Yussef Becher

Hoy, con “el diario del lunes”, como suele decirse desde algunos ámbitos, se plantean diferentes propuestas ante la crisis social y económica suscitada como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, a las ciencias sociales y, en especial, a sus actorxs corresponde efectuar reflexiones y miradas retrospectivas sobre lo acontecido.

Sobre el colectivo juvenil, recaen factores estructurales de vulneración históricos, con sus componentes materiales y simbólicos. Desde hace un tiempo, los medios de comunicación, incluida la publicidad oficial nacional, contribuye a construir una imagen de las juventudes como sujetos peligrosos. Ello por su supuesta mayor predisposición a incumplir protocolos sanitarios o participar de eventos masivos sin los cuidados necesarios. Por lo tanto, se refuerza sobre ellxs el estereotipo de la irresponsabilidad.

Desde el proyecto de investigación (proico n.º 15-0418) “Juventudes contemporáneas: políticas, desafíos y tensiones”, radicado en la Universidad Nacional de San Luis (unsl), se continuó con las praxis investigativas en el actual contexto. Si bien ello no estuvo exento de complejidades, permitió conocer la situación de lxs jóvenes que habitan la provincia de San Luis. Luego se brindarán mayores detalles sobre las herramientas metodológicas utilizadas.

En ese sentido, este texto –a través de los datos recolectados– busca brindarles a las juventudes un espacio para transmitir su voz. Tal vez –esto se puede advertir tras la búsqueda de informes sobre la pandemia– aquel propósito adquiera sentido ante ciertas miradas hegemónicas que se intentan imponer sobre el colectivo, como también por la ausencia de conocimiento acerca de las realidades que vivencian.

Entonces, se pretende comprender la incidencia de la crisis pandémica en algunos aspectos de las cotidianidades juveniles. Si bien la exploración efectuada en el marco del proyecto ofrece un conjunto de datos más amplio, acá se centrará en aquellos que permiten dar cuenta de la acumulación de desigualdades sociales y, asimismo, atravesadas por las asimetrías de género. Por consiguiente, se pregunta: ¿cómo influyó la situación actual en los estratos socioeconómicos?; ¿qué pasó con los empleos de lxs jóvenes?; ¿se modificaron sus condiciones habitacionales?; ¿se incrementaron sus tareas de cuidado?; ¿se estimularon actitudes de involucramiento social?; ¿padecieron violencias sociales o familiares? Todo ello, como se señaló, con las consiguientes distinciones entre varones y mujeres.

En consecuencia, el texto ofrecerá un panorama general que intenta dar forma concreta a las cotidianidades recientes de las juventudes. Ello sin dejar de lado el protagonismo que amerita referirse a quienes –por negación o desconocimiento– han estado ocultxs de los principales medios de difusión científica y mediática.

Acerca de la investigación

Gran parte de las actividades que se desarrollan en el marco de la propuesta de investigación en la unsl requieren de encuentros presenciales. De allí que uno de los principales obstáculos que superar fue la necesidad de mantener intercambios con los jóvenes respetuosos de las condiciones sanitarias.

Si bien la mayoría de quienes realizan tareas académicas en la universidad pública están habituadxs al uso de dispositivos tecnológicos, la pandemia impuso la necesidad de recurrir a ellos de modo más intensivo. Clases, consultas con estudiantes, exámenes finales se comenzaron a planificar mediados por las tecnologías.

De ello que las prácticas investigativas también tuvieran que transitar, para quienes decidieron continuarlas, por dichos medios. Por lo tanto, desde el proico se decidió implementar un cuestionario abierto o flexible creado a través de un formulario de Google Docs, por lo cual también se requirió abrir una cuenta de e-mail a nombre del proyecto.

El sentido de contar con un correo electrónico fue difundir desde allí el cuestionario, como también ofrecer un espacio para recibir consultas de parte de quienes estuviesen interesadxs en participar o, habiéndolo hecho, quisieran preservar algún medio de comunicación con quienes integran la propuesta de investigación.

Por su parte, el diseño del instrumento de recolección de datos requirió diálogos –por medio de plataformas de videollamada– entre quienes formamos parte del proyecto. Por consiguiente, la directora, en conjunto con algunxs de sus integrantes, mantuvo dichos intercambios con el fin de definir las variables incluidas en el cuestionario.

Como se señaló, las dimensiones incorporadas abarcan diversos aspectos tales como situación económica, empleo, salud, cuidados, violencias, políticas sociales, decisiones gubernamentales, emociones, entre otros. Más allá de que este texto solo ofrecerá algunos de dichos datos.

Tras confeccionar el cuestionario, se continuó con su difusión a través de redes sociales; se acudió a Facebook e Instagram. Se consideró estratégico efectuar la invitación a participar de la tarea de investigación por dichos medios, por cuanto el aislamiento obligatorio incrementó su uso. Aunque también el formulario circuló en grupos de WhatsApp de estudiantes de la unsl que cuentan con importante presencia de jóvenes.

Lxs interesadxs en participar lo hacían a través del enlace proporcionado que dirigía sus respuestas a la cuenta de e-mail antes mencionada. En total, se recolectaron 92 cuestionarios. Por otro lado, las edades promedio se concentraron en los rangos cronológicos de juventud (15 a 29 años) y, en cuanto al sexo, predominaron las mujeres por sobre los varones: 65 y 27, respectivamente.

Vale aclarar que la divulgación por tales medios quizá circunscribió los ámbitos de conocimiento sobre el cuestionario, pues, en las redes sociales donde se publicó la noticia acerca de la investigación, la mayor cantidad de contactos eran de tipo académico. Sin embargo, se obtuvo una diversidad de respuestas desde las distintas pertenencias y procedencias sociales de quienes participaron.

Dado que en este texto se ofrece una primera mirada a los datos recolectados, a través de una lectura cualitativa, se manifiesta la intención de profundizar en algunos de sus aspectos, como también ir incluyendo otras variables de análisis.

Zambullirse en las realidades juveniles durante la pandemia

Judith Butler (2020), en uno de los primeros textos que se dio conocer sobre reflexiones acerca de la propagación del virus –Sopa de Wuhan– señalaba: “[…] la desigualdad radical, que incluye el nacionalismo, la supremacía blanca, la violencia contra las mujeres, las personas queer y trans, y la explotación capitalista encuentran formas de reproducir y fortalecer sus poderes dentro de las zonas pandémicas” (Butler, 2020, p. 60). Por ende, se reconocía que la crisis sanitaria iba a profundizar algunas de las condiciones de vulnerabilidad ya existentes, aunque poco se sabía aún de las formas específicas que adquirirían dichas asimetrías.

Una de las primeras preguntas del cuestionario distribuido entre lxs jóvenes estuvo orientada a conocer su pertenencia a estratos socioeconómicos. La mayoría de ellxs respondió integrar sectores medios (68 %) y bajos (21 %). Según datos aportados por la eph-indec (2020), las juventudes sanluiseñas se concentran en el primer quintil de ingresos per cápita, lo cual se convierte en un indicador de su fragilidad socioeconómica.

Si bien a partir de la muestra que se constituyó en las mujeres se concentró un mayor porcentaje de jóvenes de sectores medios, también mencionaron pertenecer (19 %), a diferencia de los varones, al estrato socioeconómico medio-bajo. Entre ellos no se identificó ninguna respuesta que los ubicara en dicho sector social.

Desde el gobierno provincial, las propuestas actuales de políticas dirigidas a atender situaciones de vulnerabilidad de las juventudes se objetivan, principalmente, a través de programas de transferencias condicionadas con finalidades puntuales: empleo, educación, participación. Es dable mencionar que desde 2016 se les asignó a las juventudes un espacio institucional en la estructura estatal, pues antes no contaban con dicho reconocimiento (Castro, 2014). De ello, las acciones estatales que lxs tiene como destinarixs directxs se concentran en el actual Programa de Juventud. Este posee una web propia en donde se advierte la apelación a un discurso (a través de hashtags, tal como ocurre en redes sociales) que lxs connota como parte de un presente del que son actorxs necesarixs^[1].

En materia de empleo, destaca el Plan Solidaridad, creado en el año 2016 como una alternativa de capacitación laboral, en casos de desempleo, similar a otras ya implementadas en la provincia. Lxs receptorxs reciben un monto de $14.440 a través de cajeros automáticos. Lo último es relevante, tal como señala la literatura sobre programas sociales (Pautassi, Arcidiácono y Strachoy, 2013), por cuanto aporta mayor transparencia a la percepción de la transferencia de ingresos. Al mismo tiempo, constituye en San Luis el primer antecedente de dicha modalidad de pago en políticas sociales.

Si bien el Plan Solidaridad no es una acción estatal dirigida específicamente a lxs jóvenes, entre sus destinatarixs recientes se reconoció una importante cantidad de ellxs, que contabilizaron el 40 % del total de sus integrantes (en la franja etaria de 18 a 29 años) (mds, 2018). Tal dato resulta significativo por cuanto el inicio del programa coincidió con la crisis de empleo de ese momento. Sobre ello se aportará información más adelante.

Por otro lado, se halla el programa Becas 22 AG. Quizá un primer cambio relevante, respecto de opciones parecidas anteriores, sea el modo de denominarlo, pues, en estudios previos (Castro y Becher, 2020), se identificó que el significante “beca” suele estar asociado entre las juventudes a la retórica de derechos en lugar de a la asistencia. La política está dirigida a miembros del colectivo de mayores de 16 años que no cuenten con un trabajo formal. Lxs receptorxs tienen que cumplir con un total de 6 horas semanales en actividades en merenderos barriales. El monto que perciben alcanza los $3.300 reajustables por decisión gubernamental.

También se incluye entre las políticas sanluiseñas para jóvenes el programa Conexión Joven. Si bien sus objetivos son diversos y poco precisos aún, tal vez ligado a su reciente comienzo (2020), se reconoce un interés en estimular el involucramiento social de sus destinatarixs a través de la prevención de la salud y, en especial, el acompañamiento a adultxs mayores que lo requieran. Como se señaló, no cuenta con una finalidad determinada, pues, además, se incorporan ejes vinculados a potenciar la creatividad de lxs jóvenes, actitudes de solidaridad, conciencia social sobre su comportamiento en redes sociales.

Economías personales y empleo

Durante la pandemia, gran parte de lxs consultadxs en el cuestionario del proico, cercana al 80 % en ambos sexos, comentó que continuaba en igual situación económica que antes de ella. Sin embargo, entre los varones 5 señalaron haber modificado su condición, mientras que entre las mujeres 12 lo hicieron. De los jóvenes, uno respondió que antes era parte del estrato económico medio-alto (ahora medio), y otro, que mejoró gracias al Ingreso Ciudadano de Emergencia (ife).

Dicho programa social nacional, creado través del Decreto 310/20, empezó en abril y finalizó en noviembre de 2020. La acción estatal se dirigía a quienes tenían desde 18 hasta 65 años y se desarrollaban en el ámbito de la informalidad laboral, trabajadorxs de casas particulares, monotributistas sociales y de las categorías A y B (no exceder los $313.108,87 de ingresos brutos anuales). De acuerdo con sus criterios, solo podían recibirlo unx de lxs integrantes del grupo familiar; sin embargo, se constató que en algunos casos había más de unx receptorx por familia (odsa, 2020).

El monto de la transferencia del ife era de $10.000. Si bien esta medida tuvo inicialmente el propósito de ejecutarse por única vez, continuó dada la extensión del aislamiento social obligatorio. Según datos oficiales de anses (2020), el programa alcanzó a 8,9 millones de personas, de las cuales la mayor proporción era de mujeres (4,9 millones) y de jóvenes de entre 25 y 34 años (3 millones). Los últimos datos permiten advertir la concentración de desigualdades en esos dos sectores que, si bien no se cuenta con la información, pueden entrecruzarse.

Por otro lado, datos de odsa (2020) señalan que el porcentaje de pobreza sin protección social, por ej. el ife, hubiese sido de 51,1 %, en tanto que por la aplicación de tales programas se mantuvo en 47,2 %. Al mismo tiempo, la indigencia, sin las decisiones de política social, habría alcanzado 18,1 %, pero se sostuvo en 13,6 %. Por ende, el mayor impacto de dichos programas se concentró en la indigencia, que implicó una diferencia favorable, por su implementación, de 4,5 %.

Por cierto, algunxs de lxs jóvenes consultadxs en el cuestionario respondieron haber cambiado su condición económica como consecuencia de la pandemia (18 %), de modo que empeoró su situación por cuanto descendieron al estrato bajo. También se hallaron expresiones como las siguientes: “Desde 2015 el poder adquisitivo ha bajado y ya no podemos vivir como antes”; “Antes (2015) destinaba 30 % del sueldo a satisfacer algún gusto”.

En ese sentido, el virus empeoró vulnerabilidades previas. Tras el fin del gobierno kirchnerista, que evidenció un mejoramiento de las condiciones de empleo juveniles (Bertranou et al., 2018), inició la gestión de Cambiemos. Si bien durante los primeros años se preservó cierto contexto favorable por medidas del gobierno previo, desde mediados de 2017 se acentuó la crisis económica y social (Barcala et al., 2018). En tales circunstancias, quienes padecen los efectos más severos son los que acumulan desigualdades anteriores, entre ellxs las juventudes (Mayer, Domínguez y Lerchundi, 2020).

En cuanto al desempleo juvenil, a nivel nacional, con base en los datos de la eph-indec, entre 2011 y 2017 se registró un incremento de 6 p.p. (del 18 % al 24 %); por su parte, entre lxs adultos el aumento fue de 2 p.p. (5 % a casi 7 %). A su vez, en relación con la tasa de asalarización y de dicho tipo de empleo registrado entre lxs jóvenes, se reconoce que, durante la recuperación económica que tuvo lugar desde 2003 y hasta 2008, la tasa de informalidad juvenil mostró una notable caída (del 73 % al 53 %), pero en los posteriores la tendencia decreciente se detuvo. En tanto el porcentaje de jóvenes asalariados no registrados se incrementó del 51 % al 57 % entre 2013 y 2017, sin cambios significativos para lxs adultxs (Bertronou et al., 2018).

Por otro lado, si se considera el sistema educativo y el mercado de trabajo como dos vías principales para la inclusión social (oit, 2016), aunque para lxs jóvenes no siempre resultara de ese modo (Miranda y Corica, 2018), en el primer trimestre de 2017 el porcentaje de adolescentes de entre 16 y 17 años que declaró no asistir a un establecimiento educativo ni tener un trabajo remunerado fue del 11 %. Entre 2011 y 2017, el peso de ese grupo creció del 21 % al 25 %, lo cual se vinculó con el aumento de la cantidad de jóvenes desocupadxs (oit y oij, 2018).

En consecuencia, se observa, si bien con diferencias entre los gobiernos nacionales mencionados, que, incluso ante situaciones económicas y sociales favorables, entre las juventudes persisten condiciones estructurales adversas, como también que ante las crisis resultan mayormente afectadas respecto de lxs adultxs. Además, la composición de jóvenes que no estudian ni trabajan y tampoco buscan empleo es principalmente femenina, y, asimismo, más de la mitad de ellas indican que las razones de esto son las responsabilidades de cuidado que les son asignadas, según surge de la encuesta sobre trabajo no remunerado y uso del tiempo (2013) del Indec.

Trayectorias educativas y trabajo

En el cuestionario efectuado, también se consultó a lxs jóvenes de la provincia acerca de sus niveles de estudio. El mayor porcentaje, tanto para uno como otro sexo, se concentró en el universitario (54 %); luego siguió secundario (33 %) y terciario (12 %).

Si bien, con poca diferencia, entre las mujeres se comprueban mayores niveles de estudio, en particular en el secundario, también se evidencia que presentan más porcentaje de estudios incompletos. A partir del cruce de las variables, se constató que entre las jóvenes que aún no completaron su formación se encuentra la mayor cantidad de mujeres (del total de la muestra) con tareas de cuidado a cargo. Por lo cual es posible inferir dicha incidencia en sus actitudes ante la finalización de niveles de estudio.

El cuidado es un tema de larga trayectoria entre las académicas feministas, casi desde los comienzos de la discusión sobre la diferencia sexual entre lo público y lo privado, aunque ha ido conquistando mayor espacio y especificidad en los últimos tiempos. Si bien no existe consenso en torno a su definición, se lo puede conceptualizar como

la acción de ayudar a un niño, niña o a una persona dependiente en el desarrollo y el bienestar de su vida cotidiana. Engloba, por tanto, hacerse cargo del cuidado material, que implica un “trabajo”, del cuidado económico, que implica un “costo económico”, y del cuidado psicológico, que implica un “vínculo afectivo, emotivo, sentimental” (Batthyány, 2015, p. 10).

Las tareas destinadas a proveer bienestar personal a otrxs tienden a ser de carácter no remunerado dado el modo en que se organiza socialmente el cuidado en nuestra región. Se identifican cuatro actores principales entre los que se distribuye el cuidado: Estado, mercado, familia y organizaciones sociales y comunitarias. Sin embargo, su mayor carga histórica y actual se concentra en las familias y, al interior de ellas, en las mujeres (Batthyány, 2020; Pautassi, 2020). Luego se ofrecerán algunos otros datos sobre este punto.

Otro de los aspectos sobre los que se indagó en el marco del proico fue trabajo remunerado o actividad: si trabajan, estudian o ambos. La mayor cantidad de respuestas se agrupó en torno a quienes señalaron estudiar y trabajar (ver cuadro 1).

Cuadro 1

Trabaja	Estudia	Ambos	Sexo
5	6	15	Masculino
4	30	31	Femenino
9	36	46	Totales (91)
10 %	39 %	51 %	Porcentajes (100 %)

Uno de los jóvenes respondió que antes de la pandemia trabajaba, mientras que actualmente no estudia ni trabaja. Por lo tanto, allí se ubica el caso 92, que no se sumó en el cuadro. De ellos, el 55,5 % preservaron su empleo tras el inicio de la emergencia sanitaria, en tanto el 22 % no trabajaba y continúa igual. Por otro lado, el 18,5 % perdió su trabajo y uno se halla ahora buscando empleo.

Entre las jóvenes, a diferencia de los varones, es menor el porcentaje de las que conservaron su ocupación (39 %), aunque mayor el de las que no trabaja de modo remunerado y continúa igual (43 %). Si bien menos mujeres perdieron su empleo, es más elevada la cantidad de las que buscan uno, como también los casos de situaciones de informalidad laboral.

En lo referido al empleo no registrado, si bien se mantiene igual antes y durante la pandemia, se agravó en el contexto de aislamiento. “Llevo casi 3 años sin conseguir un empleo estable”, señaló uno de los jóvenes. Por consiguiente, tal como se mostró antes, a pesar de que la posición económica y social del país mejoró, entre las juventudes se siguen acumulando significativos niveles de trabajo informal. Ello, además, explica la importante recepción que tuvo el ife entre lxs jóvenes (Arcidiácono y Gamallo, 2020; Becher, 2020).

Por otra parte, se observan diferencias por sexo, pues entre quienes mantuvieron su empleo durante la pandemia un poco más de la mitad de los varones lo hizo de modo informal, mientras que entre las jóvenes dicho porcentaje asciende a 72 %. En ese sentido, tal como señala Pautassi (2018):

En el contexto de crecimiento económico como el que tuvo la región en los últimos años, en especial algunos de los países, llama la atención que no se ha avanzado en generar condiciones que permitan la inserción asalariada formal para las mujeres de bajos recursos y con menor nivel educativo […]. A su vez, aquellas mujeres con mayor nivel educativo no logran alcanzar trabajos formales en los que se apliquen descuentos de seguridad social o que promuevan trayectorias laborales ascendentes (p. 86).

Panoramas de vivienda y cuidados

El dato sobre condiciones habitacionales de lxs jóvenes que respondieron el cuestionario también se encuentra ligado a lo antes descripto. La mayoría indicó que conviven con su familia, aunque hay distinciones entre varones y mujeres (ver cuadro 2). Siguen quienes mencionaron vivir solxs, con pareja, con amigxs o con hermanxs.

Cuadro 2

Familia	Solx	Pareja	Amigxs	Hermanx	Sexo
16	5	3	1	–	Masculino
47	8	6	2	2	Femenino
63	13	9	3	2	Totales (90)
70 %	15 %	10 %	3 %	2 %	Porcentajes (100 %)

Según datos aportados por la encuesta de uso del tiempo del Indec (2013), las personas que residen junto a sus familias tienen más cargas de cuidado. A partir de ello, un indicador de autonomía en la convivencia sería considerar a quienes se hallan en la situación opuesta. En consecuencia, dicho porcentaje entre los jóvenes de la provincia duplica el que corresponde a las mujeres; de allí que ellas poseen menor independencia.

Desde la teoría feminista, se señala que un dato relevante para analizar las posibilidades de desarrollo de las mujeres es el relativo a sus ingresos económicos (Batthyány, 2015). El Observatorio de Igualdad de Género de la Cepal realiza dicha medición. Si bien ofrece diferentes variables, se advierte que en Argentina, según los últimos datos disponibles, el 16,8 % de las mujeres carece de ingresos propios, mientras que entre los varones el porcentaje es de 10,6 %. No se distingue entre jóvenes y adultxs, por lo cual no se demuestra si existen brechas generacionales.

Durante la pandemia, de acuerdo con las respuestas, algunas condiciones habitacionales se modificaron. Si bien la mayoría continuó con su familia, algunxs de ellxs antes vivían solxs (con más representación entre los varones) y regresaron a sus hogares de origen. Se infiere que pudo haber incidido, dado que gran parte de lxs jóvenes se hallaban cursando la universidad, la suspensión de clases presenciales. Por ende, retornar a sus casas familiares evitó eventuales gastos de alquileres.

Asimismo, tal vez influyeron factores emocionales, pues la incertidumbre derivada de un virus desconocido cuya letalidad se extendía sin tratamientos ni vacunas posibles hizo emerger entre lxs jóvenes, según la información aportada por el cuestionario, emociones negativas tales como angustia y tristeza. En ese sentido, como señala Saintout (2007), tras resignificaciones el hogar familiar sigue siendo para las generaciones recientes un resguardo ante la falta de certezas.

También se preguntó si efectúan tareas de cuidado respecto de “personas a cargo”, tal como se consultó en el estudio realizado por el proico. Del total de varones, solo 4 señalaron cumplir alguna actividad de ese tipo respecto de familiares, en tanto entre las jóvenes la respuesta afirmativa triplicó la de ellos. Sin embargo, es preciso aclarar que pocas de las jóvenes que respondieron poseen hijxs, por ende, menor trabajo de cuidado, mientras que solo algunas de ellas tienen familiares enfermos o de edad avanzada que requieren dichas atenciones.

Desde hace un tiempo, las intelectuales feministas, tanto de la región como de otros países, previenen acerca de la “crisis de los cuidados”. Si bien los motivos son diversos, en América Latina y el Caribe se reconocen como principales los siguientes:

1. la transición demográfica que hace que las mujeres pasen de cuidar niñxs a cuidar ancianxs;
2. las transformaciones familiares;
3. las cadenas globales de cuidado a partir de la migración de mujeres dedicadas a esa tarea;
4. el deseo de autonomía económica (Cepal, 2013; Batthyány, 2015; Pautassi, 2020).

A partir de ello, señala Pautassi (2020): “Las respuestas institucionales no han dado cuenta de dicha crisis y, salvo excepciones, no se han definido políticas públicas integrales ni arreglos sociales y familiares transformadores” (p. 377).

Dicha crisis se agravó durante la pandemia. Según información proporcionada por el “Diagnóstico de la situación de las mujeres rurales y urbanas, y disidencias en el contexto de COVID-19”, elaborado por ministerios nacionales en conjunto con el Conicet, el 84,1 % de las mujeres urbanas incluidas en el relevamiento llevaba a cabo tareas de cuidado. Asimismo, de acuerdo con sus percepciones, aumentó el trabajo doméstico y de cuidados durante la cuarentena, lo que alteró sus estados de ánimo: el estar preocupadas y sobrecargadas.

Si bien las mujeres consultadas en dicho estudio afirmaron compartir el cuidado con sus parejas, principalmente, e hijxs, más de la mitad expresó que, de todxs lxs corresponsables, ellas son las que más trabajan. A tal situación se agregó el acompañamiento a las trayectorias escolares de sus hijxs tras el inicio de la pandemia y como consecuencia de la virtualidad:

La sobrecarga de trabajo –doméstico, de cuidados y educativos– se expresa de forma significativa en la vida de las mujeres: por ejemplo, en un 92,6% se encargan de acompañar las actividades escolares de sus hijes en el período de cuarentena (p. 8).

Si bien todas las jóvenes que participaron del cuestionario del proyecto respondieron que su condición de cuidadoras continuó durante la emergencia sanitaria, esto no implica que no se intensificara dicha actividad. De hecho, una de ellas comentó: “Por más de vivir en otra ciudad, estaba al cuidado y pendiente de mis padres que son adultos mayores con factores de riesgo”. Por lo tanto, la situación actual impuso nuevas modalidades de cuidado que se siguen a la distancia. De ello, que constituye un área de interés para continuar indagando sobre el tema.

Por otra parte, los varones que afirmaron no tener a cargo cuidados señalaron que esto no cambió durante la cuarentena. Aunque muchos de ellos regresaron a las viviendas familiares; en consecuencia, es posible inferir que los jóvenes permanecieron sin asumir responsabilidades de ese tipo, incluso las suscitadas por su presencia en el hogar, aportando la sobrecarga de dichas tareas en otras mujeres.

Involucramientos sociales y género

Sin duda, otro de los debates que impulsó la pandemia fue el relativo a la crisis del modelo económico capitalista. Tal vez un poco apresurados y optimistas, como se dijo, algunxs anunciaron su fin, por cuanto era el momento de priorizar la sostenibilidad de la vida por encima de los mercados (Žižek, 2020). Mientras que otrxs (a modo de pronta respuesta a aquello) señalaron que dicho sistema continuaba vigente, dado que estaban surgiendo formas de adaptación del consumo a través de las tecnologías (Han, 2020). Posiblemente ahora contemos con más elementos que permiten sustentar la segunda postura. La lucha por las vacunas se convierte actualmente en una de las principales disputas entre países con mayores recursos y otros con menores posibilidades de acceso a ellas.

Sin embargo, superando la discusión anterior, la emergencia sanitaria ponía en evidencia la necesidad de “pensar en una sociedad alternativa, una sociedad más allá del Estado-nación, una sociedad que se actualiza a sí misma en las formas de solidaridad y cooperación global” (Žižek, 2020, p. 22). Por consiguiente, la polémica comenzó a girar en torno a uno de los mojones más firme del capitalismo: el neoliberalismo.

La investigadora argentina Paula Canelo (2020) reflexiona en torno a las hullas que dejó dicha elección de política económica y social por parte de gobiernos argentinos: el individualismo.

El neoliberalismo más cercano (2015-2019) transformó a la Argentina en una máquina de producir desigualdades. Fue acompañado de un relato que naturalizó la desigualdad. Para ello retomó numerosos elementos del sentido común ya existente, produciendo otros nuevos. Un relato centrado en la condena de lo estatal y lo político y en la culpabilización (responsabilización) de las víctimas (Canelo, 2020, pp. 17-18).

Asimismo, agrega: “Y uno de los éxitos más contundentes del neoliberalismo… fue lograr que ya no nos consideremos iguales, que ya no nos veamos los unos a los otros como semejantes” (Canelo, 2020, p. 18).

Entonces, ¿qué sucedió a partir de la pandemia? Como sugiere la misma autora, el “enemigo invisible” igualó, en cierto modo, a la mayoría de lxs ciudadanxs. De allí que entre algunxs creciera la conciencia del propio privilegio. Por su parte, otrxs, posiblemente, se hallaron por primera vez compartiendo problemas que antes sentían lejanos (Canelo, 2020). Por ese motivo, se decidió preguntar a lxs jóvenes de la provincia sobre sus involucramientos sociales: el 46 % afirmó formar parte de algún tipo de organización o agrupación (ver cuadro 3).

Cuadro 3

Integra	No integra	Tipo	Sexo
16 (59 %)	11 (41 %)	Extensión universitaria. Organización político-territorial. Charlas o seminarios. Agrupación estudiantil. Ollas populares.	Masculino
25 (38 %)	40 (62 %)	Comedor comunitario. Apoyo a adultxs mayores. Fundación cristiana donde brinda alimentos. Juegos cooperativos.	Femenino
41	51	–	Totales (92)
46 %	54 %	–	Porcentajes (100 %)

Desde el concepto de “participación social”, tal como señala Krauskopf (1998), se considera que el desarrollo juvenil se produce en interacción con los entes sociales del entorno, teniendo como referente no solo la biografía individual, sino también la historia y el presente de su sociedad. Se buscan diálogos intergeneracionales que no impliquen el enfrentamiento de una “generación adulta preparada versus una generación joven carente de derechos y conocimientos a la que hay que preparar” (Krauskopf, 1998, p. 8). Por lo tanto, el objetivo es lograr la participación social efectiva y protagónica de lxs jóvenes, que supone “abandonar el adultocentrismo, tomar en cuenta las diversas situaciones de exclusión, permitir y escuchar abiertamente la voz de las juventudes de los más diversos ámbitos” (Krauskopf, 1998, p. 10).

Como se advierte en el cuadro, las jóvenes evidencian un menor porcentaje (sobre el total de ellas) de inserción en espacios de activismo u organización social. Según datos aportados por el Observatorio de Género de la Cepal (en 2018), las instancias legislativas eran las que presentaban indicadores más elevados de autonomía de las mujeres en la toma de decisiones. En cambio, los niveles más bajos de participación femenina correspondían al Poder Judicial y Ejecutivo, tanto en lo relativo a ministrxs de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (csjn), como a funcionarixs de la administración pública.

Por otra parte, resulta significativo observar los ámbitos en los que lxs jóvenes mencionaron participar, pues se identifica la presencia de estereotipos de género; “se refieren a la construcción social y cultural de hombres y mujeres, en razón de sus diferentes funciones físicas, biológicas, sexuales y sociales” (Cook y Cusack, 2010, p. 23). De acuerdo con las respuestas de las jóvenes, según la propuesta de lxs autorxs antes citadxs, el tipo de estereotipo que se reproduce recae sobre los roles sexuales. Se trata de aquellos que describen una noción normativa o estadística sobre los comportamientos apropiados de varones y mujeres.

En efecto, tras ser consultadas sobre su eventual participación social, ellas aludieron, principalmente, a tareas históricamente feminizadas que se vinculan con el cuidado: apoyo a adultxs mayores en sus necesidades, trabajo en comedores populares (se señaló específicamente la tarea de preparación de alimentos) e igual actividad en una fundación cristiana. Por lo cual, como han indicado otras autoras (Voria, 2020), el cuidado se extiende del espacio privado (hogar) tradicionalmente asignado al ámbito público, en este caso, a través de actitudes de involucramiento social.

Por lo tanto, las desigualdades de género constatadas muestran la vigencia de una estructura social que discrimina: el patriarcado. Allí recayó otra de las aristas que motivó las reflexiones a partir de la cuarentena obligatoria. Como reconoce Dora Barrancos (2020), es necesario plantear la extinción del sistema que soporta las diferencias, en cuanto oportunidades de desarrollo y derechos, entre varones y mujeres. Al mismo tiempo que avanzaba el virus, se iba potenciando, en muchas circunstancias como efecto del aislamiento en los hogares, la violencia hacia mujeres y personas lgbti+. Ello se puso de manifiesto en el acuciante aumento de feminicidios y transfemicidios.

El sistema patriarcal es ínsitamente violento, y lo es desde su convalidación simbólica que pretende fundar en la naturaleza o en lo sobrenatural, los designios funcionales binarios de la especie. La violencia ejercida contra las mujeres, contra quienes se localizan en las anchas esteras de la disidencia sexual y genérica, contra las personas “trans”, constituye un clamor […] (Barrancos, 2020, p. 121).

Por ello, se consideró oportuno indagar a través del cuestionario del proico sobre situaciones de violencia durante la emergencia sanitaria. Si bien la mayoría de lxs jóvenes señaló no haber padecido dicho tipo de agresiones, se produjo una diferencia entre varones y mujeres: de ellos, 4 respondieron afirmativamente, mientras que, de entre ellas, lo hicieron 12. En consecuencia, se advierte la presencia de asimetrías basadas en el género que implican para las mujeres más propensión a vivenciar la violencia.

Ahora bien, también interesa detenerse en su tipología, pues lxs jóvenes afirmaron haber experimentado, por una parte, conductas violentas en el entorno familiar y, por otra, de parte de las fuerzas policiales. En cuanto a lo primero, el “Diagnóstico de la situación de las mujeres rurales y urbanas, y disidencias en el contexto de COVID-19” (MinCyT, MinGen y Conicet, 2020) informa que un 7,5 % de las mujeres urbanas sufrieron durante la cuarentena alguna forma de violencia. Asimismo, el 4,8 % no hicieron la denuncia, en tanto 0,8 % la realizó y el 1,9 % no se sintió cómoda para responder a la inquietud de la encuesta. Por otra parte, según la percepción de las mujeres urbanas incluidas en el estudio, las violencias de género incrementaron en un 84,6 %, sin que ello condujera necesariamente a un aumento del número de casos.

Desde el gobierno nacional, se propuso a fines de 2020, en el marco del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022, la implementación del Programa Acompañar. Se trata de una medida –creada a través del Decreto 734/20– dirigida a mujeres y personas lgbti+ en situación de violencia por motivos de género que se encuentren en riesgo. Ello se evalúa en particular relación con condiciones socioeconómicas y vinculares que supongan peligros para su integridad física y psicológica.

El objetivo del programa es brindar un apoyo económico –equivalente a un salario mínimo– por un término de 6 meses con la finalidad de contribuir a la generación de oportunidades para proyectos de vida autónomos. Al mismo tiempo, comprende un acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial que requiere de acciones conjuntas, articuladas a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (anses), entre gobiernos provinciales y locales.

Por lo tanto, el plan nacional de gobierno, objetivado por ahora en el Programa Acompañar, deviene en una acción estatal relevante que requiere de indagaciones específicas. Sin embargo, tal como se planteó inicialmente, se destaca la relevancia atribuida a un concepto integral de violencia de género con énfasis en la autonomía económica, que es un indicador interrelacionado con otros, como se advirtió con las teóricas feministas citadas.

En relación con la violencia de parte de las fuerzas policiales, requiere precisar las formas de vigilancia o control que se exacerbaron o emergieron tras la pandemia. Si bien un recorrido teórico completo conduciría a iniciar el análisis en Foucault, pasar por Deleuze y Guattari, y también incluir a Bauman y Han, entre otros, acá interesa referirse a las modalidades de poder en el contexto actual. A partir de ello, Preciado (2020) señala: “El domicilio personal se convierte en un nuevo centro de producción, consumo y control biopolítico” (p. 179).

En consecuencia, apelando al concepto foucaultiano, el filósofo español sugiere que el control estatal sobre el cuerpo adopta otras formas, en particular, por la influencia de las tecnologías. De hecho, se distingue en la gestión de la crisis sanitaria entre medidas estrictamente disciplinarias (que primaron en países de Europa) y técnicas farmacopornográficas de biovigilancia. Las últimas se diferencian por el control digital constante y estricto de lxs enfermxs a través de sus dispositivos informáticos móviles, lo cual se reconoció en países asiáticos.

La biopolítica actual, como aclara el autor, más allá del uso de dispositivos tecnológicos, también supone una redefinición de los significados atribuidos a la soberanía “[…] dime cómo tu comunidad construye su soberanía política y te diré qué formas tomarán tus epidemias y cómo las afrontarás” (Preciado, 2020, p. 167). Por ende, la construcción de fronteras determina a lxs ciudadanxs merecedorxs de protección, en tanto otrxs quedan excluidxs. Entre quienes padecen las secuelas de la segregación, se hallan las identidades sexuales femeninas, diversidades y disidencias. Incluso, en una situación aún más grave, lxs migrantes.

Preciado (2020) invita a modificar la relación de nuestros cuerpos con las máquinas de biovigilancia y biocontrol; para ello, se requiere aprender colectivamente a alterarlas y desalinearlas. Por consiguiente, estimula a utilizar el tiempo y la fuerza del encierro para estudiar las tradiciones de lucha y resistencia minoritarias que sustentaron la sobrevivencia hasta este tiempo: “Apaguemos los móviles, desconectemos Internet. Hagamos el gran blackout frente a los satélites que nos vigilan e imaginemos juntos en la revolución que viene” (Preciado, 2020, p. 185).

Conclusiones

Una de las primeras evidencias de la emergencia pandémica fue la profundización de desigualdades sociales, tal como se anunció con la cita de Butler. Ello incentivó praxis investigativas –como la realizada por el proico– que intentaran dar cuenta de dichas circunstancias.

Según las diferentes realidades que se fueron describiendo, es posible reconocer que entre las juventudes se construyen desigualdades múltiples. Estas no solo demuestran su heterogeneidad y acumulación, sino también su consolidación como asimetrías históricas. Por lo cual se refiere a ellas desde el concepto de “generación”; “No todos los niños, niñas y jóvenes tienen el mismo punto de partida, y esos posicionamientos iniciales están condicionados por eventos previos, de los que fortuitamente fueron –o no– testigos” (Mayer, Domínguez y Lerchundi, 2020, p. 10).

Como señala Kessler (2016), el estudio de las desigualdades estuvo atravesado durante mucho tiempo por la relevancia atribuida a factores económicos. Sin embargo, en la actualidad resulta prudente reparar en sus múltiples atravesamientos y anclajes, con la finalidad de evitar sesgos que restrinjan los análisis. Por ello, cuando se identificaron los diferentes estratos socioeconómicos a los cuales pertenecen lxs jóvenes consultadxs en el cuestionario del proico, se advirtió que, si bien la mayoría se concentra en los sectores medios y bajos, algunas mujeres indicaron pertenecer al segundo, mientras que ningún varón indicó integrar este sector. Por lo tanto, la variable sexo ofrece una lupa para establecer distinciones entre los integrantes de un mismo colectivo y, a partir de ello, afirmar que ciertas disparidades se acentúan más en función de determinados clivajes. En este caso, el relativo al género.

Por otro lado, bucear en las condiciones juveniles durante la pandemia, desde las perspectivas antes señaladas, permitió dilucidar la presencia insistente de brechas de bienestar en lxs jóvenes que superan la coyuntura actual, más allá de que su incidencia las agravó. De allí que, en cuanto a la informalidad laboral, se mantuviera estable tanto antes como durante la cuarentena. Sin embargo, tal situación no es excluyente de nuestra región y, por ese motivo, autores como Standing (2017) afirman la constitución de una nueva clase social: precarizada, que comprende principalmente a lxs jóvenes.

Asimismo, es dable considerar la influencia de los gobiernos nacionales y provinciales, pues, como se mostró, sus planes de políticas sociales influyen en las vulnerabilidades del colectivo sociogeneracional. En ese sentido, durante el kirchnerismo modificaron favorablemente las condiciones laborales de las juventudes, en tanto el período que comenzó en 2016 –a cargo de Cambiemos– empeoró la tendencia iniciada en 2003. De modo que, tal vez, las dificultades de empleo sean uno de los aspectos en los que se aprecia con mayor fuerza la objetivación de las desigualdades generacionales.

No es posible decir lo mismo de las ligadas al género, por cuanto estas –por su carácter transversal– agudizan condiciones o “puntos de partida” previos. Por cierto, no se concentran en un solo sector, sino más bien se dispersan y manifiestan en varios o casi todos ellos. De hecho, la dedicación de las jóvenes que formaron parte del cuestionario a tareas de cuidado tuvo su efecto con relación al empleo, lo cual se traduce en menor autonomía económica, obstáculos en la finalización de niveles de estudio e incremento de cargas específicas en la provisión de bienestar hacia otrxs.

En relación con lo último, la pandemia profundizó la crisis previa en la organización social de los cuidados, pero, a la vez, incluyó nuevas modalidades. Algunas jóvenes señalaron, aunque no compartieran el hogar familiar, estar constantemente al tanto de la salud de sus familiares; por ende, se instaurarían formas de cuidado a distancia. Si bien, tal vez, se evite el mismo desgaste material que supone la presencialidad, no sucede lo mismo respecto de las consecuencias emocionales. Incluso, quizá se exacerban por la incertidumbre que implica no compartir la vivienda.

Al mismo tiempo, el regreso de varios jóvenes a sus residencias de origen, en donde compartían con mujeres, no conllevó asumir tareas de cuidado. Por lo tanto, se infiere que estas fueron asumidas y reprodujeron la división dispar entre quienes ya integraban ese hogar.

Por otra parte, como se mencionó, desde los comienzos de la pandemia tuvieron lugar entre lxs académicxs debates y diálogos diversos. Entre ellos, el relativo al modelo económico imperante: el sistema capitalista. Como sucede en dicho ámbito, las opiniones no son uniformes; sin embargo, superando la discusión filosófica, se exaltó la solidaridad como un valor en torno al cual era propicio indagar. De allí que se colocó el eje en el neoliberalismo como opción económica y social que había hecho mella sobre los comportamientos colectivos, agudizando los individualismos.

Por lo anterior, se consideró apropiado consultar en el cuestionario del proyecto acerca de los involucramientos sociales de lxs jóvenes. Si bien la mayoría de ellxs indicó formar parte de algún tipo de organización o agrupación, se identificó entre las jóvenes la influencia de estereotipos de género sobre los roles sexuales. Ello condujo a optar por actividades de participación social que reproducen actividades históricamente feminizadas y que se vinculan con el cuidado de otrxs.

Otro de los temas que tuvo su espacio en los diálogos científicos y sociales en el contexto actual fue el relativo a la estructura que sostiene las desigualdades de género: el patriarcado. El incremento en los casos de feminicidios, transfemicidios y violencias sobre las diversidades y disidencias sexuales motivó, además, intervenciones estatales. Por todo ello, se incorporó en el estudio realizado por el proico una pregunta sobre eventuales situaciones de dicho tipo entre lxs jóvenes. Si bien la mayor parte de quienes formaron parte del cuestionario manifestaron no haber experimentado de manera significativa violencias sociales o estatales, el número de mujeres que respondió afirmativamente es el doble respecto del de los varones. Por lo cual se trató de agresiones diferenciales y basadas en el género.

En relación con las vigilancias estatales, tal como se señaló, es posible reparar en su mutación o ampliación durante la cuarentena. Sucedió que el encierro en los hogares y el incremento del uso de las tecnologías resignificaron las formas tradicionales (entre ellas, las biopolíticas) de control, y se pasó a otras que redefinen el concepto de “soberanía” y, a partir de ello, las exclusiones. En el último grupo, mujeres y personas con identidades sexuales diversas se convirtieron en sectores más propensos al control estatal y la segregación.

Finalmente, vale destacar que analizar las condiciones juveniles en pandemia desde el prisma de las desigualdades, con sus connotaciones teóricas y ético-políticas, conduce a afirmar la necesidad de implementar acciones estatales auténticamente inclusivas. En consecuencia, atentas a la pluralidad de situaciones que como generación vivencian las juventudes actuales, como también su cruce con otras dimensiones estructurales, tales como género. Todo ello, con el propósito de estimular el empoderamiento en derechos de lxs ciudadanxs jóvenes.

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