Islas Marías, pasó por Lecumberri y terminó en la cárcel para menores en Tlalpan; allí, en 1949, gracias a una visita fortuita de un alto funcionario público, se permitió su liberación por medio de un indulto por la prescripción de las causas que habían generado el acuerdo de expulsión.^[23]

Por su parte, Oikawa reanudó temporalmente sus actividades empresariales, pero después de la salida de Imuro de la cárcel emprendieron por algún tiempo algunos negocios bajo el amparo de Yasuda, cuya compañía había sobrevivido a las vicisitudes de la guerra. De acuerdo con Georgina Oikawa,^[24] su padre mostraba momentos de mucha abundancia en su forma de vida pero también de descalabros; incluso respecto de sus actividades de importaciones y exportaciones de aluminio reciclado y otros productos, existe un halo de sospecha de que haya incurrido en el contrabando o en otras actividades ilegales, por lo cual, durante un corto tiempo, de nuevo estuvo preso. Cuando fue capturado por la policía, utilizó el alias de “Juan Ota” (Oikawa había adoptado el nombre de “Juan” en lugar de Jirō en muchas ocasiones, y “Ota” era el apellido de la madre de Imuro). Como resultado perdió una buena parte de su patrimonio y el de la familia Oikawa Fregoso, la cual decidió trasladarse a Tijuana con Consuelo Fregoso Sedano y sus cuatro hijos. Allí se dedicaron a la exportación de sargazo, concha de abulón y otros productos del mar. Después de una vida familiar muy azarosa derivada de dos relaciones sentimentales de larga data y caracterizada por algunos altibajos con María Antonieta Lozano y Consuelo Fregoso, Oikawa sumó otra más un par de décadas antes de fallecer, aparentemente, a los 105 años de edad.

Estafas y extorsión

Hamaguchi Isaburō inmigró a México en 1930 (al parecer tuvo inconvenientes con la aceptación de su permiso de ingreso por tener antecedentes penales en Japón). Su aval para la residencia en el país fue su tío, apellidado Imai, que era, en ese momento, pescador en Ensenada, Baja California. Empero, no tardó en generar problemas, no sólo para su familiar sino también para sus compañeros trabajadores (se le atribuye haber cometido adulterio con la esposa de un pescador), lo cual le obligó a huir a Tijuana.

Imagen 3. Formato migratorio de ingreso a México de Hamaguchi

Fuente: AGN, caja 328, expediente 19, folio 53.

Como una forma para obtener “dinero fácil” en esa ciudad, junto a Sugawara Torijirō (que había entrado a México como agricultor en 1914), se dedicaron a realizar estafas a contrabandistas transfronterizos (los cuales amenazaron con denunciarlos); así como a cometer fraudes entre los mismos miembros de la comunidad japonesa (entre sus víctimas estuvieron Imoto Keitaro, Uechi Kiroku, Iguchi Hitoshi y Miyamoto Kamesaku, a quien defraudaron con cinco mil dólares). Dada la reincidencia de esa conducta delictiva, los miembros de la comunidad japonesa en Tijuana realizaron una comisión, la cual concluyó que

Hamaguchi es un criminal empedernido que vive a costa de terribles estafas, que amenaza de muerte a quienes pueden denunciarlo… y después de haber sido soltados de la cárcel, sin arrepentirse de sus malas conductas anteriores, estos dos individuos siguen manteniéndose como antes, causando enormes daños pecuniarios a muchas personas honradas por medio de sus procedimientos detestables que les caracterizan.^[25]

En efecto, por sus actos se los había procesado penalmente e ingresado en la cárcel en 1936, condena que terminaron tres años después.^[26] Sin embargo, después de purgarla, como ya se comentó, volvió (junto a Sugawara) a realizar actividades ilícitas. Un año después, en agosto de 1940, se iniciaba una solicitud, a través del Consulado General de Japón en México, para la expulsión de Hamaguchi y Sugawara del país. La investigación fue encargada a la Secretaría de Gobernación pero no fructificó, hecho justificado en la falta de personal de esa dependencia en la ciudad fronteriza, por lo que se debía esperar hasta que se enviara a un inspector que iniciara las pesquisas necesarias sobre el comportamiento de esos individuos.

En mayo de 1941 se retomó el caso de la expulsión de esos residentes del territorio nacional, y para tal efecto se aplicó el artículo 33 de la Constitución. En el reporte elaborado por el inspector José L. Terán K., presentado a las autoridades de la DIPS, sintetizaba sus impresiones sobre Hamaguchi y Sugawara:

Isaburō Hamaguchi es un hombre agresivo y sin escrúpulos, en algunas ocasiones ha amenazado de muerte a sus paisanos, finge no saber ni una sola palabra de español y se dice ser coronel del ejército japonés. Torijo Sugawara es una persona de aproximadamente 60 años, está completamente dominado por Hamaguchi, lo obedece incondicionalmente…^[27]

Ante la contundencia del diagnóstico de Terán, se emitió el acuerdo de expulsión de Hamaguchi y el 3 de noviembre de 1941, el presidente Manuel Ávila Camacho dictó esa disposición por escrito. No obstante, el inicio de la Guerra del Pacífico postergó dicha decisión, misma que se retomaría en febrero de 1942 cuando se refrendaría, de nuevo, la disposición para su salida hacia su país de origen.

Hamaguchi y Sugawara fueron trasladados a la Ciudad de México y estuvieron bajo la custodia de la policía. No obstante, ante la dificultad para remitirlos a Japón por el escenario bélico, se los envió a la cárcel de las Islas Marías.^[28] A ellos se sumó la expulsión y confinamiento de otro japonés, Federico Hideo Hamana. Sugawara estuvo confinado por poco tiempo ya que falleció en junio de 1942 a la edad de 62 años por causa de un síncope cardíaco.

Imagen 4. Formato Migratorio de Sugawara

Fuente: AGN, caja 328, expediente 19, folio 54.

Es interesante señalar que Oikawa Jirō, Imuro Masao, Hamaguchi Isaburō (con el número de registro 4010) y Hamana Hideo (véase imagen 5) estuvieron al mismo tiempo en la prisión de las Islas Marías. A diferencia de Oikawa e Imuro (a pesar de su reingreso), Hamaguchi tuvo una estancia prolongada, ya que el CAM no ofreció su completo aval por su historial de comportamiento delictivo.

A pesar de que Hamaguchi salió temporalmente el 24 de febrero de 1945 de las Islas Marías para ser trasladado a la Ciudad de México, donde estuvo resguardado en una casa de seguridad ubicada en Bucareli #113, se decidió de nuevo reingresarlo al mismo penal debido a que

entretanto hay posibilidad de cumplimentar el acuerdo del C. Presidente, que ordena la expulsión del país del súbdito japonés Isaburō Hamaguchi Shika, por disposición del Secretario del Ramo, deberá permanecer en este establecimiento, hasta nueva orden…^[29]

Después de la Segunda Guerra Mundial, en abril de 1947 se reactivó el acuerdo de expulsión, el cual no fue posible realizar debido a “dificultades de transporte”. Hamaguchi mandó, el 8 de marzo de 1951, un oficio a Heraclio Rodríguez, jefe del Departamento de Prevención Social, por el cual solicitaba su libertad por su calidad de “asilado político” y apuntaba que ya se habían olvidado de él, dado que no había recibido ninguna notificación desde su reingreso a las Islas Marías en 1945.^[30]

Como resultado del mensaje, se procedió al traslado de Hamaguchi a la cárcel pública de Mazatlán. La Secretaría de Gobernación, previamente a la solicitud de revisión de su caso, realizó consultas con la SRE sobre el procedimiento que se debía realizar ante las autoridades del Supremo Comando de las Potencias Aliadas (SCAP por sus siglas en inglés) para enviar a Hamaguchi al Japón ocupado. La Cancillería mexicana recomendaba que se comprobara la nacionalidad del expulsado y se asegurara que se hubieran realizado las gestiones para tramitar ante los Estados Unidos una visa de tránsito, de modo que solamente se requería informar cómo saldría de México y la fecha esperada de arribo a Japón.^[31] No obstante, es incierto si se procedió con la orden de expulsión, ya que para el año 1955 todavía se solicitaban informes sobre su expediente.

Intento de fratricidio

Hamana Hideo (Federico) nació en Fukushima e ingresó a México en mayo de 1931 por el puerto de Manzanillo. Residió en Morelos junto con su hermano Hamana Hiroumi (Pedro), que era propietario de un rancho en Atlacomulco, en el municipio de Jiutepec. En su ficha de registro migratorio reportaba que se dedicaba a la agricultura, y su hermano mayor le había proporcionado algún capital para iniciar su emprendimiento. No obstante, prefirió dedicarse a actividades ilícitas y de manera recurrente a embriagarse armando escándalos en la comunidad. Incluso en alguna ocasión, durante una discusión con su hermano, quien contaba con una percepción positiva en la comunidad por su honradez y laboriosidad,^[32] atentó contra él, y le infligió heridas que lo llevaron al borde de la muerte.

Imagen 5. Hamana Hideo

Fuente: ANG, cortesía de Sergio Hernández Galindo.

Su propio hermano hizo la denuncia ante la DIPS, que la recibió en la primera quincena de septiembre de 1941 y procedió a la investigación correspondiente. Para tal efecto, fue designado el inspector Manuel Constantino Navarrete, quien llevó a cabo extensas entrevistas con miembros de la comunidad japonesa que radicaban en la localidad. En todas ellas convergía la opinión de que Hamana Hideo era violento, ocioso y que se dedicaba a actividades ilegales, como la estafa “a mexicanos prometiéndoles pingües ganancias en negocios que nunca termina”.^[33] Incluso sus mismos paisanos lo repudiaban por ser una persona de mal vivir. Asimismo, se ostentaba como partidario nazi y manifestaba que Alemania y Japón unidos dominarían al mundo, “infiltrando ideas a la gente humilde del lugar”.^[34]

Luego de varios meses del inicio de la Guerra del Pacífico, un acuerdo presidencial estableció la aplicación del artículo 33 a fin de que se lo enviara a su país de origen.^[35] Se procedió entonces a la detención de Hamana Hideo, que en ese momento estaba en el billar “Imperio”, y fue puesto a disposición de las autoridades de la Secretaría de Gobernación.

Como ya se mencionó respecto de los casos anteriores, ante la imposibilidad de remitirlo a Japón, se determinó su internamiento en el penal de las Islas Marías. Sin embargo, estuvo allí poco tiempo, puesto que para agosto de 1942 fue solicitado su traslado a la Ciudad de México; a diferencia de Hamaguchi e Imuro, no se reportó su reingreso a la “colonia penal”.

En el caso de Hamana no continuó el proceso de expulsión y tampoco se le requirió confinarlo, como a Oikawa, a la “estación migratoria” de Perote. Es de inferirse que las causantes de intento de asesinato a su hermano y la acusación de difundir públicamente su simpatía al nazismo no fueron elementos suficientes para que siguiera su confinamiento.

Hamana se quedó en San Antonio Abad #327 en la Ciudad de México. En septiembre de ese mismo año, se bautizó en la parroquia del Espíritu Santo con el nombre de “Federico”, apelativo que ya había estado usando desde hace tiempo. Sus padrinos fueron Guillermo Koizumi y Rosa Morales. A inicios de 1943, solicitó autorización a la DIPS para cambiar su domicilio a la ciudad de Orizaba, Veracruz, para dedicarse a las actividades agrícolas, petición que le fue autorizada.^[36] Después de algún tiempo regresó a la Ciudad de México y murió a los 83 años, en 1994.

Reflexiones finales

Oikawa, Imuro, Hamaguchi y Hamana comparten la amarga experiencia de haber sido recluidos en las Islas Marías en condiciones, en muchos sentidos, difíciles y agravantes para su salud física y mental. Como se pudo observar, la culpabilidad endosada a Oikawa no pudo sostenerse, como gran parte de las imputaciones elaboradas por la DIPS respecto de los ciudadanos residentes de las Potencias del Eje. No se lograron probar sus “actividades contra las leyes internacionales” ni sus acciones de supuesto espionaje. Es cierto que podrían haber sido condenados por otros tipos de delitos, tanto en materia civil (su situación marital) como administrativa (la letra de pago demandada por Yasuda), pero ninguno de los casos anteriores ameritaba la aplicación del artículo 33 constitucional.

Un aspecto interesante es la percepción de la DIPS de que todo japonés potencialmente era un espía, principio bajo el cual fundamentaban sus acciones. Lo anterior lo refrendaban de la siguiente manera: “En virtud de que el elemento japonés se encuentra totalmente unificado y dado el régimen y disciplina que existe entre ellos, puede decirse que cada uno (con raras excepciones) es un espía”.^[37]

Oikawa fue sospechoso por trabajar en un despacho comercial cuyo dueño era Nagabuchi Shorōku. Si bien con el tiempo hubo, sorprendentemente, una suerte de exoneración a su exjefe. En su reporte solicitado por la DIPS, se indicaba que en efecto tuvo un negocio en el que representó a diferentes “trust japoneses”, entre los que se incluía Mitsui Bussan, en México. Sin embargo, en el marco de los procesos de concentración de la comunidad japonesa y de la congelación de sus activos financieros por la Junta Intersecretarial logró, en mayo de 1942, la autorización del gobierno para retirar 40 mil pesos, con los cuales instaló una fábrica de pajillas insecticidas (en japonés se llaman katori-senko), ubicada en la calle Basilio Badillo #13, donde trabajaban ocho personas bajo la supervisión del inspector Alejandro Frank Galza. El informe concluía que estaba casado con María Ignacia Alarcón, que había ingresado a México por Salina Cruz en 1918 y que tenía “amistades con japoneses, pero no se conoce que haya entrado en alguna actividad sospechosa desde que estalló la guerra”.^[38] Una pregunta interesante es: ¿cómo logró limpiar su expediente y recibir esa cantidad de dinero para iniciar su negocio? Una hipótesis podría ser, como refería Imuro, que en México todo se arreglaba con dinero.

Imuro no gozó de la misma fortuna, y se resignó a reingresar en las Islas Marías y otros centros carcelarios, como lo ha documentado Sergio Hernández Galindo. Fue víctima de una política esquizofrénica de vigilancia, y si se hubiera realizado una investigación más asertiva se hubiera hallado que el contenido de sus cartas eran expresiones a la ligera, dado que ese joven japonés no tenía las condiciones materiales para atentar contra el presidente Roosevelt y mucho menos la capacidad para destruir el canal de Panamá. Más bien, si hubiera tenido recursos financieros y los debidos contactos con la élite política, hubiera sido una historia semejante a la de Nagabuchi.

Por su parte, Hamaguchi es un caso interesante que demuestra claramente que hubo muchos tipos de actitudes entre los migrantes japoneses hacia el trabajo y cómo ganarse la vida. En efecto, a causa de sus acciones de amedrentar y extorsionar, junto a Sugawara, a otros miembros de la comunidad japonesa, éstos decidieron de manera conjunta denunciarlo ante las autoridades mexicanas como un indeseable que atentaba contra la convivencia pacífica y armonía de sus paisanos. Hamana también estuvo en ese rubro, pero gozó con más fortuna ya que su permanencia en las Islas Marías fue muy breve y no hubo elementos en su expediente debido a la ausencia de una denuncia formal en materia penal para reingresarlo. A pesar de haber sido sujeto al proceso de expulsión del país vía el artículo 33 constitucional, como en el caso de Oikawa, las autoridades de la DIPS consideraron que ante las condiciones de la Segunda Guerra Mundial era complejo cumplimentar esa orden, por lo que decidieron hacer de ésta caso omiso y dejarlo en libertad bajo vigilancia.