La actual crisis venezolana: antecedentes y desarrollo

Oly Millán Campos

Resumen

En el presente artículo se analiza la actual crisis venezolana desde una perspectiva histórica a la luz tanto de los procesos políticos nacionales como de aspectos geopolíticos internacionales que han influido en la política económica del país latinoamericano. De modo general, se plantea que la actual crisis venezolana es expresión, por un lado, del denominado modelo rentístico, que hace que Venezuela dependa constantemente de la renta petrolera, y, por otro, de un proceso político lleno de contradicciones, que se acerca cada vez más hacia un régimen profundamente autoritario. El análisis permite proponer como solución un retorno al proyecto alternativo de cambio y una reinstitucionalización al país.

Abstract

This article analyzes the current Venezuelan crisis from a historical perspective in light of both national political processes and international geopolitical aspects that have influenced the economic policy of the Latin American country. In general terms, it is argued that the current Venezuelan crisis is an expression of, on the one hand, the so-called rent-seeking model, which makes Venezuela constantly dependent on oil revenues, and, on the other hand, of a political process full of contradictions, which is increasingly moving towards a profoundly authoritarian regime. The analysis allows proposing as a solution a return to the alternative project of change and a re-institutionalization of the country.

Introducción

La situación actual de Venezuela despierta mucho interés a nivel internacional, no solo para el mundo académico, sino también para la militancia de izquierda,^[1] porque, entre otras razones, la Venezuela del Proceso Bolivariano fue el primer intento por construir el socialismo en el siglo XXI. Pues bien, para los venezolanos y venezolanas, la situación actual del país los confronta con una realidad, que aunque no se desea, existe y obliga, desde una visión histórica y desde un análisis de complejidad, a tratar de comprender y explicar sus causas, lo que ha sido su desarrollo y cómo entender las que pudieran ser sus perspectivas en el futuro inmediato en el marco de una América Latina que sin lugar a dudas está viviendo un nuevo tiempo político.

Venezuela atraviesa una compleja crisis de carácter societal como nunca antes había vivido en toda su historia republicana, expresada dramáticamente en una contracción económica que solamente entre 2013 y 2018 se ubica, tomando las cifras del Banco Central de Venezuela (BCV), en más de un 50%, con una hiperinflación que lleva más de 2 años instalada,^[2] con un incremento, según la Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (ENCOVI),^[3] de los hogares pobres (medido por nivel de ingreso), que pasan de un 48% en 2014 a un 87% en 2017, y con un proceso migratorio inédito, en el cual, según la Agencia de la Organización para las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),^[4] hasta mayo de 2019 se registraba como números de refugiados y migrantes venezolanos la cantidad de 3.7 millones de personas,^[5] cifra que pudiera representar para el momento aproximadamente el 11.5% de la población total del país.

Dicha crisis resulta ser la confluencia dialéctica y sistémica de un conjunto de factores multidimensionales tanto internos como externos que refleja hoy en día, lamentablemente, una situación que pareciera no tener salidas en el corto plazo y, menos aún, una mejoría en las precarias condiciones de vida del pueblo venezolano. Pero también resulta necesario aclarar que la comprensión de esta crisis requiere y exige evitar, con el propósito de no cometer errores y justificar lo injustificable, caer en una interpretación lineal y binaria de la realidad, que nos lleve a los errores básicos en los que se asienta el enfoque científico fundado en el “principio del tercero excluido” que,^[6] como es sabido, se ha elaborado bajo una lógica binaria del estar a favor o el estar en contra y que, de alguna manera, conlleva erróneamente a reducir al campo de enemigo-amigo la compleja realidad que vive el país.

En el presente artículo, a partir de una perspectiva histórica, intentamos comprender y explicar las causas y el desarrollo de la actual crisis venezolana tratando de identificar los distintos momentos de quiebre de lo que se ha denominado el Proceso Bolivariano,^[7] como también cuáles son las perspectivas futuras de la crisis a partir de los resultados de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 y de los distintos eventos políticos posteriores que han desencadenado una mayor profundización de la crisis, en los que tienen de forma abierta y directa una participación activa los intereses que en la actualidad definen la geopolítica mundial, como los de, por un lado, Estados Unidos y sus aliados tanto en Europa como en América Latina y, por otro, los deRusia y China.

Esta situación en la que tienen participación activa intereses internacionales obliga, hoy más que nunca, a los venezolanos y venezolanas a pensar que la situación de crisis estructural y profunda que tiene Venezuela debe resolverse a partir de la gente y no del capital. De igual forma, se hace necesario repensar el país en la propuesta de un proyecto que esté fundado en un aprendizaje consciente y activo de las debilidades y errores del pasado reciente, pero también que tome en cuenta, desde una visión de complejidad ‒porque los procesos sociales, políticos, económicos y culturales son heterogéneos, no lineales‒, los grandes problemas y desafíos que enfrenta la humanidad toda en este siglo XXI, el cual lleva en sus entrañas la profundización de las contradicciones estructurales de un sistema que, como todos sabemos, amenaza la permanencia de la humanidad en el planeta tierra.

Los antecedentes del denominado Proceso Bolivariano

Pretender caracterizar la actual crisis pasa, irremediablemente, por reconstruir sus antecedentes a partir de identificar los problemas medulares de la estructura económico-social de Venezuela que están y estuvieron presentes durante el período anterior al Proceso Bolivariano, es decir, entre 1980 y 1997. Todo ello tomando en consideración la articulación que tiene el país con la geopolítica mundial y con los impactos que esta le ocasiona como producto de la dinámica cambiante que presenta el sistema capitalista mundial, en especial teniendo como referencia el agotamiento del régimen de acumulación fordista-keynesiano y el surgimiento del régimen neoliberal monetarista (Córdova, 2008), cuya génesis se remonta a los años 80 del siglo pasado.

Veamos entonces algunos elementos que dan cuenta de la situación planteada.

En el año 1974 la Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República de Venezuela (CORDIPLAN) invitó al país al economista Celso Furtado, con el fin de preparar una visión de la situación de Venezuela y las perspectivas para su desarrollo.^[8] De los resultados del informe que presentara para entonces Furtado, podemos extraer esta síntesis de sus reflexiones en torno a la economía nacional:

Se ha creado un sistema económico que genera escaso excedente bajo la forma de ahorros y de impuestos, y que obtiene un bajo rendimiento de las cuantiosas inversiones que el excedente petrolero permite realizar. Se trata, por lo tanto, de un sistema económico fundamentalmente orientado hacia el consumo y el despilfarro y en el cual el ingreso es muy concentrado y probablemente tiende a concentrarse de forma permanente. De ello resulta una extraordinaria diversificación en los patrones de consumo con efectos negativos secundarios sobre la productividad del sistema. Las dimensiones relativamente reducidas del mercado interno y las exigencias de una demanda altamente diversificada conspiran contra la integración del sistema industrial, el cual permanece altamente articulado al exterior. (Furtado, 1981, pp. 4-5)

Furtado da cuenta de una economía en donde la renta petrolera ha permitido la expansión de una demanda interna, basada en patrones de consumo propio de los llamados países industrializados, que no tiene respuesta en la capacidad productiva nacional, la cual se caracteriza por un bajo nivel de productividad que no se corresponde con las significativas inversiones que el excedente petrolero ha permitido realizar. Es menester acotar aquí que ese importante ingreso petrolero ha ido, a lo largo de toda la historia petrolera del país, prefigurando un “Estado petrolero”, que en cierta forma se ha convertido en el mediador para asignar la renta entre los grupos económicos, tanto tradicionales como emergentes, y el resto de la sociedad venezolana. Esta relación: renta petrolera, Estado petrolero, élites de poder y sociedad, ha ido definiéndose por el desarrollo de una cultura rentística (Ikonicoff, 1989) que se ha convertido en la savia que ha amalgamado un modelo mafioso^[9] de acumulación de capitales y que se sustenta en lo que se define como un capitalismo rentístico (Baptista, 2004, p. 18).

Mientras ello ocurría nacionalmente, en el sistema capitalista mundial se estaban gestando cambios, los cuales posteriormente dieron cuenta de un proceso de agotamiento del modelo de acumulación industrial, es decir, el fordista-keynesiano como parte de los problemas estructurales del sistema, lo que generó en los países latinoamericanos, y concretamente en Venezuela, el debilitamiento de las bases de sustentación del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, orientador de las políticas públicas y de los planes de desarrollo puestos en marcha en el país a partir de la “era cepalista”.^[10]

A la consolidación del agotamiento del régimen fordista-keynesiano, hecho ocurrido a mediados de los años setenta del siglo XX, le siguió el planteamiento teórico neoliberal como propuesta de solución a la crisis. Venezuela, a partir de la década de los ochenta, entra en un clima de incertidumbre económica, caracterizado por la imposibilidad de mantener el equilibrio de las principales variables macroeconómicas, así como de un profundo deterioro de las condiciones de vida de la población, con incrementos significativos de la pobreza (Lander, 1994, p. 121). Todo ello como consecuencia de un pésimo desempeño en la dinámica económica del país, donde las propuestas de salida a la crisis por parte de los diversos gobiernos que ejercieron el poder durante el período 1983-1997 estuvieron enmarcadas en los programas de ajuste estructural del denominado Consenso de Washington.^[11]

Si bien esta crisis se evidenció en el ámbito económico, fue progresivamente tomando fuerza como una crisis estructural de carácter societal, a tal punto que se manifestó en el ámbito político-social-militar, con los eventos históricos que se suscitaron en torno al levantamiento popular denominado “el Caracazo” en 1989 y los golpes de Estado del 04 de febrero y 27 de noviembre de 1992. Todo ello daba cuenta de una pérdida de credibilidad popular hacia la institucionalidad creada y representada por la clase política que surgió del “Pacto de Puntofijo”.^[12]
Se debe decir también que a esta pérdida de credibilidad del pueblo respecto al proyecto de país vigente hasta ese momento, se fue incorporando, en el imaginario de la gente, una disposición a un proceso de cambio que encontró eco y orientación política estratégica en las banderas de lucha que levantó para entonces el discurso político de Hugo Rafael Chávez Frías, y consecuentemente el proceso de cambio político e institucional que se abrió con su llegada por la vía electoral al Palacio de Miraflores^[13] como presidente de la república en 1998.

La síntesis de esta crisis la podemos resumir como la confluencia de, en el ámbito mundial, un cambio en la geopolítica caracterizado por el desarrollo del régimen de acumulación ‒neoliberal– globalizador; y en el ámbito nacional, el agotamiento del modelo de capitalismo rentístico y del modelo político del “Pacto de Puntofijo” sustentado en la democracia representativa, la deslegitimación de los partidos tradicionales y de sus liderazgos.

El Proceso Bolivariano y sus diversos momentos

Esa disposición al cambio que se entronizó en el imaginario colectivo, en cierta forma, se institucionalizó a partir de la iniciativa que tuvo el presidente Chávez de consultar, mediante referéndum, al pueblo venezolano su disposición a convocar una Asamblea Nacional Constituyente para “transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento de una democracia social y participativa”.^[14] De esta manera, ocurre un hecho político de especial transcendencia para el país y que de alguna forma va perfilando el carácter del denominado Proceso Bolivariano y del nuevo gobierno, y es que, por primera vez en toda la historia de Venezuela, se realiza no solo una consulta al pueblo para refundar la república, sino que se genera un amplio, democrático, transparente y dinámico proceso nacional de participación protagónica de la gente en el debate y decisiones que dan como resultado la construcción de la nueva Constitución, es decir, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Es menester recordar que si bien esa Constitución ganó un amplio apoyo del pueblo venezolano que abiertamente la legitimó a través de un referéndum aprobatorio, realizado en diciembre de 1999, también atrajo el rechazo y desconocimiento por parte de los sectores tanto políticos^[15] como empresariales^[16] que se habían visto relegados o desplazados del poder, y que se convirtieron en el núcleo opositor al gobierno de Chávez.

Con la vigencia de la CRBV se inicia y se van sustentando las bases de promesa de un proceso de cambio, cuyos elementos centrales quedaron consignados en torno a lo que la propia Constitución del 99 esgrime en su preámbulo:

[…] con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad. (CRBV, 1999, p. 9)

Indudablemente, esta Constitución era un extraordinario avance no solo porque fue, como se mencionó anteriormente, producto de un amplio debate nacional que la condujo a un extraordinario proceso de legitimación popular, sino que ella llevaba en su seno las bases para la instauración de una democracia participativa y protagónica que superara la agotada democracia representativa, sustento del modelo político que surgió del Pacto de Puntofijo. Ni qué decir del conjunto de avances en el marco de los derechos humanos, así como del reconocimiento de los pueblos indígenas y del respeto a la naturaleza como parte del patrimonio de la humanidad.

Si bien se puede decir que el Proceso Bolivariano se inicia con la puesta en marcha de la Constitución que se aprobó en 1999, su desarrollo no estuvo exento de altibajos y contradicciones. Estas contradicciones no eran solamente entre el movimiento chavista y los sectores de la oposición al proceso, sino que eran inclusive muy marcadas entre los diversos sectores militares y exmilitares que estuvieron involucrados con el presidente Chávez en la rebelión militar de 1992 denominada el “movimiento del 4F”.^[17] Algo similar ocurrió con los movimientos de izquierda, sociales, intelectuales, empresarios y personalidades que apoyaban a Chávez. Era natural, y hasta necesario, que existieran diversas posiciones y opiniones en torno al “proyecto país” que el propio Chávez iba dibujando en sus muy diversos y permanentes discursos. Sin embargo, esas contradicciones en el seno del chavismo no llegaban a convertirse en un obstáculo para el avance del proyecto porque, en cierta forma, lo que matizaba los potenciales enfrentamientos era, por un lado, el indudable liderazgo fuerte y carismático que emanaba de Chávez y, por otro lado, la permanente oposición de un sector, poco democrático y en muchos casos anticonstitucional,^[18] interesado en el desarrollo de una polarización política, lo que a la postre beneficiaba a quienes dentro del movimiento chavista comenzaban a convertirse en una nueva clase política y económica a la sombra del Estado petrolero, porque las contradicciones internas terminaban pasando a un segundo plano.

Seguidamente se expondrán cuáles han sido los distintos momentos por los que ha pasado el Proceso Bolivariano, resaltando algunos aspectos que se pueden considerar como medulares.

Inicios del Proceso Bolivariano en su carácter popular, 1998-2004

Estuvo caracterizado por un significativo auge de masas,^[19] por un proceso permanente de legitimación electoral, por un liderazgo fuerte centrado en el presidente Chávez y por una conexión emocional entre el líder del proceso (Chávez) y el pueblo venezolano. Los aspectos que pueden definir mejor este momento están en la desmitificación del poder,^[20] en la puesta en marcha de los organismos microfinancieros^[21] como una herramienta para empoderar al pueblo y así lograr el desarrollo de proyectos socio-productivos, y en el inicio de los programas de inclusión social denominados Misiones Sociales.^[22] Si bien este período se caracterizó por una importante movilización social, también se debe decir que tuvo que lidiar con un conjunto de hechos violentos,^[23] antidemocráticos y anticonstitucionales^[24] que, de alguna manera, expresaban el carácter poco democrático de un sector de la oposición política venezolana^[25] y de los grupos económicos que se sentían amenazados; y, como es natural, con una correlación de fuerzas en el plano internacional que aunque fue adversa en sus inicios, con la llegada al poder en América Latina de gobiernos progresistas,^[26] terminó siendo favorable al Proceso Bolivariano.

Cabe destacar que durante este período también se genera en el plano internacional un progresivo auge de los precios del barril de petróleo, que pasaron de USD 16.4 por barril en 1999 a USD 55.5 en 2006 (Minpet, 2009, p. 53).^[27] Dicho incremento, más allá de los otros factores que inciden en la geopolítica energética mundial, en cierta forma tenía que ver con la política que a nivel petrolero promovió el presidente Chávez para apuntalar el liderazgo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), estrategia que de algún modo contradecía los intereses del lobby petrolero norteamericano, lo que condujo a que las administraciones de Estados Unidos de América, que siempre objetaron y vieron con mucho recelo la presidencia de Chávez, comenzaran a diseñar e instrumentar estrategias para controlar o boicotear su gestión.

Es así como el auge de los precios del petróleo, el repunte del liderazgo de la OPEP en materia petrolera y el control por parte del gobierno de la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), hecho ocurrido luego del fracaso del denominado paro petrolero,^[28] le permitieron a Chávez profundizar las Misiones Sociales a través del incremento de la inversión social, es decir, se generó una mayor distribución de la renta petrolera hacia los sectores populares, aunque esa misma renta sirvió también para profundizar la dependencia económica del país respecto del modelo extractivista petrolero o, como lo definen algunos, del muy particular capitalismo rentístico venezolano, lo que contribuyó también a la creación de grupos económicos emergentes que surgieron de la corrupción.

La profundización del Proceso Bolivariano y sus contradicciones (2004-2007)

Una vez sofocado el golpe de Estado de 2002, el paro petrolero de finales de ese mismo año e inicios de 2003, así como el triunfo de Chávez^[29] en el referéndum revocatorio convocado por la oposición a su mandato, el proceso se fortalece políticamente. Es en enero de 2005, y en el marco del Foro Social Mundial de Porto Alegre, cuando Chávez declara el carácter no solo antiimperialista del Proceso Bolivariano, sino también socialista, enarbolando las banderas del socialismo del siglo XXI como un claro indicio de pretender diferenciarse de lo que fue el socialismo del siglo XX, aunque no se pudo deslastrar de su carga histórica como quedó demostrado posteriormente.

Durante este período, por demás muy corto, son varios los aspectos que lo caracterizan. Uno tiene que ver con el control absoluto por parte del gobierno de la empresa estatal petrolera (PDVSA) que como pivote central facilitó los recursos necesarios para el desarrollo de las diversas políticas tanto sociales como económicas (internas y externas) que emprendió el gobierno a partir de este momento de profundización del proceso, con una mirada más definida sobre el plano internacional, sobre todo de Latinoamérica^[30] y hacia otros países cuyos gobiernos planteaban una política contraria a la de Estados Unidos, como es el caso de Irán, Libia y otros considerados de economías emergentes, fundamentalmente Rusia, China y Brasil.

Es así como, en diciembre de 2005, con la derrota que los gobiernos progresistas le propinan, en la IV Cumbre de las Américas, al gobierno de los Estados Unidos y, concretamente, al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), se perfila con mayor precisión una alianza de los países de Suramérica, que si bien se venía trabajando durante los años previos, empieza a tener mayor perfil a nivel latinoamericano. Surgen así con más fuerza diversas iniciativas de integración regional con una cualidad más política que económica, es el caso concretamente de la Unión de Países del Sur (UNASUR), Petrocaribe^[31] y de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). En todas estas iniciativas, el liderazgo que tenía el presidente Chávez fue evidente.

Por otro lado, se avanza en el diseño y en el intento de puesta en marcha de lo que se denominó el primer plan socialista de la nación, cuyo título era Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013,^[32] el cual a pesar de contener un conjunto de principios sobre los que se sustentaba el Proceso Bolivariano, no llegó a establecer con claridad las estrategias que permitieran sentar las bases de un modelo productivo no extractivista y no estatista; por el contrario, su visión del socialismo estaba muy enmarcada en la lógica Estado-céntrica (Lander, 2017), que acompañó al proceso desde sus inicios. Por otra parte, aunque en su cuerpo teórico se hablaba de la importancia de la democracia protagónica haciendo alusión al pueblo en la toma de decisiones en materia de control y de diseño de políticas, no se planteaba con independencia ni tampoco sobre la base de una discusión plural y abierta, sino de la mano del gobierno nacional o mejor dicho de la burocracia que controlaba al Estado petrolero.

A pesar del apoyo popular que se mostraba como una fortaleza del Proceso Bolivariano, era innegable el conjunto de contradicciones existentes en su seno. Durante este periodo, se comienza a hablar de la conformación de un sector chavista^[33] que venía manejando y controlando, de forma inclusive poco transparente, ingentes cantidades de dinero.^[34] Se hacen denuncias que a la postre fueron minimizadas, porque en el marco de la polarización política, todo aquel que era crítico al proceso era tildado de contrarrevolucionario que “le hacia el juego a la derecha apátrida y al imperialismo”.

Es así como, a finales de 2007, un proceso complejo, surgido de una disposición al cambio y a la participación por parte de un pueblo que había perdido la esperanza en un futuro mejor y que, posteriormente, la recobra en el proceso de cambio bolivariano, y, asimismo, en el marco de un país cuya estructura económica estaba determinada por las relaciones que definen al capitalismo rentístico y su vinculación con una geopolítica mundial también compleja y cambiante, comienza a evidenciar síntomas de agotamiento. Dichos síntomas se producen con la pérdida en 2008 de las elecciones regionales en las principales ciudades del país^[35] y en lo que fue la no aprobación de la reforma a la Constitución planteada en diciembre del año 2007 por el propio presidente Chávez.

A partir de entonces, se inicia un cambio en el panorama político. La oposición partidista comienza a conquistar, por la vía electoral, espacios institucionales y regionales, situación que se percibe desde el ámbito del gobierno de Chávez y quienes lo apoyaban como una amenaza, por lo que cualquier crítica surgida del propio proceso de cambio es automáticamente anulada, se minimizan los debates y se asume una posición muy pragmática de la política (el fin justifica los medios), cobra fuerza el desarrollo de prácticas clientelares y populistas a todo nivel y se fortalece una relación perversa entre partido (PSUV), gobierno y movimiento popular, que no deja espacio para la crítica ni para la autonomía de los movimientos sociales, y mucho menos para la rectificación de errores y debilidades. Esta situación de alguna manera va favoreciendo la consolidación de una elite de poder (Ashin, 1987) que, si bien asume el discurso revolucionario y socialista, en la práctica comienza a vivir de ciertos privilegios y de recursos económicos que son producto de una renta petrolera que comienza a llegar a niveles de incremento como nunca antes vistos. Se perfeccionan los mecanismos mafiosos de acumulación de capitales, típico de países del capitalismo rentístico, y se incrementa a partir del año 2007 una fuga y apropiación ilegal de capitales, utilizando para ello el crecimiento de la deuda soberana y de la empresa petrolera estatal^[36] con la emisión de bonos con doble denominación.^[37]

Es así como gobierno y dirigencia partidista se constituyen en una unidad. Esta última busca permanentemente cooptar a la dirigencia del movimiento popular. A pesar de los diversos discursos del presidente Chávez que hacen alusión a la importancia que como sujeto “protagónico de la revolución”^[38] tenía el poder popular autónomo, esto se soslayó por parte de toda la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y de la mayoría de la cúpula de gobierno. El día siguiente a las elecciones presidenciales, el 8 de octubre de 2012, el presidente Chávez reconvenía a sus ministros y especialmente a su vicepresidente por haber dejado de lado el propósito fundamental de la “revolución” de constituir una nación basada en el “poder popular revolucionario”.^[39]

En el plano estricto de la política económica, se puede decir que se profundiza el capitalismo rentístico, que sirve de sustento a dos posiciones contrapuestas en los diversos sectores que apoyan al gobierno. Por un lado, un sector heterogéneo^[40] con mucho poder, que va adquiriendo perfil propio y desarrolla vínculos expresos con el sector financiero^[41] y con empresas productoras e importadoras, así como con empresas surgidas de los convenios que en el plano de la geopolítica mundial va estableciendo el gobierno con países como Brasil,^[42] Argentina, China, Rusia, Irán, entre otros. Para este sector, su visión de socialismo del siglo XXI se sustenta en un régimen autoritario donde el Estado debe ejercer control en parte importante de la actividad económica,^[43] lo que se manifiesta indefectiblemente en el control de la renta petrolera. Este sector no niega la puesta en marcha de políticas sociales, pero ya no como un derecho que tiene la población, sino como un mecanismo de control social y de clientelismo político para buscar su permanencia en el poder.

Por otra parte, se van alineando también al gobierno ciertos grupos de poder económico tradicionales, que luego de la derrota sufrida durante el paro petrolero, ven necesario seguir recibiendo su cuota de la renta petrolera; un ejemplo de ello es la alianza entre el gobierno de Chávez y el empresario Gustavo Cisneros.^[44] Mientras que otros sectores económicos, comprometidos más con la oposición política tradicional^[45] y emergente^[46] y sus vasos comunicantes con grupos de poder en Estados Unidos, continúan en la búsqueda de diversos mecanismos, constitucionales o no, para salir del gobierno de Chávez y ponerle término al denominado Proceso Bolivariano.

Simultáneamente, del lado de quienes apoyaban el Proceso Bolivariano, desde el punto de vista político, existen otros sectores, bastante dispersos y extremadamente heterogéneos, sin poder de decisión en la política económica; de allí se pueden conjeturar dos grandes actores. Uno relacionado con diversos grupos e individualidades (académicos, lideres revolucionarios, del movimiento popular, entre otros) con una visión muy ortodoxa del socialismo del siglo XXI, enclavado en los prejuicios y dogmas de la vieja izquierda, que ubica la lucha en el plano del campismo (enemigo principal y enemigo secundario) y que tiene una concepción de la geopolítica mundial sustentada en que el enemigo a derrotar es el imperialismo norteamericano. Por lo tanto niega la crítica abierta y directa a la concepción e instrumentación de políticas que promueven la creación de grupos económicos (un ejemplo es el sector importador) que se van beneficiando de la renta petrolera y de la relación del PSUV y del gobierno con sectores del capital corporativo nacional tradicional, y asume que esta debe quedar en un segundo plano, ante la lucha que se debe librar contra el enemigo “estratégico fundamental”. Este sector lo podemos ver muy en sintonía con quienes conforman el Foro de São Paulo: “Es esta una izquierda que parece permanecer anclada en los tiempos de la Guerra Fría […]” (Lander, 2019, p. 124).

El otro sector, más débil aun en términos organizativos y mediáticos pero no en términos de contenido, es el que concibe la construcción de un “proyecto de país” vinculado a una transición sistémica^[47] a partir de la autonomía, la organización y la autogestión de los movimientos sociales, capaces de subvertir la lógica del capital y sus diversas modalidades, asumiendo que la construcción de una propuesta distinta es un proceso histórico social que es imposible lograr sin superar el extractivismo, el patriarcado, el antropocentrismo. Que no es posible establecer alternativas a la modernidad colonial (Lander, 2019, p. 14), sin profundizar el desarrollo del poder popular y sin tomar en cuenta la preservación de la naturaleza. Este sector, con muy poco despliegue a nivel nacional, viene planteando la necesidad de una revisión profunda del denominado Proceso Bolivariano, de sus liderazgos (el culto a la personalidad) y del tipo de política que estos han venido encarnando, los cuales no se diferenciaron de la política de los partidos que representan el puntofijismo, cuyo modelo político pretendía superar el Proceso Bolivariano.

Agotamiento y desmontaje de los referentes del Proceso Bolivariano

Con la pérdida del referéndum para modificar la Constitución en el año 2007, y con una correlación de fuerzas favorable en la Asamblea Nacional (AN), el presidente Chávez, a pesar de los resultados electorales desfavorables, decide implementar cambios a través de una Ley Habilitante^[48] otorgada por esa misma asamblea, aprobando un conjunto de leyes con las cuales buscaba “profundizar”, desde el punto de vista normativo-legal, lo que se pudiera interpretar como referentes del proceso de cambio; se hace mención, concretamente, al tema del desarrollo del poder popular, a la creación de las comunas como instancias de autogobierno y a las empresas de propiedad social, entre otras.

En el plano internacional, luego de la crisis financiera de 2008, cuyo epicentro fue la economía de los Estados Unidos, los precios del petróleo comienzan a subir hasta lograr máximos históricos que se mantienen durante los años 2011, 2012 y 2013 por encima de los USD 100 por barril, situación que obviamente beneficia las finanzas del Estado petrolero, aunque, paradójicamente, en el marco del control cambiario, se incrementa la deuda total del Estado y se sigue generando la fuga de capitales (Millán, Nuñez y Torrealba, 2017).

Cabe señalar que aunque en Venezuela existió un control cambiario desde 2003, en el país se ha venido produciendo de manera gradual y acelerada una fuga de capitales que llegó a ubicarse entre 1998 y 2013 en un monto estimado de USD 259.234 millones,^[49] siendo emblemáticos los años 2008 y 2011, cuyo monto se estima en promedio anual en USD 53.327 y 48.548 millones, respectivamente. Dicho control cambiario estuvo en pleno funcionamiento hasta fines de 2018.^[50]

A partir de 2013 confluye la muerte del presidente Chávez con una baja significativa en los precios del petróleo,^[51] que pasan estos de USD 96.66 promedio por barril durante 2013 (Minpet, 2014, p. 147) a ubicarse en USD 24.71 por barril durante el primer trimestre de 2016. Esto contribuye a poner de manifiesto una profunda crisis en Venezuela, que como se ha definido a comienzos de este documento, es una crisis compleja de carácter estructural.

La élite de poder que controla la política económica del país y que se expresa en el control nacional que tiene sobre el PSUV, una vez que fallece el presidente Chávez, comienza a tener perfil propio y pone en marcha el desarrollo de una estrategia que se inicia con el desmontaje de los referentes políticos e institucionales del Proceso Bolivariano, lo cual significa un profundo revés en los logros que en materia social^[52] y de derechos humanos^[53] había obtenido el proceso de cambio venezolano. Por otra parte, de forma acelerada se va desarrollando una política económica que busca promover y garantizar las inversiones del capital internacional, expresado en una nueva correlación de fuerzas internacional, donde es obvia la importancia y el apoyo de manera abierta y directa que recibe el sucesor de Chávez por parte de los gobiernos de Rusia y China.

En cuanto a los referentes de la revolución, que han sido desmontados progresivamente, se puede mencionar lo relacionado con el tema del poder popular y la creación de las comunas, considerados los “sujetos protagónicos” del Proceso Bolivariano, que se han ido sustituyendo progresivamente, en términos de discurso e importancia, por la construcción de lo que el gobierno denomina Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), que no es más que la venta, a los sectores populares de preferencia identificados con el gobierno, de bolsas de comida a precios subsidiados.

Por otra parte, han sido progresivamente eliminados los organismos microfinancieros o por lo menos diezmados en cuanto a su actuación en la política socioproductiva, regulándolos por la Ley de Bancos y supervisándolos a través del ente que controla al sector financiero bancario;^[54] es decir, entran en las normas de Basilea,^[55] situación que es totalmente incompatible con la razón de ser de los entes microfinancieros que fueron creados a partir de 1999.^[56]

De igual forma, se crean por primera vez en toda la historia republicana del país más de diez empresas asociadas a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en una clara mercantilización^[57] de esta institución, al margen de su razón de ser y definición, tal como está contemplado en el artículo 328 de la CRVB, lo que lleva a inferir que existe una explícita política dirigida a un proceso de corporativización de la FANB. La función de mercantilización de la FANB se puede revisar en la política asociada al Motor Industrial Militar creado el 18 de noviembre de 2014 en el marco del decreto^[58] que crea las Zonas Económicas Especiales. Por otra parte, en diciembre de 2016 se excluye a las empresas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana del ámbito de control y supervisión de la Contraloría General de la República,^[59] es decir, su actuación administrativa y financiera queda al margen del control estatal, y se le otorga dicha responsabilidad, en un abierto conflicto de intereses, a la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.^[60]

La actual crisis como expresión de un modelo rentístico no superado y de un proceso político agotado

Después de casi veinte años de iniciado el proceso de cambio en Venezuela liderado por Chávez, el país se encuentra en una realidad que, lejos de haber generado unas bases sólidas que permitieran construir una independencia de la renta petrolera o por lo menos un colchón^[61] para soportar los vaivenes del mercado petrolero mundial, se evidencia, dado el colapso generalizado de la industria petrolera nacional (Mendoza, 2018) y los efectos que sobre la economía nacional ha tenido la baja internacional del precio del petróleo, que muy poco ha cambiado la estructura económica de Venezuela y que, lamentablemente, en muchos aspectos se han profundizado problemas estructurales, lo cual tiene como corolario una mayor dependencia del modelo extractivista y por ende una situación muy vulnerable al manejo de intereses que se mueven en el ámbito de la geopolítica energética mundial.

Pero también se debe decir que una vez que estalla la crisis con la baja significativa de los precios petroleros a fines de 2013, la élite de poder que controla al Estado^[62] termina, en aras de mantenerse en él, enfrentando varias contradicciones y profundizando un sistema de gobierno con cada vez más autoritario.

1. La contradicción entre el mantenimiento de los compromisos internacionales^[63] versus la inversión social que hasta 2013 era uno de los grandes logros que había tenido el Proceso Bolivariano. Siendo el Estado el mayor importador de alimentos, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE),^[64] durante 2013 el país importó alimentos por la cantidad de USD 10.073 millones, mientras que durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017 se importó la cantidad de USD 10.443 millones, USD 6.168 millones, USD 3.951 millones y USD 501 millones, respectivamente, es decir, la importación de comida entre el año 2013 y 2017 en términos monetarios tuvo una disminución de 95%, situación que efectivamente se reflejó en el incremento del índice de escasez de alimentos, el cual llegó a estar por el orden del 80% en 2017.^[65] Mientras tanto el presidente Nicolás Maduro declaraba el 25 de agosto de 2017 que su gobierno había pagado, durante los últimos 24 meses, en compromisos internacionales la suma de USD 65.000 millones,^[66] aduciendo dudosamente que, a pesar de cancelar dichos compromisos, ello no había significado la reducción de los programas sociales.
2. La otra contradicción que surge entre asumir autocríticamente los errores y debilidades de no haber sentado las bases para cambiar o hacer menos dependiente al país del modelo productivo rentista petrolero, lo que innegablemente conllevaba tener una clara y decidida voluntad política para reorientar la política económica y emprender un proceso firme, transparente y ciudadano para investigar y detener el desfalco a la nación o, lo que efectivamente ocurrió, que fue la evasión de responsabilidades, gracias a la construcción de un discurso donde se le atribuyó toda la responsabilidad de la crisis a una “guerra económica”,^[67] que al principio se asociaba a los empresarios y al contrabando de extracción^[68] de bienes y posteriormente a un sector del pueblo que, como forma de buscar paliar sus mermadas condiciones de vida,^[69] empieza a vivir de una economía de arbitraje que se sustenta en el diferencial entre el precio regulado de los productos y el precio que como consecuencia de la escasez –generada por una disminución significativa del total de las importaciones^[70] y por ende de la producción nacional– va estableciendo el mercado y la especulación generalizada. Dicha economía de arbitraje se convierte progresivamente en el mecanismo que determina la dinámica de la economía venezolana, muy sensibilizada por el efecto pernicioso que la propia crisis económica y política genera sobre el tipo de cambio y los intereses especulativos y de prácticas de corrupción que en torno al enorme diferencial cambiario se aglutinan por parte de ciertos sectores que tuvieron acceso a dólares preferenciales.^[71]
3. La otra contradicción se presenta en torno a la profundización del modelo extractivista versus el principio de soberanía, respeto y preservación de la naturaleza. Es así como ante el evidente agotamiento del modelo rentista petrolero, el gobierno de Nicolás Maduro, en el marco del Decreto que crea las Zonas Económicas Especiales, promulga el Decreto 2.248 de fecha 24 de febrero de 2016, mediante el cual se define la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco” (AMO), que contempla un aproximado de 112.000 km² del territorio nacional que está siendo entregado para su explotación indiscriminada a empresas transnacionales.^[72] Por otra parte, este decreto es un evidente desmontaje de la Constitución de 1999 y de los referentes de los que, en materia de logros en derechos sociales y ambientales, se había, por lo menos discursivamente, sustentado el Proceso Bolivariano, ya que a través de la megaminería a gran escala se dañarán irreversiblemente los frágiles ecosistemas mega-biodiversos protegidos que son patrimonio natural intergeneracional de la nación, y esto afectará (como efectivamente está ocurriendo con la minería ilegal) importantes ríos y cuencas, y dará lugar a una megadevastación forestal y de los suelos. De igual modo, se estima que generará un etnocidio masivo de los pueblos originarios que habitan en esa zona.^[73] Es en este contexto que la política económica del gobierno se va orientando a la profundización del modelo extractivista sin detenerse a evaluar el desastre social y ecológico que está ocurriendo en el vasto territorio destinado al Arco Minero del Orinoco (Romero y Ruiz, 2013). En este sentido, se estimula y promueve la compra de oro a través de los instrumentos financieros respaldados en oro,^[74] y se llega al paroxismo del extractivismo cuando el gobierno de Maduro anuncia el otorgamiento de una mina de oro a cada gobernación bolivariana.^[75]
4. El dilema entre un discurso democrático y revolucionario en defensa de la Constitución y su desmontaje progresivo, lo que profundizó la deriva autoritaria del gobierno. Esta situación conduce a la contradicción entre buscar mantenerse en el poder versus respetar el marco electoral que sustenta el Estado de derecho y el orden constitucional a pesar de que los procesos electorales le sean adversos. En este contexto, la oposición partidista gana las elecciones parlamentarias en diciembre de 2015, lo que constituye un quiebre histórico al obtener la coalición de partidos organizados en la MUD^[76] las dos terceras partes de la Asamblea Nacional (AN)^[77] con 112 diputados de los 167 en total, y el PSUV y los partidos aliados organizados en torno al Gran Polo Patriótico, 55 diputados. A partir de esta situación la crisis política se profundiza, caracterizada por una polarización que queda atrapada en una lógica abierta y permanente de violación, por parte de ambos bandos (gobierno y el sector de la oposición extrema), a la Constitución vigente, de modo que se plantea para el gobierno el dilema de mantenerse en el poder a como dé lugar aunque ello implique, como efectivamente viene ocurriendo, la ruptura del orden constitucional y por ende el desconocimiento del modelo de Estado que está consagrado en la Constitución. En una disyuntiva similar se encuentra un sector de la oposición, al pretender sacar, por cualquier vía, a Nicolás Maduro de la presidencia de la república antes de finalizar su mandato como está contemplado en la propia Constitución. Es en este ámbito de polarización, atrapada en una irracionalidad de exterminio mutuo entre actores políticos, que se suscitaron los siguientes eventos que, de alguna forma, determinaron la profundización de la crisis político-institucional que hoy en día sigue caracterizando la profunda crisis que tiene el país:
   1. Antes de ocurrir la toma de posesión de los nuevos diputados a la Asamblea Nacional (AN), en diciembre de 2015, la AN saliente^[78] reestructura el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al nombrar nuevos magistrados cercanos al PSUV-gobierno, inclusive sin contar estos con las credenciales necesarias para ejercer dicho cargo, es decir, como magistrados del TSJ.^[79]
   2. Una vez nombrados los nuevos magistrados y al tener el PSUV-gobierno una correlación de fuerzas favorables en el TSJ, este órgano, actuando a petición de la dirigencia del PSUV, declara fraude en las elecciones de los diputados (indígenas) del estado Amazonas, anula así su designación, a pesar de que habían sido juramentados por el Poder Electoral, y dejan sin representación en el Parlamento al estado Amazonas. Esta maniobra logró romper la mayoría calificada que había obtenido la oposición en el Parlamento y que le habría permitido realizar cambios importantes, desde el punto de vista legislativo y en la designación de los representantes en los poderes: Moral, Judicial y Electoral.

Es así como, a partir de estos eventos, se profundiza un proceso progresivo de desmontaje de la Constitución, donde el nuevo TSJ se convierte en la punta de lanza del PSUV-gobierno para impedir el avance político-institucional de la oposición-MUD y, por ende, de cualquier factor de oposición al gobierno. En este sentido, se debilita a la AN al declararla en “desacato” por parte del TSJ,^[80] se le otorgan poderes extraordinarios al presidente de la república para legislar en materia económica y de toda índole,^[81] se impide la realización del referéndum presidencial del año 2016, a pesar de que la oposición había logrado cumplir con los parámetros establecidos para ello, tal como lo definen la Constitución y el marco electoral.^[82]

El punto álgido de desconocimiento y de desmontaje de la Constitución y, por ende, de todo el orden constitucional vigente ocurre cuando, en una flagrante violación a los artículos 347 y 348,^[83] se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la cual se erige a partir del 30 de julio del año 2017 en un poder supra constitucional ilimitado, rebasando en esencia los propios límites que a ella le consagra la vigente Constitución del 99, “[…] con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”, la que, una vez diseñada, su aprobación (legalización y legitimación) deberá ser mediante el llamado a referéndum popular, tal como lo establece todo el articulado de la propia Constitución, así como el precedente que se sentó cuando esta fue aprobada en diciembre de 1999.

5. Otras de las evidentes contradicciones que se confrontan es la referida a todo el marco legal e institucional (Poder Moral) que se erige como soporte jurídico normativo que da cuenta de la importancia que tiene la defensa de los derechos humanos para el Proceso Bolivariano, y lo que se ha venido documentando como evidencia de su violación sistemática (derechos civiles, políticos, sociales, económicos, ambientales) de la población en general. Un ejemplo de ello son las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP),^[84] una política que ha resultado estar en el centro de las diversas denuncias de violación a los derechos humanos que se han venido cometiendo por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.^[85] También debemos hacer mención a los excesos policiales cometidos durante eventos de protesta por parte de la población, así como a la cantidad de personas civiles y militares^[86] privadas de libertad sin el debido proceso, en muchos casos solamente por protestar y exigir mejoras en las condiciones laborales y de vida.^[87] La manera como fue acribillado, a pesar de haberse rendido,^[88] el agente Oscar Pérez y su grupo, las circunstancias poco transparentes que rodearon la muerte del concejal Fernando Albán Salazar, quien se encontraba bajo la custodia del Estado venezolano, detenido en octubre de 2018 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN,^[89] el caso emblemático del asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo en manos de sus captores,^[90] quienes lo torturaron hasta morir. Todas estas denuncias y muchas otras fueron documentadas en el informe que presentara la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela durante el año 2019.^[91]
6. Finalmente, la contradicción que se genera entre el discurso socialista y antiimperialista, mientras se van creando las bases y las alianzas para la consolidación de un proceso abierto de entrega de territorio, de facilidades y de recursos al capital internacional, caracterizado por la nueva correlación de fuerzas que viene ocurriendo en la geopolítica mundial con la activa participación de China y Rusia. Es por ello que, quienes conducen los destinos del país post-Chávez, y partiendo de la lógica Estado-céntrica, buscan promover y consolidar estas alianzas a través, entre otros aspectos, de la puesta en marcha de lo que se denomina las Zonas Económicas Especiales,^[92] en general, así como el desarrollo de contratos en el sector petrolero que comprometen la soberanía nacional,^[93] buscando convertirse en una opción segura para el desarrollo y la inversión de dichos capitales.^[94]

La profundización de la actual crisis y la posibilidad de la destrucción del país como república

Hasta aquí se han mencionado las profundas contradicciones del Proceso Bolivariano inherentes a las causas de la crisis venezolana; es menester ahora hacer referencia al camino que ha transitado un sector de la oposición al que se pudiera calificar como oposición extrema.^[95] El país está frente a una situación inédita, jamás vivida en toda su historia republicana. Nunca como ahora ha existido una abierta y directa participación de los intereses de la geopolítica mundial con la venia y estímulo por parte de los actores políticos nacionales; se hace mención, por una parte, a los intereses que se juegan entre Estados Unidos y sus aliados, que abiertamente vienen apoyando a un sector de la oposición venezolana que son quienes mantienen el monopolio político como tal, y por otra parte, a los intereses de China y Rusia, que mantienen alianzas muy estrechas con el gobierno de Nicolás Maduro. En medio de esta diatriba compleja y perniciosa, está un pueblo que viene sufriendo los embates de una crisis que no se podrá conjurar mientras no se resuelva el profundo conflicto político-institucional, que termina siendo, a la postre, el sustento de la mega crisis que padece el país.

En este sentido, después de muchos meses solicitando la realización de elecciones presidenciales anticipadas, un sector de la oposición política, una vez fracasado el diálogo de Santo Domingo,^[96] donde no hubo acuerdos sobre el tema electoral (fecha de las elecciones presidenciales), así como la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), desarrolla una campaña de abstención ante la arbitrariedad del gobierno de Nicolás Maduro de convocar elecciones presidenciales para el 20 de mayo de 2018, utilizando a través del control que tiene sobre el CNE todos los mecanismos para impedir la realización de un proceso electoral: plural, transparente, democrático, competitivo y libre.^[97] Sin embargo, otro sector de la oposición, que apuesta por salidas electorales a la crisis, a pesar de la deriva autoritaria del gobierno, decide participar en dichas elecciones presidenciales. El referido evento electoral del 20 de mayo de 2018, muy cuestionado tanto nacional como internacionalmente, se caracterizó, entre otros aspectos, por tener como resultado la reelección presidencial de Nicolás Maduro para un segundo periodo presidencial (2019-2025), en medio de una abstención histórica^[98] en Venezuela para ese tipo de eventos y bajo un despliegue de ventajismo y abuso de poder por parte del gobierno de Nicolás Maduro y su partido (PSUV), tal como lo documentó el Observatorio Electoral Venezolano en su Informe de Irregularidades 2018.^[99]

Durante 2019, año donde se inicia un segundo mandato presidencial para Nicolás Maduro, ocurren dos hechos inéditos que siguen abonando la profundización de la crisis venezolana. Se hace referencia, específicamente, a la juramentación de Nicolás Maduro ante el TSJ e, inmediatamente después, ante el Alto Mando Militar^[100] (lo cual contraviene la Constitución, que exige debe ser ante la Asamblea Nacional), y a la autojuramentación del diputado Juan Guaidó^[101] en una plaza pública como “presidente encargado”, apelando a una interpretación muy sesgada e interesada de los artículos 233,^[102] 333 y 350 de la Constitución, poniendo en práctica la estrategia para sacar a Nicolás Maduro del poder, definida como “Cese a la Usurpación, Gobierno de Transición y Elecciones Libres”. Muy pronto quedó en evidencia que dicha estrategia era una maniobra diseñada desde el Departamento de Estado de los EE.UU. y de los gobiernos aliados, como por ejemplo los que en esa oportunidad se organizaron en torno al denominado Grupo de Lima^[103] y algunos países de la Unión Europea. Dicha estrategia para sacar a Maduro del poder buscaba transitar una vía violenta y muy poco democrática y constitucional,^[104] la cual quedó develada en los controvertidos hechos que rodearon tanto al 23 de febrero^[105] como al 30 de abril de 2019.^[106] Todo el escenario anterior que va llevando al país a una escalada de mayor violencia e intolerancia ocurre teniendo como colofón las permanentes amenazas y acciones, al margen del respeto al derecho internacional y de la soberanía de los Estados, por parte del gobierno de los Estados Unidos de América al profundizar las sanciones financieras y económicas contra Venezuela, las cuales pasan de prohibirle al gobierno de Maduro utilizar la plataforma del dólar para emitir nueva deuda,^[107] al BCV de utilizar el dólar en sus operaciones financieras, hasta el impedimento de que la industria petrolera (PDVSA), y en general las instituciones del Estado, realicen transacciones comerciales en dólares, con el exabrupto de bloquear los activos que a nivel internacional le pertenecen a la nación y reconocer y aceptar una Junta Directiva en la empresa CITGO,^[108] filial de PDVSA en EE.UU., designada por el diputado Guaidó como “presidente encargado”, con lo cual se impide prácticamente el control financiero y operativo del CITGO por parte de PDVSA casa matriz. Todo ello ocurre en el marco de un permanente discurso belicista, arrogante e intervencionista que hace sistemática referencia a que en el caso de la crisis venezolana “todas las opciones están sobre la mesa”,^[109] dando a entender que no se descartaba, incluso, una salida de tipo militar.

Conclusiones

Sin lugar a dudas, todos los eventos ocurridos después del quiebre histórico que significaron los resultados electorales del 6 de diciembre de 2015, lejos de generar condiciones para conjurar, por lo menos desde el punto de vista político, la crisis venezolana y abrir cauces que permitan perfilar acuerdos para atender el profundo drama social y económico que tiene el país, han conducido a Venezuela a una encrucijada histórica donde se presentan dos opciones, a saber, buscar un cauce democrático, pacífico y soberano para superar la crisis, o bien profundizarla con los consecuentes efectos que amenazan la estabilidad e integridad de la república.^[110] Venezuela se encuentra entonces con un pueblo que está subsumido en un drama social complejo, desmoralizado y cansado, afectado por un proceso de emigración histórica que ha fracturado a miles de familias venezolanas; por una dirigencia opositora con vínculos importantes con la élite política y económica mundial que año tras año ha venido desarrollando como estrategia la profundización de la polarización extrema, de la cual también ha sacado provecho la élite que gobierna; y, por último, por un gobierno que, en su afán por mantenerse en el poder, ha desmontado buena parte de lo que habían sido los referentes del Proceso Bolivariano y del modelo político contenido en la Constitución vigente, y así se ha deslizado cada vez más hacia un régimen profundamente autoritario.

Es obvio que tanto ayer como hoy, Venezuela es un país más dependiente del modelo extractivista y, por ende, sigue padeciendo el manejo geopolítico que existe detrás del control petrolero mundial y del reacomodo de la geopolítica que sirve a sus intereses. El gran desafío que confronta al pueblo venezolano con el futuro inmediato, y el tiempo de la carga histórica que significa haberse atrevido, como pueblo, a soñar con la construcción de “otro mundo posible”, obliga hoy más que nunca a retomar las banderas de la disposición al cambio y a seguir atreviéndose a soñar, interpelando a la historia reciente sin perder la motivación por la construcción de proyectos alternativos, lo que significa superar la actual crisis, conectando la necesidad de reinstitucionalizar al país, que pasa necesariamente por el respeto a las reglas básicas del juego democrático y al Estado de derecho contenido en la Constitución vigente, con los grandes desafíos que hoy en día enfrenta la humanidad toda en el actual proceso de cambio civilizatorio, caracterizado como afirma Lander por “la crisis terminal multidimensional del patrón civilizatorio moderno-colonial” (Lander, 2019, p. 9).

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