Carmen Chinas

Está muy fuerte lo que van a ver, le quitaron el rostro a su compañero, prácticamente lo hicieron cuando él estaba con vida todavía”.
Dice: “Lo torturaron, fue una tortura muy tremenda”.

 

Antillón Najlis, 2018

Resumen

Este trabajo se centra, principalmente, en el proceso legal que se llevó a cabo en México con relación a la desaparición de 43 estudiantes normalistas de la Escuela Rural “Raúl Isidro Burgos”, ocurrida en septiembre de 2014, la respuesta inicial de autoridades locales ante el señalamiento de desaparición forzada y la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, atendiendo el reclamo de los familiares, instó al gobierno de México a establecer el paradero de los 43 futuros maestros, preservar su derecho a la vida y la integridad personal. Asimismo, pondera los aportes que realizó a la investigación el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) desde una perspectiva de derechos humanos y centrada en las víctimas, asumiéndolo como un proceso que resulta inédito en la historia de la legislación mexicana en materia de crímenes contra los derechos humanos, algo que, sin embargo, no ha resultado suficiente para dar con el paradero de las víctimas ni responder a las demandas de justicia de sus familias.

Abstract

This paper focuses on the legal process that took place in Mexico concerning the disappearance of 43 students from the “Raúl Isidro Burgos” School in September 2014, the initial reactions of the local authorities, and the intervention of the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) which, responding to the claim of the victims’ relatives, urged the Mexican government to establish the whereabouts of the 43 students, preserving their right to life and integrity. The paper also considers the contributions made by the Interdisciplinary Group of Independent Experts (GIEI in Spanish) from a human rights and victims-focused perspective, which is an unprecedented process in the history of Mexican legislation on crimes against human rights. Nevertheless, these contributions, and the compromise of the new government of Manuel López Obrador in terms of strengthening the human rights policies, have not been enough to find the victims nor to respond to the demands for justice of their families.

Las desapariciones en los setentas

La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que se utilizó de manera recurrente en el contexto de dictaduras latinoamericanas como mecanismo de terror y control de población por parte de regímenes militarizados de Centro y Sudamérica. En el caso de México, si bien no hubo gobiernos de corte militar en las décadas de los sesenta y setenta, la desaparición forzada también fue un mecanismo de persecución hacia las personas que reivindicaron la lucha armada, la guerrillera o el pensamiento político de izquierda. El Estado mexicano nunca reconoció que existiera desaparición forzada, pero los colectivos de familias, como el Comité Eureka, denunciaron ante instancias internacionales esa práctica como medida de represión.

La desaparición forzada se erigió en una práctica dirigida hacia un sector de la población: activistas y guerrilleros. De acuerdo con Bonilla (2015), del primero de enero de 1969 al 13 de septiembre de 1999, se registró la desaparición forzada de 480 personas en 17 entidades de la república; en el 62% de los casos (296), elementos del ejército mexicano estuvieron involucrados; 61% de las desapariciones (293) ocurrieron en el estado de Guerrero, 9% en el Distrito Federal (44), 8% en Jalisco (38) y 5.4% (26) en Sinaloa (Bonilla, 2015).

Para Zamora (2009), el ataque contra los guerrilleros fue sistemático y cubrió todos los planos. No solo se recurrió al argumento jurídico para fincar la persecución contra los militantes de la guerrilla, sino que la descalificación ideológica también jugó un papel importante. Se tildó de “amenaza roja” a los grupos armados como expresión de las fuerzas transformadoras, y se ligó la lucha de los guerrilleros con intereses ajenos que buscaban arruinar al país.

Por su parte, la investigadora Leticia Carrasco, especialista en el tema de la guerrilla y desaparecidos en Jalisco, en entrevista con Díaz Betancour (2006) señala, respecto a la indagación sobre los guerrilleros de El Zapote (nueve jóvenes que se unieron a las fuerzas revolucionarias y están dentro de la lista de los desaparecidos de Guadalajara), que el relato de sus acciones “documenta la responsabilidad que el Estado tenía en su política de exterminio a la guerrilla tanto urbana como rural, y la responsabilidad del Ejército y de las corporaciones policiacas y organismos paramilitares creados para este fin” (Díaz Betancourt, 2006).

Si no existía reconocimiento por parte de las autoridades mexicanas sobre la práctica de la desaparición de personas, tampoco había un mecanismo legal para atender los casos de los sesenta, setenta y principios de los ochenta. Cuando surge la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 1990, la Secretaría de Gobernación le entrega los expedientes, se abre en la CNDH una investigación que dura más de diez años y se emite una recomendación con relación a la desaparición forzada. Por primera vez hay una investigación sistemática sobre el tema, aunque diversos colectivos califican su alcance como limitado.^[1]

La Comisión Nacional de Derechos Humanos crea en 1990 el Programa Presuntos Desaparecidos, para conocer e investigar quejas relativas a personas de las que se desconoce su paradero y cuya desaparición presuntamente involucra la participación de alguna autoridad o servidor público, además de coadyuvar con los órganos de procuración de justicia en la búsqueda de los agraviados (CNDH, 2014).

En 1999 se realizó un balance sobre el programa y se clasificaron los casos documentados por la CNDH. Hasta ese momento, se establecieron 308 desapariciones en zona rural y 174 en zonas urbanas. La CNDH realizó trabajo de campo, investigaciones y documentó violaciones a derechos fundamentales, acciones de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Al concluir la revisión e investigación de 532 expedientes de queja sobre desapariciones forzadas ocurridas durante la década de los setenta y principios de los ochenta, se emitió una recomendación a quien fuera presidente de la república entre los años 2000 y 2006, Vicente Fox, de otorgar garantías de no repetición y la instalación de una fiscalía especial que investigue y sancione los delitos que resulten procedentes (CNDH, Recomendación 26/2001).

Atendiendo esa recomendación, el gobierno de Vicente Fox firmó el acuerdo por el que se disponían diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, señalando entre otros argumentos que “el Gobierno de la República asumió el firme compromiso de defender y promover los derechos humanos y de combatir la impunidad” (DOF, 27/11/2001).^[2]

Derivada de dicho compromiso, se crea la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), que surge con los siguientes propósitos:

Concentrar y conocer de las investigaciones, integrar las averiguaciones previas que se inicien con motivo de las denuncias o querellas formuladas por hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos contra personas vinculadas con movimientos sociales o políticos, así como de perseguir los delitos que resulten ante los tribunales competentes y, en general, resolver conforme a derecho proceda. (DOF, 27/11/2001)

Su trabajo los lleva a presentar un primer informe sobre la situación en México con relación a la represión del Estado, el que nunca se hizo público de forma oficial. Sin embargo, se dio a conocer un primer borrador inicial a través del portal del National Security Archive, de la Universidad George Washington (2006), el cual aún puede ser consultado en su base de datos^[3] y en el que se encuentran listas con nombres y datos específicos de los desaparecidos por región del país.

La FEMOSPP se disolvió en marzo de 2007 sin haber conseguido una sola sentencia condenatoria por delitos cometidos durante los acontecimientos del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971 (Méndez, 2007).

El caso de Rosendo Radilla y la tipificación de la desaparición forzada

La inclusión del tipo penal (delito) de desaparición forzada en México deriva de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano (noviembre 2009) que se refiere a la desaparición forzada del Sr. Rosendo Radilla Pacheco. La desaparición del Sr. Radilla habría tenido lugar el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del ejército en el Estado de Guerrero, México.

En la sentencia de la CIDH, por primera vez se condena al Estado mexicano por el delito de desaparición forzada y se ordena armonizar la legislación para que se reconozcan las obligaciones de las autoridades en todos sus niveles con relación a la protección de los derechos humanos (DOF, 09/02/2010).^[4]

En el caso de Radilla Pacheco contra México,^[5] la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que los tribunales nacionales debían ejercer el control de convencionalidad, es decir que los tribunales locales y federales del Estado mexicano no deben limitarse a aplicar solo las leyes locales o federales, sino que quedan también obligados a aplicar la Constitución, los tratados o convenciones internacionales y la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La sentencia de la CIDH estableció que “[a] más de 33 años de los hechos, existe total impunidad ya que el Estado no ha sancionado penalmente a los responsables, ni ha asegurado a los familiares una adecuada reparación” (p. 2).^[6] En los resolutivos de la sentencia, el numeral 11 señala que el Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 215 A del Código Penal Federal con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero

Antes de los crímenes de Iguala de septiembre de 2014, en los que desaparecieron los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ya se había iniciado una investigación sobre desapariciones forzadas ocurridas en el Estado de Guerrero. El Poder Legislativo de esa entidad creó, en abril de 2012,^[7] una Comisión de la Verdad que presentó su informe en octubre de 2014.^[8] El texto documenta los antecedentes de la llamada “Guerra Sucia”, el registro de personas y comunidades afectadas por la violación a los derechos, la situación de familiares y sobrevivientes de desaparición forzada y diversas propuestas de medidas para la reparación integral del daño y de no repetición.

El informe de la Comisión de Verdad del Estado de Guerrero (2014) registra los casos de desaparición forzada en los siguientes términos: se daba seguimiento especial a toda persona que fuera relacionada con ideas de oposición, “el comunismo o ideas comunistas” (p. 10). No solo se trató de un “exterminio de la guerrilla” sino que la represión y exterminio fue masivo y ampliado al sector urbano, especialmente, en los estudiantes tanto en Guerrero como en otros estados, que por el simple hecho de ser estudiantes eran sospechosos de apoyar o abastecer a la guerrilla (p. 34).

El informe detalla la cantidad de entrevistas, testimonios y archivos que fueron consultados para establecer una relación de personas detenidas-desaparecidas en el estado de Guerrero y los procedimientos o mecanismos a través de los cuales se les privaba de la vida o la libertad. Destacan los llamados vuelos de la muerte que, a semejanza de las dictaduras del Cono Sur, transportaban en pequeñas aeronaves los cuerpos de las personas ejecutadas extrajudicialmente para arrojarlos al mar.

También se señala que “la represión en Guerrero, durante la Guerra Sucia, fue sistemática toda vez que queda demostrado que no se trató de represión casual o al azar, sino que se debió a un patrón regular y preconcebido, donde se utilizaron recursos públicos” (p. 43). El informe es un intento por establecer la responsabilidad del Estado con relación a lo sucedido con líderes guerrilleros, sociales y comunitarios del estado de Guerrero que fueron perseguidos por las autoridades de los diferentes niveles de gobierno al considerar que sus acciones pondrían en riesgo la estabilidad de la región. Ofrece una lista de personas que de acuerdo con datos proporcionados por sus familiares y los registros de autoridad se encuentran desaparecidas, realiza un intento por acercarse a las víctimas, presenta algunas opciones para la reparación del daño y otorgar garantías de no repetición.

La investigación oficial sobre el ataque a los normalistas de Ayotzinapa

Con relación a las numerosas agresiones que sufrieron los estudiantes normalistas de Ayotzinapa entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, al principio hubo confusión en torno a lo que estaba sucediendo, no se sabía cuantas personas habrían perdido la vida o la cantidad de estudiantes que se encontraban en condición de desaparecidos.^[9] Las primeras informaciones de los medios de comunicación respecto al caso hacían referencia a un grupo de normalistas que se encontraba en la población de Iguala, en Guerrero, esperando partir en autobuses hacia la Ciudad de México, y que fueron atacados con armas de fuego poco antes de iniciar el viaje.

Las primeras versiones entregadas por autoridades, como la Procuraduría General de la República (PGR) a través de su titular el Sr. Murillo Karam,^[10] pretendieron señalar que los normalistas, en complicidad con el crimen organizado, buscaban sabotear el informe de actividades de la presidenta de la institución municipal denominada Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en Iguala. La investigación inicial corrió a cargo de la Fiscalía del Estado de Guerero y el propio presidente de la república señaló que desde el gobierno federal se colaboraría con las autoridades locales para la investigación de los hechos.^[11] Sin embargo, los familiares de los jóvenes estudiantes, con la orientación por parte de organismos defensores de derechos humanos (Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña), acudieron a instancias internacionales para demandar la búsqueda y localización de 43 normalistas que a finales de septiembre ya se señalaban como desaparecidos.

Solo con el paso del tiempo ha sido posible establecer una línea narrativa para describir y reconstruir los hechos, tanto desde la mirada institucional como desde el trabajo sustentado en derechos humanos y atención a las víctimas de diferentes organismos que han apoyado la investigación a petición de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos.

Intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El 30 de septiembre de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió una solicitud de distintos organismos defensores de derechos humanos para que le pida al Estado mexicano proteger la vida e integridad de 43 personas presuntamente desaparecidas en el marco de los hechos de violencia que habían sucedido una semana antes en Iguala (Resolución 28/2014, medida cautelar 409-14).^[12] La CIDH consideró que la información presentada demostraba que los estudiantes se encontraban con riesgo en su vida e integridad y pidió al Estado medidas para determinar la situación y paradero de los 43, así como para proteger la vida y la integridad personal de los heridos, además de acordar las acciones que debían adoptarse con beneficiarios y representantes, e informe de los avances. Las medidas cautelares buscaban evitar un daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos humanos (punto 14 de la Resolución 28/2014).

En el texto de la resolución, la CIDH consideró que se acreditaron tres elementos para dictar las medidas cautelares: gravedad de la situación, urgencia y daño irreparable. La gravedad se fundamentaba en el uso de fuerza excesiva de autoridades estatales en los hechos del 26 de septiembre de 2014; la urgencia derivaba del hecho de que después de más de 5 días se deconocía el paradero de los 43 estudiantes, y la ausencia de medidas de protección, algo que, con el paso del tiempo, podía generar lesiones a los derechos de las personas afectadas; finalmente, la CIDH consideró que habría irreparabilidad ante el riesgo de afectación al derecho a la vida e integridad personal. Se estableció que el gobierno mexicano debería informar avances en diez días a partir de la emisión de esas medidas cautelares.

Además de la solicitud de la CIDH –que puso a andar acciones de gobierno para cumplir las peticiones–, la presión social se hizo presente expresándose inicialmente en marchas y movilizaciones; para principios de octubre los padres y familiares de los normalistas convocaron a una acción global para exigir la presentación con vida de los estudiantes, hubo solidaridad expresada de diversas maneras e incluso muchas universidades cerraron los planteles en una acción solidaria.^[13] También la Universidad de Guadalajara realizó paros de labores y emitió un comunicado en el que se exigía saber el paradero de los estudiantes, así como investigar las agresiones sufridas.^[14] Posteriormente, la movilización popular llevó a la Procuraduría General de la República a presentar resultados de las investigaciones en el mes de noviembre.

La “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR)

Cuando había transcurrido un mes y medio de la desaparición de los estudiantes normalistas, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó en conferencia de prensa los avances de la búsqueda, señalando que los jóvenes fueron detenidos por una agrupación criminal que los llevó a un basurero localizado en el municipio de Cocula, Estado de Guerrero, donde incineraron sus cuerpos utilizando llanas y basura.^[15] Como prueba se presentó una pieza dental de uno de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, Alexander Mora, en la que fue posible identificar su rastro genético y confirmar la identidad. La investigación de la PGR señalaba que autoridades municipales coludidas con el crimen organizado así como algunos policías locales habían sido los autores del crimen, y se ordenó la captura para los supuestos responsables.

Esta explicación, que se conoció públicamente como “la verdad histórica”, pretendió terminar la investigación y dar la búsqueda por concluida. Sin embargo, el relato resultó inverosímil tanto por la imposibilidad de la quema en las condiciones en que se describía por parte del procurador Murillo Karam, como por una narrativa temporal que presentaba inconsistencias. Las familias no estuvieron conformes con el cierre de la investigación, y acudieron de nuevo a la CIDH para pedir apoyo en la búsqueda de los normalistas y considerar otras líneas de investigación distintas a la única que presentó la PGR, de modo que se llegó al acuerdo para la incorporación de asistencia técnica internacional desde la perspectiva de derechos humanos dentro de las medidas cautelares MC/409/14.^[16] Así, llegaría el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para apoyar, de 2015 a 2016, la investigación sobre el caso.

El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) surgió de un acuerdo formalizado entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los representantes de las víctimas de Ayotzinapa y el Estado mexicano, y tenía por objetivo proporcionar asistencia técnica para la búsqueda de los 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa.

De 2014 a 2018, la versión de la Procuraduría General de la República se centró en intentar demostrar que los cuerpos de los estudiantes desaparecidos fueron incinerados en el basurero de Cocula, atribuyendo la responsabilidad al crimen organizado, en complicidad con la autoridad del municipio. Los expedientes de la investigación de la PGR se hicieron públicos en un portal denominado “Expediente del Caso Iguala” donde se acumularon cientos de miles de páginas de la investigación oficial,^[17] sin embargo, los jóvenes estudiantes no fueron localizados y las autoridades se concentraron en una sola línea de investigación, de hecho, el presidente de la república saliente Enrique Peña Nieto volvió a señalar, casi al término de su mandato (agosto de 2018), que los jóvenes fueron incinerados^[18] y que no había más que investigar.

Hallazgos del GIEI

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estuvo en México un año, entre 2015 y 2016, y presentó los avances de su trabajo en dos informes de actividades. Su primer informe, de septiembre de 2015,^[19] destaca la falta de rigor con que se siguieron las investigaciones por la PGR y señala la imposibilidad de incinerar 43 cuerpos en el basurero de Cocula, “[…] el GIEI se ha formado la convicción que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula” (p. 156).

En el primer informe del GIEI (documento de 560 páginas) se realizó una amplia descripción de los hechos de septiembre de 2014, el contexto en que sucede la llegada de los normalistas a la población de Iguala, la toma de autobuses por parte de los jóvenes, en los que se trasladarían a Ciudad de México para participar de una marcha en recuerdo de la represión estudiantil de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. En el documento, los hechos se describen como de “reacción extremadamente violenta y carácter masivo del ataque” (p. 321), a la vez que se desarrolla la versión de las autoridades mexicanas (Procuraduría General de la República) sobre el supuesto destino de los normalistas. Además, se aborda el proceso de investigación y búsqueda que había hasta ese momento, la experiencia de los familiares y las víctimas, se analizan las posibles causas de los hechos, y se finaliza con una serie de recomendaciones en cuanto al proceso e investigación del caso Ayotzinapa, pero también se refiere a recomendaciones generales en torno a la desaparición de personas en México.

En este primer informe se destacan también las pocas posibilidades de acceso a la justicia del grupo de familiares de los 43, pues, dado su origen campesino, las condiciones de pobreza en que se encuentran, y que muchos de ellos vienen de comunidades indígenas en condición de pobreza extrema, exclusión y marginación social, difícilmente podrían acceder a los procedimientos judiciales que parecieran estar reservados a quienes tienen los recursos para pagar asesoría. El informe señala que los padres y familiares de los 43 han podido mantener la exigencia y búsqueda de justicia por su capacidad de mantenerse juntos y actuar como un colectivo, la solidaridad y acompañamiento de los movimientos sociales e instituciones de derechos humanos que, dentro y fuera de México, han estado respaldando la exigencia de verdad y justicia (pp. 267 a 270; 304 a 306).

El segundo informe (608 páginas) se centra en detallar la reconstrucción de los hechos, señalar la actuación de policías estatales y del ejército con relación a los eventos de Iguala, los avances de la investigación, los peritajes de las dos principales escenas de los hechos que se conocen hasta ese momento, la búsqueda, atención a víctimas y sobrevivientes. Asimismo, se agrega un informe sobre tortura y, a manera de conclusión, se establecen una serie de recomendaciones para la implementación de una ley general sobre personas desaparecidas para México, así como los problemas identificados por el GIEI en la investigación de violaciones de derechos humanos en México.

El segundo informe se presentó en abril de 2016^[20] y los expertos casi de inmediato se retiraron del país al no renovarse el acuerdo de asistencia técnica que tenían con el gobierno mexicano. El trabajo de los expertos permitió un acercamiento y dar voz a las víctimas. En sus recomendaciones presentó algunos elementos a considerar para llevar a cabo una investigación con perspectiva de derechos humanos, a saber, mejorar la calidad y el método de toma de declaraciones, potenciar la capacidad analítica de las pruebas, realizar análisis de contexto que permitan investigar patrones y responsabilidades, evitar que las violaciones de derechos humanos se juzguen bajo el rubro de delincuencia organizada, integrar las averiguaciones que eviten la fragmentación de los proceso, promover un sistema de información periódica a las víctimas, investigar eventuales responsabilidades superiores –y no solo de autores materiales–, evitar la revictimización y criminalización de las víctimas, realización de informes médicos que se adecúen a estándares internacionales, y, finalmente, la necesidad de una actitud cooperativa frente a asistencia internacional.

El GIEI hizo hallazgos trascendentes para el caso, como la existencia de un quinto autobús que no aparecía en las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y que podría ser la razón del ataque,^[21] estableció una línea de tiempo con relación a los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 que hasta ese momento seguían siendo confusos, evidenció también la destrucción de pruebas, la falta de procesamiento y de resguardo de muchas evidencias. Su labor contribuyó a mostrar que los estudiantes no tenían vínculo alguno con grupos criminales, de hecho el informe señala que, para ingresar a estudiar en la escuela normal rural de Ayotzinapa, los jóvenes debían presentar una carta de policía donde se consignara que no tenían antecedentes penales.

Una vez que salieron del país, varios de los integrantes del GIEI realizaron una publicación conjunta para proponer una metodología de búsqueda en el contexto mexicano.^[22] En el texto llama la atención el recuento de los obstáculos que enfrentaron para el establecimiento de los hechos de Iguala:

1. La PGR nunca reconoció que se trataba de desaparición forzada y lo llama secuestro agravado, por tanto, se minimiza la responsabilidad del Estado.
2. La contaminación u omisión de las pruebas que pudo ser a propósito o de forma negligente.
3. La fragmentación de la investigación oficial.
4. La falta de acceso a información clave, de forma particular a entrevistas a miembros del ejército.
5. La PGR y las autoridades mexicanas nunca han considerado como línea de investigación el posible trasiego de droga oculta en los autobuses, en este punto el GIEI en su segundo informe establece esa hipótesis al confirmarse la existencia de un quinto autobús que hasta antes de la investigación del grupo de expertos no aparecía en la narración de hechos de la Fiscalía de Guerrero o de la PGR.
6. Que el hallazgo de la bolsa con restos óseos en el cauce del río, en donde se encontró el molar de Alexander Mora y que se ofrece de máxima prueba para afirmar la incineración en Cocula, carece de cadena de custodia.^[23]

Mecanismo de seguimiento

Ante la salida del GIEI, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) creó el 29 de julio de 2016^[24] una instancia de seguimiento para vigilar las medidas cautelares del caso Ayotzinapa (Resolución 42/16). Dicho mecanismo presentó un plan de trabajo inicial y realizó en 2018 el balance de su ejercicio. El plan de trabajo del mecanismo especial de seguimiento para el caso Ayotzinapa señaló que se guiaría por los principios de transparencia y centralidad en la situación de los familiares de las 43 personas desaparecidas y seguimiento a las tareas iniciadas por el GIEI, señalando como objetivos específicos monitorear el avance de la investigación, asesorar y apoyar el proceso de búsqueda, asegurar la atención integral a las víctimas y familiares, e impulsar las medidas estructurales a que hubiere lugar para la resolución de este asunto y evitar su repetición.^[25]

El balance del mecanismo especial de seguimiento para el caso Ayotzinapa (junio de 2018) destacó que aún sigue pendiente determinar por parte de las autoridades mexicanas el grado de participación en los hechos de la policía federal, el ejército, las policías municipales y las autoridades estatales. Con relación a las víctimas reconoce la resiliencia y fuerza de los familiares y de las víctimas en la búsqueda de la verdad y justicia, alienta al Estado a cumplir con todas sus recomendaciones y con las del GIEI.^[26]

En su Informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa de noviembre de 2018, la CIDH señala la falta de consignación por el delito de desaparición forzada, y que debe seguirse investigando la línea que estableció el GIEI sobre el posible trasiego de drogas en autobuses de pasajeros. En este sentido, el informe afirma que

La Comisión considera importante seguir investigando estas líneas de autobuses con la finalidad de encontrar elementos de prueba que fortalezcan la línea de investigación respecto al uso de líneas de autobuses para el trasiego de drogas y la relación que ello pueda tener con la desaparición de los estudiantes. (p. 105, punto 258)^[27]

Ley general sobre personas desaparecidas

Nos condenaron a caminar entre los montes y meter las uñas en la tierra para buscar a nuestros desaparecidos. (Irma Leticia Hidalgo Rea, FUNDENL)

A la par de las movilizaciones nacionales en solidaridad con los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa y las exigencias de diversas instancias internacionales para avanzar en la investigación que determinara el paradero de los 43, se fue haciendo visible que en México el problema de la desaparición era grave. Para el año 2014 la Comisión Nacional de Derechos Humanos estimaba que había alrededor de 27.000 personas desaparecidas.

Gracias al trabajo de colectivos que se crearon incluso antes de 2014 en distintas regiones de México y muchos más que se fueron conformando a partir de ese momento, se puso en evidencia una crisis nacional en materia de derechos humanos, se enfatizó que no se estaba reconociendo el problema de la desaparición de personas, no existían los mecanismos legales apropiados para orientar y hacer la búsqueda, y tampoco se estaba considerando a las víctimas en los procesos que recién se implementaban;^[28] así, los grupos de búsqueda de las diversas regiones comenzaron a agruparse en un movimiento identificado como Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.^[29]

De esta manera, ante la ausencia de un marco legislativo apropiado y de la inacción por parte de autoridades, los colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos fueron un factor decisivo para crear una legislación en materia de desaparición de personas, que se puso en vigor solo en 2018, en que se inició el proceso para instrumentarla a través de distintas instancias que precisarían un protocolo homologado y recursos suficientes para hacer las búsquedas.

La ley aprobada se denominó “Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”. Esta ley constituyó un triunfo del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, el cual insistió en su implementación desde que el gobierno federal se comprometió a promulgarla en 2015. La publicación de esta ley abrió un camino en la búsqueda, reconociendo la importancia de las familias en el acompañamiento del proceso. Parte de esa experiencia se recoge en el documento “El movimiento por nuestros desaparecidos en México y su camino hacia la incidencia legislativa. Una apuesta por la esperanza”, publicado en agosto de 2018 por el Centro de Colaboración Cívica y el Senado de la República.^[30]

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (DOF, 17/11/2017) tiene, entre sus objetivos centrales, los siguientes: establecer los tipos penales en materia de desaparición forzada de personas y cometida por particulares; crear el sistema nacional de búsqueda de personas; crear la Comisión Nacional de Búsqueda y ordenar la creación de comisiones locales; garantizar la protección integral de los derechos de las personas desaparecidas hasta que se conozca su suerte, así como otorgar asistencia, reparación del daño y garantías de no repetición; y crear el registro nacional de personas desaparecidas.

En el caso de la desaparición de personas en México, la labor de los colectivos ha ido más allá de exigir a las autoridades el cumplimiento de sus funciones en materia de seguridad y de sus responsabilidades con relación a la búsqueda de las y los desaparecidos. En diversas regiones las familias son las que han tenido que tomar la iniciativa para salir a buscar en los cerros y parajes apartados, donde han localizado cientos de fosas clandestinas de las que se han recuperado cuerpos y partes de estos. El estado de impunidad e inseguridad, la falta de acceso a la justicia y la ausencia de mecanismos efectivos de búsqueda llevó a las madres y familiares a convertirse, en la práctica, en peritos forenses que se destacaron como buscadoras y rastreadoras, armando con sus propios medios los equipos humanos y materiales necesarios para intentar localizar a sus seres queridos.

Militarización de la seguridad y la llamada “guerra contra el narcotráfico”

Las fuerzas armadas de seguridad tuvieron un proceso gradual de militarización, iniciado en 2006, durante el cual la función constitucional de estas fuerzas ha sido modificada, pasando de ser garantes de seguridad nacional en términos de soberanía a tener funciones de vigilancia policiaca, inteligencia y persecución al crimen organizado, aún sin tener facultades legales para hacerlo. Esa estrategia fue conocida como “guerra contra el narcotráfico”.

Durante ese periodo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó alrededor de diez mil denuncias de abusos por miembros de fuerzas armadas durante el periodo de 2006 a 2016, por lo que se expidieron recomendaciones de organismos defensores de derechos humanos, nacionales e internacionales, que reclamaban sacar al ejército de las calles, profesionalizar a las policías civiles y atender la prevención de la inseguridad. Por ejemplo, en noviembre de 2017 se extendió la recomendación 54/2017 de la CNDH a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) al haberse acreditado violaciones a derechos humanos ocurridas contra habitantes de Tepatitlán de Morelos, en Jalisco, por cateo ilegal, detención arbitraria, tortura, violencia sexual y ejecución arbitraria.

Respecto al rol del ejército y las policías, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos observó que la estrategia implementada, y el marco legislativo orientado hacia la militarización de la seguridad, no aportaría elementos que llevaran a afrontar los retos de la inseguridad, ya que reduciría los incentivos en la profesionalización de las instituciones civiles de seguridad, favorecería un paradigma militar sometiendo a la autoridad civil al mando militar, lo que provocaría una indebida regulación del uso de la fuerza, ausencia de transparencia, posible inconstitucionalidad e inconvencionalidad, así como falta de protección y garantía de los derechos humanos.^[31]

Existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocida como caso Alvarado (2018) sobre la desaparición forzada de una familia, en el contexto de la inseguridad y violaciones de derechos humanos derivados de la implementación de esa estrategia.^[32] El cuerpo de la sentencia, que condena al Estado mexicano por desaparición forzada, explica que la participación de las fuerzas armadas habría implicado el despliegue operativo en distintas partes del territorio nacional de miles de militares que efectuaban tareas propias de las autoridades civiles, como retenes, revisiones en carreteras y caminos, detenciones, retenciones, registro de casas, individuos y automóviles, muchas veces sin tener la orden correspondiente.

En el análisis de contexto del cuerpo de la sentencia de la CIDH se abordó el riesgo de la militarización considerando la “preocupación por el creciente número de denuncias de violaciones de derechos humanos a manos de elementos castrenses en los lugares en que se encontraban desplegados para garantizar el orden público” (punto 59, p. 20) y recomendó que las tareas relacionadas con la seguridad pública y las investigaciones de denuncias de violaciones a los derechos humanos fuesen de competencia exclusiva de las autoridades civiles.

Durante el periodo comprendido entre 2006 y 2018 hubo casos documentados de uso de integrantes del ejército para la represión del movimiento social y de fuerza excesiva debidamente documentados, como el caso de Tlatlaya en Guerrero (2014) en que militares realizaron 15 ejecuciones extrajudiciales contra civiles (Recomendación 51/2014, CNDH).

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizó un informe en 2014 denominado “Seguridad Ciudadana con Rostro Humano”, en el que analiza las políticas implementadas por América Latina para la atención de la inseguridad. En el caso de México señala que las políticas de mano dura tuvieron efectos negativos, hace referencia a la llamada “guerra contra el crimen organizado”, la cual evidencia que México no logró disminuir niveles de violencia y delito en el país y que, por el contrario, hubo un aumento significativo en la visibilidad y la brutalidad de la violencia asociada al enfrentamiento entre las estructuras criminales, así como que secuestros y extorsiones se convirtieron en una parte central del escenario de inseguridad en el país. Como conclusión señala que las políticas adoptadas en México “no lograron detener los avances de la delincuencia organizada y, por el contrario, coincidieron con una severa agudización de la violencia” (PNUD, 2013, pp. 183-184).

El informe de PNUD reconoce que las políticas de mano dura para resolver los problemas de inseguridad fracasaron en el propósito de disminuir los niveles de violencia y delitos pero en cambio han tenido un impacto negativo en la convivencia democrática y el respeto a los derechos humanos:

[…] basadas en un enfoque punitivo que privilegia la represión, el aumento en la severidad de las penas y el uso de la fuerza, las políticas de mano dura han tenido repercusiones negativas, muchas de ellas inesperadas, en la seguridad ciudadana de América Latina. (PNUD, 2013, p. 200)^[33]

Una de las consecuencias de esta estrategia de seguridad es la cantidad de muertos. A este respecto, instancias oficiales han señalado que como consecuencia del contexto de violencia durante los años 2006 y 2018 perdieron la vida entre 40.000 y 60.000 personas,^[34] pero investigaciones independientes señalan que el costo en vidas de la fallida estrategia de seguridad pudo llegar a ser de 250.000 personas asesinadas.^[35] La información de 2019 a 2021 no revela una disminución significativa en la cantidad de homicidios; el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), que muestra los datos institucionales, señala que en 2019 hubo 17.776 asesinatos y en 2020 17.123, con una tasa de 13 homicidios por cada 100.000 habitantes, siendo la principal causa registrada la agresión con disparo de arma de fuego.^[36]

Desaparecidos y fosas clandestinas

En el periodo conocido como de “guerra contra el narco” la cantidad de personas desaparecidas se estimó en alrededor de 60.000^[37] y diversas investigaciones de la prensa independiente hablan de la existencia de más de 2.000 fosas clandestinas. En el trabajo de investigación periodística denominado “El país de las 2 mil fosas” ^[38] se señala que entre 2006 y 2016 fueron descubiertos casi 2.000 entierros ilegales en los que criminales desaparecieron a sus víctimas. Se destaca el hecho de que tan solo en la región de Jalisco se exhumaron, del sector llamado El Mirador en Tlajomulco de Zúñiga, 171 cuerpos de una fosa, mientras que del fraccionamiento Los Sabinos, en el Municipio de El Salto, se recuperaron 115 cuerpos a principios de 2020.

El marco de impunidad existente en el país de 2006 al momento actual, la llamada “guerra contra el narcotráfico” y la militarización de la seguridad son el contexto en que suceden las nuevas formas de desaparición forzada, que, a diferencia de la década de los setenta, en las que se podía identificar un componente claramente político, no poseen un perfil que permita identificar quiénes son las personas que han sido y pueden ser eventuales víctimas. En el clima de inseguridad que prevalece, cualquier persona puede ser desaparecida, lo que deriva en un estado general de vulnerabilidad que afecta, principalmente, a mujeres y hombres jóvenes, pues, de acuerdo con los registros o base de datos implementados después de los hechos de Ayotzinapa, el 75% por ciento de personas desaparecidas tendría entre 15 y 30 años de edad.^[39]

Verdad, memoria y justicia

Existen numerosas resoluciones judiciales sobre el caso Ayotzinapa, en este punto destaco aquellas que han ordenado ampliar la investigación e inclusive crear una comisión de verdad para estudiar a fondo lo sucedido en septiembre de 2014 con los estudiantes normalistas desaparecidos.

El Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas resolvió, en junio de 2018, el Amparo en Revisión 203/2017, 204/2017, 205/2017 y 206/2017, que fue promovido por detenidos en el caso Iguala que argumentaron haber hecho sus confesiones bajo tortura. La resolución cuestionó fuertemente la investigación de la PGR, señalando que ha sido lenta, que las víctimas no han sido consideradas, que no se apega a estándares de derechos humanos, que ha negado la inclusión de nuevas líneas de investigación distintas a la incineración en Cocula y que, por tanto, debe reponerse. Además, señala como necesario crear una comisión de verdad y justicia en la que se incluya a los familiares y a los organismos de derechos humanos que los acompañan en esta comisión.

A petición de actores institucionales, el 18 de julio de 2018, el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial, con sede en Reynosa, Tamaulipas, luego de numerosos amparos promovidos por la PGR y otras instituciones, resolvió que existía imposibilidad jurídica para crear la Comisión de la Verdad que tendría como fin investigar el caso Iguala. Se argumentó que únicamente el Ministerio Público tiene la facultad de investigar y perseguir delitos. En este sentido el primer punto de la resolución señaló que existía imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia protectora pronunciada el 31 de mayo de 2018^[40] dentro de los autos del juicio de amparo en revisión 204/2017, en relación con el apartado donde se ordenó la constitución de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia y las facultades concedidas en la investigación de delitos a dicha comisión.

De forma contraria, en septiembre de 2018, en el Amparo en Revisión 203/2017 relacionado con 204/2017, 205/2017 y 206/2017, el Tribunal Colegiado del Décimo Noveno determina que no hay imposibilidad jurídica y que sí existe un sustento legal para conformar la Comisión de Verdad. El punto 1131 precisa lo siguiente:

La referida comisión se podrá fortalecer con la integración y participación de otras organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, tales como la Organización de las Naciones Unidas, entre otras, lo cual será decisión de los representantes de las víctimas y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La sentencia reitera los señalamientos del GIEI respeto a la gravedad de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala señalando que es necesario que la sociedad se concientice sobre la extrema gravedad de las situaciones ocurridas a los 43 estudiantes desaparecidos y a las seis personas que perdieron la vida, así como a los daños provocados a los lesionados y a las familias de todos los afectados.

En 2018, se realizó el proceso electoral para la presidencia de México que tuvo como ganador a un candidato que durante su campaña cuestionó fuertemente las decisiones en materia de seguridad de los gobiernos anteriores. Andrés Manuel López Obrador resultó electo por un partido político de nueva creación llamado MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional). En septiembre de ese año, López Obrador tuvo una reunión con familiares de las víctimas de Ayotzinapa de la cual surgieron tres compromisos que asumiría en su gobierno con relación a la desaparición de los 43, a saber, que habría comisión de verdad y justicia, que su gobierno pediría ayuda en la investigación a instancias internacionales como la ONU y la CIDH, y que la administración pública en todos los niveles de gobierno debía cooperar con la investigación.^[41]

Los padres que intervinieron para informar de los acuerdos que se tomaron con el presidente electo manifestaron, en un comunicado público, que finalmente “hay una luz de esperanza para nosotros” y que

[…] es un día emblemático para todos los padres y madres que hemos sufrido juntos, hemos pasado hambre, hemos pasado frío, hemos pasado lluvia y nos hemos llenado de rabia porque no hemos tenido un gobierno que se haya preocupado por los 43 […] [ahora] sentimos una gran esperanza.^[42]

El mecanismo establecido para dar seguimiento al caso en la nueva administración pública integró una comisión en la que los familiares están presentes, son informados periódicamente de los avances y se reintegra al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes como apoyo en la investigación. El primer acto de gobierno de López Obrador fue publicar un decreto (DOF, 04/12/2018) mediante el que se instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y acceso a la justicia.

Bajo la nueva administración federal, la investigación ha sido enfocada como desaparición forzada, se reconoció la competencia del Comité de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada en México y se han capturado a algunos de los responsables de los hechos de septiembre de 2014. Con todo, desde la perspectiva de los familiares no ha sido suficiente, toda vez que lo sucedido a los estudiantes de Ayotzinapa continúa sin conocerse.

Avances recientes de la investigación sobre el caso Ayotzinapa

Desde el cambio de administración en la presidencia de la república y a partir de los compromisos asumidos por López Obrador con las familias de los 43, el proceso de investigación se ha seguido en dos momentos clave, a saber, la promulgación del Decreto Presidencial para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y al acceso a justicia, y el informe de septiembre de 2020.^[43]

Con un fuerte simbolismo por los agravios que ha representado para la sociedad la desaparición de los normalistas, el primer acto de gobierno de López Obrador –ya como presidente electo– fue promulgar un decreto por el que se instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y al acceso a justicia. Con ello se marcó, desde el discurso, una clara distancia con relación al gobierno anterior, en el sentido de reconocer la importancia de la resolución del caso y no dar por cerrada la investigación (DOF, 04/12/2018).

El decreto inicia señalando el compromiso del Ejecutivo de la república

frente a la sociedad en general y de los familiares del caso Ayotzinapa en particular, de proveer, dentro del marco de la legalidad, todo lo que se requiera para esclarecer lo que sucedió la noche del 26 de septiembre y la madrugada del día siguiente, del año 2014, en el Estado de Guerrero.^[44]

en los considerandos se señala que la desaparición de los 43 estudiantes y muerte de seis personas (entre ellos tres normalistas) trascendió en el ámbito internacional como una de las más graves violaciones de derechos humanos y que diversos organismos como el GIEI o el Alto Comisionado de Naciones Unidas cuestionaron la investigación realizada en su momento por la Procuraduría General de la República.^[45]

Mediante el decreto se instruye a toda la administración pública federal para que, dentro de sus competencias, implementen mecanismos necesarios a efecto de fortalecer el ejercicio del derecho a la verdad que los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa tienen y se establece una comisión que deberá ser integrada por familiares de los estudiantes desaparecidos, un representante de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, y de Hacienda y Crédito Público, así como por expertos profesionales y técnicos que se requieran con el propósito de conformar un equipo de trabajo autónomo interdisciplinario, que otorgue la asistencia que los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa requieran, a fin de garantizar acceso a la justicia y al conocimiento de la verdad.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) publicó en febrero de 2019 los lineamientos para el funcionamiento de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa), derivada de ese decreto presidencial.^[46] Esta comisión debiese sesionar cada mes con la presencia de las familias de los 43, o quienes ellos acuerden designar en su representación, y tendría las siguientes funciones específicas:

1. Implementar mecanismos necesarios a efecto de que las investigaciones se realicen sin sesgos, con independencia, imparcialidad y en estricto apego a la legalidad.
2. Diseñar lineamientos para la implementación de medidas de protección o de colaboración para aquellas personas que apoyen en la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de los hechos.
3. Celebrar, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, los convenios o acuerdos que permitan la asistencia y cooperación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como con cualquier otro organismo, autoridad o experto internacional que pueda coadyuvar en la investigación del caso.
4. Colaborar con las instancias encargadas de la atención a víctimas para asegurar que las víctimas y sus familiares reciban la atención a la que tienen derecho.
5. Efectuar entrevistas y diálogos con autoridades vinculadas con el caso y con cualquier persona que pueda otorgar información relacionada con él.
6. Realizar visitas a lugares e instalaciones oficiales que puedan estar relacionadas con los hechos del caso.

En consecuencia, con la instalación de la CoVAJ-Ayotzinapa, en abril de 2019 se creó un acuerdo entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para brindar asesoría y asistencia técnica a la Comisión.^[47]

En el primer informe semestral de la comisión (septiembre de 2019),^[48] se habla de incluir el concepto de justicia transicional, siendo la primera vez en un documento oficial del caso que se hace referencia a esa visión, a que la define como:

[…] toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. (p. 5)

El informe señala, además, que se solicitó una reunión con la persona titular de la Fiscalía General de la República (FGR) –antes PGR– a petición de los representantes legales de los padres y madres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa para saber sobre el seguimiento del caso, y que se han establecido tres operativos de búsqueda, georreferenciación de zonas de interés, a la vez que se busca ampliar a nuevas líneas de investigación.

El mensaje de la presidencia de la república, de septiembre de 2019,^[49] a seis años de los hechos de Ayotzinapa, reitera el compromiso para llegar a la verdad, pero no se presentan avances específicos en la investigación, de forma general se habla de liberar órdenes de captura contra aquellas personas identificadas como responsables de lo sucedido a los normalistas y que se encuentran prófugas de la justicia.

Como parte de los acuerdos de la CoVAJ-Ayotzinapa se suscribió en noviembre de 2019 uno mediante el cual se establecieron lineamientos que regirán la planeación, ejecución y evaluación de medidas de asistencia, atención y posibles reparaciones a víctimas; se retoman así el estudio y las recomendaciones del informe de impacto psicosocial del caso Ayotzinapa denominado “Yo solo quería que amaneciera”, estableciendo que aun cuando “hay dimensiones del daño a las víctimas de estos hechos que son irreparables” (p. 3) se confirma la disposición de enmendar la relación del Estado con las víctimas y reconstruir la confianza entre las partes.

Este acuerdo concreto es importante porque sería la primera vez desde 2014 que se establece una estrategia integral para atención a los familiares, diferenciando las particularidades y necesidades específicas de las familias, una ruta clara de atención a los heridos sobrevivientes, medidas urgentes si fueran necesarias para menores de edad y el establecimiento de un mecanismo para atender de forma integral y continua la salud de las víctimas que así lo requieran, incluyendo la atención psicosocial.

La CoVAJ-Ayotzinapa^[50] tuvo diez reuniones ordinarias y seis reuniones extraordinarias de 2019 a 2020, entre los acuerdos tomados en las sesiones se encuentra la decisión de crear un grupo para búsqueda en vida y en fosas, avances en las rutas de atención a víctimas, asistencia técnica internacional y retomar la solicitud de audiencia con la Secretaría de la Defensa Nacional. Las sesiones extraordinarias contaron con la presencia del presidente de la república, quien señaló su voluntad de mantenerse al tanto de los avances y refrendar la decisión de su administración de esclarecer los hechos.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) mediante acuerdo A/010/19 creó la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA) enfocada particularmente al proceso penal vinculado con los eventos que originaron la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.^[51]

Una acción que resalta en las investigaciones de la Unidad Especial de la FGR es la identificación de los restos de un normalista en un lugar distinto al basurero de Cocula donde, de acuerdo con la investigación anterior (PGR), los normalistas supuestamente habrían sido incinerados. Según la Unidad Especial de la actual Fiscalía (FGR), en noviembre de 2019 se realizó una acción de búsqueda en un punto ubicado en el Municipio de Cocula, Guerrero, conocido como “Barranca de la Carnicería”, ese lugar se encuentra a casi un kilómetro del que se refirió en la llamada “verdad histórica” de la pasada administración.^[52] En ese lugar se recuperaron 15 indicios y junto con el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se eligieron seis fragmentos óseos para enviar a la Universidad de Innsbruck, en Viena. Dicha institución informó en junio de 2020 que uno de los restos correspondía al normalista Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. A su vez, el equipo argentino dio su dictamen en el mes de julio, que fue coincidente con el informe de Innsbruck.

Esta información se comunicó a los padres de Christian directamente por el encargado de la Unidad Especial de la FGR, Omar Gómez Trejo, quien antes de dar a conocer la noticia a los medios, fue a explicar a la familia del normalista las circunstancias del hallazgo y el proceso de identificación con objeto de reducir los efectos de la revictimización.

Al presentar la noticia, el titular de la Unidad Especial señaló que este hallazgo terminó de derrumbar la llamada “verdad histórica”.^[53] La Unidad mantendría el caso abierto y se reafirmaba el compromiso por la verdad con el apoyo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes; resaltó en esa intervención que no se apresurarían resultados o conclusiones anticipadas y que se estaba preparando junto el Equipo Argentino otro envío de restos óseos a la Universidad de Innsbruck.

Por otro lado, en el informe de 2020 intervinieron el titular de la CoVAJ-Ayotzinapa y el titularde la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa. Asimismo, participaron representantes del Grupo de Expertos y Expertas Independientes, el fiscal general de la república, de familiares de los estudiantes y el presidente López Obrador.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, encargado de la CoVAJ-Ayotzinapa, señaló que las solicitudes de información que en su momento hizo el GIEI respecto a la Secretaría de la Defensa Nacional finalmente se habían cumplido y que por parte del ejército se brindó toda la información solicitada. Además, Encinas visitó junto con familiares las instalaciones del 27 Batallón de Infanteria.^[54]

El subsecretario Encinas explicó que hasta ese momento se habían realizado 30 acciones de búsqueda en campo, en las que se revisaron 270 puntos de interés en la región en seis municipios de Guerrero. En cinco de esas búsquedas se registraron hallazgos y se recuperaron cuerpos, pero correspondían a personas distintas a los normalistas. Alejandro Encinas señaló que el hallazgo del resto óseo de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre en la “Barranca de la Carnicería” marcó un importante precedente en la nueva investigación porque cuestionaba las circustancias de modo, tiempo y lugar sobre las que se fundó la “verdad histórica” que señaló al basurero de Cocula como el destino final de los 43 normalistas. En este sentido, afirmó que “la verdad histórica se ha colapsado”. Como resultado de la investigación se realizó el análisis genético de 245 cuerpos recuperados de fosas clandestinas entre 2014 y 2020 de esa región del estado de Guerrero, cuyas búsquedas han contado con el valioso apoyo de colectivos de familiares para el trabajo en campo.

Entre los avances más importantes de la Unidad Especial de la FGR se encuentra el haber liberado más de 70 órdenes de aprehensión vinculadas al caso, quizá la más importante de ellas la que se ejerció contra un alto funcionario del gobierno anterior (Tomás Zerón Lucio), quien dirigió la investigación del caso de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 y es acusado por alterar y fabricar pruebas, y por los delitos de tortura y desaparición forzada.^[55]

Compromisos internacionales

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado mexicano firmaron, en mayo de 2020, un acuerdo para la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa.

En el acuerdo internacional se estableció que el GIEI sería reinstalado con las personas que lo integraron en su primera etapa y brindaría asistencia técnica en la investigación del caso, participaría en la elaboración de planes de búsqueda, el análisis técnico y coadyuvancia en las investigaciones, el seguimiento a la implementación de posibles reparaciones para las víctimas y sus familiares, la identificación de patrones de tortura y el análisis de las garantías de independencia para la investigación.

En el informe de septiembre de 2020, el GIEI, a través de Francisco Cox, señaló que a partir de la llegada de las nuevas autoridades ha existido un cambio sustancial en la forma en cómo se trabaja en el caso Ayotzinapa, “la PGR y el Ejecutivo anterior construyeron y respaldaron un relato a partir de declaraciones obtenidas bajo tortura y la tergiversación de la verdad” (el informe se transmitió en vivo). Del mismo modo señaló como avances la investigación y judicialización de funcionarios que se dedicaron a crear y dar una información distorsionada de la realidad y ocultar el paradero de los normalistas. En este sentido, Cox señaló que el desafío es romper los pactos de silencio y encontrar el paradero de los estudiantes, que es una investigación sumamente compleja y que la digna lucha de los padres y madres debe ser reconocida, que, a pesar de la necesidad de los padres de saber la verdad, no se pueden forzar narrativas hasta que no estén corroboradas por evidencia,^[56] toda vez que no hay respuesta a las cuestiones y demandas centrales del caso: “dónde están los muchachos y una historia que incluya su paradero y destino, pero la verdad no se puede forzar”.

En octubre de 2020, México reconoció la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); el reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar las comunicaciones individuales había sido una demanda de familiares de personas desaparecidas en México, los gobiernos mexicanos anteriores no habían declarado el reconocimiento de la competencia de este comité. Con esta acción, se permite a familiares de personas víctimas de desaparición forzada acceder a vías adicionales de la justicia internacional para que sus casos puedan ser analizados. 

Consideraciones finales

El caso Ayotzinapa puso en evidencia la falta de sensibilidad de un gobierno que terminó su sexenio, el año 2018, en un contexto generalizado de violencia e inseguridad nacional. No hubo voluntad política para resolver el caso y la atención que logró tener fue gracias a la presión de los colectivos que apoyaron la lucha de las familias en la búsqueda de justicia.

Hubo miles de páginas en informes, recomendaciones y sentencias formuladas por el Grupo de Expertos Independientes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los organismos internacionales como el Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dieron cuenta de las deficiencias en la integración de la investigación oficial y la poca voluntad de poner en el centro de la atención a las víctimas y su derecho a justicia y verdad.

Ayotzinapa es una herida abierta llena de dolor porque la sociedad entera ha sido vulnerada al evidenciarse que aquellos que debieran proteger y garantizar su seguridad se encontraban coludidos con el crimen organizado e hicieron desaparecer a 43 jóvenes estudiantes sin que hasta hoy se sepa su paradero. Las consecuencias en las familias y los sobrevivientes se encuentran registradas en el mencionado informe sobre los impactos psicosociales.^[57] Sin embargo, y a pesar del tiempo, los padres, madres y familiares no han dejado de exigir avances en las investigaciones hasta saber el paradero de sus hijos, así como pedir sanciones para quienes resulten responsables.

El marco político de la desaparición de los 43 fue el del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, durante el que se cometieron graves violaciones en materia de derechos humanos en un contexto de violencia e inseguridad general en el país provocada, principalmente, por la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

Con el cambio de administración, se espera que el caso Ayotzinapa tenga la oportunidad de investigarse bajo otra perspectiva, que ponga a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares en el centro de la atención. Los compromisos asumidos por el gobierno de López Obrador alientan la posibilidad de que se establezca la verdad y con ello se ponga fin a la impunidad. La justicia es un tema pendiente para las familias de los 43 y la memoria un deber que tiene la sociedad ante crímenes de lesa humanidad, así como la exigencia de castigo a los responsables y la implementación de medidas para la no repetición.

A pesar de que el gobierno de López Obrador se haya comprometido a reconocer a las víctimas y señalar que el delito contra los estudiantes es el de desaparición forzada, que haya emitido órdenes de captura y que se hayan realizado nuevas búsquedas en campo, en un comunicado de diciembre de 2020 el Comité de Padres, Madres y Familiares afirma que, si bien reconocen avances, aún existe incertidumbre:

[…] El dolor de las y los desaparecidos continúa y no se vislumbra en lo inmediato ruta de verdad y justicia. Para nosotros es difícil afrontar estos días de tradición y convivencia familiar. En nuestra mesa yace una silla vacía y eso lacera nuestra existencia.
El presente año obtuvimos avances importantes como las 80 órdenes de aprehensión […], así como la identificación de los restos de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. Reconocemos la voluntad política del gobierno federal y el presidente de la República, sin embargo, esta no es suficiente para lograr verdad y justicia.
Exigimos continuar con los trabajos de búsqueda e investigación, así como las reuniones con el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador de tal manera que este mecanismo de diálogo sirva para ir evaluando los avances y obstáculos que nos permite mayores avances hasta lograr dar con el paradero de los 43.
No se pueden apresurar teorías de caso sin sustento probatorio, es menester saber la verdad mediante una búsqueda provista de información previa objetiva y una investigación exhaustiva, profesional, pronta e independiente.
En todo este tiempo padres y madres han muerto sin saber de sus hijos y más de la mitad nos encontramos enfermos y deteriorados físicamente. Sin embargo, seguiremos en esta lucha hasta encontrar a nuestros hijos. Para ello, solicitando su apoyo y acompañamiento como lo han hecho en estos seis años de batallas incansables por la presentación con vida de los 43.^[58]

Referencias

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Anexo: documentos legales del caso Ayotzinapa

Considero de utilidad para estudiosos del derecho y personas interesadas en la defensa de los derechos humanos, enlistar una serie de documentos e informes que son clave para la comprensión legal del caso Ayotzinapa y el contexto de la desaparición de personas en México; pueden consultarse en línea y el orden es cronológico:

 

27/11/2001. Recomendación 026/2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en casos sobre las quejas en materia de desapariciones forzadas ocurridas en la década de los 70 y principios de los 80. https://bit.ly/3jfLQuB.

27/11/2001. DOF 27/11/2001. Secretaría de Gobernación. Acuerdo por el que se disponen diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado. https://bit.ly/3kmimuq.

23/11/2009. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Radilla Pacheco vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia. https://bit.ly/2UL5GnY.

15/10/2014. Informe Final de Actividades de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero. Congreso del Estado de Guerrero. https://bit.ly/3sJSXhQ.

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04/10/2020. SRE, Comunicado N° 292. El Gobierno de México reconoce formalmente la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU https://bit.ly/3DqItcr.

26/12/2020. Comunicado Padres y Madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. “Entre la esperanza y la incertidumbre”. https://bit.ly/3kpGXyd.

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