Wolfgang Gabbert

Resumen

No cabe duda de que la violencia física fue una característica constante del colonialismo español y portugués en América Latina. Sin embargo, lejos de ser uniforme, las formas y el alcance de la violencia colonial variaban considerablemente entre las distintas regiones y periodos de tiempo. En esta contribución se examinan esas diferencias y se las relaciona, entre otras cosas, con el carácter de las sociedades nativas, así como con los diferentes sistemas de explotación económica que utilizaron los colonizadores. En otra sección se analizan las pautas de protesta contra el dominio colonial, en las que se alternan periodos de relativa “pacificación” con periodos de violencia masiva. Además, se argumenta que las alianzas entre europeos y grupos indígenas desempeñaron un papel importante en el establecimiento y la preservación del dominio colonial. Hacer hincapié en la complicidad de los nativos en el sistema colonial no exime en modo alguno a los europeos de su responsabilidad por el colonialismo en América Latina como tal o, más concretamente, por el grueso de la violencia colonial. Sin embargo, en vista de que los españoles y los portugueses siguieron siendo una pequeña minoría en la mayor parte de América Latina hasta el final del periodo colonial, este aspecto parece crucial para comprender cómo el colonialismo fue posible. La invasión masiva de las tierras indígenas, la inestabilidad política y la militarización de la sociedad condujeron a un aumento de la violencia en los cinco decenios posteriores a la independencia.

Abstract

There can be no doubt that physical violence was a constant feature of Spanish and Portuguese colonialism in Latin America. Far from being uniform, however, the form and extent of colonial violence varied considerably between different regions and periods of time. This contribution discusses these differences and relates them, among other things, to the character of the native societies as well as to the different systems of economic exploitation the colonizers used. In another section, the patterns of protest against colonial rule will be discussed where periods of relative “peacefulness” alternated with times of massive violence. Beyond this, it is argued that alliances between Europeans and indigenous groups played an important role in the establishment and preservation of colonial rule. Emphasizing native complicity in the colonial system by no means absolves Europeans from their responsibility for colonialism in Latin America as such or, more specifically, for the bulk of colonial violence. However, in view of the fact that the Spanish and Portuguese remained a small minority throughout most of Latin America up to the end of the colonial period, this aspect seems crucial to the understanding of how colonialism was possible at all. The massive encroach on indigenous lands, political instability and the militarization of the society led to an increase in violence in the five decades after independence.

Introducción

No cabe duda de que la violencia fue un aspecto importante del colonialismo ibérico en América Latina.^[1] La evidencia más impresionante en apoyo de esta afirmación son las tremendas pérdidas que sufrió la población indígena. Las estimaciones de la población previa a la conquista son difíciles y las cifras no pueden ser más que “conjeturas informadas” (Farriss, 1984, p. 57). No obstante, parece seguro afirmar que se produjo una verdadera catástrofe demográfica, que provocó una reducción de la población autóctona de hasta el 90 por ciento en muchas regiones y una despoblación total en otras. Aunque la mayoría de las muertes se debieron a epidemias, como la gripe o la viruela, la guerra, el trabajo forzado y las hambrunas que resultaron de la desintegración de los sistemas precoloniales de producción y distribución también desempeñaron su papel (Assadourian, 1989; Livi Bacci, 2003; Newson, 2007). Sin embargo, lejos de ser uniformes, la forma y el alcance de la violencia colonial varían considerablemente entre las diferentes regiones y períodos.

A continuación, se esbozará primero esta diversidad. Enseguida, se discutirá la dinámica de la violencia en el período colonial. En el siguiente apartado se examinará el cambio de las condiciones económicas después de la independencia y sus efectos, especialmente en la población indígena. Por último, se discutirá la estructura de los ejércitos y fuerzas armadas y los fundamentos de un liderazgo caudillista como condiciones esenciales para el aumento de la violencia en las primeras cinco décadas después de la independencia.

Diversidad regional y temporal

La estructura y la dinámica general del colonialismo en América Latina fueron el resultado de una compleja interacción entre los intereses, las capacidades y la ideología de los ibéricos, por un lado, y la diversidad de las sociedades indígenas, por otro. Al nombrar erróneamente a la población indígena “indio”, los españoles crearon la ficción de un “otro” colonial homogéneo. Sin embargo, los posibles 50-60 millones de habitantes que poblaron las Américas en vísperas de la conquista a finales del siglo XV diferían ampliamente en idioma, cultura, economía y organización social. Los lingüistas suponen que hablaban idiomas que pertenecían a más de 100 familias lingüísticas (Coe, 1986, pp. 42-45, 86, 156-157; Gunsenheimer y Schüren, 2016, pp. 77-128).

Mesoamérica en el norte y las tierras altas andinas en el sur eran las partes más densamente pobladas. A partir del cultivo masivo de maíz, papa y otros productos, se desarrollaron sociedades complejas, como los Imperios inca y azteca, cada uno con varios millones de sujetos. Se caracterizaron, entre otras cosas, por el urbanismo, la estratificación de clases y las religiones estatales. La zona intermedia que comprende las islas caribeñas, América Central y las partes septentrionales de América del Sur también estaba densamente habitada por personas organizadas en su mayoría en cacicazgos. En estas sociedades, principalmente agrícolas, la organización política y social era menos compleja que en las áreas centrales. Los cacicazgos estaban organizados por lazos de parentesco (reales o ficticios). Mientras que la gente generalmente controlaba sus medios básicos de producción, el acceso a los bienes de prestigio estaba restringido. Por lo tanto, aunque existía la diferenciación según el rango de personas y grupos de parentesco, no había una verdadera estratificación de clases. Estructuras similares existían en el sur y sureste de los Andes y en las fértiles llanuras aluviales (llamadas en portugués várzeas) a lo largo de los principales ríos de las tierras bajas de América Latina, como el Amazonas y el Orinoco. La mayoría de las tierras bajas de América Latina (con la excepción de la península de Yucatán) estaban pobladas por sociedades no-estratificadas que combinaban la caza y la pesca con la recolección y la horticultura.^[2]

Las diferencias entre las sociedades nativas tuvieron consecuencias significativas para los patrones de conquista y colonización. Las sociedades estatales indígenas fueron conquistadas en periodos relativamente cortos. El Imperio azteca del centro de México, por ejemplo, cayó después de poco más de dos años (1519-21).^[3] Los españoles expulsaron de sus cargos solo a los principales líderes imperiales, instalándose en la cúspide de una jerarquía política ya existente y altamente centralizada. La población común, compuesta en su mayoría por campesinos y sus familias, estaba acostumbrada a ceder parte de sus excedentes de productos y mano de obra a la aristocracia y al Estado. Así, los españoles pudieron referirse a instituciones de gobierno y explotación bien establecidas. Aunque la esclavitud de los indígenas jugó un papel importante durante la conquista y los primeros años posteriores, pronto fue reemplazada por diferentes formas de tributo (p. ej., la encomienda) y trabajo forzado (repartimiento, cuatequil, mita).^[4] Las comunidades indígenas eran un sector importante de la sociedad colonial. Se les concedieron derechos sobre las tierras y los recursos de las aldeas, además de una forma limitada de autogestión por parte de los funcionarios nativos. Así las comunidades indias funcionaban como productoras de excedentes que podían ser apropiados por la Corona y los encomenderos, como fuente de mano de obra para las minas, haciendas y otras empresas españolas y, al mismo tiempo, como fuente de alimentos baratos y productos artesanales (Zavala y Miranda, 1954, pp. 67-77, 80-98, 124-132; Spalding, 1999, pp. 934-942; Schüren, 2019, pp. 154-160). La Corona y la Iglesia católica se esforzaron por controlar la explotación excesiva de los indios para mantener su capacidad de rendir tributo y trabajo y de fomentar su voluntad de convertirse al cristianismo (Taylor, 1979, pp. 16-19; Stavig, 2000, pp. 88, 111).

La conquista y el posterior establecimiento del dominio colonial fue más difícil en el caso de las sociedades nativas menos centralizadas, donde cada cacicazgo o aldea tuvo que ser conquistado individualmente. Los españoles se enfrentaron a la ardua tarea de cambiar fundamentalmente los patrones de autoridad existentes, la división del trabajo y la distribución de los excedentes. Entre muchos de los grupos indígenas de las tierras bajas, hubo que inventar instituciones de liderazgo estables. Con frecuencia los nativos no estaban dispuestos a trabajar para otros o a entregar sus productos, a menos que se vieran obligados por la fuerza a hacerlo. Dado que los yacimientos de oro y plata (explotables en aquel momento) eran limitados o inexistentes, los habitantes nativos constituían la única “mercancía” de interés para los europeos. La esclavitud siguió siendo una institución clave de la explotación colonial durante un periodo mucho más largo aquí que en las zonas núcleo coloniales. Esto fue especialmente cierto para las regiones fronterizas y las grandes áreas que quedaron fuera del control efectivo de los íberos, como el norte de México, partes de las tierras bajas de la Amazonía, las pampas de Argentina y el sur de Chile. Allí los nativos sufrieron violentas incursiones de los cazadores de esclavos durante todo el período colonial (Hemming, 1984, pp. 503, 536-545; Garavaglia, 1999; Boccara, 2007, pp. 231-281).

Otra forma de esclavitud se desarrolló en las islas caribeñas y en la costa brasileña. Durante las primeras décadas después de la llegada de Colón, se vivió el colonialismo español en su forma más anárquica y violenta, lo que llevó a la desaparición total de la población indígena en las islas mayores en pocas generaciones. Los grupos de habla tupí-guaraní dispersos a lo largo de la costa brasileña fueron diezmados rápidamente por incursiones de cazadores de esclavos una vez que la colonización portuguesa había comenzado definitivamente en 1533. La falta en ambas regiones de mano de obra nativa local estimuló las incursiones de los europeos en las áreas adyacentes que hasta entonces no habían sido conquistadas. Además, se empezó a introducir esclavos africanos en gran escala (Whitehead, 1999, pp. 868-873; Monteiro, 1999, pp. 990-1009; Livi Bacci, 2003).

Conquista, pax colonial y rebeliones

La conquista fue sin duda el periodo más violento de la historia colonial de América Latina. Los grupos indígenas fueron sometidos directamente a la fuerza militar masiva o mediante el empleo selectivo de masacres y atrocidades, convencidos de la fuerza del colonizador y de la inutilidad de la resistencia. Entre las tácticas empleadas se encuentra la amputación de la mano derecha de un número a veces elevado de prisioneros indígenas u otras mutilaciones, el asesinato de mujeres, niños y ancianos desarmados y otras formas de violencia demostrativa (p. ej., Restall, 2003, pp. 24-25). Tanto en las zonas centrales coloniales como en las regiones fronterizas, las alianzas entre españoles o portugueses y grupos indígenas (“indios amigos”) desempeñaron un papel fundamental en la conquista y en el establecimiento de la dominación europea (Spalding, 1999, pp. 922-926; Gabbert, 1995, pp. 281-288; 2010, pp. 40-42; 2019b). En las zonas costeras del Brasil, por ejemplo, muchos grupos tupí-guaraníes se aliaron con los portugueses o los franceses para obtener armas de fuego en el curso del siglo XVI a fin de conseguir ventajas en las frecuentes guerras con sus enemigos indígenas tradicionales (Monteiro, 1999, pp. 991-997). En el Paraguay, los guaraníes acogieron a los primeros europeos como aliados en su defensa contra las incursiones de los indios chaco montados (Bakewell, 2004, p. 260). En el norte del Virreinato de la Nueva España, los indios cristianizados, así como los misioneros y colonos españoles, tuvieron que defenderse de las incursiones de los apaches y otros grupos nómadas (Guy y Sheridan, 1998).

Esta fase de conquista se prolongó en las zonas fronterizas durante bastante tiempo, y las campañas militares contra los “indios insumisos” más allá de la frontera colonial continuaron durante todo el periodo colonial. En las zonas núcleo de México (Nueva España) y Perú (Virreinato del Perú), sin embargo, el dominio colonial se consolidó a mediados del siglo XVI. Aquí también la violencia estaba en el fondo del colonialismo. Los líderes de rebeliones aplastadas a menudo eran tratados con extrema crueldad. Tupac Amaru II, un rico noble y jefe (kuraka) de varias comunidades indígenas, fue el líder principal de una gran rebelión anticolonial a finales del siglo XVIII. Fue obligado a presenciar la ejecución de su esposa, varios parientes y “capitanes principales” antes de ser ejecutado en la plaza principal de Cusco, Perú, el 18 de mayo de 1781: le cortaron la lengua y le ataron los brazos y las piernas a cuatro caballos para descuartizarlo. Sin embargo, este intento fracasó y finalmente fue decapitado. Mientras su torso se quemaba en una hoguera y las cenizas eran arrojadas al viento, su cabeza, brazos y piernas fueron enviados a los principales centros de la revuelta al igual que los cadáveres desmembrados de su esposa, hijo y tío.^[5] Sin embargo, el surgimiento de varias instituciones ayudó a limitar el uso de la fuerza física masiva por encima del nivel de las formas cotidianas de violencia. Con pequeñas excepciones, lo que se conoce como pax hispanica prevaleció después de la agitación de la conquista y sus secuelas (p. ej., Rowe, 1946, pp. 206-209; Gibson, 1955, p. 586; Katz, 1988a, p. 77).

Las guerras y rebeliones habían sido bastante comunes en los imperios de los incas y aztecas antes de la conquista. Más allá de esto, la “triple alianza” azteca no había intentado suprimir la guerra dentro de sus fronteras con el resultado de que el conflicto violento no era infrecuente entre las ciudades-Estado sujetas a los gobernantes aztecas (Katz, 1988a). La administración española, en cambio, reivindicó el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Muy pronto, la Corona introdujo una administración territorial ampliada que tenía como objetivo no solo dominar a los indios, sino también domar a los conquistadores y colonos y frenar cualquier reivindicación de poder rival que pudiera surgir de estos últimos. En las primeras décadas, se sentaron las bases para un sistema de gobierno que fue codificado y regularizado en un grado hasta entonces desconocido (Edelmayer, 1996, pp. 50-54; Bakewell, 2004, pp. 119-136).

Una indicación de los cambios que se produjeron en el curso del régimen colonial son los patrones de rebelión rural en las zonas centrales. Cuando cesaron las rebeliones anticoloniales en el siglo XVI empezó un periodo de estabilidad relativa que persistió hasta finales del siglo XVIII. Esto no implica una ausencia total de protestas violentas. Sin embargo, los levantamientos fueron generalmente asuntos espontáneos de pequeña escala y pueden ser vistos como protestas contra el abuso por parte de los funcionarios locales y no como un ataque fundamental al dominio colonial como tal. Esto contrasta con los patrones de rebelión en la periferia colonial, donde tuvieron lugar alzamientos a gran escala a lo largo de todo el período colonial (Taylor, 1979, pp. 113-151; Katz, 1988a, pp. 77-79, 93; Coatsworth, 1988, pp. 31-34; Schroeder, 1998).

Sería tentador recordar la visión de Eric Wolf (1969) sobre los orígenes de las rebeliones campesinas, que sugiere que los principales actores en muchas de las rebeliones rurales eran campesinos ubicados en áreas periféricas fuera del centro del control de los terratenientes, por lo que disponían al menos de cierto “poder táctico”. Aunque es innegable que hay algo de verdad en este argumento, yo diría que explica solo parcialmente los patrones de rebelión en la América Latina colonial.

En primer lugar, incluso los núcleos coloniales estaban gobernados por la Corona española sin un gran ejército o policía. Por lo tanto, la capacidad de control y represión, especialmente en las zonas rurales, era limitada. Además, las comunidades indígenas tenían una alternativa algo más viable y menos arriesgada a la rebelión armada: podían recurrir a los tribunales. El sistema judicial español no estaba libre de sobornos, corrupción o favoritismo. En la mayoría de las regiones, sin embargo, se mantuvo lo suficientemente independiente de los intereses de las élites locales como para convencer a muchos indígenas de que persigan sus intereses a través de los tribunales. Los archivos contienen numerosos ejemplos de acciones legales emprendidas por los indígenas y sabemos de muchos casos de demandas exitosas contra colonos españoles. En consecuencia, la Corona fue aceptada como un soberano remoto pero legítimo y un árbitro válido de las quejas de los indígenas (Taylor, 1979, p. 170; Katz, 1988a, p. 79; Owensby, 2008, pp. 294, 300-301). Las rebeliones que tuvieron lugar estaban dirigidas a los funcionarios locales “y los indios en su mayoría estaban firmemente convencidos de que la Corona, si solo lo supiera, corregiría sus errores”, como escribió Friedrich Katz (1988a, p. 79, traducción mía).

En la mayoría de los casos, los funcionarios coloniales se apresuraron a terminar los levantamientos de las aldeas por negociaciones antes de que se extendieran a otras comunidades. En general, se castigaba solamente a un pequeño número de presuntos líderes. En muchos casos, las comunidades obtuvieron algún tipo de reparación por sus agravios, tales como reducciones de impuestos o la remoción de funcionarios coloniales ofensivos (Taylor, 1979, p. 169; Saignes, 1999, p. 79). Este período de relativa “paz” –es decir, la relativamente baja incidencia de la violencia colectiva a gran escala– llegó a su fin en el transcurso del siglo XVIII. Varios factores explican este cambio:

1. Debido a la disminución masiva de la población indígena después de la conquista, la tierra no era un recurso escaso en muchas partes de América Latina. La población indígena sobreviviente experimentó cambios masivos en sus patrones de asentamiento. La congregación en asentamientos nucleados liberó nuevas tierras que la Corona podía distribuir o vender. En estas circunstancias, los españoles podrían apropiarse fácilmente de las tierras desocupadas. Además, al principio los españoles eran pocos y su interés por iniciar la producción agrícola era limitado. La competencia por la tierra aumentó tan pronto como la población indígena comenzó a recuperarse (a mediados del siglo XVII en México y un siglo después en Perú), y un número creciente de españoles y mestizos comenzaron a establecer haciendas para la producción agrícola como reacción al crecimiento del mercado interno de alimentos debido al desarrollo de la industria minera y al aumento de la población urbana (Taylor, 1979, pp. 146-151; Farriss, 1984, pp. 158-164, 200-206; Glave, 1999, pp. 505-506; Stavig, 2000, pp. 90-91).
2. Hasta finales del siglo XVIII, los españoles no tenían los recursos para mantener su autoridad con medios militares ni para asegurar el suministro de mano de obra nativa o de tributos, ni siquiera en las zonas núcleo de la colonia. Así, los intermediarios nativos desempeñaron un papel importante en el mantenimiento del sistema colonial. Por lo tanto, se respetaron las prerrogativas de los nobles indígenas. Los ayuntamientos indígenas tenían que recaudar impuestos y seleccionar a hombres y mujeres para los proyectos de trabajo de los españoles. A muchos nobles indígenas se les permitía llevar el título de “don” y portar armas. Además, poseían grandes extensiones de tierra y recibieron una parte del tributo de su pueblo en recompensa por sus servicios. Para muchos la situación mejoró en comparación con el período anterior a la conquista. Se hicieron ricos en comercio o cultivando productos europeos y superaron económicamente a muchos españoles (Gibson 1955, pp. 587, 590-592; Spalding 1970, pp. 647-648, 655-659, 661-662; Saignes 1999, pp. 64-68, 77-80, 86; Schüren 2017).

Sin embargo, a lo largo del siglo XVIII, el rol político y económico de la élite indígena disminuyó considerablemente debido a las reformas borbónicas destinadas a establecer estructuras de gobierno colonial más eficaces. Entre otras cosas, los caciques y los gobernadores indígenas de los pueblos perdieron el control de los ingresos públicos en beneficio de los funcionarios españoles. Dado que sus funciones judiciales eran limitadas, fueron reducidos a meros recaudadores de impuestos y en gran medida despojados de su influencia política. Además, el autogobierno de los pueblos era cada vez más limitado. Más allá de esto, la recaudación de impuestos se hizo más eficiente y nuevos impuestos aumentaron la carga efectiva que los tributarios indígenas tenían que soportar. Por último, hay pruebas de que los tribunales juzgaron cada vez más en contra de los intereses de las comunidades indígenas (Farriss, 1984, pp. 355-366; Coatsworth, 1988, pp. 54, 58; Glave, 1999, pp. 541, 552-554).

En consecuencia, los disturbios locales y las rebeliones aumentaron drásticamente en número y alcance en las zonas centrales de la colonia, especialmente después de mediados del siglo XVIII. Esta tendencia fue particularmente pronunciada en la región andina, donde en 1780/81 estalló la mayor revuelta indígena en la historia de América Latina encabezada por el ya mencionado Tupac Amaru II. Se estima que perdieron la vida unas 100.000 personas, es decir, aproximadamente el 8% de la población de la zona comprendida en el levantamiento. Aproximadamente 40.000 no eran indígenas (Coatsworth, 1988, pp. 32, 35-38, 49; Stern, 1987, parts 1-2; Robins, 2002).

La “segunda conquista”: del colonialismo al poscolonialismo

Una violencia colectiva a gran escala azotó América Latina la mayor parte del siglo XIX. Las guerras de independencia entre 1809 y 1825 eran particularmente sangrientas y costaron la vida de muchos. En México, por ejemplo, se calcula el número de víctimas en 600.000,que corresponde al 10% (Bernecker, 2007, pp. 135, 162). Por fin, los Estados latinoamericanos consiguieron su independencia de España y Portugal. Con la excepción de Brasil –dirigido por el hijo del rey portugués como un imperio independiente desde 1822– todos los países se convirtieron en repúblicas. Sin embargo, la independencia no trajo consigo el autogobierno de los colonizados, sino la dominación de la élite de los criollos, como se denomina a los españoles nacidos en América Latina. En general, las guerras de independencia fueron esencialmente movimientos conservadores destinados a impedir grandes cambios sociales. Por lo tanto, la discriminación legal de la población indígena fue eliminada solo lenta y reticentemente. El objetivo de preservar un estatus especial para los indígenas era proporcionar mano de obra barata para la creciente agricultura comercial. En otros casos, el tributo de los indios constituía una parte importante de los ingresos de los Estados (Gabbert, 2019a, pp. 339-354).

Como hemos visto, el período relativamente largo de paz en las zonas núcleo de la colonia se debió, por una parte, a la limitada presión demográfica sobre las tierras de cultivo y, en particular, a la función asignada a la población indígena en la sociedad colonial. Aunque los indígenas pacificados fueron relegados a una posición subordinada, se les consideraba parte importante de la sociedad. Esto comenzó a cambiar fundamentalmente con las reformas borbónicas y especialmente después de la independencia. Entre las élites se aceptaban ampliamente las ideas económicas liberales. Los indígenas y sus instituciones, como las tierras comunales, se consideraban como reliquias innecesarias del pasado y grandes obstáculos para el progreso social y económico. La expansión de la agricultura comercial para la exportación condujo a nuevos e intensos asaltos a las tierras indígenas que se dividieron en lotes y se privatizaron tanto como los baldíos, áreas supuestamente desocupadas (Tutino 1986, pp. 242-276; Larson 1999, pp. 560-562, 567-568, 573-584, 623; Hill 1999, pp. 712-714, 734-738; Gabbert 2019a, pp. 340-353).

Muchos indígenas de las zonas de refugio también se vieron afectados por los crecientes ataques de las jóvenes repúblicas latinoamericanas. Los mapuches en el sur de Chile, los indígenas de las pampas y los tehuelche en Argentina perdieron su independencia en la segunda mitad del siglo XIX después de sangrientas campañas de conquista (Jones, 1999, pp. 173-183).

La creciente demanda de productos forestales, como la quinina y especialmente el caucho, llevó a una renovación del interés de los gobiernos en las áreas de refugio como fuente potencial de productos para la exportación. Por lo tanto, comenzaron a establecer fortificaciones militares, fomentaron la colonización y otorgaron concesiones para la explotación de grandes extensiones a empresarios nacionales y extranjeros. La explotación y represión de la población indígena alcanzó una nueva culminación y muchos grupos indígenas fueron completamente destruidos. Los barones del caucho controlaban vastas áreas por ejércitos privados que aseguraban su mano de obra mediante la esclavitud de los indígenas o el peonaje por endeudamiento. A finales del siglo XIX, por ejemplo, la población indígena de los Llanos de Mojos, en el norte de Bolivia, que había alcanzado aproximadamente 100.000 personas en el siglo XVIII, se redujo a 20.000 (Hill, 1999, pp. 709-711, 714-716, 742-753, 758-759).

Teniendo en cuenta estos graves ataques a los fundamentos materiales y culturales de la supervivencia de los indígenas, no es de extrañar que la violencia colectiva en los núcleos coloniales haya aumentado drásticamente a lo largo del siglo XIX en comparación con la mayoría de la época colonial. La expansión de haciendas y plantaciones y la privatización de tierras comunitarias o supuestamente “desocupadas” fueron las principales causas de importantes revueltas de campesinos indígenas en muchas partes de América Latina (Reina, 1980; Coatsworth, 1988, pp. 33-39, 50, 59; Katz, 1988b, pp. 522-525, 530-532; Larson, 1999, pp. 641-654).

La época del caudillo

Entender los procesos políticos en América Latina en los primeros cincuenta años después de la independencia es una tarea difícil. La inestabilidad era grande, pronunciamientos, golpes y rebeliones eran frecuentes (Bakewell, 2004, pp. 410-419; Fowler, 2012). Después de más de diez años de guerras de independencia a partir de 1810, el nuevo Estado de México adoptó una amplia variedad de formas de gobierno hasta 1867 –imperio, república federal, república centralizada y dictadura militar–. Solo entre 1821 y 1857, se turnaron 50 gobiernos centrales diferentes, la mayoría de los cuales fueron el resultado de revueltas militares (Cockroft, 1990, p. 62). Un contemporáneo lamentó sobre la inestabilidad política en Yucatán, en el sur de México, a mediados del siglo que “subían y descendían gobernadores con la rapidez de los cubos de una noria”:

Las asonadas revolucionarias se sucedían ya en Yucatán de una manera escandalosa, y las pasiones se habían desencadenado con más furor que nunca. Los gobernadores llegaron a contarse, no por meses, se contaban ya por días, y aun podemos agregar, por horas, pues hubo vez en que figuraran dos gobernadores en el mismo día, tomando uno posesión por la mañana y dejando el puesto al medio día a su sucesor (GCY, [1866] 1997, pp. 115, 131).

Los discursos políticos públicos estaban llenos de evocaciones de ideas abstractas –como el orden, la fe, la libertad, la justicia, la democracia, etc.– y de la expresión de convicciones supuestamente profundas. Sin embargo, el comportamiento de los actores muchas veces no correspondía con tales declaraciones. Cambiaban su orientación ideológica o su militancia en grupos políticos rápidamente y sin que se pudiera detectar, en muchos casos, un proceso de reflexión ideológica. Antonio López de Santa Anna, varias veces presidente de México, por ejemplo, combatió en el ejército de la Corona para preservar el dominio español para más tarde defender la independencia de México. En su trayectoria participó con partidos monárquicos, republicanos, centralistas, federalistas, liberales y conservadores. Obviamente las convicciones ideológicas no ayudan mucho para entender el comportamiento de líderes como Santa Anna (Bakewell, 2004, pp. 417-419).^[6] Esto es aún más acertado cuando miramos a los soldados rasos o a los combatientes de base en los frecuentes pronunciamientos e insurrecciones.

Después de haber logrado la independencia de España, los países de América Latina tenían que enfrentarse con inmensos retos: la marcada heterogeneidad social y étnica de la población, un enraizado localismo, la falta de vías de comunicación y la carencia de clases sociales que pudieran constituir la base social de un proyecto nacional que integrara las diferentes regiones y grupos poblacionales. Los terratenientes, produciendo sobre todo para los mercados locales y, por ende, con una orientación regionalista, el clero y los militares continuaban como los grupos de poder más importantes. La realidad social y económica correspondía en nada con la teoría política expresada en las Constituciones que muchas veces concebían al gobierno como republicano y representativo, donde se había abolido el sistema de castas coloniales (indio, mestizo, etc.) y decretada la igualdad de los ciudadanos ante la ley. En realidad, sin embargo, la sociedad quedaba dividida social y étnicamente. El Estado había perdido su función de “instancia neutral” y mediador entre élites locales y campesinos porque –en contraste con la situación durante la colonia– ahora eran los criollos de las clases altas quienes ocupaban los puestos de poder e influían en las políticas según sus intereses (Tutino, 1986, p. 215; Gabbert, 2019c, pp. 41-42). El Estado, a pesar de sus fuentes financieras limitadas, era un empleador muy importante en el contexto de la economía raquítica. Por lo tanto, puestos en el gobierno y en la administración, eran un bien codiciado. Las posiciones en los ayuntamientos prometían ganancias financieras porque estos cuerpos administrativos subastaban licencias para la producción de servicios públicos, como son la recaudación de impuestos, el abastecimiento con carne y granos o la construcción de edificios públicos. Consecuentemente, las elecciones para establecer los gobiernos estatales y ayuntamientos eran controvertidas con regularidad y caracterizadas por irregularidades, fraude, intimidaciones y violencia abierta (p. ej., Rugeley, 1997, pp. 477-486 y 2009, pp. 20-22).

No había partidos políticos con una organización e ideología firmes. Por eso, los políticos dependían de alianzas verticales con líderes regionales y locales para movilizar seguidores. Estos mediadores podían establecer relaciones entre las élites urbanas y las clases bajas de las villas y pueblos del hinterland. Ante la ausencia de organizaciones formales y de seguridad jurídica, el caudillismo se convertía en la forma prevalente de política y dominación (Lynch, 1992, pp. 406-407; Rugeley, 2009, pp. 23, 28). En este sistema la amenaza o la aplicación de violencia eran elementos estructurantes centrales. En una realidad caracterizada por cambios políticos y económicos frecuentes y poco previsibles, y por la falta de garantías eficaces para la propiedad y para la vida, eran las relaciones clientelares las que ofrecían cierta seguridad para las clases populares. Los enfrentamientos no se daban entre clases sociales sino entre facciones políticas y militares, compuestas por individuos de diferentes posiciones sociales, terratenientes y peones, miembros de la élite y de la plebe urbana, etc. El reclutamiento de seguidores se daba por vías múltiples, entre otras, relaciones de parentesco, compadrazgo, amistad, clientelismo y endeudamiento. La relación con el líder era decisiva en las facciones porque constituía el vínculo esencial para unir esta heterogénea membresía (Lynch, 1992, pp. 404-406; Gabbert, 2016, pp. 74-75 y 2019c, pp. 173-184).

En varios países el sistema militar que emergió después de la independencia fortaleció tanto el localismo como el clientelismo y el uso generalizado de la violencia. En México, por ejemplo, existían dos tipos de fuerzas armadas simultáneamente, por un lado, el ejército del gobierno central (o federal), y por el otro, las milicias de los estados, distritos, prefecturas o ayuntamientos. El resultado eran unidades militares con una orientación netamente local y una relación personal estrecha entre soldados y oficiales. Consecuentemente, cada conflicto local o regional tenía el potencial de recrudecerse en un enfrentamiento violento porque los ayuntamientos, controlados por las élites locales, tenían la capacidad de movilizar sus propias unidades armadas (Escalante Gonzalbo, 1993, pp. 166-167, 172, 178-184; Chust y Serrano, 2007, pp. 92-93, 100, 104-105; Gabbert, 2019c, pp. 52-55).

El periodo anárquico llegó a su fin en varios países, como México, por ejemplo, a finales del siglo XIX. En el contexto del desarrollo de una economía orientada hacia la exportación de productos agrícolas y minerales, crecientes inversiones extranjeras y la construcción de caminos y ferrocarriles que facilitaron el movimiento de cuerpos del ejército para suprimir rebeliones locales, algunos caudillos lograron eliminar o cooptar a sus rivales. Así lograron establecer gobiernos centrales con más fuerza para controlar la población y reducir la frecuencia de las guerras civiles (Tutino, 1986, pp. 276-288; Bakewell, 2004, pp. 444-454).

Conclusión

El énfasis en la participación de las élites indígenas e “indios amigos” en el sistema colonial no exime en absoluto a los europeos de su responsabilidad en el colonialismo en América Latina y de la mayor parte de la violencia colonial. Sin embargo, en vista de que los españoles y los portugueses seguían siendo una pequeña minoría en casi toda América Latina hasta el final del período colonial –en el centro de México, por ejemplo, todavía en 1821 los indígenas constituían el 70 por ciento de la población, y en Perú su participación era del 62 por ciento en 1827–, este aspecto parece crucial para comprender cómo fue posible el colonialismo.^[7]

En 1824, más de medio siglo antes de que los europeos comenzaran a someter el interior de África, el dominio colonial español ya había llegado a su fin en la América Latina continental. Sin embargo, la independencia no trajo consigo el autogobierno de poblaciones hasta entonces colonizadas, sino la dominación de una nueva élite criolla. Mientras que los indígenas de las zonas centrales fueron liberados de las restricciones legales coloniales, tuvieron que enfrentar nuevos e intensificados ataques a sus tierras comunales, impulsados por la expansión de la agricultura capitalista. Así, los siglos XIX y principios del XX se caracterizaron no por una menor violencia colectiva, sino por una probablemente mayor aún que la que se dio durante gran parte del período colonial. La expansión de las haciendas y plantaciones, y la expropiación de las tierras de las aldeas provocaron grandes rebeliones de campesinos indígenas en toda América Latina. Más allá de esto, los Estados independientes de América Latina conquistaron las áreas de refugio indígenas restantes, aniquilaron los últimos vestigios de la autonomía indígena y diezmaron y a veces incluso exterminaron a grupos indígenas enteros. Así, el siglo XIX puede considerarse como un período de “segunda conquista”.

Incluso en la década de 1970, los cazadores-recolectores nómadas que vivían cerca o más allá de la frontera agraria fueron obligados por los gobiernos sudamericanos a adoptar una forma de vida sedentaria. Otros fueron –y ocasionalmente siguen siéndolo hoy en día– simplemente asesinados por pistoleros contratados por terratenientes locales, especuladores inmobiliarios o buscadores de oro. Este tipo de violencia se ha justificado a menudo como una concomitante algo lamentable pero inevitable de la civilización y el progreso. Es aquí, en la ideología que deshumaniza al “otro”, donde el largo período del colonialismo puede sentirse hasta el día de hoy.

Aunque los Estados nacionales lograron algo de estabilidad y los gobiernos centrales han extendido su control basándose, entre otros, en fuerzas militares profesionalizadas desde los finales del siglo XIX, problemas fundamentales no han sido resueltos. Las divisiones sociales y étnicas no se han podido superar, el Estado todavía se experimenta como una institución de dominación en muchas regiones, el sistema de justicia está lejos de funcionar como una fuerza neutral de resolución de conflictos y las inmersiones de potencias extranjeras siguen siendo importantes (p. ej., Méndez, O’Donnell y Pinheiro, 1999; Gabbert, 2005, pp. 304-308). Por consiguiente, varias formas de violencia de gran escala como golpes de Estado, dictaduras militares, movimientos guerrilleros e invasiones extranjeras han afectado a la mayoría de los países de América Latina en el siglo XX.

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