Algunas pistas para el análisis
de la conflictividad socioambiental

Luciana Moltoni, Agustín Piaz y Ana Spivak L’Hoste

Introducción

El objetivo de este capítulo se orienta en dos direcciones. La primera consiste en presentar una serie de herramientas conceptuales para el análisis de situaciones o eventos de conflictividad socioambiental. La segunda se centra en aplicar, a modo de ejercicio heurístico, algunas de esas herramientas al estudio de tres conflictos socioambientales específicos que se desarrollaron, o continúan desarrollándose en Argentina. Conflictos socioambientales que, en todos los casos, han alcanzado una alta visibilización en la esfera pública durante las últimas décadas alimentando tanto las agendas de la movilización social, de la política como la propia configuración de lo ambiental como problema social. Los casos seleccionados se vinculan con: 1) la incorporación a gran escala del “paquete tecnológico” de la soja transgénica, especialmente en la región central del país; 2) la mega minería metalífera a cielo abierto en la zona Esquel, provincia de Chubut; y 3) la instalación de plantas productoras de pasta celulosa a la vera del Río Uruguay. La elección de estos casos responde al interés de desplegar diferentes procesos (productivos, sociales, regionales etc.) y actores sociales que confluyen y dan forma a la conflictividad socioambiental en Argentina y, paralelamente, algunas de sus diversas formas de expresión, argumentación y efectos.

En cuanto a la noción de conflictividad socioambiental, proponemos pensarla como las disputas ligadas al acceso y control de los bienes naturales y el territorio. Estas disputas, por un lado, enfrentan actores sociales con intereses y valores divergentes en torno a la naturaleza, su apropiación y uso, y respecto de la vida humana en relación a ella. Actores que se encuentran, además, en condiciones desiguales de agencia y poder (Svampa y Viale, 2021). Por otro lado, las disputas expresan diferentes concepciones sobre el territorio y sobre la propia noción de ambiente. ¿En qué consisten esos divergentes intereses, valores y concepciones? ¿Cómo y por qué se traducen en conflictos de distinta envergadura? ¿Cómo se tramita, en ellos, la desigualdad de agencia y poder que los atraviesa? Finalmente, como sugiere Gabriela Merlinsky, estos conflictos, además de ser puertas de entrada para analizar configuraciones y dinámicas sociales específicas, contribuyen a la definición de lo ambiental como problema abriendo una discusión sobre derechos que ella define como desestabilizadores (2020). En esa dirección, articulan reclamos centrados en temáticas de salud, vivienda, agua y asimetrías de género, entre otras, que “desestabilizan los modos de intervención del sistema político y las políticas públicas” (Merlinsky, 2020: 109).

Entonces: ¿qué es lo que nos informan esos conflictos sobre sus contextos, sus procesos, sus configuraciones sociales específicas? Y, por otro lado: ¿qué es lo que producen en términos de efectos sobre los colectivos, territorios y dinámicas sociales que involucran? ¿Y sobre la propia configuración de lo ambiental como problema del orden de social? Como anticipamos, en este texto presentaremos algunas herramientas conceptuales que intentan avanzar sobre estas y otras preguntas relativas a la conflictividad socioambiental. Ahora bien, estas herramientas no son las únicas de utilidad para abordar esta conflictividad, ni agotan la complejidad de los casos de estudio seleccionados. Su elección se debe a la relevancia, y fundamentalmente el peso, que han tenido en la literatura destinada al análisis de este tipo de conflictos. Se trata de herramientas, además, que están ligadas a dos campos de estudios sociales que abarcan más temas que aquellos vinculados al problema ambiental. Se trata, por un lado, de los Estudios sobre Protesta y Movimientos Sociales y, por otro lado, de los Estudios sobre el Riesgo.

Decíamos previamente que los conflictos socioambientales enfrentan actores con intereses y valores divergentes en condiciones desiguales de agencia y poder. En ese sentido, dichos conflictos constituyen episodios contenciosos caracterizados por un “hacer colectivo de reclamos que posibilita la conexión entre diversos actores sociales e involucra al Estado ya sea como reclamante, destinatario de los reclamos o tercero en cuestión” (McAdam, Tarrow y Tilly, 2007: 2). Este “hacer colectivo de reclamos” suele expresarse mediante la protesta social, abriendo la participación a diversos movimientos sociales e incluso impulsando su conformación. Siguiendo a Snow et al., hablamos de movimiento social cuando podemos identificar al menos tres o más de las siguientes características: “acción colectiva o conjunta; objetivos o reclamos compartidos; acciones colectivas no institucionales; cierto grado de organización; y cierto grado de continuidad temporal” (2019: 5). Si bien no toda protesta social, vinculada o no a un conflicto socioambiental, implica necesariamente la presencia de uno o varios movimientos sociales, con frecuencia es posible identificarlos en el devenir de episodios contenciosos. En términos analíticos, prestar atención a la emergencia de movimientos sociales en el marco de episodios contenciosos puede aportar a la descripción, caracterización y comprensión de los casos de estudios sobre este tipo específico de conflictos, establecer relaciones, continuidades y rupturas entre éstos y profundizar en sus efectos en términos de definiciones, conceptualizaciones y agendas del problema ambiental.

Desde los años setenta en adelante, los Estudios sobre Política Contenciosa y Movimientos Sociales han puesto el foco en tres dimensiones de análisis clave: 1) las estructuras de oportunidades políticas, 2) los recursos movilizados y 3) los procesos de framing o enmarcado de las discusiones (McAdam, Macarty y Zald, 1996; McAdam, Tarrow y Tilly, 2007). Veamos brevemente las implicancias de cada una de ellas.

Grosso modo, poner el foco en las oportunidades políticas implica prestar especial atención a las relaciones y acciones de los movimientos sociales con la política institucionalizada. Este tipo de enfoque intenta responder, por ejemplo, a preguntas sobre la permeabilidad o receptividad del Estado o las instituciones que son objeto de reclamos o terceros respecto de la protesta social. Esta dimensión de análisis se encuentra muy presente en estudios comparativos que abordan qué ocurre en escenarios diversos con movimientos sociales que presentan similitudes. Un análisis clásico y de referencia desde esta perspectiva ha sido el estudio comparado de las dinámicas e impactos de los movimientos antinucleares en Estados Unidos, Francia y Alemania, que fueron diversos y cuyo devenir y resultados han sido relacionados con las características y las estructuras de oportunidades en los territorios analizados (Joppke, 1990; Nelkin y Pollack, 1982).

En segundo lugar, poner el foco en los recursos movilizados implica reparar, por ejemplo, en la existencia de canales colectivos formales e informales a través de los cuales los actores pueden movilizarse e implicarse en la acción colectiva. Los estudios comparados se han multiplicado también en relación con esta dimensión, a partir de la observación de las infraestructuras organizativas o las relaciones entre formas organizacionales y tipos de movimiento. ¿Se trata de movimientos numerosos, con masiva cantidad de participantes? ¿Los movimientos han avanzado hacia formas de organización más o menos formales? ¿Con qué organizaciones, movimientos se relacionan? ¿Cuál es el perfil de los participantes?

Por último, resta mencionar que quienes abordan el framing o procesos de enmarcado focalizan en aquellos significados compartidos y conceptos por medio de los cuales los actores tienden a definir su situación. En palabras de Snow, Vliegenhart y Ketelaars “la idea del framing problematiza los significados asociados a eventos, actividades, lugares y actores relevantes, sugiriendo que esos significados son contestables y negociables, y así abiertos al debate e interpretaciones diferenciales” (2019: 393). Esta última dimensión es particularmente relevante para el estudio de los conflictos socioambientales que se configuran en torno a nociones como extractivismos, justicia ambiental, o la cuestión del riesgo ya que, como veremos a continuación, poseen un gran potencial para su caracterización, explicación o comparación.

En todo caso, estas tres dimensiones, las estructuras de oportunidades políticas, los recursos movilizados y los procesos de enmarcado de las discusiones no suponen una propuesta de abordaje secuencial, sino que pueden implementarse de manera sincrónica y profundizar cada una de acuerdo a las preguntas de investigación realizadas o las reformulaciones que vayan surgiendo a partir del trabajo de campo y/o de los datos abordados.

En otro orden de ideas, el segundo campo de estudio que propone herramientas para abordar los conflictos socioambientales es el de los Estudios sobre el Riesgo. Se trata de un campo interdisciplinario surgido a partir de los años 70 en paralelo al incipiente interés de la agenda pública por problemas definidos en clave ambiental. Los Estudios sobre el Riesgo abordan, principalmente, el cambio cultural vinculado con una nueva conciencia del peligro tecnológico que se configura en relación a una serie de acontecimientos asociados a los avances de la tecnología que tuvieron efectos a escala global (el accidente nuclear en Chernóbil, por ejemplo). Abordan, de hecho, tanto esos incidentes como sus efectos en base a una redefinición del concepto de riesgo ligada a las condiciones del mundo contemporáneo. Los aportes de este campo de estudio al análisis de los conflictos socioambientales tienen que ver, justamente, con esas reelaboraciones sobre el concepto de riesgo y las capacidades analíticas que devinieron de ellas.

Entre esas reelaboraciones destacamos, primero, el trabajo del sociólogo Niklas Luhmann, que comenzó a plantear al riesgo como forma de la incertidumbre respecto del futuro propia en el mundo actual (2006). El autor retomó la discusión sobre el fundamento del riesgo para preguntarse quienes o en cuáles instancias se toma la decisión respeto de si algo es un riesgo y si debe o no tenerse en cuenta como tal en un horizonte objetivo y temporal (Luhman, 2006). Con estas preguntas, Luhman sumó la cuestión de la selección de riesgos. ¿Qué es riesgo y qué no lo es en función de determinado contexto específico? ¿Qué significa, en determinado contexto, que algo sea definido como riesgo? En la presentación de los casos veremos que el riesgo, o más precisamente, la selección de determinados eventos como tal, es clave en la configuración de los conflictos socioambientales. Y es, asimismo, una puerta de entrada para su comprensión.

En segundo lugar, y también en línea de argumentar que no existe una manera única de definir el riesgo y que esta definición siempre responde a un contexto, destacamos el trabajo de Mary Douglas. La antropóloga afirma que los riesgos son construidos diferencialmente por cada sociedad y que, en ese sentido, dependen de una cultura compartida (1985). Este encuadre pone en cuestión la teoría económica del actor racional, y la idea de que el riesgo es calculable, predecible o evaluable en función ella. El foco de análisis de Mary Douglas se centra en el sistema de clasificaciones de cada comunidad que enmarca, como tal, aquello que se supone o explica como riesgo (Douglas, 1966). Si bien la autora no centra su análisis en “riesgos” que hoy asociaríamos al problema ambiental, su foco en ellos como construidos socialmente, ligados a sistemas de clasificación y en estrecha relación con los contextos en los que se definen, hace extensible su apropiación como herramienta para el análisis situado de la conflictividad socioambiental, de sus argumentos, de sus efectos.

Por último, pero no menos importante, resaltamos los aportes del sociólogo Ulrich Beck sobre las definiciones de riesgo. Estos aportes están más estrechamente vinculados al problema ambiental. De hecho, para Beck, las últimas décadas del siglo XX y la primera del siglo XXI estuvieron marcadas por una crisis ambiental, asociada a desastres tecnológicos, que marcó un quiebre entre la sociedad y el ambiente (Ríos y Natenzon, 2015). Sobre la base de esa crisis, el autor sugiere que el riesgo es propio de las condiciones de una modernidad reflexiva. Esto es, una modernidad en la que la humanidad debe enfrentarse a problemas, entre ellos los que involucran al ambiente, que han sido generados por ella misma. Su tesis principal es que la sociedad de riesgo es la impronta específica de esa modernidad. Abordar el riesgo permite comprender las especificidades de esa sociedad y, consecuentemente, las de los conflictos socioambientales (sus razones, sus formas, sus efectos, etc.) que se dan en ella.

En las páginas que siguen nos apropiaremos, entonces, de algunas de las herramientas conceptuales de los Estudios de la Protesta Social y los Movimientos Sociales, así como de los Estudios del Riesgo para observar los casos seleccionados. Para observar, más precisamente sus actores sociales, contextos, relaciones y argumentaciones en un ejercicio de valorización de esas herramientas, pero también de despliegue de la complejidad y riqueza analítica de estos conflictos en relación con las preocupaciones y las agendas del problema ambiental.

Caso 1: sobre transgénicos, glifosato y “pueblos fumigados”

El 13 de abril de 2009 el diario Página/12 publicó una entrevista realizada por el periodista Darío Aranda al investigador Andrés Carrasco^[1]. Allí se dieron a conocer los resultados de un estudio que señalaba la existencia de efectos nocivos en embriones anfibios que habían sido expuestos al glifosato, el principal herbicida involucrado en el monocultivo de soja transgénica. La investigación realizada en el Laboratorio de Embriología Molecular (Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires) y conducida por un equipo liderado por Carrasco, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), doctor en medicina y especialista en biología molecular y biología del desarrollo, se había originado en el marco de múltiples cuestionamientos y reclamos. Comunidades rurales, organizaciones de movimientos sociales y vecinos de territorios sojeros venían denunciando la existencia de impactos negativos para el ambiente y la salud de las personas generados por las aspersiones de glifosato por los cultivos de soja transgénica y en las inmediaciones de escuelas, poblaciones rurales y zonas urbanas. Entre los hallazgos más relevantes, el estudio concluía que pequeñas concentraciones de glifosato podían producir efectos negativos en la morfología de los embriones, pudiendo impedir su normal desarrollo. En este escenario, se sostenía además la necesidad de limitar de manera inmediata el uso del herbicida e investigar acerca de sus posibles impactos en el largo plazo.

Lo ocurrido tras la publicación de los resultados en el artículo periodístico forma parte de una historia conocida: discusiones y acciones de protesta se sucedieron acerca de la toxicidad del glifosato, dando lugar a la emergencia de una polémica pública sobre el trabajo realizado por Carrasco y sobre los impactos ambientales, sociales, políticos y culturales de la implementación masiva del paquete tecnológico vinculado a la producción de soja transgénica.

Partiendo de las herramientas conceptuales presentadas, se destacan en este conflicto socioambiental al menos dos cuestiones centrales. Por un lado, cómo la conflictividad se configura a partir de que un elemento químico utilizado en una práctica productiva agraria empieza a definirse como riesgoso. Esta definición involucra, además, la participación de distintos actores que, en base a sus experiencias y conocimientos, dan forma a un problema ambiental que no existe a priori, sino que es socialmente construido como tal. En este sentido, se observa cómo los habitantes de los territorios afectados, ubicados en inmediaciones de las plantaciones de soja transgénica, comenzaron a notar afecciones varias a la salud vinculadas con problemas respiratorios, abortos espontáneos, malformaciones en recién nacidos y enfermedades cancerígenas estableciendo relaciones con dicho elemento. Un caso testigo es el ocurrido en el Barrio Ituzaingó Anexo, en la provincia de Córdoba, cuando médicos y vecinos comenzaron a percibir una atípica cantidad de esas afecciones en la salud de los vecinos. Debido al intensivo incremento de las fumigaciones en las inmediaciones del barrio (incluso sobre casas y escuelas), para los damnificados la vinculación entre las afecciones a la salud y las aspersiones con glifosato no tardó en llegar.

Una situación similar se registró en las principales provincias sojeras argentinas, como Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y Buenos Aires, donde la producción de este cultivo transgénico había comenzado a crecer de manera exponencial durante la primera década del nuevo milenio. Ahora bien, hasta entonces se habían elaborado aquello que Callon, Lascoumes y Barthe (2001) denominaron como presunciones, para referirse a una etapa en la que las afecciones son identificables, descriptibles y se asocian a una causa, pero no se dispone de pruebas que corroboren dicha asociación. En este escenario, profesionales de la salud y vecinos comenzaron a organizarse, a cuestionar la utilización de herbicidas como el glifosato y a reclamar mayor información, poniendo en marcha un proceso que Brown (1987) denominó tempranamente como epidemiología popular. Ante la falta de información epidemiológica tradicional, pusieron manos a la obra para estudiar el desarrollo epidémico y los impactos de las enfermedades registradas entre la población.

El foco en el proceso de construcción social del glifosato como riesgoso permite desplegar, entre otras cuestiones ligadas a los conflictos y sus contextos, el carácter heterogéneo de los actores sociales involucrados en ellos. En este caso, vemos que a las acciones de protesta se suman tanto vecinos de zonas afectadas, miembros de organizaciones ambientalistas y profesionales de múltiples áreas del conocimiento, como médicos, químicos, ingenieros agrónomos o biólogos. Incluso han emergido redes de profesionales, como la Red Universitaria de Ambiente y Salud / Médicos de pueblos fumigados, fundada en 2010 y conformada por profesionales, científicos, miembros de equipos de salud humana y demás estudiosos. Ahora bien, además de la identificación de una amplia base social, de conocimientos y territorial asociada a esas acciones y protestas, es posible notar una cuestión clave: que las discusiones que atraviesan los conflictos socioambientales no se dirimen entre expertos, sino que son sostenidas por grupos que cuentan con distintos tipos de experticias y criterios de legitimación de experiencias y conocimientos.

Mientras el foco en la construcción social del riesgo permite identificar y caracterizar actores, conocimientos y argumentos en tensión, las herramientas conceptuales provenientes de los Estudios sobre Protesta y Movimientos Sociales abren el análisis hacia las características y particularidades que presentan las formas en que se implementan los reclamos y las dinámicas de los conflictos. Por ejemplo, son de relevancia para abordar la emergencia de colectivos ambientalistas, como “paren de fumigar”, y los más amplios procesos de discusión de la bioeconomía (Arancibia, 2013).

Asimismo, en el marco de este conflicto socioambiental, han emergido discusiones sobre elementos constitutivos de los episodios contenciosos, como el rol del Estado y las políticas públicas y, en términos más generales, los modelos de desarrollo que se encuentran en juego. Un ejemplo del rol de la(s) política(s) en el devenir del conflicto es posible rastrearlo en relación con el proceso de aprobación de la soja transgénica. La incorporación de la soja transgénica resistente al glifosato se aprobó en Argentina a comienzos de 1996. Sin embargo, no fue sino hasta después de una década que ganaron visibilidad pública los cuestionamientos a la decisión tomada por el entonces secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Felipe Solá, tras la publicación de una investigación realizada por el periodista Horacio Verbitzky en Página/12 el 26 de abril del 2009. En el marco del revuelo generado por la divulgación de los estudios sobre la toxicidad del glifosato conducidos por Carrasco, Verbitzky rastreó el expediente administrativo que dio el visto bueno para la siembra de soja transgénica en Argentina y encontró irregularidades^[2]. Una década más tarde los impactos de la decisión adquirió visibilidad en un escenario signado por al menos tres elementos de relevancia: 1) el avance del monocultivo de la soja transgénica; 2) la aspersión de millones de litros de glifosato en el ambiente; y 3) las identificadas afecciones sobre los ecosistemas y la salud de la población.

Los cambios en las formas de producción agraria a gran escala en Argentina durante las últimas décadas están vinculados con la implementación de tecnologías que tienen en su epicentro al denominado paquete de soja transgénica, conformado por la siembra directa (que elimina los procesos de preparación del suelo previo al cultivo); la utilización de organismos genéticamente modificados (en el caso de la soja se destaca la incorporación del gen resistente al glifosato) y la aplicación de herbicidas de amplio espectro. La incorporación de este paquete a la producción agraria ha ido conformando un nuevo paradigma en torno al proceso denominado como “sojización” que impulsó múltiples resistencias. Ahora bien, además de cuestionamientos específicos que apuntan a la expansión del monocultivo, la promoción de transgénicos como alimentos, el corrimiento de la frontera agraria y los usos del suelo, han emergido críticas que vinculan a este proceso con la “renuncia a la soberanía alimentaria, o, en otro nivel, a la posibilidad de independencia y desarrollo tecnológico, vista la tendencia a producir sólo commodities para la exportación y no productos con mayor valor agregado” (Savmpa, 2012: 234) que deriven en un desarrollo local.

La conflictividad socioambiental en torno a estas, entre otras tecnologías asociadas a componentes y procesos de la industria agropecuaria, continúa vigente. Incluso se han multiplicado, los últimos años, los colectivos de base territorial que denuncian y activan movilizaciones sociales, con distintos niveles de convocatoria y trascendencia, explicitando cuestionamientos concretos (contaminación de napas de agua, incremento de enfermedades, etc.) de la mano con la identificada expansión de la frontera agraria. En todo caso, estos conflictos, en sus distintas modalidades de acción, especificidad de sus reclamos y particularidades de sus territorios, son tan constitutivos como refuerzan el status de lo ambiental como problema a partir de argumentos sobre prácticas, lógicas productivas, tecnologías aplicadas e insumos y demandas sobre derechos y salud colectiva.

Caso 2: minería transnacional y neoextractivismo

Los proyectos de extracción de oro y plata impulsados por la empresa canadiense Meridian Gold, mediante la subsidiaria local Minera El Desquite, tomaron estado público durante 2002, y alertaron a vecinos y organizaciones ambientalistas de la provincia patagónica de Chubut que comenzaron a organizarse para el resistir el emprendimiento. En el marco de la realización de movilizaciones y creciente presión social sobre las autoridades locales, se llevó a cabo en marzo de 2003 un plebiscito que arrojó como resultado que el 80% de los votantes estaba contra los proyectos mineros. Caracterizado en términos de “plebiscito histórico en Chubut”, el diario Clarín destacó, en su edición del 24 de marzo del 2003, el “no rotundo de los vecinos de Esquel a la mina de oro”, e hizo públicas las decisiones, por un lado, de la empresa Meridian Gold de rever el proyecto; por otro lado, del intendente local de cambiar su postura y anunciar que “no permitiría la instalación de la mina”^[3].

Las preocupaciones que derivaron en la presión sobre las autoridades locales y el plebiscito tuvieron origen en las características del proyecto: minería metalífera a cielo abierto, de gran escala que implicaba la utilización de grandes cantidades de agua y sustancias químicas durante el proceso de lixiviación (extracción de materias solubles; es decir, proceso mediante el cual “limpian” los materiales en los que están interesados). En el marco de los crecientes cuestionamientos, se dio a conocer, además, un estudio de impacto ambiental (requerido para avanzar hacia la fase de explotación minera), que impulsó a las resistencias al proyecto. Ante la considerada circulación de información contradictoria y poco clara respecto las actividades mineras estipuladas, sus posibles impactos ambientales, y ante la inminente realización de una audiencia pública que posibilitaría continuar hacia la etapa de explotación, habitantes de Esquel organizaron reuniones informativas entre conocidos, familiares y miembros de asambleas vecinales para adentrase en los pormenores de la propuesta. De acuerdo con Walter, si bien al comienzo no existía un consenso establecido contra las actividades mineras, “luego de un período de análisis y discusión, una Asamblea de 600 vecinos vota unánimemente por posicionarse contra el proyecto minero, conformando así la Asamblea de Vecinos Autoconvocados (AVA) por el No a la Mina” (2008: 22).

A partir de las discusiones que se daban en el marco de la flamante Asamblea de Vecinos, los argumentos contra las actividades mineras se especificaron y ampliaron. Mientras que en un primer momento definían riesgos en torno al uso de cianuro (para los procesos de lixiviación de materiales), luego fueron tomando forma otros en clave de impactos en la economía local y las dinámicas socio-culturales de la región. El mapa de los riesgos definidos en el marco de los reclamos y protestas, y de los actores vinculados a esas definiciones (y paralelamente caracterizables a partir de ellas) se fue extendiendo. En este escenario, según Walter (2008), emergieron pedidos por: 1) la prohibición del uso de cianuro; 2) que el gobierno municipal de Esquel dejara de apoyar los proyectos mineros; y 3) la realización de una consulta popular no vinculante. En cuanto a las características constitutivas de la Asamblea, se destacó la heterogeneidad de sus participantes, encontrándose entre ellos activistas ambientalistas, vecinos de las zonas posiblemente afectadas, profesionales del sector público y privado (médicos, químicos, geólogos, etc.) y referentes políticos. Como señala Marín, se registró entre los vecinos de Esquel “un modo de accionar conjunto en el que no existían distinciones de clases sociales, partidos políticos, sindicatos, junta vecinal, etc. Así, se fue perfilando una agrupación de carácter heterogéneo y multiclasista” (2009: 183).

La paralización del proyecto en 2003 es considerada como una de las mayores victorias de los movimientos ambientalistas en Argentina. Pero ¿qué significa eso? Para entender esa apreciación general de este conflicto socioambiental ayuda retomar algunas categorías de los Estudios Sobre Movimientos Sociales elaboradas para pensar lo que denominan como consecuencias y resultados de la acción colectiva. En ocasiones, como el ejemplo analizado, los impactos se vinculan de manera directa con los reclamos, siendo pasibles de ser considerados en términos de resultados. En otros casos, las consecuencias van “más allá” de los reclamos específicos (es decir, ocurren cosas que no estaban previstas o no formaban parte de los reclamos explícitos), y se relacionan con múltiples dimensiones, que pueden ser políticas, económicas o culturales, entre otras de relevancia (ver Snow et al., 2019). Por ejemplo, autores como Merlinsky (2022: 77-109) reparan en esta dimensión no menor de los conflictos ambientales y la retoman en términos de “productividad”. En este sentido, la autora identifica algunas dimensiones clave como la productividad territorial (vinculada a cambios en las formas de comprender el espacio), jurídica (vinculada con la sanción de normativas) o institucional (vinculadas a impactos en las políticas públicas) de los conflictos. En el caso analizado, como parte de estos resultados se sancionó la Ordenanza Municipal 33/03 que declara a Esquel “Municipio no tóxico y ambientalmente sustentable”, así como también la ley provincial XVII-Nº 68 (Antes Ley 5001), estableciendo la prohibición de “la actividad minera metalífera en el ámbito de la Provincia de Chubut […] en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera”. Según lo expuesto, esta ordenanza es pasible de ser pensada como parte de la productividad jurídica del conflicto en cuestión.

Asimismo, estas protestas han creado terreno y sentado bases para futuras resistencias. Por ejemplo, durante los últimos años se intentó reactivar las actividades mineras en Chubut. Sin embargo, éstas fueron resistidas por poblaciones locales que, apoyadas en victorias previas, pusieron en circulación know how adquirido en episodios contenciosos pasados que las enmarcaron como prácticas neoextractivistas. Como señala Svampa (2019), la noción de neoextractivismo es una categoría analítica con potencial descriptivo y explicativo, que permite pensar múltiples dimensiones y escalas en los conflictos. Mientras que “la dimensión histórico-cultural del extractivismo está vinculada a la invención de Europa y la expansión del Capital”, “el neoextractivismo contemporáneo puede ser caracterizado como un modelo de desarrollo basado en la sobreexplotación de bienes naturales, cada vez más escasos, en gran parte no renovables, así como en la expansión de las fronteras de explotación hacia territorios antes considerados improductivos desde el punto de vista del capital. El mismo se caracteriza por la orientación a la exportación de bienes primarios a gran escala, entre ellos, hidrocarburos (gas y petróleo), metales y minerales (cobre, oro, plata, estaño, bauxita, zinc, entre otros), así como productos ligados al nuevo paradigma agrario (soja, palma africana, caña de azúcar)”. En relación con este caso de estudio, destacamos que, por un lado, la categoría de neoextractivismo efectivamente permite analizar múltiples dimensiones del conflicto socioambiental (actores que intervienen, sus vinculaciones con diversas esferas del Estado –local, provincial-nacional-, el rol del Capital y las empresas nacionales y transnacionales, etc.). Pero destacamos, también, que la misma constituye un marco interpretativo poderoso y con potencial movilizador que suele poner en juego los actores resistentes. Un marco interpretativo en el que se apoyan muchos de sus reclamos específicos y sus cuestionamientos o problematizaciones respecto de las agendas políticas, en general, y ambientales, en particular, que evidencian su condición de problema.

Caso 3: “No a las papeleras”

En mayo de 2006, mientras una veintena de jefes de Estado y de Gobierno ultimaban detalles para la realización de la foto de cierre de la cuarta Cumbre de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, la entonces reina del Carnaval de Gualeguaychú, Evangelina Carrozo, irrumpió en la escena y se paseó ante los mandatarios alzando un cartel con la leyenda “basta de papeleras contaminantes – no pulpmill pollution”. La leyenda, buscaba llamar atención sobre un reclamo que los vecinos de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú sostenían desde hace tiempo: no querían la instalación de plantas productoras de pasta de celulosa en la vera del Río Uruguay. La imagen, que recorrió el mundo, contribuyó con la consolidación en la agenda pública argentina de un conflicto que había comenzado años atrás y daría un nuevo impulso a la visibilización a la conflictividad ambiental a escala nacional.

Las primeras voces de oposición se registraron desde 2002, cuando tomó estado público un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que hacía referencia a las intenciones de instalación de plantas productoras de celulosa (de aquí en adelante “papeleras”, en alusión a la denominación utilizada por los actores resistentes) por parte de las empresas vinculadas con el grupo finlandés Botnia y el grupo español ENCE en la localidad uruguaya de Fray Bentos. Desde entonces, vecinos autoconvocados de la ciudad de Gualeguaychú (provincia de Entre Ríos, colindante con la uruguaya Fray Bentos) y miembros de organizaciones ambientalistas de Argentina y Uruguay comenzaron a expresar públicamente su rechazo a la instalación de las papeleras.

Como señala Vara (2007), los reclamos en torno los proyectos de instalación de las papeleras no se cerraban en una “oposición taxativa a la producción de papel”, sino que aquello que se encontraba en disputa era la localización de un complejo industrial con potencial contaminante percibido como riesgoso e indeseable. El riesgo, además de hacer confluir actores heterogéneos y acciones masivas, permitía movilizar distintos argumentos en forma de reclamo: que la instalación de las papeleras impactaría negativamente en el ecosistema (afectando así al río Uruguay, su flora y fauna, la calidad del aire en la zona), que afectaría las actividades vinculadas con el turismo (pensar que se trataba de Gualeguaychú, una de las ciudades emblemas de los carnavales en Argentina), y que generaría contaminación del tipo “visual”, degradando el paisaje. En este escenario, en 2005 se realizó una movilización hacia el Puente Internacional General San Martín, que convocó entre treinta y cuarenta mil personas, y marcó uno de los hitos del conflicto que contó con la cobertura de los medios de comunicación masiva más importantes del país. Tras la movilización y las repercusiones generadas se conformó la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú.

A partir de las acciones de protesta y movilizaciones que se registraron principalmente entre 2005 y 2007, el “caso papeleras” se fue consolidando como representativo de las disputas por localización en Argentina, protestas que han sido caracterizadas en la literatura como NIMBY, acrónimo de la expresión en inglés “Not In My Back Yard”. Asimismo, es posible considerar este caso representativo de lucha por la llamada justicia ambiental, en tanto uno de los argumentos centrales esgrimidos para rechazar la instalación se apoya en la identificada inequitativa distribución de riesgos y beneficios atribuida a la instalación de las papeleras. Este enmarcado de la disputa como una lucha por la justicia ambiental conforma un ejercicio activo e interpretativo que impulsa, además, las resistencias y voces disidentes. De acuerdo con lo sostenido por las asambleas ambientalistas en Argentina, mientras que del lado uruguayo se haría usufructo de beneficios económicos (creación de puestos de trabajo, impulso a la construcción, comercio local, etc.), los vecinos de Gualeguaychú lidiarían con los riesgos de una instalación con potencial contaminante. Igual argumento esgrimió el entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, quien tras una reunión con gobernadores señaló que las empresas responsables del proyecto “cuidan la polución en sus países de origen pero contaminan al sur”, y que “No pueden traernos como solución de nuestros males la creación de puestos de trabajo a costa de nuestra degradación ambiental”.

Si bien las primeras discusiones de los años ochenta en torno a la llamada justicia ambiental, principalmente en los Estados Unidos, pusieron foco en la inequitativa distribución de riesgos y beneficios ambientales relacionados con la raza y la clase social, los tópicos comenzaron a ampliarse a medida que este movimiento se fue haciendo extensivo hacia otras regiones, adquiriendo características particulares en diferentes contextos. Por ejemplo, según Reboratti, en América Latina la relación con el territorio adquiere un plus de importancia para comprender la noción de justicia ambiental, en tanto “no solamente refiere a problemas raciales o de minorías económicamente definidas, sino que tiende a identificar grupos que son definidos más bien territorialmente que socialmente” (2008: 102). La conformación del colectivo de actores que intervino en el caso papeleras da cuenta de esta característica.

En otro orden de ideas, y en relación con la tercera dimensión analítica del caso a subrayar, se destaca la participación activa del gobierno nacional en el conflicto, con la intervención directa del entonces presidente. Por aquel entonces Kirchner intentó convencer a su par uruguayo, Tabaré Vázquez, para que frenara la construcción de la planta, al tiempo que devino un actor clave no sólo para impulsar las denuncias en tribunales internacionales, sino también para impulsar la visibilidad de la disputa a nivel nacional. En este sentido, Cortassa, Wursten y Andrés (2013), señalan dos aspectos clave para caracterizar este conflicto socioambiental como “hito” en relación a conflictos de este tipo sucedidos en el país: por un lado, la magnitud de la resistencia ciudadana, que implicó movilizaciones masivas y cortes de rutas (especialmente durante 2005 y 2007); por otro lado, el carácter binacional del conflicto, que incluso derivó en una querella que Argentina impulsó en 2006 contra Uruguay en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, al tiempo que solicitó la paralización de las obras de construcción hasta la resolución judicial.

La resolución de la vía judicial del conflicto llegó en 2010, con el fallo de la Corte: se dictaminó que, si bien Uruguay no cumplió con los compromisos asumidos en relación con el Estatuto del Río Uruguay (al no consultar y acordar con Argentina), no se habían encontrado razones para el cese de actividades de Botnia, en tanto los estudios realizados no han arrojado resultados compatibles con una contaminación ambiental. Pero más allá de esa resolución judicial, el conflicto reforzó, a partir de la movilización social masiva y sostenida y de los argumentos que en ella se esgrimieron, una lógica de problematización de lo ambiental que se extendía en actores, así como en escenarios de visibilización y búsqueda de soluciones.

Algunas consideraciones sobre movimientos sociales y riesgo en la conflictividad social en Argentina

Henri Acselrad sostiene que en las últimas décadas toman forma nuevos conflictos articulados en torno a prácticas que se consideran ambientalmente benignas o productoras de deterioro. Y agrega que, en esos conflictos, diferentes actores sociales ambientalizan sus discursos fundamentando acciones colectivas que cuestionan patrones de apropiación del territorio, de sus recursos o de la distribución de poder sobre ellos (2010). Argentina no es ajena a este proceso. Desde finales de la década del setenta, los conflictos socioambientales vinculados, principalmente, a procesos agroproductivos, extractivos e industriales comenzaron a ganar relevancia. Estos conflictos, como ha señalado buena parte de la bibliografía en torno a ellos, poseen características específicas. Entre ellas, se destaca su carácter heterogéneo y variable en cuanto a la representación de identidades y modelos de acción escogidos para llevar adelante los reclamos, además de que no suele responder a intereses de clase (Merlinsky, 2013). Por otra parte, es una conflictividad promovida por actores que cuentan con la capacidad para definirse tanto a sí mismos como a su campo de acción y que, en ese sentido, contribuyen a la producción un “espacio público intermedio” (Melucci, 1999), es decir que crean condiciones materiales y simbólicas para que los reclamos sean escuchados. La bibliografía da cuenta, además, de que con la llegada del nuevo milenio, estos conflictos aumentaron su recurrencia, en consonancia con la emergencia de nuevas prácticas extractivistas y la relevancia que fue ganando el problema ambiental en las agendas públicas en el país y la región, inscribiéndose en un escenario que ha sido caracterizado como un ciclo de protesta ambiental (Vara, 2012).

Reconociendo como punto de partida esas características y escenarios, las herramientas propuestas para abordar los conflictos socioambientales elegidos nos permiten identificar algunos elementos comunes que contribuyen a la comprensión de estos conflictos. Uno de esos elementos, que aparece en los casos presentados como categoría de argumentación en las disputas, así como herramienta analítica de la misma, es el riesgo. El uso de nuevas sustancias químicas (como el glifosato) en el marco de determinadas producciones agrarias, o el desarrollo de explotaciones mineras con la aplicación de químicos, suponen transformaciones tecnológicas en ambas actividades. Pero supone también nuevas incertidumbres en cuanto a sus efectos sobre el ambiente y la salud humana que asume, en los lenguajes de los conflictos, distintas valoraciones. Los límites de la toxicidad de una sustancia química que se vierte en la tierra y el agua establecidos según los parámetros de los organismos regulatorios o según la casuística de enfermedades reveladas por la epidemiología popular revelan esas distintas valoraciones. Y revelan, también, distintas lógicas de clasificación que redundan en posicionamientos respecto de las actividades, así como de un lado o del otro del conflicto. El mismo status asume el residuo industrial vertido a un río por la fábrica de papel: ¿quién y cómo determina que la contaminación de las aguas constituye un riesgo para la salud humana y el ambiente? ¿Cuál es la determinación que asume legitimidad en términos políticos? ¿Qué nos informa ello de las dinámicas específicas del conflicto?

Otro de los elementos en común presente en estos casos es la acción colectiva y la creciente participación de movimientos sociales definidos en clave ambiental, conformados por actores heterogéneos que, apoyados en aprendizajes previos, promueven la acción directa y se organizan mediante estructuras de participación flexibles. Estas estructuras posibilitan, asimismo, el ejercicio de la democracia en los procesos de toma de decisiones vinculados al desarrollo y resolución de los conflictos. Ahora bien, dicha acción directa no se limita únicamente a la protesta en el espacio público (como movilizaciones, cortes de ruta, toma de espacios, etc.), sino que suele ir de la mano de la implementación de acciones judiciales y de otro tipo de esfuerzos coordinados en pos de impulsar la visibilidad de los reclamos en las esferas públicas y promover consecuencias y resultados varios. Algunos ejemplos concretos se desprenden de los casos revisados, y se vinculan con la sanción de leyes que prohíben o restringen actividades mineras, así como también prácticas vinculadas con la aspersión de herbicidas en procesos de producción agrícola que siguen emergiendo y se han multiplicado en los últimos años.

Sin embargo, las consecuencias y resultados de los conflictos socioambientales no se agotan en los reclamos específicos. Como muestra la literatura, estos impactan en varias dimensiones, desde la toma de decisión sobre determinados procesos tecnológicos (como el cese de desarrollo o implementación de una tecnología), cambios en legislaciones (como el establecimiento o derogación de normativas) e incluso en las formas del propio hacer colectivo de reclamos. Por ejemplo, en relación con este último punto, tanto en Argentina, como en América Latina, los movimientos socioambientales se han apoyado en trayectorias, recursos y estructuras de reclamo construidas a partir de experiencias previas sostenidas -entre otras- por movimientos indígenas, movimientos por los derechos humanos o los movimientos territoriales urbanos y rurales (Svampa, 2012).

Los enfoques propuestos para el análisis de los conflictos socioambientales nos permitieron destacar otro elemento que les es común. Este tiene que ver con el rol de los conocimientos, saberes y experticias pasibles de ser identificados en su conformación y devenir. Se observa en los casos revisados que, en los procesos de discusión pública sobre prácticas y/o tecnologías conceptualizadas como riesgosas, no intervienen actores aislados. Estos procesos son sostenidos por grupos heterogéneos que cuentan con diversos conocimientos, saberes y experticias. El conflicto en torno a la soja transgénica y el glifosato es quizás el más ilustrativo de esta dimensión, en tanto participan actores vinculados tanto con centros de investigación, universidades, la salud pública, la producción de alimentos o saberes tradicionales, entre otros de relevancia. Se trata, además, de un eje de análisis que ha ganado centralidad para el análisis de los conflictos socioambientales, en consonancia con el creciente rol destacado que han ocupado los desarrollos científico-tecnológicos en la actualidad. En este escenario, esta dimensión ha sido problematizada desde el campo de los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, que han abordado, de forma transdisciplinar, los procesos de construcción, validación, transmisión de conocimientos y su rol en controversias y episodios contenciosos. Sobre este punto, nos interesa llamar la atención sobre el conocimiento experto, en tanto estos trabajos no sólo demuestran que es dinámico y socialmente construido, sino que también circula y es utilizado tanto por los actores resistentes como por los promotores de los emprendimientos resistidos (Hess, 2016).

En síntesis, las herramientas conceptuales presentadas permiten abordar distintos aspectos que hacen a los conflictos socioambientales aportando tanto a su comprensión particular como a la construcción de corpus de base empírica que contribuyan a análisis comparativos o transversales. Estos aspectos tienen que ver con los actores que participan en esos conflictos, su heterogeneidad, acuerdos y disensos en torno de los reclamos, la circulación de conocimientos que son dinámicos y socialmente construidos, así como apropiados y puestos en tensión, los valores y posicionamientos que se ponen en escena y, sin agotar en este listado esas variables de análisis posibles, los procesos de construcción social de determinadas prácticas y/o tecnologías como riesgosas. En todo caso esta comprensión, sea de un conflicto concreto o sea de parámetros que atraviesan a muchos de ellos, es clave también para entender como la conflictividad es constitutiva al mismo tiempo que alimenta, con categorías, argumentos, preocupaciones y cuestionamientos, las definiciones de lo ambiental como problema.

Bibliografía

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