1. El nacionalismo católico, la revolución del 4 de junio de 1943 y la reconversión del sistema de educación superior reformista

El nacionalismo católico es un corpus doctrinal que, apoyándose en la filosofía perenne del ser tomista, comprende a la persona humana como creatura de Dios con vocación trascendental, naturaleza social dotada de libre albedrío que se perfecciona a sí mismo, por medio de la familia, que es la primera educadora, y los cuerpos naturales intermedios de la sociedad en la que habita y que, gracias al recto gobierno de la sociedad política natural perfecta que es el Estado, alcanza el bien común integral. En otras palabras, el nacionalismo católico es la reacción espontánea del amor a la patria que se testimonia por medio de la verdad, el sacrificio y la jerarquía, considerando a la nación como continuidad solidaria de las generaciones comprometidas en el bien común que exige el restablecimiento del orden natural en las almas y en las instituciones, por medio de esa escala de los nobles designios que son las jerarquías naturales de los valores. Siendo el amor a Dios el primer valor, seguido por la patria, que es la unidad de destino en lo universal y de los hombres arraigados en una misma tierra histórica que se funda en la familia cristiana, entre varón y mujer a través del sacramento. La doctrina política y educativa tomista tradicional reflexiona a la persona humana desde la filosofía del ser en función del bien común. Por lo tanto, hay una primacía del bien común sobre el bien privado. Porque el bien común no se adapta a la medida de las pasiones desordenadas de la persona producidas por el pecado y mucho menos al de la sociedad política. El sistema de educación superior, dentro del Estado, debe contribuir a la perfección de la dignidad de la persona en la plenitud de su vocación, lo que, por la dimensión trascendente propuesta por la religión católica, promueve el concepto de “bien común”. Así, por ejemplo, la verdad científica es de suyo un bien común. Por lo tanto, la universidad tiene que comprender el concepto tradicional del saber científico apoyado en las verdades sobrenaturales, siendo la autoridad jerárquica natural de la universidad los profesores, porque son portadores del saber. En cambio, si eliminamos de la ecuación la presencia de Dios en el concepto de “bien común” y del sistema de educación superior, caemos en un naturalismo antropocéntrico y antropomórfico, dejando sentadas las bases de la secularización laicista. Pero en la Argentina hay distintas tipologías del nacionalismo, que podemos resumirlas en el nacionalismo de izquierda y el justicialismo, que toman distancia del “nacionalismo católico” porque se fundamentan en una dialéctica populista, clasista y socialista (Castellani, 1993; Genta, 1958a, 1958b, 1974, 1976; Meinvielle, 1948; Ramírez, 1951).

Desde un enfoque teórico de política y gestión de educación superior, podríamos decir que históricamente desde los inicios fundacionales de la Argentina como Estado moderno ha existido siempre una tensión por el control de la universidad entre la Iglesia católica y el Estado. Desde la cosmovisión del nacionalismo católico, existe en la Argentina un proceso de descristianización del saber, como lo define Genta (1945a, 1945b, 2012), que se funda en la Constitución Nacional de 1853, la implantación en la Argentina de las escuelas normales regidas por maestras norteamericanas y protestantes traídas por Sarmiento para tal fin, la ley n.º 1.420, que establece la laicidad a través de la educación común, gratuita y obligatoria en 1884, seguida por la ley Avellaneda de 1885, que tuvo vigencia legal, con sus más y sus menos, hasta 1947, que sometió a la universidad argentina al profesionalismo utilitario, para terminar de subvertir las jerarquías naturales del saber y del gobierno en una barbarie auténtica imbuida de mercantilismo, materialismo práctico e individualismo con la reforma universitaria de 1918, que estableció los principios de corte político, como la autonomía y el cogobierno tripartito. Estos principios destinados a naturalizar, modernizar y democratizar el contenido, el método y la estructura de gobierno de las universidades nacionales han cambiado la relación entre Estado, universidad e Iglesia católica, al moldear los estatutos de las universidades nacionales sin adquirir forma legislativa alguna. Y en estos puntos, radican las llaves interpretativas para comprender las transformaciones del sistema de educación superior que se pensaban encaminar desde la revolución del 4 de junio de 1943 hasta 1954 en el punto culminante del conflicto de Perón con la Iglesia.

El 4 de junio de 1943 fue la fecha elegida por el Grupo Obra de Unificación (G.O.U.) para derrocar al gobierno de Castillo. Este movimiento militar abarcó tres gestiones de gobiernos entre 1943 y 1946 hasta el establecimiento definitivo del peronismo en el gobierno desde 1946 hasta 1955. La primera gestión de gobierno fue la del Gral. Arturo Rawson, que duró 3 días, desde el 4 de junio hasta el 7 de junio de 1943, cuyo ministro de Justicia e Instrucción Pública fue Horacio Calderón. La segunda fue la del Gral. Pedro Ramírez (1943-1944), que nombró al frente de la misma cartera a los siguientes referentes educativos de corte nacionalistas católicos: el coronel Elbio C. Anaya, Gustavo Martínez Zuviría y Horacio J. Silgueira. Y por último el gobierno del Gral. Farell (1944-1946), quien designó a los siguientes ministros de Justicia e Instrucción Pública: Gustavo Martínez Zuviría, Alberto Baldrich, Rómulo Etcheverry Boneo, Antonio Juan Benítez, Héctor Vernengo Lima y José Manuel Astigueta, siendo el principal asesor del ministerio monseñor Gustavo Franceschi (González, 2011; Piñeiro, 1997; Puiggrós, 2002).

El nuevo gobierno iniciado el 4 de junio de 1943 veía la necesidad de pensar la patria a partir de las jerarquías naturales sociales y políticas dadas por la experiencia histórica verdadera del país sobre la Iglesia de Cristo, y de un sistema de educación superior bajo un enclave cristocéntrico, patriótico, tradicionalista y jerárquico. Dentro de este esquema cosmovisional, la cuestión de la enseñanza religiosa era central para el establecimiento de la Argentina católica. En principio, este movimiento militar contó con gran apoyo del arco de la oposición, pero muy especialmente de los sectores nacionalistas católicos que veían en el nuevo gobierno la posibilidad de concretar sus anhelos políticos, especialmente en el ámbito de la educación superior (Documentos del G.O.U., 1998; Genta, 1957; Koc, 2018; Piñeiro, 1997).

De acuerdo a los distintos documentos oficiales del G.O.U. y los diferentes discursos de Perón sobre educación superior y de otros miembros importantes de los gobiernos militares o peronistas, los objetivos para edificar un nuevo sistema de educación superior alternativo al reformista debían ser concebidos bajo una programación de educación superior flexible y activa, que reestableciera la universidad a la metafísica y rehabilitase la inteligencia del ser, para evitar aún más el conflicto ya existente con la universidad reformista y el movimiento estudiantil en general. Estos objetivos estratégicos fueron los siguientes:

1. la despolitización de la universidad reformista para lograr una vinculación más directa con la sociedad y el proyecto de país de corte industrialista llevado a cabo por los distintos gobiernos militares y el peronismo; y
2. que los estudiantes tuvieran una formación nacionalista católica común (Perón, 2005a; Perón, 1998f; Guardo, 1948; Genta, 1960; Documentos del G.O.U., 1998; Presidencia de la Nación, 1954).

Entre 1943 y 1952, el sistema de educación superior argentino estaba integrado por seis universidades nacionales: Universidad Nacional de Córdoba (1613), Universidad de Buenos Aires (1821), Universidad Nacional de La Plata (1905), Universidad Nacional del Litoral (1919), Universidad Nacional de Tucumán (1924) y Universidad Nacional de Cuyo (1938). Los planes de normalización institucional que designaron interventores-rectores provenientes del nacionalismo católico sobre la universidad reformista para eliminar el gobierno tripartito, la reforma de los estatutos de las seis universidades nacionales y la prohibición, disolución y clausura de los centros y las federaciones estudiantiles, como la Federación Universitaria Argentina, por ser órganos de combate del estado mayor comunista fueron las políticas públicas educativas llevadas a cabo en el plano universitario por los gobiernos militares entre 1943 y 1946 (Genta, 1945a; Pis Diez, 2018; Pronko, 1999; Ramallo, 1999).

El prestigioso jurista tomista Dr. Tomás Casares fue nombrado como interventor en la Universidad de Buenos Aires, y el filósofo nacionalista católico profesor Jordán Bruno Genta, en la Universidad Nacional del Litoral, entre otros nombramientos. A estas intervenciones les siguieron las de Santiago de Estrada en la Universidad Nacional de Tucumán, Ricardo de Labougle en la Universidad Nacional de La Plata, Lisardo Novillo Saravia en la Universidad Nacional de Córdoba, y Carlos Pithod y Ramón Doll en la Universidad Nacional de Cuyo. Todos provenientes del nacionalismo católico. En las universidades nacionales de Tucumán y de Buenos Aires, las nuevas autoridades impusieron como centro de la vida académica a la enseñanza religiosa (Ramallo, 1999; Naidorf y Riccono, 2017).

Los factores histórico-culturales del mundo moderno no pueden alterar la esencia y naturaleza de la universidad; pero sí elevarla o degradarla. Todo cambio de orden temporal es siempre una restauración, donde, tras el agotamiento del statu quo vigente o viejo, se piensa y orienta un nuevo ordenamiento sociopolítico cultural que dé como resultado una nueva identidad universitaria en el origen de su poder, en las instituciones concretas y en el sistema de poder del cual se nutre. Frente a este problema, el nacionalismo católico se preguntaba cuál era la esencia de la universidad moderna Argentina; si era el sistema de educación superior argentino el que debía cambiar su actitud frente a la política educativa tradicional tomista o viceversa. Para alcanzar a percibir la influencia de estas inquietudes en los lineamientos esenciales de la política universitaria de los interventores-rectores provenientes del nacionalismo católico, durante sus gestiones al frente de las universidades nacionales, entre 1943 y 1946, debemos partir del diagnóstico negativo que tenían tanto ellos como el gobierno militar de entonces sobre la universidad reformista como estado mayor del bolchevismo. Para esto, nos apoyamos en los conceptos más significativos difundidos por el profesor Jordán Bruno Genta en una conferencia en audio, obtenida del archivo privado del Dr. París^[1], titulada “Universidad de Masas o de la Persona”, dictada en Buenos Aires el 13 de septiembre de 1973.

La universidad reformista es una universidad de masas por esencia que ha conseguido ser el estado mayor del bolchevismo, al instaurar la ideología marxista en la universidad argentina tras la reforma universitaria bajo el gobierno tripartito por partes iguales (profesores, estudiantes y personal no docente) del muchachismo servil, considerando al personal no docente como el pueblo. En cambio, la universidad de la persona es el ámbito aristocrático del saber, el de la rehabilitación de la inteligencia, en donde se elevan el alma de las masas por medio de los arquetipos de los santos y los héroes que, con su testimonio de vida, ayudan a cultivar y forjar el carácter y la personalidad de la persona, independientemente de su clase social. Es la casa de la contemplación de la verdad bajo un orden jerárquico social de medios que asiste a la familia al perfeccionamiento integral de la persona regulada por el principio de subsidiariedad y la ley natural. El ser nacional resultante de la cultura popular debe nacer del cultivo de las virtudes y de la personalidad de la universidad de la persona y no del de la universidad de masas. Es una exigencia de nivel superior naturalmente selectiva para perfeccionar los talentos dados por Dios a las personas, ya que la cultura es el “pan del espíritu” y “de la inteligencia” y no se le puede negar a ningún hombre. Su real autonomía es la que reclame un pensamiento libre que se disciplina y se enriquece en la verdad. Su gobierno se da naturalmente por la autoridad de la sabiduría de los profesores (Genta, 1973).

En esta conferencia podemos recoger algunas pinceladas del magisterio pedagógico de la política universitaria aplicada durante su gestión como interventor de la Universidad Nacional del Litoral en 1943 con el respaldo del gobierno militar de entonces. Intrínsecamente de estas tesis, incorporamos a las universidades técnicas porque el obrero por su naturaleza social es un ser para la contemplación y el trabajo como función social. Y en especial, a la Escuela Superior Técnica del Ejército, creada por el Gral. Manuel Savio en 1930, ya que, al igual que la universidad de la persona, tiene fuerte influencia del modelo de educación liberal del cardenal Newman, que prioriza la formación humanística integral por medio de la educación de las virtudes, y la metafísica como centro de la vida universitaria. En la ponencia en audio titulada “La Universidad en la guerra ideológica”, pronunciada el 29 de octubre de 1960, en Buenos Aires, el profesor Jordán Bruno Genta prosigue con la relación entre reforma universitaria, universidad y marxismo.

La universidad argentina moderna es la evolución histórica de la reforma universitaria y la Revolución Bolchevique que se originó en la Unión Soviética y fue exportada a la universidad argentina por medio de la Federación Universitaria Argentina. Está estructurada bajo los principios de la reforma, desnaturalizando la autoridad jerárquica del docente en nombre de la democracia y el cogobierno tripartito por métodos radicales de la revolución permanente para obtener sus objetivos. Su principal flagelo está es sus estatutos, porque la universidad reformista es algo antinatural porque atenta contra el orden natural del saber, al separar el orden sobrenatural del orden natural por completo, bajo el pretexto de ser una universidad nacional y popular que debe actuar como actor político de cambio social formando una masa uniforme, indeterminada, y no la personalidad de los estudiantes. Siendo el estudiante su propio autor de conocimiento (Genta, 1960). Dentro de esta misma línea de pensamiento, vamos a encontrar a distintos exponentes del nacionalismo católico, como el R. P. Leonardo Castellani, Carlos Pithod, Santiago de Estrada, Ramón Doll, Martínez Zuviría y todos los interventores de tradición católica de las universidades nacionales durante el período 1943-1946 y el primer peronismo. Esta situación se vio modificada por varias razones: por la negativa de Perón de edificar las bases jurídicas de la Argentina católica en la Constitución de 1949, por la ruptura de su gobierno con la Iglesia católica durante el segundo mandato, y por la división del nacionalismo católico con respecto a su incorporación o rechazo al peronismo. Este último tema dividiría fuertemente las aguas dentro de las filas del nacionalismo católico porque algunos referentes se incorporarían al sistema de educación superior peronista y a las intervenciones durante el período 1946 y 1954; y otros como el profesor Genta no.

Para evitar que la universidad permaneciera como un actor político de oposición desnaturalizando su esencia de ser y existir, el corpus de políticas públicas educativas de nivel superior propagadas por el nacionalismo católico para restaurar el orden y la autoridad, entre 1943 y 1946, produjo un quiebre entre Estado y universidad al ser impuestas por la fuerza. Debido a esta situación, por iniciativa del entonces vicepresidente de la nación, Juan Domingo Perón, el gobierno militar reestableció el cogobierno y la autonomía a la universidad mediante el establecimiento de elecciones absolutas y la vuelta a la legalidad de los centros y las federaciones de estudiantes en 1945 (Pis Diez, 2018; Pronko, 1999). Al triunfar el peronismo en las elecciones de febrero de 1946, la universidad como actor político quedaría en el bando de la oposición. Siendo nuevamente intervenidas, pero esta vez por Perón, quien le entregó el rectorado de la Universidad de Buenos Aires a Oscar Ivanissevich. Córdoba y Cuyo fueron también para el nacionalismo católico. Para el peronismo, la Ley Avellaneda solo se ocupaba del aspecto formal-administrativo del sistema de educación superior argentino, olvidándose de la estructura-cultural del país y del funcionamiento académico de la universidad argentina. La multiplicación del presupuesto consagrado a las universidades, el aumento de la matrícula en todas las carreras y la eliminación de los aranceles cobrados a los estudiantes fueron los argumentos que Perón presentó cuando llegó a la presidencia para justificar la intervención del Estado en la vida universitaria (Perón, 1998e; Guardo, 1948).

2. El sistema de educación superior peronista

Desde la perspectiva de los gobiernos militares entre 1943 y 1946 y del peronismo entre 1946 y 1954, las políticas universitarias iniciadas en junio del 1943 y continuadas por Perón tiempo después con algunos matices propios de la idiosincrasia peronista, alejándose en algunas cuestiones de los gobiernos anteriores por considerarlas demasiado principistas, fuera de la realidad y piantavotos, intentaron crear un sistema de educación superior en general y técnico en especial, alternativo al reformista, poniéndolos al servicio de la nación y del pueblo. Interiormente a este nuevo sistema de educación técnica surgido durante el peronismo, la Universidad Obrera Nacional ocuparía un lugar de importancia estratégica en las políticas públicas educativas de formación técnica del movimiento obrero para intentar lograr una armonía entre el proyecto de país peronista y el sujeto pedagógico del estudiante-obrero. Entre el 4 de junio de 1943 y el 4 de junio de 1946, fecha en que asumió formalmente Perón como presidente de los argentinos, la universidad reformista fue el actor político de mayor oposición a los gobiernos. Esto se debió, según el diagnóstico de Perón, a que los distintos gobiernos militares pretendieron que fuera la misma universidad reformista la que elevara las propuestas de modificación de sus estatutos, a fin de encuadrarlas dentro del régimen político y social que el país vivía en ese entonces (Guardo, 1948; Revista de la Universidad Obrera Nacional, n.º 2, octubre del 1953).

El modelo de la universidad reformista se convirtió en modelo hegemónico del sistema de educación superior argentino entre 1918 y la revolución del 4 de junio de 1943, interrumpido brevemente, entre septiembre de 1930 y abril de 1931, fecha en que fue designado por el gobierno de José Félix Uriburu el nacionalista católico Ernesto Padilla como ministro de Justicia e Instrucción Pública. Tras su renuncia en abril de 1931, Uriburu designó al arquetipo del reformismo, Guillermo Rothe, como ministro de Justicia e Instrucción Pública hasta el 30 de diciembre de 1931. La reforma universitaria de 1918, según el diagnóstico del peronismo, transformó a la universidad en un conjunto de corporaciones educativas constituidas por profesores, egresados y estudiantes encerrada en sus claustros bajo un gobierno oligárquico y alejada del contexto-cultural en el que estaba inmersa. Su fracaso más grande fue que no supo democratizar e integrar a la universidad argentina, lo cual trajo como consecuencia una separación entre doctores y pueblo, quedándose solamente en una modificación estatutaria de la Ley Avellaneda en lo referido a la estructura formal del sistema universitario. A raíz de esto, la política terminó controlando la universidad especialmente en lo referido a la designación de profesores por presión de los estudiantes y de los egresados (Guardo, 1948).

Por esta razón, el Estado debía incorporarla al país por medio de políticas públicas educativas planificadas integrales de intervención y no aisladas como venía sucediendo desde el 4 de junio de 1943. La universidad reformista no podía reformarse a sí misma porque vivía fuera de la realidad política-cultural de su nación, al ser un actor político clave de resistencia desde 1943. Para esto, había que pensar un corpus jurídico nuevo que le diera legitimidad política y el poder necesario al peronismo para reconvertir el sistema de educación superior. Este corpus jurídico nuevo se edificaría en torno al primero y el segundo plan quinquenal, la ley universitaria peronista n.º 13.031/47, la Constitución del 49, el decreto n.º 18.411 del Gral. Ramírez del 31 de diciembre de 1943 y todos los decretos dictados por el gobierno de la revolución del 4 de junio que tomaron carácter de ley en 1946 por decisión del Congreso de la Nación (Guardo, 1948; Ramallo, 1999).

La ley universitaria peronista n.º 13.031/47 fue la primera ley universitaria de planificación estatal integral en políticas públicas educativas desde la Ley Avellaneda, con el objetivo de articular un nuevo sistema de educación superior con el desarrollo económico-industrial de la nueva Argentina de Perón y la afirmación de una cultura autóctona. Esta ley eliminó el principio de autonomía universitaria y el gobierno estudiantil, en clave reformista; y la designación de profesores y rectores pasaron a ser potestad del Poder Ejecutivo de la nación, de una terna de candidatos elevada por la universidad, previo concurso de méritos, aptitudes técnicas, títulos antecedentes y trabajos. Esta medida fue derogada en 1954. El ethos de la cultura autóctona que intentaría sin demasiado éxito (por la idiosincrasia de Perón y del peronismo, que terminarían laicizando y adoctrinando ideológicamente bajo los parámetros de la doctrina nacional peronista al sistema de educación superior) dar los fundamentos doctrinales a la nueva universidad argentina fue nutrido por la influencia del magisterio de la Iglesia, la filosofía clásica jurídica realista del ser del constitucionalismo social de Arturo Sampay, Pablo Ramella y Tomás Casares en materia legal inspirada en la Constitución salazarista de 1933 y canalizada por la Constitución de 1949, el movimiento contrarrevolucionario francés del siglo XVIII, el sociologismo jurídico belga del siglo XIX de Ferdinand Lassale y el realismo político de Carl Schmitt. Dentro del peronismo esta vertiente doctrinal encontraría cobijo en Ivanissevich, que fue ministro de Educación de Perón entre 1948 y 1950, y en Guardo, creador de la ley 13.031/47. Por ello podemos evidenciar de esta forma que el corpus jurídico que dio cuerpo a los fundamentos dogmáticos del sistema de educación superior peronista se vio fuertemente influenciado en teoría por el nacionalismo católico e inspirado indirectamente, pero no exclusivamente, por el modelo universitario del cardenal Newman (Arias Pelerano, 1995; Dércoli, 2017; Guardo, 1948; Ivanissevich, 1974; Koc, 2018; Pronko, 2003; Ramella, 1994).

3. El primer plan quinquenal

Durante las dos primeras presidencias de Perón, de 1946 a 1952 y de 1952 a 1955, discernimos dos fases de planificación estratégica estatal: de 1947 a 1951 y de 1952 a 1955, encuadradas políticamente en el primer plan quinquenal (1947-1951) y en el segundo plan quinquenal (1953-1957) como fortalecimiento del proyecto de políticas públicas peronistas. El primer plan quinquenal fue un balance del deber y el haber de la comunidad, dentro de un corpus político-jurídico-doctrinal de reformas integrales planificadas para la refundación de la Argentina como nación libre, soberana y justa. Su finalidad era mejorar las condiciones políticas, económicas, sociales y de vida de los argentinos por medio del federalismo. Forma parte integrante del primer plan quinquenal un capítulo entero sobre la cuestión universitaria por ser un tema de interés estratégico para el nuevo gobierno por considerarla una herramienta clave para la formación de mano de obra altamente calificada que diera fundamento a la Argentina industrial. Su objetivo en materia universitaria era nacionalizar la universidad e incorporarla por medio de un paquete de medidas estructurales integrales a la Argentina industrial al posicionar a la industria liviana, pesada y científica-técnica al servicio del fortalecimiento espiritual y material de la nación.

Pero este corpus de políticas públicas integrales encuadradas dentro del primer plan quinquenal no pudo comprender la totalidad de las problemáticas argentinas por varias razones. Primero, no había estadísticas que aproximasen al gobierno desde el punto de vista cuantitativo a percibir la verdadera magnitud de las necesidades nacionales (saber cuántos éramos, qué teníamos y qué necesitábamos). Los servicios de interés estratégicos y la banca respondían al exterior. Los partidos políticos con sus mezquindades sectoriales eran instrumentos de intereses foráneos bajo el axioma “Divide y reinarás”. Como consecuencia de esta realidad, el Estado peronista le exigió a las universidades ser actor político para que, por medio de las escuelas de fábricas, las escuelas industriales y el resto del sistema de educación superior técnico, formasen buenos operarios que contribuyeran a la independencia económica (Presidencia de la Nación, 1952; Perón, 2005a; Perón, 2005b).

Con respecto a los objetivos del nuevo modelo de reforma universitaria que este plan de gobierno pretende llevar a cabo, el secretario técnico de la Presidencia de la Nación, el Dr. José Figuerola, nos dice en su alocución al Congreso de la Nación, el día 21 de octubre de 1946, a raíz de la presentación del Gral. Perón de su plan de gobierno, que el sistema de educación superior reformista carecía de eficacia científica y de formación profesional, por ser pensado como un procedimiento teórico limitado alejado de la práctica con un bagaje cultural muy pobre y sentido anárquico de la vida. Otras problemáticas encontradas por el peronismo a la hora de asumir el gobierno en 1946 eran las siguientes:

1. que existía un alto grado de deserción escolar por nivel de enseñanza, concentrándose en el sector primario la mayoría de la población escolar nacional,
2. que los trabajadores manuales o sus hijos no tenían acceso a la educación media y superior porque históricamente la universidad reformista era el ambiente de carácter selectivo de los hijos de la burguesía con poca movilidad e identidad democrática,
3. que faltaban políticas públicas educativas técnicas de interés nacional por parte del Estado que centralizasen y organizasen el sistema de educación superior técnico, y,
4. en el aspecto pedagógico, que el profesorado exhibía falta de dedicación a la labor docente porque el cuerpo docente solo se dedicaba a dar clases e irse, sin guiar al alumnado, que iba a escuchar una conferencia que no era obligatoria y se iba (Buchbinder, 2010; Perón, 2005b: 39-42).

Para comprender mejor esta problemática, elaboramos un gráfico propio cruzando distintas variables cuantitativas de la época, tomando los datos oficiales de la presentación oficial del Gral. Perón en el Congreso de la Nación, al exponer el primer plan quinquenal el 21 de octubre de 1946.

Gráfico 1.1. Población escolar argentina de 1946

Fuente: elaboración propia con base en Perón, J. (2005a: 36), en Obras Completas de Juan Domingo Perón, tomo 26). Buenos Aires: Docencia. Total de rezagados en el sistema educativo argentino de 1946: 2.406.500 (2500000-53500).

Por esta razón, la propuesta universitaria peronista incluida en el primer plan quinquenal tenía como intención central reformar esencialmente la eficacia docente-pedagógica en las universidades.

4. La ley universitaria peronista n.º 13.031

Las leyes n.º 13.031/47 y n.º 14.295/54 intentaron darle forma e identidad al nuevo sistema de educación superior peronista alternativo al reformista, reformulando la producción y distribución del conocimiento, obligado porque la universidad reformista había subvertido la esencia y naturaleza de la universidad argentina al transformarla en un actor político de oposición desnaturalizando sus funciones y su calidad académica. En su artículo n.º 1, la Ley Guardo o 13.031/47 afirmaba que la universidad debía tener autonomía técnica, docente y científica para la formación de la juventud para la vida, con sentido social en el ejercicio de las profesiones liberales y el cultivo de las ciencias. Habiendo sido creada para la formación de la voluntad, del carácter y de la moral. Aunque la ley n.º 14.295/54 tomó distancia de la Ley Guardo, a raíz del conflicto de Perón con la Iglesia, al laicizar y peronizar plenamente el sistema de educación superior cuando se le confirió al Estado la potestad de regular la administración interna de las casas de estudios y las pautas académicas de los cursos, prohibiendo toda actividad política de sus miembros (Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, 23 y 24 de Julio de 1947, 1948; Giménez, 2019; Guardo, 1948).

Por medio de la ley n.º 13.031/47, el peronismo le exigía a la universidad que cambiase su paradigma cultural reformista por uno nuevo, fundado en contenidos culturales que especificasen el ser nacional argentino para contribuir a una verdadera formación integral de la persona, al superar la formación puramente profesionalista. A partir de ahora, las finalidades de la universidad serían la formación profesional, la investigación científica y la enseñanza al profesional a ser un hombre culto. De este modo, la universidad pasaba a ser actor central de articulación entre el Estado y el resto de los cuerpos intermedios de las sociedades civil y política. En su artículo 44, se define el principio de autonomía en clave peronista cuando establece: “Los profesores titulares tienen a su cargo la dirección y ejercicio de la enseñanza teórico-práctica de su asignatura y el desempeño autónomo de la cátedra, bajo su exclusiva responsabilidad”. La autonomía de cátedra pasaba a ser el principio rector de la vida académica al prohibir la participación estudiantil en el gobierno universitario y no estipular el principio de autonomía universitaria, alterando la relación entre universidad, Estado y sociedad (Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, 23 y 24 de Julio de 1947, 1948).

La política de recambio docente durante los primeros años del peronismo estableció un camino seguro para afianzar un sistema de educación superior con matices propios guiados por la doctrina nacional peronista. Estos profesores llamados por la oposición “flores de ceibos” llegaron a la universidad gracias a la transformación cultural de los cuerpos de profesionales. Así, el régimen encontró adeptos y al menos un porcentaje importante de académicos oficialistas en las universidades. En cambio, el grueso de la masa estudiantil siguió firme a los principios reformistas en contraposición al modelo alternativo naciente del peronismo. El diputado de la oposición Alende, en sintonía con la universidad reformista y el sentir del movimiento estudiantil durante la sesión de debate de aprobación de la Ley Guardo, sostenía que había que preservar la universidad de la influencia política peronista porque el modelo propuesto por el peronismo se asemejaba al concepto de universidad del Estado que imperaba en la Unión Soviética, la Alemania nazi y la Italia fascista (Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, 23 y 24 de julio de 1947, 1948: 2775; Buchbinder, 2010; Mollis, 2018a).

5. La Constitución de 1949 y el sistema de educación superior peronista

La crisis de formación de la universidad reformista avalada por el Estado argentino naciente de la Constitución de 1853 fue el resultado de la renuncia a los principios de la philosophía perennis y del ethos cristiano que le dieron fundamento al ser nacional argentino. Para revertir esta situación, era necesaria una nueva Constitución que les diera el marco normativo y dogmático de legitimidad a la Argentina industrial y a un sistema de educación superior que brindase una formación intelectual y moral que inculcara una educación cívica-formativa para el perfeccionamiento ontológico de toda la comunidad política y civil. Y esta misión tenía que recaer en la sociedad civil, que tenía a su cargo la organización y dirección del sistema de instrucción pública por medio de escuelas, institutos, academias y universidades para la educación cívica. De esta manera, Perón le pedía a la universidad que restaurara la esencia del verdadero ser nacional en la Convención Nacional Constituyente del 49, al exponer que “la finalidad inmediata de la Nación” debía ser “inculcada mediante la educación” (Perón, 1949; Sampay, 1949, 1951, 2011: 164).

La influencia del ethos cristiano intentó alcanzar representación en todos los estamentos de la sociedad política y civil de la nueva Argentina de Perón, aunque no consiguió penetrar hondamente en sus cimientos por chocar muchas veces con los intereses de este. Los principios rectores y las políticas de Estado que marcaron la agenda estratégica política, tanto nacional como internacional, el orden jurídico del plan cultural-educacional y su ordenamiento económico-social de los Estados nacionales se encuentran en sus respectivas Constituciones, y la Constitución Nacional de 1949 no fue ajena a estas inquietudes de interés nacional. Para la Constitución del 49, la universidad argentina tenía como misión impartir el más alto magisterio del ethos cristiano, resultante de una cosmovisión política-social canalizada por el proyecto de país peronista. En el capítulo III de la primera parte de los principios fundamentales, sección IV, titulado “De la educación y la cultura”, la ley fundamental garantiza que la educación correspondía a la familia, y la instrucción, a los establecimientos particulares y oficiales de enseñanza primaria, secundaria, técnico-profesional, las universidades y la academia. En el fundamento de la sección IV, vemos legitimado desde el Estado el principio natural de respeto hacia la familia como primera educadora. De este proceder, concluimos que este principio de orden natural estaba inspirado en el principio de subsidiariedad y estaba íntimamente influenciado por los artículos 42 y 43^[2] de la Constitución portuguesa salazarista de 1933, donde se expone un proyecto de sociedad análoga a la peronista en lo que se refiere a la educación y su misión en la formación de las nuevas generaciones. En el párrafo 4 de la misma sección constitucional, se garantizan, según el magisterio de Sampay (2011), el principio de autonomía universitaria y la formación del ser nacional como misión específica de la universidad resultante de la cosmovisión católica, el estilo hispánico de vida y en el ideal del caballero cristiano cifrado por Menéndez Pelayo, Menéndez Pidal y García Morente, dividiendo el territorio nacional para tal fin en regiones universitarias; estipulando enseñar en los cursos universitarios de formación política y sindical estos conceptos para salvar nuestro ser nacional, consolidar un orden social justo y afianzar la libertad e independencia del país. En el apartado 5, se impone la igualdad de deberes sociales al ejercicio de las ciencias y artes (Arias Pelerano, 1995; Cherchi, 2015; Constitución de 1949, 1983; Pio XI, 1925; Pío XII, 1929; Sampay, 2011).

El nuevo sistema de educación superior técnico tenía que existir en torno a la teología y la antropología filosófica como fundamento de aptitud moral para el perfeccionamiento personal y global del estudiante-obrero porque marcaba los cimientos de la moralidad y felicidad humana; y asistido por elementos de la historia política nacional y universal, puesto que todo oficio es una función social, y por la filosofía política, que nos ayuda a comprender al Estado en función del bien común y la persona humana. Pero, para esto, era necesaria una afluencia de obreros que adquirieran idoneidad profesional. Ya que poseer la verdad no implica que la voluntad se mueva tras ese bien (Sampay, 2011).

Así, se legalizó y confeccionó un proyecto de formación técnica universitaria especializada en el plano de conducción estratégica emanado íntimamente de los sectores productivos, encaminando a los estudiantes-obreros, alentando la relación y el intercambio entre la universidad y las áreas de producción industrial, beneficiándose recíprocamente con el desarrollo de transferencia tecnológica para la actividad industrial, pero sin autonomía científica, autonomía universitaria y libertad de investigación plena en la práctica con respecto al gobierno, la empresa y la CGT, ya que la Universidad Obrera Nacional como institución se desdibujó en un escenario de lucha de poder que variaba según los vaivenes de la relación Perón-CGT-CGE (Confederación General Económica). Aunque la Constitución de 1949 regulaba la autonomía científica y pedagógica y la libertad de investigación como principios básicos de desarrollo y soberanía nacional, en la práctica la Universidad Obrera Nacional durante el peronismo notaría condicionada su libertad de investigación por un proyecto educativo técnico planificado por el Estado desde la Comisión Nacional de Orientación y Aprendizaje y el Ministerio de Educación bajo los parámetros de la doctrina nacional peronista. El 27 de abril de 1956, la Revolución Libertadora derogó definitivamente la Constitución de 1949. Pero la influencia del constitucionalismo social persistiría hasta el día de hoy. Las posteriores reformas constitucionales de los distintos gobiernos militares y democráticos solamente lograron atenuarlo, pero no eliminarlo. En el artículo 14 bis de la Constitución de 1994, podemos notar su marca.

6. La ley de creación de la Universidad Obrera Nacional

El nacimiento de la Universidad Obrera Nacional en el año 1948, con la ley n.º 13.229, es uno de los hechos más importantes que el peronismo grabó en la historia de la educación superior técnica argentina. El 3 de mayo de 1948, se dio a conocer públicamente el proyecto de creación de la Universidad Obrera Nacional, rubricado por el presidente Juan Domingo Perón, el ministro del Interior Ángel Borlenghi y el secretario de Trabajo y Previsión José María Freire. Su objetivo era ser el antídoto contra la deshumanización bajo el concepto de “educación permanente”, ofreciéndoles a los integrantes de los sectores obreros-industriales una opción efectiva para la realización de estudios universitarios, para que la industria nacional fuera “dirigida por técnicos argentinos y realizada por obreros argentinos” (Honorable Cámara de Senadores, Diario de Sesiones de mayo de 1948:170) y que los trabajadores lograsen “escalar posiciones que les fueron ordinariamente negadas” (Honorable Cámara de Senadores, Diario de Sesiones de mayo de 1948:170). Esta iniciativa de formación técnica de los trabajadores, aprobada por el peronismo en 1948, y puesta en funcionamiento en 1953, originó una ascendiente movilidad social al acceder a cargos técnicos y directivos en la actividad industrial. Este instrumento de democratización de la enseñanza técnica superior ponderó el afianzamiento de la alianza entre pueblo, nación, justicia social e industria (Bressi, 2019; Ramallo, 1999; Revista de la Universidad Obrera Nacional, n.º 4, 1953). Entre los objetivos mencionados en la ley n.º 13.229/48 de creación de la Universidad Obrera Nacional, figuran los siguientes:

1. Proporcionar a la industria técnicos competentes y especializados y facilitar a los obreros el acceso a superiores condiciones de vida y de trabajo y la capacitación necesaria para el desempeño de actividades de mayor responsabilidad en el orden técnico.
2. Dotar al obrero de los conocimientos fundamentales indispensables para abordar ulteriormente el estudio de disciplinas científicas técnicas superiores que integraran el plan de enseñanza de la Universidad Obrera Nacional.

Entre sus finalidades, recalcamos el artículo 10 de la ley n.º 13.229/48, que menciona:

1. La formación integral de profesionales de origen obrero destinados a satisfacer las necesidades de la industria nacional.
2. Proveer la enseñanza técnica de un cuerpo docente integrado por elementos formados en la experiencia del taller íntimamente compenetrada de los problemas que afectaban al trabajo industrial.
3. Actuar como órgano asesor en la redacción de los planes y programas de estudio de los institutos inferiores.
4. Asesorar en la organización, la dirección y el fomento de la industria, con especial consideración de los intereses nacionales.

Desde el primer día de su gobierno en 1946, Perón confeccionó un modelo de crecimiento económico sustentado en la expansión industrial, en el mercado interno y en la redistribución de ingresos con un Estado presente y activo en alcanzar la capacitación humana y profesional del desarrollo humano integral del estudiante-obrero. Las aplicaciones de estos principios, más las políticas públicas educativas de gratuidad y el ingreso irrestricto, fueron centrales en la confección, organización y gestión de la Universidad Obrera Nacional como ejemplo de política educativa de formación técnica peronista. Como consecuencias de estas políticas, el sistema de educación superior argentino sufrió durante el período 1946-1955 una creciente aceleración de la matrícula universitaria que se prolongaría hasta finales de la década de los cincuenta, que afectaría cualitativamente a la infraestructura universitaria con el ingreso de nuevos actores sociales, que hasta ese momento no habían tenido acceso al sistema de educación superior. La gran mayoría de estos nuevos estudiantes ingresaban en masa entre 1943 y 1955 a las carreras tradicionales, sobre todo Derecho y Medicina, lo que afectaba al proyecto de país peronista por falta de ingenieros (Bressi, 2019; Petiti, 2015; Seleme, 2018). Para una mayor comprensión de la distribución de los recursos aplicados por el peronismo en el área de educación durante el período 1943-1955, incorporamos el gráfico elaborado por Petiti (2015), a partir de los presupuestos de la provincia de Buenos Aires entre 1943 y 1955. Tomamos como estudio de caso la provincia de Buenos Aires porque es la población escolar que más impactó en el ingreso a las universidades nacionales de Eva Perón, de Buenos Aires y a la Universidad Obrera Nacional.

Gráfico 1.2. La composición de los recursos para la educación 1943-1955

Fuente: Petitti, E. (2015: 197). Educación, finanzas públicas y justicia social: la provincia de Buenos Aires durante el peronismo, 1946-1955. Ciclos hist. econ. soc., 22(44-45), 193-213.

La nueva Argentina de Perón requería de un sistema de educación técnica de calidad que contribuyera a la reactivación de la industria nacional para el fortalecimiento de nuestro mercado interno con mano de obra nacional altamente calificada, que asistiera a la reconversión del modelo económico agroexportador a uno industrial, acorde a las necesidades nacionales de la posguerra. Este sistema industrial de desarrollo técnico planificado, creado en torno a la Universidad Obrera Nacional, y orientado a la formación integral de los ingenieros de fábrica jerarquizándolos con títulos universitarios para que fuera ese hombre que trabajaba el que constituyera la industria nacional, se efectuó por medio de una reforma integral de modernización de las estructuras del currículum, los planes de estudio y los métodos de enseñanza, especialmente dentro del circuito técnico de instrucción superior reformista, que seguía con los métodos impuestos por la llamada “ingeniería generalista” de la universidad tradicional. De este modo, se iniciaba una etapa histórica donde se entrelazaron los fenómenos económicos con los nuevos actores políticos y sociales emergentes. Por medio de la Universidad Obrera Nacional, Perón intentaba conformar ciudadanos de la nueva Argentina (Bressi, 2019; Revista de la Universidad Obrera Nacional, n.º 4, 1953).

A modo de cierre de este apartado, argumentamos que la ley n.º 13.229/48 de creación de la Universidad Obrera Nacional, proyecto a cargo del diputado Ayala López Torres, quien le dio el marco teórico conjuntamente con el director general técnico, el Ing. Monteverde, y el subdirector Álvarez como delegados de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, recalca la necesidad e importancia como plan estratégico en la nueva Argentina de Perón de la formación universitaria de los estudiantes-obreros como medio de desarrollo cultural, industrial y político de la nación fundada en los nuevos derechos sociales indispensables de la dignidad de la persona que en 1949 tomaron carácter constitucional. Entiéndase bien: acceso y promoción de los derechos de la salud, la educación y la vivienda digna, entre otros (Malatesta, 2008; Revista de la Universidad Obrera Nacional, 1953-1954).

7. Filosofía realista de la educación peronista y Universidad Obrera Nacional

En las universidades nacionales y en los institutos técnicos, los miembros activos más selectos del marxismo-argentino se encontraban, quienes; prácticamente en bloque, habían apoyado a la Unión Democrática en 1946. Dentro de esta atmosfera, Perón sabía que obsequiarles la autonomía en clave reformista en su corpus de políticas públicas educativas-jurídicas habría sido suicidio político. Por esta razón, el peronismo actuaría como actor de control desde el Estado, a través de una intervención planificada con un discurso de raigambre nacionalista católico sobre el sistema de educación superior en general y técnico en particular, que evolucionaría hacia un laicismo y un monopolio estatal plenos. A partir de la instauración de la Universidad Obrera Nacional, se terminó de dar forma, con raíz católica y haciendo hincapié en una visión totalizadora de lo educativo, a un sistema de educación superior técnico que embestía contra el racionalismo y el taylorismo tan característico de la enseñanza técnica reformista y socialista. Todas las instituciones de producción nacional, conjuntamente con los organismos de educación del Estado, se comprometieron a formar al hombre argentino dándole una mayor importancia como política pública educativa de gestión institucional al desarrollo humano integral que al conjunto de diplomas. Porque el verdadero título de la Universidad Obrera Nacional se trasladaba a la capacidad del saber hacer de las potencialidades que el estudiante-obrero demostraba todos los días para beneficio de los grandes destinos de la nacionalidad y la ferviente voluntad histórica para servir a su patria como sujeto social (Buchbinder, 2010; Conditi, 1953b; Ramallo, 1999; Pezzano, s. f., 1951; Sánchez Román, 2008).

Este proyecto de una universidad obrera para la formación integral de la juventud y la evangelización de un movimiento obrero de raigambre taylorista, socialista, anarquista y comunista fue pensado por la Iglesia católica en 1919, por ocasión del lanzamiento de la Colecta Pro Paz Social, organizada por el Episcopado Argentino a partir de la institución de la Unión Popular Católica Argentina. Pero recién se vería encauzado y efectivizado por el peronismo treinta años después (Episcopado Argentino, 1919: 195).

El desprecio por los saberes utilitarios, la educación vocacional, la alta instrucción técnica en aprendizaje y orientación profesional reivindicando la primacía del logos y la preocupación por la salvación de las almas, como fin explícito de la educación, fueron los pilares en los que se intentó cimentar a la Universidad Obrera Nacional; reestructurando la dependencia entre Estado, universidad e industria, que era esencial para el desarrollo integral económico del país. Pero, en la práctica, la Universidad Obrera Nacional fue un instrumento educativo de formación técnica de Perón más cercano a la doctrina nacional peronista y su interpretación del ser nacional para una clase obrera industrial de corte materialista-atea que, al peronizarla, se trasformó en la base de apoyo del capital argentino para formar y abastecer elementos técnicos a la industria nacional peronista (Bressi, 2017; Mazzeti, 1953; Pezzano, s. f., 1951; Revista de la Universidad Obrera Nacional, n.º 4, 1953).

Desde su primer día de gobierno, el peronismo dejó bien en claro que su objetivo principal en sus políticas públicas de planificación educativa en todos los niveles, y muy especialmente en la educación superior, era la formación integral de la persona humana. Para percibir la autoridad en materia de filosofía de educación y pedagogía de este concepto de formación integral de la persona, debemos recurrir a los documentos oficiales de un evento que muy pocos recuerdan y muchos ignoran. Sin embargo, por los temas tratados y la calidad de sus integrantes y participantes, debería ser visto como un hito importante en el universo de la ciencia social argentina y principalmente en el ámbito de la historia de la educación superior. Desde el 30 de marzo hasta el 9 de abril de 1949, se celebró en la ciudad de Mendoza, convocado por la Universidad Nacional de Cuyo y con el aval de Perón, el Primer Congreso Nacional de Filosofía. Este suceso es fundamental para vislumbrar la consolidación ideológica, pedagógica, didáctica y filosófica de la cosmovisión del ser nacional y de las políticas públicas educativas que se intentaron aplicar durante el peronismo. En dicho evento, se dieron cita los más grandes filósofos tomistas de la primera mitad del siglo XX para pensar los grandes problemas modernos de la persona desde la filosofía realista de la educación, en función del ser, considerado como esencia y existencia, abordando los fines metafísicos, los existenciales ético-políticos y, por último, los existentivos occidentales, americanos y argentinos (Pró y Silva, 1949). La falencia orgánica con la que se afrontaba el peronismo a la hora de efectivizar su proyecto de país industrial era cómo fortalecer la vocación técnica industrial de los obreros dentro de una cultura nacional agroexportadora heredada de la universidad reformista e influenciada por intereses e ideologías ajenos a la concepción de ser nacional propuesta por la doctrina nacional peronista.

En su discurso de cierre del Congreso, Perón (1949a) coincidió con las conclusiones de Pró^[3] y Silva (1949)^[4] en su ponencia expuesta durante el Congreso Nacional de Filosofía de 1949, titulada “Filosofía realista de la educación argentina”, de que el saber filosófico aplicado a la planificación de políticas educativas, y especialmente a la educación en general, auxilia al Estado en general y al profesor en particular a beneficiarse de los principios y las nociones teóricas jerarquizadas y rectamente ordenadas para ejecutar estrategias pedagógicas más acordes a las necesidades universales de integración, inclusión y desarrollo, abordando el problema de la educación argentina desde la materia, la forma, el agente y el fin. Por esta razón, tal como advertía Fasce (1949)^[5] en su ponencia “Para una didáctica de la vocación y el esfuerzo”, era importante para el peronismo como política de Estado pensar en la pedagogía realista de la vocación y el esfuerzo como método de mejoramiento del proceso de formación superior técnico de la enseñanza y el aprendizaje, para contrarrestar de este modo la influencia de la concepción rousseauniana de la educación por el interés espontáneo y el menor esfuerzo heredados de la universidad reformista. Por eso, desde el Ministerio de Educación peronista durante la gestión de Ivanissevich, en sintonía con el diagnóstico de la ponencia del profesor Cassani (1949)^[6] “Fundamentación filosófica de la pedagogía argentina”, se proyectaron pedagogías de fuerte unidad espiritual y de recia estructuración didáctica que terminaron ajustándose a la idiosincrasia nacional. Pero, para que tuvieran éxito estas políticas de formación integral en pos de la Argentina industrial, el peronismo debía comprender muy bien las necesidades del pueblo, la industria, la formación técnica y la nación. Pero ¿qué entendía el peronismo por “pedagogía”? Percibían a la pedagogía como la “disciplina de fundamentos metafísicos” que trata de resolver teóricamente y prácticamente, ya sea en el ámbito de la didáctica o en el de la política educacional, las falencias más concretas de la acción educadora (Cassani, 1949: 1773), velando por la igualdad de oportunidades, y apoyándose en los principios existentivos de la educación que dan forma a la unificación espiritual en lo político, social, cultural y económico de la América hispana por medio del “perfeccionamiento y renovación de los vínculos jurídicos, sociales, políticos y económicos de la concepción de estado y la forma de gobierno democráticos de la concepción democrática de estado y su forma republicana de gobierno” (Pró y Silva, 1949: 1827). Al presidente le competía reflexionar sobre el principio directivo del constitutivo final de la educación argentina, que es “hacer del hombre individual, concreto e histórico, ciudadano del mundo, esto es, miembro que no desentone en una sociedad universal, puesto que ésta es la causa final del Estado Argentino” (Pró y Silva, 1949: 1828). Al ministro de Educación, le correspondía ejecutar el principio fundamental del aspecto operativo, es decir, “el de que deben educar los idóneos o capaces, entendiendo por tales los competentes y virtuosos” (Pró y Silva, 1949: 1828). Al Congreso de la Nación, le incumbía debatir sobre el “principio existentivo formal de la educación argentina” (Pró y Silva, 1949: 1828) y velar por que se distribuyera “en un sistema educativo ordenado y dependiente de la causa final del Estado Argentino y de los principios esenciales, existenciales y existentivos de la educación humana, americana y argentina” (Pró y Silva, 1949: 1828).

Para redondear este apartado, podemos concluir que la Universidad Obrera Nacional tenía un papel y un deber fundamentales en esta tarea de instrucción de la clase obrera bajo una perspectiva humanista integral, poniendo un dique a los impulsos juveniles de corte reformista para reconducirlos desde una perspectiva trascendental del ser y de la vida con una fuerte impronta nacional que diera soluciones reales a los problemas estructurales de la Argentina industrial y al sistema de educación superior técnico para que la industria argentina se levantara libre, fuerte y soberana. Pero, de algún modo, Perón sustituyó los valores católicos por el adoctrinamiento hacia los estudiantes-obreros, bajo los parámetros de las veinte verdades peronistas y la doctrina nacional peronista, en las escuelas industriales y en la Universidad Obrera Nacional (Bressi, 2017, 2019).