Emiliano Galende

El libro de Alejandra y Silvia es, en primer lugar, uno de aquellos libros que deben considerarse necesarios, esto es, aquellos que ocupan un lugar en la problemática que abordan y que tienen la virtud de irradiar e iluminar un campo teórico y práctico complejo, articulando una experiencia social histórica en sus diferentes dimensiones. Es necesario por dos razones: su perspectiva histórica, una memoria necesaria para contextualizar los debates en torno a la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, al mismo tiempo que abrir su comprensión a la historia más amplia de la política manicomial en la cual puede leerse y entender la transformación que la Ley promueve. En segundo lugar, porque trata de reconstruir, narrar esta historia (en su capítulo más cercano) que integran fragmentos de la experiencia, articulándolos a su vez con un análisis crítico teórico que viene a otorgar coherencia a sus diferentes momentos.

Sabemos que el campo de la salud mental está constituido por una serie de aspectos complejos y diferentes: la pertenencia institucional a diversos sectores del Estado, como Salud, Desarrollo Social, Educación, Trabajo; la implicancia de un reordenamiento jurídico en el cual se define cómo comprende el Estado el sufrimiento mental de los ciudadanos y cómo actúa frente a él; el replanteo de cuáles son los servicios de atención alternativos al manicomio; la necesaria regulación de prácticas específicas e incumbencias profesionales dentro del campo global de la salud y la salud mental; la articulación de teorías y prácticas disciplinarias, psicológicas, sociológicas, antropológicas, de la teoría del Derecho, de los códigos Civil y Penal. Y el componente esencial, cultural y social, de cómo se inscribe esta propuesta de trasformación en la conciencia de la población, especialmente en los sujetos afectados y sus familias. Las autoras avanzan en el desafío de articular estos aspectos en los distintos debates que se originaron alrededor de la sanción de la Ley 26.657. La perspectiva central del eje de los derechos humanos, que asume y atraviesa sus diferentes artículos, hace necesaria justamente esta articulación.

Esta complejidad puede sintetizarse diciendo que el título “Salud Mental”, que designa este campo, nombra al mismo tiempo un estado psíquico y mental de las personas, el cual depende de las condiciones en que cada uno o una desarrolla su existencia, en un tiempo de transición desde aquel (aún cercano) en que estaba en juego la libertad y el encierro del sufriente, al actual, en que se trata de humanizar el sufrimiento mental reconociendo y protegiendo los derechos de quienes lo padecen. No es menor la complejidad de esta transición, que pone en juego derechos y libertades de quienes están afectados, poder y autoridad que el Estado debe regular en los cuidadores y profesionales, y un giro decisivo de parte del Estado: desde la definición del paciente como peligroso y pasible del encierro institucional a la afirmación jurídica de sus derechos, su dignidad y su libertad. Las autoras centran su trabajo en la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, los debates que precedieron su sanción y los que la sucedieron, pero sin duda sus análisis desbordan la narrativa de este periodo y de algún modo abren una historia en curso más amplia, donde estos debates siguen ampliando o desechando argumentos. Creo que la perspectiva histórica en la cual las autoras abordan su objeto es central al análisis del periodo anterior y posterior a la sanción de la Ley 26.657.

Vale regresar un poco en esta historia: han pasado algo más de sesenta años desde que la joven aún Organización Mundial de la Salud abordó el problema de las prácticas manicomiales y el encierro de los sufrientes mentales. En 1953 descubrió y expuso al mundo de qué se trataba esta política del encierro del sufriente mental y de las condiciones en que los detenidos desarrollaban la vida dentro de estas instituciones. La imagen de los campos de concentración del nazismo estaba aún en los ojos del mundo, la analogía del encierro en esos establecimientos, campos de exterminio y manicomios, la similitud de las condiciones del encierro de quienes lo habitaban, hizo visible el núcleo inhumano de estas instituciones, y dieron razón a las reiteradas denuncias sobre su existencia desde los comienzos del siglo XX. Para quienes conocían algo de esta historia de institucionalización de la práctica de atención psiquiátrica, se hicieron también visibles en el presente los rasgos principales de sus comienzos en la primera mitad del siglo XIX: el encierro de las “clases peligrosas” (de allí proviene el certificado de “peligrosidad” atribuido al loco) y los “cuerpos inútiles” (de los marginales, los incapaces de integrarse al trabajo, los miserables que se volcaban sobre las nuevas ciudades del naciente capitalismo industrial). Esta política afectó no sólo a los locos e incapaces mentales, sino también a masas de ciudadanos que habitaban los márgenes de la nueva sociedad industrial. Aun hoy, en nuestro presente, la existencia de estos grandes manicomios sigue siendo la imagen de la política y los establecimientos del siglo XIX.

Poco después de la sanción del documento de la Organización Mundial de la Salud en 1953, comenzaron los llamados “procesos de reconversión” de estos establecimientos y sus prácticas, lo que como contraseña habitual nombramos como “reforma de la atención psiquiátrica”. Desde algunos sectores psiquiátricos de orientación positivista definían esta reforma como una “evolución” de la psiquiatría, término propio de los fenómenos naturales y asociado a la idea de progreso, ocultando el sentido histórico de esta propuesta, que es igual a entender que se trata de procesos humanos que conciernen al pensamiento y a la actividad del hombre y por lo tanto sólo es posible entenderlos en su dimensión política e histórica, por fuera de la falsa idea de “progreso” o “evolución” de las prácticas psiquiátricas.

Con matices diferentes, en 1963 se sancionó en Estados Unidos la Ley Kennedy de Psiquiatría Comunitaria, se crearon Centros de Salud Mental y las llamadas “casas de medio camino” para alojar a quienes se externaban de los manicomios. En el Reino Unido, Beveridge, discípulo de lord Keynes, creó la conocida Seguridad Social inglesa, que incluye la problemática de salud mental y los hospitales psiquiátricos, la cual se propone en la década de los años sesenta el cierre progresivo de más de 150 hospitales psiquiátricos en el Reino Unido. Muy vinculado a la experiencia en Inglaterra, Franco Basaglia, en Italia, logró en 1970 la aprobación de una ley sobre los servicios de Psiquiatría por la cual se dispuso el cierre de los hospitales psiquiátricos en todo el territorio del país, y se trasladó la atención a las unidades sanitarias, servicios de salud territorializados. Estas experiencias llevaron, en 1978 en la Conferencia de Alma Ata, a incluir los cuidados de salud mental en la estrategia de atención primaria de la salud. La mayor parte de los países de Europa occidental, dentro de los llamados “Estados de Bienestar” de la postguerra, siguieron estos mismos pasos, especialmente el modelo de Seguridad Social inglés y las políticas de cierre de grandes hospitales psiquiátricos.

En 1957 estas políticas llegaron a Argentina: se creó el Instituto Nacional de Salud Mental (en su mayor parte su estatuto era copia del sistema de salud inglés) y se reunió a los once directores de las colonias de alienados que había en el país para conformar con ellos la Comisión Nacional Asesora de Salud Mental, a fin de impulsar esa reforma. Este Instituto diseñó la primera investigación epidemiológica sobre los servicios de Salud Mental de Argentina, trabajo que se detuvo en la fotografía y descripción de las once colonias de alienados y los cerca de veinte hospitales psiquiátricos activos que existían en las diferentes provincias del país. Si bien este instituto no avanzó con la reforma, sí abrió en Argentina el debate sobre estas instituciones y sus dispositivos para la atención psiquiátrica. En los años que van de 1959 hasta la década de los setenta se organizaron movimientos importantes en defensa de la reforma: la Federación Argentina de Psiquiatría, la Confederación de Psicólogos de la Argentina (en 1958 se habían creado las primeras facultades de Psicología), y otras agrupaciones de trabajadores sociales y terapistas ocupaciones, que inauguraron en conjunto los congresos anuales de Psiquiatría y Salud Mental y crearon en Buenos Aires la Coordinadora de Trabajadores de la Salud Mental, entre 1967 y 1976, año en que la dictadura militar impuesta en 1976 reprimió estas iniciativas.

Creo que fue el primer movimiento de crítica al manicomio en Argentina y la propuesta de construcción de una alternativa. A la caída de la dictadura y el regreso de la democracia, en 1983, el elegido gobierno democrático de Alfonsín creó, en el Ministerio de Salud de la Nación, la Dirección Nacional de Salud Mental y nombró a un psicoanalista destacado como su director. Se recuperaron muchas de las propuestas lanzadas en los años setenta y se logró crear en casi todas las provincias direcciones de Salud Mental. En su conjunto, la nación y las provincias iniciaron una nueva política. En esos años, en Río Negro, con apoyo de Nación y otras jurisdicciones, se lanzó con destacados resultados un programa de cierre del hospital psiquiátrico de la provincia y un desplazamiento de la atención de salud mental a una red comunitaria de servicios. Desde la Dirección Nacional, y con acuerdos con las direcciones provinciales, se organizó la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental, de modo que se inauguró por primera vez en el país la formación de equipos interdisciplinarios para la atención en salud mental. Con la asunción de un nuevo gobierno, en 1990, gran parte de estos avances de la reforma fueron desestimados o paralizados, se anuló la Dirección Nacional de Salud Mental para sustituirla por un repetido Instituto Nacional, vacío de propuestas, para administrar los hospitales psiquiátricos y las once colonias. Quedaron activas la reforma lograda en la provincia de Río Negro y la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental en algunas provincias. Tras los logros de esta gestión asistimos a un nuevo retroceso.

¿Por qué recordar estos movimientos del pasado? Creo que es necesario ampliar nuestra memoria, para destacar las dificultades en Argentina para la continuidad y logros de los movimientos de reforma, sometidos a esfuerzos de avance y ciclos de retroceso. Esto es, destacar la necesidad de la memoria histórica a la cual las autoras hacen un aporte sustancial, y mostrar cómo en los comienzos del siglo XXI estas experiencias se empalmaron con los movimientos de derechos y especialmente con los Congresos de Salud Mental que organizaron las Madres de Plaza de Mayo. Estas actividades muestran que lo que había sido silenciado por la dictadura estaba latente en la conciencia de la mayor parte de los trabajadores de la salud mental.

Creo entender que este libro, además de cartografiar este antes y después de la sanción de la Ley de Salud Mental, mostrar los contenidos de los debates suscitados y las diferencias de las posturas de los actores involucrados, nos introduce en la intrínseca relación de la política de derechos humanos con la política de salud mental y nos lleva a reconocer el valor de la memoria para acercarnos a la construcción de la verdad, que tal como nos enseñó Sigmund Freud, se trata siempre de la construcción de la verdad histórica, en la clínica y en los procesos de la política. Quizás el trabajo de las autoras nos alerte a todos que necesitamos estar atentos a esta memoria para identificar racionalmente el camino a seguir y remover los obstáculos, los que he mencionado y también los que seguramente seguiremos enfrentando.

 

Julio 2020